Las acampadas por el derecho a la vivienda vuelven a llevar a las plazas una reivindicación tan legítima como elemental: poder vivir en una casa digna sin tener que destinar a ello buena parte del sueldo ni vivir con el miedo a perderla. Son la expresión colectiva de un malestar que demasiadas veces se sufre en soledad y que acaba haciéndose visible en la calle.

Como ya ocurrió con el 15M, estas movilizaciones se concentran sobre todo en las grandes ciudades. Quizá porque es allí donde las protestas consiguen mayor repercusión y capacidad de presión, o quizá porque el problema de la vivienda es especialmente grave en estos espacios. Seguramente haya algo de ambas cosas. En cualquier caso, esta concentración invita a plantear una cuestión que apenas aparece en el debate público: ¿hasta qué punto la crisis de la vivienda está relacionada con un modelo territorial que acumula población, recursos y oportunidades en unas pocas ciudades?

Las propuestas para afrontar el problema se centran, fundamentalmente, en regular los alquileres, ampliar el parque público de vivienda, combatir la especulación inmobiliaria o limitar los usos turísticos que expulsan al vecindario de sus barrios. Son medidas necesarias y urgentes. Sin embargo, incluso entre los sectores más comprometidos con el derecho a la vivienda, apenas se cuestiona una circunstancia que condiciona todas las demás: la creciente concentración de la demanda residencial en las grandes ciudades.

Parece haberse asumido que el derecho a la vivienda significa poder acceder a una casa allí donde cada cual desea vivir y que la mayoría de la población quiere hacerlo en las grandes ciudades. Pero esta interpretación pasa por alto la pregunta fundamental de hasta qué punto se elige libremente dónde vivir.

Las preferencias residenciales no son independientes de las oportunidades que ofrece cada territorio. No se elige solo una casa o un barrio, sino también las posibilidades de encontrar trabajo, estudiar, acceder a servicios sanitarios, disfrutar de la cultura, desplazarse en transporte público o desarrollar un proyecto de vida. Y durante décadas buena parte de estas oportunidades se han ido concentrando en un número reducido de ciudades.

Esta concentración no es casual ni responde únicamente a las ventajas que puedan ofrecer las grandes aglomeraciones urbanas. Es también el resultado de decisiones políticas y económicas que han situado en ellas las principales instituciones, infraestructuras, inversiones y centros de actividad. Incluso su atractivo turístico y cultural se beneficia de esa acumulación histórica de recursos y centralidad.

Los datos sobre vivienda permiten observar una de las consecuencias de este desequilibrio territorial. Según el Censo de 2021 del INE, en los municipios españoles de menos de 1.000 habitantes, el 33,3 % de las viviendas están vacías, mientras que en las ciudades de más de 250.000 habitantes esta proporción se reduce al 7,5 %. Naturalmente, no todas esas viviendas están en condiciones de ser ocupadas ni disponibles en el mercado. Pero la diferencia ilustra hasta qué punto la distribución territorial del parque residencial y la de la demanda siguen dinámicas muy distintas.

Además, el problema no afecta exclusivamente a los pequeños municipios rurales. También numerosas ciudades intermedias, especialmente las situadas fuera de las principales áreas metropolitanas, pierden población joven pese a disponer de equipamientos, servicios y una estructura urbana consolidada. Mientras tanto, las grandes capitales continúan atrayendo población, aumentando la presión sobre la vivienda y reclamando nuevas inversiones para atender una demanda creciente.

Se configura así una paradoja: mientras unos territorios pierden población y capacidad de desarrollo, otros concentran una demanda residencial que resulta cada vez más difícil de satisfacer.

Esta situación remite a un problema más profundo: el modelo territorial del Estado y de las comunidades autónomas. Durante décadas se ha consolidado una estructura centralizadora que concentra instituciones, centros de decisión, empleo cualificado, inversiones estratégicas y servicios especializados en unas pocas ciudades.

La dinámica es bien conocida. Los territorios que concentran más recursos atraen población y actividad económica. Ese crecimiento genera nuevas necesidades que justifican más infraestructuras, equipamientos e inversiones públicas. De este modo, la concentración inicial acaba convirtiéndose en el principal argumento para seguir concentrando recursos.

En sentido contrario, los territorios que pierden población ven cómo se debilitan los servicios, disminuyen las oportunidades laborales y se reduce su capacidad para atraer nuevos habitantes. Después se intenta corregir esta situación mediante políticas contra la despoblación que, con demasiada frecuencia, actúan sobre las consecuencias sin modificar las causas que las producen.

Por supuesto, nada de esto significa que una persona que no puede pagar un alquiler en Madrid o Valencia deba trasladarse a un pueblo. Sería una respuesta injusta y simplista. Nadie debería abandonar su entorno, sus relaciones personales o su proyecto de vida para acceder a una vivienda digna.

La cuestión no consiste en trasladar personas allí donde sobran casas, sino en distribuir las oportunidades para que vivir fuera de las grandes ciudades sea una posibilidad real y no una renuncia

Pero tampoco puede darse por hecho que la concentración urbana actual sea el resultado de elecciones plenamente libres. Nos debemos preguntar cuántas personas preferirían residir en una ciudad más pequeña o en un municipio rural si encontraran oportunidades laborales, buenos servicios públicos y condiciones de vida comparables. Es difícil saberlo, precisamente porque esas condiciones no están distribuidas de manera equilibrada.

La cuestión no consiste en trasladar personas allí donde sobran casas, sino en distribuir las oportunidades para que vivir fuera de las grandes ciudades sea una posibilidad real y no una renuncia.

Esto exige superar las políticas de carácter compensatorio y avanzar hacia una verdadera planificación territorial. No basta con ayudar a los municipios que pierden población. Es necesario fortalecer una red de ciudades intermedias y territorios rurales capaces de acoger actividad económica, instituciones, centros de conocimiento, empleo público y servicios especializados.

Ahora bien, esta transformación plantea una cuestión que rara vez se aborda abiertamente. Descentralizar no significa únicamente destinar más recursos a los territorios periféricos. Implica también que las grandes capitales dejen de concentrar determinadas instituciones, inversiones y funciones que actualmente acumulan.

Y ahí reside buena parte de la dificultad. No se puede corregir un desequilibrio territorial sin modificar, al menos parcialmente, la distribución de los recursos y del poder que lo ha generado. Una descentralización efectiva supone decidir qué instituciones pueden situarse fuera de las capitales, dónde deben localizarse las nuevas inversiones y cómo distribuir la capacidad de decisión entre territorios.

Los principales obstáculos son económicos y administrativos y, sobre todo, políticos.

Las grandes ciudades no son solo concentraciones de población y actividad. Son centros de poder político, empresarial, administrativo y mediático, con una enorme capacidad para condicionar las prioridades de los gobiernos. Esa influencia contribuye a que sus necesidades se presenten con frecuencia como necesidades del conjunto del país, mientras que las demandas de otros territorios quedan relegadas al ámbito de las políticas de compensación o solidaridad territorial.

Cuando una gran capital reclama una infraestructura, un equipamiento o una nueva inversión, la demanda suele justificarse por su carácter estratégico y por el volumen de población beneficiada. Cuando la misma reclamación procede de una ciudad intermedia o de un territorio rural, acostumbra a valorarse en términos de cohesión territorial o lucha contra la despoblación. No es una diferencia menor: revela hasta qué punto la centralidad urbana condiciona también la definición del interés general.

Por ello, un gobierno que decidiera revertir el actual modelo territorial tendría que afrontar algo más que una reorganización administrativa. Debería estar dispuesto a cuestionar la capacidad de las grandes capitales para condicionar las políticas estatales y autonómicas. Y tendría que asumir el conflicto que supondría redistribuir instituciones, inversiones y poder de decisión hacia otros territorios.

Un pulso con las grandes capitales

Es difícil imaginar que las ciudades que han acumulado durante décadas las principales funciones económicas, políticas y administrativas aceptaran sin resistencia una reducción de su centralidad. Pero también resulta difícil imaginar un reequilibrio territorial significativo si esas estructuras de poder permanecen intactas.

El gran reto de una política territorial verdaderamente transformadora sería, precisamente, sostener ese pulso con las grandes capitales. No contra sus habitantes, que también sufren los problemas derivados de la concentración, sino frente a los intereses y estructuras de poder que contribuyen a perpetuarla.

Las acampadas por el derecho a la vivienda recuerdan la urgencia de garantizar un derecho fundamental. Esa reivindicación exige respuestas inmediatas, especialmente en los territorios donde la presión residencial resulta insoportable. Pero también debería abrir un debate más amplio sobre las razones por las que tantas personas necesitan concentrar sus proyectos de vida en un número tan reducido de ciudades.

La crisis de la vivienda también exige revisar el modelo territorial que concentra la demanda y limita las alternativas

Construir más vivienda pública, regular los alquileres y combatir la especulación es imprescindible. Sin embargo, mientras las oportunidades, los servicios, las instituciones y el poder sigan concentrándose territorialmente, una parte de las tensiones residenciales continuará reproduciéndose.

La crisis de la vivienda no se resolverá únicamente con políticas de vivienda. También exige revisar el modelo territorial que concentra la demanda y limita las alternativas. Y esa transformación tiene una condición política difícil de eludir: disputar a las grandes capitales su hegemonía sobre el modelo de país.