El 28 de septiembre pasado la Dirección General de Energía publica la resolución por la que se concede autorización administrativa a las instalaciones eléctricas denominadas «Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW - Planta Tigaiga», en su nuevo ubicación en la Cruz Santa, decisión cuestionada por los vecinos de Los Realejos con más de 6.000 firmas en contra, así como por el propio Ayuntamiento en moción unánime en contra del pleno del día 24 de septiembre. Dos días después, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, fue entrevistado en Radio Realejos Norte y se abordó este asunto.  

En dicha visita a la radio, pese a que es su Gobierno quien concede a DISA dicha autorización, el entrevistado se muestra comprensivo con el Ayuntamiento hasta el punto de animarlo a que reclame por vía administrativa y judicial su paralización, comprometiéndose a no recurrir, llegado el caso, la decisión administrativa o judicial en contra de esta Autorización. 

Sin embargo, a su vez, considera que DISA tiene un derecho adquirido para la ejecución de este proyecto y que el Gobierno canario no quiere incurrir en responsabilidades penales y económicas, y por todo ello concede esta autorización. 

Hasta aquí, da la impresión de que el Gobierno del señor Domínguez actúa obligado por las circunstancias pero que respalda a vecinos y ayuntamiento en su oposición a la planta. 

A partir de aquí, pese a lo anterior, el vicepresidente se emplea en defender la planta de propano, aunque con argumentos poco convincentes. 

Por eso le decimos al señor Dominguez:

No es cierto que esta planta sea la consecuencia inevitable de un concurso nacional, es su Gobierno quien ha ideado está propuesta cara e ineficaz de los grupos de emergencia. El Gobierno de España se limita, de acuerdo al reparto de competencias, a financiar las medidas que el autonómico pone sobre la mesa. De hecho, el Gobierno nacional, a través del Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio pasado, estableció medidas extraordinarias para garantizar el suministro eléctrico en las islas mediante el fomento del almacenamiento a través de baterías que podrían ser utilizadas en lugar de estas discutidas plantas.

El relato sobre los apagones no se sostiene, cuando el operador estableció en 2021 la necesidad de más potencia a corto plazo en Fuerteventura Gran Canaria y Tenerife, lo relacionó en las islas capitalinas con eventualidades que pudieran suceder ante el cierre de Jinámar y Candelaria, pero Manuel Domínguez establece una relación entre los apagones de La Gomera y La Palma y lo que pudiera suceder en Tenerife de no instalarse esta planta, cuando los ceros ocurridos en estas islas, se debieron a cuestiones accidentales y al mal estado de las instalaciones y redes, y no a la falta de potencia firme. 

Por otro lado, no es cierto que su Gobierno hubiera tenido que indemnizar a DISA de haberle denegado la autorización. Hay muchos aspectos de seguridad y peligro para los vecinos que han quedado sin cubrir en el proyecto de DISA que, por supuesto, recogeremos en la vía administrativa y judicial a la que su gobierno nos aboca, y que eran motivo suficiente para no autorizar esta planta.

Por último, lo que es una distorsión de los hechos es la disyuntiva que plantea a los vecinos, según la cual, si aceptaran esta planta de propano se librarían de otra permanente en el municipio, contemplada en la segunda convocatoria del proceso de concurrencia competitiva al efecto. Hay que decir que son procedimientos diferentes, no condicionados entre sí. Una vez más echa la culpa de Madrid cuando será su gobierno, si formara parte de él entonces, quien tendrá que autorizar o no estas plantas permanentes. Cuente ya con la oposición de los realejeros y de todos los que luchamos contra los combustibles fósiles y por las renovables en Canarias contra esta planta permanente. 

En conclusión, señor Domínguez, deja usted a los vecinos de su municipio a los pies de los caballos y no les deja otra salida que la vía administrativa y jurídica en la defensa de su entorno. 

A día de hoy, a pesar de las protestas del Ayuntamiento y los vecinos, sigue habiendo movimiento de tierras en la parcela en cuestión por parte de DISA. 

Aceptamos el reto de seguir luchando por nuestros hijos, nietos y mayores e iremos a los tribunales si fuera necesario si no lo logramos por la vía administrativa. Seguiremos movilizándonos hasta conseguir nuestro objetivo: que Los Realejos no sea el municipio donde recaiga todo el peso de la seguridad energética de Tenerife Norte y que las plantas térmicas sean sustituidas en todo caso por instalaciones de baterías.