España es hoy un país menos pobre y menos desigual que hace una década. Pero esa mejora convive con una paradoja difícil de ignorar: para muchas familias, llegar a fin de mes no parece haberse hecho más fácil. Parte de la explicación puede estar en algo que nuestras estadísticas de pobreza recogen de forma incompleta: cuánto cuesta tener un techo.

Dos hogares con la misma renta pueden tener capacidades económicas muy distintas. Uno puede vivir en una vivienda ya pagada; otro puede destinar cada mes una parte sustancial de sus ingresos al alquiler. En las estadísticas convencionales pueden parecer igual de acomodados. En su vida cotidiana, claramente no lo son.

La pobreza se ha medido tradicionalmente a través de la renta disponible. Es una medida útil, pero tiene una limitación clara: no informa de la capacidad económica que conserva un hogar después de afrontar un gasto prioritario, rígido y difícilmente ajustable a corto plazo como el de la vivienda. Cuando los costes residenciales son muy distintos, dos hogares con la misma renta pueden disponer de recursos muy diferentes para afrontar el resto de sus necesidades.

Desde hace décadas, la literatura sobre pobreza y bienestar viene advirtiendo de este problema. Lo relevante no es solo cuánto ingresa un hogar, sino también cuánto le queda después de afrontar determinados gastos difícilmente evitables, y la vivienda ocupa un lugar central entre ellos.

¿Qué ocurre entonces con la pobreza si tenemos en cuenta lo que queda de la renta después de pagar la vivienda? Esa es la pregunta que nos planteamos en un estudio reciente publicado por FEDEA (ver aquí), utilizando los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida entre 2014 y 2025.

Los resultados no cuestionan la mejora económica de los últimos años. La pobreza también disminuye cuando incorporamos la vivienda al análisis. Lo que cambia es el diagnóstico: el nivel es mayor y, sobre todo, cambia quién aparece como vulnerable.

No podemos entender este fenómeno sin observar cómo ha cambiado la forma en que los hogares acceden a la vivienda. España sigue siendo un país mayoritariamente propietario, pero cada vez más personas dependen del alquiler.

En 2014, el 12,1% de la población vivía en alquiler de mercado; en 2025 lo hace ya el 17,4%. En apenas once años, este régimen ha incorporado 2,88 millones de personas, más que todo el crecimiento de la población española durante el mismo periodo.

Cada vez más españoles viven de alquiler

Ese desplazamiento importa porque no todos los regímenes de tenencia dejan el mismo margen en el presupuesto familiar. En 2025, el gasto residencial total mediano —incluyendo además de alquiler e intereses hipotecarios, los suministros, comunidad y reparaciones— de quienes viven de alquiler a precio de mercado ronda los 9.200 euros anuales. Entre los propietarios con hipoteca se sitúa en torno a 5.200 euros, mientras que entre los propietarios sin hipoteca apenas supera los 2.900 euros.

La forma de acceso a la vivienda se ha convertido así en un factor cada vez más relevante para entender cuántos recursos quedan en un hogar para afrontar el resto de necesidades. El alquiler de mercado es, además, el régimen con mayor presión presupuestaria: en 2025, la proporción de personas en situación de sobrecarga residencial alcanza el 26,8%, casi cuatro veces la media nacional.

La vivienda cambia la foto de la pobreza

Cuando incorporamos al análisis el coste de acceder a la vivienda, la foto cambia de forma significativa.

En 2025, la tasa de pobreza se sitúa en el 19,5% si solo tenemos en cuenta la renta disponible de los hogares. Pero, al descontar el coste de acceso a la vivienda —el alquiler o los intereses de la hipoteca—, asciende al 23,5%.

Lo importante es que la mejora observada durante la última década sigue existiendo. La pobreza convencional cae del 22,2% al 19,5% entre 2014 y 2025 y la medida que incorpora el coste de acceso a la vivienda también desciende, del 25,9% al 23,5%. La diferencia es que esta última se mantiene sistemáticamente en un nivel superior.

La magnitud exacta del efecto depende, naturalmente, de cómo se defina el umbral de pobreza. Si este se recalcula después de descontar la vivienda, la diferencia se reduce. Pero el resultado de fondo se mantiene bajo las distintas alternativas: incorporar los costes residenciales modifica de forma sustancial quién aparece como vulnerable y quién no.

Es al observar quién vive de alquiler y quién en propiedad cuando la dimensión del fenómeno se vuelve especialmente visible. Entre quienes viven de alquiler de mercado, la tasa de pobreza pasa del 32,8% al 49,9% una vez descontado el coste de la vivienda. Es decir, prácticamente la mitad de las personas que viven de alquiler de mercado queda por debajo del umbral después de pagarlo.

Pero la vivienda no solo incrementa el número de personas que quedan por debajo del umbral. También agrava la situación de quienes ya lo estaban. Entre los inquilinos de mercado, la profundidad de la pobreza prácticamente se duplica y las situaciones más severas aumentan con mucha mayor intensidad.

Dos millones de pobres que no aparecen en las estadísticas

La consecuencia más visible de incorporar la vivienda es que aparecen casi dos millones de personas que las estadísticas convencionales no identifican como pobres.

En 2025, 1,95 millones de personas están por encima del umbral si solo observamos su renta, pero caen por debajo de él una vez descontamos el coste de acceder a la vivienda. A este grupo lo denominamos “pobreza oculta”.

Y esta pobreza está extraordinariamente concentrada en el alquiler. Entre los inquilinos de mercado que inicialmente no son pobres, uno de cada cuatro cae por debajo del umbral después de afrontar el coste de la vivienda. Aunque representan menos de una quinta parte de la población, concentran casi tres cuartas partes de toda esta pobreza que permanece invisible cuando solo miramos los ingresos.

No se trata únicamente de personas que se sitúan unos pocos euros a uno u otro lado del umbral. Alrededor de 220.000 pasan directamente de no ser consideradas pobres a situarse por debajo del umbral de pobreza severa después de pagar la vivienda. Además, más de uno de cada cinco inquilinos de mercado que entra en esta “pobreza oculta” presenta también graves dificultades materiales para afrontar gastos básicos de la vida cotidiana.

Lo más llamativo es que este fenómeno apenas ha cambiado a lo largo de la última década. En 2014, esta pobreza oculta afectaba al 4,8% de las personas que no eran pobres según su renta. En 2025 afecta al 5,0%.

Mientras la pobreza general se reducía, esta vulnerabilidad asociada a la vivienda permanecía prácticamente intacta. La mejora de la renta de los últimos años no ha bastado para cerrar esa brecha.

¿Una medida más cercana a las dificultades reales?

La cuestión de fondo no es simplemente si incorporar la vivienda hace aumentar la cifra de pobreza, sino si permite identificar mejor a quienes realmente afrontan dificultades económicas, entendiendo por ello limitaciones en el día a día como retrasos en los pagos de las facturas, incapacidad de mantener una temperatura adecuada en casa o no poder irse de vacaciones...

Los resultados apuntan en esa dirección. La medición convencional identifica en 2025 al 46,7% de las personas que sufren carencia material y social severa. Cuando se descuentan los costes de alquiler e intereses hipotecarios, la cifra aumenta hasta el 56,9%; y cuando se incorporan, además, los gastos de suministro, comunidad y reparaciones, alcanza el 66,1%.

Entre los inquilinos de mercado, la diferencia es todavía más clara: la medición convencional identifica como pobres a menos de la mitad de quienes sufren carencia material y social severa, mientras que las métricas que incorporan la vivienda alcanzan a casi ocho de cada diez.

Esto es importante porque sugiere que no estamos simplemente construyendo una medida que produce una cifra de pobreza más alta. Estamos captando situaciones de dificultad económica que la renta disponible, por sí sola, identifica peor.

Medir mejor para entender mejor

Todo esto tiene implicaciones que van mucho más allá de cómo construimos una estadística. La forma en que medimos la pobreza condiciona también cómo identificamos dónde se concentra la necesidad económica.

Durante décadas, la renta ha sido la principal referencia para hacerlo. Y sigue siendo una herramienta fundamental. Pero nuestros resultados muestran que, en una sociedad donde cada vez más personas acceden a la vivienda a través del alquiler y donde los costes residenciales son muy diferentes según la forma de tenencia, mirar únicamente los ingresos puede ofrecer una imagen incompleta de las dificultades económicas que afrontan muchos hogares.

Cuando la vivienda absorbe una proporción elevada de los recursos disponibles, deja de ser un gasto más dentro del presupuesto familiar y pasa a convertirse en un factor determinante del bienestar.

Esto no significa que debamos dejar de mirar la renta. Significa que, para entender mejor quién dispone realmente de menos recursos, no basta con preguntarnos cuánto dinero entra en un hogar.

También importa cuánto queda después de pagar algo tan básico como tener un techo.