Mucho se habla de Maricarmen, la arrendataria octogenaria de un piso de Madrid en el que venía viviendo desde niña, hasta que su propietaria la desahució siguiendo el guion de un cuento de Dickens. Su caso ha detonado el hartazgo de un sector de la población, cada vez más numeroso, que se ahoga en el mar de especulación que inunda el mercado de la vivienda. Pero, Maricarmen, ¿es el principio o es el final?

Creo que no es el principio y espero que no sea el final. El principio se sitúa 47 años atrás, cuando la Constitución incluyó artículos que son esenciales para entender la dimensión del problema: el 33, que eleva la propiedad privada y la herencia a derecho constitucional; el 38, que lo hace con el derecho a la libertad de empresa; y el 47, que hace lo propio con el derecho de acceso a una vivienda.

Llevamos 47 años engañados, porque se nos ha transmitido que los dos primeros artículos son antagónicos al tercero, cuando en realidad son complementarios. No hay antagonismo y esa falsa creencia es la que nos está matando. Ha servido para alimentar a bandos opuestos que libran una guerra que no debería existir. El de los que creen que el derecho a la vivienda es sólo un principio no vinculante que no puede tocar a los derechos protegidos de propiedad y libertad de empresa, y los que consideran que el derecho de acceso a una vivienda es el derecho preferente al que se deben subordinar los otros dos. 

En realidad, no hay tal colisión, aunque haya quien quiera buscarla para reforzar su argumento. Los artículos 33 y 38 lo que dicen es que España se configura como un Estado de libre mercado. El artículo 47 lo que dice es que, precisamente por eso, hay que proteger la vivienda, porque resulta que la vivienda, además de ser un bien de contenido económico, es también, como los otros dos, un derecho constitucional y, además, universal. La Constitución nos dice que los poderes públicos deben impedir la especulación, que es propia de la actividad económica en los países de libre mercado en cualquier clase de bienes, cuando el objeto de la actividad económica sea la vivienda. Eso tiene toda la lógica, porque hay un tipo de bienes de contenido económico (como la vivienda) que resultan ser esenciales porque es necesario acceder a ellos, siempre y en todo caso, para poder vivir.

Si la vivienda no se protege de la especulación, su vertiente como derecho constitucional y universal se diluye en las arcas de quienes la utilizan sólo como un activo económico, haciendo que cada vez menos gente pueda ejercitarlo, hasta el punto qué, quien ya lo había hecho, como Maricarmen, pueda llegar a perderlo.

Por eso, en 1978 la Constitución encomendó a los poderes públicos proteger la vivienda de la especulación en su artículo 47, habilitándoles para adoptar las medidas necesarias para eliminarla. El precepto no establece ninguna. Sólo permite que se adopten y eso ya es mucho. Por tanto, no basta con invocar el precepto como un mantra, sino hay que hacer lo más importante para darle todo su sentido y alcance: pensar las medidas y aplicarlas. Y creo que ese es el problema, que los poderes públicos han permanecido, mudos, sordos y ciegos durante 47 años y poco o nada han hecho en casi cinco décadas para adoptar las medidas adecuadas en cada momento para eliminar la especulación creciente en materia de vivienda.

Y sin resistencia, toda burbuja se hincha más rápido. Mucho más en un mundo globalizado que considera que la clave del éxito está más en el pelotazo que en el talento. En las ciudades españolas, los especuladores han encontrado en la vivienda el chollo de sus vidas porque aquí no hay freno para especular con ella. Y si en otros países se ponen serios con este tema, los especuladores de allí pueden venir aquí invocando la libre circulación de capitales, para acabar de asfixiarnos. Cuanto más pase el tiempo sin adoptar medidas limitativas contra la actuación especulativa del mercado inmobiliario, más complicado va a ser encontrar alguna eficaz. 

Ahora hay una oportunidad para los poderes públicos de estar a la altura. Los poderes públicos no son sólo el Gobierno central o los autonómicos y locales, sino que lo es también la oposición política de esos gobiernos, los poderes económicos, las patronales, los sindicatos, las instituciones sociales, los órganos judiciales, los órganos consultivos, las asambleas y hasta los colegios profesionales. Espero que todos ellos comprendan, de una vez por todas, que el problema de la vivienda es transversal. Espero que vean que la especulación no se frena sólo con medidas paliativas, sino con estrategias y que la solución no pasa sólo por construir más, sino por permitir que todos tengan acceso a lo construido. Espero que se den cuenta de que no basta con construir más vivienda protegida porque hay una masa de población con sueldos estables cada vez mayor que ni tiene acceso a la vivienda en el mercado libre porque es pobre para acceder a ella, ni tiene acceso a la vivienda protegida porque es rica para optar por ella. 

Espero que entiendan que el problema de la vivienda no se arregla sólo mejorando la infraestructura ferroviaria, porque las ciudades han de ser accesibles a todas las capas sociales. Ese es el principio rector del urbanismo sostenible y lo contrario está prohibido porque ya ninguna Ley del Suelo del Estado admite que en España haya ciudades para ricos y periferias para pobres. Espero que constaten que hace falta adoptar medidas urgentes mediante legislación de urgencia y medidas definitivas mediantes legislación ordinaria para evitar el daño que produce ver frenado el exceso por haberse pasado de frenada. Espero que, por fin, los poderes públicos prefieran la eficacia al tacticismo y los debates a las tertulias. 

En definitiva, lo que espero es que Maricarmen, aunque no sea el principio, no sea el final.