Leo que un señor muy solemne y muy ridículo que fue ministro en un gobierno del PP dice que el que pretende armar Pedro Sánchez con Pablo Iglesias estará lleno de “comunistas” y “bolcheviques” y que eso debe ser evitado con una maniobra que denomina “gobierno de salvación nacional”.

Lo que vienen protagonizando de forma tan personalista Sánchez e Iglesias desde hace cuatro años, con una nueva entrega hace seis meses y ahora esta nueva escena de salón tendrá muchos nombres como “personalismo” o “inmadurez”, pero visto el acuerdo genérico inicial no merece llamarse gobierno de izquierdas. Lo de “progresista” tampoco, pero habrá que reconocérselo tras las bárbaras barbaridades que aúllan tantos medios de intoxicación, que no comunicación, de esa derecha que es toda ella extrema. Porque la vida pública española, encerrada en unos medios de comunicación carentes de profesionalidad y de ética y que actúan como sicarios de un capital financiero que vive del estado devorándolo, está situada en la extrema derecha.

No es raro que individuos que ocupan puestos en la administración y se dicen “socialistas” hablen como falangistas, porque todo es un mismo espacio ideológico. Lo que acaba de decir ese señor Margallo lo podrían firmar afiliados ahora al PSOE o que lo fueron hace un tiempo.

Y, cómo no, hay un origen de todo. Y es tan simple, bastaba que los norteamericanos y los ingleses hubiesen hecho caer el régimen de Franco cuando cayeron Hitler y Mussolini. Pero Franco hizo testamento antes de morir y sus cortes aprobaron la Ley para la Reforma Política y hubo una Transición, que consistió en “de la ley a la ley”, y no una ruptura con el franquismo. Así que los dueños del Estado se creen dueños del Estado y sus políticos se sienten como tales, es natural que vean a cualquiera que no sean ellos como intrusos.

En España no hay derecha en el sentido europeo porque los Estados reconstruidos tras la caída del fascismo se levantaron sobre un consenso nacional profundo, por eso no podrían concebir que unos ciudadanos de un mismo Estado no tengan los mismos derechos que otros y entienden que las diferencias políticas no son “sedición” o “alzamiento” o “terrorismo” y por eso no tienen una tribunal específico para perseguir las opiniones políticas como es la Audiencia Nacional, en vida de Franco llamado Tribunal de Orden Público.

La derecha española no cree en un consenso nacional integrador y en el respeto a las opiniones distintas y a la disidencia porque es la misma derecha de siempre profundamente arraigada dentro de las instituciones del estado y conectada incluso biologicamente al gran capital parasitario del estado. Jamás devolverán los millones concedidos para “salvar la banca”, es su botín. La derecha española es guerracivilista. Es por eso que un señor del que decían que era la derecha sensata y razonable, europea y demás perejiles vomita exactamente los mismos calificativos que Millán Astray y toda la ralea. Y llama a repetir lo que hicieron los militares sublevados contra el gobierno republicano legítimo, un gobierno de “salvación nacional”. Porque no reconocen como legítimos miembros de la nación a quienes no piensan como ellos, no tienen sus intereses, no son ellos. Porque ellos eran y son “los nacionales”. Son los mismos de siempre y dicen que no son franquistas, que no son la extrema derecha. Y sus medios de comunicación cuelan ese matute porque son de la misma piel.

Aún no vi la película de Amenábar, Unamuno siempre me pareció tan brillante como irresponsable, pero dicen que está muy bien y lo creo. También me dicen que no sale un señor clavadito a Margallo con camisa azul y correajes, pero de eso ya no estoy tan seguro.  

No escribo sobre estas anómalas elecciones, originadas por negarse Sánchez a aceptar el resultado electoral y pretender imponer al electorado su gobierno en solitario y condicionado totalmente por el poder financiero y muchos medios de comunicación. Son días de ruido para confundir, como lo serán las semanas siguientes. Objeto a esta España que sale en las televisiones y medios estatales, no puedo aceptarla del mismo modo que ella no me acepta a mí.

Un amigo que lo apostó todo al sueño de una España democrática, diversa e incluyente me dice que está desolado. Mi caso es peor, me veo en la posibilidad de ser ilegalizado. Los partidos estatales debaten con naturalidad ante millones de españoles la posibilidad de devolvernos a la ilegalidad a personas que no compartimos la ideología, el proyecto y los intereses del centralismo y del nacionalismo español. A muchos efectos nunca me vi completamente en la legalidad, o mis derechos nunca estuvieron completamente reconocidos, pero eso no era tan grave cuando se tiene la esperanza de que las cosas pueden mejorar.

Disentí y disiento del relato de la Transición, no fue un pacto entre franquistas y antifranquistas. Fue aceptar unas condiciones que impuso este Estado fundado por los militares y redactadas por el Ejército, los cuerpos del Estado y el poder económico tradicionalmente parasitario que se consolidó en el franquismo. Un proceso conducido por los EE UU que ya tenían ocupado militarmente el territorio español. Creo que se equivocó Carrillo y la dirección del PCE, así como el PSUC y Tarradellas volviendo del exilio sin más garantías que la palabra de Suárez, finalmente defenestrado por el Ejército, el Borbón y todos los poderes. No es lugar para recordar los condicionantes y circunstancias de la época, así como sus límites y posibilidades pero, viendo a lo que hemos llegado, creo evidente que asumir aquella Transición fue un error.

Al asumir aquella “Reforma democrática” del Estado no solo se aceptó, sino que también se legitimó, y hubo que asumir la propaganda y el autobombo de “la democracia que nos hemos dado”.

Todos estos años en que se estigmatizó lo que no cupiese en ese consenso de la Reforma y se creó una imagen idealizada de una España europea y moderna para el consumo interno han creado nuevas generaciones que no han conocido otra cosa y forzosamente tienen que identificarse con lo que hay. Quienes vivieron el franquismo y lo negaron tuvieron que crear un sueño, “otra España”, construido con retales de relatos diversos, las reivindicaciones obreras, el regeneracionismo europeísta, las reivindicaciones de las naciones dentro del Estado, el republicanismo... Aquello fue liquidado con los pactos de la Transición y se firmó la monarquía y su bandera, y se aceptó este Estado como uno democráticamente viable. Como si el franquismo no fuese la savia que recorría, y recorre todavía, instituciones como el Ejército y la Policía, la Justicia y el entramado institucional y humano del Estado. Que el franquismo tuvo su continuidad incluso en términos biológicos no lo tapa sacar los restos del Caudillo del Valle de los Caídos.

Quienes no conocieron esa otra patria que soñó el antifranquismo, esa “otra España”, no tienen otra realidad que la existente. Pero una cosa es la nación y otra el Estado. España no es y nunca fue una nación en el sentido del Estado-nación homogéneo, la única posibilidad de ser nación en un sentido amplio sería reconociendo su diversidad nacional interna y conformándose en un Estado federal o confederal incluyente mediante pactos. No pretendiendo imponer a su diversidad la plantilla que le interesa a los intereses de la corte, ese esquema radial del AVE que solo responde a los intereses de una casta cortesana parasitaria.

El Estado español es cada día más fuerte, porque nos quita poder a la ciudadanía, pero no existe un proyecto de nación. Porque a los reinos y estados autoritarios les bastan las instituciones para mantenerse, pero las naciones las construyen las ciudadanías por decisión libremente y la prueba de que España no es una nación sino una finca propiedad de una oligarquía parasitaria y extractiva está en que garantiza la pervivencia del Estado por el uso de la violencia y la ocupación de territorios por la fuerza. Sea Euskadi, Cataluña o quien decida vivir en libertad.

Si desde dentro del PSOE hubo en algún momento el debate o la posibilidad de concebir un proyecto colectivo plurinacional, hoy es la garantía de este Estado cada día más reaccionario. Y fuera del PSOE tampoco veo voces intelectuales que se atrevan a defender algo así. Los debates se mantienen dentro de los límites asfixiantes del españolismo que va de energúmenos fascistas a gobernantes autoritarios, a un lado queda únicamente un silencio que aturde.

La Transición era esto, y las posibilidades democráticas que pudo haber las fueron cerrando una a una de un modo planificado desde hace diez años. Los gobiernos, el Tribunal Constitucional y el Supremo han venido revisando y corrigiendo la legalidad y la propia Constitución echándonos fuera a quienes pretendemos ejercer los derechos democráticos como ciudadanía sin miedo. En España manda el miedo y cada día nos recuerdan que nuestra normalidad es la posibilidad de recibir la visita de la policía o la denuncia de la Fiscalía y la Audiencia Nacional.

En 1971 el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, cerró y dinamitó literalmente, como una forma de visualizar un asesinato, el periódico “Madrid” porque emitía una tímida disidencia. Tan interconectada y confusa es hoy la relación entre poder judicial y ejecutivo y tan parte son de un mismo cogollo de poder cortesano autoritario.

Nadie habla de república y está prohibido ya hablar de autodeterminación, la ley mordaza y la amenaza policial sobre la vida civil cada día es mayor. Un amigo está desolado y yo no sé que decir que no sea que en esta España hay que seguir siendo antifranquista y que ahora, como en 1975, solo hay esperanza en la ruptura democrática.

El 14 de Marzo de 1990, el parlamento gallego a propuesta de Camilo Nogueira, portavoz entonces del PSG-Esquerda Galega, debatió la autodeterminación de Galicia y el “autogobierno nacional en una perspectiva europea”. La resolución sólo contó con los votos de los dos diputados de ese partido. Pero se debatió y se votó.

En años posteriores, numerosos municipios gallegos, bastantes gobernados por el PP, debatieron el derecho a la autodeterminación de Galicia. En unos casos, el voto mayoritario fue a favor y en muchos otros en contra. No tenía valor jurídico, pero se debatió y se votó. Porque tanto el parlamento como esos ayuntamientos ejercían un derecho democrático a debatir y dialogar.

Hoy, el presidente del parlamento gallego de entonces, que era del PP, y numerosos alcaldes estarían procesados por la Audiencia Nacional y por el Supremo. Y el Tribunal Constitucional se habría pronunciado declarando inconstitucionales esos ejercicios de democracia. En realidad, lo que desde entonces debiera ser considerado políticamente establecido y parte del juego político asentado ha sido ahora revisado y prohibido por el Constitucional.

Esta es la España de hoy. El Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, antes TOP, son la garantía de que no tengamos derecho a debatir, votar y manifestarnos. El poder judicial es el dueño último de nuestras vidas.

¿Hay magistrados, jueces y fiscales demócratas? Sin duda, y lo mal que lo deben de estar pasando, pero si quieren saber quiénes son dueños últimos de nuestros destinos tienen que conocer la ideología de personajes como Lesmes o Marchena. Porque el poder judicial no es un concepto, es el poder que ostentan las personas que tienen un cargo de poder dentro de ese estamento del Estado y esas personas tienen ideología y esa ideología es la del poder judicial. Creo que negar eso o no considerarlo con preocupación sólo puede responder a un interés en preservar en el oscurantismo un poder esencial y que en la actualidad es determinante en el sistema político de este Reino de España.

El período político iniciado en la Transición acabó hace años cuando el Tribunal Constitucional anuló lo votado por el parlamento catalán, que había sido aprobado en referéndum por el electorado catalán, e impuso un redactado cocinado entre ese grupo de personas. Desde ese momento a los catalanes les fue negado su autogobierno, un estatuto votado por ellos y les fue impuesto otro texto. Y desde ese momento el sistema político español, que ya no tenía una jefatura del estado por elección democrática sino impuesta por Franco, pasó a no tener un verdadero poder legislativo ni ejecutivo. Es el poder judicial quien corrige y decide las leyes, un poder que tampoco es elegido democráticamente.

Puede que exista una solución jurídica para hacer reversible aquella decisión del Constitucional, aunque yo no la vea ni crea que el Estado profundo y el poder financiero que ha tomado el control total del Estado a través de la Justicia lo desee, pero anular esa enorme violencia judicial supondría una crisis institucional y política total. Es decir, el final formal de este sistema nacido de los pactos del 78.

Pero, ¿quién mejor que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial para poner negro sobre blanco la preeminencia sobre los poderes que nacen de la elección ciudadana que se arrogó la Justicia y el lugar que ocupa ahora en lo que fue, siempre malamente, un sistema de poderes?

Así se refirió Carlos Lesmes a lo que está aconteciendo en Cataluña, “ciudadanos cegados por la irracionalidad están atacando de forma frontal la base de nuestra democracia para quebrar mediante la fuerza y la violencia el modelo de convivencia sobre el que se asientan los principios básicos de nuestra sociedad (...)”. Un juicio completo realizó en el mismo acto el general Presidente del Tribunal Militar Central refiriéndose a “burdos, contumaces y reiterados ataques que viene recibiendo el estado de derecho”. Y todo ello en presencia del Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Esas valoraciones políticas y la descalificación de una parte de la ciudadanía en un conflicto político tan profundo deja desamparada moral y políticamente a esa parte de la población y abre campo a la discrecionalidad en la persecución. No es raro que hoy gran parte de la sociedad catalana no crea en las instituciones de este Estado.

El legislativo fue vaciado de su función y el Gobierno, lo que debiera ser el ejecutivo, no parece controlar el proceso político. Son esos poderes del Estado que denuncian y amenazan a esa mitad de la población adulta catalana quienes ocupan todo el espacio. El actual sistema político español, dada su evolución en los últimos años, no cumple, según mi opinión, con las garantías democráticas que suscribió en su día en el Tratado de Lisboa, ¿merece estar dentro de la Unión Europea? Creo que no.

El poder se ejerce por las buenas o por las malas y el modo de ejercerlo tiene consecuencias distintas: afección o rechazo, afecto u odio. Este Estado fue fundado por los militares rebeldes y tuvo su primera capital en Burgos, pero tuvo una inflexión cuando Franco diseñó su sucesión y los cambios para adaptarse a su contexto político, la integración en la OTAN y el Mercado Común.

La Transición se hizo con algunos pactos tutelados por la Monarquía y el Ejército, en los que se integró la Catalunya de “Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia” y garantizó la continuidad de las estructuras profundas del Estado y de la economía pero también abrieron aire, dieron juego social y permitieron aliviar presión, excepto en el País Vasco, donde la respuesta al régimen militar fue también una respuesta militar que no podía vencer a un Estado y prolongó la violencia, asesinatos, cárcel y tortura.

Finalmente hemos llegado aquí, este Estado sólo tiene la respuesta de la violencia para las reclamaciones democráticas de la mayor parte de la población en Catalunya. Porque su reclamación de votar en un referéndum catalán es ampliamente mayoritaria como acreditan encuestas y la misma composición de su parlamento y además es democrática, porque con independencia de que tenga efecto legal o no, la acción de votar nunca puede ser delito bajo un Estado democrático.

Desde que el Tribunal Constitucional le negó a los catalanes el Estatuto que habían votado su parlamento, el español y refrendado en referéndum, la única respuesta de este Estado centralista ha sido la negación primero y la violencia después. Y ha respondido según su naturaleza violenta, este Estado se ha quitado de encima las capas y afeites y muestra su naturaleza original.

Lo que estamos viendo ahora de modo teatralizado porque estamos en campaña electoral es parte de lo mismo. Hace dos años se envió fuerza armada a Catalunya para reprimir una votación, que fue un acto pacífico de libertad y también de desobediencia civil, todo ello fue acompañado de una fortísima campaña previa de comunicación que merece el calificativo de violenta. El sistema de medios de comunicación español demostró carecer de ética y ser parte de un sistema de poder opresivo controlado por el Estado y la banca. Difamó al grueso de la población catalana hasta límites grotescos y ocultó a sus usuarios la violencia que el Estado empleó contra ciudadanos y ciudadanas pacíficos de todas las edades. La población española solo pudo acceder a esas imágenes buscando en los canales internacionales, como en época de Franco.

Y no se trata de una política de un gobierno, pues antes gobernó el PP y ahora gobierna el PSOE, sino del Estado mismo. Este Estado cuya justicia absolvió a guardias civiles que obligaron a meter balas en la boca y a cantar el Cara al Sol a los parroquianos de un bar, que condenó de forma terrible a unos jóvenes de Altsasua por una bronca de discoteca a las cuatro de la madrugada, que tiene presas a personas dirigentes sociales y políticas catalanas preventivamente siendo criticadas por organismos internacionales, que tiene presos a varios civiles incomunicados pero filtrando informaciones convenientes a esa prensa sicaria del Estado y la banca y que ahora va a celebrar los dos años de aquella verdadera invasión y ataque a población catalana, ha repetido que lo volverá a hacer.

Y lo ha dicho el Estado de arriba a abajo. Lo ha dicho el Borbón, que acaba de afirmar que repetiría hoy las advertencias y amenazas de hace dos años y que supone un punto y aparte que él mismo sabe definitivo entre la monarquía y los catalanes. Lo ha dicho el presidente de Gobierno en funciones quien, a despecho de que en aquel día publicó un tuit criticando la violencia policial contra civiles, asegura que repetiría lo que hizo entonces Rajoy. Y lógicamente lo ha repetido con facundia un general de la Guardia Civil, “lo volveremos a hacer” dijo, refiriéndose a lo que hizo entonces ese cuerpo bajo el mando de Pérez de los Cobos.

Es por ello que crean la imagen de una Catalunya violenta, al grueso de la población le llaman “los independentistas” luego de haber deslegitimado y estigmatizado una legítima reclamación democrática de independencia. Necesitan la violencia. Necesitan la violencia para legitimar un delito cuyo mismo nombre nos devuelve al régimen militar de Franco, “sedición”. Sedición es, según la RAE, “alzamiento colectivo y violento contra la autoridad (...)” y la querida María Moliner la hace sinónima de “sublevación”, “particularmente, sublevación militar”. Yo he visto a esa ciudadanía haciendo cola desde la madrugada, a pesar de las amenazas de violencia y el despliegue policial previo, armada únicamente de un sobre de papel. No concibo mayor infamia que calificar a esas personas valientes y ejemplares y a sus dirigentes sociales y políticos presos como violentos. Un Estado que hace eso y no le importa despertar el odio debe despertar vergüenza y asco.

El Gobierno, el rey, los partidos en campaña, la Justicia, la mayor parte de los medios de comunicación se jactan de poder utilizar la violencia nuevamente. Ocupar o no Catalunya definitivamente, aplicarle esa utilización del 155, enviar nuevos contingentes policiales, controles armados en las carreteras…, todas las versiones de la coacción desde el Estado y distintas formas de violencia son los argumentos electorales de todos los partidos españoles. Hace tiempo escribí aquí que no existe un argumento nacional alternativo al de esta España autoritaria y violenta.

El escaparate montado para sacar los restos de Franco no son ningún avance democrático, son un cínico reclamo electoral y una añagaza para desviar la atención sobre el robo de libertades.

Se trata del Estado mismo, un Estado incapaz de integrar y que basa su poder en la violencia. El Reino de España es el reino del miedo para las personas libres, ante un Estado así solo cabe la disidencia democrática.

Si usted cree que la política estatal da asco, le confieso que yo también siento y pienso lo mismo, pero aún así me atrevo a animar a votar cuando toque. Nuestro voto no pierde el valor que cada uno le da. Hay quien sabe que es una afirmación de nuestra existencia como ciudadano y hay quien cree que simplemente es una mercancía que nos roban los políticos y con la que luego trapichean, pero aún así y en cualquier caso me atrevo a animar a votar cuando toque.

Que nos decepcionen o nos enfaden los políticos no nos absuelve de nuestras responsabilidades. Si ellos y ellas lo hacen mal, es su responsabilidad. La nuestra es tomar una decisión: qué política quiero que hagan. Y por muy decepcionantes que sean, nunca es indiferente quien gobierna.

Por si sirve de algo, hace unos años, Galicia tuvo un gobierno formado por el PSOE y el BNG. Barrieron el miedo, la corrupción, dejaron que corriese el aire, hicieron bastantes cosas buenas y metieron algunas veces la pata. Cuando llegaron las elecciones, una operación bien engrasada entre alguna prensa de Madrid y otra de A Coruña, ejecutaron una operación bien calculada, escondieron las fotografías del candidato Feijóo a bordo del yate de un narcotraficante, pero mostraron al vicepresidente Quintana a bordo del yate de un empresario, y unas fotografías de butacas y Audis que supuestamente probaban el boato de Touriño. La gente progresista es muy delicada, tenemos la piel muy fina y enseguida se nos arruga la nariz. La campaña surtió efecto y una parte del electorado progresista decepcionado no fue a votar. Eso supuso el éxito de la campaña: el BNG perdió un diputado en la provincia coruñesa, que pasó al PP, y eso supuso el triunfo de Feijóo. Y, créanme, no es lo mismo Touriño que Feijóo y, aunque lo parezca, no es lo mismo Pedro Sánchez que Mariano Rajoy. No nos permitamos el lujo de decepcionarnos tanto que le entreguemos el gobierno a la derecha más atroz.

Eso no quita que dejemos de ver lo que tenemos delante, un proceso que se viene desarrollando desde hace unos años. La crisis financiera y económica le dio la puntilla a un sistema político, y la crisis de la política supuso la crisis de este Estado. Lo que nos espanta es ver que efectivamente los partidos políticos estatales son manejados por los poderes financieros y mediáticos, que son incapaces de lo mínimo, formar un gobierno, y que el vacío de poder que dejan lo ha llenado el rey. Sí, el sistema de partidos tradicional se cayó y el IBEX utilizó los medios de comunicación para meter y sacar nuevos partidos al juego, como ahora vuelve a hacer, pero el resultado es que el juego está roto, no funciona. Y al final recurren al rey para que haga el trabajo que debieran hacer ellos. Un rey que, además, ya dejó hace un par de años de representar que era un rey constitucional que presidía simbólicamente y entró a ejercer un poder ejecutivo; el mensaje de amenaza a los catalanes fue un antes y un después. El propio Times lo vio, pero los partidos españoles incapaces de asumir sus responsabilidades fingen ignorar, porque son todos ellos partidos de este mismo juego, monárquicos, y ninguno lo cuestiona.

Y es la incapacidad de esos partidos la que abrió el camino a que sea la Justicia quien decida y ejecute la política de Estado. Una política tan autoritaria que se basa en la represión y el miedo. Ahora, para conservar el estado de cosas, realiza un plan para transformar Catalunya en un Euskadi de los años ochenta o noventa.

Pero ese proceso histórico de crisis del Estado en la etapa del postfranquismo sigue su curso independientemente de lo que tenemos por delante de modo inmediato.

Y aún así, lo digo por experiencia, nada nos absuelve de nuestras responsabilidades particulares como ciudadanos y ciudadanas. Y expresar nuestra opinión con el voto o no es una de ellas. Hay más partidos que los que promocionan las cadenas de televisión estatales; busquen lo que nace de la sociedad y no las marcas mediáticas.

Por la piel tan fina de una parte del electorado progresista en Galicia, padecemos las políticas que nos desangran, y por engolfarnos en nuestra pequeña indignación y sentirnos muy ofendiditos, podemos dejar que gobiernen los del Valle de los Caídos.

Nos han ido acostumbrado al ruido y al humo de colores y nos asusta el fuego de verdad. La película 'O que arde' de Oliver Laxe llegará en la sofisticada Francia, que siempre tuvo el olfato para identificar el arte salvaje que tanto le cuesta producir, al doble de pantallas que en España, colonizadas sus pantallas por la industria norteamericana. En Cannes no les molestó que los personajes hablasen su lengua, el gallego.

Oliver Laxe es un director delicadísimo, se comprobó en su 'Todos vós sodes capitáns!', rodada con muchachos de las calles de Tánger o en 'Mimosas' en las montañas del Atlas; pero el comienzo de su película es salvaje, en el sentido de brutal, y salvaje por cuanto fascina y ofende. El arte fuerte siempre alcanza algo la carne por debajo de la piel. Ese comienzo de destrucción probablemente encierre el espíritu de la película aunque luego lleguen imágenes de una montaña que aparentemente es bonita pero que realmente es un lugar de dolores.

Quien crea que se puede reducir el filme de algún modo o enmarcarlo en la categoría 'ecologista' nos distraerá de lo esencial, se trata de un fin del mundo, la agonía de un mundo que desaparece irremediablemente destruido por este otro mundo nuestro, nuestra civilización misma.

El director es implacable, no condesciende en ningún momento a presentar una imagen idílica de esos lugares que podrían ser presentados como hermosos y, sin embargo, hay belleza. Creo que es la belleza de contemplar la vida tal cual sería vista desde fuera.

Vemos el transcurrir de las cosas, los animales y las personas pero nadie nos explica nada, el director no nos permite entrar en la historia, si es que la hay pues la vida no tiene guión, y no podemos prever lo que van a hacer los personajes y ni siquiera nos permitirá creer finalmente que lo sabemos. Laxe nos lleva de aquí a allá y utiliza diversos estilos narrativos, planos secuencia largos como son los días en una aldea de montaña, un reportaje de alta intensidad en primera línea de fuego y a continuación un 'videoclip', y sin embargo no hay ritmo, sólo melodía.

¿En una montaña gallega? Claro, es cine europeo. Un cine donde caben obras artísticas como esta, en la que se entrelaza la evidencia ecológica con la tragedia griega y con el amor por un lugar. Porque Laxe es del lugar, no tuvo que acercarse al lugar para conocerlo, su familia es de allí, él es de allí y habla desde el centro del lugar de esa tribu extinguida. Y nosotros, fuera.

Nos divierten las narraciones tópicas y convencionales, el arte también es distracción y diversión, pero hay películas que no encontrarán su lugar en una plataforma de televisión y que ni siquiera serán interesantes para TVE, como fue éste el caso, porque su lugar es la sala oscura donde se mueven nuestros sueños y las cosas que nos desconciertan porque no tienen final ni moraleja.

El romanticismo sigue siendo el lugar en la cultura europea donde se siguen encontrando caminos que no conducen a ningún lugar concreto pero que alguien tiene que andar, personas que están destinadas a ello.

Y de cuando en cuando hay que pagar el óbolo para entrar en la sala oscura, para vivir una experiencia artística y visitar fantasmas, en este caso ese precio es pequeño. Para que puedan existir flores silvestres que no caben en los invernaderos de la industria es preciso que apostemos por ellas, precisan el compromiso de quienes no renuncian a la belleza inquietante que amaga una faceta de la verdad.

Sólo ver lo que acaban de hacer los políticos del PP/Ciudadanos/VOX en la administración andaluza obliga a aceptar una realidad: cualquier gobierno es menos malo que eso.

Lo menos malo es lo deseable en este caso, así que no nos pongamos exquisitos y ni siquiera nos pongamos a pedir dignidad, democracia, política social o cualquier otra cosilla, pidamos un gobierno que no nos envenene.

En realidad se trata de escoger entre el franquismo descarado y militante de esta extrema derecha tripartida y el franquismo “normal”, lo de toda la vida, lo que nos educó, lo que nos envuelve, algo tan nuestro como “el parte”, como el “parte médico habitual” que antes era de Franco y ahora es de su sucesor, tan nuestro como las vacaciones a bordo del yate, antes era el Azor, luego el Bribón y ahora no me acuerdo. Tan nuestro como un toro torturado y sangrante, las procesiones fruto de la Contrarreforma contra el malvado protestantismo, los toreros, las folklóricas y el fútbol, que antes era los domingos y ahora es todos los días. Tan nuestro como “a la autoridad se le habla en castellano”. Tan nuestro como el envenenamiento por aguardiente metílico o aceite de colza desnaturalizado.

Hubo un tiempo en que unos golfos resalaos nos hicieron creer que podíamos hacernos europeos por la cara y éramos la envidia del mundo, luego fuimos aprendiendo que lo que nos quedaba era seguir siendo lo mismo que nuestros padres y abuelos, lo que nos dejaron ser aquellos militares africanos, los padres o abuelos de estos. Aquellos jueces y fiscales, los padres o abuelos de estos. Y tenemos nuestros políticos muy mucho españoles y aceptar que Pedro Sánchez al frente del Gobierno es lo menos malo dentro de la burbuja histórica del posfranquismo del que no conseguimos salir.

Es injusto cómo trata a Pablo Iglesias, el trato a Unidas Podemos, sí, pero aún así nos obligan a aceptar que queremos, aunque no lo deseemos, que gobierne Sánchez. Por otra parte tampoco Iglesias ha ganado especiales méritos, se hubiera agradecido una mínima autocrítica de su actuación hace unos años cuando Sánchez podía formar gobierno, pero lo tenían apretado sectores de su partido encabezados por aquella política que gustaba tanto en la pomada de la corte, se llamaba Susana Díaz, ¿se acuerdan? No pareció que Iglesias y UP comprendiesen la situación ni que supiesen cómo se conforma una administración como ésa en la que pretenden entrar. Y sabemos que Podemos siempre apretaría un poco aquí y allí en asuntos de recorte sociales y económicos, pero lo que está pidiendo es la vicepresidencia de este gobierno, un gobierno sometido a unos límites y un marcaje del IBEX y de los comisarios europeos, no va a ser un gobierno que asalte los cielos. Ya no digo que de antemano acepten lo que haga Sánchez en Catalunya, si entonces Podemos se puso de perfil ahora ya firman el 155. Si casta son los políticos de estos gobiernos pues casta son también estos.

Pero, de todos modos, sería lo deseable y mejor un gobierno del PSOE con UP pero lo que no nos asusta es la naturalidad con que Pedro Sánchez y sus ministras y ministros nos tratan, porque ejercen el poder de un modo despreciativo no sólo con un partido que legítimamente plantea querer entrar a gobernar. Porque es desprecio.

El lenguaje, las actitudes y los hechos de este Gobierno en funciones son los de un gobierno que no es democrático, que no conoce la cultura democrática. Pero, en cambio, nos resulta familiar porque estamos acostumbrados, es tan español, tan nuestro de toda la vida, tan de usted sabe con quién está hablando y a la autoridad se le habla en castellano y si no andan derechos hay palo y arribaspaña. Sí, Sánchez, esa portavoz Calvo, sus ministras y ministros, son sociológica, psicológica e ideológicamente autoritarios y eso en España es nuestra herencia franquista que para eso uno se murió en la cama, al otro lo están esperando y su hijo te mete el 155, la ley mordaza, la antiterrorista, la Audiencia Nacional y te amenaza si eres disidente.

Sí, Sánchez no es un gobernante democrático, está ahí y gobernará dentro de unas normas, con Franco también había Cortes, jueces, fiscales, Ejército, Jefe del Estado y normas, pero ya ahora las pervierte desde el momento en que no nos trata como ciudadanos libres y sin miedo y nos riñen y desprecian. Pero como no podemos escoger tenemos que querer que gobierne, aunque sólo sea para que no nos envenenen sin más.

Qué ganas tengo de que muera Franco y de ser europeo.

Recuerdo en los periódicos una fotografía de militantes de organizaciones antifranquistas calificados como “terroristas”. Las “informaciones”, además, aportaban datos sobre explosivos, artefactos y preparación de atentados. Nada era cierto. Aquellas personas habían sido detenidas, torturadas y, sin derechos ni defensa legal alguna, sometidas a parodias de juicios por fiscales y jueces franquistas. Y todo por su militancia en organizaciones que cuestionaban el Estado fundado por los militares, pero la difamación y las mentiras en la prensa eran necesarias para destruir su legítima posición política.

La prensa reproducía la “información” que le pasaba la policía política (toda lo era); es decir, el Gobernador Civil; es decir, el Ministerio; es decir, el Gobierno; es decir, la Jefatura del Estado. Franco y sus generales.

Uno de los rasgos de un sistema político totalitario es que la prensa sea uno de los brazos del Estado y no un instrumento independiente que garantice a la ciudadanía el disfrute de la libertad de expresión y opinión (naturalmente, que los fiscales y jueces no sean franquistas biológica, caracterológica e ideológicamente tendría que ser otro requisito, pero eso ya es harina de otro costal).

En el Reino de España, continuación del Estado fundado el 18 de Julio de 1936, la ciudadanía no goza realmente de ese derecho a una prensa independiente pues son mínimos los medios que intentan esa independencia, como este que me acoge. Estos días el Gobierno ha difundido nuevamente informaciones sobre una operación de la Guardia Civil para desarticular Resistencia Galega. Debe ser muy difícil y de mucho mérito desarticular un fantasma pues esa tal organización sigue siendo una presencia evanescente que aparece y desaparece a impulsos del gobierno de turno en Madrid. Una organización que nunca reivindicó su existencia, que no comete atentados y de la que no se conoce ni su organización ni su número aproximado de militantes y que solo tiene un nombre, Resistencia Galega, puesto por la propia policía del Estado es lo más parecido a los fantasmas.

Imagino que quien la inventó debió de ser alguien que imaginó a Galicia bajo el tópico de las meigas y la Santa Compaña, la procesión de los fantasmas de la parroquia.

Pero ello no impide que haya habido detenciones y largas penas que se pagan sin que existan pruebas ni siquiera un juicio, naturalmente en penales fuera de su tierra, preferiblemente en la cercanía de la capital del Estado. Las vulneraciones de derechos y el carácter ejemplarizante de las actuaciones de la Justicia española contra los presos políticos catalanes que poco a poco van siendo percibidas por la opinión pública española son la continuación de actuaciones “de excepción” que se han venido ensayando y practicando con regularidad antes en Euskadi, en Catalunya y en Galicia.

Otro rasgo de los Estados totalitarios es que, caso de no haberlo, necesitan crear sus propios terrorismos para justificar su propia naturaleza autoritaria íntima.

El carácter político último de estas actuaciones, su auténtica naturaleza, la muestra la acusación de Feijóo, el amigo de narcotraficantes y conmilitante del recientemente detenido proxeneta Juan Pérez Miramontes, de tener afectos y proximidades ideológicas con el fantasma Resistencia Galega al BNG. El enemigo es cualquier ideología o proyecto político que cuestione este Estado tal cual es.

Pero la miserable insidia de Feijóo nos retrotrae al año 2015 cuando un juez de la Audiencia Nacional, antes TOP, llama a declarar al portavoz y al secretario de organización de ese mismo BNG precisamente por si hubiese relación alguna con la tal Resistencia Galega. Esa citación y comparecencia se hizo en plena campaña electoral, ya pueden imaginar qué favor se le hacía a la organización soberanista galega que, efectivamente, aquel año perdió su representación en las Cortes.

No nos extrañe que la prensa califique de “terroristas” a personas detenidas sin que hayan sido juzgadas, reproduciendo lo que digan las policías pues la prensa en España, igual que la Justicia, el Ejército, las policías y la Administración, no rompió con el franquismo, lo continuó. Y la prensa verdaderamente profesional e independiente sigue siendo tan minoritaria como lo fue la oposición al franquismo.

¿Debemos seguir el día a día de los pactos y chalaneos aquí y allí? ¿No sería más conveniente pararse a ver lo que realmente está ocurriendo, hacia dónde vamos? Aparentemente el proceso de crisis de Estado que vivimos desde hace unos años, y que se podría retratar en la sucesión del Borbón Juan Carlos a Felipe con dos modos de interpretar la jefatura del Estado, es algo decisivo. Si no lo es, ya me dirán lo que lo es.

Hace unos días en las redes sociales, porque los medios convencionales prácticamente lo ignoraron de modo muy consciente, se armó un silencioso ruido porque el Tribunal Supremo reconocía formalmente a Franco como jefe del Estado. Es cierto que es algo terrible, pero esa es nuestra terrible realidad. Lo que a muchas personas les parece una anomalía a los magistrados del Supremo les parece lo normal, han vivido eso toda su vida como su normalidad, porque lo es.

De hecho sus biografías son en muchos casos la biología del franquismo judicial y al poner por escrito la realidad seguramente no supieron valorar el eco de la jurisprudencia que dictaban, no supieron valorar que la sociedad ha cambiado a su alrededor, que hay nuevas generaciones que ignoran el origen de este sistema político y se escandalizarían de que les dijesen la verdad.

Lo cierto es que lo que el Tribunal Supremo ha establecido es que los generales golpistas y Franco fundaron este Estado nuestro, del que esos jueces son parte consciente. Esa siempre ha sido la realidad jurídico política. De eso trataba precisamente lo que intentaron hacer aquellos sectores minoritarios que se enfrentaron al Estado y pretendían una ruptura política y jurídica, de eso trató la Transición, de que después de Franco las cosas siguiesen el curso establecido.

El sucesor en la jefatura del Estado, y nuevo jefe de los ejércitos tras Franco, juró lealtad a los principios del Movimiento y al Estado nacido de la rebelión del 18 de Julio. Literal. (Por favor, si tenemos una edad no finjamos ignorancia o inocencia, que es muy feo y ridículo.) Al Supremo sí hay que reconocerle cierta inocencia o ignorancia, pues tan acostumbrado a esa normalidad no recordó que hay que fingir y no es conveniente llamar a las cosas por su nombre pues la clave de la democracia española es el fingimiento, simular que somos libres y hemos decidido todo libremente, empezando por el famoso consenso y la Constitución vigente, monarquía incluida.

En estos días el Supremo va a establecer formalmente más cosas, que la disidencia política es delito. En la práctica ya lo es, pues la cárcel, el exilio y el juicio a la única disidencia política verdadera en todos estos años se ha dado pacíficamente en Cataluña. Cuando el tribunal dicte sentencia condenatoria (está escrita desde hace tiempo) cualquier persona que pretenda ejercer la disidencia pacífica será delincuente y podrá ser encarcelada, tendrá que exiliarse o será juzgada.

Y eso será con el consentimiento de una sociedad que se pondrá de parte de este Estado fundado el 18 de Julio de 1936 que, tras unos momentos en que pareció que sería capaz de aplicar una ley de memoria histórica y de reconocer la existencia de naciones políticas en su interior y renegociar autogobierno, ha evolucionado hacia su origen y ahora está estableciendo en la jurisprudencia lo que ya era su realidad política.

Ahora que ya no hay “rojos” contra los “separatistas” vale todo, la “unidad” del Estado es un valor político absoluto que laminó como apisonadora cualquier valor democrático, “fachas” y “progres” están de acuerdo en que antes que un soberanista que cuestione este Estado ocupe una alcaldía vale cualquier voto, aunque sea de quienes se manifestaron con la extrema derecha. Antes de que vuelva del exilio o salga de la cárcel un preso político catalán deben ponerse de parte de “la ley”, aunque los tribunales estén “controlados desde atrás”, de parte de este Estado.

La disidencia sigue siendo un vicio que se permite en algunos países democráticos, aquí no.

La “nueva política” existe... en Catalunya. Un amigo me escribe desde Madrid preocupado porque el Parlamento catalán rechazó la candidatura de Miquel Iceta para presidente del Senado. Considera que, además de inconstitucional, va por el mal camino y es incomprensible. Mi amigo desea sinceramente una solución política para el conflicto entre Catalunya y el Estado, pero él piensa desde el prisma de la política española que no ha cambiado en lo sustancial y sigue basada en un consenso profundo entre esos partidos que han participado en los debates electorales televisados recientemente.

Antes eran dos partidos estatales y ahora son cuatro o cinco pero, como han mostrado con claridad esos debates, ninguno ha planteado una ruptura con el sistema político nacido de la sucesión de Franco en la jefatura del Estado, la Ley de Reforma Política y la consiguiente Constitución del 78.

Que para mi amigo sea “incompresible” se explica porque si bien en Madrid y España no ha habido ruptura, en Catalunya sí la habido y ya son inevitablemente dos países distintos y no veo como puedan dejar de serlo. Allí comenzó hace diez años una inicial respuesta democrática a una decisión de Estado, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el “Estatut”, que en una dialéctica continuada con el Estado se transformó en un nuevo consenso interno catalán basado en el rechazo a la monarquía del Borbón, el republicanismo y la reclamación del derecho a decidir. Y, sobre todo, sobre el ejercicio de las libertades, una práctica de la libertad extendida socialmente y que llegó a un acto de desobediencia cívica masivo con más de dos millones de personas adultas identificándose con nombre, apellidos, domicilio y número de DNI desafiando una prohibición del Estado a votar. Una práctica política impensable entre políticos españoles que llevó en estos momentos a tres presidentes de la Generalitat a ser perseguidos por la justicia española. Mientras presidentes de Gobierno españoles con evidentes delitos a sus espaldas campan libres y felices.

Es decir, mi amigo desde Madrid y los catalanes que conozco viven ya en dos momentos distintos de la historia. El ejercicio de la política dentro de las normas y restricciones del consenso español establecido ya quedó atrás para la mayoría de los catalanes.

Es por eso que por más que anuncian que “ahora ya se cansan”, “el souflé ya va a bajar”, “ahora aprenderán” etc., la sociedad catalana defrauda esas expectativas del poder. Unas expectativas que, desde el punto de vista democrático, son realmente miserables, pues se basan en la derrota de una ciudadanía que quiere votar libremente y se basan en el poder de la coerción. Como dice al respecto un periódico alemán, “en España da igual quien gobierne, sólo saben reprimir”.

También a mí me resulta bastante “inexplicable” que para mi amigo sea inexplicable que el Parlamento catalán no vote a Iceta. Porque Iceta participó en manifestaciones del brazo de la extrema derecha española, ostentó la cocina de una paella mientras sus conciudadanos recibían cargas de las policías, amparó el 155... Y ahora quien lee puede pensar que esta relación de hechos suena a añagaza demagógica, pero en ese caso se debe al desconocimiento de esa otra realidad que se vive en la sociedad catalana, allí la herida es muy profunda en la gente, tanto que condiciona la política.

En España, en general, no cabe imaginarse que la sociedad se mantenga firme y organizada manteniendo una posición. El 15M expresó un cabreo general que devino en el nacimiento de un partido y en la disolución progresiva de aquel cabreo, pero en Catalunya no hay cabreo, hay firmeza en una posición muy extendida. Y eso es lo que hizo que su parlamento obedeciese y no votase a Iceta. Los políticos de ERC y JxCat son políticos, es decir, son profesionales que manejan resortes y técnicas parecidas a los demás políticos y les habría gustado inicialmente poder negociar, transaccionar y pactar con el Gobierno, pero la gente nos les ha dejado. Así de simple. Porque en Catalunya sí ha nacido una nueva política democrática. Una nueva política que ha hecho relevos sociales y políticos en la dirigencia del país, es así que la vieja política catalana, por ejemplo la de Unió, está colocada en despachos de la CEOE en Madrid o en las filas del PSC-PSOE. Y es eso lo que explica que la Cámara de Comercio de Barcelona esté ahora orientada por un empresariado soberanista de la mediana empresa que desplazó a las grandes empresas que mantenían la posición unionista y eran el enlace con la Corte.

Si mi amigo atendiese a los medios de comunicación en catalán, sabría que en los mismos días que el Gobierno pedía el voto a Iceta en aras de algún diálogo futuro, por ahora inconcreto o simplemente inexistente, la Junta Electoral Central intentaba que los políticos exiliados no pudiesen presentarse a las elecciones; el juzgado número 13 de Barcelona procedía a embargar a ciudadanos y ciudadanas presas por su implicación en la votación, pues se negaba a recibir el dinero, más de cinco millones que había recaudado una caja de solidaridad ciudadana; la fiscalía acusaba como “organización criminal” a los directivos de los medios de comunicación públicos catalanes por la cobertura del referéndum; la Junta Electoral Central nuevamente impedía que los candidatos presos pudiesen ejercer su derecho a debatir sus propuestas en los debates televisivos... No puedo imaginar qué nueva muestra de “diálogo” por parte del Gobierno y del Estado estarán tramando en estos momentos.

A lo mejor, lo “inexplicable” podía ser explicado simplemente con molestarse en escuchar a esa ciudadanía que no está cabreada sino empoderada y profundamente ofendida, unas ofensas que el Estado renueva una tras otra cada día. A lo mejor los políticos españoles y los medios de comunicación deberían aprender catalán, no es tan difícil de entender si se pone interés, y se enterarían de lo que ocurre allí.

(A propósito, si Sánchez desease que Iceta presidiese el Senado, sólo tendría que haberlo presentado como candidato, en vez de exponer su candidatura a esa decisión del parlamento de los catalanes. ¿O es que realmente ya se temían que no lo votasen?)

Las personas somos semejantes, debemos gozar de los mismos derechos y ser iguales ante las leyes pero no somos iguales en el sentido de nuestra identidad, no somos homogéneas. Y, por si hubiese duda, me gusta que sea así. Que no seamos homogéneas se debe antes de nada a la aleatoriedad de la genética pero también a causas culturales, el entorno familiar que nos cría y la cultura social, de clase y nacional, que nos envuelve.

Disculpen estas generalidades pero viene a cuento porque conversando con dos amigos que viven en Madrid, siendo oriundos de otros lugares del territorio español, sale, cómo no, el asunto de los catalanes, esos españoles heterodoxos, y uno dice algo así como “es más parecida una persona de Madrid a otra de Barcelona que una de un pueblo de Burgos a una de Madrid”. Y pienso que está completamente equivocado, primeramente porque parte de un tópico sobre el campo que oculta una realidad, las transformaciones socioeconómicas y culturales de los últimos setenta años han conducido a que haya muy poca diferencia cultural entre una persona que haya nacido y vivido en un núcleo mediano o pequeño del campo y otra en un barrio de una ciudad.

En las últimas décadas ha podido acceder a enseñanza y sanidad pública, viste como una de ciudad y piensa, consume los mismos contenidos que ofrecen las mismas televisiones y utiliza Internet. Las diferencias antropológicas han ido desapareciendo y se han acercado muchísimo. Pero, además, veo que lo que piensa sobre la poca o inexistente diferencia entre un ciudadano madrileño y otro barcelonés nada se lo desmiente en el entorno donde vive y en la información que le llega. Es decir, simplemente no diría eso si viviese en Barcelona o cualquier lugar de Catalunya, incluso en esos municipios donde se juntó la inmigración de procedencia española que no se integró en un proyecto común catalán y se siguen sintiendo españoles de Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla, Galicia…, y no catalanes.

En realidad mis dos amigos piensan en el fondo como esos inmigrantes que conciben su propia identidad debida a algo que históricamente fue tan decisivo como son el origen de sus progenitores y el lugar donde nacieron y crecieron. Todavía hace cuatro años un político madrileño fue allí a decirle a esa ciudadanía que votasen según la sangre andaluza o lo que fuese de la que procedían para que no votasen a partidos catalanistas. Es decir, les negaba el derecho a ser ciudadanos y ciudadanas catalanes y los reducía a colonos asentados en territorio hostil. Y eso que era “progresista” y todo lo demás.

Esos orígenes de la identidad personal son importantes o decisivos en nuestra esfera íntima, y quien niega el derecho a manifestarlos o tenerlos en cuenta nos niega como personas. Pero una sociedad democrática no se construye sobre esos elementos, sin embargo el nacionalismo españolista se caracteriza precisamente por aquello de lo que acusan a los otros nacionalismos, el etnicismo, y por la casi total ausencia de sentido cívico. Es un nacionalismo propio de súbditos de los Borbones y no de ciudadanía libre que decide en que proyecto colectivo quiere integrarse y ayudar a construir. Por eso hay catalanes nacidos en Asia, África, lugares de España que hablan catalán y castellano o una de esas lenguas simplemente y sin embargo se quieren y sienten ciudadanos catalanes, incluso son soberanistas además de republicanos. Debo desmentir a mis amigos, oriundos de otro lugar pero madrileños de facto, Catalunya es distinta lo que ocurre es que no la conocen. Y, debo decir, tampoco se molestaron lo suficiente en conocerla a pesar de que ambos trabajan con la información y la opinión, con la ideología, y estamos hablando de un asunto fulcral en la vida social y política.

El mero resultado de las elecciones pasadas desmiente que todos seamos iguales, porque si no nos comportamos igual en asuntos fundamentales será porque no somos tan iguales. En su Madrid, por ejemplo, suman más votos los partidos partidarios del franquismo mientras que en Catalunya en su conjunto, en Barcelona también, suman muchísimos más votos los partidarios de una república y del reconocimiento de Catalunya como una nación propia con derecho a ejercer la soberanía política. Un indicador semejante es la constatación de que las únicas comunidades donde Vox no obtuvo diputado fueron las tres reconocidas como nacionalidades históricas en la constitución vigente.

Lo mismo podría decirse de las encuestas que muestran como el territorio donde es dominante la identificación con la monarquía borbónica, su bandera, su himno, los toros, el flamenco, el monolingüísmo castellano y todo el repertorio simbólico y conceptual del nacionalismo español va desde una franja que separa Galicia de Euskadi y Navarra y a estas de Catalunya y el País Valenciá y Les Illes, hacia el sur ocupando toda la meseta, Extremadura, Murcia y Andalucía. Hay varias “dos Españas”, esa es una de ellas, y determinante. Al final, parece que lo que determina los campos es el tener una lengua propia a parte de la del Estado o no.

No, las personas no somos todas iguales. Las mujeres nos están enseñando el valor de su diferencia y abren el camino al reconocimiento de la diversidad en todos los campos de la vida personal y social. Y a mí no me gustan ni los toros ni el flamenco y mi lengua es el gallego portugués, aunque sepa hablar y escribir esta lengua que es la que el Estado impuso en mi país con todos sus medios a través de varias generaciones. Por lo tanto soy diferente a otras personas con las que comparto la cobertura que da o deja de dar este Estado a quienes lo pagamos, y quiero seguir siéndolo. Y si un día me empieza a gustar la música étnica de los gitanos andaluces pues muy bien también.

Sin embargo, tengo que decir que no deja de asombrarme la incapacidad de mis amigos, tan extendida en la ciudad donde viven, para reconocer y admitir que existe una realidad distinta a la suya. No es cierto que de Madrid a Barcelona se llegue en una hora, la distancia es enorme, puede que de décadas o siglos y hay quien no llega nunca a Barcelona. El aceptamiento del Estado existente como una realidad plena, histórica, cultural, identitaria, económica, íntima, conduce a negar las realidades que escapan a el o que lo niegan. Es cierto, quienes no tenemos al Reino de España por un Estado nuestro, como nuestro Estado nacional, cuestionamos su existencia por el mero hecho de existir. Es natural el impulso ideológico a negarnos y a desear nuestra desaparición, para que toda la población del Estado sea homogénea.

Las poblaciones bajo este Estado somos distintas desde muchos puntos de vista. La ideología del capitalismo ultraliberal, que pretende que seamos individuos solitarios separados de nuestro entorno y que no formamos comunidades humanas, se interpreta de modos diversos dentro de cada Estado, en el Reino de España adopta la forma del nacionalismo español: todos debemos ser reducidos a consumidores y votantes con derecho a votar una de las cuatro o cinco opciones que nos ofrecen este Estado y los partidos que lo expresan. Son inevitables los reproches a partidos que lo cuestionan, aunque lo hagan democráticamente. Que haya quien no comprenda que las diferencias políticas tan notables dentro del territorio de un Estado no son un mero juego electoral sino que expresan estructuras económicas y sociales propias, cultura y lengua propias y que tienen corrientes políticas e historia propias, se debe a lo débil que es en esa sociedad la cultura política democrática.

Como el saber no ocupa lugar (no es completamente cierto) si se leyesen otras historiografías que no fuesen la española, tan hinchada de ideología de castellanismo e ideología del Estado borbónico, que arranca con Ximénez de Rada −todo un personaje−, pasa por Modesto Lafuente y continúa en el siglo pasado con el ideólogo Ménendez Pidal y con Álvarez Junco, y leyesen también en otras lenguas, podrían leer a Josep Fontana, por ejemplo L'ofici d'historiador −hay traducción al castellano−, o Unha nación no mundo (A razón resistente) de Camilo Nogueira −no hay traducción−, en ese caso se comprobaría y comprendería que existen proyectos nacionales que vienen de largo y responden a necesidades de las poblaciones y no a caprichos de pérfidos políticos y de TV3.

Me encuentro de compras con un viejo amigo luego de años sin vernos. Me cuenta que cuando viaja a su tierra a ver a la familia prácticamente no puede ya hablar, incluso antiguos amigos que habían militado en organizaciones antifranquistas ahora en cuanto sale la palabra “Cataluña” saltan como un resorte airado contra los presos y exiliados. Él no lo entiende, está indignado por la actuación policial, judicial y política del Estado y ahí se ve enfrentado a esos antiguos camaradas con los que compartió ideales democráticos y la animadversión al franquismo. Él no entiende lo que ha ocurrido o lo que les ha ocurrido a sus amigos y eso lo perturba.

Sus antiguos amigos ahora cierran filas con la fiscalía del Estado, la abogacía del Estado y Vox contra los procesados. Con las policías, la judicatura, el Gobierno de antes y el de ahora y el mismo Rey. Se identifican con el Estado, sus instituciones y los mismos símbolos monárquicos que antaño aborrecían, al entender que está cuestionado.

No vale de nada decirles que el juicio está siendo “controlado desde atrás” como garantizó Cosidó, ni que el coronel de la Guardia Civil que dirigió la operación es de ideología franquista y un antiguo golpista, ni que el mando de la Policía Nacional fue procesado en 1974 por matar de un tiro por la espalda a un obrero cuando estaba siendo esposado por la policía, ni que el mando de la Guardia Civil se refiere a las personas contra las que cargaron como “gente” o “elementos”, “masas”, nunca personas o ciudadanos. Para el grueso de la opinión catalana y los presos esos individuos son la cara de este Estado que nunca rompió con su pasado. Pero eso no afecta a las opiniones y emociones de los antiguos amigos de mi amigo y él no encuentra la explicación.

No les afectan ni siquiera las imágenes de violencia de hombres blindados y armados pegando a ciudadanos y ciudadanas de todas las edades. En su momento esa realidad les fue ocultada por las televisiones y medios de comunicación españoles pero al final cualquiera con acceso a la Red ha visto esas realidades y ellos, si quisieron, también. Esa violencia es la que creó un tajo verdadero que divide a más de la mitad de la población catalana de la actuación del Estado, y esos antiguos amigos optaron por caer de la parte del Estado.

Mi explicación es que se ven implicados en ese conflicto de un modo íntimo y profundo, para ellos el Estado existente es la realidad, su única realidad, y quienes lo niegan quieren acabar con su realidad y su mundo y, por lo tanto, son sus enemigos. Antes que los derechos civiles de los millones de catalanes que salieron a votar a pesar de las amenazas y de lo que viven los procesados en prisión preventiva desde hace más de un año está la defensa de su mundo, su país, su Estado. Todas las personas necesitamos un suelo debajo de los pies y una idea de realidad, si no reaccionamos de modo desesperado.

Estoy en completo desacuerdo y soy completamente contrario a esa posición, incluso me enfada. Simplemente me remito a las mismas demandas democráticas que hacíamos cuando aún vivía el tirano y no había dado paso al sucesor. Pero debemos comprender las emociones que están en la base de esas actitudes y debo hacerlo desde mi posición particular de sentirme heredero de una tradición política propia que defiende el derecho y la necesidad de que Galicia exista nacionalmente con su propia lengua y cultura y la defensa de sus intereses. Es decir, para entenderme en la historia, en el mundo e imaginarme no necesito identificarme con este Estado. Y sé que ésa es la posición que mantiene ese amigo mío que también es ciudadano de Galicia, aunque sea oriundo de una región vecina. Y eso es lo que lo hace a él ver las cosas desde un punto de vista distinto al de esos antiguos amigos y vecinos.

La mejor prueba de que siendo iguales en derechos somos distintos en cultura, en necesidades y en punto de vista (y me encanta) es cómo varía en distintos lugares del territorio el punto de vista dominante sobre el sentimiento de pertenencia y de identificación con este Estado. No hubo ni hay régimen político ni Estado que pueda ahogar completamente la diversidad nacional dentro de estas fronteras, y negarla es lo que lo hace ser un fracaso democrático.

Pero esa realidad compleja no dejaría de serlo aunque si se quisiese reconocer. Si quisiésemos convivir de buena fe nos pediría mutuo conocimiento, empatía y comprensión. No es fácil para nadie.

Recuerdo un encuentro significativo con un escritor amigo, de origen castellano y vecino de Madrid, que en determinado momento tuvo un acercamiento y un conocimiento de la sociedad catalana. Estábamos en una feria de libro en un país europeo, estar en el extranjero facilita ver las cosas de un modo relativo y con distancia y también expresarnos con más libertad, y la conversación nos llevó al asunto. Recuerdo que me referí a cómo yo había insistido como ciudadano y como escritor en crear un espacio español compartido que nos reconociese a todos y que acabé diciendo “Es imposible, no hay nada que hacer. Yo ya no lo intento más”. Mi amigo, que es una persona decente e intelectualmente honrado, acabó diciéndome “ya lo sé. ¿Pero a mí qué me queda?”. Fue un momento de gran sinceridad donde siempre vi la delicadeza de la herida que nos separa.

Él tenía detrás de sí a un Estado que tiene a su lengua como lengua del Estado y que, además, nos obliga a todos a conocerla (si mis abuelos gallegos viviesen hoy serían ilegales bajo este Estado, la abuela paterna en cambio, no). Tanto como ciudadano como escritor goza de esos beneficios, puede hacer la vida de cada día y su carrera artística y profesional sin mayores complicaciones donde los demás encontramos problemas derivados del centralismo y de la ideología del Estado. Y sin embargo…, se sentía incómodo y sabía que su realidad, que le era tan cómoda y natural en su Madrid, no era una realidad completa ni verdadera y era excluyente.

Porque los Estados nación homogéneos en general y el español muy en particular son la expresión de la voluntad de un poder, pocas veces democrático, pero no expresan la diversidad histórica, cultural, económica y humana del territorio que encierran. Mi amigo tiene el Estado con él, pero siente incomodidad porque sabe que ese Estado encierra una gran mentira, y yo no tengo un Estado que pueda sentir mío y que reconozca realmente mis derechos pero puedo hacerme la ilusión de que pertenezco a un proyecto humano tan soñado como necesario. Él es rico en oportunidades y facilidades siendo español pero yo, aunque podría sentirme fracasado o desesperado si fuese una persona más sensata, me siento muy a gusto conmigo mismo en mi mísera condición de ciudadano sin Estado.

Espero que nadie se me enfade por este artículo, al fin y al cabo ni tiene moraleja ni ofrece una lección o una propuesta de nada. Solamente escribí algo de las cosas que me cuentan y que me ocurrieron.

Ya sé que lo urgente es hablar de la convocatoria electoral, pero prefiero hablar de lo importante que no nos es tan evidente porque de eso se encargan nuestros amos. Cómo evitarnos presenciar el juicio más importante tras la muerte de Franco. El juicio del 23-F fue una formalidad tras el 'pacto del capó', el golpe de Estado fue la corrección definitiva del rumbo de la Transición y marcó el futuro hasta aquí, pero el juicio a los dirigentes políticos y sociales catalanes es el gran juicio de “la democracia española”, como definió el fiscal, que se ve atacada por esas nueve personas y otras exiliadas en Europa.

Los televidentes españoles no disfrutaron en su día del servicio que le deberían haber dado sus televisiones al hurtarles las imágenes de las cargas de la Policía Nacional y Guardia Civil contra personas desarmadas e indefensas, no les permitieron ver en qué consistía el “¡A por ellos!”. Ahora esperaba, ingenuamente, que TVE emitiese la verdad de este juicio, que les permitiera a los televidentes españoles ver y oír con sus ojos y oídos para poder tener una opinión propia, sin estar cocinada previamente en la redacción y bien rebozada con valoraciones. Pero no. TVE sólo emite voz e imágenes del juicio en directo para Catalunya, como si eso fuese un problema local, exclusivo de los catalanes y no del conjunto de la ciudadanía española.

Pero quienes hemos podido tirar de Internet hemos podido comprender por qué velan esas imágenes y voces: precisamente porque revelaron la ruina y la podredumbre de las entretelas de una institución fundamental del Estado, la Justicia.

Sabíamos por Ignacio Cosidó que la sala estaba controlada “desde atrás” por quien puso al juez, el PP. Sabíamos de los enchufes familiares entre jueces y fiscales. Sabíamos que Lesmes, el hombre escogido por el PP para presidir el máximo organismo de gobierno de la Justicia, le había escrito al juez del juzgado trece de Barcelona: “cambiaste (el rumbo) de la historia misma de este país”, “(te has transformado) en la medida de todos nosotros, los jueces”. Un juez que inició una investigación preventiva y que ordenó pero luego negó y finalmente tuvo que reconocer que había ordenado interrogatorios “preventivos” a cargos de la Generalitat. Con ese panorama era con el que nos acercábamos al juicio pero lo que hemos podido ver y oír es, si cabe, más aterrador.

Oriol Junqueras y Joaquim Forn cumplieron su papel de reos del modo que les correspondía, casi con profesionalidad. Cada uno siguiendo su estrategia, Junqueras según el modelo de Gandi o Mandela ofreció una imagen incontestable de ciudadano probo y decente que desea lo mejor para los demás, empezando por el país al que siente pertenecer. Su exposición la hizo basándose en su realidad personal y fue tan detallada porque siente que dice su verdad, sólo desde la mala fe se le podría retratar como ese hombre lleno de odio que nos llevan contando. Escogió no defenderse porque sabe que está condenado de antemano y prefirió apostarlo todo a un mañana en el que la sociedad catalana crea que puede encontrar en él una referencia moral fundacional. Es una estrategia arriesgada pero en un proceso histórico como este cabe todo.

Forn escogió enfrentarse a las acusaciones del Estado y de los fascistas de VOX, contestando al interrogatorio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Las preguntas se basaron en las investigaciones del juzgado Nº13 de Barcelona, en la instrucción de Llarena y en el relato entregado por la Policía Nacional y la Guardia Civil. No sabemos si ese relato lo escribió el capitán de los antidistubios que en aquellos días gritó borracho, sujetando a un camarero por el cuello en un bar de Barcelona: “¡En Barcelona soy la puta ley y se cierra el bar cuando lo diga yo!”; pero sí sabemos que por parte de la Guardia Civil fue el oficial Baena quien firmó treinta y cuatro de esos informes. Para valorar la buena fe, la profesionalidad y la confianza que merecen estos informes basta leer uno de los tuits escritos por Baena contra los independentistas de su cuenta 'Tácito': “Ponga las urnas en el suelo. Lentamente. Las manos detrás de la cabeza”. Según yo lo veo es una burla y una amenaza intimidatoria a quienes defienden democráticamente la opción independentista, pero no lo ve así este Estado y su Justicia que mantienen presas a esas nueve personas y las están juzgando a partir de informes como esos.

Ya no hablo de que Forn fue el responsable político de la detención, y también eliminación, del grupo terrorista dirigido por el imán de Ripoll, un personaje del que sabemos que era confidente de los servicios secretos de este Estado y del que ignoramos más cosas porque PP y PSOE tumbaron en el Congreso la petición de una comisión para que investigase los vínculos del terrorista con el Estado. Y tampoco recordaré apenas al mayor Trapero, el responsable policial de ese operativo, imputado por la juez Lamela. Quienes defendieron directamente de ese sospechoso ataque terrorista a la sociedad catalana están hoy presos o procesados. Estas cosas las saben los catalanes aunque los españoles puedan ignorarlas.

Pero lo que sí vimos fue la ideología y la falta de ética profesional de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Seguramente esas personas nunca vieron las imágenes de la violencia policial contra aquellos vecinos que iban a votar y se basan únicamente en los mencionados informes, eso demostraría una parcialidad en la recogida de pruebas y una falta de capacidad en su oficio pero, además, su argumentario se basó en razonamientos políticos e ideológicos y sobre las actuaciones concretas del Gobierno en su día y de los partidos catalanes.

Lo que dejaron claro, además de manejar datos equivocados o directamente falsos, es que tanto para la Fiscalía como para la Abogacía del Estado, ejercer los derechos de expresión y manifestación es perseguible. Las objeciones a ejercer esos derechos las teorizó el abogado de Vox, que no necesita triquiñuelas para defender lo que defiende: “Hay un convenio que regula la libertad de expresión cuando es incompatible con la unidad territorial”. No sabemos del convenio, aparte del testamento de Franco, pero entendemos que decir, escribir o expresar por métodos pacíficos que la “España una” es una cárcel para personas o países que quieran vivir y decidir libremente. Por lo oído en el Tribunal Supremo, ser fascista y ejercerlo en España es legal y puedes acusar a demócratas de ganchete con el Estado mismo, pero esto que acabo de escribir es delito.

Lo terrible fue ver y oír que una persona puede ser juzgada y acusada por un tribunal así, que bajo este Estado, con esta Justicia corrompida, ignorante del mundo actual y reaccionaria, una persona puede estar presa preventivamente y ser juzgada arbitrariamente. La Justicia española, particularmente en sus órganos de gobierno, empezando por ese Lesmes, es un temible pozo oscuro y sin fondo cavado por el continuísmo con la justicia franquista y posteriormente aumentado por las maniobras de los partidos, principalmente los dos partidos estatales que sostienen el sistema salido de la Transición tras el 23-F.

Sí, en el Tribunal Supremo se juzga a políticos por actos políticos que fueron pacíficos y no hay prueba alguna, que no sean informes delirantes, que demuestre otra cosa que fueron ellos quienes padecieron la violencia. Es un juicio político, por lo tanto es un tribunal político y está juzgando ideologías, no precisamente la de VOX, cosa que hace cada día la continuación del TOP, la Audiencia Nacional.

Sí, Kafka pasó por el Tribunal Supremo antes de escribir “El Proceso”. Pero los demás vivimos dentro de esa fábula de pesadilla a la que nos condenó nuestra debilidad, no haber sido capaces de tumbar el franquismo. Por eso el franquismo no está caído y nosotros procesados o susceptibles de serlo.

El Tribunal Supremo del Reino de España va a juzgar a un grupo de hombres y mujeres que no robaron ni hirieron ni mataron. Todas ellas son personas pacíficas, sin embargo la Justicia española las detuvo, esposó y encerró en calabozos donde las mantiene desde hace más de un año. Los actos por los que se les juzga tienen relación con el ejercicio de las libertades políticas y la libertad de expresión y todas ellos son representantes sociales destacados y gobernantes elegidos democráticamente por el electorado catalán. Por el mismo motivo la Justicia intentó la detención de otros políticos catalanes en el extranjero.

Sin duda se trata de un problema político y, por lo tanto, es un juicio político. Y las acusaciones son gravísimas. Es un juicio político gravísimo. Un juicio político como una catedral de grande.

El propósito último de que se haya llegado a esta situación es un designio, acabar con el nacionalismo catalán. Sin embargo el resultado inevitable es este autorretrato que el propio Estado se hizo, presentándose ante el mundo como un Estado que persigue las libertades democráticas, como un continuador del Estado franquista.

No, no es cierto que el nacionalismo catalán haya despertado el nacionalismo franquista, la culpa no es de los catalanes. No, no es cierto que la pésima imagen actual de España ante el mundo sea culpa de los pérfidos catalanes. Lo que decíamos “franquismo sociológico” tenía componentes políticos y faltaba quien se decidiese a sacudirlo y conducirlo.

El conflicto en concreto comenzó con la recogida de 4,2 millones firmas por parte del PP de M. Rajoy contra el Estatut de los catalanes y el recurso al Tribunal Constitucional contra ese Estatut. En ese conflicto quien tenía el poder máximo era el Gobierno y las instituciones del Estado, como demostraron con creces, y por tanto tuvo la responsabilidad máxima en que un conflicto político, creado artificialmente, condujese a esta situación. Es el Estado y los poderes económicos quienes han querido que esas personas estén siendo tratadas de esa manera. Es una humillación, sadismo del poder.

Porque esa política de Estado de falta de diálogo para acorralar al contrario y de dura persecución comprometió por activa o pasiva a todos los partidos estatales y a todas las instituciones del Estado, empezando por el Rey. Esa política es la que tiene acusadas y presas a esas personas. Y queda a la vista sin complejos la naturaleza de este Estado posfranquista que se expresa con la acusación: la ejercen la fiscalía, la abogacía del Estado y Vox. Está muy claro cuál es el componente ideológico de la acusación, también la ideología del Estado profundo.

Lo terrible no es que el Estado se comporte con arreglo a su naturaleza sino que no haya una respuesta democrática desde la población. Probablemente ya sea tarde.

La figura del intelectual, una persona particular que interviene en la sociedad a través del lenguaje, pertenece a un tiempo y un lugar en que hubo prensa libre y democracia liberal. La historia de España casi es la de la casa de los Borbones y no hubo mucha ocasión para que floreciesen verdaderos intelectuales independientes.

Personalmente no me acabo de sentir a gusto identificándome con esa categoría de intelectual pues tiene un algo de pedante y, además, reconozco en mí una tendencia militante que a estas alturas de mi vida y obras no puedo negar. Desde adolescente quise intervenir en mi alrededor para cambiarlo a través del lenguaje político desde organizaciones culturales, sindicales y políticas. Fui militante organizado un par de décadas de mi vida, pues la política es puro lenguaje y cuando desde la mitad de los años ochenta, comienzo a emitir opinión sobre cultura o el devenir social y político en medios de comunicación tengo que reconocer que lo hago intentando mantenerme dentro de una ética del periodismo pero, sin duda, movido por ese afán militante. Aunque siempre pretendí que mis opiniones no estuviesen al servicio de una organización o corriente y que verdaderamente fuesen mi visión personal de los hechos.

Si escribí o hablé en los medios fue con la intención de ofrecer opiniones que fuesen útiles para que la ciudadanía tuviese contrastes y pudiese concluir una opinión propia. Opiné para que existiese un juego democrático.

Mi experiencia de décadas de trabajo en los medios de comunicación en Galicia, primero, y en el conjunto del Reino de España, después, fue instructiva, apasionada y apasionante, pero tuvo el efecto de que lo que ganaba con una mano, la que escribía la obra literaria, lo perdiese con la otra mano, la que escribía opinión sobre sociedad y política, y por lo tanto me fuese quedando sin tierra debajo conforme avanzaba. Como el tren de los hermanos Marx, cuanta más madera echaba a la locomotora más avanzaba hacia el vacío. Pero el maquinista no puede echarle la culpa a nadie, desde el principio sabía que ése era el viaje (por eso adoro la película The Runaway Train de Konchalovsky. ¿Ven como el toque de pedantería es inevitable? Va a ser que sí, que al final soy un intelectual).

Pero aunque me fui quedando sin sitio para expresar mis puntos de vista en la prensa tradicional es cierto que me quedó este lugar para expresar mi visión de las cosas. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos años, particularmente desde que vi como prácticamente todos los medios de comunicación participaron de una campaña para demonizar a Zapatero y llevar a M. Rajoy a la Moncloa (para que hiciese lo que hizo: enriquecer a la banca con nuestro dinero, robarnos derechos y castigar a la Catalunya rebelde), me hizo ver que se achicó tanto el espacio para mis opiniones que no hay lugar para intelectual independiente.

Veo unos medios de comunicación que no lo son. Representan instrumentos de coacción y dominación social al servicio de sus dueños: la banca y las empresas del IBEX; el entramado de políticos, funcionarios del estado, jueces y cortesanos de todo tipo que entrelazan sus intereses en esa corte de las maravillas. Las voces que emiten opinión en esos medios bien están directamente al servicio de esa oligarquía parasitaria o bien se ven obligadas a expresar ambigüedades y buenos deseos que no arrostren el castigo de la expulsión y el enmudecimiento. Pues todos sabemos que la disidencia conlleva castigo seguro.

Ese dominio ideológico y fáctico de esos poderes está tan arraigado que es prácticamente imposible llevar la contraria a la visión castiza de las cosas. Casi da igual la visión de quienes se definen de izquierdas como de derechas, al final todo es “la sagrada unidad de España”. La concentración de los medios de comunicación españoles en Madrid es tan centralista, centrípeta y radial como esa obscena red radial del AVE. A ella no escapan incluso los medios y las personas con la mejor voluntad que vean las cosas desde allí y no hagan el esfuerzo de viajar para escapar de la burbuja mediática y preguntar y escuchar. De un modo natural los medios de comunicación identifican y transmiten Madrid como sinónimo de España, o dicho de otro modo “Madrid y sus provincias”.

Lo vivido con Catalunya lo resume todo, las opiniones desde España más benévolas lo consideran un problema parcial o local, pudiendo tener menos importancia que el champú de una tal Cifuentes que era no me acuerdo qué en alguna institución madrileña. Sin aceptar que la persecución de los derechos civiles a la ciudadanía de un territorio es un problema absoluto para el conjunto de la población. Y la utilización de la mítica “burguesía catalana” -parece que en otros lugares no hay de eso- para referirse a una ciudadanía que lucha por sus derechos enfrentándose a multas, cárcel y exilios. Una ciudadanía libre y ejemplar que debiera ser nuestra maestra y precisamente por eso la persiguen y desacreditan en este reino de las mismas miserias de siempre.

He visto el lugar que le queda a los intelectuales en España y también los intelectuales que le quedan a España. Con gloriosas y magníficas excepciones, al servicio del poder establecido. Veo la homogeneidad del pensamiento en asuntos esenciales como lo es la defensa de los derechos democráticos, que no son “burgueses”, sino para todos y todas. Veo esa incurable falta de cultura democrática que conduce a que bajo alegaciones de clase y coartadas para justificar la pasividad cómplice se sirva a los mismos poderes reaccionarios de siempre. Veo a artistas y opinadores callados ante la cárcel y el exilio por actos políticos democráticos.

Veo una España homogénea que está muy dibujada territorialmente de Norte a Sur y que identifica su nacionalismo con el monolingüismo imperial castellano y con la monarquía borbónica con su himno y su bandera. Veo a comunidades que mantienen administraciones autonómicas y sus servicios sociales gracias a transferencias de otros territorios capaces de crear riqueza insultando a la población de esas comunidades; un “¡a por ellos!” que debiera avergonzar para siempre. Veo una gran parte de la población española presa de la ignorancia en que la mantienen y de la envidia inducida, una envidia que la condena a desear el mal del otro en vez de estimular la emulación.

Tiempo atrás pretendí una España que aceptase la diversidad nacional y la diversidad en general, donde no hubiese un centro monstruoso que absorbiese todas las energías y oportunidades y vaciase todo a su alrededor. Verifiqué que nunca hubo oportunidad y que las mínimas invocaciones al federalismo eran coartadas del centralismo. Compruebo que mis opiniones están fuera de lugar.

Corresponde defenderse de esta España que ya es y que va a ser, cualquier derecho hay que ganarlo y el derecho a vivir como ciudadanos libres en su propio país hay que ganarlo, la soberanía frente a una corte voraz hay que ganarla. El federalismo sólo es posible si se tiene poder propio y luego si se quiere pactar entendimientos y solidaridades se pacta libremente, pues la democracia sólo se construye desde la libertad. No veo que quede lugar para intelectuales independientes pero sigo viendo la pertinencia del compromiso personal y militante. En tanto estemos vivos respirando, defendamos las esperanzas del modo que mejor podamos.

España es en sí misma un problema, no es el problema vasco, el problema catalán... Es el Reino de España con su corte y su articulación radialmente centralizada lo que crea “el problema”, pero dejemos eso que es tan antiguo como la misma división del Reino en provincias en 1833 y las consiguientes revueltas y guerras en los distintos territorios. O puede que “el problema” comenzase al fracasar la I República de Pi i Margall. O puede que con el golpe de los generales nacionalistas contra la II República. Todo lo que vivimos sólo se comprende a la luz de la historia.

¿Pero dónde localizar lo que vivimos en la historia reciente? ¿En el fracaso de quienes intentaron una ruptura con el estado franquista y tuvieron que aceptar la reforma de ese, éste, estado. Esta cosa que llaman Transición? ¿En la continuidad del TOP, que pasó a llamarse Audiencia Nacional, y la suspensión de facto de los derechos civiles en el País Vasco en el enfrentamiento entre ETA y el Estado? Más recientemente se hizo manifiesta una incompatibilidad de intereses cuando una empresa catalana inició una OPA a otra empresa radicada en Madrid y que desencadenó una movilización compacta de rechazo a esa absorción. No debía salir de “territorio nacional” y acabó en Italia, antes italiana que catalana. ¿Fue entonces?

¿O fue ya de modo desatado cuando se planteó bajo Zapatero una renovación del estatuto catalán y el PP de M. Rajoy comenzó su campaña de recogida de firmas que teóricamente era contra el estatuto y que realmente fue “contra los catalanes”? ¿Fue cuando aquel Tribunal Constitucional formado por magistrados fuera de plazo tuvo igualmente el descaro de emitir un fallo sobre algo tan delicado y en disputa como aquel estatuto? ¿Fue cuando salieron inmediatamente casi en práctica autoconvoncatoria un millón de catalanes a la calle, apagados informativamente para los españoles por el furor nacionalista del triunfo en el Mundial de fútbol? ¿Fue con la llegada, tan deseada y trabajada unánimemente por los poderes y sus medios de comunicación, de M. Rajoy al Gobierno y su negativa a cualquier diálogo? ¿Fue cuando los policías y guardia civiles enviados en barcos cargaron y golpearon a personas que sólo estaban armadas de urnas y papeletas?

¿O es ahora cuando la fiscalía, a las órdenes del Gobierno, repite las acusaciones contra toda la dirigencia de un país? Porque lo que se está juzgando en este juicio histórico es a los dirigentes políticos elegidos democráticamente por la ciudadanía catalana y a sus dirigentes sociales, de la ANC y Ómnium. Lo que la Justicia, el estado, está juzgando es a Cataluña como país.

El Reino de España no es viable sin Catalunya. No es viable económicamente sin las transferencias desde esa comunidad, sin su aporte al PIB y, sobre todo, sin sus exportaciones. La deuda, gigantesca, de este reino es el gran quid oculto que determina la relación con la Unión Europea y las política internas. Y desde el punto de vista social, cultural y humano sería un reino tristísimo y más retrógrado de lo que ya está siendo. Pero los intereses de esta corte y este Estado no permiten un encaje ni de la Barcelona ciudad ni el reconocimiento del país catalán, el proyecto español existente es nacionalista y posfranquista. Y esto no lo arregla Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez es un político profesional, oportunista y tenaz, quiere gobernar pero quien crea el marco y los límites en que se mueve son esos poderes del Estado y la economía que son los mismos de siempre. Y por eso los fiscales y tribunales castigan a esos reos que serán llevados a la fuerza a Madrid para ser juzgados allí de forma ejemplar.

En los años sesenta fue un periodista vigués en la prensa madrileña, Cuco Cerecedo, quien se atrevió a señalar la casta oligárquica que se articulaba en la corte franquista y acuñó la expresión “el palco del Bernabéu”. Nadie que se atreva a romper el tabú del silencio en torno de eso sale completamente vivo, lo aseguro. El problema de España no es Catalunya, es el Palco del Bernabéu y sus intereses y su ideología. Santiago Bernabéu era claro: “me gusta Catalunya, y la quiero a pesar de los catalanes”. Un modo particular de cariño, ocupar un país, juzgar a sus dirigentes y someterlo a “territorio nacional”.

No, no se está juzgando sólo a los dirigentes catalanes, un Estado nacionalista y represor está juzgando a quien ejerza los derechos civiles. No es un asunto local que afecte a la población de un territorio, un asunto de segunda fila después del debate de presupuestos o cualquier otro tema, se trata de las libertades bajo este estado. Esos presos y cualquiera preso por ejercer las libertades son nuestros presos y con ellos y ellas va nuestra suerte.

Al conflicto de intereses de todo tipo, social, cultural y económico que es la base del conflicto sólo se le podría dar encaje con una reforma profunda de las estructuras del estado y después de un diálogo. La fórmula del nacionalismo centralista español niega la diversidad y la propia realidad y se expresa de modo natural en el autoritarismo que ya ha demostrado el estado, la democracia en España sólo es posible desde los pactos y no desde el autoritarismo borbónico. Ese diálogo no se producirá ahora y no hay visos de que se vaya a dar en el futuro, no hay un sólo indicio en lo que emiten los políticos y los medios centralizados en Madrid que dé lugar a esperanza. Sólo vemos dureza e incomprensión interesadas.

España está sumida en un proceso semejante al que se ejecutó en Brasil. Primero, los medios de comunicación crearon una distorsión de la realidad exagerando la corrupción del PT, que era real, y ocultando la de la derecha, generando ansiedad en el país y una demanda de acabar con la corrupción (del PT). Y, segundo, la Justicia procesó al carismático candidato de la izquierda, Lula Da Silva, lo encarceló y no le permitió presentarse a las elecciones. Un verdadero golpe de Estado ejecutado por medio de los medios de comunicación y la Justicia. Naturalmente, detrás estaban los EE UU de Trump, el Ejército y la oligarquía y la victoria de Bolsonaro se celebró con fuertes subidas en la bolsa.

No es casualidad que lo que ocurre en el principal Estado sudamericano le ocurra al Reino de España, que presume con altivez de hidalgo de ser Estado europeo, pero que en realidad ya se ha desnudado como el Estado corrupto y continuador del franquismo que es. Una democracia de una calidad muy parecida a la de algunos países del Este de Europa que se han integrado recientemente en la Unión.

Y lo que vivimos es una crisis de ese sistema político provocada y dirigida directamente por la oligarquía que desde una Corte que es un entramado de financieros, periodistas, militares, magistrados y políticos posee el Estado.

En España los medios de comunicación son el instrumento más claro de la oligarquía, que es su propietaria. Y así grupos como Prisa, Planeta (propietaria de Antena3 y LaSexta, La Razón y determinante en el capital de El Periódico) o Tele5 (Mediaset ), así como todas las cabeceras de Madrid colaboraron unánimemente en la etapa final del segundo Gobierno de Zapatero para llevar a Rajoy a la Moncloa. Lo que vino después fue la continuación, la demonización de los dirigentes catalanes y por extensión de la misma población catalana, el ocultamiento de la violencia contra la población allí y de las ilegalidades cometidas por policías, jueces y fiscales.

A pesar de todo, en parte gracias a algunos medios digitales como éste y a las redes sociales, que una vez y otra culpan y pretenden controlar, emerge la radiografía del Estado. Quien no sea rehén de la prensa y televisiones de la Corte sabe que el Ejército, la Policía y, de manera muy acusada, la Guardia Civil, mantienen una plácida continuidad con el franquismo. Y que, puede que lo más grave, la Justicia no sólo comparte esa cultura política sino que, además, es una parte fundamental de la corrupción política y económica. Es decir, este Estado es rigurosamente antidemocrático y pervierte el contenido democrático que pueda haber en esta constitución o en cualquier otra. Ya no hablo de la monarquía y de un rey, Felipe de Borbón, rigurosamente de extrema derecha y carente de la agudeza del padre.

La presencia en las redes y las calles de la derecha fascista primero fue en Catalunya, donde guardias civiles con coche de la Secretaría General de Seguridad se reúnen con elementos de extrema derecha y coordinan con logística grupos organizados y enmascarados. Ahora los fascistas campan obscenamente también por calles de Madrid, Valencia... No hay duda de que el lanzamiento de la extrema derecha, primero en Catalunya y ahora en toda España, es una operación que nace desde dentro del mismo Estado, con la cooperación, consentimiento o inoperancia de este Gobierno y de los anteriores. Pero eso es posible porque los medios de la Corte primero hicieron su trabajo, legitimaron a la extrema derecha en los periódicos y, sobre todo, en los platós de televisión. El papel que jugaron esas televisiones privadas algún día será estudiado en las facultades de periodismo, sentando y dando igual consideración a demócratas que franquistas. Ese espectáculo de debates entre contrarios en realidad legitimó a los fascistas.

Esto está siendo un proceso de deterioro del proyecto de Estado que continuó sin ruptura el régimen de Franco tras su muerte. En estos momentos nos encontramos en un momento agudo porque ha habido un cambio en el Gobierno que desplazó al partido que expresaba más legítimamente tanto al Estado corrupto como los intereses del IBEX y, además, el Gobierno no tiene una base suficiente ni estable. Eso explica el paroxismo y la cantidad de disparate que se acumula cada día.

¿Qué salida tiene esa situación que sea democrática? Ninguna nacida de la actual política, la de los cuatro partidos que hemos visto enredados en el chalaneo por los puestos del poder judicial y en el cuerpo a cuerpo de cada día. Solamente habrá esperanza desde la ética, solamente desde voces que nazcan dentro o fuera de esos o de otros partidos y que se sitúen fuera de ese juego y que se levante sobre la ética. Esas voces tendrán que reclamar la ruptura con el franquismo y abrir un período constituyente verdadero. Naturalmente tendrán todo en frente, los medios de comunicación más potentes de la Corte, el poder económico, las alcantarillas del Estado, los cuerpos policiales y la Justicia.

Únicamente podrán contar con nuestra escasa cultura democrática y el sentido de la decencia que todavía nos quede.

Tras la muerte de Franco los intelectuales solían creer, o decir, que la sociedad española estaba despolitizada como consecuencia de tantos años de dictadura. Resultó un error evidente y que no tenía nada que ver con la realidad a su alrededor. Lo que los españoles habían vivido no había sido una dictadura sino la experiencia de un estado totalitario de carácter nacionalista y retrógrado en todos los sentidos que había moldeado las personas, las familias, la sociedad.

Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, tras un juicio militar, fueron la rúbrica a la operación política que el Estado autorizaba, la reforma política que dio lugar a las Cortes Constituyentes y la Constitución del 78. La CIA y los servicios secretos creados por Carrero Blanco (SECED), con la ayuda de la socialdemocracia europea, condujeron con cuidado el proceso de darle a aquella sociedad inculta y atemorizada unas instituciones más o menos democráticas bajo la tutela del Ejército y su Jefe, el Borbón Juan Carlos I, designado para ello por Franco. Eso fue lo que ocurrió. Pensar que aquella sociedad se transformó mágicamente en una sociedad democrática, como nos contaron los gobiernos socialistas en los años ochenta y noventa, es un cuento infantil que nos permite sentirnos inocentes. Es creer en la magia de que las personas modeladas por el miedo y el autoritarismo se transforman automáticamente en cultas y libres.

Y como la magia está para otras cosas la interpretación de la encuesta de Metroscopia última es toda una lección de realidad: el 47 por ciento de los españoles encuestados cree que el franquismo fue negativo. El otro 53 por ciento, no. El límite de la democracia, de las libertades en España está en la sociedad misma, es ella quien tolera y justifica. Es una realidad difícil de aceptar pero llevamos demasiados años fingiendo ignorarla y viviendo una gran mentira. Una sociedad que fue educada en el autoritarismo pero que no lo asume y prefiere imaginarse de otra manera también tiene unos políticos sin cultura democrática que no defienden las libertades sino que las recortan paso a paso.

Recortar un derecho es lo que pretende hacer ahora el Gobierno con los votos de PP y Ciudadanos, cerrar webs simplemente por orden gubernativa, sin orden judicial. Si ya la Justicia se nos muestra cada semana como una institución corrupta en muchos sentidos e incapaz de proteger los derechos civiles de las personas, ahora pretenden legalizar el cierre de medios de comunicación arbitrariamente.

Pero sin que estuviese aprobada ninguna ley eso mismo, cerrar webs, ocurrió hace ahora un año en Catalunya. Dentro de una operación combinada desde Moncloa utilizando la Justicia, las policías, los servicios secretos, los medios de comunicación y todas las instituciones del estado ocurrieron tropelías como irrumpir en espacios privados sin orden judicial o cerrar webs y manipular las redes sociales. El 155 y la guerra sucia utilizada en Catalunya fueron un ensayo, la sociedad española no reaccionó para protestar y lo aceptó, de modo que los poderes creen que cuando sea necesario podrán volver a aplicarlo en cualquier territorio o contra cualquier sector social, pero ahora prefieren hacerlo de forma legal. Lo que antes era ilegal.

¿Quién pretende que un gobierno que decide por su cuenta cerrar una web, ésta por ejemplo, sin siquiera el filtro de la Justicia, es demócrata?

Ayer le oí decir a una escritora amiga catalana, con sus palabras, lo mismo que le oí hace un año a otro escritor también amigo y catalán algo que Hannah Arendt formuló en su última entrevista: “El problema personal radicó en lo que hicieron nuestros amigos, no nuestros enemigos”. Se refería al silencio de unos y la complicidad de otros conocidos y amigos cuando fueron a por los judíos alemanes. Estos amigos se referían a escritores españoles a quienes consideraban amigos. Claro que se trata de la ingenuidad tan propia de escritores, que de algún modo nos consideramos personas especiales y le damos significado profundo a las emociones comunes, rabia, odio, envidia, deseo…

Pero se referían a lazos rotos para siempre, el sentimiento de haber sido abandonados y traicionados. Efectivamente, en paralelo a la política, hay una ruptura en la conciencia y una ruptura moral. Creo con toda franqueza que, con independencia de cómo evolucione el conflicto entre Catalunya y el Estado, que España ya ha perdido a los catalanes. Podrán obligarlos a estar pero nunca a ser. Pero es que no se van, los echaron.

Hace un par de días TVE emitió algunas imágenes de las cargas policiales a las personas que querían votar allí hace un año, unas imágenes que son más conocidas en otros países que aquí, donde le fueron ocultadas al público. Un pequeño adelanto sobre tantos años de ocultar la realidad y mentir pero pasará tiempo hasta que la población española tenga acceso a las informaciones que le fueron ocultadas, a la represión, a las actuaciones de los servicios secretos, a las actuaciones de jueces, fiscales y policías y cuando puedan conocer también la versión de los hechos de la otra parte podrá hacerse una idea de la verdad de lo ocurrido en Catalunya en los últimos años (la entrevista a Cuixart es un poco de aire).

Entonces no habrá más remedio que decir en voz alta lo que todos sabemos sin querer saber, este estado no tolera que un sujeto ejerza las libertades.

Una semana aflora lo evidente, gracias a estos nuevos medios digitales, que el Ejército mantiene la cultura franquista y que la reproduce. Y otra semana aflora también otra evidencia, la Justicia española es en su conjunto mayoritariamente integrista, sus órganos superiores son de ideología manifiestamente antidemocrática y actúan como agentes políticos de esa ideología. 

Las noticias sobre el chat judicial con sus insultos y descalificaciones políticas e ideológicas de ciudadanos y dirigentes elegidos democráticamente y saber de las investigaciones irregulares del juzgado número trece de Barcelona sólo ilustran lo que todos sabemos y no queremos decir en alto porque es descorazonador: este estado no es una verdadera democracia y no tenemos otro a mano. Hablamos nada menos de que del Ejército y el poder judicial, los cuerpos del estado que deberían protegernos pero que realmente todos sabemos que no nos protegen sino que nos vigilan y nos castigan si pretendemos ejercer la libertad.

Todos los problemas de España como proyecto de conjunto nacen de lo mismo, no hubo una ruptura democrática y la Transición, con lo que hubiese de mejoría, tras la corrección tras el 23-F y la época Aznar, caminó hacia un fracaso como proyecto basado en un entendimiento profundo y compartido. La España fundada sobre el Régimen de Franco y luego la Transición, ha fracasado. Fuera de España esto se sabe, aquí duele aceptarlo.

El aire de la vida pública está tan cargado del mismo sentimiento que mueve a gente a abuchear a dos técnicos teatrales que recogen un premio con lazos amarillos en el ojal. El lazo amarillo, tan peligroso que despierta la ira, es el recordatorio de que hay políticos democráticamente elegidos presos por defender y practicar sus ideas, como saben. Qué sentimiento es ése que gusta de ser carcelero.

Pero los desmanes y excesos antidemocráticos cometidos por el estado no hubieran llegado a ese punto sin un silencio atronador que se sumó a un asentimiento estruendoso, un gran “¡a por ellos!” . Faltó una vez más vigor cívico en la sociedad que se enfrentase a una operación de estado como ésa, para obligar al gobierno a dialogar en vez de reprimir. Sí, la población catalana que se movilizó para votar, además de castigada y agredida, se sintió y se siente abandonada y traicionada por aquellos sectores, aquellas personas de quien esperaban que los defendiesen de golpes y cárcel. Ofendida aunque no vencida.

Los lazos que debieran preocupar no son los lazos amarillos sino los lazos rotos.  

La crisis de la representación política de la sociedad ocurrida hace ocho años, cuando la crisis económica le quitó la esperanza a un par de generaciones y enfadó a amplios sectores sociales y creó un espacio para que entrasen dos nuevos partidos estatales en el juego político ya queda muy atrás. Simplemente el juego de partidos ahora es más complejo, pero eso no afectó a la estructura del estado ni a los intereses que expresa. Fue la movilización cívica catalana, conducida por los soberanistas, la que lo cuestionó y cuestiona todo, y en eso estamos. Todos los movimientos tienen su origen y acaban remitiéndose a eso.

En superficie vemos a los dos partidos de la derecha asumiendo sin rebozo la ideología de la extrema derecha. Los analistas de otros países que se asomaban, y los intelectuales del estado, solían señalar como un rasgo político de la sociedad española que no hubiese partidos de extrema derecha. Y es que todo estaba escondido. No había nacionalismo español y si lo mentabas te señalaban, no había extrema derecha, el franquismo había quedado atrás…, esto era una sociedad magnánima, compasiva e inocente. Los países con demonios dentro eran otros, aquí había: “la democracia que nos hemos dado; la constitución y el rey que hemos votado; la lengua común; una democracia ejemplar; estado de derecho...”. No nos faltaba de nada.

Nos queríamos un derroche de armonía y se lo contábamos también a los demás. Esa voluntad de refugiarse en la inocencia, tan característica de la sociedad destruida que emergió tras la guerra y el exterminio de la disidencia, ya la supo detectar y explotar aquel político tan inteligente como despiadado, Manuel Fraga Iribarne, cuando celebró los “25 años de paz”. Pero no.

Y ahí está el PP señalándole a Ciudadanos, le dijo la sartén al cazo, que en sus manifestaciones hay mucho fascista y a Ciudadanos reprochándole al partido de M. Rajoy y el 155, quien mandó al exilio y metió presos a representantes políticos y ciudadanos, que se entregue a las tesis de los independentistas catalanes. Son ridículos pero no están locos, simplemente es la respuesta a las respectivas subidas y bajadas en las encuestas, del mismo modo que no les importamos cuando agitan la xenofobia contra los inmigrantes tampoco les importan los catalanes cuando avivan el nacionalismo español. Todo es puro cinismo.

Los equidistantes son un discurso, una pieza necesaria en ese juego, legitiman el statu quo.

Pero lo que creíamos equivocadamente durante décadas que era el “franquismo sociológico” dominante en lo profundo de la sociedad española era realmente franquismo político y ahora, convenientemente argumentado por el sistema de medios de comunicación del poder, son franquismo político y partidario.

Esta radicalización del juego político por parte de la derecha españolista, no es malo para el PSOE en el Gobierno, hay más gente deseosa de tranquilidad que militantes de la guerra civil y eso le da a Sánchez la oportunidad de aparecer como un gobernante moderador de pasiones y extremos. En ese sentido, los votantes preocupados por el panorama debieran estar tranquilos, si esto sigue así Sánchez tiene muchas posibilidades de seguir, el PSOE mejorar resultados en las municipales y luego recuperar resultados de la época de Zapatero en las elecciones a cortes.

Pero lo urgente, que no gobierne la extrema derecha, es una cosa y lo importante es otra cosa. Lo importante es que el Reino de España cada vez está más lejos de ser un espacio compartido, un proyecto democrático aceptado y no impuesto. La agitación nacionalista que comenzó en la época de aquel Aznar que se retrató como el Cid Campeador imaginado por Menéndez Pidal y otros ideólogos del españolismo castellanista y continuó con la campaña anticatalana de boicot y recogida de firmas por toda España y el “¡a por ellos!” compartido o asumido por todos los partidos estatales ha forjado una identidad española definitivamente excluyente. La bandera rojigualda de los Borbones ya es “la bandera española”, la tricolor en la práctica es clandestina o multada (Un dirigente madrileño de Podemos actuando como portavoz de la organización situó el margen de disidencia y libertad en que cada uno en su casa puede ser lo que quiera, monárquico o republicano, pero el Jefe del estado es el que es).

Esa identidad compacta, monárquica, monolingüe, perseguidora de la diferencia es celebrada y tenida por suya por amplios sectores sociales, sobre todo en una parte del territorio del estado perfectamente dibujada, pero deja fuera a amplios sectores sociales y territorios que no se reconocerán nunca en esa identidad nacional. Que los lazos amarillos son la reclamación de libertad para los presos políticos y una demanda cívica ahora ya lo van comprendiendo muchas personas a quienes sus políticos y los medios les habían contado que eran signos identitarios excluyentes. Una cosa son las demandas de una y otra parte y otra las libertades y los derechos civiles.

Sánchez, a pesar de los tropiezos y dificultades día a día, tiene relativamente fácil gobernar este estado pero la profunda división interna pide una nueva cultura nacional y cívica. Con “¡A por ellos!” nos pueden golpear, multar y encarcelar, pero nunca convencer.