Una noche, Clara (nombre ficticio para proteger su identidad) salió a comprar la cena. En una calle sin alumbrado público de El Alto, un agresor la interceptó, la drogó y la agredió sexualmente. Tenía 16 años. Cuando supo que estaba embarazada como consecuencia de la agresión, tomó una decisión: quería acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE).

En Bolivia, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 eliminó la exigencia de una autorización judicial previa para interrumpir un embarazo en casos de violación. El procedimiento establece que basta con presentar una copia de la denuncia y el consentimiento informado. Clara sabía lo que quería. El sistema, sin embargo, la puso a prueba una y otra vez.

Clara vivía con sus hermanas, su principal red de cuidado, porque ni su madre ni su padre formaban parte de su vida cotidiana. También participaba en redes comunitarias de jóvenes. Sus hermanas, esas redes y algunas activistas la acompañaron cuando sintió miedo y buscó ayuda. De las instituciones esperaba información clara, confidencialidad y una respuesta oportuna. Encontró presiones y requisitos que la norma no contempla.

Obstáculos para la Interrupción legal del embarazo en Bolivia

En el servicio de salud le dijeron que debía presentar una denuncia para que el centro tuviera un «respaldo». Clara acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En lugar de facilitarle la atención, distintas instancias le hicieron repetir el relato y le pidieron una y otra vez detalles que no podía recordar porque había sido drogada. Incluso pretendieron que su familia buscara cámaras de seguridad, una tarea que correspondía a las autoridades. Así impidieron formalizar la denuncia.

También exigieron la presencia de sus padres, aunque la normativa no lo requiere, y pusieron en duda a las hermanas que sostenían su vida diaria. Le anunciaron visitas e investigaciones sociales que podían exponer su situación ante la comunidad.

Esto es revictimización: hacer que una persona que ha sufrido violencia vuelva a pasar por el dolor mediante preguntas repetidas, cuestionamientos o trámites innecesarios. En Clara provocó nuevas crisis de angustia. Además, cada demora prolongó un embarazo que ella había decidido interrumpir. El mensaje que recibió fue claro: su palabra y su decisión no eran suficientes.

También fue violencia institucional y de género. Quienes debían garantizar un derecho lo retrasaron y lo sometieron a sus propios criterios. Y, por tratarse de una adolescente, se sumó el adultocentrismo: la desconfianza hacia su capacidad para comprender, decidir y decir qué necesitaba.

Redes a apoyo acompañaron a Clara

Después de meses de trabas, Clara accedió a la interrupción legal del embarazo. El acompañamiento de sus hermanas, de las redes juveniles y de activistas fue fundamental. La escucharon sin juzgar, le explicaron sus opciones y estuvieron a su lado durante los trámites. También la ayudaron a sostener su decisión frente a instituciones que la cuestionaban. Lo hicieron sin hablar por ella ni sustituir su voluntad.

Las redes de apoyo son importantes porque rompen el aislamiento que producen la violencia y el estigma. Sin embargo, ningún derecho debería depender de tener contactos, de una insistencia extraordinaria o de un acompañamiento especializado. Los servicios de salud, la Policía y las instancias de protección deben escuchar sin juzgar, evitar que una persona repita una y otra vez lo vivido, resguardar su intimidad y reconocer las distintas formas de familia y apoyo.

Acompañar es ofrecer información y condiciones para tomar una decisión libre, no decidir por la adolescente. Una atención digna comienza cuando las instituciones creen en la palabra de las jóvenes, respetan sus decisiones y cumplen la ley sin añadir más dolor.

Quien lea esta historia desde España no necesita conocer cada detalle de la normativa boliviana para reconocer el problema. En muchos lugares, la distancia entre lo que dice una ley y lo que ocurre en la práctica sigue estando marcada por prejuicios sobre la sexualidad y por el control de los cuerpos de las mujeres. La historia de Clara deja una pregunta incómoda: ¿de qué sirve reconocer un derecho si, para ejercerlo, las jóvenes y las mujeres todavía deben luchar contra quienes deberían garantizarlo?