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    <title><![CDATA[elDiario.es - Luana Bruno]]></title>
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    <description><![CDATA[elDiario.es - Luana Bruno]]></description>
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    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[¿Por qué exigimos a las personas migrantes que demuestren su utilidad?]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/exigimos-personas-migrantes-demuestren-utilidad_129_13676922.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/152353c2-efe5-4309-b037-f7f0fe994ad8_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="¿Por qué exigimos a las personas migrantes que demuestren su utilidad?"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Podemos hablar de integración, pero si el reconocimiento depende de cuánto nos beneficia una persona, no estamos defendiendo su dignidad: estamos negociando su valor.</p></div><p class="article-text">
        &ldquo;Que vengan de fuera, pero solo si vienen a trabajar&rdquo;. La frase condensa una condici&oacute;n frecuente en el debate migratorio: aceptar a quienes llegan en la medida en que resulten &uacute;tiles. Las preocupaciones por el empleo, la vivienda o los servicios p&uacute;blicos merecen respuestas serias. Pero reconocer esos desaf&iacute;os no obliga a convertir la productividad en el criterio para decidir qui&eacute;n merece formar parte de una sociedad.
    </p><p class="article-text">
        La paradoja es que esa l&oacute;gica aparece incluso en algunos discursos favorables a la migraci&oacute;n. Se recuerda, con raz&oacute;n, que las personas migrantes trabajan, pagan impuestos, sostienen sectores esenciales y contribuyen a financiar las pensiones. El problema surge cuando esas aportaciones dejan de ser hechos relevantes y se convierten en la principal justificaci&oacute;n de su presencia. &iquest;Qu&eacute; sucede entonces con la infancia, las personas mayores, quienes no pueden trabajar o quienes necesitan protecci&oacute;n? &iquest;Tambi&eacute;n deben demostrar que ser&aacute;n rentables?
    </p><p class="article-text">
        Esta forma de valorar a las personas tiene un correlato en la investigaci&oacute;n sobre el Estado del bienestar: la &ldquo;percepci&oacute;n de merecimiento&raquo;&rdquo;(<em>deservingness</em>). Van Oorschot (2000) identific&oacute; cinco criterios que influyen en qui&eacute;n consideramos digno de recibir apoyo: responsabilidad atribuida sobre la propia situaci&oacute;n, actitud, reciprocidad, identificaci&oacute;n con el grupo y necesidad. De Coninck y Matthijs (2020) mostraron, en cuatro pa&iacute;ses europeos, que la actitud, la reciprocidad y la identidad tambi&eacute;n influyen en las preferencias de aceptaci&oacute;n de personas migrantes, con diferencias seg&uacute;n el contexto. No debatimos &uacute;nicamente c&oacute;mo distribuir recursos; tambi&eacute;n establecemos a qui&eacute;n reconocemos como parte de la comunidad.
    </p><p class="article-text">
        El trabajo se convierte as&iacute; en una prueba de pertenencia que ni siquiera garantiza superar esa distinci&oacute;n. En experimentos realizados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, Magni (2024) encontr&oacute; que una trayectoria laboral m&aacute;s prolongada reduc&iacute;a, aunque sin eliminarlas, las diferencias en el apoyo al acceso a prestaciones sociales entre las personas nacidas en el pa&iacute;s y las personas migrantes. La contribuci&oacute;n econ&oacute;mica mejora la valoraci&oacute;n, pero no borra por completo la frontera entre quienes son considerados miembros leg&iacute;timos de la sociedad y quienes todav&iacute;a deben demostrarlo.
    </p><p class="article-text">
        Esa exigencia no se limita a las opiniones individuales. Hoggan-Kloubert y Hoggan (2022), al estudiar experiencias de profesionales que trabajaban con personas migrantes en Alemania, se&ntilde;alaron la tensi&oacute;n entre orientar la formaci&oacute;n hacia las necesidades inmediatas del mercado laboral y acompa&ntilde;ar los proyectos vitales de cada persona. Aprender la lengua y conseguir empleo importan, pero tambi&eacute;n poder decidir qu&eacute; estudiar, d&oacute;nde trabajar y c&oacute;mo construir el propio futuro. Cuando la integraci&oacute;n equivale a cubrir vacantes, las aspiraciones personales quedan subordinadas a las necesidades productivas del pa&iacute;s de destino.
    </p><p class="article-text">
        Sin embargo, ni todas las personas migran para trabajar ni todas pueden elegir libremente cu&aacute;ndo hacerlo. La movilidad responde a v&iacute;nculos familiares, estudios, proyectos personales y necesidades de protecci&oacute;n. Seg&uacute;n la Organizaci&oacute;n para la Cooperaci&oacute;n y el Desarrollo Econ&oacute;micos (OCDE, 2026), Espa&ntilde;a registr&oacute; en 2025 unas 460.000 nuevas personas migrantes de larga duraci&oacute;n o permanentes, en una categor&iacute;a que incluye ciertos cambios de situaci&oacute;n administrativa y movimientos de libre circulaci&oacute;n. El 44% correspond&iacute;a a migraci&oacute;n familiar; el 24%, a libre movilidad; el 8%, a migraci&oacute;n laboral, y el 5%, a migraci&oacute;n humanitaria. Las trayectorias reales son mucho m&aacute;s diversas que la b&uacute;squeda de un contrato.
    </p><p class="article-text">
        En otras circunstancias, desplazarse responde a amenazas directas a la seguridad o a las condiciones de vida. ACNUR (2026) estim&oacute; que, a finales de 2025, hab&iacute;a 117,8 millones de personas desplazadas forzosamente por conflictos, persecuciones, violencia y vulneraciones de derechos, entre otras causas; muchas permanec&iacute;an dentro de sus propios pa&iacute;ses. A ello se suma la presi&oacute;n ambiental. El Banco Mundial (2021) proyect&oacute; que, seg&uacute;n los escenarios clim&aacute;ticos y de desarrollo, hasta 216 millones de personas podr&iacute;an desplazarse internamente en seis regiones de aqu&iacute; a 2050. La libertad de permanecer en los lugares de origen tambi&eacute;n depende de que existan condiciones ambientales, sociales y econ&oacute;micas que permitan seguir viviendo en ellos.
    </p><p class="article-text">
        Por eso, cuando se afirma que lo deseable ser&iacute;a que las personas pudieran vivir dignamente donde nacieron, conviene preguntarse de qu&eacute; dependen esas condiciones. Los gobiernos tienen responsabilidades decisivas, pero las oportunidades de desarrollo tampoco pueden explicarse al margen de relaciones hist&oacute;ricas y econ&oacute;micas internacionales. Kosack y Sargent (2025) encontraron que una mayor duraci&oacute;n de los v&iacute;nculos coloniales se asociaba con una mayor probabilidad de migrar desde pa&iacute;ses africanos hacia antiguas potencias colonizadoras. Adamson y Thiollet (2025) analizaron, por su parte, c&oacute;mo distintos reg&iacute;menes coloniales combinaron extracci&oacute;n econ&oacute;mica y regulaci&oacute;n jerarquizada de la movilidad. No se trata de atribuir cada migraci&oacute;n actual al colonialismo, sino de reconocer que las decisiones individuales se producen dentro de relaciones hist&oacute;ricas cuyos efectos no desaparecen de un d&iacute;a para otro.
    </p><p class="article-text">
        Y esas desigualdades no pertenecen &uacute;nicamente al pasado. Hickel <em>et al</em>. (2022) estimaron que, en 2015, el Norte global recibi&oacute; del Sur una transferencia neta equivalente a 12.000 millones de toneladas de materias primas y 188 millones de a&ntilde;os-persona de trabajo incorporados al comercio internacional. A ello se a&ntilde;ade el reparto desigual de los costes ambientales: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2024) document&oacute; que los pa&iacute;ses de ingresos altos utilizan aproximadamente seis veces m&aacute;s materiales por habitante y generan diez veces m&aacute;s impactos clim&aacute;ticos que los de ingresos bajos. Hablar de oportunidades en los lugares de origen exige, por tanto, examinar tambi&eacute;n qui&eacute;n se beneficia de los recursos y qui&eacute;n soporta las consecuencias de su extracci&oacute;n y consumo.
    </p><p class="article-text">
        Las decisiones internacionales influyen asimismo en las condiciones de seguridad. Seg&uacute;n el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos concentr&oacute; el 42% del volumen mundial de exportaciones de armamento pesado en 2021-2025. Espa&ntilde;a figur&oacute; entre los diez principales exportadores, con un 2,3% del total, y el 43% de sus transferencias registradas tuvo como destino Oriente Medio (George <em>et al.</em>, 2026). Estas cifras no permiten atribuir autom&aacute;ticamente un desplazamiento a una exportaci&oacute;n concreta: las operaciones y los conflictos son diferentes. S&iacute; obligan, en cambio, a incluir las decisiones geopol&iacute;ticas en una discusi&oacute;n que a menudo se concentra exclusivamente en lo que ocurre despu&eacute;s de que las personas migran.
    </p><p class="article-text">
        Reconocer esa interdependencia no exime a los gobiernos de origen de sus responsabilidades ni elimina los desaf&iacute;os de los pa&iacute;ses receptores. La vivienda, la sanidad, la educaci&oacute;n y los servicios p&uacute;blicos requieren recursos y planificaci&oacute;n. Ahora bien, tampoco es riguroso presentar a la poblaci&oacute;n migrante como una carga fiscal uniforme. En 25 pa&iacute;ses, la OCDE (2021) encontr&oacute; que sus impuestos y cotizaciones superaban el gasto p&uacute;blico individualizado destinado a protecci&oacute;n social, sanidad y educaci&oacute;n. Al incluir todas las partidas presupuestarias, el balance variaba entre pa&iacute;ses y se situaba mayoritariamente entre el -1% y el +1% del PIB. La edad, el empleo y los sistemas fiscales ayudan a explicar esas diferencias. Con todo, reconocer las aportaciones econ&oacute;micas no deber&iacute;a devolvernos al punto de partida: los derechos no pueden depender de un balance individual de rentabilidad.
    </p><p class="article-text">
        Para debatir con rigor tambi&eacute;n importa saber de qui&eacute;n hablamos. Seg&uacute;n los datos provisionales del Instituto Nacional de Estad&iacute;stica (INE, 2026), a 1 de octubre de 2026 viv&iacute;an en Espa&ntilde;a 10.433.091 personas nacidas en el extranjero y 7.518.237 personas con nacionalidad extranjera. Son categor&iacute;as distintas: haber nacido fuera no impide tener nacionalidad espa&ntilde;ola, y tener nacionalidad extranjera no equivale a estar en situaci&oacute;n administrativa irregular. Confundir origen, nacionalidad y situaci&oacute;n documental distorsiona tanto las estad&iacute;sticas como el debate sobre derechos.
    </p><p class="article-text">
        A esa precisi&oacute;n debe a&ntilde;adirse otra pregunta: &iquest;c&oacute;mo se distribuyen las responsabilidades de acogida? Durante a&ntilde;os, el Reglamento de Dubl&iacute;n III estableci&oacute; criterios para determinar qu&eacute; Estado europeo deb&iacute;a examinar una solicitud de protecci&oacute;n internacional, incluidos los v&iacute;nculos familiares, determinados permisos y, en algunos casos, la entrada irregular, con especial repercusi&oacute;n para pa&iacute;ses de frontera exterior (Parlamento Europeo y Consejo de la Uni&oacute;n Europea, 2013). El Reglamento (UE) 2024/1351, aplicable con car&aacute;cter general desde el 12 de junio de 2026, introdujo un sistema de solidaridad obligatoria pero flexible, mediante reubicaciones, contribuciones financieras y otras medidas de apoyo (Parlamento Europeo y Consejo de la Uni&oacute;n Europea, 2024). La respuesta no puede reducirse a lo que un Estado acepte asumir por s&iacute; solo.
    </p><p class="article-text">
        Compartir obligaciones entre pa&iacute;ses es necesario, pero queda otra cuesti&oacute;n: qu&eacute; ocurre con quienes ya viven aqu&iacute; sin un reconocimiento administrativo estable. En abril de 2024, el Congreso aprob&oacute; la toma en consideraci&oacute;n de una iniciativa legislativa popular para una regularizaci&oacute;n extraordinaria, por 310 votos frente a 33; aquello inici&oacute; su tramitaci&oacute;n, no supuso su aprobaci&oacute;n definitiva (Congreso de los Diputados, 2024). Posteriormente, el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, estableci&oacute; v&iacute;as extraordinarias de autorizaci&oacute;n de residencia para personas presentes en Espa&ntilde;a antes del 1 de enero de 2026 que cumplieran determinados requisitos, entre ellos v&iacute;nculos laborales o familiares y situaciones de vulnerabilidad (Gobierno de Espa&ntilde;a, 2026). La propia exposici&oacute;n de motivos del decreto combina la protecci&oacute;n de derechos con argumentos sobre cotizaciones, recaudaci&oacute;n tributaria y sostenibilidad econ&oacute;mica (Gobierno de Espa&ntilde;a, 2026). Incluso una medida que reconoce situaciones de arraigo se justifica, en parte, por la utilidad econ&oacute;mica de quienes pueden acogerse a ella.
    </p><p class="article-text">
        Pero disponer de documentaci&oacute;n no elimina por s&iacute; solo las barreras para participar plenamente en la sociedad. Bruno e Iborra Cu&eacute;llar (2026), en una investigaci&oacute;n cualitativa desarrollada en Espa&ntilde;a, identificaron obst&aacute;culos institucionales, ling&uuml;&iacute;sticos y simb&oacute;licos: contradicciones burocr&aacute;ticas, dificultades de acceso a servicios financieros, ausencia de interpretaci&oacute;n profesional en determinados contextos y experiencias de trato discriminatorio. El reconocimiento jur&iacute;dico puede coexistir con obst&aacute;culos cotidianos para ejercer los derechos que formalmente se reconocen.
    </p><p class="article-text">
        El &aacute;mbito educativo muestra otra dimensi&oacute;n de esas fronteras. Bruno e Iborra Cu&eacute;llar documentaron experiencias de rechazo, invisibilidad, condescendencia docente, apoyo institucional insuficiente y segregaci&oacute;n escolar. En otra investigaci&oacute;n, mediante indagaci&oacute;n po&eacute;tica, profundizaron en las experiencias emocionales de estudiantes migrantes, sus sentimientos de exclusi&oacute;n y sus formas de resistencia y b&uacute;squeda de reconocimiento (Bruno e Iborra Cu&eacute;llar). No basta, por tanto, con abrir las puertas de una instituci&oacute;n: tambi&eacute;n importa qu&eacute; relaciones se establecen dentro de ella y qu&eacute; oportunidades reales ofrece para participar.
    </p><p class="article-text">
        As&iacute; regresamos a la pregunta inicial desde otro lugar. Una persona puede trabajar, pagar impuestos, aprender la lengua y cumplir todos los requisitos legales y, aun as&iacute;, no ser tratada como integrante de pleno derecho de la sociedad. Como plantean Hoggan-Kloubert y Hoggan (2022), la integraci&oacute;n no deber&iacute;a entenderse como una adaptaci&oacute;n unilateral: tambi&eacute;n requiere aprendizaje y transformaci&oacute;n por parte de las sociedades receptoras. La pertenencia no depende &uacute;nicamente de lo que cada persona hace, sino del reconocimiento y de las condiciones que encuentra.
    </p><p class="article-text">
        Ah&iacute; reside la contradicci&oacute;n m&aacute;s profunda: mientras mercanc&iacute;as, capitales, materias primas y armas atraviesan fronteras, a muchas personas se les exige justificar por qu&eacute; desean cruzarlas y, despu&eacute;s, demostrar una y otra vez que merecen quedarse. Preguntamos cu&aacute;nto cuestan, cu&aacute;nto producen y qu&eacute; aportan, pero prestamos mucha menos atenci&oacute;n a las circunstancias que condicionan sus desplazamientos, a las responsabilidades internacionales y a las barreras que persisten incluso cuando cumplen todas las exigencias.
    </p><p class="article-text">
        &iquest;Cu&aacute;nto tiene que aportar una persona para que dejemos de cuestionar su derecho a estar aqu&iacute;? La pregunta no dice tanto de quienes migran como de las sociedades que condicionan su acogida a una demostraci&oacute;n constante de utilidad. Cuando trabajar, pagar impuestos o contribuir al crecimiento econ&oacute;mico se convierten en condiciones para ser aceptado, la pertenencia deja de entenderse como una construcci&oacute;n colectiva y pasa a ser una recompensa que debe ganarse. Podemos hablar de integraci&oacute;n, pero si el reconocimiento depende de cu&aacute;nto nos beneficia una persona, no estamos defendiendo su dignidad: estamos negociando su valor.
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Luana Bruno]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/exigimos-personas-migrantes-demuestren-utilidad_129_13676922.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 00:43:23 +0000]]></pubDate>
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