Hagamos un simple experimento mental. Supongamos que funciona una máquina del tiempo y llevamos a los actuales líderes políticos al pasado, al 15 de junio de 1977, el día de las primeras elecciones democráticas. Al llegar a esa época, cada líder actual tiene la misión de sustituir a su homólogo de entonces. En la izquierda todo es bastante sencillo: Pedro Sánchez se hace con el puesto de Felipe González y Yolanda Díaz con el de Santiago Carrillo. En la derecha ya no es tan fácil. ¿A quién reemplaza Alberto Núñez Feijóo? ¿A Manuel Fraga o a Adolfo Suárez? El líder popular preferiría que le tocara Suárez, quien tiene mejor reputación y al fin y al cabo fue el padre de la Transición, pero sería injusto, pues Suárez nunca quiso integrarse ni en Alianza Popular ni, después, en el Partido Popular. Así que a Feijóo le toca hacerse cargo de Fraga, que fue el presidente fundador de Alianza Popular (AP). ¿Y Santiago Abascal? ¿Sustituiría a Manuel Fraga, que al fin y al cabo fue ministro de Franco, o le tocaría Blas Piñar? Adolfo Suárez, por tanto, sobrevive en nuestro juego, pero no hay ningún líder del presente que pueda ponerse en su lugar.

Que en la derecha sea más difícil llevar a cabo el experimento mental resulta revelador. Como ha señalado Robert Fishman en su libro ‘Práctica democrática e inclusión’ (2021), supone un gran cambio en la democracia española que el partido centrista de Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que dominó la política española en el periodo crucial que va de 1977 a 1982, y en el que encontraron cobijo las élites reformistas del régimen franquista y algunos democristianos y socialdemócratas, colapsara en las elecciones de 1982 y fuera reemplazado por AP, un partido más a la derecha y con una mayor conexión con el franquismo. Ni AP, ni después el PP, han tenido nunca la apertura de miras y la flexibilidad política de la UCD de Adolfo Suárez.

Prosigamos con nuestro experimento. Supongamos ahora que no solo viajan en el tiempo los líderes, viajan también sus apoyos sociales y electorales. Es decir, la AP de entonces, en lugar del 8,2% de las elecciones 1977, obtiene el 33,1% del PP en las elecciones de 2023. Fuerza Nueva, que sacó el 0,4%, tiene el 12,4% de Vox en 2023, una diferencia enorme. En la izquierda, sin embargo, las cosas vuelven a ser muy parecidas: el PSOE consiguió el 29,3% en 1977 y el 33,1% en 2023; por su parte, el PCE logró un 9,3% en 1977 y Sumar un 12,3% en 2023. La pregunta, entonces, es: vaciado el centro, ¿cómo se habría desarrollado la Transición?

En primer lugar, es dudoso que sin un partido de centro y con una derecha tan fuerte, se hubiera producido la legalización del Partido Comunista. Pero sin el PCE, las elecciones de 1977 no habrían tenido un nivel aceptable de legitimidad democrática. Recordemos lo que dijo Manuel Fraga ante la decisión de Suárez de permitir que el PCE se presentara a las elecciones:

“Me parece un grave error político y una farsa jurídica. (…) Bastantes problemas tiene la reforma política en España para añadirle innecesariamente la legalización del partido más antidemocrático, y que se presenta con las mismas figuras de 1936. El único país de Europa en que el comunismo ha sido derrotado es España; ahora se le entrega la legalidad, sin contrapartida. El tema jurídico, es aún más grave. Puede afirmarse que la legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado que ha transformado la reforma en ruptura, y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad. (…) Cualquiera puede sacar las conclusiones: (…) un error político de volumen histórico, revestido de las más graves transgresiones jurídicas. Eso sí, a los brindis con champán se sumará hoy un alto consumo de vodka en la Pascua rusa.

En segundo lugar, los grandes consensos de la Transición (la Ley de Amnistía, los Pactos de la Moncloa, la Constitución de 1978 y la construcción del Estado autonómico) salieron adelante porque UCD dominaba el espacio político frente a Alianza Popular. El de Fraga fue el único partido que se abstuvo en la votación de la ley de amnistía, que no votó la parte política de los Pactos de la Moncloa, y la mitad de su grupo parlamentario no quiso votar a favor de la Constitución por considerar que la distinción entre regiones y nacionalidades no podía sino desembocar en una España plurinacional o, lo que era aún peor, en una España rota. Si AP y Fuerza Nueva hubieran tenido más del 40% del voto (como sucedió en 2023), los consensos de la Transición es probable que no hubieran ocurrido. 

En tercer lugar, si el PSOE de Pedro Sánchez hubiera exigido en la Transición una Ley de memoria democrática, en vez de aceptar el “pacto de silencio” en el que participó el PSOE de Felipe González, parece lógico suponer que se habría roto el entendimiento con Suárez y el proceso constituyente podría haber quebrado.

En suma, lo que el experimento nos enseña es que, de haberse trasplantado las dinámicas actuales a la etapa de la Transición, esta, tal como la conocemos, no habría sido posible. No lo digo con nostalgia, sino como una simple constatación que nos sirve para visualizar las grandes diferencias entre la política de entonces y la de ahora. 

Aunque la de nuestro tiempo tenga un exceso de intransigencia, sería injusto tratar a todas las fuerzas políticas por igual. Es sobre todo la derecha la que se ha alejado peligrosamente del espíritu de inclusión e integración que dio su sello característico a los consensos posteriores a las elecciones de 1977. Esto es especialmente visible en la cuestión nacional. Durante la Transición, la UCD admitió la singularidad de Cataluña, País Vasco y Galicia, definidas como nacionalidades en la Constitución. Suárez, además, reconoció la legitimidad republicana del president Tarradellas. Y fue la misma UCD la que aceptó llevar a cabo una negociación con la rama político-militar de ETA (ETApm), ofreciendo medidas de gracia a sus miembros, incluso a algunos con delitos de sangre. Todo aquello se hizo en beneficio de la integración de los nacionalismos en la naciente democracia española. 

Las derechas actuales se encuentran en las antípodas del espíritu integrador que imperó en la Transición. Su actitud hacia las fuerzas nacionalistas es claramente excluyente. Considera que son fuerzas antidemocráticas. El PP las considera “supremacistas” y Vox aboga abiertamente por su ilegalización.

Invirtiendo los términos del experimento mental con el que se inició este texto, creo que hay motivos para suponer que, si en 2017 hubiera gobernado la UCD de Suárez en lugar del PP de Rajoy, la crisis catalana se habría evitado mediante negociaciones políticas entre las partes. Pero en 2017 el espíritu de la Transición se había evaporado, casi del todo, en buena parte de la derecha española. La forma en la que se abordó la crisis catalana es quizá la mejor demostración de que el legado inclusivo de la Transición ha ido disolviéndose con el paso del tiempo, especialmente en el lado derecho del espectro político. No quiero decir con ello que la izquierda no haya incurrido en algunos momentos en iniciativas y actitudes excluyentes, pero el hecho mismo de que el PSOE encabece una coalición con Sumar apoyada parlamentariamente por los partidos nacionalistas revela que el principio de inclusión política y la voluntad de llegar a acuerdos integradores se encuentra algo más desarrollado en este bloque. De eso iba la Transición. 

Con motivo de los problemas políticos y económicos que está atravesando España, vuelve a hablarse con insistencia de Transición; de la primera, la de 1977, para atribuirle algunos de los pecados originales que están en la base de nuestro sistema, pero también de una fantasmal segunda que tendría que producirse en algún momento para poner al día el entramado institucional y económico del país. De la “segunda transición” ya escribió José María Aznar en un lamentable libro propagandístico publicado en 1994, cuando estaba a las puertas del poder. Resulta difícil entender que con ese antecedente se retome ahora la expresión. En general, cuando se habla de transición política se hace para referirse a un cambio de régimen. No creo, sin embargo, que quienes propugnan la segunda transición estén pensando en un régimen no democrático. Más bien, al usar el término “Transición” parece que se quiere indicar que algunas tareas quedaron pendientes o mal resueltas en los albores de nuestra democracia.

Es verdad que la Transición no fue como la han contado muchos de sus protagonistas y apologetas, pero, a mi juicio, tampoco es la causa de nuestros males actuales. En la versión canónica, la Transición española se presenta como un modelo a seguir, pues constituye un caso de democratización exitosa, sin derramamiento de sangre y caracterizado por grandes acuerdos entre las fuerzas políticas. Vale la pena repasar hasta qué punto fue así.

La Transición española fue exitosa, desde luego, pues la democracia ha sobrevivido sin quiebro hasta el día de hoy. Pero lo mismo puede decirse de la transición portuguesa, de la polaca o de la coreana. ¿Qué tuvo entonces de especial la española? Más bien poco. Si analizamos los países que han pasado de dictadura a democracia en los últimos 40 años, España tenía condiciones más favorables que la mayoría. Dado su nivel de desarrollo económico, la probabilidad de que España acabara siendo una democracia a mediados de los años 70 era del 85%. En Portugal, en cambio, dicha probabilidad era mucho más baja, del 57%. El verdadero éxito fue el portugués, no el español: el país luso consiguió democratizarse en condiciones mucho más difíciles que las nuestras.

¿Fue pacífica nuestra Transición? Depende de cuál sea el punto de comparación. Si volvemos la vista atrás, a la Guerra Civil, es evidente que tras la muerte de Franco no hubo una nueva confrontación bélica entre españoles. Aunque entonces los actores políticos no podían saberlo y tenían un gran temor de que pudiera repetirse un enfrentamiento civil, nosotros sí sabemos hoy que la probabilidad de que hubiera habido una Guerra Civil en nuestro país en los años setenta era cercana a cero: cuando los países alcanzan un cierto nivel de desarrollo, las guerras civiles no se producen. Si el punto de comparación no son los años treinta del siglo XX, sino otras experiencias de democratización en países europeos, entonces no queda más remedio que reconocer que los niveles de violencia política y represión estatal que acompañaron a la transición fueron muy elevados. Entre la muerte de Franco y el primer episodio de alternancia democrática en el poder en octubre de 1982, en España perdieron la vida más de 700 personas como consecuencia de la actividad de grupos armados y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por último, creo que se ha exagerado enormemente el papel del consenso y de los grandes acuerdos entre las élites políticas en el desarrollo de nuestra transición. En sentido estricto, el tránsito de la dictadura a la democracia, es decir, el periodo que va de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 a las elecciones generales del 15 de junio de 1977, se hizo sin concurso de las fuerzas opositoras. Estas lanzaron un fuerte desafío al régimen en la calle y en la fábrica en los primeros meses de 1976, tratando de conseguir una transición mediante ruptura. En algunos lugares, como Getafe, Sabadell o Vitoria, la estrategia rupturista tuvo gran seguimiento popular, produciéndose situaciones casi insurreccionales y de vacío de poder del Estado. Sin embargo, en el resto del territorio, los partidos de izquierdas no tuvieron fuerza suficiente para provocar la caída del régimen y la instauración de un Gobierno provisional que convocara elecciones constituyentes. Por un lado, el Estado era bastante fuerte (mucho más que en Portugal, por ejemplo) y podía dominar las huelgas y manifestaciones. Por otro, las encuestas de la época indican que no más de un cuarto de la población apoyaba la vía de la ruptura. Hacia la primavera de 1976, los franquistas ya estaban convencidos de que podían controlar el cambio político. Este se haría desde dentro del régimen, mediante los procedimientos de reforma del sistema constitucional franquista, sin negociar con los líderes de la oposición.

Es cierto que si la oposición no hubiera presionado, las élites franquistas no se habrían movido, pero dicha presión no fue suficiente para impedir que la Transición se llevara a cabo desde el régimen. El principio rector fue el del continuismo jurídico (“de la ley a la ley”). De ahí que la democracia llegara como consecuencia de la aprobación de la octava Ley Fundamental del franquismo, la Ley para la reforma política, el 18 de noviembre de 1976. La democracia nació, así pues, mediante un suicidio institucional del régimen (el famoso harakiri de las Cortes).

Las elecciones de 1977 fueron una sorpresa para los partidos derechistas de Adolfo Suárez (UCD) y Manuel Fraga (AP). La suma de votos de las fuerzas de izquierda alcanzó el 50%. Con una sociedad tan dividida, las nuevas élites parlamentarias llegaron a amplios acuerdos en torno a tres grandes cuestiones: la Ley de amnistía, las reformas económicas (Pactos de la Moncloa) y la elaboración de la Constitución. Hubo, pues, consenso político, pero sólo después de las primeras elecciones democráticas, cuando se descubrió que la correlación de fuerzas entre la izquierda y la derecha era más equilibrada de lo que se había supuesto inicialmente.

El continuismo jurídico de la Transición (“de la ley a la ley”) tuvo aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, hizo posible que buena parte de las élites franquistas se integraran en el nuevo sistema democrático. Gracias a esta oportunidad generosa de integración, pudo aprobarse una Constitución en la que se han sentido recogidos la gran mayoría de los españoles, tanto de izquierdas como de derechas. Entre los aspectos negativos, no hubo la necesaria renovación democrática en el sistema judicial, en los aparatos policiales y, quizá, tampoco en el poder económico.

Estoy convencido de que es necesario estudiar más a fondo el periodo de la Transición, desde una mirada algo más crítica de la que ha sido dominante. Así, seguimos sin tener suficiente información sobre la supervivencia de las élites políticas y económicas del franquismo en el periodo democrático y las consecuencias que ello ha podido tener en nuestro país. Ahora bien, de aquí no se sigue que los males que aquejan a nuestra actual democracia tengan que ver con nuestro proceso de transición. Los problemas de la “partitocracia” y la corrupción existen en muchos países con historias políticas muy distintas a la nuestra, empezando por Italia. Y los terribles problemas económicos que está sufriendo el país, sobre todo las clases más desfavorecidas, tienen que ver fundamentalmente con la especulación inmobiliaria, el diseño defectuoso del área euro, la presión de Alemania, el poder de la banca y la debilidad del tejido productivo español, no con lo que se acordó en la Transición.

Quizá haya llegado el momento de emprender reformas institucionales y económicas profundas, pero dejemos la Transición en paz.

Lo lógico, sin embargo, es dar un paso atrás y contemplar el conflicto desde un punto de vista “apartidista”, fijándonos solamente en lo que hay en juego desde un punto de vista democrático. Si cambiamos el plano de análisis y nos situamos en el terreno de los principios democráticos, lo que nos encontramos es una demanda que parece gozar de un amplio apoyo ciudadano en Cataluña, aunque no podemos estar seguros, a partir de la asistencia a manifestaciones y de las proclamas de ciertos partidos, de cuán grande es dicho apoyo. Sabemos que un asunto como la independencia despierta pasiones políticas y genera polarización en la sociedad. Y, además, no se trata de un asunto que pueda ventilarse únicamente en Cataluña, pues tiene consecuencias de todo orden para el resto de España.

Ante una situación tan compleja, lo razonable, atendiendo únicamente a consideraciones democráticas, es que el pueblo catalán se pronuncie en un sentido o en otro. Una demanda de secesión es un asunto muy grave y, si se lleva a la práctica, se trata de un proceso de amputación irreversible del Estado original. Una decisión tan trascendente no puede tomarse simplemente mediante negociaciones entre los representantes. Es preciso que el pueblo se defina en torno a una pregunta clara, consensuada y sin trampa.

Desde luego, los referéndums no son la solución perfecta y en mi libro Más democracia, menos liberalismo (Katz, 2010) he examinado muchas de las objeciones que habitualmente se plantean. No obstante, una vez examinadas las críticas, creo que el referéndum sigue siendo la solución menos mala desde el punto de vista democrático.

El resultado del referéndum no cierra la cuestión de la independencia. Si gana el no, la demanda debe quedar hibernada un tiempo considerable. Si gana el sí, es necesario iniciar negociaciones al más alto nivel entre fuerzas políticas catalanas y españolas para gestionar en qué condiciones y con qué garantías se puede llevar a cabo la separación.

Las razones que presento aquí sobre el referéndum no tienen nada que ver con mis preferencias personales sobre si deseo que Cataluña permanezca en España o se constituya en un Estado nuevo. Son muy distintas, por tanto, de las razones a favor del mismo que suelen ofrecer los independentistas, así como de las razones de quienes se oponen al referéndum simplemente porque se oponen a que Cataluña se marche.

A mi juicio, los socialistas catalanes podrían encontrar una posición propia defendiendo un referéndum por razones no nacionalistas, sino democráticas. Entre los partidos nacionalistas catalanistas (CiU y ERC) y el partido nacionalista español (PP), el PSC podría defender una posición democráticamente impecable, según la cual el referéndum es preciso para encauzar y procesar una demanda política que, en el momento actual, goza de un apoyo popular considerable.

Por descontado, un partido catalán como el PSC no podría quedarse en una posición puramente procedimental. Si llegara a convocarse el referéndum, tendría que tomar una posición al respecto. Curiosamente, si su apoyo al referéndum no tiene otro fundamento que el democrático, podría plantear una postura condicional, según la cual el voto final dependería de la respuesta que diese el Gobierno español. En caso de que el Gobierno estuviera dispuesto a abrir una reforma constitucional profunda, en la línea federal, podría recomendar el voto en contra en el referéndum; pero si el Gobierno se refugiara en la Constitución de 1978 para no moverse, podría dar su voto a favor de la secesión.

No hay nada incoherente en promover un referéndum por razones democráticas y decidir la postura en dicho referéndum en función de si el Gobierno se hace eco de las demandas de buena parte de Cataluña y acepta negociar sobre ellas o si se cierra en banda. Al revés, creo que, en estos momentos, es la única posición razonable.