Los delitos de odio constituyen una de las formas más extremas de discriminación, con efectos graves tanto sobre las víctimas directas como sobre la cohesión social. Se trata de agresiones físicas o verbales, amenazas o daños a la propiedad motivados por prejuicios hacia grupos concretos. No responden simplemente a impulsos individuales aislados, sino que se insertan en climas previos de intolerancia y conflicto. Por eso son especialmente sensibles a lo que la literatura denomina shocks: acontecimientos de relevancia política o simbólica que desencadenan aumentos abruptos en su incidencia.

En condiciones ordinarias, el número de delitos de odio en una sociedad suele seguir tendencias relativamente estables —aunque puedan ser crecientes o decrecientes—. Sin embargo, determinados eventos alteran bruscamente esa trayectoria y producen repuntes concentrados en el tiempo. El caso de Torre Pacheco es ilustrativo en este sentido: tras la agresión a un hombre mayor, se generó un clima de hostilidad que evidenció hasta qué punto ciertos discursos pueden activar dinámicas de señalamiento colectivo y traducirse en episodios de violencia.

En el contexto europeo actual, atravesado por un persistente debate sobre migración, identidad y pertenencia nacional, las minorías musulmanas figuran entre las más expuestas. En este escenario, resulta inevitable preguntarse qué papel desempeñan los partidos de extrema derecha, actores centrales en la configuración de ese debate público. La literatura académica ha formulado dos interpretaciones opuestas al respecto.

Por un lado, se plantea que la entrada de la extrema derecha en las instituciones podría actuar como una válvula de escape, canalizando el malestar hacia el terreno institucional y reduciendo la necesidad de expresar el rechazo hacia ciertos colectivos fuera de los cauces democráticos. Es lo que se ha denominado la hipótesis de la contención institucional: la representación parlamentaria desplazaría el conflicto desde la calle hacia el debate político formal.

La hipótesis alternativa sostiene lo contrario. La presencia institucional de la extrema derecha no neutraliza la hostilidad hacia ciertos colectivos, sino que puede llegar a fomentarla. Al obtener respaldo electoral, determinados discursos dejan de percibirse como marginales. Es lo que podríamos llamar la normalización o legitimización del odio, que reduce los costes sociales de expresar hostilidad y puede favorecer el incremento de los delitos de odio.

Desde el Instituto de Economía, Demografía y Geografía del CSIC analizamos esta cuestión con datos de delitos de odio de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR), que recoge incidentes reportados por organizaciones de la sociedad civil en 30 países europeos entre 2016 y 2022. Estudiamos la evolución mensual de los delitos contra población musulmana y su relación con los resultados electorales de la extrema derecha en elecciones nacionales. Para identificar estos avances utilizamos la base de datos ParlGov (Döring y Manow, 2024), que clasifica a los partidos en cada país y permite seguir el desempeño de formaciones como Vox en España o Fidesz en Hungría.

Además, incorporamos al análisis otro shock ampliamente estudiado por la literatura especializada: los atentados terroristas de inspiración islamista, que suelen generar dinámicas de represalia y aumentos en los delitos de odio contra musulmanes.

Dado que los datos están agregados a nivel mensual, estimamos modelos de regresión lineal con efectos fijos por país y por mes. Esta estrategia permite identificar si el número de delitos de odio aumenta o disminuye dentro de cada país cuando se produce uno de estos acontecimientos, controlando tanto las características estructurales constantes de cada contexto nacional como las tendencias temporales comunes.

Los resultados son consistentes. Como podemos ver en el gráfico, tanto los atentados terroristas como los avances electorales de la extrema derecha se asocian con incrementos estadísticamente significativos en los delitos de odio contra población musulmana. En promedio, cada muerte de un atentado se relaciona con un aumento de 0,11 delitos en ese mismo mes, mientras que un incremento de un punto porcentual en el apoyo electoral a la extrema derecha en unas elecciones nacionales se asocia con un aumento de 0,037.

Se trata de fenómenos de naturaleza distinta y, en principio, difícilmente comparables. Sin embargo, si quisiésemos evaluar cuál tiene un mayor impacto relativo, es necesario estandarizar ambas variables; es decir, transformarlas para que sus efectos se expresen en desviaciones estándar y puedan situarse en una misma escala. Al hacerlo, comprobamos que el efecto de los avances electorales de la extrema derecha sobre los delitos de odio es comparable e incluso superior al de los atentados terroristas. 

Este patrón no se limita a un país concreto ni a una elección excepcional. Se reproduce de forma sistemática en el conjunto de casos analizados y se mantiene cuando el modelo se somete a distintas pruebas de robustez. No estamos ante una reacción puntual o idiosincrásica, sino ante una dinámica recurrente.

Las elecciones nacionales son momentos de máxima visibilidad política. En ellas no solo se distribuyen escaños; también se redefinen los límites del debate legítimo. Cuando fuerzas que articulan parte de su identidad política en torno a la oposición a determinadas minorías obtienen avances significativos, ese desplazamiento simbólico tiene efectos que trascienden la composición parlamentaria. Cambian las percepciones sobre lo que puede decirse sin coste, sobre qué posiciones cuentan con respaldo social y sobre hasta dónde llega la tolerancia colectiva frente a la hostilidad.

La conversación pública sobre la transformación del panorama político europeo suele centrarse en la aritmética parlamentaria, en la estabilidad gubernamental o en la fragmentación del sistema de partidos. Sin embargo, los datos sugieren que existe otra dimensión igualmente relevante: el impacto que determinados resultados electorales pueden tener sobre la seguridad cotidiana y la convivencia. Si la evidencia comparada apunta a que los avances de la extrema derecha se asocian sistemáticamente con aumentos en los delitos de odio, la discusión ya no puede limitarse a los equilibrios institucionales. Debe incorporar también sus efectos sociales.

Y en ese terreno, la conclusión es difícil de eludir: cuando la extrema derecha avanza en las urnas, los delitos de odio aumentan.

El artículo completo referencia de este post ha sido elaborado por Álvaro Suárez Vergne, Héctor Cebolla Boado, Michael Lund e Inmaculada Serrano y puede consultarse en: 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40878-026-00524-9

Según nos dicen, la inmigración es ahora una de las principales preocupaciones de los españoles. Se trata de una afirmación sobrecogedora incluso para los que, de antemano, ven en ella el trazo grueso de la generalización. ¿Están realmente los españoles tan preocupados por la inmigración? Seguramente, tras unas semanas hablando de ello, a los que se inquietan genuinamente se habrán sumado algunos más. Pero al decir que la inmigración preocupa tanto a los españoles, incurrimos en varios desaciertos estadísticos. Vayamos paso por paso y veamos, primero, de dónde surge esta jerarquía de preocupaciones. Desde hace ya unas décadas el CIS viene cultivando una serie histórica de datos basada en una pregunta cuya formulación ha respetado en todos sus barómetros mensuales, con pequeños ajustes: “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?” Quienes responden “la inmigración”, no aclaran si les preocupa por exceso o por defecto, un matiz que no deja de ser importante en un país tan envejecido como España. De por sí, esto ya sería suficiente para desconfiar de cualquier afirmación contundente que utilice estas respuestas para dibujar un escenario de creciente rechazo de la inmigración. Pero aquí no está ni la única, ni mi principal objeción. Me propongo demostrar aquí que, con la misma encuesta, podríamos decir tanto que la inmigración es el principal problema de los españoles como que lo es la política en general. 

Al formular la pregunta de marras, el CIS registra las respuestas que dan espontáneamente los encuestados y posteriormente se clasifican en distintas categorías. Como quizás ya estarán pensando muchos lectores, ahí radica el grueso de la confusión. Según los resultados publicados del Barómetro del CIS de septiembre de 2025, el principal problema del país era la vivienda, mencionada por el 30,4% de los encuestados. El segundo fue la inmigración, que mencionaron un 20,7% de los españoles, por encima, aunque por muy poco, del 16,9% que apuntaron al “mal comportamiento de los políticos” y del 15,9% que mencionó “los problemas políticos en general”. ¿No deberían estas dos categorías agruparse en un epígrafe único titulado “La política en general”? Si se hiciera, podríamos decir que para el 32,8% de los españoles el principal problema del país es la política en general, por delante de la vivienda y de la inmigración. Pero podemos ir más allá. En la extensa lista de preocupaciones que nos dice el CIS que expresan sus encuestados, se encuentra también “el gobierno y los partidos/políticos concretos”, “la corrupción y el fraude”, “lo que hacen los partidos”, “la falta de acuerdos, unidad y capacidad de colaboración”, la “situación de inestabilidad política”, o la “la falta de confianza en los políticos/las instituciones”. Todos estos “problemas” podrían buenamente subsumirse en la misma categoría de “la política/los políticos”. Y si lo hiciéramos, sería justo decir que el 70,7% de españoles piensa que ese es el principal problema del país. Es más, también podría decirse que a los españoles les preocupa la política en general tres veces más que la inmigración, y más del doble que la vivienda. Muchos lectores se estarán preguntando por qué no se agrupan las respuestas a esta pregunta en los barómetros mensuales en los términos que propongo aquí, en la documentación que publica el CIS. “Calienta, inmigración, que sales”, pensarán los lectores más maliciosos. 

No abogo por eliminar la pregunta. Da continuidad a una serie histórica que es parte de nuestro patrimonio estadístico tanto por su valor inmediato, como el que le darán las generaciones del futuro cuando quieran conocer cómo era la sociedad española del presente. Si estudiamos la serie con perspectiva histórica, veremos que en ocasiones la inmigración ha sido señalada por más encuestados que en otras. Normalmente estos picos de atención sobre la inmigración han sido puntuales y han coincidido con eventos dramáticos como la llamada crisis de los cayucos en septiembre de 2006 y los diversos saltos a las vallas de Ceuta y Melilla. Pero, descontextualizada, la pregunta sobre los principales problemas del país no nos permite conocer cómo son las actitudes de los españoles ante la inmigración. Contra lo que se suele creer, estas actitudes son bastante estables y su tendencia no depende demasiado de la actualidad. La experiencia comparada nos dice, además, que, en tiempos de calma y ausencia de noticias, las visiones sobre la inmigración tienden a hacerse ligeramente más positivas con el tiempo. Es cierto que existen personas muy descontentas con la inmigración, pero a medida que se produce contacto natural entre los autóctonos y los inmigrantes, los primeros se hacen más tolerantes y flexibles ante los segundos.

Y, entonces, ¿qué ha pasado para que, en septiembre de 2025, uno de cada cinco españoles mencione la inmigración entre los tres principales problemas del país? Contra lo que se pueda creer, España ha vivido los últimos 25 años sin hablar en serio de la de inmigración. Con el cambio del siglo, el país empezó a recibir flujos inmigratorios de tal intensidad que no resulta fácil comparar con la experimentada en otros países. Ahora vivimos un nuevo repunte de llegadas. Solo en el año pasado más de setecientos mil extranjeros llegaron al país. Y, sin embargo, sabemos también que la española sigue siendo una de las opiniones públicas más benevolentes con la inmigración de Europa. Generar alarma (o facilitar que se genere) es indeseable. Pero sobre todo es irresponsable.

Lo que parece haber sucedido es que los acontecimientos han atropellado a la sociedad española, una vez más. El populismo a izquierda y derecha, tanto desde dentro como desde fuera de España, tiene ahora enormes incentivos para agitar la bandera de la inmigración. Y eso genera una sensación de alarma. Ante ello, y sin distinción por su color, los partidos de gobierno y los minoritarios y más moderados que les han apoyado en investiduras e iniciativas, se empiezan a ver obligados, casi por primera vez, a pronunciarse sobre un asunto tan espinoso como la inmigración, que hasta hace poco era dogma de fe. Lo desafortunado es que la razón para abrir el debate haya sido el empujón de los populistas. Pero la buena noticia es que, por fin, hay una coyuntura en la que se puede elevar el perfil técnico de los debates públicos sobre inmigración en España: ¿Recibimos la inmigración que deseamos? ¿Podemos seleccionar otra? ¿Qué haremos el día que seamos menos atractivos para los inmigrantes de lo que, al parecer, somos ahora? Una opinión pública madura puede afrontar estos interrogantes de forma desapasionada y guiándose por la experiencia comparada. Mientras tanto, todas las instituciones, las que generan información, las que la procesan y las que la difunden, deberían conducirse con la prudencia que merece una sociedad que, al menos en el asunto de la inmigración, ha podido permitirse el lujo de vivir sin sobresaltos.

En este blog hablamos con cierta frecuencia contra los argumentarios prefabricados en torno a la migración, casi siempre simplistas ya sean alarmistas o buenistas. En los últimos años, la relación entre el cambio climático y la emigración ha ocupado un lugar destacado en el debate público y académico. La idea dominante ha sido contundente: el aumento de las temperaturas y la frecuencia de otros eventos climáticos extremos, como olas de calor, actúan como un potente “factor de expulsión” que empuja a las personas a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones de vida. Bajo este enfoque, un clima extremo se percibe casi como un catalizador automático de la movilidad humana, especialmente en regiones en desarrollo como el occidente de África subsahariana, donde los medios de vida dependen en gran medida de la agricultura y los recursos naturales.

Esta visión, respaldada por teorías clásicas como el modelo push-pull, ha calado hondo en la opinión pública y en las instituciones internacionales. Se ha asumido que, ante la amenaza del clima, la emigración es una respuesta adaptativa lógica e inevitable. Así, el discurso sobre los “refugiados climáticos” ha ganado fuerza, dando por hecho que el calentamiento global desencadenará fuertes movimientos poblacionales, tanto dentro de los países como a través de fronteras internacionales.

Sin embargo, en los últimos años, esta narrativa ha sido objeto de revisión crítica cuestionando la universalidad del vínculo entre calor extremo y migración. Dos hechos poco conocidos han surgido frecuentemente en la investigación más reciente.

1. El cambio climático genera también inmovilidad. Los datos muestran que la relación es mucho más compleja y depende de unos factores sociales, económicos y familiares que pueden, en muchos casos, limitar o incluso impedir la movilidad. En efecto, paradójicamente, las poblaciones más afectadas por el cambio climático no siempre son las que más se mueven. De hecho, la exposición a eventos extremos como olas de calor puede generar lo que se ha denominado “trampas de inmovilidad” que surgen cuando las personas carecen de los recursos económicos, las redes sociales o la capacidad física para migrar, quedando atrapadas en contextos de alto estrés ambiental. Por ello, lejos de ser un fenómeno universal, la migración inducida por el clima parece ser un comportamiento muy selectivo y estratificado.

2. Y si genera movilidad… es interna, pero no internacional. Cuando el calor extremo sí impulsa la movilidad, esta suele ser predominantemente interna, pero no internacional. Es decir, las personas tienden a desplazarse dentro de su propio país, buscando alternativas en zonas urbanas o regiones menos afectadas, antes que embarcarse en migraciones internacionales, que implican mayores barreras económicas, legales y culturales. Este patrón desafía la imagen simplista de grandes flujos transfronterizos y pone el foco en la adaptación local y regional.

En el Instituto de Economía, Demografía y Geografía del CSIC estudiamos junto con Inmaculada Serrano y Welton Nascimento diversos aspectos de la migración senegalesa a Europa. Senegal ofrece un ejemplo paradigmático para analizar estas dinámicas. Se trata de un país con una larga tradición migratoria, tanto interna como internacional, y una notable diversidad climática: desde las zonas sahelianas del norte, propensas a sequías y olas de calor, hasta los deltas fluviales y las regiones costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar. Utilizando datos retrospectivos de proyectos europeos como MAFE y MESE que ofrecen muestras de emigrantes y locales que no salen del país, estudiamos, entre otras cosas, cómo el calor extremo y el estrés hídrico influye en los patrones migratorios senegaleses dentro de Senegal, hacia África y hacia Europa. Los resultados son reveladores: solo los episodios de calor más severo (aquellos que superan en al menos dos desviaciones estándar la media histórica de temperaturas) aumentan de forma significativa el riesgo de migración, y lo hacen principalmente en el ámbito interno. En otras palabras, Europa no parece haber recibido hasta la fecha refugiados climáticos de Senegal.

En el gráfico se ilustra cómo la exposición al calor extremo influye en la probabilidad de permanecer de migrar. Para ello, se emplea un modelo de supervivencia (Cox), ampliamente utilizado en estudios demográficos y epidemiológicos que mide el “riesgo” de que ocurra un evento (en este caso, la migración hacia fuera de Senegal [izquierda] o dentro del país [derecha]). Más en concreto, el concepto de riesgo aquí se refiere a la probabilidad instantánea de migrar en un momento dado según se esté expuesto a calor extremo en el año anterior o en dos años consecutivos, siempre considerando a las personas que no hayan migrado hasta ese punto.

El gráfico revela que la exposición al calor extremo prácticamente no altera el riesgo de salidas de Senegal hacia el exterior. Sin embargo, cuando se ha estado expuesto a calor extremo en el año anterior, el riesgo de salir del lugar de origen con destino a otro departamento de Senegal aumenta de forma extraordinaria. Siendo esto cierto, cuando no se sale en el año posterior de exposición al calor, se entra en una trampa de inmovilidad y la perspectiva de salir decae por debajo de propia de un período climatológicamente ordinario.

En síntesis, el calor extremo actúa como un detonante de movilidad interna de corto plazo, pero contra lo que se suele creer, no es un determinante de la migración internacional y en exposiciones largas tiende a generar, incluso inmovilidad. El trabajo de nuestro equipo en el IEGD-CSIC también confirma que la migración como respuesta al clima no es automática ni homogénea. Por ejemplo, la educación actúa como un capital portátil que facilita la movilidad, mientras que la propiedad de activos ancla a las personas al territorio. La familia, por su parte, también es un freno a la migración climática, ya que las responsabilidades de cuidado y la necesidad de coordinación dificultan la salida de los miembros del hogar.

Todo ello, además de moderar las alarmas sobre los refugiados climáticos, muestra que es imprescindible elevar el perfil técnico del debate sobre la migración. Casi ningún prejuicio o maximalismo, ni a favor ni en contra es un buen punto de partida.

Los intentos por explicar las caídas en el número de nacimientos, están generando debates apasionados en múltiples foros, y en casi todas las disciplinas. Los argumentos más comúnmente utilizados (el desempleo, el precio de la vivienda, la igualdad entre hombres y mujeres, etc.) no permiten explicar ni el alcance global de la baja fecundidad, ni la intensidad de algunas tendencias.

Hay varios argumentos que no tienen demasiada visibilidad en el debate público y que merecen una o más entradas en el blog. Por comenzar por algún lado, podemos hablar de los excesos de los modelos de crianza que predominan hoy. A grandes rasgos, la crianza es un proceso por el que doblegamos la miopía de los niños. Estos siempre quieren resultados inmediatos. Y a través de la crianza les hacemos pacientes y, sobre todo, conscientes de la importancia de diferir en el tiempo los retornos del esfuerzo presente. Este tipo de negociación no siempre se ha resuelto con diálogo. Diana Baumrinds en un trabajo clásico de los años sesenta ya detectaba que, además de las soluciones coercitivas o el laissez faire, emergía con fuerza una forma de crianza dialogante, paciente pero tenaz, que se suele llamar autoritativa a partir de un calco del inglés que en castellano no suena del todo bien. Se trata del modelo en el que los padres no imponen su autoridad por decreto, sino que convence a sus hijos de la idoneidad de sus preferencias utilizando una especie de mayéutica socrática.

La energía y el tiempo que requiere negociar con un crío la solución a todos (o a la mayor parte) de los desacuerdos que surgen a lo largo de un día entre padres e hijos… es ingente. En la actualidad, junto con estos recursos, los modelos más conscientes de crianza exigen muchas otras inversiones: actividades extraescolares, cuidados rutinarios, tiempo de estímulo, garantizar el contacto con otros niños en espacios seguros para facilitar el juego “libre”, etc. En ciertos casos, además, implica elegir un centro escolar respetuoso con la propia visión de la crianza autoritativa incluso aunque implique llevar a los niños a ese centro cruzando de punta a punta las grandes ciudades o cambiar de municipio. En resumen, la crianza a la que muchos aspiran es hoy en día mucho más intensiva en tiempo y otros recursos que en cualquier otro tiempo. Y esto tiene costes obvios en la forma en que planificamos la vida.

En una encuesta sobre familias hecha por el Ayuntamiento de Madrid en 2022, se puede comprobar que el 80% de los que tienen hijos les dedican más de 3 horas al día, y el 44% más de seis. Lo que sucede en las grandes ciudades puede no representar bien cómo se organiza la gente en otros territorios más rurales. Por dar un ejemplo más cercano a estos otros contextos: en el País Vasco, la EPT-2018 permite descomponer el tiempo que los padres pasan con los niños en sus dos componentes fundamentales: el cuidado rutinario y el tiempo activo de calidad, que podríamos llamar de juego e instrucción. Si mis cálculos no fallan, el 65% de las mujeres pasa 80 minutos al día de cuidados rutinarios y 100 más de juegos. Entre los hombres el mismo porcentaje hace 60 minutos de cuidados y otros sesenta de juegos.

Por suerte, en unos meses podremos actualizar toda esta información para el conjunto del país. El INE está preparando una nueva Encuesta de Uso del Tiempo. La última, increíble, es de 2010 y, por lo tanto, sus conclusiones podrían infraestimar el esfuerzo presente que hacen los padres hoy en día si se hubieran consolidado los modelos de crianza intensivos en tiempo a los que me refería arriba, y más si, como parece, se hubieran extendido más allá de las clases medias más educadas. Aun así, dado que es la fuente más fiable con la que contamos en España, podemos ofrecer algún dato para ilustrar estos argumentos. En el eje horizontal de este gráfico se presenta el tiempo que se dedica diariamente a realizar todas las tareas consideradas ineludibles (tiempo de trabajo fuera del hogar, trabajo doméstico, desplazamientos, cuidados personales…). En el eje vertical está la proporción de personas que contestaron a estas preguntas de la encuesta del INE en España. La línea roja indica que el 75% de las personas con hijos emplean 15 horas diarias en todo ello. Esto nos deja con 9 para cualquier otra actividad incluido el descanso.

Se podrá decir varias cosas ante todo ello. Naturalmente que subsisten modelos de crianza negligente, y que no todo el mundo ha adoptado patrones tan intensivos en tiempo y otros recursos para educar a sus hijos. También es cierto, que la sensación que falta tiempo la tendrán muchos de quienes no tengan hijos aún, o no los hayan tenido. Pero más allá de los datos discutidos en estas líneas, el tiempo que invertimos en los hijos ha crecido de forma significativa desde los años setenta en casi todos los países, para todos los tramos educativos y en todos los niveles de renta.

Muy posiblemente, la relación entre el predominio de una crianza tan intensiva en tiempo y la caída de los nacimientos es causal. Educar a los hijos y convertirlos en la persona a la que la mayoría aspira es una carrera de obstáculos, con altos costes directos e indirectos. Y esto exige planificación, cálculos y estrategias que pueden no ser compatibles con tener los hijos que idealmente se querría tener.

La evolución de la fecundidad en los países ricos (y en otros muchos) parece haber entrado en una caída imparable. Hace sólo unos días, el Financial Times alertaba sobre cómo año tras año las cifras reales se sitúan por debajo de las proyecciones demográficas más pesimistas. Es más, es posible que las estadísticas oficiales no estén capturando la intensidad de las disminuciones reales. Muchos consideramos este panorama alarmante. Por fin, este tema, tradicionalmente relegado al debate académico y a la agenda de sectores conservadores pro-familia, empieza a despertar una preocupación más amplia y transversal.

En España, la tasa de fecundidad ronda el 1,12 en 2024, y viene descendiendo desde 1,18 en 2020 y 1,33 en 2015. Entre mis colegas demógrafos, hay quien afirma que no hay que inquietarse. Muchos de sus argumentos no son nada banales, están bien fundamentados, y son estimulantes para el debate. Sin embargo, cada vez más personas cuestionan la idea de que la caída de la fecundidad sólo sea la expresion de la libertad de cada uno, o la manifestación las preferencias de una sociedad tan individualista como la nuestra que, por suerte, ha facilitado que los cursos de vida se diversifiquen. Es cierto que compartimos diagnóstico con otros países del Mediterráneo: Italia, que casi siempre se sitúa a nuestro lado en las estadísticas sociales apenas alcanza el 1,19. Pero Grecia llega a 1,25; Portugal al 1,42; y Francia marca una considerable diferencia con su 1,63. Recuperar algunas de esas décimas que nos separan de nuestros vecinos a través de políticas familiares, es un objetivo realista y legítimo.

Para entender mejor alguno de los procesos que nos han traído hasta aquí podemos comparar el número ideal de hijos y los que tienen en realidad los encuestados por el CIS que en 2024 tienen entre 35 y 45 años. Este grupo de edad se encuentra en una etapa de la vida donde muchos habrán tomado la mayoría de sus decisiones reproductivas, y otros estarán a punto de hacerlo. Por supuesto, a los más jóvenes les queda algún margen de tiempo, pero no a todos. Además, voy a mostrar por separado las respuestas para hombres y mujeres, con y sin titulación universitaria- Así, podemos describir una particularidad del contexto español: la fecundidad entre las mujeres universitarias parece estar más deprimida de lo que cabría esperar. Aunque este hecho se conoce hace tiempo, en mi opinión, no está presente en los medios tanto como debería.

Las preferencias: las preferencias sobre el número ideal de hijos en España son bastante parecidas entre sexos y niveles educativos. Muy pocas personas consideran que el ideal sea no tener hijos. Esto sugiere que la infecundidad voluntaria, aunque difícil de separar de la no voluntaria, es un fenómeno minoritario.

Solo un 10% de los encuestados dicen que lo ideal es solo tener un hijo, mientras que la mayoría se decanta por la conocida regla de los dos hijos, que es la opción preferida entre hombres y mujeres independientemente de su nivel educativo. Si hay alguna diferencia apuntaría a que las universitarias tienen una mayor inclinación hacia un modelo de tres hijos: alrededor de tres de cada diez expresan esta preferencia, mientras para todos los demás grupos esta cifra ronda el 23%.

La realidad: veamos ahora cuánto de estas aspiraciones familiares se traduce en la realidad. Al observar cuántos hijos se han tenido realmente al alcanzar la franja de edad 35-45, es fácil ver que hay dos colectivos con mayor dificultad para cumplir sus deseos reproductivos.

Como he dicho, uno es bien conocido: el de las mujeres universitarias. Mientras que casi el 90% de las universitarias querría tener dos o más hijos, aproximadamente un 35% de ellas no tiene ninguno. Esta cifra cae 10 puntos entre las que no tienen estudios universitarios. Las causas de la peor situación relativa de las universitarias en España son múltiples. Las universitarias podrían tener mayores dificultades para el emparejamiento ahora que son mucho más numerosas que los hombres universitarios. Además, dado la mayor parte de la brecha de género en su desempeño laboral parece ser en realidad una brecha de maternidad, las universitarias tendrían mayores necesidades de conciliación que otros colectivos. Estas demandas se deberían atender para que no asuman un coste de oportunidad muy alto al tener los hijos que desean.

En segundo lugar, y quizás esto sea más sorprendente para algunos lectores, los hombres menos cualificados tienen niveles de infecundidad más altos que el resto: alrededor del 45% de ellos no tiene hijos a estas edades. La sorpresa es solo relativa. Este dato confirma un patrón ya observado en otros países europeos con mejores fuentes estadísticas, según el cual los hombres con menos cualificación son un colectivo particularmente frágil que enfrenta grandes dificultades para materializar sus preferencias reproductivas a lo largo de su ciclo vital y, en otro orden de cosas, mantienen peor sus redes sociales a lo largo del tiempo y se aíslan más en la vida adulta.

¿Deberíamos preocuparnos? Por dos razones fundamentales, diría que sí. Por una parte, más allá de las preferencias de cada uno, tener hijos está asociado con un aumento del bienestar individual. Pero lo más importante es que muchas personas que desean tener hijos acaban no teniéndolos, o teniendo menos de los que desearían.

Y, ¿qué se puede hacer? Las políticas para el fomento de la natalidad no han demostrado eficacia. Su impacto parece centrarse más en el “cuándo” se tienen los hijos que en el “cuántos” se acaban teniendo. Pero las cifras de otros países, hacen pensar que otras políticas si importan. No me refiero a las ideas peregrinas que se le puedan ocurrir a un cargo electo con el horizonte de un mandato. Hablo de programas estables y costosos en favor de la conciliación y el bienestar de las familias, incluyendo el de las que de otra forma no se formarían. Y todo ello debe hacerse sin complejos. Nuestro esfuerzo social está casi exclusivamente volcado en compensar la vulnerabilidad económica. Sin embargo, los problemas sociales no se agotan en esta fuente de desventaja. Sería deseable ensanchar los objetivos de la política social española, tan propensa a valorar desde las emociones y tan reacia a pensar fuera la caja. Como se ha visto aquí, y se podría ver en otros muchos aspectos si tuviéramos las infraestructuras estadísticas apropiadas, las mujeres universitarias y los hombres con menos formación son dos de los colectivos que enfrentan más obstáculos para satisfacer sus expectativas vitales. Naturalmente, las soluciones que ambos requieren son bien distintas. Pero si sus dificultades formaran parte de los objetivos de nuestra política familiar, podríamos recuperar, al menos, las décimas que nos separan de la fecundidad de de nuestros vecinos.

El CIS ha pasado de ser el respetable instituto de opinión que tanto ha incrementado el patrimonio estadístico español, a convertirse en una casa de apuestas con la ruleta trucada.

En la avalancha de críticas al CIS hay tres tipos de argumentos. La más irrelevante, pero que inexplicablemente más ha enganchado a periodistas y políticos de todos los colores se centra en el “acierta/no acierta” con sus estimaciones electorales. En esta inútil batalla, los groupies contribuyen, sin darse cuenta (o dándose), al mito de una absurda Numancia ‘científico-demoscópica’ que nos canta las verdades del barquero luchando contra viento y marea. Otras críticas se han centrado en el sesgo descaradamente partidista que se deduce tanto de los tiempos de sus estudios como, sobre todo, de sus creativos cuestionarios que dan color a la prensa que informa tanto como entretiene. Por último, hay críticas que giran en torno a cuestiones metodológicas como la quiebra de algunas de sus series históricas, lo que dificulta el análisis de las principales tendencias de la sociedad española: sabemos qué piensa el personal de la comunicación epistolar de Sánchez, pero no si valoramos peor o mejor al propio Sánchez que a sus predecesores, porque el CIS cambió la escala de respuesta a la pregunta que lo permitiría.

Por todo ello, ya hay quien sostiene que el daño perpetrado al CIS en los últimos cinco años es tal que compromete su supervivencia en el medio y largo plazo. Curiosamente, eliminando el CIS convergeríamos con la mayoría de los países de nuestro entorno con los que, obsesivamente, nos comparamos y en los que no existen institutos de opinión públicos dependientes del gobierno. Pero este movimiento no sería una buena estrategia en un país con las debilidades estadísticas que tiene España, ya que es poco probable que el cierre del CIS fuera acompañado de una inversión potente en infraestructuras estadísticas como las que necesitamos, y que el CIS podría liderar. Aunque sea sorprendente, tenemos carencias importantes para llevar a cabo estudios (rigurosos) sobre los verdaderos retos que afronta el país: la fecundidad, el desarrollo infantil, el funcionamiento del sistema educativo, el bienestar adolescente o la incorporación de los inmigrantes. Por supuesto, este déficit no es solo culpa del CIS presente, lo es también de los del pasado y de las demás instituciones que han definido y contribuido al Plan Estadístico Nacional. Sin embargo, nuestras carencias se hacen más evidentes a la luz de los disparates demoscópicos a los que nos hemos acostumbrado.

Ante su desprestigio actual, solo hay dos estrategias que, si se dieran simultáneamente, harían posible que el CIS superara estos años de irrelevancia y desprestigio. Por una parte, el CIS debe abandonar su obsesión por hacerse presente en los medios con un bombardeo constante de encuestas sobre temas de rabiosa actualidad que duran tres días en la agenda, o con inútiles estimaciones sobre intención de voto. Es absurdo que el CIS compita con un sector privado ya muy profesionalizado que alimenta a los medios de estimaciones y barómetros políticos mejor y, sobre todo, más barato. Bastaría con que hiciera estudios sobre actitudes y comportamiento electoral de forma puntual, y con una orientación académica. La segunda estrategia sería centrarse en producir (o ayudar a otras instituciones a producir) las grandes infraestructuras estadísticas que necesitamos para conocer los procesos que más están transformando la sociedad española. Al hacerlo, el CIS volvería a girar en torno a la misión original que le atribuye la ley 39/1995: <>, lo que supera con creces el ámbito electoral o el de la actualidad política.

Para conseguirlo, el CIS debería orientar la producción calendarizada de encuestas periódicas hacia una serie fija de temas sustantivos (educación, familia, mercado laboral, cultura, etc.). Podría también mejorar la calidad y contenido de sus estudios retomando buenas prácticas del pasado como los concursos públicos para la participación de expertos en la creación de sus cuestionarios que estuvo vigente 2006 a 2018. Pero, por encima de todo ello, el CIS debería reemplazar el modelo actual de múltiples pequeñas encuestas por grandes operaciones estadísticas como las que existen en los principales países de nuestro entorno.

España carece de un Panel de Hogares al estilo de Understanding Society en el Reino Unido, que es ya una de las principales fuentes para el estudio de sus procesos sociodemográficos y uno de los principales en Europa para estudiar la relación entre estos procesos sociales y los biológicos gracias a que incorpora desde hace varias olas una larga lista de biomarcadores e información epigenética. Gracias a Understanding Society quienes diseñan políticas públicas en el Reino Unido saben que la exclusión digital encarece el coste de la vida, cómo cae la confianza en una misma durante la adolescencia femenina, la eficacia de las vacunas, el tiempo que se dedica a la crianza, la relación entre la exclusión financiera y la salud mental, la incidencia del bullying en las escuelas, la relación entre el coste de la educación infantil y la participación laboral de las madres, cómo es el bienestar en la tercera edad… Y, por si alguien se adelanta, no, los datos en España no permiten saberlo. Tampoco contamos en España con estudios de cohorte de nacimiento que permitan seguir la evolución de los españoles desde su nacimiento y a lo largo de su vida. El mejor ejemplo es el Millenium Cohort Study, también el Reino Unido, una encuesta longitudinal que ha registrado meticulosamente datos de manera periódica sobre más de 19.000 niños nacidos entre 2000 y 2001 en ese país. A día de hoy, este estudio de cohorte contiene una información fundamental sobre la forma en que aquellos niños nacieron y crecieron, y con ella podemos relacionar sus condiciones en la infancia con los adultos en los que se han convertido. Ahora, casi 25 años después, podemos ver cómo forman hogares o, qué dificultades les impiden formarlos, un asunto no menor del que sabemos poco en España.

Poner en marcha operaciones de esta envergadura es una verdadera política de Estado tanto por los recursos que requiere, el compromiso a medio y largo plazo que exige, y la necesaria coordinación de distintas instituciones como el CIS, el INE y todas las instituciones relevantes en el ámbito de la investigación en España. Según pasa el tiempo, España no solo pierde la oportunidad de desarrollar sus propias infraestructuras estadísticas, sino que, además, pierde el tren de ciertos esfuerzos internacionales coordinados que podrían paliar la situación. Dos ejemplos son la ausencia de nuestro país de proyectos como Generations and Gender Program, o el primer estudio de cohorte infantil que se plantea de forma coordinada en Europa (Guide), cuyo estudio piloto previo al lanzamiento definitivo se hace ahora en distintos países europeos. En un país en el que la natalidad, el abandono escolar, la obesidad y la pobreza infantil, y las dificultades para transitar a la vida adulta, son problemas descomunales, no participar en este tipo de iniciativas es del todo incomprensible. Que no se me llame pesimista. Cierto. Podríamos estar peor. Al menos sabemos que el 48,2% de los españoles creen que “la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez”, es “una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño”.

Mientras carezcamos de estas fuentes, nos seguiremos viendo forzados a tolerar la presencia de tantos prejuicios ideológicos como se ven en el ámbito de las políticas públicas en España. Estas carencias explican la extraordinaria fuerza de aquellos colectivos que imponen sus impresiones y experiencias profesionales en el ámbito de la educación o de la protección social. Por suerte, otros países han optado por modelos estadísticos distintos del nuestro. Si seguimos aceptando la cantinela de que nos parecemos a los países de nuestro entorno, podemos usar sus datos y conocernos mejor de lo que nos permiten los tan traídos y llevados barómetros del CIS.

En un artículo reciente, el economista Matías Cabello, de la universidad alemana Martin Luther King, sostiene que la Reforma y Contrarreforma que siguieron a la publicación de las tesis de Lutero llevaron a Europa a un fuerte retroceso en el uso de la razón. Al parecer, fue en los países católicos donde este golpe fue mayor, a juzgar por la brutal reducción de sus números de científicos. Muchos verán en ello la enésima confirmación de que el catolicismo no es un terreno propicio para el progreso (Weber, 'La ética protestante y el espíritu del capitalismo', 1905). Pero, pocas veces el pensamiento mecánico identifica bien las causas del cambio social. Cabello sostiene que la mayor eficacia represiva de la Contrarreforma radicó en la enorme capacidad logística de la Iglesia Católica. En cambio, las incipientes iglesias protestantes, que compartían su enardecimiento represor de la razón, nunca tuvieron esta ventaja logística.

Cuando el discurso de las causas únicas y las ideas refractarias a la crítica toma las instituciones, la razón reduce su espacio de maniobra. Nuestra política social es un buen entorno para comprobarlo. El pecado original de una buena parte de nuestros programas es replicar un discurso infantil sobre la vulnerabilidad que, a menudo, prioriza enfoques dogmáticos frente a la reflexión y los matices que exige la complejidad. Con notables excepciones, muchas intervenciones sociales son el resultado de cruzadas en torno a distintas versiones de la falacia del factor único, que convierten en víctima a casi cualquiera que pertenezca a una minoría. Esto crea espacios cómodos para los perezosos –ya sean víctimas o libertadores–predispuestos a señalar como responsables de todos los males a constructos vaporosos. Aunque con excepciones, tendemos a priorizar una visión de lo social que tiende a explicar demasiado a través de la disforia, la homofobia, la xenofobia o el machismo heteropatriarcal. Y así es como hemos desencadenado Reformas y Contrarreformas dotadas de una enorme capacidad institucional gracias a presupuestos generosos, reglamentos, ordenanzas y leyes que les inmuniza frente a la crítica.

Un espacio privilegiado para comprobarlo, es el de la evaluación de políticas sociales. Tener alguna responsabilidad pública en esta materia hace inevitable darse de bruces con los muros administrativos que hemos levantado en torno a múltiples falacias del factor único. No es necesario negar que exista la disfobia, la homofobia, la xenofobia o el machismo, para comprobar que la mera voluntad de evaluar –no digamos ya de llevar a cabo evaluaciones rigurosas–, despierta inmediatamente alarmas en aquellos bastiones de nuestra administración en los que hemos institucionalizado juicios rápidos que otorgan credenciales de víctimas y verdugos. Es paradójico ver cómo esta realidad convive alegremente con el discurso de muchos responsables políticos que ven en la evaluación una estrategia más para presentarse como reformistas.

Hoy, el negocio de los datos y la evaluación en la administración pública es poderoso. Es fácil sostener que cualquier constructo pueda explicar el comportamiento de ciertas minorías cuando solo se cruzan dos variables. El problema llega cuando los datos permiten ir más allá y ponen en jaque el monopolio causal de nuestras entelequias de cabecera. Es entonces cuando ciertos empleados públicos con trienios de lucha por la liberación de terceros ejercen su poder de veto e impiden decir, incluso con evidencia en la mano, que no todos los homosexuales o inmigrantes se sienten representados por aquellos a quienes la administración señala como sus representantes; que la brecha salarial entre hombres y mujeres tiene su origen en la maternidad (y que no sabemos muy bien cómo solucionarlo); que las crisis del siglo XXI se están cebando con los hombres menos cualificados, o que el fracaso escolar es un problema para los niños más que para las niñas.

Todos los fenómenos sociales son multicausales. La querencia por los datos combinada con el desinterés por lo técnico es un terreno propicio para la falacia del factor único. Mientras nuestro compromiso público con las causas sociales siga dando capacidad logística a discursos tan perezosos, las Reformas y Contrarreformas en marcha nos impedirán alcanzar los niveles de igualdad efectiva que nos hemos prometido.

Ya hemos hablado en este blog de un patrón empírico bien establecido según el cual quienes cruzan las fronteras para emigrar a otro país no representan a la sociedad de la que salen. Dicho de otro modo, los emigrantes no son una muestra aleatoria de los habitantes del país de origen. De hecho, suelen ser descritos como una población “positivamente seleccionada”. Lo son por tener mayor nivel educativo, por tener redes sociales más densas, mejor la salud o rentas más altas --entre otras cosas para poder asumir el coste de migrar--, pero también por otras características difícilmente medibles como la ambición, la propensión al riesgo o la resistencia ante el fracaso. Por ello, las comparaciones entre inmigrantes y autóctonos que suelen atribuir diferencias en su comportamiento a ideas tan peregrinas como las llamadas “políticas de integración”, confunden las experiencias de los migrantes en destino con aquellas características que les empujaron a migrar.

Esta visión de la selección de salida ignora un hecho crucial que, en particular, se ha tenido poco en cuenta en España: ¿hay también selección hacia distintos destinos? Es decir, ¿los migrantes tienen preferencias sobre en qué país establecerse? La respuesta es sí, y no podemos decir que a España le haya acompañado la suerte. Todo parece indicar que los migrantes con mayores cualificaciones o mayor nivel educativo tienden a elegir otros países de nuestro entorno antes que España. Veámoslo en tres hechos que comparan a quienes salieron de Rumanía hacia España y el Reino Unido entre 2000 y 2018. Para ello, utilizaré datos de la European Labour Force Survey.

#1 - Tanto España como el Reino Unido se han beneficiado del perfil de los migrantes que proceden de Rumanía. Cierto. Entre los rumanos que se establecen en España y en el Reino Unido hay un mayor porcentaje con titulaciones universitarias que entre quienes no migraron. Este patrón se da además en todas las franjas de edad, y se mantiene a lo largo del tiempo. Pero donde los rumanos con titulaciones universitarias están mejor representados es, con mucha diferencia, en el Reino Unido. Es decir, España no ha atraído a los más cualificados y los datos son abrumadores.

#2 - Los lectores que sigan la actualidad migratoria pensarán que esto es poco sorprendente. En Europa, el Reino Unido es el vencedor por goleada en la carrera por atraer el talento. Pero independientemente de si son o no universitarios, los rumanos que se han instalado en España tienen un mayor riesgo de desempleo que cualquier otro grupo con el que los comparemos, ya sea con los rumanos en Rumanía, con los que se fueron al Reino Unido, o con los autóctonos de España o Reino Unido. Por supuesto, el desempleo es una amenaza mayor en España que en los otros dos países. Para evitar esta distorsión, basta con comparar el riesgo de perder el empleo entre los rumanos del Reino Unido y los autóctonos de ese país. Así veremos que, allí, este peligro es notablemente menor para los rumanos que los autóctonos independientemente de su nivel educativo. Exactamente lo contrario que sucede aquí.

#3 - Y finalmente, un hecho mucho menos conocido. Medir hasta qué punto los migrantes se distinguen de la población que se queda respecto a características personales como la resistencia al fracaso es casi imposible. Aun así, podemos aproximarnos a esta cuestión comparando la intensidad en la búsqueda de trabajo entre quienes pierden el empleo. Para ello, hemos creado un índice que combina cuánto recurren los desempleados a seis posibles métodos de búsqueda de trabajo (oficina de empleo, registrarse en bases de datos, contactar a empleadores, poner distintos tipos de anuncio anuncios), y lo hemos ponderando por la frecuencia con la que se usan en cada provincia de observación.

Los resultados muestran que, cuando se ven afectados por el desempleo, los rumanos en España despliegan estrategias menos intensivas de búsqueda que los rumanos que están en el Reino Unido y que los autóctonos en cualquier país. Es más, las diferencias entre los rumanos en España y los autóctonos son mucho mayores que las que existen entre ambos grupos en el Reino Unido. Esto apunta a que España no atrae como destino migratorio a aquellos que tienen mejor capacidad de reaccionar ante la adversidad. No es la primera vez que se detecta una cierta selección negativa de la inmigración rumana hacia España en rasgos similares de personalidad. Pero ahora, sabemos que esto no es intrascendente.

Dos hechos para el consuelo. Primero, todo esto podría haber sucedido también en otros países del sur de Europa. Segundo, la comparación con el Reino Unido es la más exigente. Pero lo importante es que comienza a haber indicios creíbles que apuntan a que los migrantes mejor cualificados tienen a no elegir España frente a otros países de nuestro entorno. Aunque España ha tenido éxitos en la gestión de su inmigración, entre ellos no se encuentra el haber atraído a aquellos con mayor preparación. Sería bueno hacer un hueco para reflexionar sobre por qué y qué hacer al respecto.

Sé que la totalidad de los lectores de este blog celebra conmigo los cambios sociales que hemos vivido en las últimas décadas en relación con la normalización de la realidad LGTBI. Y verán en positivo que una buena parte de estos cambios tenga ya su reflejo en la legislación vigente. Esto no resta importancia al hecho de que, como todos sabemos, sigue habiendo retos pendientes y no poca incertidumbre hacia el futuro.

Puede que este disclaimer me vacune contra la sospecha de ser demasiado conservador por expresar satisfacción o, incluso, un frívolo. Asumo el riesgo de quedarme estas etiquetas y me ahorro una introducción más larga y aburrida que, aunque quizás las evitaría, no aporta nada en un post en el que voy a contar cosas de Perogrullo, señalar retos de los que se habla poco y desmontar algunos mitos que identifico detrás de la etiqueta LGTBI. 

Veo mucho empecinado en que quienes pertenecemos a alguna minoría (sexual en este caso) encajemos en ciertos estereotipos que se construyeron en el pasado para dar visibilidad y normalidad a realidades diversas. Y por eso, cada mes de junio me parece más importante recordar que las personas a las que se suele englobar bajo las siglas LGTBI-etc. somos extraordinariamente diversas. ¿Ya lo sabemos? Quizás, pero esa diversidad está muy frecuentemente oscurecida porque encaja mal tanto en la narrativa multicolor de junio, como en la más gris que va de junio a junio. La diversidad real chirría con el pensamiento en blanco y el negro predominante que dibuja víctimas, héroes, activistas e iconoclastas. Pero (¡tachán!) gracias a la demoscopia moderna podemos afirmar que la mayoría de las personas LGTBI tienen opiniones y expectativas parecidas a las de quienes no lo son, y aspiran a una vida ordinaria, incluso convencional, y a vivir sin sobresaltos como el resto de los mortales. Algo mucho más aburrido que los pintorescos listados de personas-muy-influyentes que vemos en algunas portadas, pero mucho más fiel a la realidad.

Vivimos en el tiempo de los datos hasta el punto de que con un contrato menor cualquier administración puede hacer incursiones en realidades sociales que hasta ahora solo podíamos describir con pesadísimas etnografías. En 2021, el Ayuntamiento de Madrid encargó a la empresa 40dB la primera encuesta a la población LGBTBI de la ciudad hecha con procedimientos técnicamente muy respetables. Comento algunos resultados.

El colectivo, ¿qué colectivo? 

Un dato que pasó desapercibido en la presentación de aquel estudio es que solo el 20% de los encuestados declaraba sentirse representado por “alguna asociación LGTBI”. Es más, aunque el 25% declaró no saber qué responder, el 55% de quienes dieron una respuesta dijeron claramente que no se sentían representados por las organizaciones a las se atribuye su representación. Resulta muy interesante que este porcentaje sea muy equilibrado por sexo, y edad. Por supuesto que estas cifras pueden enmarcarse en la crisis de la representatividad y la atomización de las identidades individuales. Pero la realidad es que cuando el asociacionismo LGTBI habla en nombre del “colectivo” y las administraciones les dan el monopolio de la representación de esta realidad, solo están hablando por una de cada cinco personas.

Salir del armario sigue siendo un reto

Incluso el 30% de las personas de 18 a 24 años dicen que les costó mucho o bastante asumir su orientación. Declararse LGTBI es todavía un trago para muchos. Aunque en el 59% de los encuestados recuerda que sus padres reaccionaron con normalidad al conocer su orientación o identidad, cerca de un 41% dice que tuvieron una reacción negativa. Estas cifras son atronadoras porque quienes aún no hayan hecho pública su orientación, seguramente esperan las peores reacciones.

Para la mayoría el gueto gay no existe

La mayoría de las personas LGTBI vive en un entorno no LGTBI. El 60% de los entrevistados tenía en 2021 un grupo de amigos/as formado principalmente por personas heterosexuales o no-LGTBI. Solo un tercio declaraba moverse en círculos mayoritaria o exclusivamente LGTBI.

El horizonte de formar familias

El 46% de los encuestados para el Ayuntamiento de Madrid dijo que querría tener hijos (en concreto, el 41% de los hombres y el 53% de las mujeres). A esto cabe sumar un 20% más que aún no lo saben, muchos de ellos jóvenes. Por supuesto, el camino es complicado o complicadísimo, por lo que seguramente la fecundidad frustrada (la diferencia entre los hijos que se quieren y los que se tienen) puede estar disparada en esta población: solo el 23% los tiene. Pero no por ello deja de ser esta cifra llamativa.

La crianza en familias LGTBI

Los problemas de las personas LGTBI que tienen hijos son enormes. Por un lado, están quienes son padres y ocultan su orientación a sus hijos (este es el caso de uno de cada cinco). Y el 35% de los que lo ha compartido con sus hijos, lo vive con dificultad. Después está el caso de quienes tienen hijos ya en familias homoparentales, para quienes en un 33% la crianza presenta dificultades importantes por el hecho de ser LGTBI. Muchas de estas dificultades están en la escuela, el espacio en el que con más diferencia se experimenta discriminación (todavía hoy el 64% de la población LGTBI dice que existe mucho o bastante discriminación en las escuelas).

Una distribución ideológica muy similar a la de la población general

Un asunto menor. Hace unas semanas, 40dB ha hecho otro estudio demoscópico para la Federación Estatal LGTBIQ+ en el que ha incorporado otras cuestiones relacionadas con el comportamiento electoral. En la escala ideológica, donde 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los encuestados LGTBI situados en el centro (5) eran el 26% (frente al 24% de la población general), y el 27% se situaba a la derecha (frente al 29% de la población general). Esto explica la sorpresa de que casi uno de cada tres votantes en este grupo de población tenga la intención de votar a partidos abiertamente enfrentados al gobierno de coalición. Tras las elecciones de mayo de 2023, el voto a la derecha ya fue llamativo en algunos míticos barrios LGTBI (para matar la curiosidad os recuerdo aquí este fantástico mapa interactivo de resumen de los resultados que publicó elDiario.es hace unos días)

Muchos otros datos más allá de esta selección ponen de manifiesto la normalidad, lo obvio y el manoseo que hay detrás de algunas etiquetas.

El PEW Research Center en Estados Unidos es un ejemplo buenísimo de cómo un instituto demoscópico puede ser útil cuando hace cuestionarios con un criterio amplio, sin empecinarse en el estudio intensivo de la intención de voto. Hace unos días, buscando otros datos, encontré una de sus encuestas, que decía que la mayoría de las americanas (55%), y no pocos hombres (40%), creían que hoy es más difícil ligar que hace 10 años (W56 de octubre de 2019). Y lo que es peor, hay muy pocos optimistas: solo el 23% de los hombres y el 14% de las mujeres pensaban que hoy era más fácil que entonces. 

La situación en España no debe de ser muy distinta. Y este no es un asunto menor. En un país en el que se habla tanto de invierno demográfico, de soledad no deseada y de salud mental, la dificultad para formar parejas es algo extrañamente alejado del foco. A saber por qué. Se piensa con frecuencia en cómo aumentar el número de nacimientos a través de medidas de conciliación, transferencias de renta y otras ideas más o menos peregrinas, pero en el análisis no suele entrar la dificultad para emparejarse. ¿Por qué le cuesta hoy más a la gente enamorarse que hace unos años? En el repertorio de respuestas posibles hay para todos los gustos. Hemos creado una sociedad demasiado centrada en el individuo que acumula experiencias y, al hacerlo, hemos desplazado las rutinas tradicionales de encuentro. El ritmo del día a día tampoco favorece que se produzcan los intercambios más prometedores. La ficción de que la vida online es perfectamente sustitutiva con la vida real ha empequeñecido nuestro mundo. La tecnología ha facilitado el speed dating, cierto, pero también ha banalizado las conversaciones con desconocidos y ha hecho que hoy mucha gente salga los sábados por la noche, digamos, más relajada que hace 10 años. Con este panorama, se podría decir que pocos pesimistas hay… 

Pero quizás el mensaje más evocador de la encuesta del PEW no es lo complicado que está el panorama, sino las diferencias en cómo lo perciben hombres y mujeres. Los hombres lo ven crudo, aunque menos que las mujeres (Gráfico 1). Cuando el PEW preguntó a sus encuestadas activas en el mercado del emparejamiento cómo fue su último año de citas, un 42% dijo que fue muy difícil y otro 38% que sólo fue difícil. 

Gráfico 1

Cada cita puede ser un trago por razones distintas, y un año de citas puede dar para muchas cenas… pero detrás de un año de peripecias, los hombres tienden a verse a sí mismos como el problema mientras que para las mujeres el obstáculo principal está en los demás. Vamos por partes. El 45% de los hombres cree que el problema detrás de su fracaso es la dificultad para acercase a la gente (10 puntos más que para ellas). En cambio, las mujeres ven el problema más en la oferta que en la demanda y responden mayoritariamente que en el último año no encontraron a nadie que cumpla con sus expectativas. Esta brecha expectativas-realidad es el mayor obstáculo para el 55% de ellas, frente al 43% de los hombres. 

Hay dos cosas más que llaman la atención. El tamaño de esta brecha expectativas-realidad es idéntica para los hombres de cualquier edad. Pero no para las mujeres (Gráfico 2). Las que no vieron sus expectativas satisfechas fueron el 65% entre las menores de 30 años, y solo el 45% entre las que tienen 50 años, edad en la que su brecha es casi como la de los hombres. Sí, los datos son mejorables (no vemos a las mismas mujeres a lo largo del tiempo), pero da la sensación de que a medida que el tiempo pasa hay un reajuste expectativas-realidad entre las mujeres por el que prefiero pasar de puntillas para que cada uno lo explique según su propio criterio.

Gráfico 2

Finalmente, esta inquietante brecha es mayor para las universitarias que las que no lo son. Entre las primeras, más del 55% se refiere a la distancia realidad-expectativas como su principal problema frente al 45% de las no universitarias. La idea de que la desventaja masculina en educación ha hecho el emparejamiento más complicado para las universitarias (muchas), que buscan hombres con su mismo perfil formativo (menos), parece ya desterrada en muchos países como EEUU (aunque no en España). En casi todos los países desarrollados la hipogamia educativa o emparejamiento a la baja cuenta con la misma aceptación entre hombres y mujeres. Pero, ojo, esto no implica que cuando las mujeres son las más educadas de la pareja, su renta también sea la más alta, algo complejo de explicar pero seguramente muy vinculado a la maternidad.

Bonus track

Descartar perfiles con el pulgar no ayuda. El último gráfico muestra que la valoración de los últimos 12 meses de citas es igualmente negativa para quienes usan aplicaciones que para los más tradicionales. Como en tantas otras cosas relacionadas con la vida digital, los datos desmienten la ficción futurista de que el emparejamiento iba a ser más fácil y transversal cuando fuéramos deslizándonos por miles de perfiles con un dedo.

Gráfico 3

La nueva ley orgánica de educación en la que se sustancia la reforma que plantea el gobierno, la conocida como LOMLOE, persigue reconducir algunas de las disfuncionalidades que el sistema educativo español ha tenido históricamente. Entre ellas se encuentra la alta incidencia de la repetición de curso en España, esa costumbre tan arraigada en tantas cabezas y cuya sobredimensión actual no tiene defensa posible. Ahora que el debate “repetición sí, repetición no” llega, por fin, más allá de las tertulias, este post señala una de sus consecuencias menos aireadas en los medios en estos días en los que se discute la tramitación de la octava reforma del sistema educativo en democracia.  

¿Por qué es la repetición un objetivo de la reforma? 

La repetición de curso es una estrategia muy costosa y claramente ineficiente. Los estudiantes que repiten tienden a desmotivarse y padecen un mayor riesgo de desengancharse del sistema educativo en el corto y medio plazo. A pesar de este efecto no deseado, la repetición de curso forma parte de nuestra cultura educativa como un remedio que refuerza a los estudiantes en dificultades. Y así hemos llegado a tener una tasa de repetidores en España cercana al 30%. Que el 28,7% de los estudiantes que participaron en PISA 2018 haya repetido al menos un curso, nos sitúa muy por encima de la media del conjunto de la OCDE, donde solo lo hace el 11% (16,5% en Francia, el 13,2% en Italia, el 3,3% en Finlandia).

Con su reforma, el Gobierno se plantea restringir la repetición de curso al final de las etapas que dividirán la primaria, y que se pueda superar la secundaria obligatoria cuando los profesores consideren que no compromete el éxito en las siguientes fases del ciclo educativo. Aplaudimos esta iniciativa por las razones antes mencionadas, pero debemos poner el foco en algunas de las consecuencias menos conocidas de la repetición: se trata de una medida muy desigualadora de las oportunidades de los estudiantes en función de su origen social. Veámoslo a través de dos sencillos gráficos que resumen lo que PISA 2018 nos dice al respecto.

La probabilidad de repetir se distribuye muy desigualmente entre hogares con distintos recursos…

En primer lugar, la probabilidad de repetir curso al final de la secundaria obligatoria está muy desigualmente distribuida en función de los recursos del hogar, por ejemplo la educación de los padres. Prácticamente uno de cada dos hijos de padres con niveles educativos bajos (educación secundaria o menos) han repetido curso frente a uno de cada tres de los hijos de quienes se graduaron del bachillerato, y uno de cada cinco entre los hijos de los universitarios.

 … y ello podría reflejar algo más que las diferencias en rendimiento.

Por supuesto, estas diferencias en el riesgo de repetir podrían ser el resultado de la propia desigualdad en conocimientos (y su reflejo en las notas), lo que a su vez causa la mayor parte de la diferenciación por origen social del logro educativo. Es necesario ver si las diferencias en el riesgo de repetir simplemente se deben a la brecha en resultados de los estudiantes en función de su origen social.

Esto es lo que se ve en el siguiente gráfico. Utilicemos la prueba de matemáticas que hizo PISA 2018. Entre los peores y los mejores estudiantes hay una caída en la probabilidad de repetir que se debe a las competencias demostradas por cada alumno. Sin embargo, las diferencias entre estudiantes según la educación de sus padres y dentro de un mismo nivel de rendimiento muestran con claridad el efecto desigualador de la repetición de curso. Blanco sobre negro, entre los peores estudiantes (aquellos cuyas puntuaciones les sitúan en el décimo percentil de la distribución de las notas), aquellos cuyos padres tienen un nivel educativo bajo y habrían repetido al menos un curso llegan a ser el 70%, frente al 50% de los que tienen padres universitarios. Y estos desequilibrios no solo se dan entre los peores estudiantes, entre los que alcanzan los míticos 500 puntos de la media OCDE en estas pruebas, el 30% de los hijos de padres con menos educación han repetido frente a solo el 20% de los hijos de universitarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2018

Atacar la repetición de curso no es solo una forma de incrementar la eficiencia en el gasto y, seguramente, de incrementar la calidad educativa. Además, es una medida que avanza en la dirección correcta hacia la equidad en educación. 

Se suele creer que cuando los profesores se enfrentan a un alumnado con un rendimiento bajo, adaptan su nivel de exigencia al estudiante medio

Esto hace pensar que los estudiantes más brillantes pueden ser los más perjudicados por las dinámicas de la concentración

Una de las inquietudes seculares que padecen las sociedades étnicamente diversas, y particularmente aquellas que lo son como consecuencia de la migración, relaciona la concentración de minorías en las escuelas con una caída en el rendimiento de sus estudiantes. Estos temores tienen cierto fundamento, aunque solo en apariencia y, por ello, muchas familias incurren en la falacia del factor único cuando eligen centros para sus hijos: si las escuelas que mejor reflejan la diversidad son las que tienen peores resultados, entonces la diversidad es la causa del perjuicio.

Existe un océano de investigaciones que desmiente este extremo. En general hay dos cosas claras. (1) La caída en el rendimiento solo se da por encima de niveles de concentración relativamente altos, por encima del 20%, lo que generalmente solo se produce en ciertas áreas de las grandes ciudades. (2) La causa de este perjuicio no es la diversidad, es la pobreza y, de forma más general, la concentración de alumnos cuyas familias disponen de menos recursos educativamente relevantes.

Hasta aquí el consenso. El debate es mucho más animado entre quienes sugieren que la caída del rendimiento en los centros de alta concentración no afecta por igual a todos los estudiantes. Uno de los argumentos más comunes relaciona el efecto de la concentración con las dinámicas docentes: cuando los profesores se enfrentan a un alumnado con un rendimiento bajo, adaptan su nivel de exigencia al estudiante medio. Por ello, hay quien piensa que afirmaciones como las del párrafo anterior (1 y 2) enmascaran una cruda realidad: los grandes perjudicados por la concentración son los estudiantes más brillantes, quienes nunca alcanzarán el máximo de su potencial al compartir pupitre con quienes no deberían. Esta lógica es muy parecida a la que tanto preocupa a los padres de los estudiantes de ‘altas capacidades’ que asisten a centros ‘convencionales’ (por cierto, otro día convendría hablar de esta nueva epidemia del siglo XXI, del posible sobre-diagnóstico de esta condición y de la hiperventilación que genera en algunos padres).

Pues bien, ¿es el efecto de la concentración de inmigrantes en las escuelas peor para los mejores estudiantes? En España existen pocas herramientas para estudiar este importante asunto, aunque podemos aproximarnos usando la Encuesta General de Diagnóstico de la Educación Secundaria (2011, Ministerio de Educación).

La primera figura reproduce el efecto bruto (es decir, tal y como se observa en la realidad) del porcentaje de inmigrantes sobre las puntuaciones en matemáticas que obtienen los alumnos que se sitúan en el percentil más bajo del rendimiento (el 10% de los peores estudiantes en este caso), los estudiantes medianos (que se sitúan en el percentil 50) y los más brillantes (aquellos cuyo rendimiento les sitúa en el 10% más alto). Como se puede ver, el efecto de la concentración es moderado aunque visiblemente negativo para todos y, en efecto, peor para los más brillantes que para los estudiantes medianos o peores. A grandes rasgos, para los mejores el perjuicio por pasar de un centro sin inmigrantes a uno en el que 2/3 del alumnado lo sean, es cerca de un 30% mayor.

Sin embargo, esta reflexión en bruto resulta extraordinariamente injusta. Lo razonable no es comparar centros con más y con menos inmigración. La comparación relevante es entre centros que, teniendo un alumnado procedente de familias con recursos similares, tengan más o menos inmigrantes. Y esto es lo que se hace en la siguiente figura. En ella, podemos ver que el porcentaje de inmigrantes en los colegios resulta prácticamente irrelevante para entender los resultados que obtienen los individuos y que, más allá de esto, no existe un efecto diferente para estudiantes con distinto rendimiento.

Argumentos como el que aquí se presenta suelen generar escepticismo porque el rendimiento no resume todo aquello que se adquiere en la vida escolar. En efecto, el desarrollo social e intelectual de los niños no solo se ve reflejado en sus notas. Sin embargo mensajes como el que doy aquí deberían contribuir a normalizar la diversidad y poner el foco de atención en las causas reales de diferenciación entre centros y estudiantes: la renta familiar, el capital cultural y el capital social. Son estos recursos los que nos colocan desde el inicio en distintos puntos de partida.

Aunque lo más común es centrar el debate sobre la desigualdad educativa en los problemas de los hijos de las familias menos favorecidas, estos son solo una de las caras de la moneda

Los padres de clase alta interpretan las malas notas de sus hijos como un accidente o un episodio puntual que se puede compensar con un extra de atención y estímulo

En cambio, las clases bajas ven en las malas notas un indicio del fracaso escolar de largo recorrido

Cuando se habla de desigualdad educativa se suele pensar de forma casi inmediata en los problemas que afectan a los hijos de las familias con menos recursos. Pero esta desigualdad no es sólo el resultado de lo que sucede entre los menos aventajados, sino que también depende de cómo los más favorecidos compensan el fracaso

La clase social de origen es un predictor del rendimiento educativo de los individuos a lo largo de su ciclo vital (aquí). Durante su vida escolar, los hijos de las familias menos favorecidas tienen que hacer frente a mayores obstáculos que los de las familias acomodadas. Piénsese por ejemplo en el hecho de los primeros crecen en entornos con menos recursos, se escolarizan en centros muy estigmatizados y se socializan en entornos no siempre estimulantes y ambiciosos. La otra cara de la misma moneda es que los hijos de las clases altas disponen de muchos más recursos, se escolarizan en los mejores centros y son criados por padres con expectativas más altas. Así, la desigualdad no sólo resulta de las condiciones de los menos favorecidos, sino también por lo que sucede en la parte alta de la escala social.

Pongamos un ejemplo. Las notas que los niños obtienen en el colegio transmiten una valiosa información a sus padres y cuidadores ya que son la materia prima sobre la que infieren las probabilidades de éxito de los niños en el medio y largo plazo. Pues bien, los hogares de distinta clase social reaccionan de forma diferente ante notas buenas, malas y regulares. Mientras que los padres menos aventajados parecen resignarse ante notas malas de sus hijos, los de clase alta intentan compensar su fracaso académico y, muy frecuentemente, consiguen compensarlo y garantizar la progresión educativa de sus hijos.

¿Compensan los ricos y se resignan los pobres?

Para ver si existe compensación de los malos resultados escolares de los hijos de las familias más aventajadas, mi colega Fabrizio Bernardi y yo estudiamos cómo difiere la probabilidad de que los hijos de clases altas y bajas abandonen sus estudios al final de la educación obligatoria como consecuencia de sus malas notas (aquí). 

Fijémonos en el comportamiento de dos grupos que representan bien a la sociedad española: los profesionales (clase de servicio) y los trabajadores manuales no cualificados. En el siguiente gráfico se muestra la reacción de cada uno de ellos ante diferentes niveles de rendimiento académico en la vida escolar.

Porcentaje de hijos de profesionales y trabajadores manuales sin cualificación que realizó la transición de la educación obligatoria a la no obligatoria en función del rendimiento escolar recordado

Como se puede ver, la reacción que las familias parecen tener ante el rendimiento escolar de sus hijos es distinta en función de la clase social a la que pertenecen. Los padres de clase alta, podrían tener una mayor resistencia al desánimo cuando sus hijos no alcanzan un nivel de rendimiento escolar suficiente y son capaces de impulsarlos a continuar en el sistema educativo incluso en las circunstancias más adversas. En concreto, el 56% de los españoles que recuerda haber obtenido malas notas  en la escuela y cuyos padres eran profesionales, continuaron estudiando después de la educación obligatoria. Por el contrario, entre los hijos de padres con ocupaciones manuales sin cualificación, este porcentaje de resistentes al fracaso es sólo del 20%. Esta brecha social es aún más llamativa entre quienes dicen que tuvieron notas más bien regulares. Los hijos de profesionales que transitaron a la educación no obligatoria fueron más del 80% contra un 43% del grupo tomado como referencia entre los menos favorecidos.

Esta es una prueba poco discutible de que más allá de las diferencias en el rendimiento escolar (las notas o cualquier otro indicador de rendimiento académico), la desigualdad educativa de largo recorrido podría también ser consecuencia de la forma en la que las familias de distinta reaccionan ante el fracaso. Para las clases menos favorecidas, el fracaso es un obstáculo mucho más insuperable que para los padres más acomodados. Éstos últimos no se desaniman y saben sortearlo adoptando estrategias para compensar los malos resultados de sus hijos sin frenar su progresión educativa.

Puede que estas conclusiones resulten un tanto aventuradas para los lectores que estén más familiarizados con la escasa calidad de las estadísticas educativas (y en general, sociodemográficas) de España. Pero nosotros mismos hemos confirmado la misma regularidad en otros países que cuentan con mejores datos (aquí). Es difícil ser contundente a la hora de explicar las causas detrás de esta regularidad. Si las notas ayudan a los padres a inferir con qué probabilidades las carreras educativas de sus hijos serán exitosas, cabe pensar que las clases altas son más capaces de asumir los riesgos (y los costes de oportunidad) derivados de un fracaso potencial. En cambio, los padres de clases menos acomodadas pueden ver en las malas notas una amenaza creíble de que en el medio y largo plazo el sistema educativo podría expulsar a sus hijos.

Las políticas públicas que persiguen incrementar la equidad educativa no sólo deben remediar las carencias que limitan el desarrollo de los estudiantes con más talento de entre los menos favorecidos socialmente. Es también importante que el sistema educativo sea realmente selectivo sobre el criterio del talento y la valía personal y que las familias acomodadas tengan más dificultades para impulsar indebidamente a aquellos de sus hijos con menos capacidades.

El desempleo de larga duración es una experiencia vital devastadora con importantes consecuencias en la salud

Haber estado desempleado al menos año en el pasado reduce en torno a un 4-5% la salud mental de quienes han superado el desempleo y se han reintegrado en el mercado laboral con un contrato estable

Hay que abordar el problema del desempleo de una forma integral que trascienda de la pura dimensión laboral

Más allá del sentido común, hay muchos indicios de que el desempleo de larga duración es una experiencia devastadora con importantes consecuencias en el ciclo vital y en todos los indicadores relevantes de bienestar, incluida la salud y, particularmente, la salud mental.

Aunque no siempre se refleje en diagnósticos clínicos, perder el trabajo está relacionado con síntomas como la depresión o la ansiedad (aquí). Se ha estimado que un aumento del 1% del paro provocaría un incremento en los suicidios del 0,8% entre los menores de 65 años (aquí). ¿Por qué? La reducción de los ingresos que conlleva perder el trabajo limita la inversión en la salud propia (por ejemplo en alimentación de calidad, cuidados y servicios médicos). Además, el desempleo puede favorecer la adopción de malos hábitos (fumar, consumo de alcohol) para lidiar con la frustración y, entre otros efectos, desordena el uso del tiempo, dificulta el mantenimiento de contactos sociales, reduce la actividad física y daña la auto-estima.

El interés de economistas, epidemiólogos, psicólogos y sociólogos por desentrañar la relación entre desempleo y salud mental viene de lejos, aunque el volumen de trabajos sobre esta materia es contra-cíclico. No es casualidad que sea durante las grandes crisis del empleo cuando más trabajos abordan este tema (los años treinta, setenta y, a nadie le extrañará, en la actualidad).

Casi todos los estudios tienen dos retos pendientes: ¿es el desempleo la causa o la consecuencia de estos desórdenes?, ¿se resuelven estos problemas con la reincorporación al mercado laboral o, por el contrario, el desempleo deja cicatrices en la salud mental?

El huevo o la gallina: ¿es el desempleo la causa o la consecuencia del desorden?

¿Qué precede a qué?, ¿el huevo o la gallina? Se sabe que las personas desempleadas tienen peor salud mental que los ocupados, pero es difícil saber si esto es así por la pérdida de su trabajo (el desempleo como causa del deterioro de la salud mental) o si las personas con algún tipo de desorden mental son más propensas a quedar en situación de desempleo (efecto de selección al desempleo). Dicho de otro modo, si el riesgo de caer en desempleo no es aleatorio, la pérdida del trabajo podría no ser causa si no consecuencia del deterioro de la salud mental (aquí).

Distinguir entre relaciones de causalidad y de selección es complicado. Para hacerlo, algunas investigaciones se centran en analizar a episodios que envían al desempleo a un gran número de trabajadores sin discriminar por sus características individuales. Así es como en un estudio clásico de los años treinta, Paul Lazarsfeld confirmó la incidencia del desempleo en la salud mental estudiando una pequeña población austriaca llamada Marienthal cuando el cierre de una planta textil que dominaba la economía local dejó en desempleo a uno de cada dos trabajadores locales. Pero no siempre es fácil encontrar contextos tan idóneos. Por eso, otros trabajos han recurrido a analizar lo que sucede tras el estallido de burbujas (aquí) o durante las crisis más en general (aquí), episodios en los que no sólo los más vulnerables pierden su empleo.

Las investigaciones más fiables, que usan muestras amplias y siguen a individuos a lo largo del tiempo, han podido confirmar que, efectivamente, más allá del efecto de selección mencionado, el desempleo favorece un deterioro significativo de la salud mental (aquí).

¿Se resuelven estos problemas con la reincorporación al mercado laboral?

Este deterioro de la salud mental de los parados podría no ser solo un problema de corto plazo que se resuelve con la reincorporación en el mercado laboral. El desempleo parece implicar una pérdida de bienestar mental duradera en el tiempo que se manifiesta incluso entre quienes con el tiempo se reinsertan en el mercado laboral de forma estable.

Podemos aproximarnos a este problema gracias a los datos de la Encuesta Social Europea (ESS), una de las infraestructuras estadísticas más importantes de Europa en la que, por cierto, la participación de España podría estar en riesgo. En su séptima ola (2014), la ESS incluyó una batería de preguntas sobre el comportamiento de los individuos y sobre síntomas emocionales y psicológicos inspirados en la literatura epidemiológica sobre la salud mental de las poblaciones (aquí). En el cuestionario se pedía que los entrevistados informaran sobre la frecuencia con la que, durante semana anterior a la realización de la encuesta, se sintieron deprimidos, tristes, agotados, solos, sintieron que todo representaba un esfuerzo o que no disfrutaban de la vida.

Transformando estos indicadores en un índice sintético de salud mental, podemos calcular la pérdida de quienes han sufrido episodios de desempleo en el pasado frente a quienes nunca han estado en paro. Lo interesante, además, es no tanto calcular el deterioro de la salud mental de los parados en el momento de realizarse la encuesta sino el de quienes, habiendo padecido desempleo en el pasado, lo han superado y disfrutan de un puesto de trabajo estable con un contrato indefinido. Esto es lo que se ve en el siguiente gráfico, que expresa la pérdida (en porcentaje) en salud mental que padecen quienes declaran haber pasado por experiencias de desempleo de tres, doce meses o cinco años con respecto a quienes nunca han conocido el paro. Como este análisis está hecho para trabajadores que reintegrados en el mercado laboral, la brecha entre los grupos reflejaría la cicatriz que deja el desempleo en la salud mental.

Las conclusiones son alarmantes. Haber estado desempleado 3 meses en el pasado reduce la salud mental de los ocupados en un 1,5%. Cuando el paro fue de larga duración, el deterioro de la salud mental es de entre el 4,2% y el 5,1% (para quienes sufrieron desempleo durante 12 meses y 5 cinco años respectivamente).

Queda claro, por tanto, que el desempleo de larga duración es una experiencia transformadora (y devastadora) para quienes lo padecen y que recuperar la estabilidad laboral no lo remedia completamente. Pasar más de un año en paro deja marcas en la salud mental que se mantienen incluso entre las personas que con posterioridad han conseguido un contrato estable y no tienen problemas incapacitantes de otro tipo. Ello debería animar a abordar el problema de desempleo de una forma más integral que trascienda de la dimensión puramente laboral. España se encuentra en una peor posición relativa para tratar estas disfunciones ya que las diferencias entre países en la intensidad del efecto del desempleo sobre la salud mental parecen deberse a la configuración de los estados del bienestar (aquí) y en el tipo de iniciativas que complementan a las políticas activas de empleo.

Cada vez es más evidente que la vulnerabilidad es una condición compleja que pone a los individuos en riesgo a través de múltiples mecanismos. Y las respuestas deben tenerlo en cuenta.

Justo cuando los debates sobre la inmigración se han generalizado, se observa una tendencia a recurrir a lugares comunes y un cierto adanismo que simplifica el problema sin hacer justicia a los matices.

Los autores proponen diez reflexiones para evitarlo.

A lo largo de este verano hemos leído y hablado mucho sobre inmigración. Muchos veranos sucede. Y en todos ellos observamos una tendencia al tipo de exceso discursivo que simplifica el problema sin hacer justicia a los matices. Estos excesos también existen en otros ámbitos de debate, aunque quizás en este alcanza cotas desconocidas. Nos gustaría en este post plantear diez reflexiones que buscan –sin pretensiones- matizar y ganar profundidad y favorecer un debate ágil en el que no se sacrifique la rigurosidad.

Se puede tener posiciones extremas al hablar de inmigración (desde ¡inmigración cero! a ¡fronteras abiertas!). Faltaría más. Pero en esta materia, el maximalismo nos conduce a simplificaciones ideológicas y a hablar desde los sentimientos, con el riesgo de pecar de excesos que van desde el odio y el miedo a lo desconocido a la ingenuidadpaternalista, blanca, eurocéntrica y plagada de culpabilidad postcolonial.

El debate sobre la inmigración es más productivo cuando se aleja del maximalismo y se centra en cómo gestionar este fenómeno. Se puede defender posiciones más o menos restrictivas en lo que respecta a la inmigración económica, aceptar flujos de mayor o menor intensidad, tolerar en distinta medida la irregularidad o incluso seleccionar a quienes cruzan nuestra frontera. Cabe la discrepancia. Lo imprescindible es dar respuestas concretas que nos posicionen ante estos retos.

Lo relevante en el debate público es cómo se gestionan las migraciones y tienen poco valor añadido, por no decir ninguno, las emociones que despiertan en cada uno.

En un extremo del maximalismo, se sitúan quienes se declaran anti-inmigración y consideran factible alcanzar el objetivo de inmigración cero. Solamente para aquellos países que carecen de la mínima capacidad de atracción, este podría ser un objetivo viable. Pero sería una ‘victoria’ pírrica, pues no resultaría de una política de inmigración-cero si no de la no comparecencia de candidatos a cruzar la frontera. Es más, en este modelo el atractivo está en el exterior. Así, en Corea del Norte (con nula presión inmigratoria), la salida no autorizada se considera traición. Al pensar en este y otros casos similares, se evidencia lo absurdo de este tipo de maximalismo. Para cualquier otro país que tenga una mínima capacidad de atracción (turismo, comercio con el exterior, etc.) las fronteras nunca delimitan compartimentos estanco. Las fronteras herméticas son el unicornio de colores de las políticas de inmigración.

En el otro extremo del maximalismo está el discurso sin matices de ‘fronteras abiertas’. A diferencia del anterior, este es practicable. De hecho, no es extraño encontrar alguna variante de fronteras abiertas entre países que son más o menos homogéneos en sus niveles de bienestar y el reconocimiento de derechos. Este es, por ejemplo el caso del Espacio Schengen o ECOWAS en África Occidental.

La movilidad de personas entre territorios muy diferentes en sus niveles de bienestar y derechos sin intervención de las autoridades, genera además de dudas sobre la sostenibilidad de los sistemas, vulnerabilidad, aunque parezca contraintuitivo. Por ejemplo, las personas que cruzan fronteras con intención de trabajar sin ser identificadas como sujeto de derechos están expuestas a todo tipo de explotación. Los menores invisibles para la administración pueden no tener acceso a la educación. Para muchas mujeres, la protección ante la trata y la explotación sexual puede incluso ser más difícil.

La falta de matices puede explicar por qué el discurso de fronteras abiertas sin más se reclama desde voces tan distintas como cierta progresía pretendidamente filantrópica y el ultraliberalismo empresarial.

Otro tipo de maximalismo se centra en los efectos de la inmigración en las sociedades de acogida. Centrar el debate en si la inmigración es buena o mala económicamente es otro lugar común en el debate público sobre inmigración. El impacto económico de la inmigración puede ser cambiante en el corto, medio y largo plazo y, en términos más generales, depende de la estructura social y productiva de cada sociedad y de la composición de los flujos migratorios. Si bien es cierto que la mayoría de los estudios no detectan un impacto negativo de la inmigración sobre la riqueza de los países, el efecto de ciertos flujos sobre la desigualdad puede no ser el deseable. Un ejemplo, el aumento de la oferta de mano de obra en aquellos nichos del mercado de trabajo menos regulados, puede empeorar las condiciones de todos los trabajadores independientemente de su país de nacimiento.

Existe también cierto maximalismo a la hora de hablar de los efectos de la emigración en origen (brain drain, brain gain, brain waste, entre otros), aunque nuestro ensimismamiento nos aísle frecuentemente de ellos.

En estos terrenos, el debate público debería ser más sensible a lo que digan los estudios más rigurosos y los mejores datos. Hacerlo es imprescindible para diseñar las mejores políticas públicas.

Pocas veces se piensa en estos términos, pero la política de inmigración es una política pública con relevancia transversal para otros aspectos organizativos de la sociedad. Las administraciones públicas no deben tener un papel subsidiario y condicionado al que desempeñen otros actores. Como cualquier política pública, la de inmigración necesita definir objetivos e instrumentos, y la participación de otros actores es importante en tanto que no se diluyan las responsabilidades públicas. Las administraciones, como garantes de derechos, no deberían externalizar la protección de los mismos. En los estados sociales de derecho, lo deseable es regular y garantizar servicios públicos como por ejemplo la educación o el salvamento marítimo, sin dejarlos en manos de terceros de forma arbitraria y sin rendición de cuentas.

El margen de maniobra para la gestión de la inmigración, y sus instrumentos, es elevadísimo aunque los escasos cambios producidos en las últimas décadas puedan sugerir lo contrario. En nuestro contexto, el único límite está en los Derechos Humanos, que deben respetarse independientemente de la nacionalidad de los sujetos. El derecho humanitario que forma parte de nuestros ordenamientos jurídicos entiende que la migración por razones humanitarias no puede ser sometida a restricciones y que cuenta un nivel de protección específico. El debate sobre los contenidos de la figura del refugio es lícito (por ejemplo, ¿cabe incorporar a los refugiados medio ambientales?), pero desechar los compromisos internacionales es una cuestión totalmente distinta que atacaría la piedra angular de nuestro sistema de derechos y libertades.

Mucho se ha hablado sobre el papel de la Unión Europea en la crisis humanitaria que vivimos desde hace años en las fronteras europeas. La Unión, en abstracto, ha sido acusada de dejadez, inacción, insensibilidad e incluso de mirar hacia otro lado. Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento los estados (y los gobiernos que los europeos han votado) han decidido que la inmigración sea competencia nacional, y que la Comisión tenga muy poco margen de acción. Debe saberse que no existe aún una política común de inmigración que vaya más allá de ciertos esfuerzos intergubernamentales. Y, repetimos, esto es así por voluntad de gobiernos que hemos votado. Lo deseable sería que en adelante los debates electorales fueran más claros sobre la posición de los partidos a la hora de transferir competencias de inmigración, fronteras y asilo a Bruselas.

Las políticas de inmigración no pueden estar solo centradas en el control de las fronteras. La inmigración es un fenómeno social de largo recorrido que culmina con la incorporación de las personas migrantes en sus sociedades de acogida. Gestionar la inmigración desde la frontera es una política pública miope, que ignora sus efectos de largo plazo, e indeseable en tanto que construye la inmigración como una amenaza. La gestión de la inmigración ni empieza, ni acaba, en la frontera.

La política de cooperación es otra política pública que debe estar diseñada con arreglo a fines propios (como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas) y con sus propias herramientas. Pero en algún momento, y contra la evidencia disponible, algunos responsables políticos han considerado que el desarrollo de un país implica una reducción de sus flujos migratorios de salida. Pensar que los flujos migratorios se pueden ‘controlar’ desde la cooperación al desarrollo solo puede llevar a una mala política de cooperación y a una mala política de inmigración.

10. La inmigración trae diversidad, pero no toda la diversidad viene de la inmigración

Las sociedades contemporáneas son cada vez más diversas. Normalizar esta diversidad y gestionarla es un mandato de salud democrática para luchar contra el odio y las desigualdades. Todas las fuentes de diversidad son importantes y todas tienen su recorrido histórico. La forma en la que se gestiona la inmigración es también la forma en la que gestionamos la diversidad.

El debate sensato, sereno y sin estridencias es imprescindible para confrontar al populismo xenófobo que se alimenta de mentiras y medias verdades, tanto como cualquier discurso que ataque la diversidad ya sea desde el clasismo, el machismo, la homofobia, y cualquier otra fobia que dificulte la convivencia.

CODA: Estas diez reflexiones buscan mejorar la discusión pública sobre inmigración. Celebramos que este debate haya, por fin, salido de los foros más especializados; aunque haya sido por las razones menos deseables y venga acompañado de cierto adanismo. La lista no es, ni pretende ser, exhaustiva. Hemos recogido ciertos aspectos que consideramos peor tratados en un debate público que, creemos, se ha perdido en el cortoplacismo. La inmigración es una realidad llena de matices y de largo recorrido que se merece un nivel de debate que huya del maximalismo y de los lugares comunes.

¿Nos importa el color de la piel? ¿preferimos la inmigración latinoamericana a la marroquí?, ¿qué inmigración queremos?

A través de una encuesta experimental confirmamos que la xenofobia puede crecer de la mano del clasismo y la islamofobia

Aunque los inmigrantes representan un porcentaje más bien estable de la población mundial, el número de personas que se mueven entre fronteras es más alto hoy que nunca, y Europa y España están (y estarán) expuestas a importantes presiones migratorias. El tiempo de elegir entre inmigración sí o inmigración no parece definitivamente enterrado. Inmigración sí, pero…

¿Qué inmigración?

Los estudios sobre actitudes ante la inmigración suelen tener dos importantes limitaciones para responder a esta pregunta. La primera es el 'sesgo de deseabilidad' social, es decir, la reticencia a declararse xenófobo, racista, clasista y, en general, contrario a lo socialmente deseable (o lo que es razonablemente aceptable según las normas sociales). La segunda es la tendencia a utilizar categorías muy genéricas que ignoran la enorme diversidad que hay detrás de la inmigración. Cuando se pregunta en una encuesta si la inmigración es buena o mala para el país, los que responden recurren a prototipos y prejuicios que dan contenido a imágenes muy estereotipadas. Pero, ¿aceptamos cualquier inmigración? Por ejemplo, ¿nos importa el color de la piel? ¿preferimos la inmigración latinoamericana? ¿qué hay de la intersección entre inmigración y clase social? ¿queremos solo trabajadores inmigrantes o también a sus familias?.

En el contexto de una colaboración internacional llevamos a cabo una encuesta representativa de la población española en 2014 que modera el efecto estas dos limitaciones y aproxima una respuesta a cada una de estas preguntas. Para ello utilizamos una técnica de entrevista llamada viñeta que consiste en exponer a los encuestados una pequeña narrativa. En nuestro caso, por ejemplo, algunos evaluaron el caso de un candidato a entrar en España llamado Roberto Sánchez, que vive en Quito (Ecuador) y no tiene hijos. Roberto quería venir a España y encontrar trabajo como programador informático. Otros encuestados recibieron una descripción del mismo candidato con ligeras modificaciones. Por ejemplo, se les habló de un jardinero en lugar de un informático, un marroquí llamado Mohamed en vez de un ecuatoriano, con familia o sin familia. Además, cada viñeta se presentaba acompañada de una fotografía en la que el candidato (ecuatoriano o marroquí) tenía un tono de piel más claro o más oscuro:

Presentado cada caso de forma aleatoria, los encuestados tuvieron que responder si aprobarían o rechazarían la solicitud para obtener un permiso de trabajo en España del individuo cuya descripción habían leído. Así, podemos comparar las respuestas que dieron quienes se enfrentaron a la viñeta que describía a un ecuatoriano, ingeniero, de piel clara y sin familia, frente a la que dieron los que fueron expuestos a, por ejemplo, un jardinero marroquí, con hijos y de piel oscura.

Los españoles tienen, como ya es bien sabido, una actitud poco restrictiva ante la inmigración. En nuestro estudio, la tasa de aceptación de cualquier candidato está por encima del 65% sea cual sea la combinación de sus características individuales. Sin embargo, algunos perfiles son “más preferidos” que otros.

El campeón es un latinoamericano con un alto nivel de educación. Más del 80% aceptaría a un ingeniero frente al 65% que lo haría con un jardinero. Esta es la diferencia más destacable, aunque el efecto del país de origen también tiene su importancia, aunque sea de forma moderada. Mientras que el 75% aceptaría a un ecuatoriano, un 69% lo haría con un marroquí. Ni el color de la piel, ni la estructura familiar de los candidatos parece influir en la probabilidad de que los encuestados acepten su entrada.

En general son buenas noticias. Sin embargo, creemos que, aunque nuestro estudio confirma una vez más que las actitudes generales de los españoles ante la inmigración son más bien positivas, conviene no olvidar que los problemas de rechazo se pueden dar, sobre todo, en la intersección entre inmigración y clasismo. También conviene ser precavidos en lo que se refiere al origen de la inmigración. Las reticencias podrían ser mayores ante los inmigrantes de países de mayoría musulmana.

Los inmigrantes son diversos, y lo van a seguir siendo. En España, la amenaza xenófoba puede venir de la mano del clasismo y la islamofobia.

El peso al nacer es un buen indicador de desventaja temprana porque condiciona la salud y el éxito escolar de los individuos a lo largo de su vida

Los efectos adversos de una desventaja temprana como nacer con bajo peso son muy evidentes para los niños de familias con pocos recursos. Las familias mejor situadas, en cambio, son capaces de neutralizar completamente esta desventaja inicial

Una de las conclusiones más comúnmente aceptadas entre quienes estudian la evolución de la desigualdad educativa es que los problemas a los que se enfrentan los hijos de las familias con menos recursos tienen un origen muy temprano. Tanto es así que incluso mucho antes de que se escolaricen, los niños ya presentan dificultades en su desarrollo que difieren en función de quiénes son (o de cómo son) sus padres.

En este post tomamos un indicador frecuentemente utilizado como una de las medidas de desventaja más tempranas: el peso al nacer. Sabemos que el bajo peso al nacer, aquel que está por debajo de los dos kilos y medio, correlaciona de manera muy clara con un peor estado de salud y mayor morbilidad en distintas fases del ciclo vital. Aunque hay menos evidencia al respecto, también parece estar asociado con peores resultados escolares e incluso laborales. A continuación analizamos su influencia en el éxito escolar (medido en comprensión lectora) a medio plazo (para una muestra de escolares entre 10 y 15 años de edad en China) y observamos que los efectos adversos son muy diferentes en función de los recursos socioeconómicos de los hogares.

Desmenuzamos nuestro argumento en tres partes.

1. El bajo peso al nacer: una desventaja real y duradera para el éxito escolar

En el primer gráfico vemos que nacer con bajo peso implica una desventaja en el rendimiento escolar en lengua, una materia instrumental relevante para la adquisición de otros tipos de competencias. Los niños que nacen con menos de dos kilos y medio de peso obtienen puntuaciones más bajas en esta materia en secundaria, controlando por la influencia de otros factores potencialmente relevantes como el sexo, la edad, los recursos de la madre y del padre, el lugar de nacimiento y el lugar de residencia, que los niños con más peso. En concreto, sus puntuaciones son un 8% menores. Una desventaja tan temprana como nacer con un peso patológicamente bajo continúa, por lo tanto, teniendo consecuencias evidentes en el éxito escolar de los niños más de diez años después.

2. Una desventaja que no sucede al azar

Sabemos que esta desventaja no sucede de manera aleatoria en la población de niños. La evidencia empírica para multitud de países, que nosotros hemos confirmado en el caso español (por ejemplo, aquí), indica que hay un claro gradiente asociado a los recursos socioeconómicos de la madre y del padre en la prevalencia del bajo peso al nacer. Los bebés que nacen de madres/familias con mayor nivel educativo, más ingresos, un nivel ocupacional más alto o mayores niveles de apoyo socioemocional, nacen en mucha mayor medida que el resto con un peso normal, por encima de los dos kilos y medio. De nuevo neutralizando la posible influencia de otros factores relevantes, se confirma que las madres con menores niveles educativos (más a la izquierda en el eje horizontal en el segundo gráfico) tienen probabilidades más altas de dar a luz un bebé con bajo peso. Cuando la madre no tiene ninguna educación formal, algo no del todo infrecuente en este contexto, presenta el doble de probabilidades de tener un bebé con bajo peso que una madre comparable pero con educación terciaria.

3. Y, ¿cómo es la reacción de los padres?

Ante la evidente desventaja inicial que para los niños supone nacer con bajo peso, las familias no son agentes neutros ni pasivos. Los mecanismos que tradicionalmente se han utilizado desde la sociología para explicar cómo las familias con más recursos logran transmitir ventajas a sus hijos son perfectamente aplicables en este caso. Bien sea porque se activan estrategias intencionales para neutralizar esta desventaja o porque la transmisión tiene lugar a través de procesos más sutiles (como la exposición de los niños a determinados valores o actitudes), lo cierto es que las familias con más recursos están en principio mejor equipadas para remediar las dificultades que puedan tener sus hijos durante su desarrollo. Así es como se explica que las familias reaccionen de forma diferente en función de sus recursos ante los problemas que puede tener un recién nacido con un peso excesivamente bajo.

En el tercer gráfico mostramos, para la materia de lengua, las puntuaciones para los niños nacidos con peso normal (a la izquierda) y con bajo peso (a la derecha), pero esta vez desagregado para tres niveles formativos de las madres. Entre los niños nacidos con bajo peso y cuyas madres tienen nivel educativo de primaria o menos (azul) y de secundaria (rojo), las puntuaciones son marcadamente inferiores que en niños comparables en cuanto al nivel educativo de sus madres pero nacidos con un peso normal. En cambio, y aquí está la cuestión interesante, cuando la madre tiene educación universitaria la desventaja inicial que supone nacer con bajo peso no tiene una traslación en los resultados; no hay diferencias entre estos niños y los niños comparables nacidos con un peso normal. Mientras que los padres con más recursos son capaces de neutralizar la desventaja que para sus hijos supone nacer con bajo peso, los padres menos educados no consiguen remediar los problemas de sus hijos con bajo peso.

En resumen, podemos decir que los padres de hogares con más recursos son capaces de neutralizar las consecuencias más negativas que ciertos factores tienen en el desarrollo de sus hijos hasta el punto de contrarrestarlas, algo que los hogares menos aventajados no pueden hacer. Las desventajas que se manifiestan ya desde la cuna pueden tener consecuencias de muy largo plazo; las desigualdades se reproducen en parte como consecuencia de la desigual capacidad de las familias para neutralizarlas.

Una nota final

Este trabajo está hecho con datos del Panel de Hogares de China (2010), aunque creemos que las consecuencias de este tipo de análisis pueden ser universalmente aplicables. ¿Por qué no usamos datos españoles? A pesar de la extraordinaria importancia que, en nuestra opinión, tienen investigaciones como estas, España no ha considerado oportuno, por el momento, producir este tipo de datos.

El endurecimiento del control fronterizo en la frontera entre EE.UU. y México convirtió una migración irregular, eminentemente masculina, de ida y vuelta, y que a penas era visible en tres estados, en 12 millones de nuevos residentes repartidos por todo el país

El riesgo de que un mexicano salga de su país irregularmente a Estados Unidos en 2015 era cero

El muro es

politics

policies

Vivimos en un tiempo en el que muchos se esfuerzan por incrustar la realidad en los pequeños tupper-ware que utilizamos para ordenar nuestros esquemas mentales. Esto tiene dos impactos directos sobre nuestra capacidad discursiva: se simplifica la realidad haciendo lo complejo indebidamente sencillo; y se bloquea nuestra capacidad de conectar fenómenos que almacenamos en distinto recipiente. 

Hacer lo complejo indebidamente sencillo

La inmigración es un terreno muy propicio para este tipo de violencia analítica. Pensar que cuando “se cierra la frontera, se reduce la inmigración” es una tontería comúnmente ilustrada con la metáfora del grifo y el agua corriente. Sin embargo, cerrar el grifo no suele acabar con el goteo (aquí). El control fronterizo es imprescindible. Pero el cierre de las fronteras puede tener efectos no previstos y redirigir, más que eliminar, la presión migratoria. Es más, puede empujar a quienes acaricien la idea de emigrar a planteamientos del tipo “ahora o nunca” e incrementar las llegadas en el corto plazo o convertir la inmigración temporal en permanente. Además, blindar una frontera no impide la llegada regular de inmigrantes por otras vías como la reunificación familiar.

Muchos de los mitos que cultivamos en el terreno de la inmigración han florecido en la frontera entre México y los Estados Unidos. La migración irregular hacia Estados Unidos creció a partir de 1965 tras un cambio legislativo que hizo más difícil la migración regular. Sin embargo, hasta los años setenta, una gran parte de la migración mexicana se movía naturalmente en los dos sentidos a través de la frontera. En los ochenta Ronald Reagan inauguró la batalla contra la migración irregular al calificarla de amenaza nacional y vincularla con múltiples delitos. El endurecimiento del control fronterizo hizo que una migración irregular, eminentemente masculina, de ida y vuelta, y que a penas era visible en tres estados, se convirtiera en 12 millones de nuevos residentes repartidos por todo el país (aquí).

Desde entonces, la narrativa de la amenaza latina agazapada al otro lado de la frontera sur no ha perdido vigor. Y, a la vista de lo que os muestro a continuación, quizás sería oportuno que este post lo continuara un psicólogo social más que un sociólogo. 

El Proyecto de la Migración Mexicana (MMP, Mexican Migration Project) lleva tres décadas desarrollando una encuesta para estudiar los flujos migratorios entre México y Estados Unidos. Con esta herramienta se ha podido calcular el riesgo de que un residente en México se anime a cruzar la frontera del país con los Estados Unidos. El impactante resultado de este esfuerzo se puede ver en la figura, que describe la probabilidad de que se produzca la primera salida de un mexicano hacia los Estados Unidos (de forma documentada o irregular) entre desde 1965 hasta 2013.

El riesgo de que un mexicano se inclinara por cruzar regularmente la frontera se ha mantenido en niveles prácticamente irrelevantes desde 1965. Sin embargo, en aquel año creció de forma especular la intención de salir irregularmente de México a los Estados Unidos. Entre los años 1980 y el 2005, estos niveles se mantuvieron en máximos, y desde entonces, cayeron de forma espectacular hasta llegar a casi cero en 2011 y, según los datos más recientes, a cero en 2015. Todo ello coincide también con las estimaciones del Pew Hispanic (aquí)

¿Qué explica esta caída?... conectar fenómenos, abrir los tupper-ware

tupper-wareSeguramente hay múltiples explicaciones. Y todas ellas merecen una entrada aparte en nuestro blog. Cuando Douglas Massey (uno de los líderes del MMP), presenta este gráfico suele hablar de la caída de la fecundidad en México. Mientras que en 1965 las mexicanas tenían de media 6,75 hijos, en 2015 tuvieron 2,21 (fuente: Banco Mundial). 

Justo en 2015 Donald Trump anunció oficialmente su candidatura y pronunció las siguientes palabras: “Yo construiré un muro, y nadie construye muros mejor que yo, creedme […], construiré un gran muro en nuestra frontera sur y haré a México pagar su coste. Recordad mis palabras”. Como la ficción siempre supera la realidad, hoy Trump es presidente de los Estados Unidos y el muro va haciéndose realidad.

Más allá del destructivo efecto que todo ello tiene en quienes somos optimistas antropológicos, el Proyecto de Migración Mexicana pone en evidencia que el muro es politics, no policy. 

Es la hora de los psicólogos.

Contra lo que se suele pensar, los criminólogos han identificado una menor propensión de los hijos de los inmigrantes a involucrarse en comportamientos no deseables (robar, portar armas, dañar objetos ajenos, fumar, beber).

En ciertas dimensiones, crecer en un hogar inmigrante es una ventaja.

Existen muchos estereotipos negativos asociados a la inmigración. Uno de los más persistentes es el que vincula la inmigración y la inseguridad. Pues bien, es fácil desmentir una de las implicaciones de este presupuesto: los hijos de los inmigrantes suelen tener un comportamiento menos problemático que los hijos de los autóctonos.

Los criminólogos y los sociólogos de la inmigración en diversos países han comprobado desde hace tiempo la existencia de un hecho aparentemente paradójico: el hecho de que los inmigrantes (y sus hijos) tienen un comportamiento menos problemático que el de los hijos de los autóctonos con los que son comparables (ver aquí). Sería estupendo comprobar que también es el caso en España para dar más garantías a los agoreros. Sin embargo, como ya venimos denunciando en este blog, un país en el que tanto se gasta tanto en encuestas pre y post electorales carece de infraestructuras estadísticas que nos permitan hacerlo. Como siempre, Europa nos da algunas soluciones.

El estudio CILS4EU es uno de los mejores para el estudio del comportamiento de los adolescentes con origen en la inmigración en cuatro países europeos: Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y Suecia. Se trata de una muestra de algo menos de veinte mil menores nacidos entre 1994 y 1996. El cuestionario preguntó a estos adolescentes la frecuencia con la que tenían comportamientos que podríamos calificar de no deseables. Entre otros robar, llevar navajas o cualquier otra arma, la frecuencia con la que se emborrachaban, fumaban o consumían drogas o con la que dañaban objetos de otras personas intencionadamente. En pocas palabras: no existe una sola dimensión en la que los hijos de los inmigrantes tengan una mayor inclinación por comportarse de alguna de estas maneras los hijos de los autóctonos.

Figura 1. Comportamiento de los hijos de inmigrantes y autóctonos en aspectos seleccionados.

La posición de los hijos de padres migrantes y autóctonos es prácticamente idéntica en todos estos comportamientos con la excepción del consumo de alcohol y tabaco algo que, en parte, está relacionado con el peso de la inmigración musulmana.

Con las respuestas dadas a todas estas preguntas, podemos hacer un índice de comportamiento deseable y explorar cómo de diferentes son los hijos de los autóctonos y los inmigrantes en esta dimensión. Esto es lo que se ve en la Figura 2, que además presenta comparaciones más razonables al descontar el hecho de que los padres de origen inmigrante suelen tener un perfil ocupacional y educativo más bajo que el de los autóctonos. En los cuatro países, los comportamientos deseables son más frecuentes entre los hijos de los inmigrantes que entre los de los autóctonos.

Figura 2. Puntuaciones medias en el índice de comportamiento deseable para los hijos de padres autóctonos e inmigrantes en cuatro países europeos.deseable

Como era de esperar, sociólogos y criminólogos llevan tiempo intentando identificar las razones de este comportamiento. Paradójicamente una de las explicaciones más comunes es el hecho de que los entornos de alta concentración de inmigrantes favorecen el control parental y, a su vez, previenen la adopción de comportamientos desviados por parte de sus hijos (ver aquí).

Es conveniente desdramatizar las diferencias que la condición de haber nacido en un hogar inmigrante impone en el comportamiento de los menores. En ciertas circunstancias, incluso podría representar una ventaja.

El Muro Invisible es más un libro escrito

jóvenes que un libro

sobre

los jóvenes

Describe una transformación de la estructura social española que afecta a jóvenes y no tan jóvenes

Presenta siempre un 'menú de propuestas posibles’ sobre intervenciones públicas que podrían responder a los retos y problemas descritos

Nuestros amigos de Politikon, uno de los blogs de divulgación en ciencias sociales más pujantes del panorama digital, han publicado una obra colectiva titulada El Muro Invisible (Editorial Debate) sobre las vicisitudes de ser joven en España. En esta entrada queremos celebrar la aparición de este trabajo y destacar su enorme potencial para elevar el debate público. Pero también queremos invitar a nuestros lectores a hacer una reflexión crítica de algunos de sus argumentos centrales. Vamos a ser más sintéticos en el primero de estos objetivos que en el segundo.

Por fin divulgación moderna

El Muro Invisible representa, por fin, un muy buen trabajo de divulgación en sociología. Eso se nota en que sus afirmaciones se presentan enmarcadas en reflexiones ampliamente debatidas en las ciencias sociales y están ilustradas con evidencia empírica oportuna, de calidad y bien presentada. Podríamos decir que el trabajo de Politikon está ya en línea con una nueva generación de pensadores y analistas sobre lo social que es más dinámica, analítica y transparente. Especialmente sugerente nos parece que los autores incluyan en cada capítulo una sección titulada ‘El menú de propuestas posibles’, en el que se discuten algunas intervenciones públicas que podrían responder a los retos y problemas descritos.

Pero no es un libro sobre jóvenes

En contra de lo que su subtítulo sugiere (Las dificultades de ser joven en España), El Muro Invisible es más un libro escrito por jóvenes que un libro sobre los jóvenes. Es cierto que muchos de los fenómenos sociales (fracaso escolar, desempleo, baja fecundidad) que el libro analiza tienen una mayor incidencia entre los jóvenes, pero también han tenido impacto en la vida de quienes nacieron antes de 1980, que es el umbral fijado por los autores para separar a quienes son jóvenes hoy de quienes ya no lo somos. El mercado laboral español, por ejemplo, ya estaba fuertemente segmentado cuando los millennials comenzaban su educación primaria. Afectados por la precariedad laboral, muchos españoles que por nacimiento son baby-boomers han tenido pocos hijos, y los han tenido tarde. Muchos con más de cuarenta años han tenido menos poder adquisitivo y éxito profesional que la generación de sus padres y han visto cómo las crisis de empleo en España (1993, 2007) les expulsaban del mercado de trabajo en momentos clave de su ciclo vital. Creemos que el libro describe más bien una transformación de la estructura social española que afecta a jóvenes y no tan jóvenes y, aquí está lo preocupante, muy probablemente seguirá afectando a los jóvenes del futuro.

Una invitación a reformular el “pacto intergeneracional”

El Muro Invisible propone la renovación de un “pacto” que, en su opinión, ordena la convivencia entre generaciones. La necesidad de renovar este acuerdo se asienta en la creencia de que los jóvenes viven peor que los mayores porque hay una transferencia de recursos excesiva o injustificada de los primeros hacia los segundos. Y ello, argumentan, está detrás de muchos de los problemas a los que se enfrentan quienes nacieron a partir de 1980. Aunque los jóvenes son un grupo muy diverso, incluso más de lo que se trasluce en el texto, también lo son los mayores que deberían suscribir este “pacto”. Los jóvenes defensores de un nuevo acuerdo entre generaciones parecen pensar más en jubilados de clase media con pensiones altas, que se benefician de suculentos descuentos en el acceso a ciertos servicios públicos, que en los que se encuentran en situaciones mucho menos favorecidas y que, en muchos casos, se vieron forzados a trabajar a edades muy tempranas. En algunos países, como en Estados Unidos, no es infrecuente ver a jubilados en minijobs mal pagados y de poca cualificación. Creemos que la redistribución debe hacerse entre grupos según su nivel de ingresos, no necesariamente entre generaciones. ¿Tomará el “pacto” como actores principales a las distintas generaciones que coexistan en un momento dado o a los individuos que forman parte de ellas?

La ilusión de la movilidad incesante

Las descripciones de los jóvenes como los grandes perdedores del cambio en la estructura social que se ha producido en las últimas décadas en España se suelen centrar en comparaciones de estos jóvenes con sus padres y, como mucho, sus abuelos. Esto sustenta la idea que de todas las generaciones han mejorado los estándares de las anteriores y tiene detrás una visión algo ingenua, incluso miope, del desarrollo. Los europeos que nacieron después de la II Guerra Mundial han sido unos privilegiados. No está claro que quienes fueron jóvenes en la década de los cuarenta vivieran mejor que los que lo fueron en los felices años veinte. La ilusión de que siempre hay margen para la movilidad social ascendente es más bien eso, una ilusión. Aunque sea doloroso decirlo, a pesar de la extraordinaria expansión educativa que hemos protagonizado, o en parte por eso, hoy por hoy hay pocas perspectivas de lograr sociedades más fluidas sin que un cambio tecnológico de gran escala y que expandiera la demanda de trabajos altamente cualificados abra oportunidades similares a las que tuvieron quienes fueron jóvenes en los años sesenta y setenta.

La ilusión de la movilidad incesante puede alimentar frustraciones que poco tienen que ver con las políticas incluso aunque tengan un gran impacto en el comportamiento político y social de los jóvenes. Creemos, por ejemplo, que la crisis ha generado una frustración de expectativas tanto o más importante que la exclusión objetiva a la que se enfrentan algunos jóvenes. La relación de todo ello con fenómenos como la nueva emigración, es un tema apuntado pero poco explotado en el libro y que, sin duda, merecerá más reflexión en el futuro.

Y las políticas…

Uno de los aspectos que más nos ha gustado del trabajo de Politikon es que muchos de los dilemas sociales que se presentan en el libro y que afronta España (como muchos otros países avanzados) se analizan en clave política y se acompañan de reflexiones sobre las políticas. Sin embargo, creemos que es importante que quienes se interesan por la política, y viven inmersos en los debates que ésta genera, no pierdan de vista el hecho de que las políticas no solo son el resultado de procesos deliberativos y decisiones tomadas en el vacío, sino que adoptan la forma que tienen precisamente porque se definen y se aplican en un determinado contexto social. Esto no convierte a las políticas en irrelevantes, pero sí limita su posible impacto y dificulta su aplicabilidad. Pero quizá ya estamos hablando un poco como viejos (o lo que Politikon llama eufemísticamente baby-boomers).

Bienvenidos a la divulgación en sociología del siglo XXI.