En estos tiempos oscuros, en los que, más que nunca (que es mucho decir), la justicia española está más preocupada por sostener determinados privilegios que por proteger a la ciudadanía, el nombre de Nuria Ruiz Tobarra resplandece como una rara luz de esperanza. La llamada “jueza de la dana” ha tenido el valor de enfrentarse a la impunidad de los despachos alfombrados, ha tenido la decencia de mirar de frente a la tragedia social que dejaron las inundaciones en Valencia y de señalar lo que otros callaron: que la negligencia y la prepotencia institucional también matan. El trabajo de Ruiz Tobarra es, sencillamente, ejemplar. Cuando en la judicatura es norma habitual mirar hacia otro lado, esta jueza ha investigado, ha documentado y, sobre todo, ha escuchado a las víctimas, que con tanta injusta frecuencia no tienen espacio ni en los titulares ni en los sumarios judiciales.

En su empeño, la jueza de la dana encarna la justicia que el pueblo ansía y que le pertenece: la que no teme al poder político, la que no se deja doblegar por las presiones de un Tribunal Superior que, como hemos visto con Mazón, ha preferido proteger a ese poder antes que a la verdad. Porque lo del TSJ eximiendo a Mazón de responsabilidad en los acontecimientos que se sucedieron el 29 de ocubre de 2024 y que acabaron con la vida de 228 personas, es más que una vergüenza: es una rendición moral. Es el escalofriante retrato de un sistema judicial que ha olvidado a quién debe servir. Mientras Mazón salía indemne, la jueza que se atrevió a tocar los intereses de los intocables ha sido señalada, presionada, caricaturizada desde los medios afines. Pero Ruiz Tobarra no se amilanó y siguió haciendo lo que las personas demócratas deberían hacer siempre: poner la justicia al servicio del pueblo, no del poder; la justicia al servicio de los débiles, de los vulnerables, no de los poderosos. Merece todo nuestro apoyo y reconocimiento porque su coraje no solo redignifica la toga sino la ética pública. Frente a los pasillos enmoquetados y los dictámenes complacientes, si no cómplices, su trabajo nos recuerda que la justicia no se imparte desde los estrados y las poltronas, sino desde la deontología y la virtud.

Más allá de dudas jurídicas, la resolución del TSJ sobre Mazón planteó, sobre todo, dudas morales, y envió a la ciudadanía el mensaje de que la responsabilidad política y administrativa desaparece cuando quien debe responder ostenta determinado poder. No puede ser más evidente el contraste con el trabajo de la jueza Ruiz Tobarra, que impulsó la investigación desde los márgenes de un sistema, no solo reticente a fiscalizar, sino infestado de sesgo político derechista y ultraderechista. Hoy, la jueza de la dana representa lo que un país con memoria y conciencia debe defender: una justicia que no teme mancharse las manos para limpiar la sangre del barro. Representa a esa minoría dentro de la judicatura que entiende la justicia como servicio público, no como mecanismo de protección de las élites, pues, por rigurosa y exhaustiva, su instrucción del caso dana fue muy incómoda para todas aquellas personas con responsabilidad política a quienes convenía pasar página.

Inasequible a las presiones encaminadas a la prevaricación, Ruiz Tobarra destapó una escandalosa cadena de omisiones, negligencias y descoordinaciones institucionales que, en última instancia, tuvieron el altísimo coste de muchas vidas humanas (y no humanas). Era cuestión de tiempo que su compromiso con la verdad chocara con los intereses del poder político y judicial. La decisión del TSJ no solo ha desautorizado su trabajo: ha enviado una señal disuasoria a cualquier magistrado que se atreva a investigar a los poderosos. Este tipo de decisiones no solo repugnan a la moral social sino que consolidan una peligrosa tendencia en la justicia española: el refuerzo de la impunidad política bajo la apariencia de legalidad técnica. Qué duro en una democracia que la ciudadanía perciba una cada vez mayor distancia entre el poder judicial y la realidad social que dice representar.

La decisión de la jueza Nuria Ruiz Tobarra de llamar a declarar a Carlos Mazón no es un exceso ni una provocación partidista, como algunos han querido presentar. Es la consecuencia lógica de una investigación que ha avanzado con independencia y con datos concretos sobre la gestión política del desastre. En términos estrictamente jurídicos, la citación de Mazón responde a un principio básico: si existen indicios razonables de responsabilidad, debe escucharse también a quien ostentaba el mando y tenía capacidad de decisión. En cualquier Estado que se pretenda de derecho, esa diligencia no ha de ser solo legítima, sino que habría de ser obligatoria. Lo verdaderamente inaceptable, en cambio, han sido ciertas reacciones políticas e institucionales, orquestando una campaña, más o menos soterrada, de descrédito y desautorización, destinada a intimidar a la magistrada y a condicionar el curso del sumario. Que una jueza sea señalada por el simple hecho de cumplir con su deber revela hasta qué punto la independencia judicial es hoy una quimera. Ruiz Tobarra se ha limitado a aplicar el derecho con la misma firmeza con que otros lo interpretan según quién esté sentado en el banquillo.

El caso Mazón trasciende a Mazón mismo. Es un ejemplo claro y bochornoso del deterioro institucional de un país en el que determinadas figuras políticas se pretenden impunes, hagan lo que hagan, sea cual sea su responsabilidad. Por eso, en este contexto, la figura de Ruiz Tobarra es esencial: no actúa desde los intereses políticos ni desde la inercia corporativista, sino desde una concepción ética de la función judicial: la de velar por los derechos de las personas afectadas por la dana y exigir cuentas a quienes gobernaban. Por eso, defender a Ruiz Tobarra hoy no es un gesto ideológico, sino cívico. Porque lo que está en juego no es solo una causa judicial, sino el sentido mismo de la justicia democrática.

No es que haya guerras y, en consecuencia, por desgracia, una industria armamentística. Es al revés: existe una poderosa industria armamentística global y, por tanto, hay guerras que la alimentan. El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, presentado como respuesta a un “peligro inminente”, forma parte de la lógica de guerra preventiva que siempre llega a tiempo para probar y vender nuevas armas. Las justificaciones cambian —ayer fueron las armas de destrucción masiva en Irak, hoy es el programa nuclear iraní o los misiles— pero el guion se repite: inflar la amenaza, desestimar los matices diplomáticos y legitimar el bombardeo. La clave no está sólo en la geopolítica, sino en la cuenta de resultados, que viene a ser lo mismo. Cada ataque sobre instalaciones iraníes dispara los beneficios de las empresas militares estadounidenses y de sus socios israelíes y europeos, para quienes las guerras en Oriente Próximo son también una línea de negocio garantizada.

Gaza ha sido el laboratorio de la barbarie donde se ha experimentado la impunidad. La furia militar israelí, ya en su tercer año, ha dejado decenas de miles de palestinos asesinados, muchos de ellos niños y ancianos, mientras crecen las acusaciones de genocidio ante la justicia internacional. Sin embargo, lejos de castigarse al agresor, su maquinaria bélica se convierte en un reclamo comercial: perversas armas battle-tested, probadas sobre una población cercada, ofrecidas como producto de alta eficacia a gobiernos que fingen escándalo ante las masacres que han contribuido a financiar.

Entre 2020 y 2024, Estados Unidos y Alemania fueron los principales proveedores de armamento a Israel, con Italia y Reino Unido como socios discretos pero constantes. La Unión Europea condenaba ante las cámaras -ya no, como, de manera escalofriante, ha escenificado Von der Leyen- mientras firmaba contratos millonarios en los despachos: sólo en 2024 los países de la UE importaron más de cien millones de dólares en armamento israelí, al tiempo que el Tribunal Internacional de Justicia admitía denuncias de genocidio por la devastación de Gaza. Lo que se ha presentado como “seguridad” europea es, en realidad, la compra sistemática de tecnología represiva, que se ha perfeccionado sobre cuerpos palestinos.

Trump encarna de modo absoluto la fusión obscena entre la bravata política y el negocio armamentístico, la amenaza como estrategia comercial. Sus anuncios de “golpear con dureza” a Irán si continúa desarrollando misiles o capacidades nucleares no sólo alimentan la escalada que él mismo ha iniciado sin consultar siquiera al Congreso de los Estados Unidos, sino que garantizan contratos, presupuestos extraordinarios y nuevas rondas de sanciones que reordenan el comercio mundial de energía y armas. En el contexto de la actual guerra contra Irán, Trump ha vuelto a utilizar el lenguaje de la humillación y el castigo ejemplar, advirtiendo de más acciones militares “inmediatas” y con el apoyo explícito o tácito de Israel. No duda, además, en presionar o amenazar a socios europeos que no se alineen del todo con su agenda bélica, como demuestra su reciente amago de embargo contra España por cuestionar el ataque ilegal contra Irán. Trump es el embajador de la extorsión, la diplomacia se sustituye por chantaje, y el chantaje y la extorsión abren nuevos nichos para la industria de “defensa”: más bases, más sistemas antimisiles, más “modernización” de arsenales.

La hipocresía armada de la Unión Europea se vende como proyecto de paz, pero ha decidido blindarse como fortaleza militar mientras externaliza la violencia a otros. Su histeria ante Rusia y su negativa a impulsar una paz real en Ucrania han servido de pretexto para multiplicar los presupuestos de defensa y consolidar una dependencia vergonzosa, casi infantil, de la protección militar estadounidense. En este marco, los gobiernos europeos apenas balbucean críticas a la guerra de Trump contra Irán o al genocidio israelí en Gaza, por miedo a perder el paraguas militar de Washington. Con la única excepción del Gobierno de Sánchez, que se ve obligado, no obstante, a poner fragatas en marcha.

La paradoja es grotesca: mientras se condenan públicamente las matanzas en Gaza, se estrechan acuerdos de cooperación con el complejo militar israelí y se compra su tecnología de vigilancia y represión. Alemania firma la mayor compra del sistema antimisiles Arrow 3, desarrollado junto a Estados Unidos, mientras otros países europeos refuerzan sus compras de drones, munición y sistemas de control fronterizo “probados en combate”. La UE se arrodilla ante Trump por miedo a perder la OTAN y se arrodilla ante Israel porque necesita armamento sofisticado con el que alimentar su propia militarización interior.

La normalización del comercio de armas es incompatible con cualquier proyecto democrático digno de ese nombre. Aceptar que nuestras ciudades, nuestros impuestos y nuestras instituciones se sostengan sobre contratos que dependen de guerras como las de Gaza o Irán es aceptar que la vida humana tiene un precio y que ese precio es negociable en Bruselas, Washington o Tel Aviv.

Washington ha aprobado decenas de miles de millones de dólares en armas, munición y equipo militar para Israel desde octubre de 2023, lo que se traduce en contratos enormes para fabricantes estadounidenses. Estos contratos incluyen bombas de gran potencia, misiles guiados, proyectiles de artillería y aviones de combate utilizados directamente en los bombardeos sobre Gaza. El dinero sale del presupuesto federal (es decir, de los impuestos) y termina en las cuentas de Lockheed Martin, RTX/Raytheon, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman, Caterpillar u Oshkosh.

En dos años, el genocidio en Gaza generó más de 32.000 millones de dólares en ventas de armas estadounidenses a Israel, y un paquete reciente contempló 7.400 millones de dólares en bombas, misiles Hellfire y sistemas asociados, autorizados por el Departamento de Estado para “devastar” Gaza. Lockheed Martin definió los ataques a Gaza como “oportunidad de crecimiento futuro”, y directivos de compañías como RTX o General Dynamics han asegurado en público a sus accionistas que los conflictos en Gaza y otros escenarios garantizarán contratos y beneficios futuros.

En términos políticos, el negocio funciona así: cuanto más larga y destructiva es la guerra en Gaza, cuanto más se extiende a otros territorios, más munición, bombas y sistemas de armas requiere Israel; cuanto mayor es la demanda, más contratos cierran las empresas armamentísticas estadounidenses y más suben sus ingresos, beneficios y cotizaciones bursátiles, todo ello lubricado por las ayudas públicas y por el lobby en Washington.

Frente a esa lógica, no basta con reclamar un alto el fuego puntual ni con exigir una falaz “proporcionalidad” en los ataques. Hay que cuestionar el corazón del sistema: los tratados de comercio de armas, los acuerdos de cooperación militar, las puertas giratorias entre gobiernos y empresas de defensa, la impunidad jurídica de quienes ordenan la destrucción y se lucran con ella. Hay que romper el vínculo entre armas y democracia. Si el negocio de la guerra sigue siendo rentable, habrá nuevos Irán, nuevas Gaza, nuevos pueblos y territorios convertidos en campo de pruebas militares.

Desarmar la industria armamentística —en Estados Unidos, en Israel y en la Unión Europea— no es una ingenua pretensión de pacifismo, sino una condición mínima para que la palabra democracia vuelva a significar algo que no huela a pólvora, polvo, cadáveres y desesperanza.

Pablo Hasél tiene 37 años y lleva cinco en prisión. No está encerrado en prisión por lo que hizo, sino por lo que dijo, lo que cantó, lo que tuiteó. Por lo que incomoda, lo que molesta, lo que enfada al sistema. Antes de la sentencia, la voz de Pablo Hasél era ya la medida exacta de la inconmensurable injusticia que sería su encarcelamiento y del miedo que el Estado tiene a la palabra que le señala. El rapero fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a dos años y un día de cárcel, y a una multa de casi 30.000 euros, por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona y a las instituciones del Estado. Ese fue el castigo. Los hechos, 64 tuits y una canción en YouTube en los que aludía a ETA y a los GRAPO. En las resoluciones judiciales se insiste en que sus mensajes suponían una “exaltación de la violencia” y un supuesto peligro para el orden constitucional. Como si unas rimas radicales fueran equiparables a una pistola cargada. En 2021 se ordenó su ingreso en prisión para cumplir condena firme. Tenía antecedentes previos porque los cuerpos de seguridad reprimían desde siempre su voz.

Amnistía Internacional ha recordado una y otra vez que su condena por esos mensajes fue injusta y desproporcionada y que entre febrero de 2021 y marzo de 2023 cumplió pena de cárcel por actos vinculados al ejercicio de su libertad de expresión. Sigue encarcelado por otras causas, similares aunque ajenas a esta. Es un preso político en la España de 2026. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la condena por injurias a la Corona, considerando “infundada” la defensa de Hasél y negando la desproporción de la sentencia, en una decisión que legitima la punición del insulto al monarca. Como si el rey fuera más vulnerable que cualquier otra persona, y no al contrario. En el trasfondo jurídico laten artículos como el 578 del Código Penal —el del “enaltecimiento”—, utilizados de manera arbitraria contra expresiones políticas y artísticas, y criticados por organizaciones de derechos humanos, que los consideran una mordaza disfrazada de protección frente al “discurso del odio”. La cárcel como mordaza política. Que un rapero sea privado de libertad por sus canciones y sus tuits en una democracia europea debería ser una anomalía intolerable, no un expediente rutinario de la Audiencia Nacional. La desproporción de las penas se vuelve obscena si además se tiene en cuenta que ETA dejó de matar hace años, mientras que se penaliza como “terrorismo” la provocación verbal dirigida contra el Estado y sus símbolos.

El castigo a Hasél envía un mensaje disciplinario: el poder decide cuál es el límite de lo decible. A quien rebasa ese límite, se le encierra; no por lo que hace, sino por lo que expresa. De manera que, en una democracia europea, en un Estado de derecho, la prisión no funciona como posible respuesta a un daño real, sino como escarmiento ejemplarizante, como aviso a la ciudadanía en general y a las comunidades artísticas y militantes que denuncian la impunidad policial, la corrupción monárquica o la violencia de Estado. A través del infame artículo 578 el Estado español está reprimiendo ciertas (que no otras) expresiones políticas o provocadoras en redes sociales y en el ámbito artístico, erosionando la libertad de expresión en España. Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que solo se castigue penalmente las expresiones que inciten, de forma directa y con probabilidad real, a cometer delitos identificables. Algo muy distinto de la retórica incendiaria de un rap combativo. Por muy ferozmente que se haga, convertir la crítica al rey, a la policía o al Gobierno en delito de injurias o de odio rebaja el listón democrático y sitúa al Estado en la cuerda floja del autoritarismo. Cuando un tribunal equipara la ofensa simbólica al terrorismo, está admitiendo que la monarquía y las instituciones se sostienen bajo una piel muy fina, que solo puede protegerse a golpe de Código Penal.

A Hasél empezaron a vigilarle cuando en la España estafada por el poder la indignación se volvió necesaria y fue aluvión en las calles. Desde aquel caldo de cultivo hasta el contexto protofascista actual, su encarcelamiento no supone solo una injusticia jurídica, sino un abuso político y moral. Nos dice que en el Estado español se puede ir a prisión por señalar a la Corona como corrupta, por maldecir a la policía, por recordar la masacre de El Tarajal o por invocar la memoria de luchas y violencias armadas, mientras queda impune la violencia estructural, que mata en las fronteras y en los CIE. Que se utilice el discurso del odio como coartada para perseguir el discurso del hartazgo, de la rabia y de la memoria histórica que el Estado preferiría ver silenciadas, mantiene viva la indignación. Que se pretenda domesticar el arte político para convertirlo en un producto inofensivo, descafeinado, mientras se santifica la susceptibilidad del rey y se blanquea la historia de la violencia institucional, mantiene viva la indignación. Cuando la cárcel se utiliza contra un rapero por sus palabras, lo que se está encerrando es un determinado tipo de discurso: antimonárquico, anticapitalista, antifascista, insumiso, indignado con tanta injusticia.

El caso de Hasél debería volver a sacar la indignación a la calle. La indignación de artistas, intelectuales y activistas, de mucha gente que debiéramos asumir que defender a Hasél es defender el derecho de cualquiera a cantar contra el poder, sin miedo a una celda. Porque Pablo Hasél no es solo Pablo Hasél. Pablo Hasél se ha convertido en un termómetro: cuanto más tiempo pase tras los muros, más claro quedará que lo que se pudre no es solo la libertad de expresión, sino la propia credibilidad democrática del Estado que le mantiene preso. Frente a tal podredumbre, la indignación es la más mínima manifestación de decencia política.

A veces, el lenguaje del hartazgo dice más que un mitin entero. Cuando Gabriel Rufián pide “inventar algo” frente al ascenso de la extrema derecha, no está siquiera proponiendo un nuevo programa político, sino verbalizando el cansancio acumulado por varias generaciones de personas progresistas que sienten que la izquierda se ha convertido en un rompecabezas sin imagen final. En ese “algo” se condensa el eco de una intuición: que, si nada cambia, nos vamos -como él mismo advierte- “al carajo”. Ya nos hemos ido, de hecho, y quizá la única opción a la que podamos aspirar es a encontrar el camino de regreso del maldito carajo.

La puesta en escena es conocida: una convocatoria ambigua, un discurso que apela a los pueblos antes que a las siglas, un reconocimiento de que el miedo al fascismo se extiende mientras la izquierda sigue obsesionada con sus lindes identitarias. Pero lo que realmente hace temblar no es la convocatoria de Rufián ni su juego con la retórica del desborde; lo que asusta es el reconocimiento implícito de que la izquierda confederada o de coalición, esa galaxia de proyectos que nació para romper el bipartidismo y democratizar la representación del Estado, se ha convertido en un mosaico que ya no encaja.

Sumar, Podemos, IU, los Comuns, EH Bildu, ERC, BNG, Más Madrid son nombres de un mismo espectro –repito: espectro– que hoy parecen más distantes entre sí que de sus adversarios. Cada uno defiende su narrativa: el “realismo” de Sumar, la “coherencia” de IU, la “obediencia” nacional de Bildu o el “protagonismo” republicano de Esquerra. Y mientras cada uno define los márgenes de su soberanía interna, la extrema derecha avanza con paso decidido, sin complejos, sin matices, sin apologías de la pluralidad. Avanza porque sabe lo que quiere: poder.

La pregunta de Rufián —¿de qué sirve tener cuatro diputados más si el ministro del Interior será Abascal?— no es retórica. Es esencial, existencial. Se refiere a un proyecto político que, en lugar de preguntarse cómo aunar fuerzas, se consolida en su fragmentación. La izquierda, confederada o de coalición, parece haber olvidado que el poder institucional no se defiende con falsa o paralizante pureza, sino con una estrategia cuyos pilares son las ideas, pero cuyos avances no se fortalecen de verdad con discursos en redes, sino con alianzas estables, incluso incómodas.

En el trasfondo de las declaraciones de Rufián -siempre certeras, necesarias, bienvenidas- queda algo mucho más profundo: la crisis de sentido. Desde el ciclo del 15M han pasado más de diez años, y aquella energía transformadora que prometía un país nuevo se ha convertido en una melancolía de siglas y escisiones. Sumar, que aspiraba a ser el punto de reencuentro, se transformó en una estructura difusa, tan coral que suena desafinada. La vieja izquierda, por su parte, se refugia en su memoria industrial, como si la nostalgia fuera un programa político. Y los partidos soberanistas, que habían brindado una mirada federal y plurinacional, se repliegan sobre sus propias causas, temerosos de diluir su identidad.

Gabriel Rufián -político que ha logrado un respeto casi unánime sin perder un ápide de fuerza, frescura y veracidad- ha entendido algo que muchos dirigentes aún no asumen: que la batalla cultural frente al autoritarismo no se gana solo con gestión, ni con pactos de despacho. Se gana en la calle, en la emoción, en la capacidad de construir relación, de ofrecer horizonte. Mientras las ultraderechas convierten la política en espectáculo, la izquierda responde con procedimentalismo, con debates interminables sobre competencias y estructuras internas. Pero las urnas no entienden de reglamentos.

La propuesta de Rufián de un frente plurinacional no es aún una hoja de ruta, pero ya es un reto. Una forma de gritar al ecosistema progresista que este barco hace aguas y que nadie parece dispuesto a achicar. Porque si algo une a todos los actores del espacio de la izquierda, conferederado o coaligado, es el miedo a perder su trocito de autoridad. Lo de siempre. Cada partido defiende su parcela como un territorio sagrado, sin comprender que esa actitud, más que garantizar su supervivencia, acelera su irrelevancia. Acabarán por saberlo.

La reacción inmediata a la estimulante (ya no nos atreveríamos a calificarla de ilusionante) provocación de Rufián ha sido fría, casi indiferente. ERC le ha recordado que su firma no es negociable. Bildu anuncia que no participará en ningún proyecto fuera de Euskal Herria. El BNG reafirma su autonomía gallega. Sumar insiste en su fórmula de coaliciones “serias y discretas”. Todos tienen razón en algo, pero todos se equivocan en lo esencial: que el fascismo no respeta fronteras ni estatutos, solo debilidades.

Mientras tanto, fuera del Congreso de los Diputados, la gente está agotada. Los sueldos son insuficientes, los alquileres se disparan, los servicios públicos se resienten. La precariedad ha dejado de ser una excepción para convertirse en el suelo vital de millones de personas. En ese caldo de frustración, la extrema derecha siembra su discurso de falso orden y de resentimiento, y al parecer lo hace con eficacia. Frente a eso, la izquierda ofrece principios y una moral inalienables, pero le falta un motor: el “algo” que pide Rufián.

El “algo” que pide Rufián no se mide en siglas, sino en coraje, y en la capacidad de abandonar el balcón de la pureza y volver a bajar al barro del debate político real, en volver a nombrar el país desde la calle, desde los cuerpos que la habitan, desde las heridas abiertas. Puede que su apuesta acabe solo en una intuición dispersa (una certeza, más bien, tratándose de un político tan lúcido como Rufián). Pero al menos señala el agujero.

“Más cabeza y menos pureza”, ha escrito. Tal vez habría que añadir: más piel y menos cálculo. Porque la izquierda, cuando olvida el temblor que la funda, se vuelve contable. Y los contables pueden gestionar presupuestos, pero no levantar la esperanza. Si el porvenir se decide entre el cinismo y la lucidez, la pregunta es quién será capaz de inventar ese “algo” antes de que el vacío lo ocupe todo. Gabriel Rufián siempre ha demostrado ser capaz, muy capaz. Siempre ha tenido ese “algo” que pone a unos y otras frente al espejo.

En un indignante bloqueo cuyos destinatarios principales son los de abajo, PP, Vox y Junts han decidido que la factura de su juego parlamentario la pagan los pobres, las pensionistas y las familias vulnerables. Han tumbado en el Congreso el decreto que incluía la revalorización de las pensiones y la prórroga del llamado “escudo social”, es decir, las medidas que protegían a las personas vulnerables frente a desahucios, cortes de suministros y pobreza energética. Qué mala gente.

El decreto rechazado contemplaba una subida del 2,7% para las pensiones en 2026, además de incrementos mayores para pensiones mínimas, no contributivas e Ingreso Mínimo Vital, lo que beneficiaría a más de 13 millones de personas. También prorrogaba los descuentos en la factura de la luz para hogares vulnerables y la prohibición de cortar suministros básicos a quienes no pueden pagarlos. PP, Vox y Junts, que juran defender a los pensionistas y a “la gente trabajadora”, han votado exactamente en contra de todo eso.

Esa gente del PP, Vox y Junts dice que está a favor de la revalorización de las pensiones, pero vota 'no' al único instrumento que la hacía efectiva ya. Esa gente dice que se preocupa por el coste de la vida, pero bloquea los descuentos de la luz y el escudo frente a los desahucios. Esa gente con la que ya no se trata de una discusión técnica sobre la forma jurídica de un decreto, sino que toma decisiones políticas muy claras sobre quién debe asumir los costes de la crisis, quién debe salir perdiendo siempre, quién es moneda de cambio en su guerra contra el Gobierno. Esa gente.

La excusa de las derechas es conocida: el Gobierno “mezcla cosas” en un mismo decreto, falta al respeto al Parlamento y somete a los grupos a un “chantaje”. Es la coartada perfecta para encubrir un cálculo sencillo: hay que provocar una derrota al Ejecutivo aunque el precio lo paguen pensionistas, inquilinas vulnerables y familias que dependen del bono social eléctrico.

Pero, ay, la hemeroteca: los mismos partidos que hoy claman contra los “decretos ómnibus” votaron en el pasado, cuando les convenía, paquetes de medidas variadas, incluidos textos con ayudas locales o pactos presupuestarios. El problema no es la técnica legislativa, sino el sujeto beneficiario: si son los fondos, los grandes propietarios o las élites económicas, no hay escrúpulos; si es la gente que vive al día, entonces, de pronto, se acuerdan del purismo parlamentario.

Lo de Junts y la obsesión antiokupa merece capítulo propio. Su portavoz ha justificado el 'no' en nombre de los “propietarios okupados” y de la imposibilidad de actuar si “te okupan el piso y no pagan”, pese a que la protección antidesahucios afecta principalmente a grandes tenedores, es decir, con más de diez viviendas, y prevé fondos de compensación. Es decir, utilizan casos límite y un discurso de alarma para tumbar medidas que blindan a miles de personas en situación de vulnerabilidad real.

Cuando un partido que se dice soberanista se alinea con PP y Vox para dejar sin escudo social a familias de su propio territorio, el mensaje es diáfano: la prioridad no es la soberanía social, sino la defensa de intereses patrimoniales y la erosión del Gobierno central. La “libertad” que defienden es la de poder desahuciar sin obstáculos y cortar la luz a quienes no llegan a fin de mes. La libertad ayusista.

PP y Vox repiten casi palabra por palabra la retórica de defensa de los pensionistas mientras bloquean su subida inmediata. Dicen que el Gobierno puede traer otro decreto “limpio” en un mes, como si millones de personas pudieran también bloquear su alquiler, su nevera y su factura eléctrica hasta que cuadre la aritmética parlamentaria. La realidad es que han convertido a los pensionistas y a los hogares vulnerables en rehenes de su miserable estrategia de desgaste.

Ese es el verdadero sentido de este voto conjunto: PP, Vox y Junts han formado un bloque político homogéneo para tumbar la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social. Luego cada cual construirá su relato —la defensa de la “seguridad jurídica”, la lucha contra la “okupación”, la pureza parlamentaria—, pero la realidad es la misma: menos protección para los débiles, más margen para los fuertes.

Lo que han puesto en juego con su vergonzoso voto no es solo un decreto, sino el sentido mismo de una democracia social. Si las mayorías parlamentarias pueden bloquear sin coste político un aumento de pensiones y unas medidas básicas de protección frente a la pobreza, es que los representantes del pueblo en el Congreso se han desvinculado sin sonrojo de la justicia social. El mensaje para quien cobra una pensión mínima, vive pendiente del bono eléctrico o teme un desahucio es devastador: tu vida diaria es moneda de cambio en el mercado del tacticismo parlamentario.

Por su parte, una izquierda mínimamente coherente no debe normalizar este tipo de decisiones ni envolverlas en el lenguaje neutro de la “gobernabilidad”. Llamar a las cosas por su nombre es un deber político: PP, Vox y Junts han votado para recortar derechos concretos a quienes menos tienen, mientras protegen, en su discurso y en su práctica, a los grandes propietarios y a los beneficiarios del modelo desigual que nos ha traído hasta esta situación de, cada vez más, mayoritaria vulnerabilidad social.

En un mundo ya violento y fracturado, la figura de Donald Trump se erige como el máximo catalizador de una mayor ruptura, de la agresión impune y del caos generalizado. No solo en Estados Unidos y en buena parte del mundo, también en Europa. Su retórica incendiaria y sus políticas ultraimperialistas y ultranacionalistas están generando un tsunami de incertidumbre que debiera preocupar a los Estados europeos y a toda la ciudadanía.

La retórica amenazante del ultranacionalista de Trump ha alimentado el resurgimiento del ultranacionalismo en Europa. Su lema “América Primero” resuena y se copia en las campañas de los partidos extremistas europeos, que utilizan el miedo, la xenofobia y el más puro racismo para avanzar en sus agendas de extrema derecha, cuando no desvergonzadamente neonazis. Es una tragedia política por el riesgo absoluto que conlleva para la cohesión social y para los frágiles valores democráticos que han pretendido definir a Europa durante unas pocas décadas.

Esa retórica amenazante del ultranacionalista Trump y de líderes como él (o, más bien, líderes esbirros que están dispuestos a hacer negocios con él, por sucios que esos negocios sean) alimenta la impresión de que ciertas alianzas tradicionales, como la de la OTAN, han de reforzarse, pues contagia inquietud sobre la seguridad en Europa y fortalece la consigna de que hay que reforzar dicha seguridad, con el consiguiente aumento del presupuesto y el gasto en presunta defensa, y la militarización de las, también presuntas, cada vez más precarias, democracias europeas. Es alarmante que hasta la OTAN haya sido objeto de burlas y amenazas por parte de Trump, que en su calculado delirio no ha dudado en sugerir la necesidad de que Estados Unidos defienda a sus aliados europeos, servicio de protección por el que los países europeos deben “pagar”. Nada se interpone entre Trump y el botín.

La respuesta a esas amenazas no puede ser la indiferencia, la cobardía o la sumisión. Las instituciones deberían fortalecer su capacidad para resistir la influencia destructiva de líderes neofascistas como Trump. Pero no podemos fiar el futuro solo a las instituciones. Es (somos) la ciudadanía europea la que debe unirse en un frente común y afirmar su compromiso con el estado de derecho y la cooperación internacional. La defensa de los derechos humanos y no humanos, de la justicia social y del medio ambiente debe ser nuestra prioridad urgente e incuestionable. Porque la postura ultranacionalista ignora, cuando no desprecia, problemas globales urgentes, como la emergencia climática, lo que tendrá repercusiones graves para el futuro inmediato del continente y del mundo.

El legado de Trump ya está siendo devastador en Estados Unidos o en Asia occidental, con las personas migrantes o el Estado palestino como cruel campo de operaciones. Y será devastador para el mundo entero. Europa no puede permitirse ser una espectadora pasiva en este drama político. Como ciudadanía debemos levantarnos, resistir y luchar por un futuro donde la justicia y la solidaridad sean los pilares, aunque endebles, de nuestra sociedad. Como siempre ha sucedido, la historia recordará si elegimos la inacción o la resistencia ante estas amenazas.

No hay mayor herejía en un mundo domesticado por el miedo que un torso desnudo gritando libertad. Femen lo sabe y lo encarna. Sus cuerpos no piden permiso: irrumpen, interpelan, desnudan la hipocresía de una sociedad que tolera el revisionismo franquista, que tolera el exhibicionismo fascista, que tolera que una de cada tres mujeres en la Unión Europea sufra violencia física o sexual a lo largo de su vida, pero se escandaliza ante un pecho descubierto que se enfrenta al monstruo y que clama justicia. Las mujeres de Femen que fueron a protestar contra la misa organizada por la familia de Franco son la blasfemia necesaria en una España y una Europa enfermas de ultraderecha y de decencia hipócrita, en este territorio degradado donde las instituciones reconocen una “epidemia silenciosa” y se felicitan por protocolos que no salvan vidas, mientras el viejo enemigo avanza de nuevo desvirtuando las mejores ideas, recortando los escasos recursos, amenazando con regresiones asesinas.

La desnudez de Femen es un arma política y poética, un poema, un pasquín, un manifiesto que se escribe en carne viva, como durante siglos se ha escrito en carne viva la imposición del silencio. Por eso no aceptan medias tintas las activistas de Femen: su protesta es descarnada, desarma la mentira patriarcal y convoca a una sororidad combativa que siga aspirando a derrotar la opresión. Porque lo que Femen desafía no es solo el patriarcado: es la alianza entre el capital, la religión y los autoritarismos, que colaboran en la fabricación de una moral de hierro que someta a las personas libres y a los colectivos vulnerables. Cuando una activista pinta una frase en su piel desnuda, está escribiendo la verdad que los violentos, los fascistas, muchos desde un despacho de poder, quisieran borrar con gas lacrimógeno y demandas judiciales.

En España, las acciones de Femen vienen desde hace años señalando directamente a Vox como “una amenaza para la democracia”. Lo hacen desnudando y encadenando sus cuerpos, mientras la policía abre diligencias por “ofensa” y “desórdenes”. Pero su performance no busca el shock, busca conciencia, ni pide comprensión, exige ruptura. Por eso las detienen, las fichan y las convierten en expediente, intentando domesticar lo indomesticable. Por eso las agreden sexualmente, como hicieron el otro día los franquistas, apretando sus pechos, manoseando su dignidad.

Pensábamos que el neofascismo ya no lleva uniforme marrón ni saluda con el brazo en alto, que se presenta con traje o camisa ajustada, con un discurso cínico, con el manto de una falsa libertad de opinión que legitima el odio. Pero el otro día volvimos a ver al monstruo fascista de siempre, al monstruo del bigote y el puro, al monstruo sin reciclar de un patriarcado que aún sueña con encerrar otra vez a las mujeres en la cocina, entre cunas o tumbas, y que hoy se sienta, cada vez con más escaños, en parlamentos nacionales y en la Eurocámara, aupado por sondeos que pronostican una fuerte subida de la ultraderecha.

Ante eso, Femen responde con el gesto más subversivo posible: ocupar el espacio público con el cuerpo, convertir la carne en proclama, la piel en ideología, justo cuando partidos reaccionarios incluyen en sus programas, incluso en Europa, la restricción o la abolición del derecho al aborto. Ante ello, en un continente donde se amenaza con devolver a las mujeres a la clandestinidad de sus decisiones más personales, Femen no es una opción provocadora sino una necesidad política.

Las mujeres que fueron el otro día a esa parroquia madrileña son el espejo que aterra al sistema porque le muestran su propia obscenidad: una Europa que presume de igualdad mientras admite que no hay espacios seguros para las mujeres, ni en casa, ni en el trabajo, ni en la calle. Una cuestión de poder. Y quienes tiemblan o vociferan ante ellas, quienes tocan sus cuerpos y magrean sus pechos, no temen la desnudez, temen lo que simboliza: la emancipación sin permiso, la desobediencia hecha cuerpo político que acusa con hechos lo que las estadísticas ya gritan: esos 366.000 millones de euros anuales que la violencia machista cuesta en la Unión Europea, de los que casi 300.000 corresponden directamente a la violencia ejercida contra las mujeres.

Debería escandalizarnos que haya que destinar ese dinero a defendernos de las violencias patriarcales, y más aún debe escandalizarnos que los fascistas, de nuevo o viejo cuño, quieran borrar todo ello de nuestros mapas. Pues en cada pecho desnudo hay un “basta” cifrado en millones de vidas mutiladas, en carreras laborales frenadas por el acoso, en cuerpos convertidos en contabilidad del daño, mientras los gobiernos hablan de sensibilización y se olvidan de la protección real. En cada pecho desnudo, la consigna de la verdadera decencia: “Al fascismo, ni honor ni gloria”.

En este continente donde la extrema derecha avanza con rosarios y banderas, las mujeres de Femen siguen siendo la afrenta esencial. Mujeres necesarias. Mientras existan iglesias que amparan la culpa, parlamentos que negocian los derechos reproductivos y gobiernos que miran hacia otro lado ante el avance del enemigo y de los agresores de las mujeres y de los colectivos vulnerables, sus cuerpos insurgentes seguirán siendo un acto de resistencia vital. Son la poesía que desafía las normas, la prosa que denuncia y la estadística que se niega a ser solo número: en la misma Europa donde se consolida el liderazgo femenino en estudios, empresas y administraciones, el avance reaccionario amenaza con revertir conquistas históricas y convertir la igualdad en un espejismo sin presupuesto. Femen recuerda, con cada irrupción, que los derechos no se heredan: se defienden, se gritan y, cuando hace falta, se escriben a pecho descubierto sobre la propia piel.

El Ministerio de Vivienda, incapaz de abordar la crisis habitacional que ahoga a cientos de miles de personas, ha decidido premiar justo a quienes más han contribuido a disparar los precios y erosionar el derecho a la vivienda. Los fondos buitre, que aterrizaron en España con el PP, atraídos por la venta de vivienda pública a precio de saldo, reciben ahora exenciones fiscales mientras continúan acumulando beneficios a costa de la precariedad ajena. El Gobierno socialista, con esta reforma, no solo legitima la especulación, sino que la recompensa con dinero público, mientras recorta en políticas sociales y mantiene la presión fiscal sobre quienes menos tienen.

Las organizaciones sociales y los partidos de izquierda han sido tajantes: es una provocación que mientras alguien como Mari Carmen, desahuciada con 87 años, paga impuestos para sobrevivir, el Estado premie fiscalmente a quienes la quieren echar de su casa. Es una burla a la ciudadanía y una muestra flagrante del desinterés real del Gobierno por garantizar el derecho a una vivienda digna. En vez de fortalecer el parque público o proteger a los inquilinos, se prefiere mantener unas condiciones que benefician a los grandes fondos, perpetuando un ciclo de precariedad, miedo y abusos.

Existen numerosas propuestas alternativas para fomentar el alquiler asequible que no dependa de fondos buitre ni de grandes inversores especulativos, como potenciar entidades sociales proveedoras de vivienda, las llamadas “asociaciones de vivienda”, organizaciones sin ánimo de lucro que compran y gestionan viviendas con apoyo público, destinándolas al alquiler asequible y reinvirtiendo el 100 % de sus beneficios en ampliar el parque social. O incrementar el parque público de alquiler no solo a través de la construcción de nuevas viviendas, sino también adquiriendo o movilizando las ya existentes (por ejemplo, viviendas vacías o de bancos), priorizando su gestión pública o social.

Se pueden desarrollar bolsas de alquiler asequible gestionadas por administraciones que movilizan viviendas vacías, ofreciendo garantías de cobro e incentivos a los propietarios para que se sumen al programa. En Euskadi y Navarra este modelo ha dado buenos resultados, combinando ayudas a la rehabilitación y seguros de alquiler para los propietarios. O aplicar incentivos fiscales a los propietarios particulares que pongan sus viviendas en alquiler asequible, junto con penalizaciones económicas a quienes mantengan viviendas desocupadas de forma prolongada, como recargos en el IBI.

Y se deben limitar las rentas del alquiler mediante una regulación eficaz en zonas tensionadas y reservar viviendas sociales en nuevas promociones privadas. Se deben prohibir los desalojos sin alternativa habitacional mientras persista esta emergencia, garantizando a las personas y familias vulnerables un acceso efectivo a la vivienda antes de cualquier desalojo. Se debe regular el alquiler turístico para evitar el desvío de viviendas y recuperar así su uso social en los barrios afectados. Se deben promover colaboraciones entre administraciones públicas y cooperativas, utilizando suelo público para construir viviendas asequibles exclusivamente destinadas al alquiler, gestionadas por entidades especializadas en beneficio social y no económico. Se debe profesionalizar el sector del alquiler mediante estándares éticos y jurídicos claros, facilitando el acceso y la resolución ágil de conflictos entre arrendadores e inquilinos.

Expropiación, prohibición de la compra especulativa o apoyo al cooperativismo: todas esas medidas alternativas han sido postuladas por movimientos sociales y partidos como Podemos y Sumar, pero se descartan sistemáticamente porque desafían el verdadero poder en España. Lo que el PSOE presenta como una solución no es más que una rendición frente a los intereses de los fondos buitre y sus lobbies, una parálisis gubernamental vergonzosa.

Porque la nueva reforma es el último episodio de una larga serie de políticas que desertan de la defensa del bien común y convierten el derecho a la vivienda en un regalo para especuladores: una traición política en toda regla.

Ya sabíamos que el presunto acuerdo de paz firmado hace unas semanas entre Israel y Hamás, mediado por Donald Trump -que lo mismo compra la Franja de Gaza que unas elecciones en Argentina- era en realidad un vergonzoso espejismo que oculta la perpetuación de la violencia y la ocupación en Gaza y Cisjordania. El presunto alto al fuego sigue matando en Gaza, y la vida de los campesinos palestinos que recolectan aceitunas, y de toda la población en Cisjordania, se desangra bajo las botas de los colonos armados y del Ejército israelí.

El acuerdo no ha supuesto nada contra el genocidio lento que supone la limpieza étnica cotidiana: el saqueo de miles de olivos, la quema de campos, el desplazamiento forzado y las detenciones arbitrarias. Los colonos, protegidos por un Estado que se vende como democrático pero practica un apartheid descarado, ponen precio a cada rama cortada, a cada cuerpo herido, y se apropian de cualquier esperanza de paz real para la región, mientras la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado, aceptando lo que ya sabíamos que no era más que una tregua temporal. Cisjordania trata de resistir, sumida en el sufrimiento y la injusticia, pero el pueblo palestino sigue siendo condenado a la miseria y la opresión en nombre de un proceso de paz que solo legitima la expansión colonial y la violencia sistemática.

Desde octubre de 2023, la violencia en Cisjordania ha ido in crescendo y, hasta hoy, han sido documentados miles de ataques de colonos israelíes a palestinos, con agresiones físicas, destrucción de propiedades y un saqueo de olivares que arrecia justo en época de cosecha. La campaña de expolio de olivares, eje económico y cultural palestino, es un símbolo de esa violencia que la comunidad internacional prefiere ignorar o acepta pasiva y cobardemente. En Cisjordania han muerto miles de palestinos, ha habido miles de heridos y detenidos, incluyendo muchos niños, y los colonos atacan expresamente a los recolectores de aceitunas y a los activistas que intentan protegerlos, haciendo evidente que la población palestina sigue siendo víctima de una estrategia de acoso, desposesión y desplazamiento. Parte de esta violencia va acompañada de demoliciones masivas de viviendas, escuelas y pozos palestinos, ordenadas por el Ejército israelí. Son los colonos, con el aval implícito del Estado sionista y la inacción internacional, quienes mantienen una guerra silenciosa, sostenida, incesante contra palestinos indefensos. Este modus operandi vuelve absurdo el discurso oficial de paz y justicia, y pone en evidencia la complicidad global con la perpetuidad de la invasión y ocupación israelí, las continuas operaciones militares y expansiones de colonos y, por tanto, la negación al pueblo palestino de cualquier futuro digno y libre.

El acuerdo firmado a principios de octubre de 2025 supuso poco más que una sentencia de continuidad para la ocupación de Cisjordania. El conflicto entre colonos israelíes y aceituneros palestinos, lejos de menguar, ha escalado: bajo el paraguas del acuerdo se intensifica el expolio de tierras, el robo de olivares y la persecución sistemática de comunidades campesinas, que ven cómo su medio de vida y su identidad son arrancados de raíz. No hay ningún mecanismo real de supervisión o protección en Cisjordania. Según UNRWA y Amnistía Internacional, Israel ha incrementado los asentamientos ilegales, han aumentado los ataques de colonos contra palestinos, muchos de ellos dirigidos contra campesinos y familias que se niegan a abandonar sus olivares, los palestinos son asesinados por fuerzas israelíes o colonos, y según la ONU, más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus viviendas, lo que se considera el mayor desplazamiento forzoso de población desde 1967.

La cosecha de la aceituna no es una simple actividad agrícola: es el corazón cultural, ecológico y económico de cientos de comunidades palestinas. Y es ese corazón el que los colonos y las tropas israelíes han decidido atacar con especial saña: el robo y la tala masiva de olivos, la quema de campos, la destrucción de infraestructuras hídricas en lugares como Ramallah, Nablus, Salfit y Jericó, y las palizas a agricultores y niños forman parte del día a día. El propósito es doble: eliminar sus medios de subsistencia y sembrar el terror para acelerar el éxodo. El ejército israelí es cómplice logístico y la comunidad internacional, cómplice política.

No hay paz posible si se pacta la institucionalización del expolio y la humillación. Las imágenes de los aceituneros palestinos, asediados, golpeados y despojados de todo, deberían avergonzar a cualquier sociedad que se diga civilizada y el reciente acuerdo debiera denunciarse como una mascarada diplomática, una coartada perfecta para la limpieza étnica gradual, para la violencia metódica y administrada. El Estado israelí y sus colonos se llevan no solo la tierra, el agua y el fruto del trabajo, sino la memoria misma de la resistencia campesina. Y la comunidad internacional ata sus manos a los intereses geopolíticos, se pliega al miedo a decir verdades incómodas y asiste, cómplice, a la consolidación del régimen del apartheid, que convierte a los palestinos en población prescindible, desarraigada y condenada al éxodo.

Los testimonios de los campesinos palestinos y de sus familias agredidas en Cisjordania desvelan el reverso brutal de la diplomacia internacional: la violencia de los colonos es constante, devastadora y profundamente desmoralizante. Porque los ataques fracturan comunidades y dejan traumas imborrables en varias generaciones. No debemos olvidar. No debemos callar. Debemos seguir denunciando que el dolor de Cisjordania no es invisible sino invisibilizado, y que el olivo que cae bajo el hacha colonial es una herida abierta en la conciencia de todos los pueblos que luchan por la justicia y la dignidad. Si esta es la paz que nos ofrece el siglo XXI, los aceituneros palestinos —y quienes se niegan a olvidar su dolor— tienen derecho a indignarse, a resistir y a exigir que la historia no vuelva a ser escrita por los colonos y sus aliados.

Este fin de semana, Vigo se convertirá en el epicentro del veganismo, la sostenibilidad y el consumo consciente con una nueva edición, ya la quinta, de Vegana.gal, que reunirá en el recinto ferial del IFEVI (Instituto Ferial de Vigo) a centenares de visitantes y expositores dispuestos a demostrar que un modelo de vida respetuoso con el planeta y los animales es posible. El evento tendrá lugar el sábado 25 y domingo 26 de octubre, consolidándose como una de las ferias más importantes del ámbito ético y ecológico en Galicia.

Una feria para todos los públicos

Durante dos días, Vegana.gal ofrecerá un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión abierto a toda la ciudadanía, donde el público podrá participar en actividades, charlas, talleres y degustaciones.

El acceso general tiene un precio de 5 euros en venta anticipada y de 7 en taquilla, mientras que las personas con diversidad funcional, en situación de desempleo o mayores de 65 años contarán con un descuento especial. La entrada será gratuita para menores de 12 años. Los horarios serán el sábado de 10:00 a 21:00 horas y el domingo, de 10:00 a 20:00.

Esta edición de 2025 cuenta con el patrocinio del Concello de Vigo, la Fundación Vigo Convention Bureau y la start up Vanetta Food, que respaldan así, para que siga creciendo, un evento ya consolidado y convertido en referencia del movimiento para un cambio sostenible en Galicia, en el noroeste peninsular y en todo el Estado español.

Campo da festa: un microcosmos sin explotación animal

El recinto ferial contará con casi cien expositores dedicados a la alimentación 100 % vegetal, la moda y el calzado sostenible, la cosmética sin crueldad animal y diversas iniciativas que promueven una transición real hacia un modo de vida más consciente. La zona expositiva recreará un auténtico campo da festa, que transformará el IFEVI en un microcosmos libre de explotación animal. Allí se darán cita proyectos veteranos como Vanetta Food, Boro, Quevana, Beflamboyant o Heura, junto a nuevas propuestas, como La Carleta, Herbes del Molí, Koro, Peruxiñas o la portuguesa Trenga, tejiendo redes entre territorios y abriendo vías de encuentro entre distribuidoras y público.

Una parte esencial de este espacio estará dedicada a santuarios y organizaciones sin ánimo de lucro; entre otros, Santuario Vacaloura, Frente LA, Petjades Trobades, Galgos 112, Rescue Galicia, Compasión Animal o La Isla de Tali. Su labor, centrada en la protección y cuidado de los animales, constituye el fundamento ético sobre el que se sustenta la Feria.

O Parladoiro: el poder de la palabra compartida

En Galicia, el parladoiro era un espacio para reunirse y conversar pausadamente. En Vegana.gal, se recupera ese espíritu como un foro cercano y plural donde la palabra se convierte en una herramienta de transformación poderosa.

En este espacio se escucharán voces diversas, como la de Lucía Martínez, nutricionista y autora del blog Dime qué comes, que ofrecerá pautas para una alimentación vegana saludable; el actor y humorista David Pareja, que presentará, de la mano de Vanetta Food, su monólogo Deconstruirse de dentro para afuera: cómo sobrevivir al mundo actual; Marina Sánchez y Kike Gimeno, de Satya Animal, que explicarán el caso de la granja de gallinas de Llucmajor; Rocío Cano y Mery Ocaña, que reflexionarán sobre el especismo en la educación; Buenas Migas Podcast, que entrevistará al divulgador científico Gonzalo Quesada (@datosdeciencia); y Marc Coloma, cofundador de Heura, que explicará cómo han replanteado la alimentación desafiando a la industria. También participarán Adriana Fervi (@adriana_nutricion), con consejos prácticos para iniciar una dieta más consciente; María González (La Vida Color Frambuesa), con recomendaciones para ayudar a animales en situación de vulnerabilidad; y Carla Aparicio (Lidavet y Pinkpeas), que aportará reflexiones sobre el futuro vegano en nuestros hogares.

A Lareira: la cocina que nos une

La lareira era, en los hogares gallegos, el fuego alrededor del cual se compartían conversación y alimento. En Vegana.gal se recupera como ese espacio de encuentro donde los aromas y los sabores se convierten en lenguaje común.

Habrá demostraciones de cocina a cargo del chef Gerson Iglesias (Restaurante ERVA), de Míriam Fabà (@veganeando) con su propuesta de cocina reconfortante, del creador Yoel Ballega (@yoelvegan), y del dúo formado por Eduardo Contreras y Francesca Ruberti (@elpisovegano). Asimismo, acogerá la demostración conjunta de Maku Moreno (@makumorenoo) y Míriam Fabà, quienes, gracias al impulso de Vanetta Food, unirán fuerzas y talento en un showcooking a dos manos.

El espacio contará con un punto de información nutricional y un área profesional B2B, A Eira das Ideas, gestionada por Mardy Bum, que busca impulsar la creación de sinergias entre proyectos y empresas.

En este escenario también se presentará la iniciativa internacional Plant Based Treaty, con Juan Pablo Casadiego, y se proyectará el documental Seantience, sobre la sintiencia de los animales acuáticos, de la mano de Ética Animal y la Universidad de Santiago de Compostela.

Diversión, solidaridad y aprendizaje

Entre las actividades más esperadas destacan las demostraciones culinarias, las charlas sobre antiespecismo, educación y nutrición basada en la evidencia científica, y los talleres solidarios, cuyos beneficios íntegros se destinarán a santuarios y asociaciones de protección animal. También habrá cursos prácticos de joyería sostenible, bordado, diademas florales o botiquín natural.

Vegana.gal es además una librería viva, con presentaciones, firmas y coloquios que contarán con autoras como Míriam Fabà o Miriam Jiménez Lastra (@miriamjlas), en diálogo con Lucía Martínez.

El espíritu festivo de Vegana.gal se completa con un Bingo Solidario, pensado para combinar entretenimiento y colaboración, y una programación infantil que transformará la Feria en un espacio de creatividad y pedagogía lúdica: circo, cuentacuentos, talleres de jabón, huerta sostenible y el popular Mini Vegan Chef llenarán el fin de semana de actividades para niñes, familiares y amigues.

Un encuentro que inspira acción en Galicia, tierra de acogida y diálogo

La organización de Vagana.gal quiere poner el foco en Galicia como tierra de acogida y diálogo, que combina tradición y apertura hacia nuevas formas de vivir, y que no es ajena al impulso del veganismo. Inspirándose en esa hospitalidad, los espacios de la feria —O Campo da festa, O Parladoiro, A Lareira y A Eira das Ideas— invitan a inspirarse, compartir y descubrir cómo cada decisión tiene un impacto.

Y, más allá de la Feria misma, Vegana.gal se consolida como un movimiento que impulsa una forma de convivencia más justa y empática con todos los seres sintientes. Su lema, inspirado en las palabras de la recientemente fallecida Jane Goodall, resume su espíritu: “Lo que haces marca la diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer”.

La organización quiere poner el foco en Galicia como tierra de acogida y diálogo, que combina tradición y apertura hacia nuevas formas de vivir, y que no es ajena al impulso del veganismo. Inspirándose en esa hospitalidad, los espacios de la feria —el Campo da festa, el Parladoiro, A Lareira y A Eira das Ideas— invitan a inspirarse, compartir y descubrir cómo cada decisión tiene impacto.

El caso de los macacos de cola larga

Anualmente se “usan” más de 200.000 primates no humanos en los laboratorios de todo el mundo, una aterradora cifra que sigue aumentando. La gran mayoría son macacos de cola larga (Macaca fascicularis), unos pequeños e inteligentísimos primates que hace solo unos años eran abundantes en la naturaleza, pero que, actualmente, se encuentran en peligro de extinción, tanto por la masiva deforestación de sus hábitats como por su constante captura y tráfico ilegal para abastecer al negocio de la experimentación animal. Otra vez, muy recientemente, la IUCN ha ratificado la inclusión de los macacos de cola larga como especie en peligro de extinción. En casos como el de Camboya, la población de macacos de cola larga se ha reducido en un 97,5 % en los últimos trece años.

En los últimos años, y gracias a la financiación europea y estadounidense, la República de Mauricio y varios países del Sudeste Asiático han convertido el sufrimiento de estos animales en un lucrativo negocio. Allí existen enormes “granjas de macacos de cola larga” que son suministrados a los centros de experimentación animal de todo el mundo.

Las negligencias de las autoridades y las catastróficas consecuencias para la salud pública

Los macacos de cola larga pueden ser portadores de graves enfermedades transmisibles a humanos: ébola, tuberculosis, herpes b, melioidosis, sarampión… Aún así, las granjas de los países de origen siguen capturándolos en su hábitat y hacinándolos en condiciones deplorables e insalubres, hasta que los envían a su masacre en laboratorios.

Durante estos transportes, que pueden llegar a durar días, los macacos son encerrados en diminutas cajas de madera y enviados alrededor del mundo en la bodega de un avión (normalmente de las aerolíneas SkyTaxi o SmartLynx), haciendo escalas en varios aeropuertos y siendo manejados por operarios sin ningún tipo de protección.

Estas paupérrimas condiciones y las negligencias cometidas por las autoridades han provocado peligrosas situaciones para la salud pública:

El mayor centro de distribución y experimentación de primates en Europa, Camarney SL: una catástrofe anunciada y documentada

Camarney SL (en Camarles, Tarragona) es el mayor centro de distribución de primates en Europa y, actualmente, pertenece a Charles River Laboratories, la mayor empresa de experimentación animal del mundo. Hasta la fecha, Camarney ya es responsable de la tortura y masacre de más de 40.000 macacos de cola larga, todos ellos procedentes de la República de Mauricio y de Vietnam.

En ambos países se ha documentado cómo siguen cazando macacos de cola larga para abastecer a las granjas, y las muchas enfermedades de las que son portadores. A pesar de ello, tanto la Generalitat de Catalunya como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-MAPA y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-MITECO, siguen permitiendo que Camarney importe miles de macacos cada año para, después, matarlos en experimentos. Un cruel, devastador y peligroso negocio:

Desde los lobbies y empresas de experimentación animal seguirán intentando hacer creer que sus atrocidades son la única forma de encontrar curas a enfermedades o desarrollar medicamentos; pero, mientras tanto, cada día, siguen poniéndonos en peligro con su cruel negocio. Tanto por la inutilidad de un inmeso porcentaje de sus resultados, como por el peligro para la salud pública al que nos exponen de continuo.

La imagen que nos dejó el viaje presidencial a Israel y Egipto para la firma de ese llamado “acuerdo de paz” no fue la de un líder que inspirase dignidad (una palabra que es antónimo de la palabra Trump), sino la de un espectáculo penoso, una parodia de la diplomacia. Donald Trump llegó con todo el aparato escénico, el despliegue mediático y las poses ensayadas, pero sin un mínimo de respeto real por el sufrimiento acumulado en esos territorios. Su actitud fue más la del conductor de un reality show que la de un jefe de Estado consciente de la carga histórica de cada gesto. Qué se podía esperar.

En Jerusalén, ante las cámaras, parecía más preocupado por la foto triunfal que por el trasfondo moral de lo que, presuntamente, se estaba firmando. Un “acuerdo de paz” invalidado por las ausencias, por las voces silenciadas de las víctimas, por las demandas enterradas bajo capas de un vergonzoso protocolo sobre alfombras rojas de sangre. Y allí estaba él, sonriendo diabólicamente, saludando como quien inaugura un campo de golf, ajeno a la contradicción obscena entre la ceremonia y la hemorragia aún fresca en Gaza.

En El Cairo, la escena se repitió, barnizada de discursos vacíos, de falsos guiños cómplices a líderes que comparten con él la habilidad de llamar “estabilidad” a la represión y la invasión, y hasta de descalificaciones machistas. No hubo una palabra de reparación, ni de justicia, ni de derechos humanos; solo una narrativa de éxito fabricado para la exportación, con titulares diseñados para el consumo rápido de la opinión pública mundial. El supuesto pacto se presentó como un logro histórico, pero su fragilidad se respiraba en cada rincón, como una obra de cartón piedra que aguanta mientras dura la patética función.

Lo más insultante fue la falta de duelo, de conciencia, de humanidad. Firmar un texto que presuntamente pone fin a décadas de conflicto (es decir, de violencia y colonización), y hacerlo sin reconocer el dolor que lo llevó hasta allí, es un acto descarnado y cruel de propaganda. Allí, bajo los flashes, Trump no representó la esperanza ni la reconciliación, sino la política convertida en negocio: el de su imagen y el de su bolsillo (que comparte con su hija, su yerno y algunos amigotes de la inmobiliaria para quienes pidió muchos aplausos). Un viaje que debería haber transmitido solemnidad, por fake que esta fuera, se transformó, por su actitud, en la mejor representación de la mayor vergüenza internacional.

La implicación de Jared Kushner e Ivanka Trump en las negociaciones de este acuerdo de paz en Oriente Próximo es una pieza fundamental, no solo por su peso simbólico como miembros de la familia del capo, sino, sobre todo, por el hecho de que ambos han actuado como verdaderos agentes de intereses privados revestidos de autoridad diplomática. Kushner, amén de su historial como arquitecto de los nefastos Acuerdos de Abraham y su ausencia total de experiencia diplomática real, ha vuelto a ejercer en Gaza las mismas tácticas oscuras de siempre: negociar como si estuviera cerrando un trato inmobiliario, intercambiando papeles y presionando a las partes como si lo que estuviera en juego no fuera la vida de millones de personas, sino la plusvalía de unos terrenos frente al mar.

El propio Kushner ha fantaseado en público sobre el “potencial” de las propiedades costeras de Gaza, llegando a proyectar públicamente la posibilidad de transformar la Franja en un centro de resorts, hoteles y comercios que haría palidecer a cualquier iniciativa de reconstrucción basada en el respeto y la justicia. La familia Trump, con sus socios e intermediarios habituales, aspira a transformar una región devastada por la invasión genocida en un polígono de inversiones a medida, con expectativas declaradas de retornos millonarios. Ivanka, la hijísima de Trump, respaldaba también abiertamente las negociaciones o, mejor dicho, los negocios, como si el dolor ajeno fuese solo un elemento manejable para la consolidación de su propia marca familiar, en busca de rédito político y económico. Daba mucha grima ver a ese Trump desalmado, pero sobre todo a esa hija y ese yerno, impecables, impolutos, tan limpios y depilados, representando una “prosperidad económica” sin la más mínima mención a la autodeterminación del pueblo palestino

Todo este andamiaje (dicho casi en sentido estricto) revela un interés evidente en controlar los procesos no para garantizar la paz y la estabilidad, sino para asegurarse la mejor posición en el festín económico que sucede a la devastación provocada. Primera fila, prime time. No es solo una sospecha: es la crónica de una apropiación anunciada. La paz -como les conviene definirla a los Trump- es rentable en la medida exacta en que legitima negocios familiares y abre el jugoso mercado de la reconstrucción. Así, el papel de la hija y el yerno del presidente de Estados Unidos no es el de mediadores nobles, sino el de promotores de una política que lleva el apellido Trump, el sello del beneficio inmediato y la vergüenza de anteponerlo al sufrimiento humano extremo.

La firma del supuesto acuerdo de paz promovido por Trump no es sino el telón de fondo para la continuación -y, en muchos casos, la intensificación- de la colonización israelí en Gaza y Cisjordania. El plan anunciado, disfrazado de oportunidad histórica, es en realidad una hoja de ruta para lo que ya se conoce como “colonialismo 2.0”, en la que Estados Unidos y Reino Unido vuelven a asumir el papel de gestores directos del territorio y de la economía palestina. En Gaza, lejos de garantizar la soberanía y los derechos del pueblo palestino, el acuerdo legitima una ocupación sin plazos ni garantías de retirada y otorga su administración a nombres tan infames como Trump y Blair: actores que han hecho del negocio su bandera y del expolio su método.

Cisjordania, por su parte, ni siquiera aparece en los documentos del acuerdo, lo que equivale a condenar su futuro a la indefinición calculada y al albur de la voluntad del gobierno israelí, que ya ha anunciado nuevos proyectos de expansión colonial, como el proyecto E1. Este plan fractura aún más el territorio y sepulta cualquier posibilidad de un Estado palestino viable. La continuidad de la colonización es señalada por la propia Autoridad Palestina, que denuncia una escalada militar y operaciones que buscan consolidar el apartheid y la anexión. Así, entre discursos vacíos y promesas huecas, el pueblo palestino contempla cómo la paz firmada sobre el papel es sólo la coartada para profundizar en la opresión, la invasión territorial y la limpieza étnica.

Así que el acuerdo firmado bajo la dirección de Donald Trump y los principales líderes israelíes no es más que la coartada para perpetuar y acelerar la colonización en Gaza y Cisjordania, una operación de rapiña depredadora en la que los firmantes actúan como arquitectos de un saqueo legitimado por la diplomacia internacional. Por eso estaban tan sonrientes. Benjamin Netanyahu, amparado por la bendición de la Casa Blanca, ha convertido la expansión colonial en política de Estado, normalizando el despojo y la fragmentación territorial ante una comunidad internacional claudicante y cómplice. Trump, por su parte, ha sido el gran avalista de la ocupación: lejos de actuar como mediador, ha impulsado el reparto de tierras ajenas como si se tratara de un reparto de favores personales.

La relación de complicidad entre estos dirigentes va más allá de la política: es un pacto de colonizadores, un negocio compartido sobre las ruinas de un pueblo que ni siquiera ha sido invitado a negociar su destino. Ambos, Trump y Netanyahu, son responsables directos de una estrategia que, bajo el disfraz de la paz, afianza la presencia de asentamientos ilegales, destruye cualquier expectativa de soberanía palestina y alimenta la maquinaria de dominación y despojo. En este teatro de cinismo político, tanto Trump como Netanyahu deben asumir su responsabilidad como artífices de una nueva fase de colonialismo brutal y descarado en Oriente Próximo. Deberían estar pagando ya por los crímenes de lesa humanidad que han cometido o apoyado, pero lo que han hecho es retransmitir su primera junta de accionistas sobre los cadáveres palestinos.

La violencia vicaria es el rostro más perverso de la violencia machista. También, el más desamparado. Cuando los agresores usan a hijas e hijos como instrumentos de sufrimiento y control de las madres, solo buscan causar dolor a las mujeres y, en el caso de la violencia extrema, destruir, borrar su vida entera a través del daño irreparable a sus criaturas. Es un daño que va más allá de niñas y niños: se ejerce además sobre descendientes mayores de edad, sobre familiares u otras personas con lazos de afecto, sobre los animales que conviven con la familia.

Por primera vez, la ley española aborda el concepto de la violencia vicaria, es decir, la violencia que se ejerce sobre una mujer por parte de su pareja o expareja a través de una persona interpuesta, tal y como lo acuñó en 2012 la psicóloga clínica y perita judicial Sonia Vaccaro. Es un concepto tan terrible como preciso, que nombra el último y atroz recurso de los maltratadores: la utilización de hijos, hijas y otras personas queridas para hundir a las mujeres. Qué mayor perversión convertir la infancia en un escenario de venganza, qué crimen más obsceno que arrebatar la vida a menores para prolongar la crueldad y la dominación contra una madre. El Estado español ha tardado, y mucho, en mirar de frente esta barbarie. Solo ahora, tras demasiados crímenes, tras súplicas y lamentos que debieran hacer enrojecer de vergüenza a nuestra comunidad, la política y el derecho empiezan a reaccionar. Aunque para muchas víctimas, en su mayoría las más vulnerables, la respuesta siempre llega tarde.

La indignación social finalmente ha presionado al Gobierno para que la violencia vicaria sea reconocida y tipificada como delito específico. El Anteproyecto de Ley Orgánica integral, impulsado por el Ministerio de Igualdad, marca un cambio que debiera ser histórico: incorpora penas nuevas, prohíbe la difusión de contenidos relacionados con estos delitos y reconoce a las personas menores como víctimas de violencia de género. El Código Penal debe castigar con penas mayores a quienes dañen a hijes, descendientes, menores en tutela o nuevas parejas con el fin de hacer sufrir a la víctima. Además, debe prever medidas multidisciplinares: protocolos de detección temprana, formación de jueces y policías, atención integral y protección real para las madres, sus hijes y sus familiares, humanos o no. El Estado debe proteger el derecho de las personas menores a ser escuchadas en las decisiones judiciales sobre sus vidas. El Estado debe garantizar que la violencia vicaria sea reflejada de forma visible y diferenciada en las estadísticas oficiales sobre violencia machista.

Este impulso normativo parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye decenas de medidas específicas y una dotación presupuestaria efectiva para combatir la violencia vicaria. Un compromiso urgente, sí, pero cuántas tragedias habrían sido evitables si la justicia no hubiera ignorado durante años el grito de las víctimas, más ignorado cuanto más indefenso. Porque las madres llevan demasiado tiempo denunciando la instrumentalización de sus hijes y sufriendo el uso perverso del falso síndrome de alienación parental, que el nuevo anteproyecto promete castigar.

Los de violencia vicaria no son casos aislados, como repiten quienes niegan el machismo estructural: son la expresión extrema de un sistema patriarcal que se niega a soltar sus privilegios y que castiga a las mujeres a través de las vidas e incluso de los cuerpos inocentes de sus criaturas. En España, las estadísticas estremecen: decenas de menores asesinados por padres que jamás debieron tener derecho a visitas, madres que suplicaron protección y a quienes el Estado respondió con órdenes burocráticas. Una y otra vez se repite la misma cadena de negligencia judicial, de falta de perspectiva de género, de una justicia que parece escrita e impartida a favor de los agresores. La violencia vicaria asesina a los niños, niñas, adolescentes, animales y otros familiares. Y mata también a las madres que sobreviven, condenándolas a una vida despojada, con un duelo imposible. Porque a ellas les arrebatan todo y el relato institucional lo ha tratado como daños colaterales. Qué relato tan cruel para nombrar lo innombrable.

Nada borra de una madre el dolor de ver la infancia de una hija maltratada por el deseo de venganza del padre, de un hijo destruido por el odio de quien debiera darle cariño y seguridad. La violencia vicaria no solo asesina en el peor de los casos: arranca la paz, aniquila los vínculos, somete a les niñes a un conflicto adulto que no debiera pertenecerles y que les causa profundas heridas emocionales. El maltratador manipula, controla y desfigura el pensamiento y los sentimientos infantiles, transformando a niños y niñas en rehenes, en armas, en vehículos de su propio rabia. Las mujeres reviven a través de sus hijes el maltrato sufrido, soportan cuestionamientos y amenazas reiteradas, presencian su desconsuelo, su desconcierto y su miedo por la manipulación patriarcal, a veces su dolor transformado también en rabia. Según la psicología forense, las consecuencias psicológicas son graves y difícilmente reversibles: el entorno seguro deja de serlo, los niños y niñas pueden mostrar daños sociales, emocionales, académicos, y algunas víctimas infantiles, arrastradas por la violencia, pueden incluso replicar patrones de agresión.

La memoria de quienes ya no están y la vida de quienes sobreviven en situación de violencia vicaria debe ser un compromiso político urgente. Porque ningún avance legal será suficiente hasta que las víctimas vivan seguras y los verdugos sepan que nunca más podrán usar el amor de una madre como campo de batalla.

El genocidio que Israel está llevando a cabo en Palestina revela la distancia abismal entre el discurso de la “cultura de paz” y la realidad política internacional. Hablar de cultura de paz mientras se tolera o se justifica un genocidio es, en última instancia, una forma atroz de vaciar de contenido ese ideal, ese deber civilizatorio. La cultura de paz, promovida desde la UNESCO y diversos organismos multilaterales, se presenta como una apuesta por el diálogo, por la resolución no violenta de conflictos y por el respeto a los derechos humanos. Pero lo que está ocurriendo en Palestina desnuda la hipocresía de gran parte de la comunidad internacional: los mismos Estados que suscriben resoluciones y celebran días internacionales de la paz son, a la vez, los que financian armas, guerras, bloqueos y ocupaciones. El genocidio palestino no es una excepción trágica a la paz, sino el producto de un orden global que acepta la violencia estructural cuando conviene a intereses geopolíticos. En el caso palestino, lo que conviene al lobby sionista mundial.

El contraste entre la retórica y los hechos es evidente. Cuando la paz se reduce a un eslogan, se vuelve mero recurso propagandístico al servicio del poder, no de los pueblos. El silencio cómplice frente al genocidio en Gaza y el avance de la ocupación de Cisjordania muestra cómo la cultura de paz, proclamada en los foros internacionales, se convierte en un ejercicio de cinismo diplomático. El relativismo moral –defender la paz en determinados territorios mientras se invisibiliza la muerte de personas inocentes en Palestina, el exterminio de un pueblo– dinamita la legitimidad de todo proyecto global de convivencia justa.

Hay, por ello, que repolitizar la paz. Si queremos hablar seriamente de cultura de paz, tenemos que rescatarla de los marcos tecnocráticos y volver a politizarla. La paz no puede ser simplemente la ausencia de enfrentamientos armados, sino el reconocimiento pleno de la dignidad y los derechos de todos los pueblos, sin excepciones. En el caso palestino, como se está descaradamente demostrando, la paz no llegó con mesas de negociación bajo tutela militar; la paz solo habría llegado con fin del apartheid impuesto por Israel, con el reconocimiento del derecho al retorno, con la creación de un Estado palestino autodeterminado y con un rechazo categórico a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Netanyahu y los suyos. Aunque parezca una lucha imposible entre David y Goliat, la ciudadanía tiene la posibilidad de responsabilizarse, porque la cultura de paz no es una consigna abstracta, sino una práctica concreta que interpela también a las sociedades civiles en todo el mundo.

El primer paso es salir a las calles a exigir esa cultura de paz. Exigir el fin de las complicidades, denunciar las narrativas mediáticas que criminalizan a las víctimas y apoyar las iniciativas de solidaridad internacional son formas de transformar la indignación en acción política. Durante demasiado tiempo hemos contemplado a niños heridos mutilados, desnutridos, convertidos en yeso, envueltos en pequeños sudarios, hemos tenido noticia de decenas de periodistas asesinados con premeditación por el Ejército israelí, hemos sabido que se bloquea la ayuda humanitaria y que matan a las personas hambrientas en las colas de una ayuda falsa, hemos visto hospitales y escuelas bombardeados, hospitales, escuelas, barrios enteros convertidos en escombros, explosiones seguidas de gigantescas nubes de un humo espeso como el terror, Gaza ardiendo. Y durante todo ese tiempo, demasiado, prácticamente hasta hoy, se ha discutido en los despachos europeos, en las redacciones de importantes periódicos, en tertulias televisadas de máxima audiencia, en circunspectas columnas de opinión, en la barra del bar, si es genocidio o no es genocidio el plan, explícito, nombrado, anunciado, llevado a cabo, mostrado por Netanyahu. Hemos oído a Trump hablar de convertir Gaza en un resort de lujo.

El genocidio en Palestina nos recuerda lo esencial: la paz no es posible sin justicia, y la justicia no puede ser selectiva. La verdadera cultura de paz empieza el día en que el sufrimiento del pueblo palestino deje de ser tolerado como un daño colateral en el convulso orden mundial y se reconozca como lo que es: una herida abierta en la conciencia del mundo, una vieja herida que hoy se evidencia letal, que pone en crisis cualquier proyecto contemporáneo de una cultura de paz. Mientras los organismos internacionales enuncian grandilocuentes declaraciones en defensa de la convivencia y los derechos humanos, en Gaza y Cisjordania se practica a diario una violencia sistemática que niega en los hechos aquello que se proclama en los discursos. No es que la llamada “comunidad internacional” esté ciega, sino que ha dejado a ojos vista la complicidad activa y el silencio calculado frente a una política de exterminio, o un retraso desgarrador en la reacción: van a reconocer Palestina cuando Palestina haya sido destruida, pulverizada, borrada de un mapa injusto.

La cultura de paz, definida por la UNESCO como un conjunto de valores y actitudes orientadas al respeto de la vida y la solución pacífica de los conflictos, se ha vaciado de significado frente al genocidio palestino. ¿Cómo hablar de paz mientras se normaliza y transmite el genocidio contra un pueblo, tras décadas de ocupación y de apartheid? Los Estados que ocupan los foros multilaterales no dudan en invocar a la paz como aspiración abstracta, pero convierten ese ideal en abyecta maquinaria retórica cuando se trata de señalar a un aliado estratégico. No obstante, la realidad es contundente y, sin justicia real, la paz solo funciona como una máscara para legitimar relaciones de dominación: lo que sucede en Palestina desnuda el estándar ético que estructura el orden internacional, el del doble rasero como sistema. Las potencias hegemónicas han institucionalizado la violencia como “defensa” o “seguridad”, mientras cualquier forma de resistencia de los pueblos ocupados o de los pueblos solidarios es estigmatizada como “terrorismo”.

Este lenguaje no es inocente: condiciona la percepción global, criminaliza al oprimido y legitima la impunidad del opresor. Una cultura de paz sometida a esta lógica solo logra domesticar. Por eso el alcalde Almeida, que es de los que dicen que Israel no está cometiendo un genocidio, se ha quejado de que la policía no “reprimiera” a las 100.000 personas que manifestaron en Madrid su solidaridad con Palestina y lograron que se cancelara la útima etapa de la Vuelta ciclista. Reprimir, domesticar, desvirtuar el verdadero sentido de la paz. Algunas personas, por cierto, sí fueron reprimidas (aporreadas, identificadas, detenidas) en Madrid y tachadas de “terroristas” por políticos y medios de comunicación cómplices del genocidio.

Pero no basta con denunciar, aunque la protesta sea imprescindible, incluso si llega demasiado tarde. Además, hay que redefinir, reivindicar la paz con justicia. La paz no puede seguir entendiéndose como la simple ausencia de un ataque abierto. La verdadera paz es inseparable de la autodeterminación, del fin del colonialismo y de la reparación histórica. En Palestina, hablar de paz significa exigir el desmantelamiento del apartheid, el fin del bloqueo criminal a Gaza y el reconocimiento del derecho al retorno. Quien se declara defensor de la cultura de paz sin asumir estas demandas denota, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, complicidad con la barbarie. De ahí que el desafío sea también para las ciudadanías del mundo, sea también nuestra responsabilidad. Porque construir una cultura de paz implica actuar desde abajo: ejercer presión contra los gobiernos cómplices, desmentir la narrativa mediática que invisibiliza el genocidio y articular solidaridades internacionales que no se reduzcan a gestos simbólicos, que crezcan en su combate. La paz no se regala desde palacios diplomáticos: se conquista con lucha, memoria y resistencia.

El genocidio en Palestina no es un hecho aislado, pero sí es hoy el espejo sangriento, inmoral, vergonzoso, de un orden internacional que tolera la violencia estructural siempre que le resulte práctica. Por eso, la consigna debe ser clara y contundente: no habrá cultura de paz mientras exista impunidad frente a los crímenes contra el pueblo palestino. No habrá paz verdadera hasta que esa palabra deje de ser ornamento diplomático y se convierta en bandera de justicia. La bandera de Palestina libre, mientras Israel es sometido a la Corte Penal lnternacional. Eso será justicia. Eso es paz.

A los taurinos les hizo pupa una palabra: “asesinados”. Les hizo daño porque es una palabra punzante como una puya, afilada como una espada. No es retórica, es la precisión que tantas veces falta en la estocada. Decir “asesinado” para describir la muerte planificada, ritualizada y pública de un toro en una plaza no es una licencia literaria ni un eufemismo: es llamar a las cosas por su nombre. La disputa conceptual de los últimos días, que ha enardecido platós y tertulias en las televisiones vasca y nacional, ha desatado no solo la rabia de los defensores de la tauromaquia, sino también el miedo institucional a un lenguaje que revela algo que les resulta insoportable: la lucidez de la ética animal.

Cuando en el programa Teleberri por la noche de la EITB (radiotelevisión pública del País Vasco) alguien se atrevió a pronunciar la palabra “asesinados” para referirse a las víctimas de las corridas de toros de los Sanfermines, automáticamente se activaron todos los mecanismos de defensa del statu quo: el lobby taurino saltó como si esa palabra fuera un abismo y no pudieran permanecer ni un segundo en su borde; los editoriales de prensa se atragantaron en el vértigo de esa caída; quienes presentan y conducen tal espacio abismal prefirieron los eufemismos: “sacrificio”, “lidia”, “fiesta”, “toreo”. Hasta con “arte” se atreven. Pero, por un instante multitudinario, la televisión vasca permitió que la semántica reclamara justicia y dignidad para los no humanos, gracias a un periodista que se atrevió a llamar a las cosas por su nombre. Se supone que eso era el periodismo: llamar mafia a la mafia o genocidio al genocidio.

La integridad moral del compañero de la EITB fue inmediatamente contestada por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), que se quejó a la televisión vasca, manifestando su “más enérgica repulsa” y acusando al medio de “tratamiento informativo sectario”. Por su parte, es comprensible: tienen que defender la cosa suya. Lo que, sin embargo, no se comprende a estas alturas es que la Defensoría de las Personas Usuarias de Televisión, Radio e Internet de EITB reconozca que la expresión “asesinados” para referirse a la muerte de los toros durante la “lidia” en la plaza es “totalmente inadecuada”.

En realidad, quienes se oponen al uso de la palabra “asesinado” no cuestionan la acción que se ha realizado —el acto de matar con premeditación—, sino la condición de sujeto moral de la víctima de esa acción. La cuestión es la sintiencia, la capacidad de sentir dolor, miedo, terror. Un toro siente y, por tanto, es sujeto. Si es víctima de una tortura que conlleva su muerte, decir que ha sido “asesinado” es totalmente adecuado. Un mínimo de rigor, Defensoría: la ciencia y la ética contemporáneas ya no permiten coartadas, el periodismo no debería permitirlas.

En esta cuestión entre sintiencia y poder el compañero de la EITB ha dejado un importante legado periodístico: el del lenguaje como resistencia. ¿Por qué se rechaza la palabra “asesinado” en los medios? Porque nombrar es destapar la vergüenza social, arruinar el ritual, mostrar el crimen que es. El lenguaje delata la violencia, por lo que se impone la censura semántica como defensa última de un repugnante y agónico privilegio: el de matar y llamarlo arte. Cuando alguien osa en televisión romper el cerco de poder y declarar “asesinado” al asesinado, el relato oficial se tambalea, pierde pie, cae al abismo de la conciencia. Y en ese temblor, en ese breve instante, aflora el verdadero pulso de este asunto político y moral: cuál es el límite, lo tolerable, no ya de lo practicable sino de lo decible.

En tiempos y asuntos de barnices, lo verdaderamente radical es apostar por la mera claridad. Contra la corrección hipócrita del idioma, contra la cobardía de la equidistancia, toca asumir el coste de nombrar la muerte: lo que ocurre en una corrida de toros es un asesinato, y la palabra, lejos de ensuciar, limpia la escena de justificaciones. Porque en una sociedad donde el asesinato se televisa, lo verdaderamente indecente no es quien lo nombra, sino quien lo aplaude.

Un país puede medirse, entre otras cosas, por la altura (o la miseria) de su lenguaje público. España, tenaz en torcer las palabras hasta tergiversarlas o vaciarlas, ha vuelto a exhibir su pudor sangriento. No es una anécdota léxica, es la confesión de un fracaso moral; es, sobre todo, una declaración política de la guerra que se libra contra la evidencia y la compasión. La censura de esta palabra forma parte de la conspiración sistémica contra lo decente.

Así funciona la ingeniería del eufemismo: primero se oculta la violencia detrás del arte, después se pule la palabra hasta volverla inofensiva. Y desde los platós, las pantallas y los titulares, el poder decide: “asesinado” es inadmisible porque pone frente a frente a dos sujetos —el que mata y el que muere— y eso es lo que duele. Prefieren hacer solemne la ejecución, despojarla de fealdad, de sufrimiento, de su naturaleza de crimen. Pero la verdad es insumisa, casi redundante en la radicalidad de la alevosía que tiene lugar en una plaza de toros. La autoridad lingüística, parapetada tras el pánico al escándalo, quiere impedir que la palabra nombre la realidad porque la realidad es insoportable. Y la televisión vasca, temblorosa, ha preferido proteger la tortura antes que aceptar el espejo de la ética. La palabra es el mal menor, lo mayor es la complicidad.

Para la maquinaria simbólica del Estado —cultural, mediático, autonómico, nacional—, abrir el cerrojo verbal es renunciar al último baluarte de la impunidad: la invisibilidad. Rectificar no es otra cosa que disciplinar a la discrepancia, marcarle los límites: se puede hablar de sufrimiento animal, siempre y cuando no se nombre la muerte concreta, en un lugar concreto, siempre que no se designe al asesino, que no se apunte al espectáculo como crimen. La sociedad rechaza mayoritariamente la tauromaquia (las encuestas, cansadas, lo repiten una y otra vez), pero la política, la maquinaria del poder, sigue blindando la insensibilidad, anestesiando el vocabulario.

Llamarlo asesinato no es ofensa, sino deber. Porque las palabras son actos, trincheras y desafíos. Porque llamar asesinato a una ejecución brutal no equivale a insultar, sino a devolverle dignidad a la víctima, y señalar la responsabilidad del verdugo. Lo verdaderamente escandaloso no es la palabra, sino los cuerpos desplomándose ensangrentados mientras el periodismo y las instituciones deciden qué adjetivo es “apropiado”. Resulta obsceno que la televisión vasca, en pleno siglo XXI, repruebe la claridad y prefiera el aderezo del eufemismo. Su rectificación es la rendición ante los lobbies de la explotación, la tortura y el crimen taurino, otro muletazo sobre la arena ensangrentada de la ética pública.

Rectificar la semántica es blindar la sangre, es elegir violencia en vez de paz. Ojalá el periodista de la EITB fuera un ejemplo con su valentía elemental al nombrar esa muerte. Porque mientras el país teje su coartada, los toros —asesinados, sí, asesinados— siguen esperando justicia. Ya no nos falta el conocimiento de la verdad, sino el coraje suficiente para sustentarla con palabras. Si a los taurinos les hizo pupa una palabra, ¿cuál usarían si los mataran a ellos acuchillándolos y clavándoles una espada que atraviesa la médula espinal? Eso no duele, dicen, eso es arte.

El Proyecto Gran Simio (PGS), organización internacional dedicada a la defensa de los grandes simios y otros seres sintientes, ha solicitado públicamente a los promotores del nuevo parque zoológico Natura Park, así como a las autoridades andaluzas y al presidente de la Junta de Andalucía, que reconsideren el modelo previsto para el futuro recinto de Carratraca. La entidad aboga por un centro innovador, ético y tecnológico, sin animales en cautiverio, que sirva de ejemplo para el siglo XXI.

Un retroceso ético inadmisible

Según el PGS, la construcción de un parque con felinos, gorilas y otros animales salvajes destinados a la exhibición supone “un retroceso ético inaceptable” en un momento en que la sociedad rechaza cada vez más la explotación de seres sintientes para el entretenimiento humano. Pedro Pozas Terrados, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, denuncia que “el atractivo no puede seguir siendo la exhibición de animales encerrados. Menos aún cuando hablamos de grandes simios, que pertenecen a nuestra propia familia biológica: los homínidos. Encerrarlos es una afrenta a nuestra evolución moral como especie”.

La operación, declarada de interés público por el Ayuntamiento de Carratraca, afecta a una superficie de unos 169.000 metros cuadrados en el paraje Sierra del Agua/Los Jarales, donde, aparte de las jaulas y recintos para encerrar a los animales, habrá espacios con otros usos que comprometen también el bienestar de los animales, como hospedaje, restaurantes y cafetería, supermercado, kioscos, tiendas o atracciones. Habrá fosos con cocodrilos, acuarios, aviarios, estanques con tiburones, focas o pingüinos (en Málaga...), y un “tren de época” que recorrerá todo este parque turístico, construido a costa del sufrimiento de los animales, por el que también se podrá circular en jeep.

Una alternativa futurista y compasiva

El Proyecto Gran Simio propone sustituir la exhibición de animales por una experiencia educativa y tecnológica de vanguardia, que incluiría:

Pozas Terrados subraya que “este tipo de instalación no solo sería pionera en Europa, sino que proyectaría una imagen vanguardista y ética de Málaga, alineada con los valores de conservación reales y el respeto por la vida”.

Llamamiento al diálogo y la innovación

La organización insta a los responsables del proyecto -la sociedad Finca de Recreo y Ecología Arroyo de las Cañas 2013, cuyo administrador único es Ricardo Carmelo Gista Muñoz, propietario también del zoo de Castellar de la Frontera, Cádiz- a dialogar con expertos en bienestar animal, conservación moderna y ética ambiental, y solicita al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández Espejo, que eviten repetir el modelo de los antiguos zoológicos, centrados en la cautividad.

“El avance de la tecnología y la inteligencia artificial nos permite aprender sin causar sufrimiento. No es necesario encerrar animales para educar ni para emocionar. Si este proyecto cambia su esencia, podría convertirse en un referente mundial del cambio de paradigma que la sociedad está exigiendo”, afirma Pozas Terrados.

Una oportunidad única para Andalucía

En sendas cartas dirigidas a las autoridades, Proyecto Gran Simio insiste en que Carratraca y Andalucía tienen la oportunidad de convertirse en pioneras mundiales en un modelo de parque basado en la tecnología, el conocimiento y la empatía. La propuesta incluye aprovechar las infraestructuras previstas -planetario, sala de conferencias, cabañas turísticas- para crear un espacio único, donde la cultura y la ciencia estén presentes sin sufrimiento animal.

La organización se ofrece a colaborar y dialogar con las autoridades para que el modelo elegido sea beneficioso para los seres sintientes, evitando la cautividad. “Si seguimos construyendo jaulas en lugar de conocimiento, estaremos fracasando como especie. No podemos repetir los errores del pasado. Es el momento de evolucionar”, concluye Pozas Terrados.

“Primero viene la fuerza, luego llega la paz”, ha proclamado el genocida Netanyahu tras los ataques de Estados Unidos a Irán. Suena a máxima militar romana, si vis pacem, para bellum, quién se lo iba a decir al sionista de Yahvé, pero es que todo imperio destruye por la fuerza y llama paz a la destrucción. En los últimos días, Trump y Netanyahu han estado haciendo un teatrillo pseudotolstoiano sobre la guerra y la paz, donde Netanyahu representaba la guerra, mientras la paz era el de la gorra de MAGA, con lo que queda todo dicho. Querían que resultara creíble y se extendió la idea de que Trump evitaría la guerra porque sólo le interesa el dinero, que sí, pero cabe entonces preguntarse dónde está el dinero y cómo se consigue. Los misiles Tel Aviv-Teherán nos hacen olvidar la Riviera palestina, planteada por estos señores de la guerra como territorio de gran desarrollo turístico donde, sin ir más lejos, la semana pasada decenas de personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas o heridas mientras esperaban la falsa ayuda humanitaria, controlada por Estados Unidos e Israel, en las colas del genocidio. “Encontré una ciudad de ladrillo y dejé una de mármol”, dijo Augusto sobre Roma, y quiere repetirlo el emperador Donald en Gaza, salvo que el mármol se erigirá, no sobre los ladrillos, sino sobre sus escombros.

Hasta que cayeron el telón y las bombas. Un par de horas después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaran tres de las principales instalaciones nucleares iraníes, el emperador Trump llamó a Irán “matón de Oriente Medio”, olvidando que fue Israel quien inició a principios de junio la ofensiva contra Irán: el actual intercambio de misiles se desencadenó tras un ataque aéreo de Israel contra instalaciones nucleares y bases militares en Irán, así como contra altos mandos científicos nucleares iraníes. A la aspiración de Netanyahu de destruir Irán se suma ahora Trump, que no ha consultado su decisión con el Congreso de los Estados Unidos, del que, por tanto, no ha recibido la imprescindible autorización, por lo que no es solo una decisión violenta, sino netamente antidemocrática. Y, como era de esperar, Irán ya ha respondido con nuevos bombardeos a Israel y el anuncio de nuevas acciones bélicas “de consecuencias permanentes”. Es decir, las consecuencias propias del uso de armas nucleares, de bombas atómicas. Puede que, ante tales peligros, se inicie una desescalada del conflicto, pero arriesgarse a que no sea así, exponer a algo así a la población de la zona y al mundo en general, merece mucho más que el reproche internacional.

Dicen los expertos militares que no existen pruebas concluyentes de que Irán posea armas nucleares, bombas atómicas, aunque sí dispone de la tecnología, los materiales y el conocimiento necesarios para fabricarlas en un plazo relativamente corto de tiempo. Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, orientados únicamente a la producción de energía y a usos médicos. Como firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP del que posiblemente se salga ahora), niega estar desarrollando armamento nuclear, pues al firmar dicho Tratado se compromete legalmente a no fabricar ni adquirir armas nucleares y a someterse a inspecciones internacionales. Si Irán ha logrado enriquecer uranio a niveles elevados y para fabricar un arma nuclear se requiere uranio enriquecido, se deduce que podría construir armas nucleares en poco tiempo. No parece descabellado, después del doble ataque sufrido (por parte de Netanyahu y por parte de Trump); lo descabellado es que ya hablemos de ello normalizando las posibilidades extremadamente violentas y destructivas de su uso. La comunidad internacional, nos dicen, sigue de cerca la evolución del programa nuclear iraní y la respuesta del país a los ataques de Israel y Estados Unidos. Pero la “comunidad internacional” no hace nada para evitar esta escalada, al contrario: pretende aumentar el gasto en defensa. Como si, frente a la bomba atómica, haya defensa alguna.

Llama moralmente la atención que, ante un desastre de semejantes dimensiones –la dimensión del daño que provoca el uso de armas nucleares o una fuga radiactiva por el ataque a instalaciones nucleares–, se esgrima como un alivio que el daño “solo” sería local, que las consecuencias serían graves para la salud y el medio ambiente, pero “solo” en Irán. Como si la salud y el medio ambiente iraníes no importaran tanto como los de Mar-a-Lago o Beit Aghion. Nos dicen que no se ha detectado un aumento de la radiación en Irán ni en otros países del Golfo, pero también advierten de un “riesgo latente”, cuyos efectos solo se conocerán en unos años. En fin, lo que es el riesgo nuclear. La destrucción, la enfermedad, la muerte que implica el riesgo nuclear. Quizá tales efectos lleguen a detectarse dentro de unos años en la Riviera palestina, la Riviera letal, si antes no se logra frenar el avance del colonialismo, el genocidio de su población legítima. Una Riviera que no será de mármol sino de tejido maligno, de células cancerosas. Moralmente, acaso físicamente, una Riviera radiactiva.

En el contexto de la actual crisis climática, y ante la inminente Cumbre del Clima COP30, que se celebrará en Belém (Brasil), más de un centenar de organizaciones internacionales ha presentado la Declaración de Belém, un llamamiento coordinado para que los Estados miembros de la ONU impulsen dietas saludables y sostenibles basadas en alimentos de origen vegetal. Cabe añadir a dichas dietas la dimensión de la ética animal.

Un llamamiento global desde Bonn

La Declaración fue presentada en la conferencia previa a la COP30, celebrada estos días en Bonn (Alemania), durante las Reuniones de Junio sobre el Cambio Climático. Firmada por representantes de ciudades, autoridades regionales y ONG de todo el mundo, la iniciativa busca situar las dietas ricas en vegetales en el centro de la agenda climática y sanitaria internacional. Con esta Declaración se busca preservar el patrimonio culinario del Sur global, tradicionalmente rico en vegetales, y hacer frente al consumo excesivo de carne en el Norte global.

Juliette Tronchon, responsable de Asuntos de la ONU en ProVeg International, ha subrayado la importancia del documento: “Sentimos mucha satisfacción al presentar esta Declaración, que esperamos eleve el perfil de las dietas ricas en plantas en la próxima cumbre COP30 de noviembre. Las dietas basadas en plantas no solo desempeñan un papel enorme en la mitigación de la crisis climática, sino que también son saludables para las personas, apoyan la seguridad alimentaria y pueden generar oportunidades de empleo a gran escala”. A estas importantes razones debemos añadir la necesidad ética urgente de velar por los derechos de los otros animales, que son víctimas directas de la explotación de las industrias alimentarias.

ProVeg es una organización por la conciencia alimentaria, que trabaja para transformar el sistema alimentario global reemplazando los productos animales por alternativas vegetales y cultivadas. Mediante relaciones con instituciones, gobiernos, productores, inversores, prensa y público general, trabaja para ayudar a realizar la transición hacia una sociedad y una economía que sean menos dependientes de la ganadería y más sostenibles para la especie humana, para los otros animales y para nuestro planeta común. La organización dispone de oficinas en nueve países de cuatro continentes, trabaja activamente alrededor de todo el mundo y tiene el estatus de observador permanente en la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), así como el estatus consultivo especial en el ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas), y está acreditada para la UNEA (Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Proveg ha recibido el premio Momentum for Change de Naciones Unidas.

Objetivos y demandas de la Declaración

La Declaración de Belém se apoya en los hallazgos científicos de la ONU y en la creciente evidencia sobre los beneficios de las dietas vegetales. Entre sus principales demandas, destacan:

El peso de la alimentación en la crisis climática

El sistema alimentario mundial, y en particular, la ganadería, es responsable de una cantidad significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta una quinta parte del total, así como del 32 % de las emisiones de metano de origen humano. Frente a esto, los alimentos de origen vegetal provocan la emisión de la mitad de gases de efecto invernadero que los productos de origen animal, requieren menos tierra y agua, y no contribuyen al uso de antibióticos ni al riesgo de pandemias.

Enric Noguera, responsable para las ciudades europeas de la campaña Plant Based Treaty, ha insistido en que “los sistemas alimentarios, y en concreto la ganadería, son el principal motor de la devastación ecológica y, sin embargo, no se está abordando seriamente en el debate sobre el clima”. Por ello, ha celebrado la iniciativa de la Declaración de Belem, que considera un paso importante para impulsar acciones significativas en este sentido.

Una transformación con respaldo científico y social

La Declaración de Belém no solo busca preservar el patrimonio culinario vegetal del Sur global y frenar el consumo excesivo de carne en el Norte global, sino que aspira también a una transición justa y sostenible del sistema alimentario global. Organizaciones como la ya mencionada ProVeg International o la Asociación de Médicos para la Nutrición (PAN) respaldan la iniciativa, junto a publicaciones científicas de referencia que avalan los beneficios de las dietas vegetales para la salud humana y planetaria, como The Lancet Planetary Health. La PAN es una organización médica mundial sin fines de lucro que promueve (mediante el fomento de prácticas basadas en evidencia de dietas saludables para la salud personal y planetaria) la nutrición en la atención médica y en la formación médica para reducir millones de muertes relacionadas con la dieta. Por su parte, la Lancet Planetary Health es la revista líder en salud planetaria del mundo, a través de publicaciones sobre las intersecciones del cambio climático global, el desarrollo sostenible, la salud humana y la justicia social.

Próximos pasos hacia la COP30

La Declaración será entregada a la organización de la COP30, con la expectativa de que los compromisos asumidos puedan traducirse en políticas concretas y medibles. El consenso internacional sobre la necesidad de transformar la alimentación es, según sus impulsores, más fuerte que nunca. “Ha llegado el momento de que las dietas ricas en plantas escalen posiciones en la agenda de las cumbres climáticas de la ONU. En la actualidad, tanto en la ONU como a nivel nacional, existe un gran consenso sobre los beneficios de los alimentos de origen vegetal, tanto para los países del Sur como para los del Norte”, concluye Juliette Tronchon.

La Declaración de Belém representa así una oportunidad clave para avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, resilientes y equitativos, en beneficio del clima, la salud y la economía global. Así como, añadimos, en beneficio de la ética antiespecista, que pone a los otros animales en el foco central de sus demandas de justicia.

Un genocidio busca el exterminio sistemático de un pueblo y tal objetivo solo puede alcanzarse por medio de una extrema crueldad. En el Barracón 6 del campo de concentración de Auschwitz, donde hacinaban a las mujeres jóvenes, los nazis obligaban a una orquesta de músicos prisioneros a tocar sus instrumentos mientras los soldados de las SS las violaban. También obligaban a la orquesta a tocar mientras otros prisioneros eran forzados al trabajo o conducidos a las cámaras de gas. En Auschwitz, los nazis mataban con música de fondo interpretada por personas a quienes también iban a matar. En la Franja de Gaza, los sionistas concentran a la población civil palestina en el mismo campo donde la van a bombardear, después de atraerla hasta allí con el anzuelo de una mísera comida. La crueldad sin límites del genocidio nazi y del genocidio sionista.

Es una burla de dimensiones colosales que la única organización presuntamente humanitaria a la que el ejército israelí permite el paso para suministrar ayuda en la Franja sea la Fundación Humanitaria de Gaza. La GHF (sus siglas en inglés) fue creada en enero por ex espías y ex marines estadounidenses, una falsa ONG que Trump y Netanyahu están usando de coartada para cumplir con sus maléficos planes. No tienen personal, no tienen oficinas, no tienen almacenes. No tienen vergüenza. Disparan contra gente hambrienta que espera un mendrugo de pan en recintos cerrados como jaulas. Desde que comenzó a operar el pasado 27 de mayo, tras el bloqueo de Israel a la entrada de ayuda de la UNRWA y de otras organizaciones, la GHF, formada por dos empresas de seguridad con sede en Estados Unidos, ha detenido y matado a personas que se acercaban a por comida. Este fin de semana han vuelto a bombardearlas.

“La vergüenza es un sentimiento revolucionario”, escribió Karl Marx, y siento tanta vergüenza que me arde dentro una revolución impotente, una fuerza poderosa y ahogada, una lucha en el pecho que se asfixia y palpita. Tal y como la formuló Marx, la vergüenza es y será el motor que nos motive a seguir escribiendo, a seguir clamando, a seguir actuando contra la barbarie del genocidio, a seguir expresando el escándalo moral que nos producen sus perpetradores. Solo la vergüenza nos impulsa ya y es la chispa que enciende nuestra débil revolución.

Débil, mas no estéril. Conteniendo la respiración en el puño de nuestro corazón, esperamos noticias de la Flotilla de la Libertad, mientras nos avergonzamos otra vez con el polvo y la sangre en la mirada de un niño que tirita en Palestina, mientras nos revolucionan de nuevo los bombardeos de Israel sobre esa niña que suplica comida, a quien la bomba encuentra con un barreño de plástico en la mano. La vergüenza es un sentimiento revolucionario. Mientras escribo esto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenaza abiertamente a Greta Thunberg y el resto de activistas, doce en total, que van en el barco Madleen, rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, apoyo moral, coraje, indignación, visibilidad mundial. Vergüenza y revolución. El barco Madleen, que navega sin armas, es débil, mas no estéril.

“He ordenado a las FDI (fuerzas de Defensa de Israel) que actúen para que la flotilla Madleen no alcance Gaza. A la antisemita Greta y a sus amigos, les digo claramente: dad la vuelta porque no llegaréis a Gaza”, ha dicho Matz. El mismo ministro que ordena el lanzamiento de bombas sobre personas hambrientas y enjauladas, sobre niños y niñas de quienes a veces solo se encuentra el barreño con el que suplicaban alimento. El mismo ministro que ordena bombardear hospitales, que ordena bombardear escuelas, que ordena la ocupación militar y colonial de Cisjordania y los Altos del Golán. Israel Matz, jefe del ejército genocida, amenazando a Greta Thumberg, icono mundial contra el genocidio.

Si Matz cumple con sus amenazas, como ya hizo Israel con la Flotilla de la Libertad en 2010, podrían ser asesinadas o heridas personas imprescindibles, como la joven y admirable Greta, personas cuya vergüenza las ha hecho revolucionarias, como el español Sergio Toribio. Mientras escribo, me sobrecoge pensar en esa posibilidad, pienso que cuando este texto se publique quizás tengamos que lamentar lo peor: Katz ha ordenado al Ejército que tome “todas las medidas necesarias” para impedir que el barco de la Flotilla llegue a las costas gazatíes. Y ya sabemos lo que significa eso.

La eurodiputada Rima Hassan, que también va a bordo del Madleen, ha instado a los gobiernos del mundo a garantizar un paso seguro para la Flotilla de la Libertad. Pero los gobiernos del mundo no garantizan nada. Qué van a garantizar los gobiernos del mundo, si no son capaces de garantizar la vida a las niñas de Gaza. Qué van a garantizar los gobiernos del mundo, si la única organización presuntamente humanitaria, la Fundación Humanitaria de Gaza, forma parte de las condiciones de Trump a Netanyahu para convertir la Franja en una Riviera de inspiración nazi. Qué van a garantizar los gobiernos del mundo si permiten que se llame antisemita a quien se opone a un genocidio. No somos antisemitas, somos antisionistas. No estamos con los gobiernos verdugos de Israel y Estados Unidos, sino con el pueblo víctima de Palestina. Y nuestra inspiración son Greta y sus amigos: a más vergüenza, más revolución.

En una democracia, el poder reside en el pueblo. Para eso está, precisamente, la democracia. Y eso es, precisamente, lo que no interesa a ciertos líderes, peligrosos para que la democracia siga siéndolo. El poder reside en el pueblo y, sin embargo, esa responsabilidad puede convertirse en un arma de mortal doble filo cuando las personas votantes eligen a líderes peligrosos, déspotas, violentos o, simplemente, irresponsables, fanfarrones y estúpidos. Malas personas para el bien común. Figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina o, a una escala ínfima en comparación, Alvise Pérez en España ejemplifican cómo una parte del electorado puede optar por personajes que, lejos de promover el bienestar común, representan riesgos para la justicia y la convivencia social.

La elección de estos líderes no es accidental, no se produce por generación espontánea. En las principales tribunas de la comunicación mundial vemos despotricar a tipejos tan impresentables como Trump, Milei o (ya quisiera él un eco como el de los americanos) Alvise porque son el reflejo de una catastrófica serie de fallos colectivos: la desinformación, la manipulación mediática, la desafección política que ambas conllevan y la profunda crisis de valores y expectativas que a su vez conlleva esa desafección. Cuando las personas votantes se plantan ante las urnas con la irresponsabilidad de quien compra barato soluciones fáciles, lo que hacen es abrir la puerta a estafadores de mayor o menor monta. En el peor de los casos, la solución fácil acaba por ser solución final.

Es urgente tomar conciencia de que la responsabilidad frente a una estafa política no recae únicamente en esos candidatos, en esos delincuentes, sino en quienes, con su voto, los han legitimado. La indiferencia, la falta de análisis crítico, el miedo al compromiso o incluso un, también genuino, agotamiento permiten y alimentan un ciclo histórico tan peligroso como el que está en curso. Elegir líderes que promueven discursos de odio, que echan gasolina a la intolerancia e incitan a la violencia, no solo refleja un fallo en la educación cívica, sino también una grave falta de conocimiento de los valores democráticos y del deber de defenderlos si no aspiramos a un mundo peor para casi todo el mundo, excepto los oligarcas y los timadores, que tanto monta.

La presencia en política de personajes de tan ínfima talla moral como Alvise tiene consecuencias sociales devastadoras, pues erosiona las instituciones y supone una amenaza directa a los derechos fundamentales, como estamos viendo en Estados Unidos o en Argentina. Una vez en el poder, estos líderes peligrosos se aferran a sus espurios privilegios y es muy difícil liberarse de sus abusos. Casi siempre es posible tras una lucha ardua y, muchas veces, a costa de daños irreparables.

Por ello, y a tenor de la situación política mundial, donde campan a sus anchas fascistas de todo pelaje (incluido el medio pelo de Alvise) debemos, como sociedad, asumir la responsabilidad de educarnos y educar, de informarnos e informar, de participar activamente en los procesos de los que nos dotan la democracia y el derecho internacional. La elección de líderes peligrosos no es un problema de cómo son los candidatos, sino la patente de nuestras decisiones y valores. Debemos salir de la impotencia a la que nos condujo la apatía, denunciar la desinformación, señalar la falta de compromiso. Todo ello es el abono, la porquería en las que crecen estos individuos que, lejos de representar con nobleza a la ciudadanía, anteponen sus propios intereses y ponen en peligro el futuro común. Sin el menor escrúpulo.

Al ver lo que ordena Trump, lo que perpetra Milei, al ver lo que de Alvise se destapa, no puedo dejar de pensar en su electorado, en todas esas personas, cientos de miles, millones, que tienen en sus manos un poder inmenso y hacen dejación de su responsabilidad. Si no se elige con conciencia, sino que el electorado se deja convencer por individuos cuya falsedad y ridiculez son ostentosas; si no se exige transparencia real, tanto a esos candidatos peligrosos como a los medios de comunicación que son sus cómplices, el electorado se dejará engañar por la primera patraña que le cuenten; si en vez promover la cultura política, se fomenta la ignorancia como nuevo opio del pueblo, seguirán proliferando líderes peligrosos. La democracia no es solo votar de vez en cuando, sino hacerlo con enorme vigilancia y responsabilidad. Las tontas, rabiosas, superficiales decisiones que se toman ante una urna, dicen quiénes somos, aunque después no nos reconozcamos. ¿O es que su electorado se reconoce en Alvise? Porque en ese caso tenemos un problema mucho mayor aún, que ya es decir.