La tramitación del Avance del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria constituye una oportunidad decisiva para asegurar el futuro del paisaje cultural más valioso de Lanzarote. Sin embargo, proteger La Geria no puede consistir únicamente en imponer nuevas prohibiciones. El Plan debe garantizar la continuidad de la agricultura que creó este territorio, aportar seguridad jurídica y repartir de manera justa las cargas y los beneficios derivados de su conservación. 

La Geria es un paisaje construido durante generaciones. Sus hoyos, zocos, muros, enarenados, caminos, lagares y bodegas son el resultado del esfuerzo de agricultores que aprendieron a cultivar en condiciones extremas. Si desaparece la actividad agraria, también se perderá el paisaje que se pretende proteger. Por eso, cualquier ordenación debe comenzar por una idea elemental: conservar La Geria exige mantenerla primorosamente cultivada. 

El primer paso debe ser explicar con claridad qué territorio se ordena. La denominación Paisaje Protegido de La Geria engloba zonas con identidad geográfica, histórica y social propia, como Masdache, sectores de San Bartolomé, Conil y La Candelaria. El documento debe justificar sus límites, identificar las fincas y núcleos afectados y ofrecer una cartografía accesible que permita a cualquier propietario o residente conocer las consecuencias del Plan. 

También resulta imprescindible aclarar el régimen jurídico vigente. La acumulación de normas, instrumentos territoriales y años de demora ha generado dudas que la ciudadanía no tiene la obligación de resolver por sí sola. Un informe jurídico específico debe explicar qué disposiciones continúan vigentes, cuál es la situación de los usos y edificaciones existentes y cómo se coordinará el Plan Especial con el planeamiento insular y municipal. 

La protección, además, debe aplicarse con equidad. Quienes han conservado sus fincas, mantenido la agricultura y respetado la legalidad no pueden terminar soportando mayores restricciones que quienes actuaron al margen de las normas. Sería especialmente injusto que determinadas obras irregulares obtuvieran reconocimiento, posibilidades de ampliación o ventajas económicas mientras otras construcciones fueran demolidas por infracciones semejantes. 

El Plan no puede transmitir el mensaje de que incumplir resulta más rentable que respetar la ley. Cualquier tratamiento de edificaciones o actividades irregulares debe apoyarse en criterios objetivos, transparentes y jurídicamente fundamentados. También habrá que examinar las consecuencias para quienes padecieron demoliciones y, cuando corresponda legalmente, determinar si existe responsabilidad patrimonial o derecho a una indemnización. 

La ordenación debe distinguir igualmente entre el corazón paisajístico de La Geria y las zonas periféricas. No todos los ámbitos presentan los mismos valores, fragilidades, usos ni problemas. La protección debe adaptarse a cada realidad mediante una zonificación rigurosa, sin imponer al perímetro restricciones más severas que al espacio de mayor valor ni permitir en este último transformaciones incompatibles con su carácter agrario. 

Otro asunto esencial es el papel de las bodegas. La regulación no debería consolidar posiciones dominantes en la compra de uva, la elaboración, la venta o las actividades complementarias. Las ampliaciones y los usos nacidos de incumplimientos no pueden convertirse en ventajas competitivas. Al mismo tiempo, los pequeños agricultores y las bodegas tradicionales necesitan vías proporcionadas para elaborar, transformar y comercializar sus productos. 

Las autorizaciones deben valorar la vinculación con la producción local, la integración paisajística, el impacto de las instalaciones, el empleo agrario, el respeto a la legalidad y la contribución efectiva a la conservación. También conviene precisar el régimen de las tiendas, degustaciones, restaurantes y otros usos complementarios para evitar interpretaciones arbitrarias. 

El suelo agrícola, la arena volcánica y las estructuras tradicionales requieren una protección efectiva. El Plan debe impedir las extracciones no autorizadas de rofe, la apertura indiscriminada de zanjas y las alteraciones que deterioren los sistemas de cultivo. También debe establecer programas de restauración de muros, hoyos, zocos y enarenados, así como medidas de vigilancia frente a especies vegetales incompatibles o potencialmente invasoras. 

Los asentamientos rurales y agrícolas tampoco pueden convertirse en una vía para extender la urbanización dispersa. Núcleos como El Islote o Masdache deben conservar su relación histórica con el campo. Las construcciones aisladas propias de las explotaciones tradicionales —viviendas, almacenes, gañanías, lagares, bodegas o eras— deben inventariarse y valorarse por su antigüedad, legalidad, estado de conservación y vinculación real con la agricultura. 

Todo este esfuerzo necesita financiación. No es razonable que los costes de conservar un paisaje que beneficia a toda Lanzarote recaigan exclusivamente sobre agricultores y propietarios. La Geria constituye uno de los grandes referentes de la imagen turística de la isla, así que una parte de la riqueza generada por el turismo debe retornar de manera estable a quienes mantienen sus cultivos y elementos tradicionales. 

El Plan necesita una memoria económica con presupuesto, calendario, fuentes de financiación y compromisos plurianuales. También debe evaluar la capacidad de carga, evitar nuevos alojamientos y eventos incompatibles con el espacio y estudiar incentivos fiscales para las explotaciones que soportan mayores costes por las condiciones climáticas y las obligaciones paisajísticas. 

La viticultura lanzaroteña soporta condiciones productivas excepcionales por la sequía, el viento, el sistema de cultivo, la fragmentación de las fincas y las obligaciones derivadas de la protección paisajística. Un tratamiento fiscal uniforme puede ignorar estos mayores costes y servicios ambientales. Por eso, aunque la determinación de los índices fiscales exceda parcialmente el contenido propio del Plan Especial, el documento debe reconocer el problema y promover ante las administraciones competentes la revisión de los índices de rendimiento neto aplicables en estimación objetiva y la creación o aplicación de coeficientes correctores para explotaciones situadas en paisajes protegidos. 

Dos medidas prácticas resultan especialmente urgentes. La primera es garantizar agua de riego de apoyo, estable, asequible y de máxima calidad. No sirve cualquier agua regenerada. Los suelos volcánicos, las variedades locales y el riesgo de acumulación de sales exigen unos parámetros agronómicos y sanitarios equivalentes a los del agua potable en aquellos componentes que puedan afectar al cultivo. Esta estrategia deberá respetar, en todo caso, las normas del Consejo Regulador de los Vinos de Lanzarote. 

La segunda medida corresponde a la Granja Agrícola Experimental del Cabildo. Esta institución debería impulsar un programa anual de selección y producción de plantones enraizados de variedades tradicionales, con garantías sanitarias y de identidad varietal. Los plantones, preparados en bolsas para su trasplante, podrían entregarse gratuitamente a los viticultores durante noviembre y diciembre, coincidiendo con el periodo más favorable para su arraigo, y acompañarse de asesoramiento técnico. 

La Geria no necesita un documento limitado a señalar lo que no puede hacerse. Necesita una verdadera herramienta de gestión que proteja el territorio, apoye a quienes lo cultivan, restaure las zonas degradadas y garantice igualdad ante la ley. Necesita transparencia, financiación, agua adecuada, material vegetal y oportunidades para las pequeñas explotaciones. 

El paisaje de La Geria no se conservará convirtiéndolo en una estampa inmóvil. Se conservará mientras haya agricultores capaces de trabajarlo y condiciones dignas para continuar haciéndolo. El Plan Especial debe reconocer esa realidad y situar la actividad agraria en el centro de todas sus decisiones.