Hasta hace relativamente poco la relación transatlántica se daba por descontada. Había una especie de distribución de roles. Estados Unidos garantizaba la seguridad del continente, Europa aportaba estabilidad normativa y un intercambio comercial sólido, y ambas orillas compartían un horizonte liberal-democrático. Poco a poco primero y muy rápido últimamente la cosa se ha resquebrajado por completo. Primero la crisis de 2008, luego el Brexit, la pandemia, la guerra de Ucrania, pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca lo ha acelerado todo. El episodio de Groenlandia colmó el vaso. Lo de que un presidente estadounidense exprese públicamente su voluntad de anexionar un territorio europeo no es una tontería más de un excéntrico megalómano. Es la señal de que Washington ve a Europa como un terreno a disputar. 

Y así ha sido. La administración Trump 2.0 apunta en una dirección clara: fragmentar la capacidad de acción autónoma de Europa. La fotografía que tienen en la Casa Blanca mezcla tres ideas: un declive económico europeo irreversible, una pérdida de “identidad civilizatoria” (judeocristiana) que no hay quien recomponga y la pérdida de soberanía de los estados nacionales a beneficio de la burocracia de Bruselas. Todo ello conduce a que Washington corteje abiertamente a los partidos nacional-ultraconservadores del continente (AfD, Reagrupación Nacional, Fratelli d'Italia, Fidesz, Vox). Partidos capaces de bloquear cualquier avance hacia una autonomía estratégica genuinamente europea que se ve como una amenaza para la hegemonía estadounidense. La administración Trump ve en estos partidos a socios naturales de un proyecto antiliberal: una Europa débil, dividida y dependiente. 

La guerra de Ucrania y la presión americana han provocado un cambio de época que coloca el gasto militar en el centro del proyecto europeo. La idea de una “ReArm Europe” con cientos de miles de millones en inversión en armamento convive mal con Estados del bienestar ya tensionados por la inflación, la transición ecológica y el envejecimiento demográfico. Europa se enfrenta así a una versión contemporánea del viejo dilema entre cañones y mantequilla, complicada porque debe sumar la descarbonización, la digitalización y la cohesión social. Algunos gobiernos, especialmente Polonia, intentan presentar el rearme como un “keynesianismo militar” capaz de reindustrializar el continente Se corre el riesgo de aumentar la dependencia tecnológica y estratégica mientras se desvían recursos de sanidad, educación o transición verde. Los ciudadanos europeos, según los sondeos de opinión realizados, pide simultáneamente más seguridad, más acción climática y más protección social. No concibe la defensa solo con tanques y misiles, sino que piden que se combine con energía propia ciberseguridad y democracia. Los europeos quieren sentirse protegidos, pero no a costa de desmantelar el modelo social del que disfrutan. Si no se aumenta el presupuesto de la Unión el riesgo es que la partida militar se imponga por la vía de los hechos, alimentada por un discurso de nueva derecha que tiende a presentar el gasto social como el factor que atrae a los migrantes a costa de los nativos. 

Aquí es donde la cuestión fiscal se convierte en prioridad política. Para sostener tanto la defensa como el bienestar sin romper la unión monetaria, Europa ha empezado a dar pasos hacia una soberanía compartida en el terreno financiero. La emisión conjunta de deuda durante la pandemia y ahora para Ucrania marca una ruptura con el veto histórico de Alemania a los eurobonos. Como ha escrito Claudi Pérez en El País, se trata de una especie de “mutación kafkiana”: la regla de la unanimidad se ha erosionado en situaciones de emergencia, y eso convierte a la UE en un actor político más capaz cuando la crisis aprieta. Los eurobonos son el embrión de una unión fiscal que necesariamente obligará a redefinir el marco institucional y las bases de legitimidad de la UE: qué se financia, quién paga, quién decide y con qué contrapesos democráticos. Los gobiernos nacional-populistas aceptan gustosos el dinero europeo, pero quieren blindarse frente a las responsabilidades futuras. La paradoja es que los Estados pierden margen individual en materia presupuestaria, pero ganan capacidad colectiva para sostener políticas que ninguna capital por si sola podría financiar.

España ilustra bien esta encrucijada. Es un país que ha apostado decididamente por la integración europea, que fue uno de los principales beneficiarios de los fondos Next Generation EU y que ha respaldado con firmeza tanto la emisión de deuda común como el acuerdo con Mercosur. Este último, que acaba de entrar en vigor provisionalmente, no es solo un pacto comercial: crea un mercado de más de 700 millones de personas y envía una señal política contundente en un mundo donde el multilateralismo está bajo asedio. Para España, con sus lazos históricos, culturales y empresariales con América Latina, Mercosur representa una oportunidad de diversificación estratégica y al mismo tiempo una prueba de que Europa puede tejer alianzas más allá del eje atlántico tradicional.

La misma lógica de diversificación empuja a Europa hacia el Pacífico. La UE ha intensificado sus relaciones con Japón, Corea del Sur, India y otros países de la zona, y lo que hace poco era un ejercicio de expertos en relaciones internacionales tiene ahora tintes de urgencia. Países como Japón o Corea del Sur, que dudan también de la fiabilidad del paraguas americano, miran hacia Europa como socio de defensa y tecnología. Los ejercicios navales conjuntos, las asociaciones estratégicas y las negociaciones comerciales que menudean con el Sudeste Asiático dibujan un mapa de alianzas más complejo. Pero el reto es pasar de la retórica a la capacidad operativa, ya que si Europa no tiene un músculo diplomático, industrial y militar propio no acabará siendo tomada en serio en esa región.

Pero, ¿todo esto quién lo lidera? Francia arrastra inestabilidad política y Alemania vive un periodo de introspección tras años de dependencia del gas ruso y del paraguas americano. Mientras tanto, la “otra Europa” reclama asiento en la cabecera de la mesa. Polonia se ha convertido en actor central del debate sobre defensa, los países bálticos marcan la pauta en la percepción de la amenaza rusa, e Italia y España ganan peso político relativo. Pero esta pluralidad de voces, que enriquece el debate, también dificulta los consensos en una unión atrapada entre la lógica intergubernamental y la necesidad de decisiones rápidas.

Europa se encuentra ante una encrucijada que no admite medias tintas. La autonomía estratégica no es lo contrario de la soberanía nacional, sino probablemente su condición de supervivencia en un mundo de potencias continentales y guerras híbridas. Pero hacerla realidad exige aceptar pérdidas de autonomía en cuestiones sensibles como son el presupuesto, la mutualización de la deuda, el reforzamiento de la industria de defensa, pero también el apuntalamiento de los mecanismos democráticos que acaben dando legitimidad a esas decisiones. Es, en el fondo, un reto de imaginación política: concebir un proyecto europeo capaz de proteger a sus ciudadanos sin traicionar los valores que lo distinguen y que ofrezca una alternativa creíble a la fragmentación nacionalista. La pregunta no es si Europa puede permitírselo. La pregunta es si puede permitirse no hacerlo.

Hay una sensación de fatiga que va atravesando las distintas democracias europeas y que no resulta fácil acabar relacionándola con una sola causa. Pero entiendo que una parte de la misma tiene que ver con la sensación de que el pacto sobre el que se construyeron nuestras sociedades (tú te esfuerzas hoy, progresas y el sistema te protege mañana, tú delegas en las instituciones y estas responden), parece que ha dejado de funcionar como la gente esperaba. Cruje lo suficiente como para que cada vez muchos y diversos se pregunten si merece la pena seguir confiando. Esa fatiga parece que se manifiesta con especial intensidad en las generaciones que están entrando en la vida adulta sin haber conocido una época en la que las promesas fueran cumpliéndose. Es en esa franja en la que se cruzan con especial intensidad la precariedad material, la incertidumbre y una sensación de agotamiento fruto más de la propia dinámica vital que del trabajo. Y es precisamente en esa franja en la que la democracia se juega parte de su futuro. 

Un reportaje reciente de El País examinaba un fenómeno revelador: el creciente distanciamiento de los jóvenes respecto al sistema fiscal. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el 93,6% de los mayores de 65 años considera que los impuestos son necesarios. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, esa cifra cae al 67,9%. Un 30% de los españoles, lo que es todo un récord en la última década, considera que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin que acabe de quedar claro a cambio de qué. Y entre los más jóvenes, especialmente entre los varones, esa percepción se agudiza.

La idea de que los jóvenes no creen en la democracia va reapareciendo de manera asidua. Casi siempre con datos que lo avalan. Según el CIS, un 38% de los menores de 24 años no descartaría vivir en un régimen poco democrático si eso les garantizase mejor calidad de vida. Un estudio del ICIP revela que solo un tercio de los jóvenes catalanes menores de 35 años considera la democracia preferible a cualquier alternativa. En el conjunto de Europa, uno de cada cinco jóvenes ya no la defiende como el mejor sistema de gobierno. Los datos son preocupantes. Pero deberíamos evitar que la recepción pasiva de los mismos acabe generando una lógica de profecía autocumplida.

La versión más extendida se refugia en la idea que los jóvenes no valoran lo que tienen, que no saben lo que tuvieron que pelear sus mayores. En España se concreta en que desconocen lo que fue el franquismo, no valoran lo que costó la transición, dan por descontadas libertades que costaron mucho conseguir. Asoma una idea de ingratitud, combinada con afirmaciones como que se han vuelto cómodos, que no quieren esforzarse o que buscan el atajo, como ser influencer o apostar por las criptomonedas. Tenemos que ir con cuidado, ya que corremos el riesgo de confundir el síntoma con la enfermedad. 

Lo que de manera más general se está resquebrajando es la confianza en el pacto social que los impuestos representan. La disposición a contribuir depende de que uno perciba el sistema como justo y crea que el esfuerzo de hacerlo tendrá retorno. Y es precisamente la sensación de sistema justo y la expectativa de futuro lo que puede estar fallando. Los datos disponibles van en esa línea: el 83% de la ciudadanía cree que la presión fiscal recae más sobre las rentas bajas y medias que sobre las grandes fortunas. Más de la mitad considera que la relación entre lo que se paga y lo que se recibe es peor en España que en otros países europeos. El sistema funciona bajo una lógica de ciclo vital (pago más ahora que trabajo y después me veré compensado) pero ello exige que haya confianza en ese futuro. Si esa confianza se debilita, como ocurre entre quienes han crecido encadenando crisis, la solidaridad intergeneracional se resquebraja. Esto no es un conflicto entre jóvenes y mayores, aunque a veces se presente así. Es algo más profundo: es la erosión de las bases comunes propias de cualquier proyecto colectivo. Cuando los jóvenes se distancian del sistema fiscal, no están rechazando la idea de lo público; están diciendo que lo público, tal como lo experimentan, no les incluye como debería.

A la percepción de injusticia presente se añade algo más difuso, pero igualmente poderoso: la sensación de que no es solo que las cosas vayan mal, sino que van a ir a peor. El cambio climático, la precarización global del trabajo, la aceleración tecnológica que amenaza empleos antes de que se hayan consolidado, la sucesión de crisis que se encadenan sin respiro: todo ello configura un horizonte poco propicio a la esperanza. Este estado de ánimo, que a veces se etiqueta como colapsismo y al que alude el último libro de Eudald Espluga, es más un sentido común difuso que se respira en redes, en conversaciones llenas de ironía y resignación, que una ideología fundamentada. 

Frente a ello la democracia no puede prometer enemigos claros y soluciones rápidas como las que ofrecen la extrema derecha o el aceleracionismo tecnológico. Lo que la democracia sí puede hacer, y debe hacer con urgencia, es reconstruir el pacto que se está rompiendo. Y eso empieza por lo más concreto: entregar presente. No planes a quince años, no indicadores macroeconómicos, no promesas electorales que se evaporan: cosas tangibles que cambien la vida. Vivienda accesible. Empleo que permita independizarse. Un sistema fiscal que se perciba como justo, que informe adecuadamente de lo que valen los servicios públicos y que devuelva de manera visible lo que recibe. Cuando la política entrega eso, la desafección va perdiendo sustrato. 

La democracia ha de explicarse mejor. Todo lo que hoy parece obvio, como la sanidad pública, los derechos laborales, el voto femenino, la despenalización de la homosexualidad, la propia existencia de una España democrática tras cuarenta años de dictadura, no ha venido del cielo. Han sido éxitos de la gente que lo peleó. Recuperar esa memoria no es nostalgia. Es una evidencia que los éxitos cuentan, como dice Rebecca Solnit, aunque la victoria definitiva no se haya dado. Mantener abierta la incertidumbre, aceptando que no sabemos cómo será el futuro y que depende en parte de lo que hagamos, no es ingenuidad. Es la única posición intelectualmente honesta.

Y hay una tercera dimensión, la más descuidada. El sentido no lo produce la política institucional. Lo producen los espacios y entornos donde la gente se encuentra, se organiza, cuida, crea, discute, comparte proyectos que no se miden en rentabilidad. Tejido asociativo, cultural, comunitario. La política no puede fabricar sentido, pero puede proteger los espacios donde el sentido emerge. Y cuando no lo hace, el vacío lo llena quien sepa: las plataformas digitales, los vendedores de crecimiento personal, los profetas del colapso, o los demagogos con soluciones simples.

La insatisfacción juvenil con la democracia existente no es necesariamente antidemocrática. Puede ser la forma en que la democracia siga exigiéndose lo que aún no es. La pregunta no es si los jóvenes creen en la democracia. La pregunta es si la democracia va a ser capaz de darles razones para que sigan creyendo en ella.

Miramos la América de Trump como un espectáculo entre grotesco y amenazante, pero si solo nos fijamos en su sangriento y caótico show perdemos lo que tiene de laboratorio. Lo de Trump es mucho más que un trágico paréntesis. Se trata del intento de articular una derecha muy antigua con tecnologías de poder muy nuevas que permitan generar una velocidad de cambio que la democracia, con sus instrumentos del siglo pasado, no sea capaz de gobernar.

En efecto, Trump no es solo un líder imprevisible. Es el rostro visible de una coalición conservadora que lleva años reorganizándose. Intelectuales, think tanks, oligarquías tecnológicas y movimientos religiosos han construido lo que podríamos describir como una secta con voluntad mayoritaria y vocación refundacional. Una coalición que quiere redefinir qué significa democracia y quién puede formar parte del “pueblo”.

Desde la perspectiva del progresismo global se tiende a ver a Trump como el triunfo de la ignorancia. Sin embargo, en torno al trumpismo se ha consolidado una infraestructura intelectual chocante y al mismo tiempo ambiciosa: constitucionalistas que quieren “restaurar” los valores originarios de Estados Unidos, pensadores posliberales que declaran agotado el liberalismo, nacional-conservadores que sueñan con una nación homogénea, blanca y cristiana.

Esa constelación inverosímil, alimentada por fundaciones, algunos centros universitarios y medios de comunicación afines, defiende que el núcleo de disputa central no son las políticas públicas, sino la propia idea del sentido común. De ahí la obsesión por la guerra cultural: por conquistar escuelas, sacar libros de las bibliotecas, ocupar plataformas digitales, tribunales o iglesias. Y en todo ese entramado, Silicon Valley aporta una pieza clave: financiación, redes y una cultura tecno-elitista que mira con simpatía la idea de que los “mejores” (empresarios, ingenieros, gestores de datos) gobiernen por encima de los protagonistas tradicionales de la política democrática.

Pero la cosa no acaba en esa arquitectura intelectual. Es necesario contar con una base social. El trumpismo agrupa a una coalición tremendamente heterogénea: empresarios, sectores rurales alejados del dinamismo de las grandes ciudades, una parte significativa de la clase trabajadora blanca y un creciente evangelismo militante. Todos unidos por una misma convicción: el país que conocíamos se nos ha ido de las manos. Ese relato idealiza una América de los años cincuenta, próspera y racialmente ordenada, donde el trabajo masculino garantizaba estatus y la diversidad era reprimida o invisibilizada. Un pasado casi mítico en el que no había redes sociales ni lógicas globales y la vida avanzaba en línea recta.

Desde esa perspectiva, las bases religiosas del trumpismo, sobre todo el cristianismo evangélico blanco, se mueven en categorías que no encajan con el escenario actual. El mundo se divide en “salvación” y “perdición”, “pureza” y “mezcolanza”. A la pluralidad democrática se la ve como un relativismo peligroso, y los cambios en temas de género, familia o raza son considerados un asalto a las “leyes naturales”.

Pero, paradójicamente, ese universo moral tan antiguo se difunde con las herramientas más contemporáneas: algoritmos, plataformas de vídeo, memes, campañas segmentadas de desinformación. Una parte de la derecha radical ha abrazado el aceleracionismo en sentido estricto: la idea de empujar las contradicciones del sistema hasta el colapso para provocar una crisis que abra la puerta a un orden autoritario o etnonacionalista. Añoranza y tecnocracia unidas en una coalición extravagante.

Lo que vemos en Estados Unidos es una sociedad que se mueve a una velocidad incompatible con las promesas clásicas de la democracia. La economía se reorganiza en tiempo real, las identidades se multiplican, las tecnologías alteran el trabajo, la información y los vínculos; mientras tanto, las instituciones representativas funcionan con tiempos largos, reglas pesadas, inercias del siglo XX. Hay quien usa la imagen de la persona que corre constantemente en una escalera mecánica yendo al revés de su marcha. La gente trabaja más, se forma más, se endeuda más, y siente que pierde el control sobre su vida. Que “los de arriba” siempre van un paso por delante, y que las decisiones relevantes se toman en centros financieros, tecnológicos o foros internacionales que nadie ha elegido.

El trumpismo ofrece una respuesta brutal a esa experiencia: si la política democrática llega tarde, mejor prescindamos de ella. Un líder fuerte, discursos simples, enemigos claros, instituciones desacreditadas. Y todo ello envuelto en la promesa de parar el reloj para “los nuestros”, congelando privilegios y jerarquías en medio de un mundo acelerado.

Deberíamos leer todo ello en clave preventiva. Primero, porque muestra hasta qué punto la desigualdad y la sensación de pérdida de control pueden alimentar soluciones autoritarias envueltas en lenguaje popular. Y segundo, porque el problema de fondo —esa vida en una escalera mecánica al revés— sigue estando ahí. En sociedades donde todo se acelera, limitarse a defender el viejo statu quo liberal no basta: hace falta democratizar los tiempos de la economía, del trabajo y de la tecnología, y reconstruir formas de arraigo que no pasen por la nación excluyente o la nostalgia reaccionaria. La América de Trump no es un espejo perfecto, pero sí una advertencia: si la democracia no aprende a gobernar la velocidad del siglo XXI, otros lo harán en su nombre.

La fascinación de la pantalla genera emociones que no siempre perviven ni son materializadas cuando uno deja de mirarlas o de creer en ellas. Pero cada día que pasa dedicamos más tiempo a estar frente a todo tipo de pantallas. Y lo cierto es que las pantallas y el mundo al que nos trasladan nos ayudan a resolver muchos problemas que antes exigían mucho más tiempo y esfuerzo. En la pantalla todo es mucho más claro, ordenado y legible que lo que nos rodea. Mapas, diagnósticos, catálogos, soluciones. Es innegable que todo ello da sensación de poder, pero, al mismo tiempo, nos va situando en un espacio paralelo a la realidad. Y lo cierto es que en esa realidad suceden cosas que no hay pantalla que resuelva. Es como si la tecnología haya hecho visible lo que antes era invisible o costaba mucho percibir. Pero, la brecha entre lo que la tecnología nos permite ver y controlar y lo que no hay manera alguna de meter en la pantalla es una grieta que va ampliándose y provocando alucinaciones de todo tipo.

Cada vez es más fácil, como estamos comprobando, matar a distancia, pero lo de gobernar el día a día exige cercanía. Hace diez años el filósofo francés Grégoire Chamayou publicó su Teoría del dron, donde describía con sumo detalle cómo la versión contemporánea de la guerra aérea, la guerra de drones y sus aledaños, produce una fantasía de control total. Puedes localizar a tu enemigo, seguirlo, conocer sus rutinas, elegir el momento exacto de su muerte y ejecutarla desde miles de kilómetros de distancia con total precisión. El operador frente a una pantalla decide la vida y la muerte de desconocidos, con total frialdad y sosiego. Pero Chamayou también explica los límites de este tipo de estrategias. El poder de matar con precisión y a distancia no acostumbra a traducirse en capacidad de construir un nuevo orden, de cambiar comportamientos colectivos. Y tampoco en construir desde lejos las condiciones para que una comunidad funcione o deje de funcionar. El camerunés Achille Mbembe lo formuló de otra manera. Lo que él llama la necropolítica es una nueva versión de la soberanía, pero por mucho que puedas decidir quién muere, lo que no consigues es decidir quién nace después. 

Lo que está ocurriendo ahora con esa alianza fúnebre y enloquecida de los ejércitos de Estados Unidos e Israel se inscribe plenamente en esa necropolítica. Y no es que no tengamos ejemplos de ello en nuestra reciente historia (Vietnam, Kosovo, Libia, Irak), pero el patrón se repite. La pantalla te dice dónde está el objetivo. No te dice qué ocurrirá en el barrio donde vivía, en la familia que deja, en el vacío político que genera su ausencia, en el resentimiento que alimenta su desaparición.

La euforia tecnológica ha generado y sigue generando nuevos espejismos. En la política con las promesas de control total de las dinámicas que explican las decisiones de cada ciudadano. El despliegue de aplicaciones tecnológicas en salud conducen a que los médicos tengan que disuadir a personas que llegan a sus consultas convencidos de que tienen tal dolencia o que el tratamiento más adecuado para su caso es este o aquel otro, mientras que el cuerpo se sigue resistiendo a ser tecnológicamente controlado. En el mundo laboral crecen cada día los instrumentos tecnológicos para monitorear cualquier aspecto de la labor de cada quién, pero lo que no hay manera de mejorar es la implicación de la gente en esa labor. Vigilar o controlar no es lo mismo que comprender.

La tecnología simplifica la realidad y amplifica la ilusión de su control. Las decisiones tomadas desde esa ilusión tienen consecuencias reales: guerras que no se pueden ganar pero que se siguen alimentando porque el operador ve nuevos objetivos en la pantalla y trata de evitar delitos o tropelías que aún no se han cometido; políticas sanitarias que no incorporan en sus modelos la dimensión social de toda dolencia o sistemas de gestión laboral que tratando de optimizar la productividad reducen el compromiso de los implicados. 

No se trata de plantearnos si debemos o no usar la tecnología ya que es evidente que sí, pero lo que sería conveniente es que analizáramos qué tipo de preguntas son las que nos permite responder y cuáles, en cambio, más bien no. El filósofo Timothy Mitchell escribió que el poder hoy día funciona en gran medida produciendo la ilusión de que la realidad social es legible y que puede calcularse y administrarse, y, en esa línea, la tecnología digital ha multiplicado esa ilusión. No es que la tecnología falle. Lo que ocurre es que hay dimensiones de las peripecias humanas que existen más allá de la pantalla: en los cuerpos, en las historias, en los miedos, en la dignidad ofendida de personas o colectivos. No hay sensores para ello. La pantalla no es el mundo. No lo es. Nunca lo ha sido. Y lo que nos conviene seguir recordando es que muchas cosas quedan fuera del encuadre. 

Frente al caos que pregona y practica Trump desde la Presidencia de Estados Unidos, la pregunta urgente es si la Unión Europea tiene algún plan al respecto. No es una pregunta retórica: es la más práctica de las preguntas políticas. Europa y Estados Unidos llegaron a la segunda mitad del siglo XX con lecciones muy distintas sobre la guerra y el conflicto. La UE se fue construyendo precisamente para evitar resolver diferencias por la fuerza, avanzando en cohesión con reglas compartidas e interdependencia económica. El objetivo era escapar de la lógica de conflicto permanente que había devastado el continente. Hoy asistimos al regreso del caos y del uso de la fuerza como instrumento para resolver diferencias: en el universo Trump, las reglas son obstáculos, no patrimonio común.

La paradoja es que justo cuando más necesitaríamos reforzar las instituciones europeas, más se ha erosionado la confianza en ellas. El debate oscila entre quienes ven la UE como una camisa de fuerza y quienes defienden una mayor integración para responder a un mundo donde el tamaño importa. Las dudas se multiplican: ¿enfrentarse o acomodarse al unilateralismo de Washington? ¿Repetir la austeridad de 2010 o consolidar el giro más solidario que vimos durante la pandemia? ¿Imitar el camino americano o reforzar nuestra propia autonomía frente a un “amigo” cada vez más tóxico?

Empecemos por unos pocos datos de contraste entre Estados Unidos y Europa. Un estudio del World Inequality Lab sobre 38 países europeos entre 1980 y 2017 revela que el 1% más rico de Estados Unidos concentra el 21% de la renta nacional antes de impuestos, frente al 10,5% en Europa occidental. El 50% más pobre europeo gana entre 14.000 y 21.000 euros anuales; en Estados Unidos ese mismo grupo recibe el 11,7% de la renta, menos que en cualquier región europea. Y no es solo cuestión de impuestos: la razón principal por la que Europa es más igualitaria no reside en una redistribución más generosa, sino en una distribución primaria de los ingresos (predistribución vía salarios, educación y regulación laboral) estructuralmente más equitativa. Es esta predistribución, forjada por décadas de políticas públicas, la que explica la diferencia.

Esa diferencia tiene nombres concretos. En todos los países de la UE, el acceso a la atención médica es un derecho garantizado por el Estado, con independencia de la renta o el empleo. En Estados Unidos ha dependido históricamente del contrato laboral o de la capacidad de pago. Las consecuencias son medibles: Estados Unidos gasta cerca del 17% del PIB en sanidad, frente al 10-12% europeo, y obtiene peores resultados en esperanza de vida y mortalidad infantil. La esperanza de vida en Europa occidental supera los 82 años; en Estados Unidos ha caído por debajo de los 77. Anne Case y el Premio Nobel Angus Deaton documentaron un fenómeno sin parangón en el mundo desarrollado: el aumento de la mortalidad entre hombres blancos de mediana edad en Estados Unidos desde finales de los noventa, asociado a lo que llamaron “muertes por desesperación”: sobredosis, suicidios, cirrosis. Esto no ocurre en Europa.

Otro espejo revelador es el de la privación de libertad. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: unas 650 personas presas por cada 100.000 habitantes. La media europea se sitúa entre 60 y 100. Esa diferencia no refleja distintas tasas de criminalidad en todos los delitos: refleja distintas filosofías penales, distintos niveles de desigualdad económica y distintas políticas de drogas. El modelo europeo tiende hacia la reinserción; el norteamericano, hacia la incapacitación y el castigo. Las consecuencias sociales de encarcelar a más de dos millones de personas —en su mayoría hombres negros y pobres— son incalculables en términos de destrucción de familias y comunidades.

Ninguna de estas diferencias es accidental. Son el resultado de decisiones políticas acumuladas a lo largo de décadas. Europa eligió, desde los acuerdos de posguerra, construir sistemas de protección social que amortiguaran los efectos más brutales del mercado. Estados Unidos eligió, con más fuerza desde los años ochenta (Reagan), extender la lógica del mercado a ámbitos que en Europa se consideran derechos: la salud, la educación, la vejez. El resultado es una sociedad más rica en promedio, pero con una distribución de esa riqueza dramáticamente más desigual y con redes de seguridad más frágiles para quienes quedan atrás.

Dentro de la propia UE, el contraste entre la respuesta a la crisis financiera de 2008 y la de la pandemia de 2020 ilustra la tensión entre esos dos caminos posibles. Tras 2008, la austeridad fiscal, las reformas laborales desreguladoras y el debilitamiento de la negociación colectiva alimentaron un aumento de la desigualdad y una percepción de desprotección que nutrió a los movimientos euroescépticos. En cambio, la respuesta a la COVID-19 introdujo elementos de ruptura: suspensión de las reglas fiscales, mutualización parcial de deuda mediante NextGenerationEU, inversión masiva en protección del empleo. Es la Europa que se reivindica como escudo y no solo como mercado.

Reivindicar el espíritu original de la UE hoy significa tres cosas. Primero, asumir que el poder europeo en el siglo XXI no puede descansar solo en la regulación: necesita capacidad material —industrial, tecnológica, de defensa—, pero encuadrada en reglas comunes que eviten el sálvese quien pueda entre Estados miembros. Segundo, profundizar la predistribución: reforzar sistemas educativos y sanitarios universalistas, garantizar salarios mínimos efectivos y limitar la concentración de poder económico para seguir siendo la región desarrollada menos desigual. Y tercero, mantener una apuesta clara por la democracia social y liberal que no renuncie al Estado de derecho ni al multilateralismo, incluso cuando otras potencias deriven hacia el caudillismo o la política de la fuerza.

En un mundo que parece regresar a la ley del más fuerte, el proyecto europeo nació precisamente para demostrar que otra lógica es posible: que la cooperación regulada puede producir prosperidad, seguridad y libertad mejor que la suma de egoísmos nacionales. Lo que está en juego no es solo una cuestión de soberanía o identidad: es una cuestión de modelo de sociedad. Y el espejo americano nos recuerda, con datos, adónde conduce el camino alternativo.

La sucesión de escándalos político‑institucionales a los que venimos asistiendo en nuestro país es demoledora. La financiación irregular de partidos, el aprovechamiento individual de los puestos de representación y gobierno o los últimos episodios de agresiones sexuales basadas en una impunidad asociada a la jerarquía institucional se inscriben en un paisaje cada vez más deteriorado. Cada episodio no solo erosiona la imagen de una institución concreta, sino que refuerza un diagnóstico más general: “todos son iguales”, “las reglas solo obligan a los de abajo”, “lo público es el botín de los que mandan”. Esa percepción, que en España tiene un largo recorrido histórico, debilita el vínculo entre ciudadanía y Estado y alimenta la sensación de que la única estrategia racional es “ir a lo mío”, maximizar beneficios privados y minimizar la acción colectiva que no conlleve beneficios personales. Es un círculo vicioso: menos confianza genera menos implicación, y menos implicación deja más espacio a usos privados de lo público que, a su vez, reducen aún más la confianza.

En las últimas décadas hemos aprendido, con Robert Putnam y con buena parte de la literatura posterior, que las democracias no se sostienen solo sobre constituciones, leyes e instituciones, sino sobre una infraestructura de vínculos, asociaciones y confianzas que hacen posible la cooperación cotidiana. Hay un “capital social” hecho de redes compartidas, de espacios en los que dar y recibir, y de esperanzas mutuas que permiten la acción colectiva. Este concepto ayuda a explicar por qué algunas sociedades resisten mejor las crisis, innovan más o preservan mejor sus instituciones. 

No parece que en España estemos en un buen momento al respecto. Los datos recientes no invitan al optimismo. Según una encuesta de la OCDE sobre confianza en las instituciones, en 2023 solo un 37% de la población en España declaraba confiar mucho o bastante en el Gobierno central. La confianza en el Parlamento apenas alcanzaba el 34%, y los partidos políticos se situaban en el furgón de cola, con apenas un 18%. La paradoja es que esa desconfianza institucional convive con niveles relativamente altos de confianza interpersonal (“confiar en los demás”) y con una valoración mejor de servicios como la sanidad o las administraciones locales.

Esta brecha entre instituciones políticas y vínculos cotidianos tiene raíces históricas profundas. Durante largos períodos, el Estado fue percibido como instrumento de élites, con una modernización autoritaria sin sedimentación de una cultura democrática amplia, una vida pública capturada por partidos y burocracias, y una sociedad civil débil y muy desigual en su implantación territorial. El resultado ha sido un espacio público entendido como “espacio de otros”, de los que mandan, reparten prebendas y se aprovechan para engordar lo suyo. Y no como un espacio común del que todos somos responsables. Se espera mucho del Estado y de sus instituciones y, al mismo tiempo, se desconfía profundamente de él: una combinación explosiva que alimenta tanto la frustración como la apatía.

Sin embargo, sería un error concluir que España está condenada a un déficit permanente de lazos y vínculos sociales positivos. La evidencia comparada muestra fuertes diferencias territoriales y sectoriales: hay regiones, municipios, barrios y ámbitos donde la densidad asociativa y la innovación cívica son notables. La economía social, el cooperativismo, el tercer sector, las plataformas de defensa del medio ambiente, ejemplos de solidaridad y de defensa de lo común, redes de cuidados, son expresión de todo ello. Allí donde hay contexto, historia, personas y estructuras que lo favorecen, los vínculos sociales florecen y se refuerza la capacidad colectiva de buscar salidas compartidas.

En este contexto, el crecimiento del individualismo en todo el mundo adquiere en España rasgos propios. No hablamos solo del individualismo “clásico” liberal, sino de una constelación de prácticas y valores marcada por la precariedad, la competencia entre los últimos y los penúltimos y la gestión solitaria de los riesgos vitales. La combinación de mercados de trabajo inestables, desigualdades persistentes y debilitamiento de los grandes relatos colectivos empuja a muchos ciudadanos a replegarse sobre la familia y los círculos más inmediatos. Cuando la confianza se reserva al círculo íntimo y las instituciones se perciben como distantes o capturadas, el espacio para el compromiso cívico se estrecha.

De este modo se alimenta un discurso político que oscila entre dos polos poco fértiles: por un lado, la exigencia de que “el Estado lo resuelva todo”; por otro, la invitación moralizante a que “la gente se implique más”, pero sin modificar las condiciones estructurales que permitan que no sea casi heroico implicarse socialmente. La consecuencia es un malestar difuso que no encuentra canales efectivos de transformación colectiva.

Reconstruir la confianza exige ir más allá de los llamamientos éticos y genéricos a la ciudadanía. Hace falta un paquete de reformas institucionales serias que refuerce la transparencia, el compartir decisiones y la rendición de cuentas, de manera que quede claro que lo público no es un espacio capturado de antemano. Y requiere también políticas deliberadas de apoyo a la sociedad civil: marcos legales y financieros estables para el tercer sector, reconocimiento del papel de asociaciones y cooperativas como coproductoras de políticas y no solo como proveedoras baratas de servicios, y cuidado de los espacios físicos y simbólicos donde la gente pueda encontrarse y organizarse, como bibliotecas, centros cívicos o espacios de ocio infantil y juvenil.

Finalmente, es necesario disputar el sentido del propio individualismo. No se trata de oponer mecánicamente individuo y comunidad, sino de promover formas de autonomía que se entiendan a sí mismas como interdependientes. Derechos individuales fuertes, sí, pero anclados en la conciencia de que sin instituciones comunes legítimas, sin bienes públicos sostenidos colectivamente y sin redes de apoyo mutuo, esa autonomía se vuelve ficticia. En una sociedad donde se habla mucho de derechos y bastante menos de responsabilidades, recuperar la idea de lo público como algo que no solo “me protege” o “me da servicios”, sino como algo que también me obliga y me implica, es una de las tareas políticas y culturales más significativas en momentos como los actuales.

En España se habla de vivienda como si fuera solo un problema de solares disponibles, metros cuadrados, precios y hipotecas, pero en realidad se está discutiendo, también y sin decirlo, sobre salud pública y esperanza de vida. La evidencia comparada muestra de forma bastante contundente que la vivienda es, en esencia, un problema de bienestar y de salud pública de primera magnitud. El tipo de vivienda que se habita —si está sobre ocupada, si se pasa frío o calor, si hay humedades, si el alquiler se lleva la mitad del sueldo— condiciona la salud física y mental, la autonomía en la vejez y hasta las oportunidades educativas de los hijos

En España la desconexión entre el derecho a la salud —ampliamente protegido y gestionado como un pilar básico universal— y el derecho a la vivienda —relegado a un principio rector de la política económica en el artículo 47 de la Constitución— ha generado una fractura social cuyas consecuencias son ya innegables. En este escenario, la dimensión sanitaria de la crisis residencial suele permanecer en segundo plano frente al relato más visible del encarecimiento del alquiler, la dificultad de emancipación juvenil o los desahucios. Hace un par de semanas me invitaron a discutir el tema en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y los datos que allí se barajaron constatan que una parte creciente de la población vive en condiciones que la literatura especializada define como privación severa de vivienda: sobreocupación, infravivienda, problemas estructurales (humedades, filtraciones, moho), dificultades para mantener una temperatura adecuada o barrios expuestos al ruido, la contaminación y la inseguridad. Se estima que en 2020 cerca del 20% de la población en España vivía en viviendas con humedades o filtraciones, por encima de la media europea. A ello se suma el overburden: hogares que destinan más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda, lo que multiplica el riesgo de pobreza y limita el gasto en alimentación, energía o cuidados.

Desde este ángulo, invertir en vivienda asequible es, posiblemente, la intervención en salud más ambiciosa y eficiente que un Estado puede acometer en el siglo XXI. La vivienda actúa hoy como el “pilar tambaleante” del bienestar, según la célebre definición de Torgersen, porque es el único ámbito donde el mercado manda sobre la necesidad básica, obligando a las familias a realizar malabarismos imposibles entre el pago del alquiler y el mantenimiento de una vida saludable.

La complejidad de la crisis habitacional se manifiesta en múltiples capas que erosionan el cuerpo y la mente de forma silenciosa. No se trata solo de la falta de un techo; hablamos de la infravivienda, de la sobreocupación y de la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada. La pobreza energética, que en climas mediterráneos se traduce tanto en el frío invernal como en el estrés térmico estival, es responsable directa de un aumento en la mortalidad prematura y de patologías respiratorias crónicas. A esto debemos añadir el impacto devastador del “overburden” financiero: cuando una familia destina más del 40% o incluso el 50% de sus ingresos al alquiler, el sistema sanitario empieza a pagar la factura. El estrés crónico derivado de la inseguridad residencial —el miedo al desahucio o a la no renovación del contrato— altera el sistema inmune y dispara los cuadros de ansiedad y depresión. En España, diversos estudios académicos ya han demostrado que el consumo de psicofármacos está estrechamente ligado a la precariedad habitacional. Estamos recetando ansiolíticos para tratar problemas que se resolverían con un parque público de vivienda alquiler estable y asequible.

Esta situación se ve agravada por nuestro modelo de bienestar, históricamente “familiarista”. Durante décadas, el Estado español delegó la protección social en la propiedad privada y en la red de apoyo familiar. Se asumió que la familia era el amortiguador que compensaba la falta de vivienda pública. Pero este modelo ha colapsado ante la precariedad laboral y el auge de precios especulativos. El “familiarismo” ya no protege como lo hacía; hoy más bien segrega. Quien no hereda o no tiene red familiar queda expuesto a un sistema de tenencia dual, donde el alquiler es un terreno hostil, costoso y carente de las protecciones que sí tiene un propietario. La evidencia internacional, recogida en informes de instituciones como Eurofound, es demoledora: por cada tres euros invertidos en mejorar las condiciones de vivienda de la población, el sistema público recupera dos euros en apenas un año a través del ahorro en gastos médicos, hospitalizaciones y servicios sociales. Países como Finlandia, con su programa Housing First, han demostrado que proporcionar una vivienda estable es el primer paso, y el más barato a largo plazo, para tratar enfermedades crónicas y problemas de exclusión extrema.

Uno de los mayores retos para revertir esta situación es la fragmentación de las políticas públicas. La iniciativa “Vivienda 47” del gobierno central representa un paso necesario, pero corre el riesgo de quedar como un compartimento estanco si no se articula con las políticas de salud y servicios sociales. Aquí es donde el concepto de proximidad adquiere una relevancia estratégica. La relación entre vivienda y salud se gestiona mejor cuanto más cerca está la capacidad de decisión del problema real. Los municipios y las áreas metropolitanas son los espacios donde la “acupuntura urbana” puede detectar qué barrio sufre más por el hacinamiento o dónde la falta de aislamiento está provocando ingresos hospitalarios recurrentes. Cuando la política se aleja del territorio, la vivienda se convierte en un frío dato estadístico; cuando se gestiona desde la proximidad, se entiende como una infraestructura de cuidados. La integración de políticas no es solo una cuestión administrativa, sino una necesidad operativa: un médico de familia debería poder “recetar” una mejora en el aislamiento de una vivienda de la misma forma que receta un inhalador para el asma.

La escasez de vivienda accesible es, en última instancia y en la jerga económica, una externalidad negativa que el mercado traslada al sistema sanitario público. Si España aspira a mantener su salud pública en niveles aceptables, debe entender que la sanidad universal no termina en la puerta del hospital, sino que empieza en la puerta de casa. No habrá salud sin un suelo desmercantilizado y sin una política habitacional valiente que entienda que el derecho a un techo digno es la vacuna más eficaz contra la desigualdad y la enfermedad. Invertir en vivienda es, sencillamente, la mejor receta médica que podemos prescribir para el futuro de nuestra sociedad.

Deja de funcionar el sistema ferroviario en Cataluña y Ayuso anuncia una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones en Madrid. Puede parecer una mera yuxtaposición de noticias, pero hay algo de estructural en la coincidencia. El debate sobre la fiscalidad no va de números, sino de país: qué tipo de comunidad queremos ser, una sociedad de servicios compartidos o un archipiélago de privilegios individuales. En España, y de forma especialmente visible en el caos cotidiano de la red ferroviaria en Cataluña, vivimos una paradoja peligrosa: la degradación de lo público se utiliza como prueba de que lo público “no funciona”, para justificar nuevas rebajas fiscales y más retirada del Estado. Sin embargo, lo que presenciamos no es el fracaso intrínseco de lo público por el hecho de ser público, sino el avance de una estrategia premeditada para erosionar el pacto social hasta que la ciudadanía, agotada, acabe pidiendo que el mercado ocupe el lugar del Estado.

El ejemplo del Reino Unido bajo el legado de Margaret Thatcher no es una réplica exacta de lo que sucede aquí, pero sí un precedente y una advertencia intelectual y moral. Ken Loach lo retrató magistralmente en La cuadrilla (The Navigators): la privatización de los ferrocarriles británicos no trajo eficiencia, sino precarización extrema de los trabajadores y el sacrificio de la seguridad en nombre del ahorro de costes para el accionista. Los análisis posteriores al accidente de Hatfield, en el año 2000, pusieron de manifiesto las graves deficiencias de la empresa privada Railtrack y sus continuas subcontrataciones. En Cataluña, la falta crónica de inversión y la muy deficiente ejecución presupuestaria de los sucesivos gobiernos han generado un servicio poco fiable que expulsa usuarios, encarece la vida cotidiana y degrada la dignidad del viajero. 

Este vaciamiento de lo común se da, además, en un contexto global de ataque a la democracia liberal, donde la extrema derecha y los populismos reactivos ganan terreno. Líderes como Isabel Díaz Ayuso en Madrid —o las alianzas PP‑Vox que se están materializando en Extremadura y que asoman en Aragón o Castilla y León— han convertido la bajada de impuestos en un relato de emancipación frente a un Estado supuestamente opresor. Es un ataque frontal a la democracia entendida como un espacio de iguales. La libertad que proponen es, en realidad, una libertad de mercado: solo quien tiene capital puede elegir colegio, hospital o medio de transporte.

Cuando la sanidad pública estornuda o los trenes de cercanías no llegan a su hora, la respuesta de estos sectores no es reforzar la fiscalidad progresiva para invertir más, sino empujar a quien pueda a comprarse un coche, contratar un seguro privado o pagar una escuela concertada de élite. El resultado es una fractura social profunda: dejamos de compartir vagón y sala de espera, dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en clientes con distintos niveles de acceso. Se disuelve la esfera común que sostiene la democracia y se normaliza la idea de que la calidad de vida depende de la cuenta corriente.

La discusión sobre impuestos suele presentarse como una lucha entre “altos impuestos asfixiantes” y “bajos impuestos liberadores”, pero en realidad es una disputa sobre cómo se distribuye el poder. Economistas como Thomas Piketty han mostrado que sin impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio, la desigualdad se dispara y termina minando las bases mismas de la democracia, al concentrar la capacidad de influencia política en una minoría. Poner la fiscalidad en el centro del conflicto político no es una obsesión contable, sino la condición para sostener un Estado social capaz de financiar educación, sanidad e infraestructuras en condiciones de igualdad.

España se mueve en niveles de recaudación que, aunque se han aproximado a la media de la OCDE en las últimas dos décadas, siguen siendo objeto de debate cuando se comparan con las necesidades reales de un Estado social que ha de proveer servicios a una cantidad mayor de usuarios. Los datos de la OCDE sitúan la recaudación tributaria en torno al 37% del PIB en 2023, por encima del promedio del conjunto de países que la forman, pero por debajo de los países que sostienen Estados de bienestar más robustos y menos desiguales. La cuestión no es solo cuánto se recauda, sino cómo: el peso relativo de la imposición sobre el trabajo frente a la riqueza y las rentas de capital, y el margen de mejora mediante figuras más progresivas, como los impuestos sobre grandes fortunas y herencias, que Piketty defiende como palancas para reducir la desigualdad heredada, que es justamente la que Ayuso quiere bonificar.

Una esfera pública bien financiada —ferrocarriles que funcionan, escuelas inclusivas, una atención primaria robusta— es el único mecanismo que garantiza que la libertad no sea un privilegio para pocos, sino una posibilidad real para muchos. Pagar impuestos no es un castigo, sino la inversión necesaria para mantener una infraestructura común que nos iguala y nos permite convivir en un mundo cada vez más fragmentado. Pero para que este contrato fiscal sea políticamente defendible, es imprescindible que las cosas funcionen.

Defender hoy un sistema ferroviario digno en Cataluña o una atención primaria fuerte en Madrid no es solo una cuestión de movilidad o de salud. Es un acto de resistencia democrática: una manera de afirmar que la libertad no se compra en el mercado, sino que se construye garantizando derechos efectivos para todos. Solo manteniendo una esfera pública no orientada al beneficio, sino al servicio ciudadano y financiada de forma progresiva por quienes más tienen, podemos sostener una sociedad donde el bienestar no dependa de la cuenta corriente. Recuperar el prestigio de lo común y hacer que el Estado cumpla sus compromisos de inversión es la condición para que la democracia no se convierta en una cáscara vacía al servicio del mejor postor, y para frenar la deriva que nos quiere convencer de que estaríamos mejor solos que juntos.

La confusión entre igualdad y homogeneidad atraviesa de manera soterrada buena parte del debate sobre la financiación autonómica en España. Las administraciones públicas se formaron desde una cultura weberiana que tiende a identificar igualdad con trato uniforme. Para evitar la discrecionalidad acabas aplicando la misma regla a situaciones que en muchos casos son profundamente distintas. Esa lógica, que en su origen buscaba proteger al ciudadano frente al favoritismo de que gozaban quiénes tenían vínculos con el poder, ha acabado funcionando como una máquina de homogeneización: cualquier intento de diferenciar se percibe como privilegio o desviación del ideal de neutralidad.

Sin embargo, en un Estado compuesto como el que tenemos en España, la cuestión decisiva no es si todos los territorios reciben un tratamiento idéntico, sino si las personas, vivan donde vivan, tienen un acceso razonablemente comparable a los derechos y prestaciones que la Constitución reconoce. Lo contrario de igualdad es desigualdad; lo contrario de homogeneidad, en cambio, es diversidad. Confundir ambos planos conduce a interpretar cualquier reconocimiento de la diversidad territorial como una amenaza a la igualdad, cuando a menudo es la condición para hacerla efectiva.  

El debate sobre el sistema de financiación autonómica es un campo privilegiado para constatar esta confusión. Venimos de un sistema puesto en marcha en el 2009, ya claramente caducado y que acumula problemas. El informe de la Comisión de Expertos de 2017 constata que el modelo vigente es opaco, poco inteligible y genera diferencias significativas de financiación que no siempre se explican por necesidades de gasto o capacidad fiscal, lo que alimenta los agravios cruzados. La finalidad del sistema debe ser garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos fundamentales en función de su coste efectivo, y hacerlo sobre la base de principios como solidaridad, suficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal. Para ello no sirve una fórmula homogénea, sino refinar el indicador de población ajustada (incorporando variables de necesidad como son la población protegida sanitaria por tramos de edad, la población en edad escolar, el envejecimiento,…) y correctores específicos de costes fijos o los de insularidad, dispersión y superficie. Se reconoce así que las comunidades no se enfrentan al mismo coste por prestar el mismo catálogo de servicios.

Ahora, el principal obstáculo para articular una financiación autonómica que trate de forma igual pero no homogénea a territorios diversos no es de diseño técnico sino de disposición política a asumir los costes de esa distinción. La lógica de la evidencia —que muestra que las comunidades no tienen las mismas necesidades de gasto ni la misma capacidad fiscal y que, por tanto, la igualdad ciudadana requiere una cierta diferenciación territorial— se encuentra con una lógica distinta: la de los calendarios electorales, las estrategias partidistas y las batallas por el relato. En ese terreno, la confusión entre igualdad y homogeneidad deja de ser solo un problema conceptual para convertirse en un recurso retórico útil, porque permite presentar cualquier ajuste a la diversidad como un “privilegio” y cualquier avance en la nivelación como un “castigo” para determinados territorios.  

La propuesta de reforma del Ministerio de Hacienda refuerza la corresponsabilidad fiscal y la autonomía, ligando más estrechamente las finanzas regionales al dinamismo económico de cada territorio. Sin por ello mermar la solidaridad interterritorial, al nivelar la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado, afinando los grupos de edad y reforzando los criterios de superficie y dispersión para compensar los efectos de la despoblación. Leída desde quienes tienden a confundir igualdad con homogeneidad, esta combinación es muy sospechosa. Se afirma, por ejemplo, que reconocer “singularidades territoriales” equivale a hacer un “modelo a medida” y, por tanto, a romper la igualdad. Ese tipo de críticas parten de un concepto de igualdad formal: todos los territorios deberían recibir lo mismo por unidad de población, con independencia de sus necesidades de gasto, de su capacidad fiscal o de las competencias que gestionan. Lo que la Constitución exige es el respeto de los principios de solidaridad y coordinación y que no se generen privilegios económicos o sociales derivados de las diferencias estatutarias; no que cada comunidad reciba el mismo nivel de financiación sin tener en cuenta el coste real de garantizar los mismos derechos.

En este punto entra también el debate sobre el principio de ordinalidad. Desde la óptica que distingue igualdad y homogeneidad, la ordinalidad puede concebirse como un parámetro político a considerar para evitar resultados percibidos como confiscatorios en las comunidades más ricas, aunque tiene el riesgo de blindar desigualdades de origen y de convertir la diversidad económica en orden jerárquico intocable. La propuesta de Hacienda se mueve en un terreno intermedio, reconociendo un espacio de negociación entre tres exigencias distintas: la nivelación suficiente para garantizar igualdad de acceso a los servicios; la preservación de incentivos al dinamismo fiscal y económico; y la necesidad de llegar a un acuerdo políticamente sostenible en un mapa de agravios acumulados. La comparación internacional refuerza esta lectura. Sistemas federales como Alemania o Canadá han desarrollado mecanismos de ecualización que parten de la diversidad territorial en capacidades fiscales y costes de provisión, pero los justifican en nombre de la igualdad de oportunidades ciudadanas y de “condiciones de vida equivalentes”, no de un reparto homogéneo de recursos entre gobiernos. 

Aplicado al caso español, el hilo argumental puede resumirse así: un Estado compuesto que toma en serio el principio de igualdad no puede ser homogéneo ni en el reparto de competencias ni en el de recursos, porque sus territorios no lo son en población, estructura económica, geografía, despoblación, insularidad o extrapeninsularidad. El sistema de financiación ha de traducir esa diversidad en fórmulas que garanticen derechos equivalentes sin congelar el mapa de capacidades fiscales ni la autonomía política. Sin embargo, la lógica partidista se impone: el objetivo inmediato es no facilitar al adversario un éxito de gobierno, más que maximizar los recursos disponibles para los propios servicios públicos. 

El discurso de la igualdad entendida como homogeneidad se convierte así en un arma útil: permite cuestionar la reforma desde una posición supuestamente de principios —“no aceptaré privilegios para nadie”—, y al mismo tiempo acumular réditos de opinión pública ante electorados sensibles al agravio comparativo. La paradoja es que esa defensa de la homogeneidad acaba siendo una defensa implícita del statu quo: mantener un modelo de 2009 nacido para otro momento económico y demográfico y que todos saben que es insuficiente y desequilibrado, pero que resulta políticamente menos costoso que entrar en el terreno minado de la redistribución explícita.

La lógica partidista empuja a usar la confusión entre igualdad y homogeneidad como herramienta de movilización y como argumento crítico, porque simplifica un debate complejo y lo alinea con identidades territoriales y electorales preexistentes. Precisamente por eso resulta aún más importante insistir en el marco que distingue igualdad de homogeneidad y diversidad de privilegio: no solo como argumento normativo, sino como antídoto frente a una forma de hacer política que, en nombre de una igualdad mal entendida, puede bloquear durante años cualquier avance hacia una financiación más equitativa y una administración más capaz de tratar de forma diferenciada lo que de hecho es diverso.

Hay una clara sensación de agotamiento del modelo de Europa que ha ido funcionando mal que bien desde sus primeros balbuceos con la Comunidad del Carbón y del Acero apenas terminada la segunda gran guerra que asoló el continente. Un declive que se recrudece en un escenario geopolítico cada vez más hostil. Pero, ¿es ese agotamiento síntoma del miedo a dar un paso adelante o una simple expresión de unas debilidades reales e insuperables?. El proyecto nacido en Ventotene, con Spinelli imaginando una unión política para superar la guerra y el nacionalismo, se ha ido traduciendo en un híbrido peculiar: más mercado que federación, más reglas que voluntad de poder, más contención que ambición. Y, sin embargo, en el momento en que la historia vuelve a acelerarse (Trump en la Casa Blanca, Putin a las puertas, China consolidando su peso), Europa descubre que no puede permitirse el lujo de la nostalgia o de los reproches cruzados. O se rearma política, económica y (por fuerza) militarmente, o verá cómo su modelo de democracia social que la ha caracterizado va a acabar siendo irreconocible.

El relato del declive se refleja con crudeza en el Informe Draghi sobre competitividad, que demuestra cómo el crecimiento europeo ha sido persistentemente más lento que el de Estados Unidos en las dos últimas décadas, mientras China recorta distancias. Más preocupante aún: la inversión europea en capital físico y, sobre todo, en actividades innovadoras, como las vinculadas capital riesgo o empresas tecnológicas, ha quedado claramente por detrás de la estadounidense. Si nada cambia, advierte ese diagnóstico, el riesgo no es solo quedar por detrás, sino consolidar una trayectoria de irrelevancia económica relativa.  

Otros análisis, como el de Adam Tooze, matizan este dramatismo, aludiendo a que la brecha en la generación del PIB no se debe tanto a una posible esclerosis económica, como a optar por distintas prioridades. No estaríamos asistiendo al derrumbe del Imperio romano, sino al hecho que Europa se siente más cómoda en un escalón inferior del capitalismo avanzado, aceptando un rol más igualitario y menos exuberante. En ese sentido el problema no sería tanto el descenso como la resignación.  

Pero la política y la geopolítica no pueden quedar al margen del análisis. La guerra de Ucrania ha obligado a Europa a actuar asumiendo que uno de sus principios es asumir de manera compartida los riesgos que afectan al conjunto de la comunidad. Así se hizo con el NextGeneration para hacer frente a la pandemia y, ahora, con los nuevos eurobonos para financiar hasta 90.000 millones de ayuda a Kiev. Todo ello muestra que, cuando la emergencia aprieta, la Unión parece estar dispuesta a cruzar líneas rojas como la mutualización de deuda y el abandono de facto de la unanimidad en decisiones de alto calado. Estamos en un momento en el que debería demostrarse la capacidad de reconducir la construcción europea en momentos de riesgo existencial hacían una verdadera refundación. Pero la dificultad con que se ha llegado a ese punto y las tensiones generadas para lograrlo ponen de relieve la fragilidad del equilibrio institucional y el peligro de que las coaliciones de bloqueo se vayan ampliando. 

Cabría imaginar que algunos países, aquellos que puedan sentirse más frágiles o, al revés, los más convencidos de su modelo de convivencia, puedan preferir blindar lo que puedan a escala nacional y dejar definitivamente a Bruselas y sus instituciones como garantes de un mercado único y poco más. Los que queremos preservar la promesa europea de equidad y dignidad para todos, ¿podemos confiar en una UE que habla de productividad, de seguridad y de rearme, pero vacila constantemente ante la necesidad de federalización fiscal, la reforma de su sistema de gobernanza y la defensa del Estado de derecho? Para ello tendríamos que ir más allá del modelo de capitalismo que ponen el acento en la productividad y en la competitividad, pero que no logran avanzar en la federalización fiscal, la reforma de la gobernanza y el reforzamiento del mandato democrático de todo ello. 

De lo que no hay duda es el nuevo escenario geopolítico exige más refuerzo europeo que repliegue. Ningún Estado europeo, ni siquiera Alemania o Francia, está en condiciones de negociar de tú a tú con los Estados Unidos de Trump, con China o con el conglomerado GAFAM que consideran el Estado del bienestar como algo “obsoleto” en el nuevo escenario digital. Por otro lado, lo que queda del modelo social europeo (sanidad, educación, cohesión territorial) se ha construido y defendido también gracias a marcos comunes, estándares y financiación europea, y porque cuando se pregunta a la ciudadanía, las prioridades que emergen son precisamente equidad, inclusión, movilidad juvenil, cultura, clima, salud y resiliencia democrática. La línea divisoria no es Europa versus la “buena” democracia social nacional, sino democracia social con más Europa o erosión democrática sin ella.  

Convendría recordar el potencial simbólico que ha tenido y sigue teniendo el programa Erasmus. Con recursos muy limitados, más de quince millones de estudiantes han vivido ya la experiencia de estudiar, trabajar o hacer prácticas en otro país de la UE, construyendo redes afectivas y profesionales que ningún Estado podría haber desplegado en solitario. Es verdad que no han cristalizado en un demos europeo robusto y que esa “no identidad” a menudo se queda en nostalgia biográfica y capital cultural, no en poder constituyente de un “nosotros” efectivo. Pero si hay algún terreno fértil para una ciudadanía postnacional no es el repliegue de fronteras, sino la extensión de esa lógica Erasmus a otras esferas: derechos sociales portables, participación directa en decisiones presupuestarias, protección del Estado de derecho vinculada a la financiación, capacidad fiscal común para sostener un nuevo pacto verde–social.

En un mundo más duro, más áspero, la única manera de preservar las promesas de equidad y dignidad que lleva inscritas la historia europea desde 1945 pasa por asumir una contradicción incómoda: hay que hacer más política y más políticas (más inversión, más defensa, pero también más capacidad de decisión colectiva) precisamente para seguir siendo el espacio del mundo donde la combinación de democracia, derechos y bienestar funciona y avanza. La pregunta ya no es si “sigue valiendo la pena” la esperanza que proyecta Europa, sino si quienes creen en ella están dispuestos a convertirla en programa: más presupuesto común, más riesgo compartido, más democracia transnacional. Si esa apuesta falla, ningún Estado podrá salvar en solitario lo que Europa, con todas sus carencias, ha hecho posible hasta ahora. Si funciona, el declive dejará de ser un destino para convertirse solo en el argumento de algunos.

La ONU cumple 80 años y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se conmemoró el pasado 10 de diciembre en su día internacional, 77 años. Pero, para muchos, más bien estamos celebrando algo parecido a las ruinas de un multilateralismo que ya no existe. Surgieron en una posguerra que quería dejar atrás para siempre una mezcla irrepetible de horrores, postulando un impulso igualitarista y la confianza en el progreso, tratando así de articular un multilateralismo activo, capaz de domesticar el uso de la fuerza bruta. Hoy el contexto es casi el inverso: emergencia climática, cambio tecnológico acelerado, competición geopolítica descarnada y un autoritarismo que ya no se siente obligado ni a disimular.

La ONU nació con poco más de 50 Estados y un Consejo de Seguridad diseñado como directorio de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con derecho de veto como peaje para que aceptaran un mínimo de gobierno por reglas comunes. Ocho décadas y casi 200 miembros después, ese diseño se ha vuelto el símbolo de su anacronismo: África con 54 países y ningún asiento permanente, América Latina y gran parte de Asia infrarrepresentadas y un “Directorio a 5” que bloquea o vacía de contenido cualquier decisión que roce sus intereses vitales. El resultado es visible Ucrania, Gaza, Siria, Yemen o Myanmar son solo los casos más recientes de una cadena de crisis en las que el Consejo aparece paralizado o utilizado selectivamente, alimentando la idea de que es un órgano “basado en el poder más que en las normas” y que sus resoluciones, cuando molestan, son prescindibles. No es que falten propuestas de reforma; lo que falta es un acuerdo entre quienes tendrían que renunciar a privilegios que consideran irrenunciables.

La tentación, desde una mirada desencantada y escéptica, es dar por amortizada a la ONU y encogerse de hombros ante un decorado de multilateralismo que resulta cada vez más irrelevante. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿qué hay más allá de ese fracaso? Cuando Estados Unidos o Rusia y otras potencias bloquean cualquier respuesta a las agresiones que ellos mismos u otros provocan, lo que se erosiona no es solo la ONU, sino la misma posibilidad de un orden legal global mínimamente compartido. Lo que asoma, con otros nombres, se parece bastante a un neomedievo de esferas de influencia, empresas tecnológicas con poder cuasi-estatal y alianzas ad hoc donde rige, de nuevo, el derecho del más fuerte. Frente a eso, una ONU coja y contradictoria sigue siendo, por ahora, el único espacio donde casi todos los Estados deben al menos fingir que las reglas existen y que los derechos humanos no son un simple asunto interno.

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948, por su parte, también vive su propia paradoja. Nació como respuesta a los campos de exterminio y a la experiencia de cómo regímenes electos podían convertirse en máquinas de atropellar minorías y disidentes, y supuso una apuesta radical dar a las personas, no a los Estados, un catálogo de derechos frente a sus propios gobiernos. Es cierto que el texto es el reflejo de su época, y tiene una lógica individualista, apenas insinúa la igualdad de género, invisibiliza la diversidad sexual y no dice nada de derechos ambientales o de futuros, pero su influencia ha sido enorme. Convirtiéndose en una especia de molde de los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, inspirando posteriormente convenciones específicas sobre mujeres, infancia, pueblos indígenas, discriminación racial, discapacidad o tortura. Incluso en América, Europa, África o el mundo árabe, los entramados institucionales se construyeron explícitamente tomando como base aquella Declaración que ahora puede parecernos de otra época.

La crítica más extendida en 2025 no es ya que los derechos humanos sean una “carta occidental” incompatible con otras culturas, sino que su promesa es demasiado abstracta frente a desigualdades obscenas, destrucción ecológica y precariedad vital. ¿De qué sirve proclamar el derecho a la vida o a un nivel de vida adecuado en un planeta que se calienta por encima de los límites seguros, en ciudades o lugares donde el acceso a la vivienda, la energía o la salud se convierte en una lotería y cuando las fronteras se convierten en fosas comunes? Sin embargo, el derecho internacional ha ido llenando, a trompicones, algunos de esos vacíos reconociendo, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, o incorporando la perspectiva de género y la interseccionalidad en la interpretación de los derechos ya existentes, sin necesidad de reescribir la Declaración línea a línea. La agenda climática, las luchas feministas o las demandas de colectivos LGTBIQ han encontrado precisamente en esa matriz de dignidad e igualdad una caja de herramientas para traducir agravios y reivindicaciones en obligaciones jurídicas y políticas.

También aquí opera una paradoja conocida. Los derechos humanos se invocan en discursos huecos de gobiernos que los violan sistemáticamente, se instrumentalizan en guerras de relatos y se usan como coartada selectiva para sancionar a unos y tolerar a otros. Pero son, al mismo tiempo, el lenguaje común y universal que permite a víctimas, jueces, periodistas, ONG o movimientos sociales denunciar abusos, litigar en tribunales nacionales e internacionales y construir alianzas transnacionales que incomodan a poderes que preferirían operar en la opacidad. El propio desarrollo de regímenes como el europeo o el interamericano muestra algo que a menudo olvidamos no fueron las grandes potencias las que empujaron con más entusiasmo hacia mecanismos vinculantes, sino muchas democracias nuevas que querían salvaguardas frente al temor de lo que podría acaecer en su propio futuro. A la vista de los retrocesos democráticos de los últimos quince años, esta intuición de postguerra —que sin garantías externas la democracia es más frágil— suena quizás menos ingenua de lo que se acostumbró a pensar.

El cambio de época que vivimos tiene, además, una dimensión de instrumentos perdidos. No solo han aparecido nuevas amenazas —crisis climática, inteligencia artificial, biotecnología, capitalismo de vigilancia—, sino que afrontamos esas amenazas con instituciones multilaterales debilitadas, Estados del bienestar erosionados y una esfera pública saturada de desinformación y odio. Lo que podría ser una oportunidad para reforzar la cooperación internacional y actualizar los derechos a estas nuevas fronteras se convierte, demasiadas veces, en terreno abonado para un “tecno-autoritarismo” que usa datos, algoritmos y emergencias para reforzar controles, discriminar y perseguir, al margen de cualquier escrutinio. La idea de que bastaría con redactar una nueva declaración de derechos digitales o climáticos para resolver este desajuste es tranquilizadora, pero probablemente falsa sin instituciones capaces de hacerlos cumplir. Así, los nuevos catálogos de derechos corren el riesgo de convertirse en retórica de escaparate, como ya ocurre con tantas constituciones generosas en derechos y mezquinas en sus prácticas.

Un país como España, se ha beneficiado de ese entramado de normas y tribunales europeos e internacionales para consolidar su propia democracia, y buena parte de las políticas sociales, de igualdad y de memoria que hoy damos por supuestas se han apoyado en ese derecho “supranacional”. Un derecho que a veces se critica como distante, pero que ha servido para corregir excesos y empujar reformas que hubieran resultado más difíciles de conseguir por pura dinámica interna. La expansión contemporánea de regímenes autoritarios, también dentro de la UE, y los datos de deterioro democrático que muestran estudios comparativos deberían ser un recordatorio de que no hay vacuna permanente contra el retroceso, ni siquiera en democracias consideradas como ya consolidadas. 

Quizá el lugar realista para colocar hoy eso tan importante y vital como es la esperanza, no esté en grandes reformas de tratado —bloqueadas desde hace décadas— ni en gestos grandilocuentes cada 10 de diciembre, sino en una combinación más modesta y obstinada de niveles. En lo local y lo “glocal”, con ciudades, tribunales nacionales, defensorías del pueblo y redes de activistas y colectivos sociales que usan las viejas palabras de 1948 para enfrentarse a problemas nuevos y viejos; en lo regional, aprovechando que los sistemas europeos, africanos o americanos de derechos humanos siguen siendo, con todas sus limitaciones, espacios donde una persona puede ganar en los tribunales a un Estado; y en lo global, defendiendo las ruinas de un multilateralismo que, aunque no nos acabe de satisfacer, lo cierto es que tampoco no hemos encontrado un sustituto que no acabe siendo mucho peor.

Tal vez, en este 80 aniversario, el gesto más honesto no sea felicitar a la ONU ni a la Declaración, sino algo más parecido a lo que hacemos con ciertas fechas incómodas: guardar memoria de una utopía concreta —la de que la fuerza del derecho pueda limitar el derecho de la fuerza— precisamente cuando más lejos parece de cumplirse. No para refugiarnos en la nostalgia de un orden idealizado de posguerra que nunca fue tan justo como nos hemos ido contando, sino para evitar que, en nombre de un realismo mal entendido, regalemos al cinismo autoritario el único lenguaje que, con todas sus grietas, ha servido hasta ahora para que los débiles discutan de tú a tú a los fuertes.

En España, como en otras muchas democracias, la vida política ha dejado de organizarse en torno al debate entre proyectos y propuestas que, aunque sean incluso contradictorias, reconocen un espacio común en el que dirimir diferencias y encontrar salidas. Aquí, cada vez más, nos concentramos en la pura negación del otro. Las fuerzas políticas ya no se tratan como adversarios con los que se disputa el sentido o el rumbo del país, sino como enemigos cuya mera existencia se percibe como una amenaza intolerable. La consecuencia es que se deshace el mundo común: no hay lenguaje compartido, no hay un suelo mínimo de reconocimiento. Apenas quedan instituciones que funcionen como “zonas intermedias” donde sea posible verse, reconocerse, escuchar y ser escuchado. El resultado es una mezcla tóxica de impotencia y aceleración: los problemas se agravan a gran velocidad, mientras el sistema político parece cada vez menos capaz de producir respuestas que consigan mejorar la vida de la gente.

Esta situación no se explica solo por la existencia de “un clima crispado” o por una degeneración moral de los actores. Tampoco es un tema específicamente español. Más bien deriva de como hemos organizado el vínculo entre sociedad y futuro en este cambio de época que no sabemos donde nos conduce. Nos hemos acostumbrado a la idea de que la única manera de estabilizar las sociedades modernas es creciendo. Y para ello solo vale la aceleración permanente que nos permita que todo se innove continuamente. Y estamos todo el día con “nuevas” necesidades, “nuevas” decisiones, “nuevos” cambios que nos alejen de la continuidad entendida como catástrofe. Todo se desmorona si no cambia. Ese principio “ultradinámico” atraviesa la economía, la tecnología y la cultura, pero ha penetrado también en la política, que se ve obligada a reaccionar cada vez más rápido en un entorno crecientemente complejo y en un sistema, como el democrático, que tiene sus propias reglas, su propio ceremonial, que busca construir consensos antes de tomas decisiones. Si a esos ingredientes le añadimos una cultura pública atravesada por el resentimiento, la sospecha y la lógica amigo/enemigo, lo que obtenemos no es simplemente polarización, sino un sistema en el que cada actor se ve obligado a tratar al otro como una amenaza directa para su propia supervivencia simbólica.

En ese contexto, el otro ya no aparece como alguien con quien se está en desacuerdo, sino como alguien cuya voz se percibe como ilegítima por definición (recordemos que así empezó Feijóo esta legislatura, negando la legitimidad de Sánchez). La política se convierte en una cadena de “puntos de agresión”: cada decisión, cada palabra, cada gesto del adversario se interpreta como un ataque que hay que repeler, bloquear o revertir. El objetivo ya no es gobernar en conflicto con otros, sino gobernar contra otros, anulando su capacidad de influir. De ahí la sensación de asedio permanente, de guerra total de baja intensidad, que se ha hecho tan familiar en el debate político español.

La política, en ese contexto, deja de concebirse como un espacio donde lo imprevisible —la palabra del otro, el conflicto, la negociación, incluso el error— tiene un lugar constitutivo, y pasa a imaginarse como una maquinaria de control: controlar la agenda, los tiempos, la judicatura, los medios, las redes, las mayorías parlamentarias. Cuando ese impulso se combina con lógicas identitarias fuertes, el control del Estado se vive como cuestión de salvación colectiva, y cualquier diálogo como una cesión intolerable. Pero, cuanto más se intenta blindar el propio bloque político, capturar las instituciones y cerrar la contingencia, más se alimenta la percepción de exclusión y humillación del otro, y más probable se vuelve una reacción igual de agresiva en sentido inverso. 

Hablar de diálogo en este escenario parece ingenuo, y a menudo lo es. Apelar a la concordia sin tocar las estructuras que producen esta dinámica solo añade frustración: las llamadas morales se perciben como retórica vacía, o como un intento de pacificar a los de abajo mientras los de arriba siguen jugando a la guerra total. Precisamente por eso, si se quiere pensar salidas, no basta con reivindicar “buenas maneras” o un estilo deliberativo más calmado. Se trata de algo más áspero: de reconstruir condiciones materiales e institucionales mínimas para que la política deje de ser una sucesión de golpes y contragolpes sin horizonte. 

Por un lado, hay que reconocer que la erosión del “mundo común” no se debe solo a malas decisiones o liderazgos fallidos, sino a transformaciones profundas en la estructura social: desigualdades persistentes, territorios que se viven como perdedores permanentes, precariedad extendida, crisis de los canales tradicionales de representación. Todo ello alimenta una sensación de pérdida y de agravio que hace muy difícil aceptar la legitimidad del otro. Por otro lado, hay una dimensión cultural y afectiva ineludible: la forma en que los sujetos interpretan su propia situación, los mapas de esperanza y miedo con los que se orientan, las narrativas de traición, abandono o usurpación que circulan. Sin tomar en serio esa doble dimensión —estructural y cultural—, cualquier propuesta se queda coja.

¿Qué puede significar, entonces, buscar soluciones sin caer en la ingenuidad? Tal vez no grandes pactos nacionales abstractos, sino pequeñas operaciones de desescalada que creen “zonas de no guerra” en medio del conflicto. Mañana quizás veamos una de esas excepciones con la aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud, con la presencia de la ministra y del conjunto de CCAA, para el uso de las mascarillas en hospitales ante los avances de la gripe. En esa línea Hartmut Rosa ha defendido la importancia de esferas de resonancia: espacios donde las personas sienten que se les escucha y pueden afectar y ser afectadas, donde algo en la relación que se genera posibilite cambiar las posiciones iniciales e irreductibles, que no todo esté completamente predeterminado. No se trata de llegar a consensos plenos, sino de romper la lógica de la pura reacción: permitir que, en ciertos ámbitos concretos —municipios, servicios públicos, políticas muy pegadas a la vida cotidiana—, actores enfrentados colaboren en problemas que nadie puede resolver solo. Y de este tipo de problemas tenemos muchos. Esas “islas” no revertirán por sí solas la dinámica estructural, pero pueden funcionar como contraejemplos, como recordatorios materiales de que no todo está condenado al bloqueo.

En definitiva, asumir la gravedad del momento no significa resignarse al fatalismo. Los estudios comparados sobre regresión democrática muestran que una parte importante de los retrocesos se detiene o se revierte, aunque casi nunca volviendo a la situación anterior. Esa reversibilidad parcial no es fruto de automatismos históricos, sino de decisiones conflictivas: alianzas improbables, resistencias cívicas, innovaciones institucionales. La tarea, en un país como España, no es imaginar un consenso armonioso ni una “tercera vía” equidistante, sino construir las condiciones para que el antagonismo no se convierta en pura negación existencial. Eso pasa por recuperar, incluso en medio del choque, una intuición mínima: que ningún bando puede apropiarse del país entero, y que ningún gobierno, por fuerte que sea, puede declarar que el otro sobra sin estar, al mismo tiempo, cerrándose el camino a sí mismo.

Hace pocos días se publicó el IX Informe FOESSA. El primero se publicó en 1966. Sesenta años después y manteniendo de manera consistente muchos indicadores y perspectivas de análisis, el Informe (elaborado por una plétora de analistas y académicos de primer nivel) constituye una de las radiografías más profundas y sistemáticas de la realidad social española contemporánea. A través de décadas de series estadísticas y aproximaciones cualitativas, la Fundación FOESSA ha logrado documentar la transformación, los avances y los retrocesos de la situación social en España, sin descartar las oportunas comparaciones con Europa, sobre todo a partir de nuestra integración en la UE. Uno de los aspectos que destacaría del Informe (que lo distingue de otros que tienen un sesgo mucho más económico) es el diálogo entre datos duros (renta, empleo, vivienda) y aspectos intangibles como capital social, confianza y legitimidad democrática. Y ello es muy importante cuando existe un notable desconcierto en cómo enfocar el cambio de época que atravesamos mientras constatamos el agotamiento del pacto civilizatorio del 1945. Un pacto que incorporó políticas claras de bienestar social básico tras las conflagraciones de la primera mitad del siglo XX y al que nosotros llegamos con treinta años de retraso. 

Desde su nacimiento, los informes FOESSA han funcionado como un barómetro de las realidades profundas del país. La gran aportación de estos informes radica en su capacidad de ir más allá de fluctuaciones coyunturales y de describir, con rigor académico y voluntad ética, las tendencias de fondo que moldean la vida de millones de personas en España. Como es obvio, no tiene nada que ver la España de 1966 con la actual, y es evidente que las oleadas de precarización, la aparición cíclica de diversas modalidades de crisis (financiera, sanitaria, climática) y los procesos de cambio institucional y global (estado autonómico, entrada en Europa, globalización) han modificado los parámetros de la inclusión y la exclusión. 

A lo largo de estos sesenta años se constatan mejoras innegables en temas clave. La universalización de la escuela y la sanidad ha sido una conquista que hoy parece irreversible. Prácticamente, todos los hogares con menores están escolarizados y la cobertura médica es un bien común consolidado. El porcentaje de familias residiendo en infraviviendas ha caído de modo sostenido desde los años setenta. El grupo de mayores de 65 años presenta hoy la tasa más baja de exclusión grave de su historia, fruto de las pensiones, la mejora asistencial y el reconocimiento cívico del derecho a envejecer dignamente. 

No obstante, el Informe constata asimismo que más de cuatro millones de personas (un 9% de la población) permanecen en lo que se califica como exclusión social severa. Tampoco se ha superado, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, el problema de la temporalidad en el empleo ni los bajos salarios. La proporción de lo que se denomina como “trabajadores pobres” (los que a pesar de tener trabajo no llegan a final de mes) se mantiene en un 14%, claramente por encima de la media europea. También las cifras de pobreza infantil y de brecha intergeneracional son de las más altas de Europa. Y qué decir de la falta de vivienda accesible, tras la inexistencia crónica de una política pública de vivienda digna de ese nombre.

Es cierto que muchos de los procesos arriba mencionados no son exclusivos de España, sino que responden a tendencias de fondo del continente, como la erosión ya mencionada del modelo del Welfare State creado en 1945, el gran cambio demográfico, la emergencia climática y el claro aumento del precariado, y todo ello afectando de manera muy distinta a enclaves territoriales específicos. Y también es cierto que todos los países europeos, con algunas diferencias, se enfrentan al reto de cómo articular la financiación de los servicios públicos, con la presión fiscal, por un lado, y cómo enfrentarse al envejecimiento de su población mientras buscan fórmulas para proteger a las nuevas generaciones. El handicap en España, que hace que todo sea más grave, es la existencia de un mercado de vivienda profundamente excluyente, por un lado, y, por otro, un sistema productivo menos capaz de pagar adecuadamente a su fuerza de trabajo. 

Pero, si miramos el Informe y la perspectiva histórica desde la que examinan los datos recogidos, vemos que no todas las diferencias territoriales y de integración pueden explicarse por indicadores estrictamente económicos. España es un país de desigualdades cruzadas, donde el capital social –la densidad de relaciones, la confianza y el tejido asociativo– cobra protagonismo en la explicación de por qué hay sitios en que todo ello se vive de peor manera. Hay Comunidades Autónomas como País Vasco y Navarra que combinan rentas altas y un capital social denso lo que les permite tener bajas tasas de exclusión, pero hay otras, como Galicia, Castilla y León o Cantabria, que a pesar de contar con economías menos pujantes, logran buenos niveles de integración social por la fortaleza de sus redes comunitarias y por la permanencia de valores rurales cívicos. En el otro extremo están Comunidades, como Canarias, Andalucía, Murcia o Comunidad Valenciana que combinan índices significativos de exclusión social con baja resiliencia comunitaria. Y en situaciones intermedias encontramos Madrid con niveles de renta alta, mezclados con bolsas de exclusión significativas y notables desigualdades internas en lo concerniente a la articulación comunitaria. 

El capital social emergen en el Informe FOESSA como un escudo invisible que protege a los grupos vulnerables cuando el Estado o el mercado fallan, y también como una variable explicativa esencial de las disparidades regionales. En las regiones con alta densidad de capital social (País Vasco, Navarra y en algunas zonas rurales), los individuos y hogares recurren más fácilmente a redes de apoyo, asociaciones y dinámicas comunitarias que mitigan la soledad y la marginación, amortiguando los efectos de la crisis económica y la precariedad. Allí donde el capital social es escaso, la integración depende más del azar individual, y las redes de solidaridad son ineficaces frente al deterioro social y la fragmentación

Lo que además se observa, si se considera el largo periodo analizado, es que en la última década ha crecido la discordancia entre cierta estabilidad en los datos sociales básicos (con mejoras tenues y con capacidad de recuperación tras crisis graves) y un profundo deterioro de la legitimidad democrática del sistema en su conjunto. Las encuestas evidencian que la desafección política, la radicalización de las opiniones y la percepción de crisis permanente conviven con mejoras objetivas o estabilidad en los niveles de bienestar, especialmente en sanidad, vivienda básica o escolarización. El clima de insatisfacción y desconfianza institucional se alimenta tanto de realidades como de percepción acumulada, “malestar subjetivo” y polarización mediática. Así, la sensación colectiva de deterioro muchas veces empeora el dato real captado por los indicadores.

La parte final del Informe es especialmente clara al situar a España en la encrucijada de la transformación en que estamos sumergidos en Europa. Ningún país europeo es hoy ajeno al debate sobre la necesidad de reinvención del Estado de Bienestar, la transición ambiental justa y la centralidad del tema de los cuidados frente al individualismo mercantilista.

En definitiva, el IX Informe FOESSA nos ofrece una imagen compleja y matizada de la sociedad española: logros claros en protección social y convivencia, cronificación de la pobreza infantil y la exclusión de ciertos sectores, grandes diferencias autonómicas que van más allá de la economía y dependen también del capital social y la tradición civil, y un malestar político que supera objetivamente el deterioro real detectado por los indicadores. El reto al que tenemos que enfrentarnos no es solo económico, sino fundamentalmente político y relacional: recuperar legitimidad, confianza y horizontes comunes pasa por fortalecer tanto el Estado de Bienestar como el tejido invisible de la solidaridad y la articulación comunitaria frente a un individualismo depredador.

Frente a tantas predicciones catastróficas que tratan de convencernos de la falta de alternativas a lo que ahora padecemos, conviene seguir el consejo de Italo Calvino en su libro “Las ciudades invisibles” cuando nos advertía de que “el infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio.” No parece que la impredecible, pero al mismo tiempo sistemáticamente reaccionaria y autoritaria política de Trump nos permita encontrar muchos espacios que no sean puro infierno, pero lo que hoy mismo puede ocurrir en Nueva York quizás sea un ejemplo de lo que Calvino nos aconseja.

Como ocurre con cada primer martes de noviembre (después de un lunes), en Estados Unidos hay elecciones. Y esta vez, al margen de algunos estados que eligen a sus gobernadores, hay muchas ciudades a las que les toca elegir alcalde. Entre ellas, Nueva York. En un artículo reciente, defendía, al referirme a las elecciones neoyorquinas, que en el escenario actual cada elección dirimirá dos maneras de entender el progreso, por un lado, los que afirman que no hay desarrollo sin facilitar la acumulación de capital y por el otro los que entienden que sin ampliación de derechos y libertades no hay democracia. Esa encrucijada (a la que se refirió recientemente Feijóo cuando nos planteó el dilema de prosperidad o democracia) definirá lo que en cada elección explique lo que es para cada quién democracia y estado de derecho.

Las propuestas de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York constituyen el intento más radical en décadas de redefinir la agenda pública desde una óptica centrada en la vida de la clase trabajadora y las posibilidades que tiene una ciudad para abordar mejoras concretas y sustantivas. Su énfasis en la “affordability”, en lo que colectivamente nos podemos permitir, busca romper con la lógica aparentemente indiscutible de la austeridad, centrándose en los derechos económicos y en la necesidad de contar con una infraestructura pública robusta. El impacto global de estas elecciones es considerable, ya que, como decía hace poco Robert Reich, el que fuera Secretario de Trabajo de Clinton, marcan una posible renovación del Partido Demócrata y el tránsito hacia modelos progresistas con incidencia internacional.

Destacaría el esfuerzo de Mamdani de vincular su programa con necesidades reales y problemas concretos del día a día: transporte gratuito, guarderías universales, congelación de alquileres, salario mínimo, supermercados públicos, acceso a recursos en instituciones públicas de crédito, revalorización de empleos de cuidados y servicios esenciales y todo presentado con un discurso accesible y directo, que conecta y empatiza la angustia cotidiana de las clases populares de Nueva York. Su campaña ha sido clara y directa, evitando tecnicismos y presentando la idea de “lo que nos podamos permitir”, de “lo asequible”, como ampliación de derechos subvirtiendo la idea que no se disponen de recursos para tales propuestas. Presenta un programa de innovación financiera, con una visión del dinero esencialmente pública y social, en el que incorpora instituciones públicas de crédito, sistemas digitales de pago digitales sin comisiones y estrategias acompasadas de crecimiento del sector público. 

Evidentemente, estas propuestas son las que más critican sus oponentes al considerarlas irrealizables. Se alude a la falta de competencias municipales para abordar el déficit o la emisión de moneda local o se afirma que la congelación de alquileres de las viviendas de los barrios populares provocará el deterioro de los edificios y reducirá la oferta inmobiliaria. No digamos el alud de críticas que ha recibido su propuesta de aumentar los impuestos a los más ricos para financiar sus propuestas, ya que, dicen, ello generará la fuga de capitales. 

Sea como fuere, lo cierto es que Mamdani encabeza hoy las encuestas, con 20 puntos de ventaja sobre el acomodado Andrew Cuomo (a quien apoya Bill Clinton), y con una fuerte movilización de sus bases. El tremendo desgaste del Partido Demócrata contrasta con esa activación en una ciudad tan emblemática y, al mismo tiempo, tan especial como es Nueva York. Barack Obama ha llamado a Mamdani elogiando su campaña y mostrándose dispuesto a colaborar, ya que puede acabar teniendo un alto valor demostrativo para otros proyectos progresistas en EEUU y en el mundo. Conectando asimismo con la posibilidad de réplica en otros contextos urbanos, dado que, al final, las ciudades por alejadas que estén y por distinto que sea su sistema político, se parecen y aprenden unas de otras.

Ni desde el realismo plomizo ni tampoco desde la añoranza es posible reconstruir nada ni buscar espacios de esperanza. Si no vamos buscando, sea donde sea, alternativas para avanzar en la profundización democrática, en una democracia “que podamos permitirnos”, no generaremos horizontes de progreso, no construiremos perspectiva colectiva de dignidad y bienestar. Y la candidatura de Mamdani es una propuesta de esperanza a la que, como decía Calvino, le hemos de dar espacio.

Estamos llegando al primer aniversario de la dana de Valencia y aún estamos recogiendo las enseñanzas y analizando las secuelas que se derivan de esa tragedia. Nos hemos dedicado, con razón, a someter a escrutinio las horas y minutos que pasó Carlos Mazón en el dichoso Ventorro, pero hemos prestado mucha menos atención a cómo lograron sobrevivir y empezar a recuperar una frágil cotidianeidad la población más vulnerable y afectada. La banalización del mal que representan los silencios e incongruencias de Mazón conecta directamente con la capacidad de salvar vidas y bienes si los avisos se hubieran producido cuando la gran cantidad de información existente así lo exigía. Pero por debajo de esa notoriedad de la conducta de los que tenían que tomar una decisión que no podía esperar, ha despertado mucha menos atención la situación pre-dana de los que fueron, a la postre, más afectados. Lo que implica repensar no solo los cauces de los ríos, torrentes y barrancos, sino también las condiciones de vida de quienes más han acabado sufriendo tal desastre.

En una de las poblaciones afectadas en la misma Horta Sud, en Alaquàs y, concretamente, en su espectacular castillo, se celebró la pasada semana un Congreso Internacional en el que se querían relacionar dos aspectos clave: los servicios sociales y las situaciones de emergencia extrema. La pregunta que atravesaba toda la reunión, organizada por la Cátedra Interuniversitaria de Servicios Sociales con sede en la Universitat de València, era importante: ¿cómo sostener la vida cotidiana, el tejido social de una comunidad, cuando todo se tambalea, cuando, al salir de tu casa al final del aguacero, no reconoces ni el lugar en el que vives? Y, más significativo aún, ¿cómo hemos de trabajar en el tejido social, en el municipio, en nuestra forma de entender la comunidad en que vivimos para que la próxima vez las consecuencias no sean tan brutales?

Cada vez más precariedad social, déficit habitacional y riesgo ambiental se entremezclan y combinan, dificultando así el tratar de mejorar un aspecto sin verse obligado a incorporar el resto de las cuestiones. No es casualidad que una gran parte de los municipios más afectados de la Horta Sud de Valencia fueran también los que presentaban menores niveles de renta. Y, evidentemente, en cada municipio afectado los más castigados fueron los que vivían en condiciones más precarias. No hay nueva normalidad posible si solo se reconstruyen puentes, carreteras y vías y no se reconstruye asimismo la urdimbre social que permite que todo ello tenga sentido y ayude a vivir con dignidad.

Todos constatamos y elogiamos el gran esfuerzo desplegado por bomberos, contingentes de la UME, protección civil, cuerpos de policías y fuerzas de seguridad y demás responsables de atender en primer lugar las emergencias. El alto nivel de profesionalidad y la solidaridad desplegada fue, desde todos los puntos de vista, encomiable. Pero muy poco se ha dicho sobre cómo reconectar con las personas que vivían solas, en condiciones sociales complicadas, cómo volver a tejer los lazos que permitían que alguien comprara lo necesario a quien no podía salir de casa, cómo relacionar los voluntarios y personal de emergencias con quienes conocen el terreno y la realidad social en que la desgracia se ha cebado. Es importante recalcar que ahora, y solo después de la experiencia de la Dana, se ha empezado a contar con los servicios sociales en los distintos CECOPAL (Centros de Coordinación Operativa Local) de cada municipio.

Por otro lado, con todo el ruido en el que estamos inmersos se nos escapan algunos aspectos que son relevantes si queremos enfrentarnos a la nueva normalidad de la emergencia climática. Hay que dar más poder y más recursos a los poderes locales, facilitando su coordinación y articulación. Como señaló el profesor Joan Romero en el mencionado Congreso, la no existencia de una entidad metropolitana en la zona afectada tuvo sus consecuencias en los efectos de la dana. Los desastres no atienden a las delimitaciones administrativas que separan un municipio de otro. Y el que cada municipio tenga su Cecopal y no haya articulación entre ellos tampoco ayuda. 

Es esencial que los municipios y sus servicios sociales funcionen lo mejor posible para sostener el entramado social y familiar que habita en ellos y que sufre las consecuencias de la incertidumbre y la precariedad en que sobreviven muchos de sus habitantes. La distribución de gasto público en España que minoriza a los gobiernos locales y la alta fragmentación municipal no resultan la mejor solución para lo que acontece y lo que vendrá. Necesitamos más recursos más cerca de los problemas, más complicidades con la ciudadanía y más articulación entre políticas sociales, políticas de salud y políticas educativas en la esfera local. Solo así se puede responder de manera compleja y articulada a problemas cada vez más interconectados. Más municipalismo, más atención y medios a los servicios sociales que son y seguirán siendo esenciales para mantener los vínculos y los lazos sociales que aún resisten y para enfrentarnos así a la gran transformación que atravesamos.

Las constantes intervenciones de Feijóo buscando un protagonismo que no tiene, emparedado como está entre Vox y Díaz Ayuso, le obligan a un despliegue de propuestas y ocurrencias que, al margen de su evidente finalidad mediática, no dejan de darle disgustos. La última es la esperpéntica y muy preocupante afirmación sobre que “Europa ha salido de la cárcel ideológica de la izquierda que le vendía que era buena la democracia más que la prosperidad”. Hemos de reconocer que no es fácil tratar de emitir ideas coherentes si quieres atraer a los votantes de Vox y al mismo tiempo no perder conexiones ni con un electorado centrista ni con la posición mayoritaria del conservadurismo europeo, pero enfrentar democracia y prosperidad y aludir a Europa para justificarlo supera lo imaginable.

La idea de que la democracia y las políticas sociales y redistributivas que conlleva su concepción profunda entran en tensión con la prosperidad económica no es nueva. Aunque no siempre se formula como una dicotomía explícita entre “democracia” y “prosperidad”, sí existe una línea en el conservadurismo occidental que ha tendido a priorizar la libertad económica y a reducir la intervención estatal. En esta perspectiva, las políticas de bienestar social, los altos impuestos y la redistribución de la riqueza pueden ser percibidos como obstáculos para el crecimiento económico. Como bien sabemos, el argumento central es que estas medidas desincentivan la inversión, el trabajo y la iniciativa individual, y que fomentan una dependencia excesiva del Estado. Pero defender estas ideas desde la dirección de un partido que se dice plenamente constitucional y que ha gobernado España a lo largo de muchos años muestra una pérdida de rumbo inusitada. 

Feijóo debería releer el artículo 9.2 de la Constitución Española que afirma que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad y la igualdad sean plenamente efectivas. La democracia no es solo votar cada cierto tiempo. La democracia es también garantizar que libertad e igualdad sean efectivas y no meras declaraciones de intenciones. Y eso exige capacidad redistributiva para compensar lo que la economía de mercado estructuralmente genera que es desigualdad.

Las investigaciones de premios Nobel como Daron Acemoglu y James Robinson recuerdan y confirman que la democracia, al fomentar instituciones políticas y económicas inclusivas, crea un entorno favorable para el desarrollo económico a largo plazo, y que la inversión en protección social y las politicas redistributivas generan un rendimiento positivo en términos de crecimiento económico global, un crecimiento duradero ya que mejora la salud, la educación y, por ende, la productividad. Un organismo como el FMI, no sospechoso de izquierdismo igualitarista, apunta a que una mayor igualdad apuntala crecimientos duraderos. 

El ruido desencadenado tras esa afirmación de Feijóo ha obligado a que en la cuenta oficial del PP se haya aclarado que todo se debió a un “lapsus” y que a lo que realmente quería aludir Feijoo era a “burocracia” y no a “democracia”. El intento de salir del entuerto aludiendo a la burocracia, aparte de patético, en la práctica apunta a lo mismo que hacen los ultraautoritarios en sus proclamas: afirmar que la democracia y sus políticas sociales solo sirven para que los impuestos que pagamos alimenten a un sinfín de burócratas que viven a costa del esfuerzo de todos. 

No descubrimos nada nuevo si recordamos que, en ciertas épocas, a los más poderosos les han molestado las reglas y las normativas demasiado estrictas, y han preferido el “sálvese quien pueda”. Lo que sorprende en pleno siglo XXI es que volvemos a oír la cantinela de que si se quiere que todo vaya mejor debemos dejarnos de tantos obstáculos procedimentales. Es evidente que hay mucho camino de mejora en el exceso de reglamentación y de trámites a cumplir, pero lo que no se puede hacer, argumentando además que se hace en beneficio de todos, es decir que ya basta de tantas normativas ambientales, de tanta legislación que protege derechos individuales y colectivos en el mundo del trabajo o en la regulación urbanística. Lo que tenemos ahora es un exceso de regulación procedimentalista, pero no un exceso de protección de valores básicos y fundamentales que han costado muchos años de luchas conseguir.

La ola ultraconservadora y autoritaria que ha ido creciendo apunta a poner en cuestión las mismas bases de la democracia avanzada que se generaron en 1945 como alianza contra el fascismo autoritario y contra las alternativas tambien autoritarias del bloque soviético. Detrás estaba la experiencia de Roosevelt tratando de salir adelante tras en crack del 29, el informe Beverig¡dge de 1943 y los pactos constitucionales de las fuerzas antifascistas en toda Europa. Como nos recordaba recientemente la ensayista francesa Sophie Baby“, la derecha española no asumió el paradigma antifascista pos-1945”. De aquello polvos, estos lodos. 

Hace unos años no era extraño ir caminando por Barcelona y encontrar a alguien que frente a un contenedor de basuras repleto o al encontrarse con unas obras de alcantarillado que no le permitían ir por donde siempre, exclamaba “la Colau nos está haciendo la vida imposible” o, de manera más genérica, “la culpa la tiene la Colau”. Ahora, en España, la culpa de todo lo malo que nos ocurre es de Pedro Sánchez. Aunque también de su mujer, de su hermano o de su suegro. En Francia, que no va precisamente por buen camino, la personalización en los ataques a Macron le ha obligado a aceptar un examen científico que demuestre que su mujer no es trans. Es cierto que, desde siempre, la política ha tenido rostro. El príncipe, el papa, el caudillo de turno han encarnado, para bien y para mal, lo que les ocurría a sus pueblos. Si había malas cosechas o una plaga castigaba a la población, se buscaba un culpable, y no pocas veces ese culpable era el jerarca de turno. Lo que resulta hasta cierto punto sorprendente es la intensidad con que ese nivel de personalización se está dando aquí y ahora.

Hace años en Italia se hizo famosa la expresión “piove, governo ladro”. Pero esa frase, si bien mostraba una atribución absoluta de cualquier inconveniente al gobierno de turno, no tenía el nivel de personalización que ahora experimentamos. Detrás de ese “gobierno ladrón” había un colectivo de personas que tenían una notable continuidad en el ejercicio del poder. Personajes como, por ejemplo, Giulio Andreotti, que ocupó siete veces el lugar de primer ministro, fue ocho veces ministro de Defensa, cinco veces de Exteriores, y fue asimismo ministro de Interior, Finanzas, Hacienda, Industria o Presupuestos (el perfil que hizo Paolo Sorrentino de Andreotti en Il Divo es excepcional). Es difícil encontrar un ejemplo de más poder en una persona y al mismo tiempo una voluntad expresa de pasar inadvertido, de diluir su indudable influencia en la institución que enmarcaba su labor. 

La democracia se declina en plural. El “yo” no es el individuo sino la comunidad. Es decir, la democracia, de manera acorde con los principios que inspiran su formulación, ha postulado una lógica de institucionalidad del poder que no generara los problemas de personalización de anteriores formas de gobierno. Unas formas de ejercicio del poder en las que esa personalización no solo era inevitable, sino buscada. Pero las instituciones, los gobiernos, los partidos, las ideologías, los valores, no tienen rostro como tal. No hay forma de mostrar una imagen colectiva y despersonalizada del poder o de las ideas. Las ideas, los valores, las propuestas tienen contenido por sí mismas, pero necesitan que alguien las encarne, las exprese. Pero, al mismo tiempo, esa necesaria personalización acarrea problemas de inmediato ya que se confunden programas e ideas con maneras de ser, de vestirse, de decir o de hacer de quien encarna tales contenidos. 

Las cosas han ido empeorando en la medida en que las formas de comunicación e información han ido corporizando y acercando a los ciudadanos la vida de aquellos que antes eran solo nombres, imágenes en cuadros, en fotos de baja resolución o retazos de vida en documentales informativos. Y ahora, en plena era de la información instantánea y descontrolada que llega al bolsillo de cada uno, la personalización de la política se hace inevitable. La guerra por la atención es absoluta y sin tregua. La política no puede escapar a esa presión y se va diluyendo el debate sobre el sustrato ideológico de cada quién, para centrarse en los personajes, en sus vicisitudes personales y familiares. La exposición pública es constante y sin tregua. No hay espacio que separe política y personaje.

La ciudadanía, enfrentada a problemas complejos, globales y estructurales, busca desesperadamente un rostro al que culpar. Las instituciones, por su naturaleza abstracta, dispersa y técnica, desaparecen de la vista pública, volviéndose invisibles ante la necesidad de un chivo expiatorio. El líder, en este contexto, se transforma en un símbolo absoluto, absorbiendo tanto las esperanzas desmedidas como la indignación generalizada. Las redes sociales y los medios de comunicación convierten a los líderes en personajes de un “reality show político”, en el que memes, eslóganes ofensivos, bulos y teorías conspirativas viajan más rápido que los análisis políticos. El dirigente de turno es percibido como el único responsable de problemas que, por su magnitud y complejidad, son intrínsecamente difíciles de controlar, generando expectativas irreales que inevitablemente conducen a la frustración.

En ese escenario se diluyen los contenidos ideológicos y quedan las frases, las posturas, los escenarios en que los personajes deben lanzarse al cuerpo a cuerpo sin tregua posible. El ataque personal es constante en una lucha en el que cada uno busca el punto débil del otro. Ese otro a quien se hace responsable de todo lo malo que acontece. Esta hiperresponsabilización es un síntoma de una democracia que ve erosionada su legitimidad por un debilitamiento, un “nosotros” cada vez más frágil. L

Sin embargo, la personalización no es el verdadero enemigo. Es, hasta cierto punto, inevitable. Lo que requiere la democracia contemporánea es moderar la hiperresponsabilidad: reforzar instituciones que distribuyan la toma de decisiones, educar en la complejidad de los problemas, reconocer los límites del poder individual. Solo así, podremos contemplar al líder como lo que es: un rostro que encarna la acción, pero no la totalidad del mal del mundo. La paradoja es clara: necesitamos rostros en la política, pero debemos aprender a no poner sobre ellos todo nuestro odio ni toda nuestras esperanzas.

Hay un deterioro bastante evidente de los servicios públicos de todo tipo. Problemas en el transporte público con incidencias excesivamente frecuentes que generan malestar y falta de confianza. Problemas en el ámbito de sanidad por sobrecarga y por la dificultad de dar respuesta al surgimiento de nuevas demandas en salud mental o en la esfera de los servicios sociosanitarios y la atención a los crónicos. Problemas en el sistema educativo, desde la etapa infantil por falta de cobertura universal de la fase 0-3, hasta la etapa universitaria con una ofensiva significativa por parte de la iniciativa privada, pasando por la falta de adecuación de las etapas obligatorias a la nueva realidad tecnológica. Hemos comprobado los problemas de actualización de los planes de emergencia en las recientes catástrofes ambientales, y así podríamos seguir. Pero la carga de profundidad viene de la inexistencia de política pública consistente por parte del conjunto de administraciones públicas en el sector de la vivienda. Ello genera falta de expectativa de mejora para muchas personas y colectivos. Y, si se van uniendo los puntos, la imagen resultante no es precisamente halagüeña. 

Todo ello facilita la campaña de descrédito que, orquestada desde las posiciones más conservadoras y privatistas, aprovecha para decir que “esto antes no pasaba” y para cargar contra los impuestos como la fuente de la que beben los ineptos y corruptos que pueblan las instituciones y servicios públicos. No es que ello sea nuevo. Los más veteranos recordaremos a Thatcher y a Reagan, y aún son visibles las huellas de lo que implicó abordar en clave neoliberal y privatista la crisis financiera del 2008. 

No estamos ante un movimiento coyuntural o un simple debate ideológico en el marco del pluralismo democrático. Es una confrontación directa con la democracia entendida como un sistema enfermo. Una democracia a la que se acusa de permitir que muchos vivan a expensas de los impuestos que castigan a los que trabajan y no llegan a fin de mes. Una democracia que cuenta con miles y miles de servidores públicos a los que muchos ven como privilegiados en un mundo de precariedad y como meros gestores de papeleo burocrático. Si las redes y la digitalización han acabado o reducido el papel de tantos intermediarios, ¿por qué no acabar o reducir a la mínima expresión todo lo que suena a trámites sin valor? Ese es el esquema que relaciona estrechamente a los autoritarios de siempre con la nueva casta tecnológica y financiera en una compartida cruzada antidemocrática.

Puede parecernos todo ello exagerado y con poco fundamento. Pero no podemos ignorar la potencia de esa simplificación en el escenario actual. No podemos simplemente defender los servicios públicos sin buscar formas de fortalecer sus capacidades y su conexión más directa con la ciudadanía. Y eso empieza por reconocer que no todo funciona como sería deseable. Recuerdo un momento del magnífico documental de Ken Loach, “El espíritu del 45”, en el que uno de los entrevistados (que había luchado para conseguir aplicar el programa de reformas de Beveridge que condujo a las políticas de bienestar del 45), decía algo así como que “la cosa se empezó a torcer cuando convertimos a los ciudadanos en clientes y se desresponsabilizaron de lo que era suyo”. Y algo de eso hay cuando uno ve la actitud de quienes mantienen una actitud similar en las escuelas o en los centros de salud que en el supermercado de la esquina. Necesitamos más conexión e implicación entre los servicios públicos y la ciudadanía organizada. 

Hoy no tenemos el tejido asociativo y comunitario que se había ido construyendo en los sesenta y setenta y que sirvió de base para la democratización del sistema, más allá de la muerte del dictador. Estoy aludiendo al tejido familiar, de vecinos, en el lugar de trabajo. Unas redes de contactos y vínculos que tenían un papel muy importante para la cohesión social. Y es ahí cuando comprobamos que lo que falta en los servicios públicos no viene compensado por la capacidad colectiva de complementar y relacionar. Los servicios públicos fueron construidos para atender a una sociedad que ha dejado de existir. Y esos servicios no han cambiado lo suficiente para poder atender a personas más aisladas y que presentan demandas mucho más complicadas. 

La alianza antidemocrática que configuran los ultraconservadores con los magnates financieros y tecnológicos afirma que la respuesta a todo ello es más mercado y más tecnología. Y para ello usan el estado como martillo autoritario. Desde el otro lado, defender la democracia exige más capacidad de alianza entre servicios públicos y ciudadanía. Hay que defender los servicios públicos desde una concepción mutualista y comunitaria que implique a la gente en el funcionamiento de esos servicios. Evitando la lógica estrictamente clientelar. Lo decía muy bien Hirschman, cuando no hay posibilidad de irse de lo que no te gusta, como se hace en el mercado, lo que tienes que ofrecer para generar lealtad y compromiso es voz, es compartir capacidad de decisión. No es un problema solo de ganar las elecciones, por importante que ello sea. Ya que la batalla está en el tejido social y comunitario, que no podemos abandonar en manos de los que azuzan el odio y la insolidaridad. Defender lo que es público, lo que expresa una voluntad colectiva, no puede confundirse con las administraciones públicas. Lo público, lo común, no se agota en lo institucional.

Más allá de los efectos lamentables en víctimas mortales y daños materiales de cada uno de los incendios que han asolado el país en estas últimas semanas, algunos elementos tienen un carácter más estructural y su resolución debería acometerse sin pausa en cuanto se estabilice la situación. Me refiero esencialmente a dos. Por un lado, el debate sobre competencias. Por otro lado, la necesidad de organizar a la ciudadanía para que sepa que hacer y a qué atenerse en caso de emergencias de cualquier tipo. El primero es inevitable acometerlo ya que nuestro sistema de competencias compartidas, cruzadas y ligadas no es algo pasajero. El segundo también es urgente, ya que cada vez tendremos más emergencias de diverso tipo y no nos bastará con los especialistas en atajarlas.

En momentos excepcionales, como el generado por la oleada de incendios, se nota más que nunca la disonancia entre una problemática común (los incendios y sus consecuencias, que no respetan los límites de cada administración) y la fragmentación competencial e institucional. La naturaleza del propio problema exige coordinación y cooperación intergubernamental, cada uno desde sus competencias y responsabilidades, para conseguir respuestas realmente eficaces. Estaríamos frente a lo que algunos han denominado como un problema intergubernamental complejo. Un tipo de situación ante la cual cada una de las instituciones afectadas difícilmente puede abordar el tema tratando de resolver el problema en toda su dimensión, sino más bien está obligada a gestionar sus consecuencias. Existe un contínuum en las urgencias derivadas de la crisis que genera el incendio en cualquier rincón del país, mientras, en cambio, el abordaje de la contingencia se tiene que asumir con los instrumentos y capacidades de que se disponen en cada lugar. Es decir, desde la división institucional, las diferencias de medios, el troceamiento sectorial y la presencia en el mismo territorio de otras esferas de gobierno con sus propias lógicas y competencias. Todo ello es normal y habitual en sistemas federales o cuasi federales como el nuestro. Lo que no es normal es que a los que les toca en primer lugar asumir la gestión del tema (ya que son sus competencias y responsabilidades) pretendan desviar su falta de capacidad acusando de incompetencia y de falta de colaboración a quién (la administración central) tiene una posición subsidiaria y supletoria en el asunto.

En este asunto y en otros de parecida complejidad, lo mejor sería superar la aproximación clásica a los temas de gobierno que acostumbra a partir del debate de las competencias y de la jerarquía entre niveles de gobierno (“esto es mío”, “esto es tuyo”, “en esto mando yo”, “¿y de esto?, ¿quién se ocupa?”), para ir experimentando y trabajando en nuevos enfoques, que partan más de trabajar y gobernar conjuntamente unas políticas que afectan a todos. Y este es un aspecto especialmente sensible cuando nos referimos al tema de las emergencias que van convirtiéndose en más frecuentes de lo que imaginábamos.

La lógica del gobierno tiene mucho que ver con el espacio en el que ejercer el poder que pretendes tener (soberanía) y en el que tus competencias (las capacidades de acción que la norma que regula tu función de gobierno determina) sean realmente operativas. Han de mezclarse, por tanto, dos elementos que parecen hasta cierto punto contradictorios: la acción de gobierno se ejerce específicamente en un territorio y con relación a una población que se mueve en el mismo, pero esa acción de ese gobierno no impide que otros gobiernos de escala territorial distinta, puedan ejercer sus propias competencias en ese mismo enclave territorial y con relación a la misma población de referencia.

Es decir, lo importante desde el punto de vista de la problemática a resolver (en este caso el incendio) es la política que se quiere impulsar y los objetivos que ésta persigue (prevenir y atajar los incendios). Alrededor de esta política, los diferentes actores y las diversas instancias gubernamentales deberían compartir responsabilidades y funciones, y acabar configurando así capacidades colectivas de gobierno. Pero ello resulta imposible si aquellos que más directamente deberían asumir criterios de responsabilidad, que son los presidentes de las Comunidades Autónomas, tratan de desviar la atención sobre sus propios problemas, atacando al gobierno central y situando el tema en un escenario estrictamente electoral.

Es cierto que las jerarquías organizativas (“¿quién es el responsable de este tema?”) resultan eficaces y eficientes cuando se enfrentan a problemas estables y claramente delimitados, pero sufren graves disfunciones cuando se las tienen que ver con asuntos como los incendios que incorporan muchos elementos al mismo tiempo, tanto de pasado como de presente, muy cambiantes en sus orígenes y en su evolución, que son además por definición multisectoriales, y que no reconocen límites administrativos o competenciales y que, por tanto, afectan potencialmente a cualquier esfera de gobierno. Al final lo que hace la diferencia es cuando se une capacidad de intervención conjunta y un fuerte conocimiento de las especificidades territoriales. Pero si aquellos que deberían asumir en primera línea sus responsabilidades de gobierno solo pretenden ocupar espacios de poder, pero no ejercer sus competencias, la cosa se complica.

Por otro lado, la experiencia en distintas partes del mundo muestra lo importante que es generar lógicas de acción colectiva que permitan que la población disponga de aprendizajes previos sobre cómo actuar en caso de emergencia. Ello exige procesos de educación y sensibilización, implementando programas de educación sobre riesgos climáticos y medidas de adaptación, de manera que se pueda ir fomentando la participación comunitaria en la planificación y gestión de riesgos. En este sentido las directrices del llamado Marco de Sendai resultan pertinentes, pero también fomentar el intercambio entre territorios sobre el tema, de manera que permitan valorar la consideración de las especificidades locales. El fortalecimiento de las capacidades ciudadanas resulta clave para evitar o disminuir drásticamente las pérdidas humanas.

Al final, más allá del espectáculo lamentable de estos días en que se ha combinado incapacidad técnica, estrategias de confusión y camuflaje, combinación de excusas y ataques al adversario para escurrir el bulto, lo que nos debería importar es determinar ante los casos de emergencia que van a ir menudeando, cuál es la combinación de escala, identidad, espacio y poder que genera una mayor factibilidad y legitimidad y actuar de manera articulada y responsable. La cuestión es cómo gestionar episodios excepcionales como el planteado por los incendios ahora, pero antes por el apagón o el COVID desde la imprescindible eficacia y rapidez de respuesta, y al mismo tiempo, respondiendo a las exigencias de equidad, representatividad y capacidad de protección que se exige hoy a un conjunto de esferas de gobierno que no quieran limitarse a ser retóricamente democráticas.

Decía Hanna Arendt, hace ya muchos años, que “no se puede hablar de política sin hablar también de libertad, y tampoco puede hablar uno de libertad sin hablar de política”. Y añadía: “Sin una esfera pública políticamente garantizada, la libertad carece del espacio necesario para desplegarse”. Es importante recordar este tipo de planteamientos, muy conectados con la propia experiencia de la autora en los años duros del totalitarismo, en momentos en que se hace de la libertad una bandera contra la política democrática que tanto nos ha costado alcanzar.

El ejemplo más palmario lo tenemos en las constantes y frívolas alusiones a la libertad con que nos acostumbra a obsequiar la presidenta de la Comunidad de Madrid. Libertad para cambiar de pareja, libertad o comunismo, libertad para no pagar impuestos, libertad y seguridad en las calles, libertad contra políticas invasivas, libertad y punto. Milei sigue sus pasos en Argentina. A su vez, el vicepresidente estadounidense Vance se convierte en el más firme defensor de la libertad para que cada uno diga lo que le venga en gana sin miedo a que los censores demócratas y progresistas le digan a uno lo que está bien o no está bien. Mientras, cada uno de los citados expresa alarma ante lo que se enseña y se discute en las universidades, se muestran preocupados por los libros a los que puede acceder cualquiera en una biblioteca pública o no entienden cómo se puede hablar de libertad obligando a la gente a pagar impuestos que solo sirven para ayudar a los que hicieron en su día mal uso de la libertad de que disponían y ahora tienen problemas y piden ayuda a las arcas públicas.

La libertad, vuelve a recordarnos Arendt, no tiene sentido sin los demás. Solo podemos ser libres en nuestra relación con los demás. No tiene sentido hablar de libertad considerándose solo a uno mismo. Por eso la idea de libertad es profundamente social, profundamente política. La libertad no empieza donde acaba la política. La libertad empieza y es posible en un escenario en el que se den las condiciones sociales básicas de existencia y ese escenario es algo colectivamente construido. Es un espacio público en el que interactuamos con los demás y contrastamos opiniones, creencias, acciones y alternativas. ¿Para qué queremos libertad si no tenemos posibilidad de hacerla efectiva?

En estos días en que se restringe la libertad de culto aludiendo a que se enfrentan dos concepciones de la vida que son irreconciliables y que la libertad de unos afecta a la libertad de los que llegaron antes, conviene recordar la famosa declaración de Roosevelt en 1941 sobre las “Cuatro Libertades”: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de aspirar a una vida mejor, la libertad de vivir sin miedo. Unas son libertades para, otras son libertades contra, pero en su conjunto configuran un marco democrático. Una declaración que conecta bien con el momento que vivían los Estados Unidos, recuperándose del crack del 29 con políticas intervencionistas articuladas en el New Deal con un sistema fiscal fuertemente redistributivo que quería acabar con la idea de que la vida y la libertad solo estaban al alcance de unos pocos privilegiados. Esas mismas ideas, con expresiones distintas, alimentaron el Informe Beveridge de 1943 que puso las bases del Estado del Bienestar en Europa con políticas públicas que aseguraban la salud y la educación para todos, como base de una auténtica libertad.

Hoy, los nuevos libertaristas quieren, usando viejas formulaciones en odres nuevos, hacernos creer que la política democrática está enfrentada a la auténtica libertad. Que los poderes públicos no pueden modificar lo que el “libre mercado”, en una constante y aparentemente libre interacción de voluntades, deseos y esfuerzos, ha acabado dictaminando. Unos ganan y otros pierden. Y lo hacen haciendo uso, unos y otros, de su libertad. Y todo ello sin hablar para nada de orígenes, herencias y capacidades distintas. De desigualdades acumuladas que merman y limitan grados de autonomía formalmente existentes.

Los que perdieron en 1945 han ido tratando en distintas ocasiones de erosionar la credibilidad y capacidad de acción de las instituciones democráticas, y razones no les han faltado para ello. Problemas de burocratización, de enquistamiento de situaciones de pobreza, de falta de capacidad de resolución, etc., etc. Y de todo ello hemos de aprender y corregir tales situaciones, recuperando legitimidad con base en la capacidad de hacer real lo que se predica. Pero, de lo que tampoco hay duda es que los que hablan de libertad atacando la política, los que hablan de libertad defendiendo el “sálvese el que pueda”, no nos van a conducir a mejores escenarios. Siguiendo sus pasos acabaremos sin libertad, sin dignidad y sin política entendida como el espacio de configuración de lo colectivo.