El trágico fallecimiento de Maricarmen Abascal tras ser desahuciada de su vivienda, en el madrileño barrio del Retiro, no es un suceso aislado ni una rareza fortuita. Es, por el contrario, la manifestación más cruda y dolorosa de una fractura sistémica que lleva décadas fraguándose en los cimientos de nuestra sociedad. Cuando una mujer de avanzada edad pierde la vida tras ser expulsada de su hogar, el debate público no puede limitarse a la mera conmoción ni a la crónica de sucesos. Nos encontramos ante el síntoma definitivo de un sistema de provisión residencial anémico, donde la vivienda ha sido sistemáticamente despojada de su naturaleza de derecho fundamental para ser reducida a un mero bien de especulación financiera.

Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, es imperativo encuadrar este drama en un contexto más general y profundo: la persistente asimetría estructural que condiciona las condiciones de vida de amplias capas de la población, espacialmente de los hogares con renta baja, la juventud y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por un lado, arrastramos un mercado laboral caracterizado por la devaluación salarial, la precariedad contractual y la pérdida constante de poder adquisitivo. Por el otro, asistimos a una escalada incesante y desregulada de los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en un mercado del alquiler crecientemente tensionado por falta de políticas públicas, por las dinámicas turísticas y la especulación de los grandes tenedores.

Esta asimetría no es coyuntural; es un desajuste de fondo que sitúa los esfuerzos de acceso exigidos para tener una vivienda digna en niveles sociológicamente inasumibles. De acuerdo con datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España, la tasa de emancipación juvenil actual apenas roza el 14,5% que, además de ser el mínimo histórico desde que el Observatorio tiene registros, es una anomalía que desde hace décadas nos sitúa a la cola de la Unión Europea y que condena a sucesivas generaciones de jóvenes a retrasar indefinidamente sus proyectos vitales más básicos como la conformación de un hogar o tener hijos (si se quiere), con efectos que trascienden el plano individual y se proyectan sobre el conjunto de la sociedad.

España padece lo que podríamos denominar una disfunción de origen en su modelo de bienestar. A diferencia de algunos de nuestros vecinos comunitarios, que construyeron su sistema de provisión sobre la base de un fuerte parque público de vivienda, el Estado español confió la resolución de esta necesidad al mercado libre y a la promoción de la propiedad privada. Las consecuencias de esta elección histórica son hoy dramáticas. Mientras que en países como los Países Bajos el parque de vivienda social y de alquiler asequible representa en torno al 34% del total de stock residencial y en Francia este porcentaje se sitúan alrededor del 14%, en España apenas alcanza un exiguo e ineficaz 2%.

Al carecer de una red de seguridad pública estructural, muchos individuos y familias quedan totalmente desprotegidos ante las inclemencias del mercado. Las respuestas institucionales tradicionales, basadas en ayudas y subsidios directos a corto plazo, han demostrado no solo ser insuficientes, sino en muchas ocasiones contraproducentes, pues al final se produce una transferencia de recursos públicos a manos privadas sin alterar las dinámicas de exclusión residencial.

La pregunta fundamental que emerge ante la actual coyuntura es por qué este malestar, que se ha cronificado durante años, ha cristalizado precisamente en este momento en una oleada de movilizaciones colectivas tan potentes como las acampadas en la Puerta del Sol y las protestas en las principales ciudades del país. Desde la teoría de la acción colectiva, se sabe que el descontento por sí solo no genera movilización; se necesita una estructura de oportunidad política y, sobre todo, un catalizador moral. La tragedia de Maricarmen ha operado como ese detonante de indignación ética. Ha transformado un dolor que se vivía de puertas para adentro –un sufrimiento privatizado e invisibilizado en forma de culpa o angustia individual– en una injusticia social compartida y politizada en el espacio público.

Las acampadas y manifestaciones actuales representan una ruptura con la resignación. La ciudadanía ha identificado que el acceso a la vivienda no es algo alcanzable mediante el esfuerzo individual, rompiéndose así el supuesto pacto social meritocrático de las generaciones anteriores. Cuando trabajar varias jornadas seguidas o ser un profesional cualificado ya no garantiza la seguridad de un techo, el problema deja de ser percibido como un fracaso personal y pasa a entenderse como un fracaso del sistema. La calle ha reaccionado no solo para exigir parches normativos, sino para impugnar el modelo mismo de provisión que antepone la rentabilidad financiera a la seguridad existencial de las personas.

Por todo ello, el tono de este momento histórico debe ser un llamamiento propositivo, riguroso y nítidamente reivindicativo. La resolución de esta emergencia habitacional no llegará a través de medidas cosméticas ni de la autocomplacencia institucional. Exige un cambio de paradigma normativo y político de largo alcance. Es urgente que nuestras administraciones estén dotadas de herramientas estructurales destinadas a ampliar de manera masiva el parque público de vivienda en alquiler (también en propiedad), movilizando suelo disponible y vivienda vacía y regulando de forma eficiente y valiente las zonas tensionadas del mercado para blindar así el derecho a la ciudad.

El fallecimiento de Maricarmen debe marcar un punto de inflexión definitivo en nuestra conciencia colectiva. No podemos permitirnos habitar un país en dónde tener un hogar, habitar una vivienda, sea un privilegio de unos pocos y una condena de incertidumbre y vulnerabilidad para la mayoría. Garantizar un acceso residencial digno, estable y asequible no es una simple medida de ajuste macroeconómico; es la inversión más urgente en cohesión social, en autonomía y en la dignidad democrática de la España del presente y del futuro. Las plazas y las calles ya han señalado el camino; ahora les corresponde a las instituciones demostrar también si están a la altura del modelo de país que queremos construir.