El empresario Francisco Gayà ha interpuesto una querella criminal ampliada por malversación, estafa y otros delitos contra Madrid Network y sus máximos responsables. Se trata del organismo creado por la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre que canalizó más de 80 millones de euros de fondos públicos de la Unión Europea que le fueron transferidos por la Administración General del Estado con los que subvencionaron proyectos empresariales de innovación. 

Gayá, que con su empresa Flightech Systems fabricó con éxito el primer avión matriculado en Europa con capacidad para volar sin contacto humano, considera que los denunciados de Madrid Network le han originado la quiebra de su sociedad, en la que también participaban otros accionistas. El empresario fue víctima, según su querella, de un uso indebido de un poder otorgado a su propio prestamista, Madrid Network. El pacto entre Gayá y Madrid Network consistía en sustituir en el contrato de préstamo los avales personales de Gayá por la garantía del propio avión construido por su empresa, una vez que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), concediese todos los permisos de vuelo y operaciones del avión, cosa que ocurrió. 

Sin embargo, en lugar de liberar las garantías patrimoniales que el empresario puso para conseguir 1,5 millones de euros del préstamo a su empresa y cambiarlas por la prenda del activo del avión, valorado en 2,6 millones de euros, Madrid Network incumplió presuntamente el compromiso y no solo no liberó la carga al empresario, sino que añadió la garantía prendaria del avión, lo que llevó finalmente a la empresa a la suspensión de pagos y al empresario, a su asfixia patrimonial. 

El empresario señala en su denuncia, interpuesta en el juzgado número 26 de Madrid, que los querellados, “abusando de su posición dominante, utilizaron de forma desviada poderes de representación otorgados” por Flightech Systems y por el propio Gayá “para actuar en nombre de ambas partes de la relación jurídica simultáneamente”.

“Bajo un flagrante conflicto de intereses, firmaron unilateralmente la Escritura n.º 1.537 de 9 de abril de 2015. Lejos de cumplir el compromiso de liberar las garantías personales de la familia Gayá, dicha escritura se instrumentalizó para imponer una carga adicional sobre la aeronave EC-LYG (tasada en más de 2 millones de euros), manteniendo al querellante atrapado en una posición de asfixia patrimonial injustificada”, apunta la querella. Gayá señala, además, que “esta ampliación de garantías tuvo un fin puramente cosmético e institucional” y “solo pretendía aparentar una gestión eficiente del crédito que, contrario sensu, condujo a la mercantil a la declaración voluntaria de concurso”.

Presuntas facturas falsas

“Esto, en lugar de ayudar a Flightech Systems en la contratación de sus aeronaves contra incendios con los servicios de bomberos de la Comunidad de Madrid como estaba inicialmente previsto como pilar de la viabilidad de la compañía”, zanja. Para dar luz de legalidad a estas operaciones, Madrid Network emitió facturas de contenido falso porque ni Gayá ni su empresa recibieron los servicios allí especificados, que además Madrid Network no podía prestar por falta de conocimiento del negocio aeronáutico.

La querella se dirige contra Madrid Network y seis de sus directivos, “por su contribución a una estructura de Organización Criminal”. También contra los funcionarios y políticos del PP que coadyuvaron a los delitos. El texto pide la revocación de un auto anterior de la jueza Concepción Jerez, en el que esta entendía que la querella no estaba suficientemente fundada y dictó auto de archivo provisional, recurrido por Gayá. 

En la querella, el empresario considera pertinente practicar unas diligencias adicionales para aclarar mejor los hechos presuntamente delictivos. También alega que los sujetos actuaron en los presuntos delitos en el ejercicio de funciones públicas, aunque formalmente no fueran trabajadores públicos. Por tanto, la querella alega que el litigio no puede encauzarse por la vía civil, tal como sostuvo la jueza, dado el carácter material público de los fondos europeos. 

En este sentido, los abogados de Gayá reclaman que se emplace a la Fiscalía europea en concordancia con lo regulado por el orden jurídico español en relación con el Fiscal Europeo. En la nueva querella, interpuesta en el juzgado 26 de Madrid, se pide la revocación del auto de archivo anterior en el que la jueza consideraba que el empresario debía acudir a la vía civil, reclamando nuevas diligencias y se insiste en que la administración fraudulenta de fondos públicos en ningún supuesto puede enjuiciarse por la vía civil. 

El querellante denuncia delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y ayudas públicas, estafa agravada e imposición de condiciones abusivas que conlleva la administración desleal, cohecho o exacción ilícita, organización criminal y blanqueo de capitales. 

Comisiones del 6%

La Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular y presidida ahora por Isabel Díaz Ayuso, lleva años negando a la Asamblea de Madrid la información exigida por la normativa de Transparencia sobre el destino de los fondos de más de 80 millones de euros que, procedentes de la UE, recibió en delegación por parte de la Administración General del Estado. Estos fondos debían ser concedidos como préstamos a proyectos de innovación y tecnológicamente avanzados. 

Para financiar a las personas afectas al Partido Popular se ideó un procedimiento delictivo, siempre según la querella, por el cual Madrid Network cobraba a los prestatarios el 6% de cada uno de los desembolsos de los préstamos, que se concedían en tres tramos. Lo constitutivo del engaño es que la obligación de pagar ese 6% no se estipulaba en el propio contrato de préstamo sino en una adenda que se incorporaba tiempo después de consentido el acuerdo entre las partes, justo en el momento en el que se preveía el primer desembolso. Todo ello conllevaría a la nulidad del contrato, siempre según la querella.

Estas comisiones, que podrían superar los cinco millones de euros en el conjunto de los préstamos, servirían para pagar los sueldos de personas afectas al Partido Popular que empleaba Madrid Network, entre ellas Isabel Díaz Ayuso, que llevaba la Comunicación. El pago del 6% de la cantidad obtenida de los fondos europeos se justificaba en concepto de servicios y asesoría de gestión.

En la querella se reclama que se dé cuenta a la Fiscalía de la Unión Europea de la actuación de Madrid Network y la Comunidad de Madrid, por ser los fondos de origen comunitario. Se pide también que testifiquen los exconsejeros de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid durante el periodo investigado, que son Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Osorio, Engracia Hidalgo. Manuel Giménez Rasero, Javier Fernández-Lasquetty y Rocío Albert. 

Al mismo tiempo se reclama también la testifical de los expresidentes de la Comunidad de Madrid que han impedido siempre la transparencia de la actividad de Madrid Network: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán e Isabel Díaz Ayuso.