Rerum Novarum. El papa León XIII tomaba posición frente a las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores en un momento clave. Corría el año 1891 y la doctrina social de la Iglesia empezaba su andadura. León XIV ha reconocido en nuestros días un cierto aire de época. Un sistema económico inhumano que se apoya en la precarización laboral y la pobreza, y ha reivindicado más y mejor sindicalismo frente al (bio)capitalismo salvaje.

Regular y controlar la economía de plataformas es uno de los grandes retos que afronta el mundo del trabajo. Y el reto no es menor porque la silicolonización del mundo, como diría Eric Sandin, no es un nuevo modelo económico sino toda una nueva civilización. Las plataformas someten a los trabajadores a la ficción del algoritmo y superan, con mucho, la ficción decimonónica del “contrato” de la que siempre ha dependido la definición de nuestras relaciones laborales y nuestra arquitectura jurídica. Muere el derecho civil y el derecho mercantil.

¿Qué puede hacer un sindicato en un mundo en el que es casi imposible identificar empleo y trabajo y en el que los marcos regulatorios al uso se están quedando desfasados? En la actual economía de plataformas los trabajadores se autodisciplinan de forma que ni se pueden identificar con los asalariados ni pueden señalar fácilmente a los patronos. ¿Quién es quién y dónde está cada quién?

El trabajador está solo y en tránsito permanente; no tiene continuidad biográfica ni visión a largo plazo; es un sujeto conectado pero descontextualizado, sin conciencia de clase ni identidad laboral, separado de los otros y “liberado” de relaciones estructurales. Cada uno se busca la vida para encajar en la fluidez del mercado laboral como mejor pueda. La mayor parte de nuestra juventud (aunque no solo) vive en este reino de la “flexiseguridad” donde hay trabajadores que no saben que lo son o solo luchan por ser considerados como tales.

En estos días, tendrá lugar el Congreso Confederal de Comisiones Obreras, el sindicato más potente de este país y uno de los más importantes de Europa. Todo indica que se abrirá el tercer mandato de su actual Secretario General, Unai Sordo. En su inauguración, en un auditorio lleno de gente, con autoridades y altos representantes sindicales de todos los rincones del mundo, Sordo ha querido dejar claro el lugar exacto en el que estamos.

Hoy los sindicatos tienen la gran tarea de reformular lo que se entiende por “trabajo” denunciando la explotación y la desprotección laboral que esconden las formas modernas de empleo; el modo en que las transformaciones tecnológicas sirven para camuflar horarios imposibles, casas convertidas en fábricas, presión continua, estrés y ansiedad. Pero su tarea no se reduce solo a eso. Los sindicatos tienen, además, que conectar el derecho al trabajo con el derecho a la vivienda y con el nivel de vida; defender el salario mínimo y las políticas sociales frente al mantra de las “paguitas”; apostar por un modelo energético renovable que reparta equitativamente cargas y responsabilidades; dirigirse a la población migrante que es la “clase trabajadora” que sostiene buena parte de nuestra economía y sufre el miedo a la “movilidad descendente”. Ese miedo que, como decía Adorno, es campo abonado para el fascismo. La incomparecencia de la izquierda frente al fenómeno migratorio, las reacciones a destiempo y la tentación de claudicar, finalmente, al marco securitario, el cierre de fronteras y las deportaciones, ha conectado a las personas migrantes con la semántica de las derechas. Sin embargo, sabemos que sin esas personas “se nos para el país”, advertía hoy Sordo. Y hay que dar respuestas. “No se trata de migración sí o migración no, sino de migración cómo”.

Es evidente que los sindicatos tienen que aprender a adaptarse a los mundos que vienen, pero también está claro que han sido, son y serán imprescindibles. En medio de las transiciones e incertidumbres que atravesamos, el diálogo social y la negociación colectiva son requisitos necesarios para mejorar nuestras condiciones de vida y promover la resiliencia de nuestras sociedades. Un diálogo social efectivo en el que se asuma que la competitividad no exige bajar los salarios ni la productividad trabajar de sol a sol. El sindicalismo español defiende la reducción de la jornada laboral y el control de las horas extras no pagadas de cuyo valor añadido se apropian íntegramente los empleadores. Como nos dijo Marx en El Capital, para alcanzar el “reino de la libertad” hay que transformar primero los principios de funcionamiento del mercado laboral.

Unai Sordo repetirá como Secretario General de Comisiones Obreras. Es un hombre hábil, inteligente, valiente y audaz al que esperan años difíciles, inestables y, probablemente, adversos. Con su esfuerzo y el de su Ejecutiva, el sindicato tendrá que combatir la autoexplotación que alimentan las plataformas (el nodo trabajador-productor-consumidor); defender los servicios públicos; ganar porosidad entre una juventud desafecta que sufre pobreza laboral y no tiene dónde vivir; recuperar e incorporar a la población migrante; regular y humanizar los cuidados formales e informales; fortalecer a las mujeres; trabajar en el territorio con conciencia ambiental, luchando contra el neoextractivismo; tender la mano al sector primario, agricultores y ganaderos cautivados hoy por el populismo revanchista; y volar, volar muy alto, por encima de sus propias fronteras, para batirse en una Europa tensionada y a la defensiva, que quiere salir de su ciénaga como el barón de Münchhausen. Que Dios reparta suerte. De momento, parece que hay partido.

Nuevos retos, mismas luchas.

En las presidenciales de Polonia, el ultraconservador Karol Nawrocki ha conseguido una ajustada victoria reclamando el cierre de fronteras y un país sin migrantes. Nawrocki se opone al Pacto Migratorio y al derecho de asilo, pero también al Pacto Verde Europeo, a los derechos del colectivo LGBTIQ+ y al derecho al aborto. Dice que lo suyo es velar por “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, aunque a la extrema derecha siempre le ha interesado más la vida de los no nacidos que la de los nacidos. Y su preocupación por la muerte “natural” ha sido claramente selectiva. Los polacos siempre primero. Como historiador, Nawrocki se ha dedicado durante años a difundir relecturas de la memoria nacional y a inflar los sueños nacionalistas que resuenan ya por toda Europa. “Make Poland Great Again”.

Hace unos días, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, dejó muy claro que Nawrocki tenía que ser presidente. Trump también lo vaticinó. Ahora, a cambio de esa profecía autocumplida, Polonia recibirá el máximo y más sofisticado apoyo militar. Tiene su miga.

Polonia ya dedica a defensa casi el 5% de su PIB (más que EEUU) y es paso obligado en la ayuda militar que llega a Ucrania desde Occidente. Es un país importante para EEUU, para Rusia y para la Unión Europea. Que ahora esté presidida por una marioneta de Trump oscurece notablemente tanto el horizonte del país como el de nuestro continente.

Como boxeador, matón y tipo duro, Nawrocki ha protagonizado diferentes escándalos relacionados con el hampa, la violencia, el crimen organizado e, incluso, el proxenetismo, que, sin embargo, no parecen haberle pasado factura. Incluso la iglesia polaca ha apoyado su ascenso y en connivencia con los varones más jóvenes y el mundo rural. Conservadurismo, masculinidades falocéntricas y apegos heridos. El intelectualismo y la templanza ya han pasado de moda.

Donald Tusk está finalmente contra las cuerdas y Varsovia se aleja un poco más de Bruselas. Nadie descarta ataques descarados al Estado de Derecho. La coalición de Tusk ya no contaba con la mayoría parlamentaria necesaria para anular el veto presidencial del conservador Andrzej Duda. Dado que Karol Nawrocki es mucho más radical que Duda, los días de su gobierno podrían estar contados. En este contexto, es lógico que Tusk se someta a una cuestión de confianza, atrapado, como está, entre la pinza presidencial y la de un sistema judicial politizado que no ha logrado desactivar.

El eje Alemania-Francia-Polonia-Reino Unido es cada día más relevante y tiene la firme pretensión de participar en el nuevo orden mundial. Alemania, entusiasmada con su reluciente regla de oro, la cláusula de escape, se dedicará a invertir en defensa y autonomía estratégica. Francia, que se autopromocionó como mediadora entre Rusia y Ucrania, se ofrecerá como el paraguas nuclear de Europa. Reino Unido busca su especial bilateralidad con EEUU mientras reconstruye los puentes con Bruselas. Y gracias a su nuevo presidente, Polonia tiene ahora la oportunidad de reforzarse como potencia militar y aliada incondicional del trumpismo en el nuevo club dominante. España e Italia, cuyo peso es indudable, no pueden aspirar a situarse en semejantes coordenadas por razones de política interna y eso les restará protagonismo en el Consejo Europeo.

En España, la victoria del Trump polaco ha animado a un Partido Popular decolorado que también mira de reojo a los Países Bajos. Allí, Geert Wilders ha decidido dinamitar el gobierno. El líder del partido de extrema derecha que ganó las elecciones en 2023, el Partido por la Libertad (PVV), era el mayoritario en el Ejecutivo. Obtuvo 37 escaños, pero no logró ser primer ministro y ahora está determinado a serlo. Su misión es la de acabar con los solicitantes de asilo y liberarse, por fin, de quienes están obsesionados con el Estado de Derecho y la Constitución. Las políticas que quiere poner en marcha han sido ya rechazadas por el Consejo de Estado, pero poco importa.

El Partido Popular siempre ha sido un gran aliado de las políticas holandesas en la Unión Europea. En los momentos de la troika y los hombres de negro, apostando por el techo del déficit; durante la pandemia, priorizando los préstamos frente a las transferencias; y en la política migratoria, oponiéndose a la distribución de los menores no acompañados entre las diferentes CCAAs. El problema es que mientras Nawrocki preside y Wilders va muy en serio, a Feijóo le falta carisma y liderazgo, no encuentra su tono y le tiemblan las piernas. Nunca se atreverá a presentar una moción de censura que no pueda ganar y, al menos de momento, no está en condiciones de gobernar. Sus cotas de popularidad son bajísimas y, aunque ha aprovechado el caso de Leire Díez para poner toda la carne en el asador, mientras más hiperventila, más probabilidades tiene de acabar en manos de la extrema derecha, dentro y/o fuera de su partido.

El congreso del PP en julio será su gran prueba de fuego y está desplegando toda su batería “revolucionaria”. Se ha apuntado a las teorías conspiranoicas del fraude electoral, las clásicas del tongo en el voto por correo, y va a encabezar una concentración convocada por el PP bajo el lema “mafia o democracia”. Le acompañará el José María Aznar de Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana o Jaume Matas… M. Rajoy, Ayuso y Mazón.

El hundimiento del gobierno en Países Bajos, a manos de Wilders, con más posibilidades ahora de alcanzar sus objetivos, o el triunfo del trumpismo en un país clave como Polonia, son pésimas noticias para Europa, pero, muy a pesar de Feijóo, en España aún estamos lejos de eso.

Papeles para medio millón de personas. El Gobierno ha decidido agilizar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) refrendada por 612.000 firmas y más de 900 organizaciones sociales, que se había quedado estancada. Si sale adelante, será la séptima gran regularización desde 1986 y la primera desde 2005. Un éxito de la reivindicación social y la protesta ciudadana que, en su momento, resistió el Partido Socialista. Y un éxito también en la historia parlamentaria, donde no suelen prosperar las Iniciativas Legislativas de estas características.

Ahora no solo se acaba de aprobar el Reglamento de Extranjería, sino que se acelera también esta regularización extraordinaria para quienes se encuentran en situación irregular en España.

Se había logrado rebajar el tiempo del arraigo, pasando de tres a dos años, se facilitaba la compatibilización de estudios y trabajo y se promovía la reagrupación familiar. Sin embargo, en el Reglamento había agujeros preocupantes para los más de 200.000 solicitantes de asilo cuyas solicitudes no estaban resueltas. Probablemente, la mayoría serán rechazadas, pero si antes se podía optar por la vía del arraigo (por cumplir el requisito del tiempo y/o del contrato laboral), el Reglamento obligaba a poner el contador a cero. Después de años trabajando y pagando impuestos, miles de solicitantes de asilo podrían volver al limbo de la irregularidad y a la más absoluta vulnerabilidad. Como señala Javier de Lucas, los refugiados son personas radicalmente vulnerables porque carecen del rasgo político que las convierte en ciudadanas, de una condición de pertenencia sin la que los derechos humanos son solo papel mojado.

El PP dice que está en contra de la regularización, aunque en abril apoyó el trámite parlamentario de la ILP. Ya nos tienen acostumbrados a sus políticas de bandazos y a sus decisiones erráticas. Ahora la razón es, según Tellado, que se sienten ninguneados porque no se han tenido en cuenta sus enmiendas. Es espeluznante ver cómo pujan a diario por sacarle un rédito a todo… los migrantes, las víctimas de la DANA o los masacrados en Gaza. No se le darán cheques en blanco al Gobierno… da igual cuando leas esto. 

El PP se ha opuesto, incluso, a la propuesta de migración circular que le vendría de perlas, al menos, a cuatro de las autonomías que gobierna (Extremadura, Galicia, Rioja y Castilla la Mancha). Los datos del INE indican que hay miles de puestos de trabajo sin cubrir en la hostelería, la construcción y la agricultura. Y el Banco Central Europeo nos dice que el 80% del incremento del PIB de los últimos cinco años en España ha sido impulsado por los trabajadores venidos de fuera. En fin, aunque la economía vaya bien y eso dependa también de la dimensión laboral de la política migratoria, por el mar corren las libres y por el monte las sardinas. 

Lo cierto es que hace mucho tiempo que el Partido Popular está en posiciones xenófobas en Europa. Apoya las enmiendas de la ultraderecha que reclaman más financiación para las “barreras físicas” en las fronteras, refuerzos para Frontex y centros de deportación fuera de la Unión. Lugares que, según parece, son “de alguna” manera Europa, porque están gestionados con personal europeo y según normas europeas, lo que es el colmo del cinismo, cuando su simple existencia supone ya una suspensión de facto del derecho de asilo y refugio. Las valoraciones tienen que ser individualizadas, hay que hacerlas antes del internamiento y se debe respetar el principio de la no devolución. Nada de esto sucede ni va a suceder en esos campos de deportación. Hablamos de proyectos ilegales, caros y, frecuentemente, fracasados, en los que se insiste una y otra vez, como si fueran soluciones innovadoras. Mismo perro con distinto collar. 

Vox, en cambio, lo tiene mucho más claro. A ellos tampoco les importa demasiado la economía, que consideran cosa de pobres. Mientras puedan surfear sus Días de la Liberación y su épica de banderolas, pasan totalmente de sumar y restar. Ya lo demostraron con los aranceles de EEUU. Su idea es modificar la ley de extranjería para restringir las vías de regularización actuales. No les vale el arraigo. Se trata de eliminar el ius soli, es decir, la residencia, la vecindad, como forma de acceso a la ciudadanía, haciendo seguidismo del trumpismo o de Alternativa por Alemania. El objetivo es que en España se nazca de madre española. El racismo institucional, lo que Amanecer Dorado llamaba “ecología racial”, tiene una amplia representación parlamentaria en España.

Con la regularización, el Gobierno de coalición se sitúa en las antípodas de las derechas y de buena parte de Europa donde Meloni financia deportaciones a Albania; Polonia, suspende el derecho de asilo; Alemania rompe unilateralmente con Schengen y pacta con la ultraderecha de la “reemigración”; Países Bajos, pretende excluirse voluntariamente de la política de asilo y refugio para restringir la reagrupación familiar, deportar por la fuerza a quien no consiga el permiso de residencia y evitar el reparto de migrantes en su territorio; y hay ocho países que quieren revisar las relaciones con Siria para facilitar el regreso de sus refugiados (Austria, Italia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Croacia y Chipre). Reino Unido y Dinamarca van de autores intelectuales. Está claro por dónde viene la mano. 

Las narrativas de la “otredad” consustancial al extranjero, las posiciones que humillan, discriminan, torturan y matan, en nombre de una frontera, siempre se situarán al margen de la civilización y el Estado de Derecho. La barbarie conduce a la decadencia y la decadencia a la barbarie. España, de momento, sigue dando la batalla.

El Parlamento alemán ha elegido a Friedrich Merz con 325 votos a favor y 289 en contra. El líder democristiano ha necesitado dos votaciones secretas para ser investido. Desde la fundación de la República Federal en 1949, nunca un canciller había fracasado en la primera vuelta. 18 diputados han votado en contra y aunque nadie sabe quiénes son ni por qué lo han hecho, parece que motivos no les faltan. 

Merz es hombre de pocos amigos y de muchos enemigos. Su popularidad es bajísima. Un 56% de los ciudadanos no cree que sea la mejor opción como canciller y solo un 48% aprueba el acuerdo con los socialdemócratas (aunque la coalición recibió el apoyo del 85% de la militancia del SPD). 

Representa el ala más conservadora y liberal de la derecha alemana, pero entre los suyos tiene poco predicamento. Muchos lo ven como un “empresario” que gestionará el país como si fuera una multinacional; como el presidente de un Consejo de Administración que toma decisiones por libre y sin rendir cuentas, con el pésimo precedente de Trump o Berlusconi. Otros lo descalifican por ser demasiado casposo, un catolicón, fiel representante de esa clase política tradicional que alimenta la falta de credibilidad de los partidos políticos. Abandonó el techo del déficit para invertir en defensa e infraestructuras, algo que buena parte de los conservadores calificaron de “traición” porque, si bien las estrictas normas fiscales que defendieron en Bruselas no les dejaban apenas respirar, la ideología de la contención del gasto sigue recabando apoyos. La sacrosanta austeridad que Merkel llevó a la Constitución alemana es casi una cuestión de identidad entre sus filas. 

Los socialdemócratas tampoco parecen contentos. Hay malestar por los nombramientos y algunos quieren hacerle pagar el endurecimiento de las leyes de inmigración y el cierre de fronteras que ha propiciado sus devaneos con la extrema derecha. La CDU pretende superar el impasse alemán con más muros, más represión y más control, bajada de impuestos, menos gasto social y retroceso ambiental. De manera que el SPD tiene ahora más difícil volver a sus raíces, ocuparse de la clase trabajadora, luchar contra el cambio climático o frenar el capital especulativo. La izquierda está llamada a integrar la disparidad de identidades proletarias que ha alumbrado este nuevo contexto postfordista, en el que ya no existe un proletariado global en sentido orgánico, y esta tarea recaerá ahora sobre formaciones políticas “verdirrojas”. Los Verdes y La Izquierda, cuyos votos fueron necesarios para facilitar la segunda votación, han demostrado ser muy útiles para la formación del nuevo gobierno. Merz rompió el cordón sanitario para comprar la política migratoria de Alternativa por Alemania (AfD) y marginó a los mismos a los que ha tenido que recurrir para salvar el pellejo. Paradojas de la vida parlamentaria que no suelen encajar en el argumentario.

Muchos miran con admiración y envidia a la gran coalición alemana pero la ingeniería en política también tiene sus límites. Son pocos los que sobreviven al don de la ubicuidad. La confusión ideológica y la posición errática de Merz en relación a la extrema derecha puede acabar siendo un boomerang y funcionar como un revulsivo en favor de AfD. Alternativa por Alemania es ya la primera fuerza de la oposición y todo indica que, en esta legislatura, será la única. Su ilegalización está ahora sobre la mesa, pero esto no tiene que ser necesariamente negativo. De hecho, la autovictimización, el sentimiento de agravio, el resentimiento y la revancha suelen ser terreno fértil y buen caladero de votos.

Lo cierto es que Merz comienza su mandato evidenciado la fragilidad de su gobierno en un momento de estancamiento económico, crisis industrial, déficit energético, competencia de China, amenazas de Rusia, desprecio de Trump, aranceles y guerras comerciales. Ni la prosperidad, ni la protección militar, ni la templanza parlamentaria pueden asegurarse ya en Alemania. El gobierno tendrá que sudar sangre para sacar adelante sus leyes y sufrirá la fragmentación y la polarización, que son ya propias de nuestro tiempo.

Alemania, motor de Europa, modelo de estabilidad y previsibilidad, ha superado sus primeras horas de pánico, pero es muy probable que no sean las últimas. Bien está lo que bien acaba, aunque siempre está mejor si, además, empieza bien. Me temo que habrá que rebajar las expectativas sobre el gigante europeo. 

Trump ha creado un Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo en los campus universitarios a base de retirar hasta el último dólar federal. Llevar a la quiebra a las Universidades que, como la de Harvard, sostienen, promueven el antisemitismo y no trabajan en favor del auténtico pueblo americano. Prominentes organizaciones judías, como la Liga Antidifamación y la sección de Harvard de la organización estudiantil Hillel, han cuestionado públicamente los amplios ataques de la Administración contra la Universidad. Pero poco importa. El contexto político actual alimenta la narrativa amigo-enemigo y lo único relevante es tener claro de qué lado te vas a situar. 

Todo resuena a la primera mitad del siglo XX y al mito de la caverna. Sombras deformadas detrás de un muro y prisioneros encadenados incapaces de percibir la realidad. En la primera mitad del siglo XXI, el genocidio lo perpetra Israel y sus aliados neofascistas, con la especificidad trumpista a la cabeza, y el enemigo ya no es el pueblo judío, sino el pueblo musulmán. La islamofobia es el gozne que mueve los resortes del odio y la sed de venganza, ya sea en EEUU o en la Europa judeocristiana de Viktor Orban. Antisemitismo e islamofobia son fenómenos totalmente distintos pero obedecen a una lógica idéntica. 

El artefacto ideológico de semejante juego de trileros lo expresó muy bien Samuel P. Huntington en su libro 'El choque de las civilizaciones' (1996), cuyas pseudoteorías conspiranoicas dieron potentes alas al movimiento “neocon”. Las relaciones con los musulmanes son siempre violentas, decía, tienen problemas para vivir pacíficamente, sus fronteras son, por definición, sangrientas y sus territorios también. Esa idea se reforzó después con los atentados de las torres gemelas que sirvieron de coartada para cerrar fronteras y construir la fantasía del enemigo exterior. Huntington no fue precisamente un humanista, pero ha sido, sin duda, un hombre de notable éxito. Su libro '¿Quiénes somos?: Los desafíos a la identidad nacional americana' (2004) fue una oda supremacista en favor del pueblo americano, en detrimento de la inmigración latinoamericana (mexicana, sobre todo), a la que identificaba, sin pestañear, con la vagancia y el amor a la pobreza. Una obra de referencia para defender el ius sanguini frente al ius soli en la adquisición de la nacionalidad. O sea, reducir el acceso a la ciudadanía a la vía exclusiva de la sangre excluyendo la de la vecindad o la residencia.

La islamofobia ha alimentado también el discurso pro-israelí en Francia, Alemania o Países Bajos, alentando la eliminación de mezquitas y minaretes o la prohibición del hiyab, el niqab o el burkini, en definitiva, la discriminación y la restricción de los derechos de las personas musulmanas en territorio europeo. Políticas en las que se combinan, en perfecto equilibrio, propuestas racistas, xenófobas, aporófobas y, en muchos casos, misóginas.

En fin, lo importante aquí es que, tal como advirtió Adorno, destacado filósofo de la Escuela de Frankfurt, las condiciones para el fascismo siguen estando activas en nuestra sociedad. 

Para Adorno, el fascismo no fue nunca un accidente histórico sino una parte consustancial del sistema capitalista. Una excrecencia derivada de su tendencia estructural a la concentración de la riqueza. El capitalismo siempre acaba degradando a las mismas clases sociales a las que ha contribuido a impulsar provocando resentimiento en quienes ven peligrar los privilegios adquiridos. El fascismo es, por definición, revanchista porque surge del miedo a la “movilidad descendente” combinado con una visión miope que deforma tanto la cadena causal como la adjudicación de responsabilidades. En lugar de identificar en el sistema las causas de las pérdidas, se persigue a quienes lo critican o lo ponen en peligro. Adorno hablaba de la clase burguesa pero su tesis es aplicable también a las clases trabajadoras que han alcanzado una cierta estabilidad laboral y ven ahora en los migrantes una fuente de competencia desleal y desestabilización. 

Sea como fuere, este “chovinismo del bienestar” es el caldo de cultivo en el que florece hoy la ideología reaccionaria y autocrática que devora a buena parte de nuestros sistemas democráticos. 

El sentimiento de agravio de quienes se piensan desposeídos, estimulado por élites políticas, económicas y mediáticas mediante discursos populistas, anima a la gente a ignorar sus propios intereses y a girar alrededor de la injusticia que creen haber sufrido. Como dice Wendy Brown, los apegos heridos organizan la identidad de un grupo en torno a su autovictimización, su debilidad y su necesidad de protección. Y los líderes mesiánicos explotan esa condición de víctima para reforzar los vínculos afectivos con sus huestes y fidelizar a su clientela. 

Manipular emociones negativas y material simbólico puede ser enormemente rentable en un mundo inestable e inseguro. Provocar cambios bruscos e inesperados aumenta esa inseguridad y favorece la manipulación. La mano que mece la cuna. El mismo poder que orquesta la agresión ofrece la solución y utiliza en su propio beneficio la ira que provoca. Esta ceremonia de la confusión es el campo abonado en el que crece el fascismo.

Besarle el culo a Trump. Mirar el mundo a través de su cristal medievalizante y falocéntrico. Implorarle. Portarse bien o merecer su “perdón”. “Por favor, por favor, haré lo que sea, señor, haré lo que sea”. 

Nadie negocia como negocia Trump, l'enfant terrible de botas y espuelas. Solo él ha comprendido que presidir EEUU es como llevar tu propio negocio en un mercado en el que eres tú quien pone las reglas. Está incubando el gran huevo de la gallina de oro. 

Los gravámenes del 20% para la Unión Europea y del 104% a China han desbarrancado las bolsas. Los que le besaron el culo antes, el día de su coronación y el de la Gran Revancha, sus amigos de Marte, están perdiendo mucho dinero ahora. Los cinco gigantes de Silicon Valley que calentaban la silla en la fiesta del rey Midas miran de reojo la cola del exit contando sus billones. La fiesta infantil quizá les acabe saliendo cara. Mientras, el niño-cowboy se mira el culo y solo es capaz de ver una larga fila de besucones desesperados. Debe ser cosa de genios. Ignora el funcionamiento y la complejidad de una economía globalizada en la que un déficit comercial bilateral y amañado no suele ser la referencia de nada; la economía ya no es un zoco en el que se intercambian mercancías, juguetes, espejitos y sombreros. No ignora, sin embargo, que un simple rumor hace perder y ganar millones de dólares en tan solo 15 minutos. Y con eso que sabe, ya le basta. 

Su idea es la de sustituir el multilateralismo, la Organización Mundial del Comercio y los aburridos procedimientos internacionales, por las emociones fuertes de tobogán, el chantaje de palillo en boca y la bravuconería de un tratante de feria pasado de rosca. Puerta a puerta, biblia en mano. Susto o muerte. Todo consiste en reemplazar las reglas por tratos bilaterales basados en el desconcierto y la improvisación. Trump no respeta los acuerdos que firma. Forma parte de su encanto. En su primer mandato negoció el Tratado entre México, EEUU y Canadá (TMEC) y ahora lo ha dinamitado sin pestañear. La desconfianza y el miedo son los motores del progreso. Ya saben que el hambre agudiza el ingenio y que lo que no mata, engorda. El refranero nunca se equivoca.

La Pax Americana está llegando a su fin y parece que el final no será épico, ni siquiera apocalíptico, sino estremecedoramente cutre. Los líderes se parecen cada vez más a sus memes y hasta sus fanáticos seguidores andan medio despistados. En EEUU, apenas se escucha la voz de los republicanos. “Silencio en la sala, que el burro va a hablar”. Silencio tenso y moscas a cañonazos. Dicen que la oposición está a la espera, tejiendo su mortaja.

Solo suena como un volcán, el golpe de un gigante sobre la mesa. China ha ofrecido al hombre naranja el bucle “fenomenal” que buscaba (o quizá no). Luchará hasta el final, ha dicho, mientras doblaba la apuesta. Entretanto, Europa pide moderación y algo de tiempo para reaccionar. Necesita engrasar sus goznes. Hay un adulto en la habitación o quizá es solo un boomer. Ursula von der Leyen insta a Pekín a “evitar una nueva escalada” con Washington y a mejorar su relación con la Unión Europea. Aún se recuerdan las barreras a los coches chinos. En aquella votación, España se abstuvo. 

Sánchez ha viajado tres veces a China para abrir nuevos mercados y equilibrar nuestra balanza comercial. España reacciona con decisión, pero con lealtad. Meloni, en cambio, pinta mal. Está a cinco minutos de perder los nervios. Demasiado lejos de dios y demasiado cerca de los gringos. Salvini aprieta. Macron –“el Estado soy yo”–sigue hiperactivo y saca todo su arsenal de propuestas. Quiso protagonizar la mediación entre Rusia y Ucrania, poner a disposición su paraguas nuclear, lanzar fuerzas de paz en apoyo a Zelenski… Ahora toca el lanzamiento de martillo. Alemania ya está lista para tomar una buena bocanada de aire. Gobierno de concertación, cláusula de escape e inversiones a granel. Vuelve el timón.

Europa pone en marcha sus aranceles y la Comisión Europea activa el reglamento de mercados digitales sobre las cuatro grandes tecnológicas estadounidenses (Apple, Alphabet, Amazon y Meta) a las que tenía en el punto de mira. Caerán sanciones (aunque moderadas) y, sobre todo, se exigirán modelos diferentes de negocio. Eso es lo que duele. Al dinero ya están acostumbradas. Apple casi duplica el PIB español. Se combinará libertad de empresa con derechos de los consumidores y sentido de la competencia, al menos por esta vez, y finalmente se sacará la tarjeta roja. Las pistolas están ya sobre la mesa. Europa muscula, aunque continúa negociando con guante de seda. La Comisión ofrece a Estados Unidos “aranceles cero” recíprocos para los bienes industriales: ni para ti ni para mí. Cero grados. “Ni frío ni calor”. Entretanto, decide estudiar alternativas: diversificación de los mercados, tratados de libre comercio, apuesta por la demanda interna, incremento de la tributación a las multinacionales americanas. No se excluye el uso de la artillería pesada. Con la herramienta anti-coerción se podrían restringir las exportaciones y las importaciones, limitar las licitaciones públicas y algunas cosas más. Aunque no lo parezca, con el Derecho también se combate y hasta se ganan batallas. Basta la mayoría cualificada del Consejo. Hungría y Eslovaquia, su perro faldero, pasarán a la irrelevancia. 

Toca ganar autonomía estratégica y hacer de la necesidad, virtud. El futuro ya está aquí. Truco o trato.

Todo indica que estamos ante un cambio de ciclo. Quedan pocas dudas después de los acontecimientos de los últimos meses, con un mundo aún más dividido en una tensión entre cuatro polos económicos: Rusia, China, EEUU y Europa. El centro de gravedad demográfico se ha desplazado drásticamente hacia el Este, con China e India acaparando un tercio de la población mundial. El poder económico sigue esa trayectoria, aunque más lentamente (estos dos países suponen el 30% del PIB nominal) y está dando lugar a múltiples tensiones: las materias primas escasean y alientan nuevas formas de colonialismo; las balanzas comerciales se desequilibran y alimentan aranceles proteccionistas; las cadenas logísticas se tensionan y los productos no llegan a tiempo; el mercado laboral está desestructurado y aumenta la desigualdad. Nuestra autonomía estratégica, energética y alimentaria ofrece flancos vulnerables. El planeta sufre una presión máxima, cerca de superar los principales límites biofísicos (límites planetarios, según Rockström). El mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA según el acrónimo en inglés). La lógica belicista empieza a marcar el rumbo.

Hay un relato apocalíptico que anuncia angustiosas incertidumbres y flagrantes inseguridades. Se habla de gasto militar y de cesión de soberanía estatal a cambio de unidad europea. Menos Estado y más Europa defensiva. Sociedad del riesgo. Se perfila un modelo reactivo. 

Hay otro modelo social, verde y feminista, la Europa de los cuidados, que parece haberse congelado en tan solo unos pocos meses. Veníamos de la austeridad, el pacto de estabilidad, el techo del déficit, y la pandemia forzó un giro de 180 grados. Con la invasión de Ucrania, la crisis energética, el triunfo de la extrema derecha y el desbarajuste institucional, hemos vuelto a girar. Ahora triunfan las cláusulas de escape para invertir en la industria de la guerra. Se cierran minas de carbón para abrir minas de litio. Otra situación inédita que exige una respuesta conjunta, mutualizada y solidaria, aunque esta vez no será para cuidarnos sino para defendernos (o matarnos). Una guerra no es un virus y exige cambiar médicos por soldados.

2%, 3%, 5%... especulaciones. España cumplirá con el mínimo comprometido sin tocar “un céntimo del gasto social”. Se garantizarán servicios públicos, vivienda, salario decente y aire limpio. Podría ser la cuadratura del círculo. Entretanto, no habrá presupuestos. El Gobierno avanza con paso firme, redefine su política exterior con raquíticas mayorías, tensiones internas y ausencias parlamentarias. Seguramente, pasará factura. El relato requiere no pronunciar la palabra “rearme” ni carrera armamentística, se trata solo de seguridad, no de defensa. Pero la Preparación 2030 (Readiness 2030) que arbitra Bruselas incluye un plan de contingencia y un kit de supervivencia para poder afrontar una emergencia imprevista o el estallido de una guerra. Si Rusia gana, arrasará. Habrá un “día nacional de preparación” en toda la Unión Europea. Se apela a un ejército europeo que necesitará nuevos efectivos. No es que la OTAN sea inútil e inoperante, es que nos dará la espalda. Los ejércitos europeos necesitarán también sistemas de defensa antiaérea, de artillería, munición, misiles y drones.

Frente a la falta de horizonte y el nihilismo, Piketty dice que recuperemos la confianza en nosotros mismos. Que Europa cuenta con fundamentos económicos y financieros más que sólidos. Tiene superávit y no déficit, a diferencia de EEUU, así que se trata de diseñar un buen plan de inversión como diagnosticó el Informe Draghi. La cuestión es que debe invertir a la manera europea. Es decir, priorizando los derechos humanos, el bienestar social y el desarrollo sostenible, y centrándose en las infraestructuras compartidas: transporte, clima, formación y productividad. Defender lo público, la política de lo común frente a la vulnerabilidad. 

Aumentar el gasto militar puede ser disuasorio, pero no es necesariamente eficaz. En conjunto, los presupuestos europeos ya superan con creces a los rusos. Se trata de gastar conjuntamente en los sistemas que nos permitan tomar decisiones colectivas, articular redes y cultivar vínculos. Hay factores endógenos, historia, aprendizajes, identidad y memoria.

El cambio de ciclo podría abrir las puertas a una integración más cohesionada, con más democracia y menos pobres, a la Europa unida de los pueblos, abierta y porosa, a la reafirmación del referente cultural y simbólico que siempre fuimos. Solo depende de que seamos nosotros, los europeos, quienes tomemos las riendas. El destino no está escrito.

EEUU mandó a El Salvador de Bukele un avión con 261 personas a bordo para ingresar en una cárcel de máxima seguridad. Ninguna de ellas ha sido juzgada y nadie sabe de qué delito se les acusa. Según la Casa Blanca, 137 fueron enviados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y 101 deportados bajo una ley migratoria común, es decir, por haber entrado sin documentos a Estados Unidos. No hablamos solo de pandilleros salvadoreños sino de lo que, a juicio de Trump, son miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.  

El valor de cada una de estas personas se estima en 20.000 dólares anuales. Bukele ganará cerca de seis millones de dólares al año solo con el primer envío de deportados, aunque mantener su sistema penitenciario le cuesta muchísimo más, cerca de 200 millones. Pero no importa. Lo que busca Bukele no son beneficios económicos sino el favor de la Administración estadounidense y, sobre todo, convalidar su terrible modelo carcelario. El CECOT es un Guantánamo centroamericano y El Salvador un “tercer país seguro”, como lo fue Turquía en su momento, en el modelo europeo. Human Rights Watch habla ya de un escenario de desapariciones forzadas

Durante años, EEUU ha deportado a miles de salvadoreños, incluyendo exmiembros de pandillas como MS-13 y Barrio 18, propiciando una crisis de violencia en El Salvador, y Bukele decidió asumir que cualquier persona retornada con antecedentes en EEUU debía ser encerrada en cárceles de alta seguridad y en condiciones inhumanas. Las detenciones son masivas y, en muchos casos, arbitrarias, sin órdenes judiciales y con procesos opacos. En las cárceles, el hacinamiento es total, no hay apenas atención médica y las restricciones en el acceso a los servicios básicos son extremas. En muchos casos, esas mismas cárceles se han convertido en nuevos centros de operación del crimen organizado. Ni hay transparencia, ni hay derechos. Control férreo de jueces y prácticas autoritarias, sin paliativos. 

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma estadounidense en desuso desde la II Guerra Mundial, pensada para tiempos de guerra, que autoriza al presidente a expulsar a extranjeros de una potencia enemiga que intente perpetrar una invasión. Venezuela, es una potencia enemiga. 

El juez Boasberg ordenó detener la operación y dispuso el regreso de los aviones que ya habían despegado, pero no volvieron. Según Trump, ya volaban aguas internacionales. En redes sociales, arremetió contra el juez federal: “Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente” […] “este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser DESTITUIDO. NO QUEREMOS CRIMINALES VICIOSOS, VIOLENTOS Y DEMENCIADOS, MUCHOS DE ELLOS ASESINOS DESQUICIADOS, EN NUESTRO PAÍS. ¡¡¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!!!”. 

El desacato de Trump podría llegar al Supremo, donde cree tenerlo todo atado y bien atado (aunque, curiosamente, el discreto presidente del Supremo, John Roberts, le ha acabado plantando cara). En su particular visión del sistema democrático, su victoria electoral le sitúa por encima de las leyes y de sus intérpretes. Su poder puede ser ilimitado. En palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: “El presidente fue elegido con un mandato abrumador para lanzar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, y eso es exactamente lo que está haciendo”. La democracia, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la defensa de los derechos fundamentales, se perciben ya como una pesada carga que ralentiza el “progreso”.

Las deportaciones masivas, la suspensión absoluta del derecho de asilo y refugio, la fractura del derecho nacional e internacional, se van a convertir en una constante. Europa ya dio pasos en esta dirección, primero con el Pacto migratorio, después, avalando la externalización de los campos de deportación de migrantes, en línea con Meloni. En la UE ya se apuesta por los procedimientos acelerados en frontera, con la posibilidad de aplicar la ficción de la no entrada, y se acepta que los Estados puedan elegir entre patrocinar repatriaciones o asumir reubicaciones. Es decir, se garantiza una solidaridad a la carta que permite canjear a seres humanos por dinero. Si se pagan 20.000 euros se puede rechazar una reubicación y contribuir con esa generosa aportación al blindaje de la Europa fortaleza. Esa es la cifra y esa es la marca de los tiempos. Europa no podrá frenar a Trump.

Se impone una xenofobia primitiva que insiste en la “amenaza” que la inmigración supone para la población autóctona, para el mantenimiento de las prestaciones sociales y el empleo, y para la pervivencia de la “especificidad cultural” propia. Nadie menciona los beneficios contrastados de la inmigración cuando, por ejemplo, en España los inmigrantes contribuyeron a la mitad del crecimiento económico en 2023. Se ha popularizado una grotesca combinación de esa xenofobia primitiva con el racismo cultural y el racismo del bienestar que pasa, por supuesto, por el fortalecimiento del peor nacionalismo, de un “nosotros” excluyente, cada vez más reduccionista, empobrecido y ralo. El uso que se ha venido haciendo del expediente de la ciudadanía ha dejado huérfanos a inmigrantes y refugiados; sin lugar en un mundo en el que los no ciudadanos, como diría Hannah Arendt, no tienen derecho a tener derechos. Y esta manera de concebir la distinción entre ciudadanos y extranjeros es la que ha dado cobertura a la renovada retórica de la “seguridad”. “Los otros”, “los ellos”, “los que no son de ninguna parte” perfilan nuestra identidad nacional y permiten que nuestras responsabilidades se calibren únicamente en función de nuestras fronteras. Desde ahí se construye el derecho a la defensa.

En el futuro más inmediato, la política exterior estará marcada por la lógica belicista y será esa misma lógica la que se aplique a los enemigos interiores. En EEUU, las deportaciones son selectivas y castigan a los gobiernos latinoamericanos de izquierdas: México, Brasil, Colombia o Venezuela. No es casualidad. La idea es que el supremacismo blanco acabe por definir estructuralmente a la comunidad de origen y a la de destino. Lo que somos y lo que queremos ser.

En 2004, en su libro 'Who Are We?: The Challenges to America's National Identity', el politólogo estadounidense Samuel Huntington señalaba específicamente a los latinos (sobre todo mexicanos) como el enemigo interior cuya odiosa existencia, paradójicamente, daba sentido a la del pueblo americano. Ya entonces proponía desmantelar la educación bilingüe, las políticas de igualdad y las acciones afirmativas porque, según sus estudios, los latinos no podían asimilarse y eran peligrosos, por definición: viven en conglomerados homogéneos, son ilegales y se mueven, fundamentalmente, por resentimiento. Huntington los identificaba con “la falta de ambición” y la “aceptación de la pobreza” y consideraba que esos eran valores incompatibles con los ideales anglo-protestantes que representaba EEUU. El sueño americano solo podía soñarse en inglés.

El racismo, el supremacismo blanco, el nacionalismo étnico, incluso la eugenesia, laten con toda ferocidad en este nuevo-viejo ciclo histórico.

Autoabastecimiento de materias primas para promover una industria nacional de almacenamiento de energía, facilitar la transición ecológica y reducir la dependencia de terceros países, como China. Mandato europeo. 

Mientras EEUU desarrolla una estrategia imperial para hacerse con las tierras raras de Ucrania, Rusia, Groenlandia o el Ártico (lugares antes inalcanzables), Europa se lanza con entusiasmo al colonialismo interior.

Es evidente que nuestras cadenas de suministro son vulnerables y que nuestros recursos están infraexplotados porque las inversiones han sido siempre, comparativamente, costosas, los estándares ambientales altos y las resistencias sociales estaban organizadas. Pero ahora todo eso tiene que cambiar a la velocidad de la luz. Hay que asegurar la agilidad administrativa con tramitaciones exprés, con procedimientos más rápidos para la expedición de permisos a las mineras (seguramente incompatibles con la transparencia y la participación activa de las comunidades locales), apoyar excepciones específicas a la legislación medioambiental y combatir la resistencia social.

En este marco, el borrador de la Estrategia de Almacenamiento Energético de nuestro Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apuesta por la explotación “sostenible” de yacimientos de litio y tierras raras. Y el 'Panorama Minero' del Instituto Geológico y Minero (IGME) dedica especial atención a Extremadura, donde hay 147 permisos de investigación vigentes o en trámite “con una amplia variedad de minerales explorados”. Casi 150 proyectos mineros en una sola región. Según se dice, todo esto va a contribuir “al mantenimiento de la población y la actividad en áreas rurales con problemas de despoblamiento” y a “favorecer un uso racional del suelo, principalmente en el medio rural”. En fin… la verdad es que es mucho decir. No se ve de qué manera puede hacerse compatible una avalancha de proyectos mineros con el mantenimiento de los cultivos, la actividad agroganadera, la reforestación, el uso racional del agua, la conservación de la biodiversidad o la soberanía alimentaria. 

El suroeste español está gravemente amenazado por una desertificación creciente y la lucha de quienes vivimos en esas latitudes debería ser, ante todo, la de incorporar esta variable a la transición ecológica. En los tiempos que corren, la geografía es un vector trascendental para hacer política y la política también consiste en pelear para que nuestras particulares condiciones territoriales acaben entrando en la agenda. Las minas contaminarán nuestros recursos hídricos y acabarán con las escasas reservas de agua que tenemos. Nuestro primer objetivo tendría que ser el de debatir sobre emisiones, sequías y estrés hídrico, asumir que una economía “climáticamente neutra” no se va a alcanzar con políticas (neo)extractivistas y reapropiarnos del agua como un bien común y/o público. Deberíamos debatir, además, sobre la externalización de los costes y la gestión de los desechos.

Es probable que los residuos de las explotaciones mineras queden enterrados antes de acabar con las emisiones en 2050 en los mismos lugares en los que se encontraron, convertidos ya en simples e inútiles vertederos. El boom especulativo es siempre cortoplacista y deja tras de sí un cúmulo de basura que no suele gestionarse bien. 

El Ministerio de Transición Ecológica nos habla, además, de colaboración público-privada, obviando que el sector privado en estos casos está controlado, fundamentalmente, por agresivas multinacionales, lo que no es un dato menor. Gracias a sus lobbies, su diplomacia económica y sus puertas giratorias, estos gigantes económicos se benefician de una legislación privatizadora que liberaliza los suelos y mercados, se aprovechan de una publicidad que identifica sus beneficios económicos con el bienestar de todos y de una arquitectura jurídica que les garantiza una impunidad prácticamente total. Con los Tratados de inversión, una multinacional puede arruinar por completo no ya a un gobierno autonómico, sino a todo un Estado. Los tribunales de arbitraje les ofrecen un marco idóneo para liderar multitud de denuncias judiciales en el momento en que ven peligrar sus beneficios y también para eludir sus responsabilidades. No hay presupuesto público que pueda saciar la codicia de un capital opaco, difuso, sin arraigo y completamente descontrolado. 

La transición verde y digital podría estar muy bien si la pagáramos entre todos. Si fuera justa y ajustada a los límites del planeta que, salvo terraplanismo, están bastante claros. Pero genera serias dudas cuando exige sustituir minas de carbón por minas de litio o campos fértiles por megaparques solares y eólicos; convertir unos territorios en las nuevas colonias de otros, fragmentando el mapa europeo;  sacrificar la vida y la salud de los más pobres para incrementar las ganancias de grandes especuladores; eliminar las exigencias ambientales para favorecer, paradójicamente, al medio ambiente, como si la voracidad y la velocidad pudieran ser sostenibles; estresar aún más a las zonas despobladas para acaparar tierras agrícolas echando a la gente que quede, como si esto fuera la conquista del Oeste. En 1966, el emblemático ensayo de Kenneth Boulding 'La economía de la nave espacial Tierra' definió el extractivismo como la “economía del cowboy”, “siendo el cowboy símbolo de las ilimitadas llanuras y de un comportamiento temerario, explotador, romántico y violento”. Poco más se puede añadir.

A lo largo de estos años, la transición verde y digital en Extremadura se ha venido traduciendo en megaminería, macro minería de litio, macro ciudad del ocio, macro azucarera, macrofotovoltaicas, megarregadíos, cultivos intensivos, megafábricas de residuos tóxicos industriales o gigantes vertederos. Por lo general, ha favorecido a una “élite extractiva” que se ha apropiado de nuestros recursos para procesarlos fuera. Tener recursos puede acabar siendo una maldición para según qué regiones. Paradojas de la pobreza. 

Señalar en el mapa las “zonas de sacrificio” que se quieren destinar a extraer minerales y excretar residuos, para favorecer a otras zonas dedicadas solo a la producción y el consumo, perpetúa la injusticia social e histórica que alimenta el descontento y la ira. No es extraño que la invisibilización del sector primario, el desprecio por sus saberes y el desmantelamiento de sus precarias estructuras vitales, acabe haciendo del campo un lugar de resistencias pétreas y propensiones revanchistas. 

La extrema derecha lidera una revolución conformista que sabe vehicular la rabia y el resentimiento de quienes se consideran perdedores y también el miedo de quienes tienen algo que perder. Pero su mayor éxito no reside en movilizar esas emociones negativas sino en recuperar un cierto imaginario de lo común, restaurar un mundo perdido, un orden natural hoy subvertido y adulterado; volver a aquel refugio perdido que fue la fuente de nuestra felicidad. Y ese refugio es, sobre todo, el que representa la célula indisoluble de la familia patriarcal. Las derechas han entendido bien que hoy triunfa la filosofía de la intemperie y que la madre convencional puede volver a ser el amortiguador de los cambios y el sistema de control. La maternidad entendida como una institución desde la que asegurar el uso represivo de nuestros enclaves seguros. 

En cualquiera de sus versiones, la apelación de las derechas a las políticas familistas y natalistas se conecta, estructuralmente, con presupuestos tradicionalistas, punitivistas, excluyentes, racistas, nacionalistas y elitistas. O sea, la madre, con mayúsculas, es el eje alrededor del cual gira la totalidad de su programa. 

Las mujeres están llamadas a asegurar la alianza con las iglesias, las tradiciones y las costumbres, funcionando como el brazo armado de una moral puritana. En España, Vox ha liderado la lucha contra la educación sexo-afectiva, la apuesta por la educación religiosa y la criminalización de la diversidad sexual o la llamada “ideología de género”, una “ideología negativa” porque, como dice Segato, desobedece el mandato de la masculinidad, desestabilizando y fracturando lo que siempre estuvo unido. El negacionismo no afecta a la violencia contra las mujeres, en general, sino, sobre todo, a la que sucede en el entorno familiar. Se niega la violencia de género y la violencia vicaria, pero se asume la criminalización de los foráneos como manadas peligrosas que han entrado en el país gracias a la excesiva laxitud de la legislación migratoria. La violencia tiene su origen en “los flujos migratorios incontrolados” y son los extranjeros los que cometen la mayor parte de los feminicidios y las violaciones. Para ellos se piden deportaciones masivas, centros de internamientos y cadena perpetua. La violencia que señala a la pareja o la expareja como posible agresora, uno de los campos de batalla del feminismo, afecta la línea de flotación de la familia heteronormativa, y eso no gusta a los ultras. Más que misóginos, son antifeministas.

El feminismo representa la no-familia, un proceso que estimula la des-vinculación de las esencias familiares (o patrias), la masculinización de las mujeres, la usurpación por parte de ellas de los roles tradicionalmente adjudicados a ellos, el fin de los estereotipos de “género”. Por eso, la del “género” es una “ideología” que oculta y tergiversa la verdad, lo que realmente somos. Lo que somos biológica y socialmente. Altera la “naturaleza” del ser mujer que pasa por la identificación acrítica entre el ser anatómico, social y jurídico, definido según ese orden. No se trata de lo que una quiera o necesite ser, sino de lo que una es y debe ser, considerando aquí que el ser y el deber ser no pueden diferenciarse conceptualmente. El ser es esencia (naturaleza) y permanencia (estabilidad social e histórica) y todo lo que es, debe ser y seguir siendo. Así de fácil. El antifeminismo (como buena parte de lo que la extrema derecha plantea) se mueve en ese marco naturalista y preilustrado. 

Evidentemente, de aquí se deriva la negación de la “libertad” vinculada al “deseo”, al “querer”, entendida como “libertinaje”, aunque no solo. Se niega también la “libertad” entendida como “autodeterminación”, esto es, como un proceso de emancipación del mundo de la “necesidad”. Según los cánones de la extrema derecha, el feminismo es una forma de dominación que crea (inventa) necesidades donde no las hay y, por tal razón, puede ser tan alienante como el machismo.  Somete a las mujeres porque las desaliena de la familia para alienarlas al mercado, generándoles problemas de identidad, desarraigo, soledad e infelicidad, y generando, además, un ejército de hombres agraviados y encolerizados.

Por eso, como es obvio, las opciones sexuales no pueden elegirse y el binarismo es obligado. El binarismo no es solo que las mujeres y los hombres, son, con mayúsculas, distintos, sino que los segundos dominan, han dominado y dominarán siempre sobre las primeras, en todos los órdenes de la vida, excepto en el hogar, donde a las mujeres se les ha premiado con el rol social y políticamente más relevante: el de “ser” madres y esposas. Dado que, por razones naturales, es lo único que ellas pueden ser, jugar ese papel es lo que las hace verdaderamente libres, es el único rol en el que están desalienadas y en el que pueden liderar como “mujeres”, independientemente de los varones. Cualquiera otra alternativa, es una renuncia a su libertad natural y no es, por tanto, emancipación sino mercantilización; sujeción al reino de lo masculino, insatisfacción (dado que el ser no se consuma) y sometimiento al sistema de necesidades creadas socialmente por el poder del varón. En fin, que cuando el feminismo anima a las mujeres a subvertir el ámbito doméstico, lo que hace, en realidad, es esclavizarlas. El patriarcado no está donde las feministas creen que está sino justo en el lugar al que ellas se dirigen.

En consecuencia, la igualdad entre hombres y mujeres no solo no es posible, sino que no es deseable, como sucede también si hablamos de las diferentes razas, naciones o clases sociales. 

La extrema derecha es racista, xenófoba y clasista, entre otras cosas, porque se asume que la desigualdad es un dato y que siempre ha habido y habrá seres “superiores”, llamados por naturaleza, a dirigir al rebaño. Y estos líderes naturales son los hombres, los blancos, los ricos y los nuestros. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que son los que mejor lo han hecho. Su éxito social ratifica sus méritos, sus méritos ratifican sus virtudes, y sus virtudes confirman sus capacidades naturales. En el fondo de este argumento, late una concesión, sin paliativos, a las sociedades meritocráticas basadas, eso sí, no al estilo “liberal”, en los éxitos empresariales-mercantiles, sino al estilo “conservador”, en el mantenimiento impertérrito de las esencias naturales-materiales (de lo que es y debe ser porque siempre ha sido). 

Y, una vez más, son las madres las que garantizan esa esencialización natural de las diferencias. A “nuestras” mujeres se las utiliza para paliar el déficit demográfico, pero, sobre todo, para asegurar la pureza racial y evitar la reposición a base de población migrante (teoría del gran reemplazo). De ahí que ahora quiera imponerse el ius sanguini sobre el ius soli, porque lo relevante es nacer de una madre concreta, ser uno de los nuestros, no el lugar en el que hayas nacido. El ser, sobre el estar, el convivir, la vecindad. La identidad pétrea de la sangre, el nosotros, sobre los vínculos que hay “entre” nosotros, el cosmopolitismo o el multiculturalismo. 

Esa madre homogénea y perfectamente identificable es la que garantiza también la estirpe que no es sino la clase social asentada sobre la propiedad privada y la herencia; la que acredita y conserva el lugar que la implacable rueda de la historia ha adjudicado a cada uno. El Estado aquí solo puede ser Estado-nación y garantizar el orden natural a base de fuerza policial, judicial y militar. Las políticas sociales se derivan a la gestión privada y a la familia convencional, convertida, de nuevo, en la única red segura para sostener la vida. La madre administra la vulnerabilidad.

Las derechas han asumido la racionalidad del miedo frente a la soledad, la fragmentación y el vacío, y no se han equivocado. Han entendido que necesitamos redes y vínculos comunitarios, y han ofrecido sus propias respuestas: las iglesias, los nacionalismos excluyentes y el conservadurismo político. Nos han colado una narración épico-narrativa de lo que somos las mujeres o deberíamos volver a ser. Y, lamentablemente, eso no se combate con una agenda puramente reactiva, eslóganes repetidos, frases manidas, insultos y descalificaciones. El feminismo ha perdido mucha musculatura en estos años y hay demasiada división y desnudez para un momento tan crítico. Aunque tuviéramos las calles, las calles no bastan.

El SPD ha caído en Alemania. Verdes y Liberales han seguido una suerte similar. El gobierno tricolor no ha funcionado. El resultado de AfD era una profecía autocumplida. 

El fracaso socialdemócrata ha sido, sin duda, lo más sonado este 23 de febrero y seguramente responde a un sinfín de factores, estructurales algunos, coyunturales otros, a la desorientación del partido y a las decisiones erráticas Olaf Scholz, pero hay también un aire de fin de ciclo histórico frente al que el gobierno ha reaccionado con perplejidad e inmovilismo. 

Las previsiones de la Comisión Europea daban a Alemania pésimos resultados económicos a medio plazo. Las estrictas normas fiscales que se apresuraron a defender en Bruselas, para atar en corto a los países del sur, han sido, finalmente, las mismas que les han asfixiado. Incluso el jefe del Bundesbank, Joachim Nagel, pidió hace unas semanas que se suavizara el freno de la deuda que Angela Merkel llevó a la Constitución para asegurar la austeridad. Este asunto sigue palpitando hoy sobre la mesa de negociaciones. El hundimiento de la industria automovilística y la factoría china, que satisface ya su demanda interna, vinieron a hacer el resto. Las empresas alemanas están cayendo una detrás de otra como un castillo de naipes. La crisis puede ser devastadora y se sumará a la crisis energética que sufre el país desde la guerra de Ucrania. Si no se lidera ni el mercado de las plataformas tecnológicas ni las cadenas globales de producción, el futuro acaba siendo una auténtica pesadilla. Alemania acusará, especialmente, los aranceles de Donald Trump y, además, la gestión de la OTAN por parte de EEUU les obligará a derivar parte de sus recursos a la política de defensa. 

Es evidente que la socialdemocracia alemana no ha sabido responder a este panorama tan apocalíptico y es posible que, a futuro, ni siquiera esté en condiciones de hacerlo. 

A la alternativa socialdemócrata le ha pasado factura el advenimiento de una sociedad postindustrial en la que se ha roto el pacto que existía entre el reformismo socialista de extracción burguesa y un mundo obrero en retroceso, sometido cada vez más a relaciones laborales temporales y frágiles. En la economía política de la inseguridad son los trabajadores industriales o blue collars los que padecen las crisis. Parcialmente sustituidos por contingentes de inmigrantes (a los que no se duda en demonizar), se ven obligados a elegir entre sufrir un elevado desempleo o ser pobres con “trabajo”. En este contexto, es en el que triunfa el discurso neofascista de la “reemigración” y en el que un 80% de la población entiende que debe haber alguna corrección del modelo de acogida. La antigua RDA se entrega en cuerpo y alma a Alternativa por Alemania, después de una reunificación que no estuvo a la altura de las expectativas y que se tradujo en marginación, frustración y falta de autoestima. Los jóvenes votan a los ultras borrando el pasado nazi que no han vivido y convencidos de que se les ha robado el futuro. El pesimismo y las emociones tristes siempre mueven resortes excluyentes y regresivos bajo modelos autocráticos.

Lo cierto es que en la fase postindustrial del capitalismo financiarizado y cognitivo, la socialdemocracia ha perdido parte de su base social, entre otras cosas, porque la posición laboral ha dejado de ser causa de pertenencia para ser causa de desigualdad y jerarquización social, y se ha debilitado el discurso de las necesidades materiales y del pleno empleo que movilizaba al sector obrero. Los trabajadores industriales no gozan de estabilidad, ni de continuidad biográfica; nada es seguro ni a largo plazo para ellos. Y esta inseguridad, que ya es endémica, resulta electoralmente rentable para las derechas que encuentran en el nacionalismo, la xenofobia y el proteccionismo una expresión de pertenencia alternativa. Las apelaciones a determinados valores tradicionales como elementos de identidad comunitaria, rescatan un elemento emocional para la política que permite reforzar los vínculos y el sentimiento de inclusión. Y uno de los mayores obstáculos que afronta cierta socialdemocracia es el de no ser capaz de movilizar emoción alguna en una situación evidente de fragmentación social. La opción descafeinada por una mera gestión técnica del neoliberalismo, por el centrismo ideológico o la mentalidad business friendly, no resulta una opción electoralmente atractiva cuando las mayorías tienen poco que perder.

Por esta razón, entre otras, el SPD debería volver a sus raíces: ocuparse de la clase trabajadora y frenar el capital especulativo. Las izquierdas deberían integrar la disparidad de identidades proletarias fragmentadas y precarias que ha alumbrado un nuevo contexto postfordista en el que ya no existe un proletariado global en sentido orgánico.  

Evidentemente, combinar semejante horizonte con el que prefigura la CDU en Alemania se antoja, cuando menos, difícil. La CDU pretende superar el impasse con más política migratoria, represión y control de fronteras, bajada de impuestos, menos gasto social y retroceso ambiental. Merz fue directivo del fondo de inversión estadounidense BlackRock, es un millonario de tendencias conservadoras que podría propiciar, más o menos conscientemente, un marco favorable para la AfD. De momento, ya sabe que violar el cordón sanitario no acarrea consecuencias tan graves y que puede permitirse romper algunos tabúes. 

Que el gobierno de Alemania esté hoy en manos de la posible coalición de dos fuerzas que deberían ser tendencialmente contradictorias se ha visto como una salida airosa que nos permite respirar, pero no hay que olvidar que es Friedrich Merz quien tiene las riendas y que la ingeniería tiene sus límites en política. Si las izquierdas no toman nota, con semejante experimento, no será fácil frenar la implacable aniquilación que encabalgan las derechas en toda Europa. Si el SPD se convierte un mero comparsa de las propuestas democristianas este paréntesis será el de una oportunidad perdida. Apenas queda tiempo para cambiar el signo de la historia.

El dúo Trump-Musk ha ofrecido una entrevista en la que reitera, con una sola voz, su plan de recortes para sacar a EEUU del déficit y el riesgo de bancarrota. El déficit está causado, en parte, por la rebaja de impuestos que Trump impulsó para favorecer a las rentas altas y por los incrementos de deuda pública que Trump también alentó. Ahora, con los aranceles y las rebajas fiscales, es muy probable que esos intereses suban, pero nada de esto es importante… lo importante no es la lógica del dato sino la del relato. El objetivo es culpar a la Administración de todos los males que en el mundo han sido y la tarea ha comenzado con una oferta masiva de bajas incentivadas y el despido de miles de trabajadores públicos. 

“Si la burocracia se opone a la voluntad del pueblo e impide que el presidente ponga en práctica lo que el pueblo quiere, entonces vivimos en una burocracia y no en una democracia”. Con esta frase tan lapidaria como absurda se ha despachado el amigo Elon para explicar el modo en que va a acabar con el desperdicio, el fraude y el abuso en la Administración estadounidense, sin necesidad de ofrecer ninguna prueba de tal nivel de deterioro. Su sola palabra es suficiente. “Ladrillo a ladrillo, dólar a dólar, centavo a centavo, el pueblo estadounidense está recuperando su país de las garras de una burocracia fuera de control”. Lo dice en el nombre sagrado del pueblo, un tecnomagnate elegido a dedo que dispone a su gusto de un Departamento diseñado a su medida. Lo dice sabiendo, además, que la lucha contra la burocracia no se traduce en más democracia ni, por supuesto, en mayores dosis de autogestión popular. 

El aliño que acompaña a esta homilía es el que proporciona la demonización de los funcionarios, a la sazón, corruptos, ineficientes e inútiles que se han hecho de oro poniendo obstáculos al progreso. Musk llegó a decir que cobraban pensiones hasta después de muertos, que prolongaban artificialmente sus contratos o que gestionaban sus jubilaciones de manera arcaica e irregular. Los supuestos 50 millones de dólares en condones que algunos de esos funcionarios iban a enviar a Hamás fueron una muestra premonitoria de su ilimitado delirio. 

El primer paso era el de eliminar al 95% de los empleados de la agencia de ayuda exterior, donde se engloba la USAID, la ayuda al desarrollo, aunque su presupuesto federal se sitúa entre el 0,7% y el 1,4% del total. Según Musk, la “USAID es un nido de víboras de marxistas radicales de izquierdas que odian América”, básicamente, “una organización criminal”. De momento, los jueces han logrado frenar esta ofensiva y han conseguido impedir también la congelación de los préstamos, ayudas y subvenciones a los Estados y organizaciones no gubernamentales, pero la lucha continúa. El siguiente objetivo es el de minar el Departamento de Educación, el Pentágono y el Departamento de Salud. Trump destituyó ya a la mayoría de los inspectores que supervisan a la Administración, despidió a los fiscales y empleados del Departamento de Justicia que lo investigaron y suspendió de empleo a los funcionarios de áreas previamente vaciadas, incluidas las de diversidad, igualdad e inclusión. Parece que la fiesta se promete larga.

El mantra que acompaña semejante desmantelamiento es un clásico de todos los tiempos: el Gobierno es demasiado grande. Hace demasiadas cosas y no hace casi nada bien. El gobierno dificulta, paradójicamente, la gobernabilidad. Solo se puede gobernar sin gobierno.

De manera que lo que prometía ser novedoso finalmente no lo es. Las excentricidades del dúo Trusk conectan con las propuestas neoconservadoras de toda la vida según las cuales la democracia tiene que reducirse a una mera elección entre las propuestas técnicas que elaboran las élites económicas. El discurso de la sobrecarga estatal y el de la ingobernabilidad exige acabar con las demandas “insaciables” de ciertos colectivos y erradicar los conflictos que protagonizan ecologistas, feministas, minorías étnicas, regionalistas y estudiantes, aunque, curiosamente, esos conflictos son más expresivos e identitarios, que estrictamente instrumentales. Es decir, aunque la mayor parte de estas reivindicaciones no suponen un nuevo impulso al gasto público de transferencias y servicios sociales, sino que exigen, más bien, políticas simbólicas y culturales. La cantinela es, en todo caso, que el aumento constante de demandas suscita un incremento de la presión fiscal y un descenso de beneficios empresariales, con la consiguiente caída, dicen, de la capacidad de contribución financiera. Como si fuera creíble todavía que existe una relación directa entre la bajada de impuestos a los ricos y la creación de riqueza y empleo.

El dúo Trusk quiere acabar con la inflación de reclamaciones colectivas, la sobre-regulación, la sobre-burocratización y la sobre-igualación, por tratarse de tópicos políticos que tienden a ahogar el incentivo y la iniciativa de las actividades del mercado libre. Lo que no se entiende es que una supuesta crisis económica pueda solucionarse con la tesis del “no gobierno” que ellos mismos proponen. En fin, la clásica tensión que existe entre el capitalismo y la democracia se resuelve, sin ningún rubor, en favor del primero, pero no por razones económicas sino puramente ideológicas y oportunistas. 

Y el círculo se cierra con una idea muy sencilla. La apuesta radical por el tecnocapitalismo exige torpedear la credibilidad del Estado para sustituirlo por una figura cómoda para las élites dominantes y comodín del gran capital; una especie de Leviatán individualizado y autoritario que lo ponga todo al servicio de la revolución tecnológica y de un progreso tan reaccionario como elitista. 

Está claro que cuando el darwinismo social es el desiderátum sobra la Administración, los funcionarios y el sector público. Sobramos todos, en realidad. Lo único que se requiere es un poder centralizado y fuerte que garantice con rigor el buen funcionamiento de los juegos del hambre. 

Un incremento del 61% en el SMI es absolutamente histórico. Sin embargo, comunicativamente, esa victoria se ha convertido en un conflicto interno y en una posible derrota parlamentaria del Partido Socialista. Una gestión mediática que ha subrayado en exceso las diferencias en el gobierno de coalición y que viene precedida del reciente enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo a cuento de la reducción de la jornada laboral. El PSOE le ha regalado una baza a los populares que nunca estuvieron a favor de la subida del SMI pero que, curiosamente, hoy se han apresurado a presentar una proposición de ley para que no se pague el IRPF. 

El Partido Popular siempre se abonó al bulo según el cual una subida del salario se traducía automáticamente en un freno a las contrataciones, algo que ha resultado ser radicalmente falso. Desde los 736 euros brutos al mes de 2018 a los 1.184 actuales, en España ha aumentado el número de trabajadores y ha disminuido el de parados. La ratio de desempleo es menor que hace seis años y no parece haber relato que pueda matar ese dato. Ese bulo lo han alentado también las patronales que solo respaldaban un incremento del 3% si se contemplaban bonificaciones para el sector agrícola y se revisaban las contratas públicas. Una propuesta insostenible situada fuera de la realidad laboral de este país y de buena parte de Europa.

Hoy, sin embargo, gracias, en parte, a la falta de diálogo y de respeto entre los socios de gobierno, una mala concepción del branding, la exhibición de las disputas y la espectacularización de la política, esas mismas derechas pueden recurrir tranquilamente a las consabidas consignas populistas según las cuales es el gobierno progresista el que sube los impuestos a los pobres y apoyar, así, un movimiento anti-impuestos que se orienta a jibarizar el Estado social. Una cultura fiscal que desmantela los servicios públicos de los que dependen, precisamente, quienes menos tienen. 

En fin, más allá del mayor o menor éxito de estos relatos, lógicamente, resulta chocante que sean los más vulnerables los que vean reducida su capacidad adquisitiva cuando es esa capacidad la que se pretende aumentar con el SMI (aunque la tributación afecte solo a un 20% de sus perceptores). Evidentemente, si se hubiera subido ese salario en un porcentaje mayor (en lugar de en un 4,4%), tal como pedían los sindicatos, se hubiera amortiguado adecuadamente el impacto de la obligación tributaria. Pero ya es tarde para eso. 

Ahora se ha decidido no tocar el mínimo exento por una necesidad recaudatoria a la que no puede connotarse negativamente (ya tenemos suficientes problemas de evasión fiscal). Lo que resulta sorprendente es que, finalmente, sean quienes menos tienen los que más tributen. Se da la paradoja de que los 1.500 millones, aproximadamente, que Hacienda pretende recaudar con esa medida son los mismos que se perdonan a las eléctricas. Y con este panorama, es difícil hablar seriamente de justicia fiscal. 

Con todo, la pregunta sigue siendo si en este momento las rentas bajas deben o no hacer la declaración de la renta y si se puede mantener un mínimo exento a perpetuidad considerando que eso facilitaría también la exoneración fiscal a las rentas más altas que dejarían de tributar por esa misma cantidad (en este momento, los primeros 16.500 euros).

Las rentas más bajas pagaron en España un 6,7% en impuestos en el año 2023, mientras la media comunitaria se situaba en un 19%. Nuestra presión fiscal sigue estando por debajo de la europea y tenemos un sistema impositivo escasamente redistributivo. El SMI tributa en la mayor parte de los países de nuestro entorno y eso facilita también la transparencia y el control por parte de la Agencia Tributaria. Una información fiscal transparente garantiza, además, la buena ejecución de las políticas de renta y el acceso a las ayudas. 

De manera que, visto así, quizá la clave no radique tanto en la tributación a Hacienda por parte de las rentas más bajas cuanto en hacer compatible esa tributación con un SMI que garantice el 60% del salario medio neto y en asegurarse de que el legítimo afán recaudatorio y la lucha contra la opacidad se perciba sobre todo en las rentas del capital y no solo en las del trabajo. No basta con hacer incisiones parciales, más o menos tácticas, en el sistema fiscal. A estas alturas, está claro que urge abordar una reforma que sea holística e integral.

La reducción de la jornada laboral es claramente beneficiosa para los trabajadores precarizados y para las mujeres (que trabajan mayoritariamente a tiempo parcial) y su puesta marcha garantiza, además, el trato laboral igualitario que no puede faltar en un Estado social.

Hoy afecta a 12 millones de trabajadores porque el resto ya la tiene establecida mediante convenio, de manera que, de momento, no todos trabajamos lo mismo. La sentencia del Tribunal Constitucional (1990) sobre la reducción de 1983 avaló la reducción de jornada a 40 horas semanales subrayando, precisamente, que no aplicarla de manera uniforme podría violar el principio de igualdad, aparte del artículo 40.2 de la Constitución que garantiza el descanso para todos. También entonces la patronal la veía como una vulneración de la libertad de negociación colectiva o la seguridad jurídica de los convenios preexistentes, pero el PSOE la sacó adelante gracias a una mayoría absoluta que no dependía, como ahora, ni de un Partido Popular errático ni de los canjes oportunistas del señor Puigdemont. La propuesta actual aún no cuenta con el apoyo parlamentario que necesita y es probable que quede finalmente alterada, pero, con todo, es un paso esencial en la lucha de los trabajadores que ya se ha producido en buena parte de Europa.

Los datos de Eurostat revelan que el número medio de horas semanales habituales de trabajo en los 20 países de la zona euro a partir de 2023 era ya de 36,6. Francia introdujo el sistema de semana laboral de 35 horas de forma obligatoria, por ley, aunque con incentivos públicos. Países Bajos han avanzado hacia una semana laboral de cuatro días a través de iniciativas individuales y con una poda salarial que en España no se producirá. A la jornada de cuatro días se encamina también Polonia, Bélgica, Reino Unido o Portugal, con sus particularidades, y considerando que en algunos lugares las horas trabajadas podrían ser, finalmente, las mismas.

La reducción tiene que venir acompañada, como es lógico, de un registro de jornada que tiene que digitalizarse y controlarse. El INE detecta que más de 1 millón de personas asalariadas a jornada completa trabaja habitualmente más horas de las que tiene pactadas, sin que esas horas se paguen ni se coticen. Dentro de ese millón de asalariados, hay 636 mil personas con una jornada de 40 horas que trabajan de forma habitual un número mayor de horas. Ese trabajo no pagado genera un valor añadido del que se apropian íntegramente los empleadores y se traduce en menores ingresos públicos. Con las horas extra no pagadas en España se podrían crear 70 mil empleos a jornada completa.

Cuando terminan esas jornadas maratonianas, a esos trabajadores no se les suele respetar el derecho a la desconexión digital. Las transformaciones tecnológicas empiezan a servir para camuflar nuevas formas de explotación… horarios imposibles, casas convertidas en fábricas, presión continua, estrés y ansiedad.

El derecho a la desconexión se regula en España vinculado al derecho a la intimidad y se protege como un elemento potenciador de la conciliación de la vida laboral y personal. Se configura como un derecho individual del que el trabajador puede disponer y, en ciertos supuestos, puede quedar invalidado por un pacto de disponibilidad o de guardia. Su modalidad varía según la realidad empresarial y la relación laboral en concreto. Ahora, todo eso puede cambiar. En la propuesta del gobierno, se amplía el derecho a la desconexión digital para impedir que las empresas contacten a los empleados fuera de su horario y esos empleados no pueden renunciar al ejercicio de ese derecho por ninguna vía.

Una vez más, nos hemos colocado a la cabeza de Europa. A pesar de los notables avances que se han apreciado en Francia, Bélgica y, sobre todo, en Portugal, en la Unión Europea no se ha llegado a regular específicamente el derecho a la desconexión (aunque se supone que está amparado con carácter general por la Directiva de tiempo de trabajo). Hubo un iniciativa del Parlamento Europeo que pedía una directiva que lo regulase (2021) y la Comisión (Schmit) se comprometió a legislar la cuestión (2023), llegando a lanzar un proceso de consulta a los agentes sociales (2024), pero no hay interés en fomentar la desconexión digital. De hecho, ni siquiera se mencionó cuando se abordó el trabajo en plataformas digitales, donde los trabajadores funcionan según la demanda que les llega a través de su móvil. Además, en la regulación general de la UE se vincula el derecho a la desconexión con el tiempo de trabajo (es decir, con el descanso) y eso no acaba de reflejar la problemática que acarrea la hiperconectividad en términos de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener presente, como nos recuerda el laboralista Paco Trillo, que el estrés laboral, la tecnofatiga y la tecnoadicción se relacionan con la necesidad incontrolable de utilizar las TICs y desencadenan episodios obsesivo-compulsivos.

Para que el trabajo no sea alienante sino una fuente de emancipación hay que trabajar menos. Un trabajo placentero es central para mejorar las condiciones de vida personales, fortalecer las instituciones públicas, proteger los bienes comunes y facilitar la cohesión social. Aunque no logremos cambiar el sistema productivo por la vía de la negociación laboral, es evidente que garantizar el derecho al empleo, la reducción masiva de la jornada, un buen salario y la gratuidad de servicios sociales, es una apuesta que merece la pena en términos humanos, sociales y productivos porque la productividad tampoco se consigue con jornadas más largas. Como nos dijo Marx en El Capital, si queremos alcanzar el “reino de la libertad” hay que transformar los principios de funcionamiento del mercado laboral.

Está claro que Junts quiere marcarle el paso al Gobierno. Puigdemont, en particular. El objetivo es mostrar musculatura irrumpiendo en el Consejo de Ministros desde su exilio, aunque se trate de una musculatura relativa que, hasta el momento, tiene, sobre todo, efectos retardatarios y simbólicos. Junts solo gobierna en un Ayuntamiento y en la Diputación de Barcelona. Su única fuerza se reduce a siete votos parlamentarios a los que quieren sacarle todo el rendimiento. En la negociación del Decreto han conseguido una victoria pírrica que se traduce, básicamente, en convertir el Congreso en un teatro, inflamar las redes sociales, alentar titulares y fomentar la autosatisfacción de sus seguidores más frustrados. Política espectáculo y compás de espera. Tensar, pero no ahogar. Una proposición no de ley para debatir una cuestión de confianza y demostrar lo que ya se sabe, lo que saben todas y cada una de las formaciones políticas que apoyan al gobierno: que sus votos cuentan. En el caso de Junts, es obvio que también descuentan, aunque me temo que esta vez se han pasado con el tacticismo: con el futuro de los jubilados no se juega (buena parte de su propio electorado).

También está claro que el PSOE tiene que negociar con más seriedad, humildad y discreción. Dadas las circunstancias, colar hasta 80 propuestas en un formato de todo o nada no es la mejor manera. Aunque es inevitable pensar que, sea como fuere, los independentistas utilizarán cualquier negociación para avanzar en sus prácticas onanistas, hay que ponerle freno tanto al dramatismo como al triunfalismo. Si se percibe en exceso la dependencia, más o menos forzada, de los siete diputados de Junts, el resto de socios de la investidura albergará tácticas parecidas. No se trata de tejer un sudario durante el día para destejerlo por las noches. Pero, sobre todo, es una pésima estrategia alimentar el estrés social con negociaciones agónicas in extremis, con movimientos que, narrados minuto a minuto, generan incertidumbre y angustia entre quienes menos tienen. De esos temores se nutre la ultraderecha y las propuestas antidemocráticas en todo el mundo. Un gobierno tiene que ofrecer certezas y seguridad para no perder credibilidad. Cuando la situación es adversa conviene andar con pies de plomo.

Y, finalmente, es evidente que el PP sigue en el planeta de los simios. Secuestrado por las lógicas voxistas, desorientado y entregado por completo a la performance. Empezaron mintiendo sobre el Decreto, hablando de una subida del IVA para los alimentos que no se mencionaba, y manipulando todo lo que se decía sobre la electricidad. Dos cuestiones de calado que generan preocupación con la vista puesta, una vez más, en motivar una revuelta social que no se ha producido. Después, forzaron una votación en el Senado para obligar al gobierno a hacer lo que ya se estaba haciendo. Una sucesión de gestos inútiles. Ahora han decidido votar a favor del Decreto porque la factura que pagan por defender su auténtico programa es cada vez más alta. Están dedicados a cavar su propia tumba con entusiasmo. No se puede hacer oposición si uno no logra asumir que lo es, ni sabe exactamente dónde está. Lo mejor es que las derechas se han desgañitado señalando a Sánchez como un ser despreciable dispuesto a pactar con Junts para mantenerse en el poder y ahora ese marco ha saltado por los aires. Junts ha conseguido dejar a los populares sin relato y les ha obligado a gestionarlo en solitario. Ejecutar el programa de Vox y coquetear con Junts es una cuadratura del círculo para la que al PP le faltan hechuras.

En fin, el Decreto ha salido adelante y es un alivio para las personas más vulnerables. Hay que felicitarse por estos acuerdos, cuesten lo que cuesten. No hay gobiernos de mayorías absolutas en ningún lugar de Europa y nos tenemos que acostumbrar a debatir y negociar, entre otras cosas, porque es la esencia de la política. Como también hay que acostumbrarse a las concesiones y las derrotas, entre otras cosas, porque es la esencia de la democracia. Si algo define a una democracia es que es el único sistema en el que se puede perder cualquier votación.

Sin embargo, hay que hacer algunas advertencias porque ciertas escenificaciones y la falta de responsabilidad de algunos partidos pueden alimentar la desconfianza en ese sistema. No solo en políticos y gestores sino, por extensión, en todo el cuerpo de funcionarios de la Administración pública donde el crédito y la autoridad es cada vez menor. Justo cuando la economía crece, el paro baja y hay un amplio escudo social, no podemos permitirnos que la gente deje de creer en la política. Hoy hay más cinismo, más nihilismo y más conservadurismo que ayer. Buena parte de los más jóvenes valoran con indulgencia las autocracias electorales y el despotismo que vemos en EEUU y en algunos países de Europa. Queremos pensar que las políticas sociales efectivas son un componente necesario, aunque no suficiente, para ganar elecciones, pero sabemos que en el peor de los escenarios también pueden ser irrelevantes. Es importante que en cada ardua negociación no nos llevemos por delante nuestros valores, principios y narrativas, y que no generemos situaciones que, finalmente, se puedan volver contra las mayorías sociales y las clases populares.

Hemos presenciado el vergonzoso interrogatorio que el juez Adolfo Carretero ha espetado a una presunta víctima de agresión sexual, Elisa Mouliaá. Lamentablemente, no es la primera vez que sucede ni parece que vaya a ser la última. El abuso de poder es evidente, la falta de imparcialidad también. Hay que plantear preguntas para recabar indicios, pero no de forma tendenciosa. Si las denunciantes son prejuzgadas y sometidas al molde que define a la víctima ideal, está claro que el proceso judicial desalienta y revictimiza. Estos interrogatorios incisivos y ofensivos, que ya prohíbe la legislación vigente, se orientan a la absolución performativa del presunto agresor en la idea de que la víctima estaba predispuesta y su consentimiento implícito. 

Hace tiempo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) constata la existencia de pruebas reforzadas en los juicios de agresión sexual, pruebas diabólicas que obligan a las mujeres a demostrar su inocencia. Que en España falta formación y sensibilización de género en la judicatura, ya lo sabemos. No hay más que ver la cantidad de cuestiones de constitucionalidad que tuvo que superar la ley de violencia de género o el modo en que ciertas Audiencias evitan aplicarla todavía. Por esta razón, entre otras, hace falta que sean los Juzgados de Violencia contra la Mujer los únicos que se ocupen de estos casos. Sería deseable, además, que el renovado CGPJ, que ha abierto un expediente al juez Carretero tras recibir 900 quejas sobre su interrogatorio a Mouliaá, siguiera reaccionando como no lo ha hecho hasta ahora y desacreditara siempre este tipo de actuaciones. Faltan medidas disciplinarias en el espacio judicial. 

En este país solo se denuncia una de cada diez agresiones sexuales. El 90% acaban cayendo en un agujero negro. Apenas se denuncia, hay muchas renuncias a las denuncias, escasa protección a las víctimas, pocas condenas y contradenuncias de los agresores convictos. Los estereotipos de género restan credibilidad a las mujeres. 

En el resto de Europa tampoco es muy diferente. Según la última encuesta europea sobre violencia de género (2022) el 13.7% de las mujeres europeas han sufrido violencia sexual alguna vez en su vida desde los 15 años (casi dos millones y medio), pero buena parte de ellas no acude nunca ni a la policía ni a los juzgados. 

A raíz del caso Errejón se ha criticado mucho a Cristina Fallarás por recoger testimonios de mujeres anonimizadas que dicen haber sufrido agresiones sexuales. Según las críticas, los hombres tienen miedo a los linchamientos, a la cancelación y a la muerte civil, aunque nada de esto supera el filtro de los hechos.

La cuestión es que esos relatos no son denuncias ni pruebas (quien señaló a Errejón, de hecho, no lo hizo nominalmente), más bien funcionan como un resarcimiento terapéutico inmediato, sin necesidad de sentencia ni condena. Hablamos de espacios de seguridad y confianza a los que ha recurrido continuamente el feminismo a lo largo de su historia. Ahí están los grupos de autoconciencia, que se crearon en EEUU en los años sesenta, dando lugar a lo que después se llamó el “feminismo radical”. Una corriente según la cual el sistema de dominación sexual masculina convierte el sexo en una categoría social impregnada de política y que considera a las mujeres víctimas de una opresión, ejercida a través del cuerpo, la sexualidad y la reproducción.

Por lo demás, denunciar en los juzgados no es un deber sino un derecho. Por eso tenemos otros sistemas de acreditación de la condición de víctima reconocidos jurídicamente (centros de crisis, servicios sociales, servicios especializados, juzgados de lo social o inspecciones de trabajo, por ejemplo). 

Interpretar una red compartida de testimonios como un linchamiento es intentar cancelar un debate social que tiene que darse, alimentar la cultura de la violación y cultivar prejuicios sexistas. Esta es una estrategia muy utilizada para amparar los pactos de silencio propios de la homosociabilidad tóxica. Los silencios que han acompañado la violación continuada de Gisèle Pelicot, las redes de pederastia en la Iglesia, las complicidades en los prostíbulos o la trata en las fronteras. Es la misma estrategia que excluye de la violencia sexual a los varones “normales” insistiendo en la falsa idea de que los violadores son siempre seres patológicos y manzanas podridas. La estrategia de quienes dudan sistemáticamente de las mujeres y creen que no distinguimos entre el “mal sexo” y la violación, o que somos tan mojigatas y puritanas que nuestros remilgos morales no nos permiten diferenciar el pecado del delito. 

Entre otras cosas, el machismo consiste en individualizar los problemas estructurales haciendo recaer sobre las mujeres la responsabilidad heroica de hacerse cargo de todo. En muchos casos, se identifica el rol de víctima con una posición limitante y se anima a sustituir el trauma personal que provoca la agresión por una experiencia supuestamente empoderante en la que la ausencia de consentimiento propio transmuta en un oculto deseo afirmativo. En las relaciones sexuales, “buena parte del deseo se alimenta del silencio, que permanece oculto”, decía Ana Iris Simón en una columna reciente. La autonomía sexual no se identifica aquí en el consciente sino en el subconsciente, aunque esto, por supuesto, no solo nos inhabilita como víctimas sino como denunciantes dado que anula por completo la posibilidad de probar algo en un proceso judicial.

En fin, el linchamiento no es cosa del feminismo. En caso de existir, sería, más bien, un problema de espectacularización. Lo que busca el feminismo es que la calificación y la valoración de las conductas se acomoden a las vivencias y los testimonios de las mujeres consideradas en su conjunto. Por eso exige formación feminista para la judicatura y una dinámica procesal más centrada en ese testimonio y esas vivencias, sin despreciar ningún canal de identificación ni de expresión. El objetivo es que no prevalezcan razonamientos y prejuicios sexistas sobre lo que es o no es una relación sexual o sobre la sexualidad “socializada” de varones y mujeres. 

El interrogatorio del juez Carretero es una muestra de que esos canales siguen siendo necesarios porque las mujeres no estamos siempre a salvo ni frente al Derecho, ni frente a las decisiones judiciales que se ocupan de ejecutarlo.

Hay una guerra judicial. Entre el poder judicial y el Gobierno. Entre fiscales, jueces y acusaciones populares. Entre jueces conservadores y progresistas. La situación es kafkiana y se desarrolla a tal velocidad y en tantos ámbitos a la vez que la mayor parte de los mortales ya ha debido perder el hilo.

En los últimos días, hemos visto al PSOE proponer un recorte de la acusación popular a fin de evitar el uso perverso que se ha venido haciendo de este instrumento (un clásico de hace años). Llama la atención que ese recorte se pueda aplicar a procedimientos en curso (algunos de los cuales implican directamente al partido), porque esta “retroactividad” contradice el régimen transitorio habitual en estos casos. Y llama también la atención que una ley orgánica que afecta a un derecho constitucional se reforme con una proposición de ley, es decir, sin el control previo del CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal (sobre todo cuando es improbable que salga adelante). Con todo, dicho esto, es evidente que la acusación popular tiene mucho margen de mejora y puede ajustarse y perfeccionarse.

Preocupa, por ejemplo, el modo en que ha podido favorecer las filtraciones, la espectacularización y la prolongación excesiva de los procesos y sus derivadas. Un caso paradigmático es el del fiscal general del Estado.

En estos días, el Ministerio Público ha solicitado que Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, comparezca de una vez ante el juzgado que le investiga porque está a punto de expirar el plazo que se establece para eso. En mayo, junio y noviembre no se pudo obtener su declaración y aunque el plazo es prorrogable, no se puede prorrogar si no se toma declaración a los investigados. La dilación es obvia y contrasta con la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, citado a declarar el próximo 29 de enero. 

La Fiscalía ha apoyado también la apertura de una línea de investigación centrada en un delito de corrupción en los negocios cometido presuntamente por el novio de Ayuso, defendiendo la solidez de su investigación porque no se basa en informaciones periodísticas sino en un procedimiento administrativo contradictorio llevado a cabo por la Agencia Tributaria. 

La acusación popular ha sobreestimulado la presentación de querellas sostenidas sobre recortes de prensa de los que no se deduce indicio delictivo alguno, sobre bulos y fake news.

Hoy mismo, la Audiencia de Madrid ha puesto en manos de Peinado otra querella contra Begoña Gómez revirtiendo la decisión de una jueza que determinó que no había indicios de delito. La causa contra la esposa del jefe del Ejecutivo arrancó en abril del año pasado tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Y tras la incorporación de nuevas acusaciones populares como Vox, HazteOir o Iustitia Europa, el caso viró hacia su relación con la Universidad Complutense y el Instituto de Empresa. La lista de imputados no ha dejado de crecer desde entonces.

Evidentemente, son los jueces los que tienen que rechazar semejantes montajes, como ya indicó hace tiempo el Tribunal Supremo, pero no siempre lo hacen. Por eso también es conveniente que se amplíen las causas de recusación de jueces y magistrados que hacen manifestaciones públicas claramente tendenciosas. Los jueces son un poder contramayoritario pero no son la oposición al Gobierno. Su obligación es la de defender nuestras instituciones democráticas, no la de boicotearlas. De manera que a estas recusaciones habría que sumar la adopción y aplicación de medidas disciplinarias y un control más eficaz de nombramientos y ascensos.

Los jueces de instrucción tienen mucho poder (pueden ordenar entradas y registros, detenciones y prisiones provisionales) y algunos de ellos lo usan de manera despótica abriendo, sin justificación, varias líneas de investigación simultáneas, especialmente si los casos son mediáticos. Así que faltan inspecciones y una vigilancia más exhaustiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tendría que superar las consabidas tentaciones corporativistas. 

Hoy mismo, se jubila el juez Aguirre, instructor en la trama rusa del procés, que imputó a Puigdemont en plena aplicación de la amnistía a fin de torpedearla. Y también hoy el Pleno del Tribunal Constitucional ha recusado a José María Macías para conocer de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo contra la amnistía. En el CGPJ, Macías encabezó a un grupo de vocales conservadores que se opuso activamente a la ley y bloqueó durante años la renovación del Tribunal Constitucional del que ahora forma parte. Todo un antisistema.

Entretanto, el poder judicial sigue sin acuerdo para renovar el modelo de elección de los jueces (el plazo se acaba el 6 de febrero). Los progresistas quieren que el Parlamento intervenga en la elección de todos los vocales y los conservadores que sean designados directamente por los jueces. El Tribunal Supremo, que ha sido consultado, ha remitido un texto en el que incluye propuestas en ambos sentidos, pero si intervinieran las Cortes sería sólo para refrendar a los candidatos elegidos por los jueces. O sea, el refrendo parlamentario se limitaría a constatar la idoneidad de esos candidatos. Sea como fuere, el sector conservador siempre sería mayoritario y, casi con total seguridad, alcanzaría los votos necesarios para sacar adelante los principales nombramientos en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional. Eso sí… el Supremo muestra preocupación por garantizar el pluralismo… pero no por el que representa el Parlamento, sino por el de sus propias asociaciones profesionales. Genio y figura. El texto se ha aprobado por unanimidad.

El Consejo de Europa ha dejado claro que son tan válidos los mecanismos de elección a través de órganos de representación política, como por parte de los miembros de la carrera judicial. En realidad, como ya apuntaba el Tribunal Constitucional español en 1986, todo tiene sus riesgos porque tan negativa es la politización, como el corporativismo. Dice la Comisión de Venecia que lo importante aquí es garantizar que los jueces sean autónomos y que no trabajen al dictado de un partido. 

La cuestión es que la solución a todo esto requiere tanto de la férrea voluntad política de unos y de otros como de leyes eficaces que los dejen atados al mástil del Estado constitucional, como en Ulises y las sirenas. Y, al menos, de momento, ese horizonte parece lejano. 

Manuel Piñar, el juez que encarceló a Juana Rivas, reclama una indemnización de 100.000 euros al poder judicial por “daños y perjuicios”. No los que él ocasionó con una decisión errada, sino los que le ocasionaron a él los efectos colaterales de su incompetencia y su incontinencia. Se obcecó con la víctima, la revictimizó y la utilizó contra el Gobierno mientras profería insultos y comentarios machistas. Se le abrieron dos causas penales y el CGPJ le sancionó por difundir datos privados de uno de los hijos de Juana Rivas, que ha sufrido durante años la violencia vicaria de su expareja. Ahora nos cuenta que la víctima fue él porque esta causa mermó su salud y mancilló su honor y su consideración pública. Exige que se le pague lo que ha dejado de ganar por haberse visto “obligado” a prejubilarse “voluntariamente”. El CGPJ le negó este miércoles la indemnización solicitada.

La deriva de los jueces en este país es digna de un tratado pormenorizado y sesudo, aunque si no habláramos de personas que ostentan enormes responsabilidades sería, más bien, digna de una pluma tragicómica. 

Heredero del franquismo, el poder judicial no fue depurado como hubiera exigido el paso ordenado de una dictadura a una democracia, la justicia transicional que nunca tuvimos. La politización descarada, las decisiones tendenciosas, las actitudes mafiosas, las tentaciones prevaricadoras y la sensación de impunidad han venido deformando el papel y la imagen de un buen número de magistrados. A algunos de ellos hay que sumarle, además, el clasismo, el machismo y las risotadas tabernarias, perdido ya el decoro y el sentido del ridículo.

Es evidente que habría que revisar los tipos disciplinarios que recoge la ley del Poder Judicial para salvaguardar a la institución de semejantes personajes… pero sigue siendo necesario mejorar los mecanismos de control o el sistema de nombramientos y ascensos de la magistratura. Y hace tiempo que nos urge una reflexión crítica sobre el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, como mínimo. No olvidemos que hemos tenido un Consejo presidencialista y autocrático que, incluso caducado, ha determinado decisivamente los nombramientos judiciales en la cúpula del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Que la derechización de la Audiencia Nacional, la que instruye casos de terrorismo y macrocorrupción, es preocupante (seis de los ocho candidatos a presidirla fueron cargos del PP o personas afines). Que el Constitucional ha ejecutado sanciones contra parlamentarios, haciendo uso de unas prerrogativas que no tiene un Constitucional en ningún lugar del mundo. 

En fin, tengamos presente que en las altas instancias judiciales no se ha venido asegurando ni la independencia, ni la imparcialidad. De hecho, las interferencias de los partidos políticos han sido tan notorias que, a fuerza de jaloneos, repartos de cuotas y tráfico de influencias, han sido los propios partidos los que han acabado por retirarle su confianza y la judicatura la que les ha declarado una guerra sin cuartel, paradójicamente, asimétrica.

La cuestión es que empieza a extenderse la impresión de que los jueces no nos protegen, que protegen solo a los poderosos o se protegen entre ellos. 

El lawfare que hemos visto en América Latina, el que mantuvo a Lula durante dos años en una cárcel sin pruebas, empieza a tomar cuerpo en nuestro país. No es sorprendente que las escuelas judiciales y los programas de capacitación jurídica se hayan convertido en una gran inversión para think tanks y grandes capitales. Sin ir más lejos, en las causas con las que se pretende cercar al presidente del Gobierno, la de Aldama y su bomba de racimo, la de su esposa, Begoña Gómez, o la de su hermano, David Sánchez, hemos visto anomalías impactantes: imputaciones sin indicios criminales ni delimitación de los hechos objeto de la instrucción, registros indiscriminados, testificales estrafalarias o pruebas inquisitoriales, las llamadas “pruebas diabólicas”, con las que el investigado o imputado está obligado a demostrar su inocencia y no su culpabilidad. Que se abra una causa penal sobre una colección de bulos sin contrastar resulta ya bastante llamativo.

Los jueces parecen haber saltado a la palestra en una especie de revolución reaccionaria en la que cada quien ha elegido interpretar a su propio personaje. Jueces-estrella, obsesionados con su visibilidad y proyección pública; jueces-hércules, que vienen a redimirnos de los bulos y las mentiras de la política; jueces-prevaricadores, que trabajan para las ramas facciosas de las formaciones y empresarios que les aúpan. Por supuesto, hay también muy buenos jueces, pero llama poderosamente la atención que sea esta tipología la que haya ocupado y/o cooptado buena parte del escalafón. 

Los jueces no son ni pueden ser la “boca muda que pronuncia la ley”. Las normas no se acatan ciegamente ni se aplican de manera mecánica. En un Estado constitucional se espera de ellos que funcionen como un poder contramayoritario, que canalicen el descontento, que protejan a las minorías injustamente marginadas, que limiten los excesos y la prepotencia del legislativo y el ejecutivo, y, en definitiva, que embriden firmemente al Parlamento. Está claro que una Constitución exuberante en derechos requiere que los jueces hablen con voz propia y que, incluso, participen activamente de la creación del Derecho. El problema es que ese “empoderamiento” judicial no consiste en hacer valer sus preferencias subjetivas y sus patologías bajo el paraguas de procedimientos descontrolados y argumentaciones delirantes. Su misión es la de garantizar nuestros derechos fundamentales y defender nuestras instituciones democráticas, no la de boicotearlas. Y si lo que quieren es hacer una revolución política (del signo que sea), que se presenten a las elecciones. En México es ya su única alternativa.

Una cada diez minutos. Dice ONU Mujeres que esa es la cadencia de feminicidios en el mundo y que el 60% lo cometen parejas, exparejas y familiares. La familia es, a veces, un lugar peligroso para las mujeres. 

En España, solo este año, han sido 41 las mujeres asesinadas. Veintiuna en pueblos de menos de 30.000 habitantes y 11 de esas 21 en municipios de menos de 10.000. En el mundo rural, los estereotipos de género tienen más recorrido y es más difícil denunciar porque todo el mundo se conoce, así que el estigma es mayor y la complicidad entre los varones también lo es. La homosociabilidad tóxica que da cobijo a los maltratadores y la ausencia de anonimato son factores altamente disuasorios. Un entorno masculinizado en el que las mujeres son más dependientes, tienen más cargas familiares y de cuidados, son más mayores y están más aisladas, es un fabuloso caldo de cultivo para el abuso. En los pequeños municipios, la falta de políticas sociales y servicios públicos acaba descansando sobre los hombros de ellas y eso se traduce, finalmente, en un incremento notable de sufrimiento y de víctimas. En otras palabras, familia y vecinos son redes confiables que pueden devenir asfixiantes, por eso es tan importante que en el renovado Pacto de Estado se contemple tanto un aumento de recursos como una mayor coordinación de las diferentes administraciones y una incidencia más porosa. 

Por lo demás, en la renovación del Pacto de Estado hay que atar bien la lucha contra las “nuevas” formas de violencias, también la económica y la vicaria, que se ha cobrado la vida de 61 menores a manos de sus “buenos” padres maltratadores, o la ciberviolencia, que se ceba con la gente más joven, con las feministas, las defensoras de derechos humanos y las mujeres con cargos públicos (Europa prevé una agravante para estos supuestos). Y es muy importante que se refuerce la prevención y la protección de las víctimas de violencia sexual, entre otras cosas, porque está claro que la cultura de la violación no es solo cosa de las derechas extremadas ni de los negacionistas. Sigue muy vigente el mito de la marginalidad (la violación es excepcional), el mito del violador (es un caso patológico) y el de las mujeres violadas (ellas son un polo de atracción o bien consintieron sin saberlo).

España es todavía hoy uno de los dos países de la Unión Europea que dispone de una ley de violencia de género; una legislación especial reforzada con una tipificación de la violencia sexual en la que se incorporan las exigencias del Convenio de Estambul. Hemos tenido que esperar casi dos décadas para que se califique de violación una relación sexual sin consentimiento y me temo que, lamentablemente, vamos a tener que esperar varios años más para ver su aplicación sin resistencias. 

En la Directiva de violencias que sacamos adelante en la anterior legislatura europea, no conseguimos incorporar el tipo penal de la violación debido a la persistente negativa de Francia y Alemania (que han ratificado el Convenio de Estambul). Gobiernos en los que los liberales seguían empeñados en que se probara fuerza, violencia o intimidación para aplicar sanciones penales. Tras el Caso Pellicot, los franceses han decidido dar marcha atrás y reconocer para las francesas lo que no quisieron reconocer hace menos de un año para todas las mujeres en Europa. O sea, se llega tarde y se llega mal, y en algunos países, como Alemania, ni siquiera es imaginable semejante giro de guion.

Es evidente que la cultura de violación la alimentan quienes la niegan burdamente, pero también contribuyen los que, de manera más refinada, dudan sistemáticamente del consentimiento de las mujeres, las infantilizan o mantienen las equidistancias que fomentan las contradenuncias de los violadores, el bulo de las denuncias falsas y las frecuentes renuncias a las denuncias. La alimentan quienes ven turbas y linchamientos en los movimientos de mujeres y las articulaciones feministas; quienes creen que somos incapaces de distinguir todavía entre el mal sexo, una práctica sexual heterodoxa y una violación, epítome de la erotización del dominio y la sumisión; quienes, desde alguna atalaya autoadjudicada, nos dan lecciones de sexualidad, nos acusan de mojigatería y vienen a redimirnos de nuestros trasnochados remilgos morales. Y, por supuesto, la alimenta también una judicatura patriarcal carente de formación y sensibilidad en perspectiva de género. Una carencia que, diga lo que diga el juez Eloy Velasco, se cultiva desde las mismas Facultades de Derecho en las que se imparte Derecho Eclesiástico y se desprecia abiertamente las aportaciones del feminismo jurídico. Se difunde todavía que la ley es orden y la justicia ciega, cuando la vivencia que tenemos del Derecho resulta tan distante de semejantes equivalencias.

En la sentencia del caso de La Manada, se dieron por probados unos hechos constitutivos de violación que fueron después calificados de abuso con prevalimiento, con el voto particular de uno de los magistrados, que pedía la absolución. La sentencia y las apreciaciones del voto particular generaron una gran oleada de indignación, pero lo que se buscaba no era tanto un incremento de la pena como una tipificación adecuada; que se llamara a las cosas por su nombre y que se hablara de violación si era una violación lo que mostraban los hechos. 

Frente a las mujeres, el Consejo General del Poder Judicial reaccionó entonces apelando a la moderación, la prudencia, la mesura y la responsabilidad institucional “para evitar la utilización política de la justicia”; lo prioritario era salvaguardar la impunidad de las togas. Y una buena parte de las asociaciones de jueces y fiscales se comportaron también de manera corporativista, criminalizando, sin más, el activismo social, como si no fuera posible criticar las actuaciones judiciales; como si la “turba” de mujeres representara, por definición, un peligro que hubiera que contener, cuando esa “turba” era el fruto de una inteligencia colectiva atesorada gracias a la impresionante distancia que se ha abierto entre lo que se suele reconocer como violencia y lo que nosotras experimentamos como tal.

Por todo esto, es muy importante que en el nuevo Pacto de Estado no se deje de diagnosticar y perseguir una cultura de la violación que perpetúa las violencias sexuales que sufrimos las mujeres aun cuando se haga de forma refinada, sutil y aparentemente feminista.

Ante los desastres sucesivos que hemos vivido tras la DANA, es lógico que haya quien se quiera distanciar de la política y de los políticos. Lógico también que uno se pregunte de dónde sale esta gente, cómo llegan a ocupar sus cargos o por qué esos cargos fluctúan y pasan de unas manos a otras de manera tan aleatoria como ineficiente. Lógico que genere perplejidad que no haya una cascada de dimisiones en Valencia, que el Partido Popular se debata cínicamente entre enterrar o proteger a Mazón y que Mazón esté pensando en sacrificar a parte de su gobierno para eludir sus propias responsabilidades. Pero, más allá de todas estas reflexiones coyunturales y de los problemas más o menos congénitos de la clase política, lo que no hay más remedio que replantearse es el modo en que funciona la cogobernanza en España. 

La gestión de la DANA, la mala gestión o la ausencia de gestión, ha dejado al desnudo las carencias y las deficiencias de un Estado autonómico que fue el fruto transaccional de un momento histórico periclitado ya. El escenario anómalo en el que se ha desembocado, situado extrañamente entre la descentralización y la recentralización (declaración de emergencia de interés nacional o estado de alarma), indica, entre otras cosas, que la arquitectura administrativa del Estado no tiene las hechuras que exige el abordaje de ciertos problemas. O se fortalece al Estado central o se intensifica el federalismo redefiniendo la articulación entre los diferentes entes políticos. Y me temo que no estamos instalados ni en un lugar ni en el otro.

Hoy por hoy, parece complicado pensar en el fortalecimiento de un Estado centralizado. Por una parte, porque las fuerzas políticas de las que depende la gobernabilidad de España no militan en esta línea, ni siquiera lo hace la extrema derecha paleolibertaria a la que en estos días hemos visto clamar contra el Estado (nunca en favor de la autogestión popular, como algunos han creído). Por otra parte, porque no es la directriz que se está trabajando desde la Unión Europea en la que el poder difuso de las grandes multinacionales y los intereses geoestratégicos aconsejan claramente instancias supraestatales mucho más potentes. Tema distinto es que sea fácil emprender ese camino, no solo por el influjo de las fuerzas reaccionarias-nacionalistas y la inercia del poder establecido, sino porque son los propios Estados los que tendrían que aprobar su paulatina defunción.

Lo cierto es que, en términos generales, es cada vez más evidente que un Estado centralizado resulta demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes, como decía Luigi Ferrajoli hace ya algunos años. Esto es, que ese tipo de Estado no tiene que ser necesariamente suprimido, pero sí ha sido ampliamente superado. Y esto aunque en la crisis que nos ocupa ha sido y es el Gobierno central el único que ha puesto en marcha las medidas necesarias dado que lo ha hecho, fundamentalmente, debido a la incomparecencia y la incompetencia del Gobierno valenciano. 

En España, la distribución de competencias entre los distintos órdenes políticos ha sido siempre un incómodo caballo de batalla y un problema mal resuelto. Está claro que no hay mimbres para hablar de un federalismo genuino, a pesar de la situación aventajada de la que gozan ciertas Comunidades Autónomas. Y, sin embargo, aunque oficialmente al gobierno central se le concede un papel preponderante, los instrumentos que tiene a su alcance carecen de la fortaleza y la eficacia que exige, entre otras cosas, la gestión de una catástrofe como esta. Hay una estructura administrativa mejorable, confusión entre el plano jurídico y político, y faltan herramientas estructurales que garanticen la cooperación que se necesita, independientemente de la voluntad voluble del político de turno.

En el caso de la DANA, las críticas a Sánchez han señalado, precisamente, las dudas iniciales y una cierta lentitud en la respuesta que se debió, sobre todo, a la falta de coordinación y de capacidad de reacción. A los ojos de mucha gente, no hubo el mando único ni la voz unificada que la tragedia requería y faltó agilidad y contundencia. Pero… ¿pudo el Gobierno hacer más en ese momento o es que, de facto, puede hacer demasiado poco? ¿Podría haber ido más lejos considerando el modelo competencial que tenemos?

La descentralización de competencias debería articularse teniendo en cuenta la extensión o el número de personas afectadas, la intensidad o la trascendencia del caso, y la eficacia comparativa en su gestión, pero no tenemos el marco legislativo que asegure semejante reparto. En ciertas condiciones, hay que asumir que nuestro Estado autonómico resulta totalmente disfuncional y que seguimos siendo ineficientes para dar respuestas rápidas y urgentes cuando se necesitan. Habida cuenta de las terribles consecuencias que tal debilidad puede llegar a tener, conviene que tomemos buena nota y lo pensemos a fondo.