Durante décadas, las grandes compañías de telecomunicaciones fueron valoradas fundamentalmente por su capacidad para captar clientes, desplegar redes y generar dividendos. Hoy, sin embargo, su importancia trasciende los balances empresariales. En un mundo marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, las redes de comunicaciones se han convertido en infraestructuras estratégicas de las que dependen la actividad económica, la seguridad nacional y buena parte del funcionamiento de los Estados. Controlar las redes no equivale a controlar la información que circula por ellas, pero sí significa disponer de una capacidad decisiva para garantizar su funcionamiento y resiliencia. En ese contexto, la posición de Telefónica adquiere una dimensión que va mucho más allá de su cotización bursátil.

Los resultados de los nueve primeros meses de 2026 ofrecen una fotografía de esa capacidad. Telefónica ha alcanzado unos ingresos de 24.825 millones de euros, procedentes de sus operaciones continuadas, es decir, de los negocios que mantiene tras excluir las actividades de Hispanoamérica clasificadas como discontinuadas. Se trata de un 2,8% más que un año antes, mientras que su EBITDA ajustado ha aumentado un 4,6%, hasta los 8.846 millones de euros, el mayor crecimiento de la última década. El beneficio neto de las operaciones continuadas ha crecido un 21,6%, hasta los 1.333 millones, aunque el beneficio neto total del grupo, incluyendo las operaciones discontinuadas, se sitúa en 464 millones. La mejora resulta especialmente significativa en la generación de recursos: el flujo de caja libre de las operaciones continuadas ha aumentado un 10,7%, hasta los 1.963 millones de euros. Son cifras que reflejan una recuperación operativa y financiera en una industria donde la capacidad de invertir condiciona la competitividad futura.

La compañía encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento simultáneo de sus principales indicadores y ha revisado al alza sus previsiones para 2026. Espera ahora un crecimiento del EBITDA ajustado ligeramente superior al 2,5% y un flujo de caja libre próximo a los 3.100 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reducido su deuda financiera neta en 1.600 millones desde enero, hasta los 25.186 millones, un 10,8% menos que un año antes. El endeudamiento equivale a 2,63 veces el EBITDA, frente a las 2,78 veces de finales de 2025. La relevancia geoestratégica de estos resultados reside, sobre todo, en la capacidad financiera que Telefónica está recuperando para seguir desplegando y modernizando unas infraestructuras de las que dependerá una parte creciente de la economía europea.

Una empresa privada con importancia estratégica

España dispone de pocas empresas con una implantación internacional comparable en sectores tecnológicos estratégicos. Telefónica es una de ellas. Su presencia en España, Alemania, Reino Unido a través de VMO2 –participada al 50%– y Brasil le proporciona una escala difícil de reproducir y una posición relevante en mercados que concentran buena parte de su actividad. En España, los ingresos han aumentado un 2,5% entre enero y septiembre, hasta los 9.828 millones de euros, su mayor crecimiento porcentual en más de quince años. El EBITDA ajustado ha crecido un 2,3%, hasta los 3.501 millones, mientras que la tasa de abandono de clientes se ha reducido hasta el mínimo histórico del 0,7%. Brasil también impulsa los resultados: en el tercer trimestre, los ingresos han crecido un 15,4% y el EBITDA ajustado un 18%, con una base récord de 120,3 millones de accesos.

Pero las cifras que explican muy bien su dimensión estratégica están en las infraestructuras. Telefónica cuenta con 302,1 millones de accesos y una red de banda ancha ultrarrápida que alcanza 164,1 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 77,6 millones corresponden a fibra hasta el hogar. Su cobertura 5G llega al 96% en España y al 99% en Alemania. El crecimiento de las conexiones vinculadas al internet de las cosas resulta especialmente significativo: en España, las líneas IoT han alcanzado los 26 millones, un 111,1% más que un año antes. Detrás de esa cifra aparece una transformación que suele recibir menos atención que la inteligencia artificial: la digitalización de procesos industriales, sistemas logísticos y dispositivos conectados.

La dimensión estratégica de Telefónica explica también el interés del Estado español por su accionariado. Cuando el Gobierno decidió regresar al capital de la operadora en 2024, casi tres décadas después de completar su privatización, la operación fue interpretada principalmente como una respuesta a la entrada de la saudí STC. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desembolsó aproximadamente 2.285 millones de euros para adquirir el 10% de la compañía. La decisión puso de manifiesto hasta qué punto las telecomunicaciones habían dejado de considerarse un sector económico convencional. La participación pública no convierte a Telefónica en una empresa estatal ni garantiza que sus decisiones respondan a las prioridades del Gobierno. Pero sí revela una transformación del pensamiento económico europeo: después de décadas en las que predominó la liberalización de mercados, los Estados vuelven a preocuparse por quién controla las empresas que gestionan infraestructuras consideradas esenciales.

El dilema europeo: competencia o escala

El problema es que Telefónica opera en una Europa que todavía no ha resuelto cómo combinar competencia, inversión y autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China disponen de grandes mercados nacionales, la Unión Europea continúa organizada en mercados de telecomunicaciones fundamentalmente nacionales, con diferencias regulatorias que dificultan la expansión transfronteriza. La Comisión Europea reconoció este problema al presentar, en enero de 2026, su propuesta de Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act), destinada a facilitar las operaciones paneuropeas, estimular la inversión y reforzar la seguridad de las redes. El diagnóstico es relevante: Europa no puede construir una economía digital competitiva si las empresas encargadas de sostener sus infraestructuras encuentran obstáculos para alcanzar la escala necesaria.

Sin embargo, el debate plantea una contradicción que Bruselas todavía debe resolver. Favorecer la concentración empresarial podría proporcionar a los operadores mayores recursos para invertir, pero también reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Tampoco está demostrado que empresas más grandes inviertan necesariamente más. La autonomía estratégica europea no puede confundirse con la protección incondicional de sus grandes compañías. Necesita operadores financieramente sólidos, pero también mercados competitivos, capacidad de innovación y mecanismos que garanticen que las infraestructuras críticas respondan a los intereses de seguridad europeos.

La influencia española en Bruselas

Para España, la cuestión tiene una dimensión adicional. Telefónica es uno de los pocos grandes grupos empresariales españoles capaces de participar directamente en la definición del futuro tecnológico europeo. Su posición en Alemania y Reino Unido, junto con su fortaleza en el mercado español, le proporciona una perspectiva internacional que trasciende los intereses de un único Estado. Brasil añade otra dimensión: la posibilidad de mantener una presencia empresarial relevante en América Latina en un momento en el que la competencia geoeconómica también se libra mediante inversiones e infraestructuras.

Los resultados de 2026 refuerzan los argumentos industriales que llevaron al Estado a invertir en Telefónica, aunque no eliminan las dificultades que afronta la compañía. Su deuda continúa siendo elevada, Alemania registra caídas de ingresos y rentabilidad y la reestructuración del grupo ha implicado desinversiones y costes importantes. La evolución bursátil también introduce un elemento de cautela en la valoración financiera de la participación de la SEPI, adquirida a un precio medio de 4,0295 euros por acción. Sin embargo, una inversión de estas características debe examinarse desde una perspectiva que combine su rentabilidad financiera con su horizonte temporal y su importancia estratégica. Los buenos resultados operativos no constituyen una validación definitiva de la decisión pública, pero sí fortalecen la posición de una compañía cuya relevancia para España trasciende su valoración en bolsa.

La soberanía tecnológica, por otra parte, no significa independencia absoluta. Telefónica necesita proveedores tecnológicos, financiación y acceso a mercados internacionales. Su fortaleza tampoco elimina la dependencia europea de las grandes plataformas estadounidenses ni de determinados componentes y equipos extranjeros. El objetivo no puede ser que Europa produzca absolutamente todo, sino que conserve suficiente capacidad de decisión para evitar que sus dependencias se conviertan en vulnerabilidades.

Durante años, la política industrial europea se concentró en establecer las reglas del mercado. Ahora empieza a comprender que también importa quién dispone de las empresas, el capital y las infraestructuras necesarias para competir. La recuperación financiera de Telefónica refuerza la lógica estratégica de la apuesta del Estado español, aunque su resultado definitivo deberá juzgarse a largo plazo. En una Europa que busca recuperar autonomía tecnológica, Telefónica no es únicamente una empresa que debe mejorar su rentabilidad. Es también uno de los activos con los que España puede contribuir a definir el lugar de Europa en el nuevo orden tecnológico internacional.