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    <title><![CDATA[elDiario.es - Pablo Feu]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/autores/pablo-feu/]]></link>
    <description><![CDATA[elDiario.es - Pablo Feu]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[El mercado inmobiliario está desdibujando la Constitución]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/mercado-inmobiliario-desdibujando-constitucion_129_13582304.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/3402e011-9608-4886-9ebc-e67da053ca86_16-9-discover-aspect-ratio_default_1153000.jpg" width="3826" height="2152" alt="El mercado inmobiliario está desdibujando la Constitución"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Algunos sectores empresariales y financieros de nuestro país que intervienen en el mercado inmobiliario están ejerciendo una abrumadora presión política y legislativa para mutar el modelo de Estado social y democrático de Derecho previsto en el artículo 1.1 de la Constitución en el Estado liberal de Derecho que ha descartado</p><p class="subtitle">Malas víctimas, malas desahuciadas, malos españoles</p></div><p class="article-text">
        La Constituci&oacute;n Espa&ntilde;ola de 1978 es la norma de mayor jerarqu&iacute;a en el ordenamiento jur&iacute;dico y, sin embargo, es la que tiene el Pre&aacute;mbulo m&aacute;s corto. La concisi&oacute;n respecto a su objetivo reduce al m&iacute;nimo las interpretaciones interesadas porque lo que quiere es lo que dice: &ldquo;Garantizar la convivencia democr&aacute;tica (&hellip;) conforme a un orden econ&oacute;mico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresi&oacute;n de la voluntad popular. Promover el progreso de la cultura y de la econom&iacute;a para<em> </em>asegurar a todos una digna calidad de vida.&rdquo; Ese objetivo queda normativizado en el art. 1.1 de la Constituci&oacute;n tambi&eacute;n de forma clara y concisa: &ldquo;Espa&ntilde;a se constituye en un Estado social y democr&aacute;tico de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur&iacute;dico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol&iacute;tico&rdquo;. Lo que hace ese primer art&iacute;culo es constituir el modelo de Estado (Espa&ntilde;a se constituye&hellip;), y del verbo le viene el nombre a la norma: la Constituci&oacute;n.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        Hay dos clases de modelos de Estado que son contrapuestos: el Estado liberal de Derecho y el Estado social y democr&aacute;tico de Derecho. El liberal contempla los Derechos y libertades como un valor individual que se alcanza siempre que los poderes p&uacute;blicos no obstaculicen su ejercicio. En ese modelo, por tanto, no se admite que el Estado ponga l&iacute;mites al ejercicio de los Derechos y de las libertades. En cambio, en el modelo social y democr&aacute;tico de Derecho, la implantaci&oacute;n de los derechos y libertades requiere que el Estado remueva cualquier obst&aacute;culo econ&oacute;mico, social o cultural que dificulte que cualquiera pueda llegar a alcanzarlos. En ese modelo, por tanto, s&iacute; se admite que el Estado ponga l&iacute;mites al ejercicio de los derechos individuales para delimitar su funci&oacute;n social, permitiendo con ello que todos tengan la oportunidad de alcanzarlos.
    </p><p class="article-text">
        El constituyente de 1978 opt&oacute; por NO constituir a Espa&ntilde;a en un Estado liberal de Derecho, pudi&eacute;ndolo haber hecho, sino que el modelo que escogi&oacute; fue su contrapuesto: el social y democr&aacute;tico de Derecho.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        Pues bien, ese modelo lo est&aacute;n desdibujando hoy, y a una alarmante velocidad, algunos sectores empresariales y financieros de nuestro pa&iacute;s que intervienen en el mercado inmobiliario, ejerciendo una abrumadora presi&oacute;n pol&iacute;tica y legislativa para mutar el modelo de Estado social y democr&aacute;tico de Derecho previsto en el art&iacute;culo 1.1 de la Constituci&oacute;n en el liberal de Derecho que ha descartado. Y lo est&aacute;n haciendo por la v&iacute;a de los hechos consumados y sin seguir los cauces democr&aacute;ticos previstos en la Constituci&oacute;n para modificarla. El resultado no es s&oacute;lo que estemos ante una crisis de vivienda sin precedentes, sino ante una aut&eacute;ntica y preocupante crisis de Estado.
    </p><p class="article-text">
        Pero, &iquest;c&oacute;mo se ha llegado hasta aqu&iacute;? Para entenderlo hay que comprender la sistem&aacute;tica constitucional que garantiza que Espa&ntilde;a sea un Estado social y democr&aacute;tico de Derecho. B&aacute;sicamente, lo primero que hace la Constituci&oacute;n es reconocer los derechos y libertades en sus arts.14 al 29. Esos son inherentes a cualquier persona y son de aplicaci&oacute;n directa sin necesidad de desarrollo a trav&eacute;s de una Ley. Todos, incluso los poderes p&uacute;blicos, deben respetarlos (derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminaci&oacute;n, a la reuni&oacute;n, a la asociaci&oacute;n, a la manifestaci&oacute;n, a la sindicaci&oacute;n, a la huelga, a la educaci&oacute;n, a la justicia a no ser condenado sin un proceso con garant&iacute;as o a pedir a las administraciones p&uacute;blicas lo que la Ley permita).
    </p><p class="article-text">
        A continuaci&oacute;n, la Constituci&oacute;n define y reconoce otros derechos que tienen una proyecci&oacute;n menos individual y m&aacute;s colectiva. Abarcan b&aacute;sicamente dos campos de acci&oacute;n principales: el econ&oacute;mico y el social. Ejemplo de derechos sociales lo son el derecho al trabajo y a la libre elecci&oacute;n de la profesi&oacute;n, a la promoci&oacute;n laboral y a una remuneraci&oacute;n suficiente (art. 35) y el derecho a negociaci&oacute;n colectiva laboral (art. 37). Ejemplo de derechos econ&oacute;micos los son el derecho a la propiedad privada (art. 33) y el derecho a libertad de empresa (art. 38).
    </p><p class="article-text">
        Todos esos derechos van acompa&ntilde;ados de principios que son tambi&eacute;n obligatorios porque est&aacute;n normativizados en otros art&iacute;culos de la Constituci&oacute;n. Por ejemplo, el art. 40 exige a los poderes p&uacute;blicos fomentar una pol&iacute;tica orientada al pleno empleo; el art. 41 obliga a los poderes p&uacute;blicos a garantizar un r&eacute;gimen p&uacute;blico de seguridad social; el art. 43, a reconocer &ldquo;<em>e</em>l derecho a la protecci&oacute;n de la salud<em>&rdquo;</em>, organizando y tutelando el sistema de salud p&uacute;blica; el art. 44 a reconocer el &ldquo;derecho de acceso a la cultura&rdquo; promoviendo y tutelando los sistemas concretos para hacerlo; el art.45&nbsp;a reconocer el &ldquo;derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona&rdquo;, velando por la utilizaci&oacute;n racional de todos los recursos naturales y sancionando su mal uso; y el art. 47, a reconocer &ldquo;el derecho de acceso a una vivienda digna&rdquo;, regulando para ello la utilizaci&oacute;n del suelo de acuerdo con el inter&eacute;s general para impedir la especulaci&oacute;n.
    </p><p class="article-text">
        Por tanto, esos principios normativos reconocen derechos, pero su eficacia se hace depender de la elaboraci&oacute;n de leyes por parte de los poderes p&uacute;blicos que permitan alcanzarlos tal y como la Constituci&oacute;n los prev&eacute;. Por tanto, no es que el derecho no exista desde el inicio, sino que su implementaci&oacute;n requiere que los poderes p&uacute;blicos lo desarrollen. Y pueden hacerlo mediante leyes que establezcan regulaciones en sentido positivo (los concretos mecanismos de promoci&oacute;n y tutela del derecho), o en sentido negativo, estableciendo l&iacute;mites en el ejercicio de otros derechos, para permitir que puedan llegar a alcanzarse.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        Y aqu&iacute; es donde empieza el problema, porque resulta que al mercado inmobiliario le gustan los art&iacute;culos 33 y 38 pero no soporta el 47, porque obliga a que los poderes p&uacute;blicos establezcan limites su expectativa de negocio para hacer posible el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada. &iquest;Qu&eacute; hace entonces? Negar que el art&iacute;culo 47 le pueda ser aplicado porque el derecho que reconoce no se ha desarrollado nunca mediante una ley y sin ella el derecho no es derecho sino solo un principio y, como principio, solo tiene car&aacute;cter program&aacute;tico y no obligatorio. De ese modo, reduciendo el derecho a principio, le quita fuerza al precepto, como el caballo de un picador se la quita a un toro en el tercio de varas, y con el art&iacute;culo debilitado se minimiza el riesgo de cornada al mercado inmobiliario ante cualquier medida limitativa que pretenda eliminar la especulaci&oacute;n. As&iacute; es m&aacute;s f&aacute;cil para el especulador rematar la faena, evitando que se adopte ninguna. Y, si consigue colonizar las instituciones con banderilleros afines que asesten arponazos a cualquier iniciativa legislativa que lo intente, consigue que jam&aacute;s se aplique el art. 47.
    </p><p class="article-text">
        Pero lo que en realidad ocurre, es que el matador y toda su cuadrilla, no solo consiguen borrar de la Constituci&oacute;n el art. 47 que garantiza el derecho de acceso a la vivienda de millones de personas, sino que asestan el golpe de gracia al propio modelo de Estado que, por imperativo constituyente, ha de ser, necesariamente, el social democr&aacute;tico y de Derecho. Sin l&iacute;mites que obstaculicen su derecho individual de propiedad y de empresa, consiguen convertirlo en el Estado democr&aacute;tico liberal que solo ellos prefieren y que la Constituci&oacute;n descart&oacute;. En realidad, invocan los arts. 33 y 38 de la Constituci&oacute;n para acabar con el art 1.1 y lo que ciment&oacute; la soberan&iacute;a popular en 1978 desde las urnas, lo demuele el mercado inmobiliario desde los palcos, parasitando las instituciones y el Derecho.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        Pero hoy queda un atisbo de esperanza, porque los titulares de la soberan&iacute;a se han dado cuenta y han salido a las calles reivindicando que el mercado inmobiliario les devuelva los arts. 1.1 y 47 que les ha arrebatado y amenazan con no volver, hasta que el Derecho vuelva a las instituciones.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Pablo Feu]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/mercado-inmobiliario-desdibujando-constitucion_129_13582304.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 20:57:36 +0000]]></pubDate>
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      <media:keywords><![CDATA[Vivienda,Especulación urbanística]]></media:keywords>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Maricarmen, ¿principio o final?]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/maricarmen-principio-final_129_13547415.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/88b30b93-9c7d-444b-98d9-6d119295b1b3_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x966y412.jpg" width="1200" height="675" alt="Maricarmen, ¿principio o final?"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Si la vivienda no se protege de la especulación, su vertiente como derecho constitucional y universal se diluye en las arcas de quienes la utilizan sólo como un activo económico</p><p class="subtitle">Estas son las medidas de los decretos de vivienda del Gobierno: escudo antidesahucios y prórroga de alquileres
</p></div><p class="article-text">
        Mucho se habla de Maricarmen, la arrendataria octogenaria de un piso de Madrid en el que ven&iacute;a viviendo desde ni&ntilde;a, hasta que su propietaria la desahuci&oacute; siguiendo el guion de un cuento de Dickens. Su caso ha detonado el hartazgo de un sector de la poblaci&oacute;n, cada vez m&aacute;s numeroso, que se ahoga en el mar de especulaci&oacute;n que inunda el mercado de la vivienda. Pero, Maricarmen, &iquest;es el principio o es el final?
    </p><p class="article-text">
        Creo que no es el principio y espero que no sea el final. El principio se sit&uacute;a 47 a&ntilde;os atr&aacute;s, cuando la Constituci&oacute;n incluy&oacute; art&iacute;culos que son esenciales para entender la dimensi&oacute;n del problema: el 33, que eleva la propiedad privada y la herencia a derecho constitucional; el 38, que lo hace con el derecho a la libertad de empresa; y el 47, que hace lo propio con el derecho de acceso a una vivienda.
    </p><p class="article-text">
        Llevamos 47 a&ntilde;os enga&ntilde;ados, porque se nos ha transmitido que los dos primeros art&iacute;culos son antag&oacute;nicos al tercero, cuando en realidad son complementarios. No hay antagonismo y esa falsa creencia es la que nos est&aacute; matando. Ha servido para alimentar a   bandos opuestos que libran una guerra que no deber&iacute;a existir. El de los que creen que el derecho a la vivienda es s&oacute;lo un principio no vinculante que no puede tocar a los derechos protegidos de propiedad y libertad de empresa, y los que consideran que el derecho de acceso a una vivienda es el derecho preferente al que se deben subordinar los otros dos.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        En realidad, no hay tal colisi&oacute;n, aunque haya quien quiera buscarla para reforzar su argumento. Los art&iacute;culos 33 y 38 lo que dicen es que Espa&ntilde;a se configura como un Estado de libre mercado. El art&iacute;culo 47 lo que dice es que, precisamente por eso, hay que proteger la vivienda, porque resulta que la vivienda, adem&aacute;s de ser un bien de contenido econ&oacute;mico, es tambi&eacute;n, como los otros dos, un derecho constitucional y, adem&aacute;s, universal. La Constituci&oacute;n nos dice que los poderes p&uacute;blicos deben impedir la especulaci&oacute;n, que es propia de la actividad econ&oacute;mica en los pa&iacute;ses de libre mercado en cualquier clase de bienes, cuando el objeto de la actividad econ&oacute;mica sea la vivienda. Eso tiene toda la l&oacute;gica, porque hay un tipo de bienes de contenido econ&oacute;mico (como la vivienda) que resultan ser esenciales porque es necesario acceder a ellos, siempre y en todo caso, para poder vivir.
    </p><p class="article-text">
        Si la vivienda no se protege de la especulaci&oacute;n, su vertiente como derecho constitucional y universal se diluye en las arcas de quienes la utilizan s&oacute;lo como un activo econ&oacute;mico, haciendo que cada vez menos gente pueda ejercitarlo, hasta el punto qu&eacute;, quien ya lo hab&iacute;a hecho, como Maricarmen, pueda llegar a perderlo.
    </p><p class="article-text">
        Por eso, en 1978 la Constituci&oacute;n encomend&oacute; a los poderes p&uacute;blicos proteger la vivienda de la especulaci&oacute;n en su art&iacute;culo 47, habilit&aacute;ndoles para adoptar las medidas necesarias para eliminarla. El precepto no establece ninguna. S&oacute;lo permite que se adopten y eso ya es mucho. Por tanto, no basta con invocar el precepto como un mantra, sino hay que hacer lo m&aacute;s importante para darle todo su sentido y alcance: pensar las medidas y aplicarlas. Y creo que ese es el problema, que los poderes p&uacute;blicos han permanecido, mudos, sordos y ciegos durante 47 a&ntilde;os y poco o nada han hecho en casi cinco d&eacute;cadas para adoptar las medidas adecuadas en cada momento para eliminar la especulaci&oacute;n creciente en materia de vivienda.
    </p><p class="article-text">
        Y sin resistencia, toda burbuja se hincha m&aacute;s r&aacute;pido. Mucho m&aacute;s en un mundo globalizado que considera que la clave del &eacute;xito est&aacute; m&aacute;s en el pelotazo que en el talento. En las ciudades espa&ntilde;olas, los especuladores han encontrado en la vivienda el chollo de sus vidas porque aqu&iacute; no hay freno para especular con ella. Y si en otros pa&iacute;ses se ponen serios con este tema, los especuladores de all&iacute; pueden venir aqu&iacute; invocando la libre circulaci&oacute;n de capitales, para acabar de asfixiarnos. Cuanto m&aacute;s pase el tiempo sin adoptar medidas limitativas contra la actuaci&oacute;n especulativa del mercado inmobiliario, m&aacute;s complicado va a ser encontrar alguna eficaz.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        Ahora hay una oportunidad para los poderes p&uacute;blicos de estar a la altura. Los poderes p&uacute;blicos no son s&oacute;lo el Gobierno central o los auton&oacute;micos y locales, sino que lo es tambi&eacute;n la oposici&oacute;n pol&iacute;tica de esos gobiernos, los poderes econ&oacute;micos, las patronales, los sindicatos, las instituciones sociales, los &oacute;rganos judiciales, los &oacute;rganos consultivos, las asambleas y hasta los colegios profesionales. Espero que todos ellos comprendan, de una vez por todas, que el problema de la vivienda es transversal. Espero que vean que la especulaci&oacute;n no se frena s&oacute;lo con medidas paliativas, sino con estrategias y que la soluci&oacute;n no pasa s&oacute;lo por construir m&aacute;s, sino por permitir que todos tengan acceso a lo construido. Espero que se den cuenta de que no basta con construir m&aacute;s vivienda protegida porque hay una masa de poblaci&oacute;n con sueldos estables cada vez mayor que ni tiene acceso a la vivienda en el mercado libre porque es pobre para acceder a ella, ni tiene acceso a la vivienda protegida porque es rica para optar por ella.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        Espero que entiendan que el problema de la vivienda no se arregla s&oacute;lo mejorando la infraestructura ferroviaria, porque las ciudades han de ser accesibles a todas las capas sociales. Ese es el principio rector del urbanismo sostenible y lo contrario est&aacute; prohibido porque ya ninguna Ley del Suelo del Estado admite que en Espa&ntilde;a haya ciudades para ricos y periferias para pobres. Espero que constaten que hace falta adoptar medidas urgentes mediante legislaci&oacute;n de urgencia y medidas definitivas mediantes legislaci&oacute;n ordinaria para evitar el da&ntilde;o que produce ver frenado el exceso por haberse pasado de frenada. Espero que, por fin, los poderes p&uacute;blicos prefieran la eficacia al tacticismo y los debates a las tertulias.&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        En definitiva, lo que espero es que Maricarmen, aunque no sea el principio, no sea el final.&nbsp;&nbsp;
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Pablo Feu]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/maricarmen-principio-final_129_13547415.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:24:22 +0000]]></pubDate>
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