La vivienda no estuvo ausente de la construcción del Estado del bienestar, pero su incorporación fue desigual en Europa desde el principio y, en la mayoría de los países, quedó al margen de sus principales garantías. Mientras se aseguró colectivamente una parte importante de la educación, la sanidad, las pensiones, las infraestructuras y la protección social, el acceso a la vivienda siguió dependiendo del mercado, del crédito o del patrimonio familiar. 

La vivienda se concibió como un bien que forma parte del patrimonio y una forma de ahorro. La intervención pública se circunscribía a facilitar la compra, promover la protegida o atender situaciones de necesidad, sin crear una garantía universal. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de siglo, los países europeos se fueron incorporando a estos escenarios de abundancia. El aumento de los salarios y el acceso al crédito permitieron convertir la casa en el principal componente del patrimonio familiar.

Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo de los europeos desde 2005 ha coincidido con el inicio de la escalada del precio de compra de la vivienda, que a mediados de 2026 se había duplicado, según Eurostat.

Lo que había sido una vía de ahorro y seguridad patrimonial se ha convertido para muchas familias en una carga difícil de soportar; una pesadilla de la que muchos salieron trasquilados y la mayoría de los jóvenes expulsados. Tener empleo y acceso a los demás servicios del bienestar dejó de asegurar una vivienda asequible.

Evolución de los modelos

El informe Beveridge de 1942, referencia del Estado del bienestar británico de posguerra, identifica cinco grandes problemas: necesidad, enfermedad, ignorancia, desempleo e insalubridad. Sería incorrecto afirmar que sus promotores ignoraron la vivienda. La cuestión es por qué aquella preocupación inicial no se convirtió en ese y en la mayoría de los países en una protección residencial suficiente y duradera. El Estado intervino en la construcción, la financiación y la regulación, pero no aseguró siempre una oferta asequible.

Algunos países desarrollaron la propiedad municipal, las entidades sociales, los alquileres ligados a costes o la compra bajo condiciones públicas. En los Países Bajos, por ejemplo, las woningcorporaties son asociaciones y fundaciones que poseen y gestionan viviendas, principalmente para personas con ingresos bajos. El Estado establece las reglas y supervisa su actuación; municipios y organizaciones de inquilinos participan en acuerdos sobre sus objetivos. La gestión puede realizarse fuera de la administración sin perder la supervisión pública ni su finalidad social.

En Viena, el Ayuntamiento conserva un gran parque municipal y apoya la promoción de vivienda subvencionada. La continuidad de este patrimonio ofrece una alternativa al alquiler privado y mantiene la intervención pública a lo largo de generaciones. En contraposición, el Right to Buy británico, impulsado por la Housing Act de 1980, permitió a numerosos inquilinos comprar sus viviendas municipales con descuentos, sin establecer inicialmente la obligación de reemplazarlas. La venta sin reposición redujo el parque disponible: el beneficio inmediato de unos hogares debilitó la capacidad de atender a los siguientes.

Irlanda vincula el alquiler al coste de la vivienda. El sistema Cost Rental, introducido en 2021, fija rentas para cubrir promoción, financiación, gestión y mantenimiento. Participan entidades de vivienda autorizadas, administraciones locales y la agencia pública de suelo. Los alquileres deben situarse al menos un 25 % por debajo de los de viviendas privadas comparables de la zona. Ofrece una alternativa a quienes no cumplen los requisitos de la vivienda social, pero tampoco pueden afrontar el mercado.

La voracidad

Excepto estos casos, en buena parte de Europa predomina un modelo mixto: las familias compran o alquilan en el mercado privado, mientras el Estado regula, facilita financiación mediante hipotecas, concede ayudas y ofrece vivienda social con una cobertura variable. Las diferencias entre los países son pequeñas. Se relacionan con la condición del propietario o el inquilino, el tipo de gestión, el destinatario de la subvención o servicio y la duración de la función social.

España participa de este modelo mixto que ha conducido a la burbuja de precios que lleva años hinchándose. En esta escalada confluyen varios factores. El primero es la fragmentación de las responsabilidades. Los gobiernos nacionales fijan buena parte de la fiscalidad, la financiación y las reglas del alquiler; las administraciones regionales y locales intervienen en el suelo, la planificación y la promoción. En Alemania, Francia o España, las distintas competencias necesitan coordinarse para que los objetivos de vivienda asequible se traduzcan en terrenos, presupuestos y proyectos. La descentralización permite responder a necesidades locales, pero sin una dirección compartida también dispersa responsabilidades y retrasa soluciones. Las derechas tiran hacia un lado, mientras las izquierdas conciben la accesibilidad residencial como un rol social.

El segundo es confundir las ayudas al acceso con una política suficiente de oferta. Facilitar crédito, subvencionar la compra o ayudar a pagar el alquiler puede aliviar la situación de un hogar. Sin embargo, cuando escasean las viviendas disponibles, parte de esas ayudas puede trasladarse a precios más altos. El dinero público mejora entonces los ingresos del vendedor o del arrendador sin resolver la escasez que justificó la intervención.

Y el tercer factor es la perennidad de las fórmulas de vivienda asequible. Inglaterra redujo su parque municipal mediante ventas sin reposición suficiente; en Alemania, parte de las viviendas subvencionadas pasa al mercado libre cuando vence su protección. En ambos casos, hay que construir nuevas viviendas sociales. 

Preservar esa oferta exige inversiones más allá de cada legislatura: promoción, rehabilitación y mantenimiento necesitan financiación estable y gestores especializados. Los Países Bajos, Austria, Francia y Dinamarca muestran que entidades sociales, cooperativas y organizaciones de lucro limitado pueden compartir esta tarea con las administraciones, siempre con reglas claras, supervisión y compromisos que garanticen la función social de las viviendas para las siguientes generaciones.

La voracidad del capital encuentra en estas rendijas el espacio adecuado para las grandes rentabilidades. Amplía la oferta, pero exige precisar qué recibe la sociedad a cambio: precios asequibles, calidad, estabilidad del alquiler y duración de la protección. 

Completar este pilar del Estado del bienestar, que hunde a las clases medias, exige reformar urgentemente la deriva de la construcción. El objetivo consiste en que los Estados recuperen la iniciativa de universalizar y perennizar para las generaciones futuras una vivienda digna y asequible. Esto es lo que reza la mayoría de las constituciones de los países europeos. Claro que deben intervenir las empresas en las distintas fases de producción y delivery, pero dentro de un marco estricto de servicio público. ¿Se imaginan ustedes la sanidad, educación o pensiones exclusivamente en manos privadas desde el principio? No habría existido nunca el Estado del bienestar.