La última legislatura del Gobierno ahora cesante ha puesto de manifiesto que las fórmulas para el ejercicio de un poder judicial independiente tenían grietas.

Corrupción y judicialización política, y un funcionamiento anómalo en determinados tribunales de justicia que han lastrado la confianza de una buena parte de la ciudadanía por su incapacidad para resolver a la par controversias en los altos tribunales, recelos que hoy mismo se manifiestan entre el Tribunal Supremo y el Constitucional para la aplicación pacífica de sus resoluciones y doctrinas.

Aún más desalentadora para el acceso a la justicia del común de los justiciables supone una burocrática lentitud que ya es, de hecho, injusta. Demasiados desencuentros. Casos que se eternizan y comportamientos impropios ante asuntos que, sin embargo, ocupan la actualidad mediática sin final previsible o cierto y, lo que es peor, no ofrecen garantías adecuadas que aseguren las separaciones de los distintos poderes, pues resulta un modo de estrategia de la tensión con claro perjuicio para la democracia.

Demasiados derechos se hacen viejos en nuestra Constitución sin que puedan ser ocupados, auditados, y acrediten caminar en el sentido exigido por ella. Vivienda, salud, educación y empleo, en particular el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, esperan a ser respetados derechos. Y para eso es preciso un poder judicial independiente. Y sobre todo, imparcial y respetuoso con la Constitución y los derechos fundamentales que la sustentan.

En el II Congreso de Gentes del derecho celebrado en Valencia en enero de 1990 bajo el enunciado de Soluciones a la justicia, Tomás Iglesias, entonces presidente de la Asociación Derecho y Democracia fue responsable de la presentación de la ponencia La función social del jurista progresista. Colaboraron en ella otras compañeras de la abogacía y expertos.

La reflexión crítica de Iglesias sobre el papel social de las profesiones jurídicas, sobre su actitud y su práctica individual y colectiva como factores que sirvan a los intereses de los ciudadanos y del Estado social y democrático de derecho se concretaría posteriormente en el Manifiesto de los Juristas Progresistas, que firmó entonces la recién creada Federación de Juristas Progresistas.

Lo sintetizó en tres aspectos que serían el hilo conductor del pensamiento democrático en relación con las cuestiones de legalidad y la administración de justicia: el desarrollo progresista de la Constitución y el cumplimiento de la legalidad; la importancia de la función jurisdiccional y la independencia del poder judicial (el reparto de poderes); y el garantismo de los derechos de los individuos. Dijo Tomás Iglesias que la dignidad de la persona y sus derechos inviolables son, tal como establece la Constitución, el fundamento del orden político.

¿Por qué entonces, treinta años después, vuelven las asociaciones que compusieron aquella Federación de juristas progresista? Porque sigue siendo necesaria nuestra Constitución, su defensa y su progreso. Democracia y legalidad deben garantizar sus valores superiores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y porque sabemos que los derechos conquistados hay que ejercerlos.

El V Congreso de Gentes del Derecho se celebrará este viernes 23 de octubre de 2026 en Barcelona.