En un discurso radiofónico en diciembre de 1940, un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt describió a EEUU como “el arsenal de la democracia”. Hoy, cuando las armas callan en el frente occidental, el periodismo independiente, elemento vital de una democracia informada, se enfrenta a desafíos existenciales, especialmente en Estados Unidos.

Las amenazas son de índole económica y tecnológica, pero también jurídica y política. La segunda administración Trump está arremetiendo de forma agresiva contra los medios de comunicación: interpone demandas multimillonarias, persigue a las fuentes mediante citaciones judiciales y libra una campaña de desprestigio contra cualquier periodista o editor que no se pliegue a sus exigencias.

Hay pocos precedentes de este abuso de poder por parte del Ejecutivo. Ni siquiera Richard Nixon, en el punto álgido del escándalo Watergate, se acerca a la situación actual. El ataque al periodismo independiente se está llevando a cabo —a plena luz— utilizando el inmenso poder del gobierno federal. Los tribunales, última línea de defensa, se han mantenido firmes hasta ahora; pero nadie puede estar seguro de qué postura adoptará en última instancia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos —con una contundente mayoría conservadora a la que aún le quedan años— si el conflicto escala hasta él.

La sentencia fundamental del Tribunal Supremo que defiende la libertad de prensa en Estados Unidos es New York Times Co. v. Sullivan (1964), la cual estableció que los cargos públicos no pueden demandar por difamación a menos que demuestren la existencia de “malicia real”; es decir, que el editor supiera antes de publicar que la información era falsa o actuó con un menosprecio temerario hacia la verdad.

Un segundo caso clave es New York Times Co. v. United States (1971) —el conocido caso de los Papeles del Pentágono—, en el que el Supremo restringió considerablemente la capacidad del gobierno para ejercer la censura previa o impedir la publicación de información relativa a la seguridad nacional.

En ambos casos, los fallos del Tribunal Supremo establecieron un listón muy alto para que el gobierno pudiera silenciar a los medios de comunicación. Sin embargo, esas decisiones parecen ahora vestigios del pasado. Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron marcadas por una profunda desconfianza hacia el gobierno federal, agravada por la guerra de Vietnam. El hecho de que los medios sacaran a la luz las mentiras empleadas por el ejecutivo para justificar dicha guerra otorgó a la prensa escrita, la radio y la televisión una nueva legitimidad.

Medio siglo después, el cinismo que afecta al conjunto de la sociedad se ha extendido también a los propios medios. Varias encuestas señalan que los periodistas se sitúan por debajo de los abogados y los agentes inmobiliarios en su valoración pública. Es posible que parte de esa desconfianza se deba a errores y extralimitaciones, pero es el precio de una prensa libre. Hoy, cuando los algoritmos de las redes sociales priorizan la interacción —lo que a su vez recompensa el conflicto y la indignación—, los medios de comunicación tradicionales son tachados de parciales y poco fiables. Y la Administración Trump ha sido el principal impulsor de la campaña de ataque e intimidación contra los medios.

En 2024, The Walt Disney Company acordó pagar 15 millones de dólares en donaciones a la biblioteca presidencial de Trump y un millón de dólares en gastos legales para resolver una demanda por difamación presentada contra ABC News, filial de Disney. La compañía llegó a ese acuerdo después de que uno de sus presentadores estrella —George Stephanopoulos, que fue director de comunicación de la administración Clinton— afirmara que Trump había sido declarado “responsable de violación” (cuando un juez de Nueva York había dictaminado que Trump era responsable de “agresión sexual” a la escritora E. Jean Carroll).

Un año después, en 2025, Paramount acordó destinar 16 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump para resolver otra disputa legal. Esta, sobre la forma en la que se había editado un programa informativo de la CBS que incluía una entrevista con la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Trump alegó que dicha edición “inclinó la balanza” en su contra durante la campaña presidencial de 2024, a pesar de que finalmente resultó el claro vencedor frente a la candidata demócrata.

Aunque Paramount no admitió culpabilidad alguna, prefirió llegar a un acuerdo en un momento en el que necesitaba el visto bueno del gobierno federal para su proyectada fusión multimillonaria con Skydance Media. Del mismo modo, Walt Disney calculó que no valía la pena intentar una defensa razonable ante los tribunales —basada en que la notoriedad de Trump lo convertía en un demandante inmune a las demandas por difamación—. En resumen, los intereses corporativos han prevalecido sobre el principio constitucional de la libertad de prensa.

Existen excepciones loables. The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC se han negado a llegar a acuerdos en demandas multimillonarias presentadas por el presidente Trump. De hecho, The New York Times ha demandado al Pentágono por su decisión de restringir el acceso a los periodistas. La BBC también está impugnando una demanda por difamación en la que Trump exige 10.000 millones de dólares por un documental sobre el asalto al Capitolio. Está previsto que el caso se juzgue en un tribunal de Florida el próximo año.

Resulta tentador desestimar estos temores sobre la campaña contra la prensa tachándolos del producto de una imaginación progresista exaltada. Sin embargo, llevo visitando Estados Unidos con regularidad desde hace 50 años. Trabajé como corresponsal extranjero del Financial Times durante una década, primero en Washington y más tarde en Nueva York. Conozco el país (he visitado 47 estados y sigo sumando) y considero amigos personales a decenas de periodistas estadounidenses. Las amenazas contra los medios de comunicación, tanto grandes como pequeños, constituyen un peligro claro y real.

Lionel Barber es un periodista inglés. Fue director del diario económico Financial Times entre 2005 y 2020, a cuya redacción se había incorporado dos décadas antes. En los últimos años ha codirigido el podcast sobre medios 'Media Confidential'.

Este artículo forma parte de la campaña con motivo del Día Mundial de las Noticias, un evento global que destaca el papel esencial del periodismo a la hora de aportar hechos y claridad.