Pedro Casto Sainz de Baranda y Gorriti fue el primer alcalde de Madrid, una ciudad amenazada por las tropas napoleónicas, le tocó ocuparse del hambre y de la reconstrucción tras la guerra, quiso que toda la ciudadanía acatase la constitución liberal de 1812. José Luis Martínez Almeida es actualmente alcalde de la villa, pero en lugar de acatar las normas celebra recurrirlas, también se hace llamar liberal mientras subvenciona macroeventos.

El pequeño comercio desaparece para albergar pisos turísticos, los bares de bravas se ven desplazados por franquicias. Para que los nómadas digitales vivan la experiencia castiza en una corrala, les sobran quienes fueron al colegio en el barrio de Cuatro Caminos o regentan una peluquería en Lavapiés.

Para que el Cañaveral tenga pisos con buena iluminación hay que cortarles antes la luz a las vecinas de las casitas bajas de la Cañada Real. Para que hoy salgan los franceses de copas por el Puerto Olímpico de Barcelona hubo que desalojar a todo el barrio de Somorrostro, para que en Sevilla cupiese la Expo, se hacinó a las familias en Las Tres mil viviendas. Para que haya gastrobares en el Cabañal de Valencia, tienen que dejar de vivir allí los pescadores y las rederas. Para que a Urbagestión le fuese rentable comprar un piso con bicho en la calle alcalde Sainz de Baranda, el bicho tenía que morirse.

El bicho tenía nombre, Maricarmen Abascal. Con 80 años empezó a padecer la hostilidad de sus caseros y hasta los 87 estuvo pagando el alquiler diciendo que se iría con los pies por delante. La sacaron en camilla quince días antes de morir en la cama de un hospital público. Maricarmen era un bicho porque se acabó el contrato que en su día firmó su padre, el único de la familia que podía firmarlo durante el franquismo, que condenó al ostracismo a las mujeres.

Quienes hoy dicen que la calle de Sainz de Baranda está en un barrio caro olvidan que fue el día a día de esa jubilada la que hizo que el barrio sea la zona agradable, limpia y tranquila que conocen. Que no lo era cuando Maricarmen llegó allí hace 60 años, como no eran PAUS de ensueño los barrios del extrarradio y de las periferias españolas: ni agua, ni luz corriente, ni servicios; chabolismo vertical. Pero sí era caro, 500€ mensuales a día de hoy son las casi cien mil pesetas de hace unas décadas. El salario mínimo en España rondó los 400€ hasta 2005.

También olvidan que en 2022, cuando Maricarmen ya estaba siendo asediada, el Ayuntamiento de Madrid consideró que el barrio de Ibiza era el barrio más desfavorecido de la ciudad, más que San Cristóbal en Villaverde o de la plaza de Tirso de Molina que tanto escandaliza a los ultras de YouTube.

Maricarmen responsabilizaba de su malestar a sus caseros, los Alonso, unos entrepreneurs con ínfulas incapaces de advertir que si en la etiqueta se indica que la caja contiene animales vivos, esa caja no debería abrirse. Si la caja hubiese sido un piso a mitad de precio, la hubiesen comprado. Ese es su emprendimiento: comprar barato y vender caro. Son comisionistas, como quienes te joden la siesta ofreciéndote cambiar de compañía. A diferencia de estos últimos, que hacen lo que pueden para pagarse los estudios, los Alonso son una clase parásita e iletrada.

Maricarmen era una señora con más del 50% de discapacidad, una jubilada sin descendencia amparada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, una mujer con nombre español que bebía cañas y comía cerdo. Como ni se llamaba Fátima, ni había sido madre adolescente, ni tenía un séptum o el pelo azul, se fiscalizó qué habría hecho esa exfuncionaria con su vida para no haber terminado siendo rentista, que es lo que se espera de quien tiene un sueldo fijo, que lo invierta en pisos. Molestaba que la arropasen los de la ceja, músicos reconocidos y escritoras anónimas que se ofrecieron a pagar el alquiler de más de dos mil euros que pedían los Alonso. No sabemos por qué necesitaban subirle el alquiler a Maricarmen para llegar a fin de mes.

Los camisas negras, me niego a llamarles periodistas, aparecieron por el barrio de Ibiza a fiscalizar el humor que tenía Maricarmen por las mañanas. No sé si Maricarmen era derrochadora, como tampoco sé por qué se arruinó el padre de Isabel Díaz Ayuso, pero hubiese deseado que Maricarmen muriese en su casa, tanto como defiendo el derecho de las hijas de las familias empobrecidas a ser presidentas de la Comunidad de Madrid. 

Sacaron a Maricarmen de su casa y con ella han sacado a miles, si no millones, de personas a las calles por el derecho a la vivienda. Es la contracorriente de un discurso que por más que han repetido no se sostenía: ni las pensiones están lastrando nuestra economía, ni la juventud es de extrema derecha.

Maricarmen denunciaba que de su situación eran responsables Pedro Sánchez, Isabel Ayuso y José Luis Martínez Almeida. El primero, y por acotar en decepciones, es responsable de que la segunda pueda mantener las competencias de vivienda y el tercero diga que no quiere hacer NADA.

Con la ley de vivienda en la mano en 2023 tanto el PSOE como Más Madrid solicitaron la declaración de zonas tensionadas en la ciudad, PP y Vox lo impidieron. Si los dos decretos Maricarmen, además de complacer a una burguesía vasca y catalana, hubiesen sido justos, el Gobierno de coalición hubiese caído de pie exigiendo que ser rentista no valga la pena, en lugar de rogar de rodillas la solidaridad de los caseros.

Maricarmen ahora está muerta y no podemos decir que sus caseros, la carroña mediática o la policía amparada por la ley mordaza la hayan asesinado, pero sí que ella, su abogada y el Sindicato de Inquilinas tenían razón: era una persona vulnerable que había empeorado de salud en los últimos meses y solo quería morir en su casa.

Estamos pidiendo justicia, no olvidemos que ni Sáinz de Baranda, ni los alcaldes de Móstoles, adoptaron usos y costumbres franceses como la guillotina. Llaman rencor de clase a nuestra memoria, ahora ya no se puede reparar el daño que le han hecho a Doña Maricarmen Abascal, que merece que su calle lleve su nombre.