Las imágenes de la llegada masiva de personas migrantes desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 se han asociado a la palabra “crisis.” La tragedia de los fallecimientos en el mar, las tensiones por la permanencia en la ciudad de los recién llegados y la percepción de inmovilismo estatal proyectaron un marco de aparente incapacidad y falta de preparación. Al examinar la situación, emergen preguntas sobre la construcción de este suceso como una crisis: ¿hablamos de una crisis migratoria por el volumen de llegadas, de acogida por la respuesta institucional, o del modelo de gestión de las fronteras? ¿De una crisis geopolítica que aviva la pugna partidista española? ¿O de la incapacidad de coordinar una respuesta cuyo propio contenido y modelo están en disputa?

Una crisis es, por definición, la construcción social de una amenaza que genera un sentido de urgencia respecto a su resolución. En este contexto, la ciudadanía mira especialmente al Estado y a sus representantes como los gestores de la solución. En el ámbito de la migración, la crisis ha estado presente casi de forma permanente. Basta con revisar la hemeroteca para encontrar la “Crisis Europea de los Refugiados de 2015”, la “Crisis de la Valla de Melilla” o la “Crisis de los Cayucos”, entre otras. Gestionar este escenario sitúa la migración en lo que estudiosos de la política pública denominan una controversia política intratable: un problema cuya definición y solución generan un intenso conflicto que dificulta la cooperación entre actores gubernamentales, políticos, y sociales.

Hablar de la crisis de Ceuta conlleva un componente de intratabilidad. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿puede una ciudad como Ceuta estar preparada ante un escenario de esta magnitud? La respuesta abarca cuatro ejes: la definición de la crisis, la construcción y movilización de capacidades, la coordinación vertebradora y la delimitación entre la arena política y la operativa.

En primer lugar, ¿de qué tipo de crisis hablamos? Pese a su naturaleza multicausal, la realidad para Ceuta es que este episodio desencadenó una crisis humanitaria de grandes proporciones. Más allá del ruido político y mediático, calificar el suceso así obliga a definir con claridad la amenaza ante la que debíamos prepararnos: no la constituyen las personas que llegan —tras trayectorias de alto riesgo vital—, sino la incapacidad institucional para responder con agilidad a una llegada masiva. Es esta falta de respuesta la que tensiona la capacidad local para acoger, proteger, prestar servicios y garantizar tanto el debido proceso como el derecho de asilo. A esto se suma una dimensión temporal ineludible: sabemos cuándo inicia una crisis, pero no cuándo concluye.

En segundo lugar, es imposible estar completamente preparado ante una crisis difícil de predecir en magnitud y momento. Esto plantea un interrogante clave: ¿qué significa estar preparado ante futuros episodios? El estudio del proyecto MunMigra —financiado por el Plan Nacional de R+D+i— analizó las respuestas municipales hacia la población migrante durante la COVID-19. Los hallazgos mostraron que contar con infraestructuras asistenciales previas (planes, programas y presupuestos), experiencia acumulada y redes consolidadas en el territorio facilitó respuestas más proactivas y cercanas a la población migrante. En definitiva, la preparación no exige disponer de un sinnúmero de recursos en espera; implica contar con capacidades latentes que puedan activarse, reorganizarse y escalarse con rapidez cuando la situación lo exija.

En tercer lugar, la preparación exige coordinación: la capacidad de actores centrales, como las administraciones públicas, para articular acciones conjuntas, complementarias y diferenciadas. Esto implica movilizar recursos, intercambiar información y crear espacios de cooperación que gestionen conflictos. En definitiva, coordinar responde a dos preguntas: ¿quién hace qué y cómo? En Ceuta, responderlas es complejo por el reparto competencial: el Gobierno central gestiona fronteras, extranjería y asilo, mientras que la Ciudad Autónoma asume servicios sociales y protección de menores. Las primeras semanas de la crisis evidenciaron la necesidad de articulación multinivel: Ceuta reclamó mayor presencia estatal, mientras el Estado desplegó recursos de diversos ministerios. Si bien el 25 de agosto el Gobierno creó un “mando único” para coordinar las actuaciones, este se hizo principalmente bajo una lógica de control y contención fronteriza al declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional.

La experiencia de la COVID-19 ilustra los retos que plantea la coordinación. El proyecto MunMigra mostró que, durante los dos primeros años de la pandemia, los ayuntamientos percibieron que la cooperación con los gobiernos autonómicos y, especialmente, con el Gobierno central para atender a personas migrantes fue moderada. En cambio, destacaron una alta colaboración con la sociedad civil local producto de un papel complementario en momentos de crisis. La lección es clara: no basta con conocer formalmente quién tiene cada competencia; prepararse implica disponer de relaciones de colaboración que permitan saber quién hace qué sobre el terreno, qué recursos se movilizan y con quién colaborar.

Por último, la preparación debe considerar el entorno político en el que la respuesta se desarrolla. Estudios sobre la denominada “crisis de los refugiados” de 2015 ya nos indicaban que, en el caso de la Unión Europea, la capacidad de implementar respuestas sobre el terreno dependía del espacio político existente para desarrollarlas. Prepararse implica asumir que la migración suele sufrir una intensa politización e instrumentalización. Esto no significa pretender eliminar el conflicto, sino distinguir entre la discusión política y los espacios técnicos de coordinación, los cuales necesitan protección institucional para funcionar. La preparación no elimina la discrepancia política, pero debe tenerla en cuenta para construir un nivel operativo que permita desplegar la respuesta cuando sea necesario.

En conclusión, este episodio nos enseña que los distintos actores –estatales y no estatales – de la gobernanza migratoria no tienen por qué predecir la próxima crisis. Sin embargo, sí deben construir capacidades locales que permitan responder de forma ágil y humanitaria cuando las previsiones fallen: un proceso gradual y acumulativo que requiere tiempo y continuidad institucional.

^{[1] Nota: Este texto forma parte de las actividades de difusión de los proyectos de investigación MUNMIGRA (PID2021-129092OA-I00/MICIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER,UE) y GLOCALMIC (CNS2024-154755), financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER,UE).}