Los resultados de las elecciones municipales obligan a reflexiones de fondo que afectan al modelo territorial.

Los argumentos que identifican Madrid con la derecha política más reaccionaria son de diversa índole: unos caen en la tentación de atribuir a sus gobernantes, Isabel Diaz Ayuso y antes a Esperanza Aguirre, unas cualidades populistas que ofrecen un liderazgo especial; otros lo atribuyen a un recorrido sociológico de la propia sociedad madrileña, que se estaría derechizando como parte de un “enigma político” (expresión recogida en un artículo reciente de Ignacio Sánchez Cuenca).

Pero lo cierto es que, para desvelar ese enigma, es imprescindible vincularlo a las tendencias económicas del nuevo capitalismo financiero y de servicios que favorecen a determinados grupos dominantes del poder económico que se alinean con voluntades políticas centralizadoras. Todos ellos se sienten cómodos con la identidad “España es Madrid”, que genera ventajas en forma de “renta de situación” al tiempo que genera agravios objetivos económicos y sociales en el resto de país.

El madrileñismo es un síntoma más (el procés catalán, los desequilibrios territoriales y la España vaciada son otros) que debe integrarse en un diagnóstico que reconozca que el Estado de las Autonomías empieza a ser disfuncional para España.

El debate político sobre federalismo o recentralización reflejaría las diversas formas de encontrar “soluciones” a esos desajustes. Pero, mientras los débiles actores federales se desperezan, hay un ejercicio de facto que está cambiando los equilibrios de poder. Concentrar en Madrid el poder económico potenciado por el factor capitalidad es la forma en que las lógicas centralistas, alimentadas principalmente por la derecha tradicional, han compensado los rasgos federalizantes del Estado de las Autonomías.

Completar la perspectiva federal del Estado supondría acentuar un marco más cooperativo, pero, ante todo, debería incluir el cambio de la forma jurídica de Madrid, como capital, para adaptarla a la de “distrito federal”. Este factor es fuente de tantas desigualdades que llegará un momento en que hasta los nacionalismos periféricos, hasta ahora contrarios a la lógica federal cooperativa, se replantearán su posición al respecto.

El objetivo de ese cambio es evitar que los intereses particulares de la comunidad donde se ubican las instituciones del Estado dificulten el equilibrio de la gobernanza del país. Un peligro que, como indican muchos síntomas empieza a corroer nuestra democracia.

La pugna entre el gobierno de la Comunidad de Madrid con el del Estado empieza a estar plagado de deslealtades que las hacen cada vez más peligrosas. Precisamente la idea del distrito federal surge en Estados Unidos, en 1778, cuando el gobierno territorial del Estado de Filadelfia negó el apoyo a las autoridades federales que allí residían (Filadelfia era entonces la capital federal de EEUU hasta que, en 1794, pasó a Washington) ante un alzamiento militar contra ellas. De esta experiencia devino la convicción de que las autoridades federales debían ejercer jurisdicción exclusiva en el distrito en que residieran.

Un distrito federal es un territorio que está bajo soberanía de un Estado federal sin ser parte de ningún estado o provincia integrante de la federación.

El madrileñismo como modelo “metropolitano centralista”

Los desequilibrios territoriales han retroalimentado en la historia de España la dialéctica centro-periferia. Pero debajo de esa pulsión ha latido siempre la disputa permanente entre la centralización del poder político en Madrid y la concentración de poder económico en Cataluña y el País Vasco que ha estado alimentado, respectivamente, por fuerzas centralistas, principalmente conservadoras, y fuerzas nacionalistas. El modelo institucional que dio solución a ese equilibrio es el Estado de las Autonomías.

Convertir Madrid en el principal centro de poder económico fue el sueño del presidente Aznar verbalizado en los años 90 que formaba parte de la agenda oculta que denominaba la “segunda transición”. En su esquema territorial imaginaba a Madrid emulando a Paris y duplicando el peso poblacional y económico de Barcelona, mientras impulsaba a Valencia como polo periférico amigo para contraponer el liderazgo de Barcelona en el Mediterráneo.

Unificar poder económico y político significaba mantener o incluso potenciar en Madrid un modelo de metropolización que acentuara los privilegios institucionales que comporta la capitalidad (no es solo el efecto de concentrar 150.000 funcionarios estatales que trabajan en departamentos de industria, agricultura, pesca, turismo… que deberían estar repartidas en las comunidades competentes en esas actividades siguiendo una lógica federal, de la que Alemania es ejemplo. El problema es que esa concentración burocrática alimenta unas prácticas que multiplican otras ventajas añadidas como, por ejemplo, que, según datos del IVIE, la administración estatal haya adjudicado el 59% de los contratos públicos a empresas de la capital entre 2012 y 2019). La segunda pata de ese proyecto era un programa fiscal cuyas rebajas sirvieran como forma de captar nuevos recursos de capital y trabajo hasta subordinar el desarrollo del resto de las CCAA. Y la tercera, una concentración de poder mediático que sirviera de línea de defensa del proyecto.

De forma intuitiva o consciente esa voluntad de Aznar coincidió con las tendencias del capitalismo global que favorecía las denominadas nuevas economías de aglomeración en las megaurbes (Nueva York, Londres, San Francisco o Paris) en las que se concentraban los servicios de alto valor.

Isabel Diaz Ayuso es solo el personaje que encarna transitoriamente esa política. Lo que se entiende como “madrileñismo” es la expresión política actualizada de ese modelo de poder conservador, hegemónico en los últimos 35 años. Se trataría de un discurso político imprescindible para galvanizar los sentimientos de diversas capas urbanas favorecidas por una renta de situación y unas ventajas institucionales evidentes que no quieren perder sus ventajas.

La identificación “Madrid es España” le sirve para presentarse como la principal oposición al Gobierno central cuando el gobierno es del PSOE y a presentarse como líder alternativo cuando el que gobierna es su partido.

Elegir “Madrid es libertad” como eslogan o presentarse como vanguardia en la lucha contra ETA son los relatos que les permite pasar a la ofensiva para así frenar la incomodidad y el desapego, sordo pero creciente, existente en las diferentes comunidades autónomas. Su discurso ha elaborado una linea de defensa por el que cualquier ataque a sus ventajas o que insinúe demandas de descentralización se interpreten como “disgregador de la patria”. La caída de Ximo Puig en Valencia supone eliminar un gobernante que reclamaba una descentralización administrativa que supondría la salida de 45.000 funcionarios de Madrid.

Y es que la concentración de poder político y económico sobre un territorio tan pequeño es tan descabellada, que tiene efecto devastadores sobre la estabilidad del sistema político, las estructuras partidarias y la vida de los ciudadanos. No es solo porque la cercanía de tantos grupos de presión potencie la corrupción sino porque los propios partidos se ven sometidos a tensiones extraordinarias que los desestabilizan. De hecho, si el PP sufre la tensión entre Sol y Génova, sedes de sus respectivos centros de poder, también el PSOE (tamayazo) o los grupos a su izquierda han sufrido las mayores crisis en sus organizaciones de Madrid.

Las paradojas de Madrid: prdidas de productividad del modelo metropolitano extractivo

Madrid se convierte en paradigma de un modelo de acumulación de capital en el que normas laxas y bajos impuestos atraen el asentamiento de las grandes corporaciones, con especial presencia del capital financiero y de grupos inmobiliarios. Un modelo típico del planteamiento neoliberal, con peso creciente de servicios privatizados en sanidad, educación y atención social, que satisface a los ciudadanos que aspiran a ascender a clase media acomodada mientras engendra desigualdades en sus periferias precarizadas.

Una concentración de poder que actúa como “aspiradora” de buena parte de los recursos disponibles en el país, sean de capital, energía o talento, que asociamos a la moderna economía de servicios de alto valor. No es extraño que el 40% de los empleos de alto nivel tecnológico creados en España en la última década se concentran en la Comunidad de Madrid ni que el empleo en servicios de alta cualificación alcance el 18% del total, nada menos que 8 puntos por encima de la media nacional.

Madrid, y en mucha menor medida Barcelona, es la gran beneficiaria de la descapitalización de ciudades importantes cabeceras del desarrollo regional. En las dos últimas décadas se ha triplicado el flujo neto de población desplazada desde Valencia y Sevilla a Madrid y se ha duplicado el procedente de Zaragoza o Pamplona. Se trata de ciudades que pierden población cualificada porque no pueden ofrecer los empleos que solo existen en la capital del país .

La gran paradoja de este modelo metropolitano extractivo es que se muestra incapaz de aumentar la renta per cápita de sus ciudadanos ni de destacar en la productividad de la población ocupada. A pesar de que la economía madrileña gana población, tamaño y peso en el PIB nacional, a pesar de concentrar los grupos sociales de alta retribuciones asociados al sector servicios de alta productividad, se trata de un modelo que necesita complementarse con actividades de baja productividad, con gran peso de tiempo parcial, asociadas al comercio, al ocio y los cuidados, donde son mayoría los trabajadores precarios.

Si se compara con la media nacional, la productividad por ocupado en Madrid ha ido perdiendo posiciones poco a poco: un 30% superior a la media a principios de los años 70, casi un 20% durante los años 80 y apenas un 9% en la actualidad. Si en los años 90 Madrid pugnaba con el País Vasco por liderar la estadística de productividad en España, en la actualidad está ya un 4,5% por debajo y, además, ha sido superada por Navarra.

Otro factor que incide en la pérdida de productividad relativa de Madrid es que ha sufrido un proceso de desindustrialización mucho más intensa que en el resto de España que ha hecho descender el peso de la industria al 6% algo más de la mitad del 11% de promedio nacional.

La conclusión es que Madrid empieza a ser un problema tanto para asegurar un mínimo equilibrio territorial como garantizar la funcionalidad del Estado de las Autonomías. El futuro reclama una capital con estatuto de capital federal obligada a ser ejemplo de lógicas colaborativas y opuesta a prácticas de dumping fiscal destinadas a despojar de recursos al resto de territorios.

Todos los grupos sociales, desde los transportistas a los médicos, desde los campesinos a las grandes empresas, tienen tendencia espontánea a identificar y defender sus intereses colectivos. El capitalismo neoliberal les asigna el vocablo de grupos de interés o lobbies y pretende degradar a ese rol el papel de los sindicatos. Pero objetivamente son mucho más que eso.

El hecho de vivir del propio trabajo ha constituido durante mucho tiempo un cemento suficiente para favorecer una identidad común que surge del conflicto con el capital. Siempre fue, no obstante, una identidad trabajada, tarea que ha correspondido a los sindicatos de clase, organizaciones volcadas en integrar lo disperso, dotándole de una unidad que nunca surgió de forma espontánea.

Observar el mundo desde los ojos del trabajo es una tarea que requiere integrar a los diferentes colectivos resaltando lo que comparten: una perspectiva que concibe el mundo como una patria común sin depender del origen de las personas ni de su capacidad económica, sin servidumbres de ningún tipo; que entiende la libertad como la ausencia de explotación y dominio de unos sobres otros; que entiende el interés general como el resultado de la cooperación voluntaria de las mayorías en un entorno de equilibrios, hoy necesariamente vinculado con el medio ambiente. Al final, descendiendo a lo concreto, late el sueño de concebir la empresa como una organización de personas libres organizadas para crear y compartir riqueza.

La lucha por esa construcción del futuro a largo plazo se articula en una dialéctica en la que se alternan propuestas de resistencia, confrontación o colaboración integradas en un mismo discurso. Cuál debe ser hoy ese discurso es la cuestión.

La tarea de reajustar el discurso del trabajo en tiempos complejos

La complejidad y globalidad de los procesos productivos y tecnológicos ha diluido la solidaridad primaria asociada a formas de trabajo y explotación simples. Lo que entendemos por crecimiento se ha convertido en un proceso de apropiación del excedente que trasciende a las empresas y que aspira a extraer plusvalías del ciudadano en todos los espacios de su vida: cuando va al banco, se compra una vivienda o pretende curar sus dolencias, en su hogar o en el transporte, cuando trabaja y cuando se dedica al ocio.

El desarrollo del último capitalismo está lleno de contradicciones. Cuanto mayor es la productividad del trabajo, mayores son los beneficios empresariales y mayor la apropiación por el capital del valor creado; cuando mayor es la presencia del trabajo intelectual, mayor su sobrecualificación, mayor su precariedad y mayor su exclusión en la gestión de las empresas; cuando mayor es la globalización de la economía y mayor capacidad ofrecen las tecnologías para trabajar en red, mayor es la fragmentación de los procesos y mayor es la penosidad del trabajo sufrido en solitario.

En la medida en que el nuevo poder empresarial se fortalece, también se difumina y oculta, se hace invisible pero se siente en todas partes. Es un poder que todo lo ve porque la tecnología se lo permite. Mientras los primeros directivos se sienten dioses con su poder absoluto, la empresa se convierte en una organización obsesionada por la vigilancia, el control y la penalización por incumplimientos.

La forma en que se ejerce el poder acaba impregnándolo todo: construye íntimamente al sujeto, moldea al trabajador. Cuando las fronteras del tiempo y lugar se diluyen, el trabajador-ciudadano pasa a ser una mercancía potencialmente trazable las 24 horas del día. Entonces, los derechos laborales y los derechos ciudadanos se entremezclan y funden. Afectan a la vivienda, la movilidad, los cuidados, la privacidad, la desconexión o la intimidad.

Paradójicamente, aunque la sobreexplotación se instala en el mundo, la invisibilidad del poder favorece que el sentimiento de “estar explotado” se mitigue. En su lugar, resucitan otras sensaciones que podemos identificar con las de frustración, exclusión, marginación, ninguneamiento, desprecio, indiferencia… La dignidad humana recupera protagonismo. El movimiento de los indignados que se extendió por el mundo en la década pasada fue un movimiento ciudadano, pero ahondaba sus raíces en la indignidad del trabajo actual.

Los efectos de la precarización de los trabajadores del conocimiento

Es evidente que estos cambios obligan a ampliar el foco al mensaje sindical mientras atiende sus asuntos de siempre y en particular, hoy, la pérdida de poder adquisitivo como manifestación urgente de la crisis energética y de relocalización de procesos productivos.

El reto es inmenso. Las capas intermedias de profesionales sienten envilecida su situación por la externalización del conocimiento que, por un lado, devalúa su trabajo hasta confundirlo con el de operadores de aplicaciones y plataformas, sin capacidad de aportar valor, mientras, por otro, se les margina en análisis y estrategias departamentales, trasladadas a consultores. Afectadas de una precarización creciente, acabarán fomentando plataformas para defender sus intereses si los sindicatos de clase no son sensibles a su situación. Incorporar esas preocupaciones en elecciones sindicales y convenios es fundamental para integrarlas en una nueva idea de empresa.

Hay que acabar con la concepción monárquica de la empresa y la verticalización creciente de las relaciones laborales, un lugar donde minorías de control asumen el gobierno y deciden por todos. La cúpula directiva que detenta el poder se apropia de la bandera de “lo común” como si el trabajo no fuera empresa, como si avanzar hacia la mejor organización capaz de crear riqueza no fuera el objetivo de los principales interesados en su desarrollo, que son los trabajadores.

La unidad de los diferentes colectivos y capas de trabajadores pasa hoy por hacer confluir sus demandas laborales e interesarles en el cómo producir y en el qué producir en una lógica de participación en el gobierno de las empresas.

El trabajo es hoy, objetivamente, el grupo social más interesado en una mejora continua de la calidad de los activos intangibles (organización, procesos, 'know how') que es la fuente principal de innovación y de especialización productiva. Y esos activos que no puede adquirirse en el exterior y deciden el éxito de las empresas precisan de un clima colaborativo que fomente la participación, la inteligencia colectiva y la convergencia de esfuerzos.

Empresa republicana frente a empresa monárquica

Probablemente no estemos en un momento en el que podamos aspirar a un cambio esencial hacia la democracia económica. Difícil imaginar una empresa autogestionada ni plenamente democrática, en la que, por ejemplo, hubiera mecanismos de elección del CEO, pero sí, al menos, aspirar a una organización intermedia, con mecanismos de poder delegados, institucionalizados y participativos que incluyen la codecisión y la participación en el capital.

A ese tipo de empresa que podemos llamar republicana se le puede exigir un clima laboral participativo que dignifique el trabajo. El sistema productivo vigente en el norte y centro de Europa indica que innovación, eficiencia y participación caminan juntos. Reclamar trabajo digno es identificar al trabajador como ciudadano adulto y libre, no como un siervo asustado o como un esclavo sometido, y a la empresa como el lugar donde se nos ofrece la oportunidad de compartir objetivos para mejorar productos y procesos y crear riqueza.

Hacer sindicalismo será, probablemente cada vez más, ampliar derechos de participación para establecer un contrapoder democrático en la empresa y en la organización del sistema productivo.

En pocos días el Congreso va a abordar la transposición de la Directiva europea UE 2017/828 que busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Su debate concede una oportunidad única para empezar a incorporar la participación de los trabajadores españoles en el gobierno de las empresas, actualizando el retraso de décadas respecto a la gran mayoría de los países europeos.

Se trata de seguir en camino de otros gobiernos europeos, en particular el de Francia, en el que la transposición de la misma Directiva actuó de excusa y soporte para impulsar una batería de medidas en la mejor versión de “empresa responsable”, según lo entiende Macron. De esa voluntad surgió en mayo de 2019 la conocida como Loi Pacte que incorporó cambios en los códigos de comercio y de trabajo que incluyeron mejoras tanto en la participación de los trabajadores en los Consejos de Administración de las grandes empresas como en los derechos de representación de los trabajadores-accionistas. 

Sin embargo, la propuesta que el gobierno español ha enviado al Parlamento, por iniciativa de la Ministra de Economía Nadia Calviño, pasa por encima de esa posibilidad ignorando la conexión entre participación de los trabajadores e implicación a largo plazo de los accionistas. Lo paradójico es que el articulado propuesto entra en contradicción con la exposición de motivos que entrecomilla la argumentación de la propia Directiva cuando afirma que “una mayor implicación por parte de todos los interesados, en particular los trabajadores, en el gobierno corporativo constituye un factor importante a la hora de garantizar un enfoque más a largo plazo por parte de las sociedades cotizadas, que debe ser fomentado y tenido en cuenta”.

Esa recomendación está en linea con lo que recoge el Libro Verde de la Comisión Europea de 2012 sobre 'La normativa de gobierno corporativo de la UE' y con los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas.

Ha sido una enmienda del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos la que obligará a debatir su extensión a esos aspectos olvidados.

Las enmiendas para explicitar la participación de los trabajadores

Las enmiendas solicitadas son coherentes con los objetivos de la transposición de la directiva y con las particularidades y necesidades de nuestro sistema económico. No es posible avanzar en un cambio en nuestro modelo productivo sin potenciar una empresa inclusiva,  ni es posible incrementar la innovación y la competitividad de nuestras empresas sin abordar un clima laboral participativo que se desarrolle en paralelo a la implicación a largo plazo de los accionistas con los proyectos empresariales. 

Para ello, se propone unos cambios muy modestos que fortalecen la lógica del buen gobierno corporativo y de la sostenibilidad de los proyectos mientras abren la puerta, en consonancia con las recomendaciones de la Directiva, a la actualización y modernización del Estatuto de los Trabajadores. Ese objetivo, que la ministra Calviño considera prioritario, requerirá, entre otras modificaciones, ampliar el artículo 64 para incorporar los derechos de Participación a los ya regulados sobre Derechos de Información y Consulta.

Entre los cambios que proponen las enmiendas destacan los siguientes:

Se puede argumentar que el Gobierno no incluye propuestas como estas porque se quiere limitar al contenido estricto de lo que supone transponer la Directiva. Pero no es así, puesto que, al margen de la Directiva, está incorporando otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo. 

Introduce, por ejemplo, las denominadas “acciones de lealtad” que incentiva la permanencia de los accionistas al otorgar mayores derechos políticos, con voto adicional, a los titulares que se mantienen más de dos años como accionistas. Por cierto, ojalá la urgencia en crear esta figura pueda ser utilizado de forma inmediata para asegurar la estabilidad del Estado como accionista de referencia en la fusión Caixa/Bankia. 

Volviendo a la ausencia de referencias a la participación de los empleados sería duro pensar que es porque no lo considera conveniente o no quiere vincularlo a la lógica del buen gobierno.

Participación y buen gobierno empresarial van de la mano

Lo que es evidente es que España comparte, junto al grupo de países del sur de Europa, (Italia, Portugal y Grecia), la ausencia de legislación participativa sobre el trabajo en las empresas convencionales. Y que nadie puede obviar que el modelo empresarial que subyace debajo de esa condición, basado en la ausencia de contrapesos al poder unilateral de las gerencias, está condicionando y empobreciendo nuestro modelo productivo.

Esa singularidad acentúa los comportamientos cortoplacistas de las empresas. Como recoge expresamente la propia Directiva, las sociedades cotizadas se enfrentan, en general, a la presión por generar y distribuir beneficios financieros en el corto plazo, y ello obliga a sus direcciones a centrarse en exceso en los resultados trimestrales. Esa lógica está detrayendo recursos para la inversión productiva en el largo plazo y, en particular, para la destinada a I+D+i y, en consecuencia, perjudica la sostenibilidad y rentabilidad futura de dichas sociedades.

El modelo de gobierno corporativo depende del sistema de control y equilibrio entre los distintos órganos y los grupos interesados (stakeholders en terminología inglesa). Y en ese marco, una mayor implicación en la gobernanza empresarial por parte de esos grupos (trabajadores, clientes, proveedores, instituciones….) pasa a ser un factor importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las sociedades. 

Confiamos en que el Grupo Parlamentario socialista mejore el proyecto de ley en el sentido que marcan las enmiendas. Sería paradójico que algo que constituyó siempre una de las principales señas de identidad de la socialdemocracia se diluyera en un momento tan crítico como el que vivimos.

Volver a hablar de la vida que queremos, de la sociedad que queremos, es hablar del tiempo humano como referencia básica de la vida y cimiento de un nuevo Contrato Social.

El momento actual reclama una profunda reordenación de las jerarquías entre los espacios que identificamos con la producción de bienes y servicios -la única lógica reconocida por la economía- y la reproducción social, es decir, las actividades conectadas con la sostenibilidad y reproducción de la sociedad: tener y criar niños, formar a los jóvenes, cuidar a los abuelos, atender a los enfermos y mantener la organización de hogares y comunidades.

Esa mirada nos obliga a afrontar una batería de soluciones a la denominada “crisis de los cuidados” un conjunto muy diverso de conflictos y demandas que van desde el reparto de las tareas del hogar a los permisos de paternidad, desde la disminución de la brecha salarial a las rentas básicas, de los desahucios en la vivienda a la seguridad alimentaria… Todas ellas cuestiones situadas en los espacios de la reproducción social, tan centrales para la actual coyuntura como las luchas de clases en el ámbito de la producción en el capitalismo tradicional.

Esta situación tiene sus raíces en la dinámica estructural del capitalismo financiero que obtiene su rentabilidad de cualquier espacio. No solo extrayendo plusvalía de las clases populares tradicionales (del viejo proletariado, del autónomo, de las clases medias profesionales, de la pyme nacional) sino también de cualquier empresa, administración o familia endeudada, de cualquier recurso público estatal, regional o local (pensiones, desempleo, dependencia) y de cualquier estructura social debilitada.

La reordenación del tiempo humano como referencia vital

La economía de los cuidados abre todas las puertas que la ortodoxia económica quería mantener cerradas: desde “qué es producir riqueza” hasta qué sentido tiene “la gestión del tiempo” a lo largo de la vida. Poner en el centro esos debates es la mayor contribución que el feminismo está haciendo a la economía.

Obliga a recuperar el foco sobre la disminución, racionalización y flexibilización de los tiempos productivos (reducción de jornada laboral, trabajos de tiempo parcial voluntario y jornadas flexibles, permisos de paternidad y bolsas de conciliación familiar, reordenación horaria, teletrabajo y derecho a la desconexión). No es concebible que las potencialidades de productividad que aportan los cambios tecnológicos no redunden, cómo ocurrió siempre en la historía, en una disminución y racionalización del tiempo de trabajo.

Obliga a reconsiderar y tangibilizar el valor de los tiempos considerados “no productivos”: los dedicados a atender necesidades familiares básicas (crianza y vejez, enfermedad, incapacidad) y a las otras actividades domesticas de apoyo (higiene, limpieza, orden, compañía). Implica denunciar la máxima expresión de la contradicción entre valor y precio: las cosas más importantes se ignoran e invisibilizan porque se realizan “en el hogar” y no tienen repercusiones mercantiles; y lo que tiene precio, aunque sea ilegal y oculto cómo la prostitución o el tráfico de drogas, actividades que fueron incluidas de golpe en el PIB en 2010, se reconoce como valor.

Obliga a poner el foco en cómo reconstruir el espacio vital colectivo, sea urbano o rural, que disminuya los tiempos muertos (desplazamientos, abastecimientos, mantenimiento, limpieza) y maximice los tiempos vivos compartidos (formación, familia, descanso, ocio). De forma muy especial, nos confronta al coste creciente de la vivienda símbolo de la contradicción geográfica fundamental que provoca la centralización del capital inmobiliario en el corazón de las megaurbes y los mayores desplazamientos diarios con costes crecientes -en tiempo y dinero- de los trabajadores hacia localizaciones marginales o periféricas.

Sobre el mercado y los recursos públicos

El último capitalismo tiende a exprimir, cada vez más, un conjunto de capacidades sociales claves para la vida. Y lo hace de dos maneras: como norma, socializando la carga y trasladando a las mujeres de las familias un sobreesfuerzo creciente e invisible. Pero también, cuando de esas actividades sociales surgen perspectivas de beneficio, privatizando su gestión, externalizando servicios sociales y contratando a filiales de grandes corporaciones.

Sirva de paradigma, CLECE, una empresa multiservicios filial del Grupo ACS, que gestiona la Residencia de la Fundación Reina Sofía Alzheimer, de titularidad pública, un lugar denunciado porque faltan pañales o sábanas para cambiar a los ancianos hasta hacerles pasar días sobre su propia orina, con cuidadoras cobrando 600 euros al mes, mientras declara millones en beneficios.

Hay espacios en el que la lógica del mercado debería estar vetada. Tiene sentido en mejorar la oferta de servicios de abastecimiento, mantenimiento y limpieza del hogar, allí donde la economía digital está destacando por sus mayores ventajas. Pero nunca en lo que se refiere a los elementos centrales de la convivencia como son los cuidados.

Cuando el estado se inhibe, la mujer lo sufre

Un repaso a los datos comparados de diferentes países confirman que las carencias y desequilibrios de los servicios públicos desembocan en desequilibrios de género.

Las horas diarias que las familias dedican a las tareas del hogar, aquellas que no son cubiertas por servicios profesionales remunerados, son menores y más compartidas en los países nórdicos europeos, con buenos servicios públicos, (Suecia, Noruega) y mayores y más feminizadas en los países más dependientes del mercado (Italia) o con culturas más patriarcales (Japón, México, Turquía, India)

Obviamente, las medias no reflejan las diferencias de clase dentro de un mismo estado. En capas profesionales medias, la disminución del tiempo ocupado por las mujeres en tareas del hogar, no significa siempre que los hombres hagan más sino que se han externalizado las tareas domésticas, contratando a otras mujeres normalmente migrantes. Es en ese entorno donde la noción de “feminismo liberal” cobra sentido, pues significa sustituir la desigualdad de género entre hombres y mujeres por una desigualdad de clase.

¿Qué es crear riqueza? El PIB no se limita a cuantificar la producción registrada por el mercado. La contabilidad nacional incluye también en el PIB los bienes y servicios de no-mercado que son aquellos que, como la sanidad o los cuidados, se proporcionan a los hogares individuales, de forma gratuita por el estado o a precios económicamente no significativos, por instituciones sin ánimo de lucro.

Cuando esos bienes los soportan las familias son invisibles y no reconocidos. Sólo cuando las luchas sociales obligan a asumirlos como nuevos bienes públicos aflora de golpe esa riqueza oculta, expresión del concepto de valor social que la sociedad exige en cada momento.

Vayamos a por ello.

Los problemas sociales encuentran una solución adecuada a las relaciones de poder en cada momento. Si, durante años, unos son capaces de esconderlos y camuflarlos mientras otros llegan tarde a desentrañarlos y a enfrentarse a ellos, entonces, suele ocurrir que los escenarios políticos cambian. E incluso cambia la naturaleza del problema. Eso está pasando con la deuda: cuando los ciudadanos griegos y de otros pueblos del sur despertaron, ni los deudores ni los acreedores eran ya los mismos como consecuencia de múltiples procesos de socialización.

Una deuda exterior, fundamentalmente de instituciones financieras del sur, comprometida con bancos privados de Francia, Alemania, Inglaterra, etc, financiadores interesados de las múltiples burbujas periféricas, se había deslizado, paso a paso, para acabar siendo deuda fundamentalmente pública y comprometida con instituciones públicas europeas u organismos multilaterales.

El problema desde Grecia y España

La naturaleza del problema económico de la deuda griega sigue siendo el mismo. Como dice Stiglitz lo que ha ocurrido se puede resumir diciendo que “la UE  no esta rescatando a Grecia sino a los bancos alemanes”. Lo mismo reconoce el FMI. Más, si esa es la esencia económica del problema, esa realidad se ha ido camuflando durante siete años a través de múltiples mecanismos.

Lo que ha ocurrido es que los sucesivos planes de rescate griegos han sido soportados por prestamistas institucionales (un 65% por el Eurogrupo y el BCE) sustitutos de la banca alemana, mientras los prestatarios, los que soportan la carga de la deuda, no son ya los bancos griegos sino los ciudadanos a través de su gobierno. Y ese doble cambio tiene sus consecuencias: mientras los bancos han desaparecido de la primera linea, los gobiernos europeos más conservadores (en realidad, toda Europa) pueden presentarse como defensores de los intereses  de sus contribuyentes españoles, alemanes, portugueses… mientras acusan al pueblo griego de todos los despilfarros.

En España, los procesos de socialización de la deuda han tenido el mismo efecto perturbador. Si en 2008 las empresas y bancos españoles reconocían una deuda de 600.000 euros, principalmente financiada con bancos franceses (por 200.000 millones de euros) alemanes (160.000 millones de euros) o estadounidenses (140.000 millones de euros), siete años más tarde había desaparecido en buena medida de los balances bancarios. Si el primer deudor es el gobierno (la deuda pública ha pasado a significar el 100% del PIB mientras en 2008 estaba en el 39%), los principales acreedores son ya españoles, ya que los titulos de deuda están en un 55% renacionalizados.

¿Qué significa esto? Que cualquier renegociación o quita sobre la deuda pública española agravaría, en primer lugar, la recesión de balances de los agentes economicos españoles y sus problemas de solvencia y liquidez. Y ahí se incluyen desde los propios bancos españoles (204.000 millones de euros en septiembre de 2014) al Fondo de Reserva de la SS (52.000 millones de euros) o ahorros particulares colocados en fondos de inversion y pensiones (100.000 millones de euros).

De modo que la naturaleza del conflicto político es ya sustancialmente diferente.

No conviene ignorarlo entre otras razones porque esos camuflajes, esos mecanismos de socialización, han servido, también, al progreso europeo: lento y parcial pero progreso al fin. 

Europa y su triple mecanismo de socialización de riesgos

Conviene entender de qué modo han ido cambiando las cosas para poder construir un relato adecuado a la realidad.

1. El saneamiento de la banca ha sido, el primer mecanismo por el que los gobiernos nacionales han socializado deuda privada bancaria de sus países para convertirla a deuda pública.  Ese proceso ha sido común en toda Europa, desde Inglaterra a Lituania. En España, ha liberado a la banca del crédito al promotor inmobiliario y comprometido recursos equivalentes al 30% del PIB, en un 90% fondos publicos nacionales. Las pérdidas finales estimadas rondarán entre el 16% y el 20% del PIB.

2. La renacionalización de la deuda pública externa. Una vez socializado el riesgo interno a los propios estados tocaba el turno a la deuda exterior. El carry trade (financiación del BCE a los bancos del sur para aportar la liquidez suficiente para adquirir títulos de “su” deuda pública) inaugura el llamado “circulo vicioso” entre deuda soberana y deuda bancaria. Pero ha sido mucho más que eso:  ha sido, en realidad,  un “mecanismo virtuoso” para los bancos franceses y alemanes que les ha permitido ir transfiriendo su exposición al riesgo periférico a los bancos de los países deudores, convenientemente financiados. Los bancos españoles llegaron a disponer de casi 490.000 millones de euros en 2012 (cerca del 50% del PIB) para bajar a 250.000 en 2013. Con un efecto añadido: el diferencial de tipos del carry trade aportó, además, en esos años casi el 35% de los margenes bancarios.  

3. La mutualización a través del BCE de deudas nacionales. Como los bonos de la deuda publica adquirida por los bancos se depositaban como garantía en el mismo BCE, el carry trade inauguraba tambien un tipo de operaciones de mutualización indirecta de los riesgos europeos y, por ello, el BCE fue acusado por los países del norte de estar comprando de forma encubierta Deuda Publica del sur.  Esa política continuó después con las subastas a largo plazo TLTRO y ha dado un salto cualitativo con el QE: ahora ya no se trata de deuda bancaria sino de deuda pública, y, sobre todo, ya no son operaciones asimétricas y puntuales para atender a los países con problemas sino actuaciones periódicas y simétricas, basadas en una fórmula exacta que equilibra el riesgo compartido de cada país respecto a su PIB. El camino hacia la mutualización se ha institucioanlizado.

La crisis ha acelerado la “solidaridad europea” al tiempo que convertía en paganos a sus ciudadanos. No hay que minusvalorar lo primero, como tampoco hay que olvidar que estos tres programas han conseguido su principal fin: cargar todo el peso del rescate financiero sobre deudores y contribuyentes. Lo peor es que ese desvío consciente de riesgos hacia los ciudadanos fue acompañado de un proceso de culpabilización social para justificar el empobrecimiento posterior y unos ajustes de castigo, totalmente ineficaces.

La defensa de los deudores construye Europa

Enfrentarse hoy con el problema de la deuda requiere ser consciente de estos cambios para evitar el aislamiento y el enfrentamiento entre naciones. Lo contrario sería suicida. Las fuerzas realmente progresistas están obligadas a buscar soluciones para sus países mientras construyen un relato inteligible para los ciudadanos de toda Europa que, mientras la fortalece como proyecto eficiente y solidario, hilvane todo lo ocurrido.

Grecia lo está intentando en medio del fuego cruzado. Lo esencial es recalcar que el  problema de la deuda se sigue agravando en Europa. Nadie cree que se pueda descender en los próximos 10 años a los limites del 60% establecidos en Maastricht sin una reestructuración profunda de una deuda pública que, en términos medios, alcanza el 90% del PIB. Mucho más cuando países como Italia, Irlanda o Portugal tienen que dedicar entre el 4,5 y el 5% de su PIB a pagar gastos financieros. Peor aún cuando es evidente que los tipos de interés no estarán eternamente en los niveles actuales y pueden repuntar no tardando mucho.

Las soluciones pasan por reconocer el origen privado de la crisis y seguir reconociendo asimetría en las soluciones institucionales para favorecer a los países deudores. Hay que encontrar los caminos técnicos (vinculación de los pagos al crecimiento, deuda perpetua) que aceleren la consolidación de la deuda pública adquirida por el BCE como deuda no reclamable y convertir al mismo BCE en algo similar a prestamista de última instancia.

La solución es política y Europa debe dar el salto.

El capital financiero globalizado que hegemoniza el sistema productivo va agotando sus instrumentos de intervención económica sin conseguir estabilizar su desarrollo. La consecuencia de este hecho es que para resolver sus crisis se ve conminado a echar mano de medios cada vez más arriesgados, injustos y desestabilizadores de los equilibrios sociales de las sociedades.

Ocurre que cualquier nuevo paradigma termina enlazando con estrategias anteriores y compartiendo la misma lógica: favorece el endeudamiento creciente de los agentes económicos y la creación de burbujas financieras. Quizás sea, porque el poder, todo poder, tiene por finalidad, construir una sociedad a la medida de sus intereses y el capital financiero globalizado no podía ser una excepción.

El hecho es que, mientras se consolidaba como principio la “moderación salarial” era para fomentar “vivir a crédito”. Si se promovía el músculo internacional de las grandes empresas se alentaba forzar al máximo el apalancamiento empresarial vía banca corporativa, materia prima de las fusiones y adquisiciones. El recurso durante más de 15 años a tipos de interés bajos, imprescindibles para no dañar las expectativas de los mercados, empujaba a familias, empresas y países a aumentar hasta el límite sus créditos. Ese endeudamiento, absolutamente coherente con la racionalidad económica cuando las tasas de interés reales son negativas, fue presentado después como un despilfarro irracional. Y para combatir sus efectos, se implementó la mayor batería de ajustes sociales jamás conocida con un resultado paradójico: también esas medidas terminan alimentando, vía colapso económico, la deuda que querían evitar.

El último recurso es una expansión excepcional de la oferta monetaria, pero el exceso de dinero no llega a las empresas ni a las familias ni genera alegría en el gasto ni aumenta la velocidad de circulación del dinero, simplemente empuja al alza a las bolsas y genera nuevas burbujas cimentadas en productos cada vez más sofisticados. De un lado, los bancos aprovechan el dinero para invertir o especular con deuda soberana, de otro, mueven el dinero de un sitio a otro, de los países emergentes a las materias primas y de éstas a los países centrales en un baile permanente que deja un reguero de inestabilidad y burbujas sectoriales o locales.

Solo hay una medida que nunca se aplicará: hacer una quita de la deuda y reducir el tamaño de los mercados a otro más acorde con la economía real. Aunque sea la única solución sensata, las élites financieras no están dispuestas a tolerarla mientras pueden evitarlo porque serían los grandes perdedores. Y es que detrás de las múltiples interacciones entre variables económicas yacen relaciones de poder: las clases dirigentes tienen la mayor parte de su riqueza financiera en productos de deuda y derivados de todo tipo, que se evaporarían si se dejasen caer a los bancos que han apostado por esos activos. De momento, la operación de socializar las pérdidas de la crisis financiera está funcionando a entera satisfacción, los estados están soportando el colapso causado por el fraude bancario generalizado.

Todo apunta a un ciclo largo depresivo con grandes convulsiones económicas, sociales y políticas. No es catastrofismo: la “devaluación salarial” y la competencia global empujan, poco a poco, a la deflación generalizada. Para mantener la inflación en cotas positivas se promueven subidas del IVA que acentúan la caída de las demandas internas que deben ser sustituidas por mayores cuotas en el mercado exterior. La presión por la competitividad refuerza la presión a la baja sobre los sueldos en todos los sitios y afecta, de lleno, a las clases medias y bajas, que ven cómo se agotan los ahorros acumulados durante los años de crecimiento. Los ajustes las alejan de su tradicional moderación política mientras ven descender su nivel de vida. Lo peor es que el deterioro de las retribuciones directas, (desempleo, sueldos) y de las indirectas (pensiones, educación, sanidad, vivienda) no podrá ser sustituido, durante muchos años, por el recurso al crédito fácil. Esa vía está ya agotada.

La obsesión por ajustes en la oferta hunde la demanda en todos los sitios, síntoma claro de que retrocedemos hacia el capitalismo más primitivo. Si nadie para esta locura nos encaminamos hacia las crisis de subconsumo típicas del siglo XIX. Sus pautas son conocidas: “el salario medio será el mínimo posible, es decir, el mínimo necesario para que el trabajador sobreviva”. Parece imposible que esta “profecía” de Carlos Marx incluida en el Manifiesto Comunista se cumpla 160 años después. Y, sin embargo los minijobs y las pensiones recortadas son, empiezan a ser, simplemente, eso, símbolo de mera subsistencia vital que comienza a sentirse en el creciente nivel de pobreza infantil.

“Cada cosa se esfuerza, cuando está a su alcance, por perseverar en su ser”, decía Espinoza. Será por eso, porque todo tiene una lógica interna, una esencia que tiende a repetirse, por lo que el capitalismo se reencuentra con sus vicios de origen. El caso es que Marx, una figura que durante décadas, las del éxito del Estado de Bienestar, había quedado olvidado en el desván, recupera actualidad mientras el capitalismo sale a su encuentro.

Todo esto ocurre mientras la sociedad desarrolla tecnologías disruptivas que nos enfrentan día a día a un mundo con unas posibilidades inmensas. Pero, cuanto más grandes son los avances tecnológicos, más se nos quiere hacer comprender que debemos aceptar un futuro peor para nosotros y nuestros hijos. También lo decía Marx. En la medida en que crece el volumen y la intensidad del capital, se produce un incremento extraordinario de la capacidad productiva del trabajo; pero el desarrollo de la técnica y la racionalización de la producción que trae consigo, en lugar de aliviar la carga de los trabajadores, genera, paradójicamente, desocupación, precariedad y descenso salarial. La expresión de esa apropiación de la productividad del trabajo se percibiría porque los beneficios empresariales crecerían en una espiral exponencial en relación con los salarios hasta el punto de provocar periódicamente crisis de subconsumo y sobreproducción que ahora llamamos burbujas. Desgraciadamente, esa tendencia se está volviendo a cumplir desde que la globalización y el neoliberalismo se han convertido en fuerzas dominantes.

Sólo resucitando el miedo al precipicio será posible evitar un siglo de miserias. Los más inteligentes miembros de la clase dirigente empiezan a ser conscientes de que este camino disminuye su tasa de ganancia a medio plazo y aumenta la energía política de los ciudadanos descontentos. Anton Costa, el recién elegido presidente del Círculo de Economía, lobby de los principales empresarios de Cataluña, ha dicho que “si la desigualdad continúa su tendencia actual, la lógica desigualitaria del capitalismo financiero acabará chocando con la lógica igualitaria de la democracia”. Así es. Por eso, hay que frenar el círculo infernal al que nos conduce la corriente especulativa y cortoplacista dominante. Es ella la que se empeña en resucitar las condiciones de depauperación generalizada, ella la que sale al encuentro con Carlos Marx, la que lo pone de moda.

No hay solución a esta crisis si no se abordan a fondo los problemas, si no recuperamos y renovamos los equilibrios sociales que dieron forma al Estado de Bienestar. Hoy las resistencias democráticas son esenciales para frenar un nuevo y más profundo descalabro económico. Tenemos que llegar a tiempo.

Cataluña solo puede integrarse en España participando de unas pautas compartidas que corresponde decidir a todos los españoles. Pero tiene derecho a votar si quiere independizarse mediante una consulta legal

¿Desde la izquierda? ¿Existe un común denominador, una propuesta general sobre España? ¿Se avanza en ella? En mi opinión, a pesar de propuestas parciales y limitadas se debe concluir que las izquierdas no han madurado, con autonomía, una oferta clara para España como tampoco lo han hecho sobre otros ejes ideológicos vertebradores de una alternativa. La hegemonía conservadora se ha adueñado de lo global desde una mirada elitista y tecnocrática y ha arrinconado a la izquierda y acortado su mirada, subordinándola a los lugares comunes de sus propias burguesías y sus pequeños mitos e intereses, a su idea de nación y de patria, a su forma de ser catalán o vasco y/o español. O lo que es lo mismo, a su forma de ver desde el centro la periferia nacionalista y el “problema catalán”.

En la España actual el nacionalismo no es más que el prólogo que anticipa unas izquierdas gallegas, andaluzas, vascas, valencianas, catalanas, canarias, extremeñas... pegadas a sus particularismos, defensoras acríticas de una idea de lo popular idealizado y plagado de historias reconstruidas y tradiciones embellecidas, ensoñadoras de formas de vida pasadas. En realidad, el predominio de nacionalismos y particularismos son ya el reflejo de un modo de ser común que demuestra la subordinación de las izquierdas, incapaces de construir una “voluntad colectiva nacional-popular” en el sentido pensado por Gramsci, es decir, despojando lo tradicional de sus pequeños elementos reaccionarios y aislacionistas, dispuesta a sumar en la construcción de un imaginario global transformado y una cultura integradora, moderna y laica.

Ocurre en un momento en que lo nacional no se disuelve, como parecía, en pautas integradoras, sino todo lo contrario: cuando la crisis está evolucionando de tal forma que vuelve a situar la voluntad nacional como principio activo de la política al incrementar las tensiones entre los países centrales y los periféricos. En un momento también, en que cada comunidad necesita, más que nunca, planteamientos que detecten lo que les une a las multitudes de los más diversos lugares, que superen cierta ensimismamiento de lo local para entender la idea de lo global impuesta por el capitalismo excluyente, algo que sí ha conseguido el 15M, propiciando una dinámica mundial capaz de enlazar e inspirar luchas en Londres, Nueva York, Turquía, Brasil o Egipto. No se puede, obviamente, decir lo mismo de nuestras pequeñas y diversas izquierdas que prefieren seguir enredadas en las experiencias singulares de sus políticas locales, sin una referencia clara de lo que es hoy el avance social. Incapaces de compartir un relato territorial, lo máximo que parece pueden aspirar es al común divisor de un pacto entre barones o a un entramado de alianzas con forma de “confederación de las izquierdas autónomas”.

La ideología exige coherencia democrática. El debate federalista suena a tardío e impostado mientras no se asuma que España no es indisoluble. Ese mito está detrás de la incapacidad para que emerja un sentimiento federal, que solo considera la unidad como el resultado de la voluntad de estar juntos. Algo que sabemos existe en Extremadura o Andalucía pero puede que no en Cataluña o el País Vasco. Para ser federal, a la España futura le sobra “patria indivisible” algo que la izquierda ha jaleado también, elevándolo incluso a la categoría de “principio” asociado a un internacionalismo de pacotilla. En realidad son solo mensajes de usar y tirar. Cuando el PSOE extremeño crítica al PSC, suele alardear de realizarlo en defensa de unos principios que proclama superiores al agiornamiento electoralista del otro; en realidad lo hace porque le da votos presentarse como antinacionalista catalán. Lo que se presentan como argumentos universales son solo ardides particulares.

La ausencia de una actitud crítica con la transición es una de las razones que impide un pensamiento autónomo y que lleva a enredarse hoy con el “derecho a decidir”. La izquierda no puede enfrentarse al nacionalismo desde un entramado institucional que remache una y otra vez, con música y letra militar, “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Soy toledano pero si fuera catalán me provocaría un rechazo espontáneo, una invitación a romper el molde.

Buena parte de la izquierda asume como virtud eterna lo que fue necesidad coyuntural impuesta por los poderes fácticos. El principio democrático es justo el contrario y, en contra de lo que se dice, está muy extendido entre las clases populares, representado en la expresión 'si quieren irse que se vayan'. Solo falta dotarle de racionalidad y darle la vuelta para que sea una invitación franca a quedarse. Porque sin la posibilidad de separarse es imposible que surja el sentimiento voluntario de estar juntos. 'Un matrimonio no se arregla porque alguien declare ilegal el divorcio' nos recordaba un artículo del Financial Times en el que se reclamaba que España deje votar a los catalanes y deje de enredarse en “legalismos sin sentido”.

Esa referencia al divorcio le servía a Jose María Ruiz Soroa para criticar el “derecho a decidir” como una idea borrosa. Aunque “casarse o divorciarse es una decisión unilateral de cada sujeto, difícilmente podrá sostenerse que una parte tiene el derecho a definir unilateralmente su estatus dentro de un matrimonio”. Cataluña debe poder votar si quiere independizarse, votar sí o no en un referéndum pactado (la pregunta, los tiempos, los resultados) pero no puede decidir sola la forma en que se une al resto de España. Esa decisión tiene que ser, necesariamente votada y compartida por todos. La ausencia de una posición clara en la izquierda española está en el origen de la confusión propiciada por Mas y sus socios al reclamar el “derecho a decidir”. Esa es la esencia de la democracia y coincide con el planteamiento que Cameron, como primer ministro del Reino Unido, ha hecho a Escocia. Mientras es legítimo plantear la secesión y la independencia como decisión unilateral no lo es el modo en que uno pertenece unido a otros, eso corresponde a las normas comunes del club.

Zapatero acertó en intentar abrir una vía evolutiva federal desde la Constitución y pagaremos caro no haberla seguido, aunque erró al decir que “aceptaría cualquier decisión que aprobara el parlamento catalán” porque la vida en común requiere normas comunes. Cataluña solo puede integrarse en España participando de unas pautas compartidas que corresponde decidir a todos los españoles. Pero tiene derecho a votar si quiere independizarse mediante una consulta legal.

Aclarar este asunto es el principio de los principios de la convivencia en común. Después, la izquierda debe aprender a desmitificar los llamados derechos históricos (cuya pervivencia no está lejos de razones militares o premios a la no sublevación) y criticar abiertamente la práctica corrupta de los cupos; entender la lógica de las igualdades sociales y las desigualdades territoriales y convenir que la solidaridad no puede lastrar el bien común que se fomenta desde los diversos polos de desarrollo e innovación, abordar los déficit de calidad democrática en la España autonómica… Muchas cosas que deben vertebrar una causa común progresista. Pero lo primero de lo primero, el principio de todo es establecer las bases democráticas de la convivencia.

Es cada vez más habitual leer o escuchar una oposición frontal a los grandes acontecimientos, como la celebración de Juegos o la puja por ser sede de Exposiciones internacionales. La razón es que, en general, traen consigo inversiones desorbitadas que superan, con mucho, los presupuestos iniciales y son ejemplo de modelos de crecimiento especulativos e insostenibles. Repasemos algunos datos al respecto: Montreal 1976: 250 millones de dólares de presupuesto inicial, 1.600 de presupuesto final. Atenas 2004: 4.500 millones inicial, 10.800 final. Pekín 2008: 12.000 inicial, 30.500 final. Londres 2012: 5.000 inicial, 11.500 final.

¿Compensan? En todos los casos, las ciudades (y los países) se aprovecharon del tirón económico producido por la intensidad de las inversiones durante los seis años previos a su celebración: Pekín generó alrededor de 600.000 empleos, Londres alrededor de 200.000. Pero sufrieron las consecuencias del endeudamiento que lastró posteriormente su economía, en mayor medida cuanto más irracional fue el planteamiento. Montreal estuvo 20 años pagando la deuda comprometida. Atenas construyó 22 pabellones deportivos y hoy están abandonados 21 de ellos y con necesidad de serias reparaciones. Londres intentó curarse de ese mal construyendo instalaciones temporales, mucho más económicas, siempre que no hubiera un destino adjudicado para el edificio.

Barcelona 92 tuvo un presupuesto inicial de 1.000 mill de dólares, pero el final casi superó cinco veces esa cifra y se calcula que dejó una deuda de 6.000 mill de dólares. También en este caso la resaca consecuente, junto a la de la EXPO de Sevilla, otorgó una dimensión especial a la crisis del 93, en la que el desempleo alcanzó cotas del 24% y la corrupción se empezó a presentar como “moneda común”. Todo ello es indiscutible. Pero, 20 años más tarde, nadie duda que cambió enteramente la faz de Barcelona como ciudad moderna, algo que, desde entonces, ha capitalizado con creces. Por ello, los Juegos del 92 siempre han sido ejemplo de la capacidad transformadora de un entorno, en tanto que son excusa y justificación de cambios que en otras condiciones se hubieran demorado eternamente. Podríamos decir, incluso, que los Juegos de Barcelona fueron un ejemplo de la bondad de determinadas políticas públicas como impulsoras de la modernización de un país.

Pero, probablemente, también fueron lo contrario: un espejo que alimentó una competencia en obras faraónicas en las que participaron todas las grandes ciudades españolas. Una pugna que sirvió de bajada de bandera que incentivó la burbuja cuya explosión hoy sufrimos y que ha colocado a Madrid a la cabeza de ciudades endeudadas.

De lo anterior, se deducen unas pautas comunes a todos los Juegos, pero también diferencias apreciables entre ellos. También en la organización: Los Ángeles 84 descansó en una organización 100% privada y Atenas, 100% pública; Londres y Barcelona, presupuestos mixtos. Por eso, conviene no elevar a negativa abstracta la posición ante estos grandes acontecimientos. Mejor analizarlo en concreto. ¿Hay similitudes entre Barcelona 92 y Madrid 2020? ¿Qué diferencias podemos destacar de sus contextos políticos y económicos? ¿Hay garantías de que una candidatura como la de Madrid 2020, en caso de ser elegida, se va a gestionar con austeridad y transparencia?

Las preguntas anteriores obligan a comparar los diferentes contextos políticos. Cuando en 1986 se consiguen los Juegos (y posteriormente la Expo de Sevilla), ambas operaciones fueron concebidas como parte de un proyecto de modernización y orgullo nacional, en un contexto de una hegemonía absoluta del PSOE dirigido por un Felipe González como líder indiscutido. Entonces, el primer reto era “demostrar que lo podíamos hacer”; y el segundo, aprovechar su sede en Barcelona para fomentar la integración de Cataluña en un proyecto común con una inyección generosa desde el Estado. Su éxito en ese sentido fue evidente hasta convertirse en una pieza esencial de los consensos territoriales y sociales de la Transición, hoy dinamitados en todos los frentes.

Desgraciadamente, la gestión de la candidatura Madrid 2020 le corresponde a una alcaldesa no elegida, gestora de una ciudad con el mayor ratio de deuda por habitante, con un Gobierno autonómico especialmente sectario y salpicado por la corrupción, en un contexto económico e institucional de grave crisis nacional, con tensiones sociales y políticas y desafección institucional. Y lo más importante: los actos del 92 fueron la causa de una etapa de endeudamiento y el origen de múltiples procesos de corrupción. Pero hoy ambos fenómenos, endeudamiento y corrupción, forman ya parte de la recta de salida.

Tampoco debemos olvidar sus efectos sobre la tensión nacionalista con Catalunya. En un contexto de ajustes durísimos en todas las comunidades y especialmente allí, es obvio que dada la situación de insolvencia de Madrid, el altísimo esfuerzo inversor deberá ser respaldado integramente por el Gobierno de España. En ese contexto, los Juegos, si no se gestionan con la máxima prudencia y transparencia, pueden ser espoleta de nuevas tensiones.

Pero no todos son riesgos. La concesión de los Juegos de 2020 es también una oportunidad, una extraordinaria excusa, para sortear las argollas de los ajustes presupuestarios impuestos por la Troika. Una oportunidad, por tanto, para relajar el ajuste y complementarlo con medidas que faciliten el crecimiento. Porque, no lo olvidemos, que como programa de estímulo keynesiano, la organización de unos Juegos no tiene precio.

¿Nos gustaría más otro tipo de programa de estímulo? Sin duda. Basta decir que los 6.000 millones comprometidos representan alrededor del 130% del presupuesto destinado por la Comunidad de Madrid a Educación. Quisiéramos otro, pero probablemente no hay alternativa. Aprovechemos que el 80% de las instalaciones ya están realizadas para centrarnos en muchos otros aspectos tecnológicos, deportivos y de gestión que son parte de los programas necesarios para la modernización de España.

¿Creemos que estos gobiernos, los del consistorio, la comunidad y el de la nación, no serán capaces de desarrollarlo con transparencia, generosidad democrática y eficiencia? ¿Creemos que será utilizado de forma sectaria para continuar con sus políticas cerriles y privatizadoras? Pues cambiémosles en las próximas elecciones. E impongamos un nuevo Gobierno que minimice el boato y la propaganda, gestione con inteligencia y convierta los riesgos ciertamente existentes en oportunidades.