La transición ecológica requiere reducir emisiones de gases de efecto invernadero y cada sector productivo tiene sus retos. La transición energética en Europa necesita avanzar en reducción y eficiencia energética, y aumentar energía renovable y soberanía energética nacional, regional y local. La economía circular se construye sobre la jerarquía de residuos, empezando por su reducción y prevención, el retratamiento y reciclaje, etc., desde unas infraestructuras y servicios públicos. El sector ganadero tiene desafíos, especialmente el bovino (carne y lácteo) y porcino. Según datos del Ministerio de Agricultura, el consumo de leche ha descendido de 40 litros por habitante al año a comienzos de siglo XXI a menos de 30 litros en la actualidad, y el de quesos y yogures se ha mantenido.

En Europa el biogás/biometano ha emergido como una solución coyuntural, y España como un país adecuado para su desarrollo. Sin embargo, los proyectos de plantas biogás/biometano han tendido a priorizar la lógica del beneficio empresarial y no la transición energética. En mayo del 2026, el Ministerio de Transición Ecológica publicó un borrador de Real Decreto de promoción del biometano, estableciendo cuotas mínimas de penetración y uso, y sus respectivos controles. Las empresas del sector usan atractivos eslóganes como “biogás, apuesta de futuro” o “sin biogás no hay transición energética”, presentándose como motores de sostenibilidad, circularidad y descarbonización, pero escondiendo sus cortoplacistas estrategias de negocio, y todos los complejos riesgos del biometano que el Estado es incapaz de regular y limitar para una transición real y justa.

Sobre las plantas de biogás/biometano, las ciencias técnico-naturales avisan de dos cuestiones: la escala de las plantas, ya que tienden a aumentar su capacidad para rentabilizar los beneficios; y el digerido o digestato generado para usar como fertilizante o nitrato, que tiene complejos riesgos en su composición y en su aplicación en los suelos. Para las ciencias sociopolíticas, estos proyectos necesitan dos condiciones: un proceso de información, participación y aceptación de la ciudadanía; y que la infraestructura tenga una clara utilidad pública y bienes comunes (energía local, etc.).

El valle de Carranza (oeste de Bizkaia, límite con Cantabria y Burgos) según el último censo de 2025 tiene 14.000 vacas, 5.500 ovejas, etc. Unas 4.200 vacas de leche producen casi la mitad de la leche de la provincia. En las últimas décadas, una parte de la ganadería intensiva láctea ha generado un creciente problema de gestión de purines. En sus 138 Km² (el municipio más grande de Bizkaia), el valle tiene riqueza en bosques, zonas montañosas, fauna diversa (también el problemático lobo), historia (dólmenes funerarios), etc., un legado a preservar.

La historia de la planta de purines empieza a principios del siglo XXI, cuando la ya inexistente cooperativa de ganaderos unidos del valle, el ayuntamiento (mayoría absoluta del PNV) y una entidad bancaria, crearon una empresa (Karrantzako Minda), para construir una planta de gestión de purines para la ganadería láctea del valle. Sin embargo, los fondos públicos (más de 10 millones de euros) fueron objeto de malversación e incluso apropiación personal. En el 2010 el proyecto quedó paralizado por falta de control en las inversiones y el destino de las subvenciones públicas. Aquel proyecto dejó una infraestructura inconclusa. En el 2023, la empresa Karrantza Green Gas presentó un proyecto de tratamiento de purines con la intención de convertirlo a gas. Posteriormente, esta sociedad fue adquirida por Verdalia. En mayo de 2025 el Gobierno vasco publica en el BOPV la Autorización Ambiental Integrada (AAI), autorizando la gestión de 130.000 toneladas/año (¿con el tiempo potencialmente ampliable hasta 200.000?), para un periodo de 20 años. La AAI, ya con dos modificaciones (de momento, no publicadas) es formalmente correcta y se presenta como garantista, pero hay un problema de inicio: no hay un diagnóstico técnico sobre los residuos del valle que motive la necesidad de este tipo de planta.

Las estimaciones de producción de Verdalia han ido cambiando: 2.069 t/año de biogás natural licuado (58% de metano para conectar a la red en Zalla, a 25 km de Carranza); digestato sólido para fertilizante seco (de 28.300 a 73.000 t/año) y de problemático digestato líquido (de 90.600 a 43.000 t/año). ¿Cuántos purines del valle necesitan la planta? De las 4.200 vacas lecheras del valle no todas son de ganadería intensiva; por lo tanto, no todos los ganaderos necesitan esta planta o servicio. Si una vaca lechera en modelo de estabulación intensiva produce unos 20/24.000 litros/kg de purines al año, el total anual estimado queda lejos de las 130.000 toneladas permitidas. Como el valle se queda pequeño, la empresa ha empezado a ampliar su zona de operaciones a territorios limítrofes y sus fuentes de residuos, de momento, paja, gallinaza, y restos lácteos, pero, ¿a futuro?

En el 2025, el Ayuntamiento no informa a la ciudadanía local sobre la AAI, ni del comienzo del expediente de licencia de obras. Considera que: no es su competencia, no está obligado por la ley, la gente ya conoce el proyecto al ser similar al anterior, etc. Esto no es una aplicación de las leyes con ética democrática, ni una buena práctica procedimental de información, como recomiendan el Ministerio de Transición Ecológica y la asociación de empresas de biogás de España.

En el verano de 2026, al de unas semanas de comenzar las obras de la planta, afloran preguntas, dudas y críticas. Su diseño y escala exceden las necesidades locales. El futuro de la planta y de sus riesgos es incierto, y no hay garantías ni compromisos claros, especialmente por parte de la empresa. Las regulaciones regionales, nacionales y europeas no garantizan claramente la sostenibilidad ecológica futura de este tipo de plantas.

En septiembre, el PNV local se posiciona en contra del proyecto de Verdalia: quieren un modelo de planta con menos problemas y riesgos (tráfico de camiones, ruidos, olores, etc.) y más beneficios locales. La plataforma Karrantza Bizirik Stop Biogás ha recogido ya más de 200 firmas de residentes que piden una moratoria cautelar del proyecto; es casi el 10% del censo local (2.650 personas), un porcentaje que en democracias establecidas da derecho a nivel local a una consulta popular y un pleno monográfico con participación ciudadana.

En suma, apoyando el proyecto de Verdalia, quedan Karrantza Zabala (partido local con mayoría absoluta en el Ayuntamiento) y el Gobierno vasco. Los tres deberían aplicar criterios éticos a las normas administrativas y empresariales, pausar las obras, abrir el diálogo para reconducir el proyecto. Sin ética, las leyes no se acercan a la justicia.

Necesitamos una visión común ilusionante en beneficio de todos. Hacemos tres propuestas. Primero, una parada de las obras y un proceso de diálogo, liderado por el Ayuntamiento, entre el sector ganadero y la ciudadanía local, para acordar el papel de la planta en la transición sostenible del valle. Segundo, un plan de transformación de la ganadería láctea que busque la reducción y una mejor gestión de los residuos, con mejoras en la alimentación, combinar prácticas intensivas y extensivas, etc., y la reconstitución de una cooperativa ganadera que también gestione purines, con técnicas aplicadas en establo, barrios o planta, compartir terrenos abonables, etc., todo ello recuperando el espíritu cooperativista de los años 1960-1980. Tercero, una renovada cultura democrática local. Las matemáticas de la democracia convencional y las mayorías absolutas unilaterales no son adecuadas, y menos aún para una comunidad local como Carranza, que debería autogobernarse desde una cultura de diálogo abierto y sincero, como camino al consenso amplio.