Lo que está sobre la mesa una vez más es la consideración de la mujer como sujeto de derechos con plena capacidad

Gallardón sigue amenazando con una normativa en la que se coloca a la mujer en una situación de dependencia

La despenalización del aborto no obliga a realizar dicha practica, simplemente permite la opción de llevarla a cabo

Desde hace ya unos meses el Ministro Gallardón viene anunciando la más que probable modificación de la actual ley del aborto (LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo). Tal y como se plantean las cambiantes propuestas, la futura reforma muestra, una vez más, la ofensiva de nuestro gobierno contra los derechos más elementales de la mujeres. La actual regulación del aborto se plantea como un sistema mixto de plazos y de indicaciones –acorde con la mayoría de las regulaciones de nuestro entorno europeo- despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo dentro las primeras catorce semanas de gestación, así como la producción del aborto por causas médicas siempre que no se superen las veintidós semanas. Ambas posibilidades quedan sometidas, en cualquier caso, a la concurrencia de determinados requisitos de preceptivo cumplimiento, lo que evidentemente proporciona un control legal y médico de dicha práctica. Con independencia de la opinión que nos merezca la técnica legislativa utilizada en la redacción de los preceptos tanto del Código Penal como del reglamento que lo desarrolla (RD 825/2010) lo cierto es que los supuestos médicos no son tan permisivos como pueda parecer. A título de ejemplo poner de manifiesto que no se ha previsto expresamente el supuesto de que corra peligro la salud (física o psíquica) de la embarazada pero se hayan superados las veintidós semanas de gestación. En estos casos la producción del aborto en aras de la salud de la madre sería un supuesto, a priori, de aborto delictivo.

La tan anunciada modificación de la LOIVE trae causa de la más que evidente influencia de la Iglesia Católica en nuestro país, y más concretamente en las personas que forman el gobierno actual. Tal influencia resulta discriminatoria en cualquier caso, pues siendo absolutamente respetable la elección y el ejercicio de dicha confesión –derecho fundamental- supone un agravio comparativo con respecto a aquellas personas, que de manera igualmente legítima, optan por otros modos o formas de pensamiento. Dicho de otro modo: la despenalización del aborto no obliga a realizar dicha practica, simplemente permite la opción de llevarla a cabo en el caso de que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. Lo que no pueden negar los detractores del aborto es que tras sus argumentos subyace una cuestión moral que no solo tiene que ver con el reconocimiento del derecho a la vida, sino con un trasfondo de censura con respecto al mismo acto de la procreación.

Abundando en el reconocimiento de los derechos no podemos olvidar que siendo reconocibles los del nasciturus ello no puede cercenar los derechos de elección de alguien que es plenamente sujeto de derechos y obligaciones: LA MUJER EMBARAZADA. A este respecto debe añadirse que el nasciturus goza de protección constitucional por lo que de potencial vida, esto es, persona tiene. En cambio, la mujer embarazada es titular de derechos fundamentales, tales como vida, intimidad, integridad física y moral, y, también, claro está la libertad para el libre desarrollo de su personalidad. Así las cosas, ¿Puede el Estado interferir en decisiones tan personalísimas como la de ser madre? ¿Con qué legitimidad obligamos a una mujer a ser madre de un bebé con malformaciones? Ser madre debe ser, en cualquier caso, un derecho y no una obligación. De lo contrario colocamos a la mujer en un alieni iuris en la que son otros los que deciden sobre su destino acudiendo a argumentos cuanto menos supralegales como el valor sagrado de la vida en formación. Estos sectores todavía no han entendido que defender el aborto es luchar por reconocer un derecho, esto es, una capacidad de elección y no la de crear una obligación. Las personas que defendemos la posibilidad de que una mujer pueda abortar partimos de que las mujeres debemos tener la capacidad de elegir qué hacer con nuestra vida lo que incluye, indudablemente, decidir sobre si tener un hijo o no. No se olvide que aquellos sectores que imponen el nacimiento de un hijo curiosamente lo imponen a la madre, no al padre.

Ante la intimidatoria reforma de Gallardón los responsables de los partidos de la izquierda española han anunciado, como no podía ser de otra forma, que impugnarán ante el Tribunal Constitucional la nueva norma que sea aprobada tras el rodillo de la mayoría absoluta del PP. Esta será, nos tememos, una nueva oportunidad perdida para que nuestros representantes, los de todos y todas, ejerzan su mandato representativo con la ciudadanía, y no ese mandato imperativo constitucionalmente prohibido que marca la disciplina de voto dentro de cada partido.

En cualquier caso, la situación actual nos resulta del todo bochornosa y ninguneadora, si se nos permite, de los derechos de las mujer: a día de hoy la LOIVE está todavía a la espera de ser analizada por el Tribunal Constitucional, con la previsión de que sea rebajada en sus expectativas ante la entrada en la próxima renovación de cuatro Magistrados “conservadores”, por cierto, todos hombres. Lo de la paridad en la justicia parece que también tendrá que esperar. Peso a ello, el Ministro sigue amenazando con una normativa todavía más restrictiva en la que se coloca a la mujer en una situación de dependencia respecto de terceras personas como decíamos más arriba. Así pues, lo que está sobre la mesa una vez más es la consideración de la mujer como sujeto de derechos con plena capacidad.

Por otra parte no podemos olvidar que la realidad social se impone ante el Derecho. Es indudable que las prácticas abortivas se seguirán realizando con independencia de su penalización lo que puede provocar un indeseable ámbito de clandestinidad. Si así fuera retrocederíamos más de treinta años en la realidad social española, en la que únicamente aquellas personas pudientes podían permitirse un aborto en óptimas condiciones sanitarias. La desigualdad social basada en criterios económicos es, desgraciadamente, uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad y provoca situaciones realmente dramáticas, ¿debemos añadir a las muchas mujeres que soportan la precariedad el riesgo vital?

Sería este un campo de pruebas más para las políticas de desigualdad que este gobierno lleva aplicando desde que está en el poder. Una desigualdad que, además, se ha visto agravada en relación con la situación de las mujeres en el ámbito laboral como espléndidamente mostraba Nuria Pumar en este mismo espacio hace unos meses; con la vuelta a la esfera esencialmente doméstica y, por tanto, irrelevante para lo público, de las tareas de cuidados de las personas dependientes que en su gran mayoría llevan a cabo las mujeres y que describía en este artículo Berta Baquer; con el progresivo enmascaramiento del fenómeno de la violencia de género que pretende ser de nuevo reconducido a los crímenes pasionales, de nuevo, propios del ámbito privado, doméstico, ese que queda escondido de la luz pública.

En conclusión, no aprovechen nuestra diferencia para tratarnos de forma injustamente desigual.

El argumento del derecho comparado europeo parece ser un digno aliado de aquellos que aplauden estas intenciones. Si bien es cierto que en países como Alemania –tan de moda últimamente- se contempla la institución de la prisión perpetua revisable, no debe olvidar nuestro legislador que el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en dicho país es bastante inferior al cumplimiento medio en España y que, en general, la dureza de las penas asignadas en nuestro código penal es bastante superior al de la media europea. Así, utilizar el argumento de la comparación es basarse en una verdad a medias, y por tanto, en una mentira.

Lo que parece innegable es la aceptación de la dureza de las penas por parte de un amplio sector de la sociedad, que ávidos de venganza y en un clima de profunda agitación social ven posible aplicar la máxima de “el que la hace la paga”. Avalar legalmente tal aspiración supone asignar a la pena prácticamente la única función de la retribución, olvidando que en un Estado Social y Democrático de Derecho la principal función de la pena es la prevención general y especial, que unida a la finalidad de resocialización, procura que no vuelva a suceder el hecho por el que lamentablemente se condena.

Dichas reformas en el ámbito de la pena se realizan anteponiendo el dolor de las víctimas –irreparable por larga que sea la condena- a la lógica jurídica que tras largos y duros años de democracia ha conseguido este país. Poco menos que supone poner nombre y apellidos –que desgraciadamente todos podemos identificar- a las reformas penales. Pues bien, ese es precisamente el dato que nos permite afirmar que afortunadamente en España no es común ni frecuente la comisión de crímenes tan deleznables. Por ello, la pregunta previa a cualquier reforma legislativa de tal calado debiera ser acerca de la verdadera necesidad de introducir dichas medidas para evitar delitos tan indeseables. La respuesta no puede ser otra que negativa, por bien que algunos medios de comunicación se empeñen en llenar de modo tendencioso espacios morbosos de supuesta información acerca de los horribles crímenes que acechan a nuestra sociedad.

No solo en el ámbito de la determinación y la ejecución de la pena se prevén reformas estructurales de nuestro Código Penal, también se ha anunciado el endurecimiento de las penas para los incendios forestales y nuevas –esperemos que sean eficaces- reformas en los delitos económicos.

Acudiendo al ejemplo concreto, sorprende, por decirlo eufemísticamente, la introducción de nuevos tipos agravados en el hurto. Se inventa el legislador en esta ocasión el “hurto profesional”. Parece ser que de prosperar el texto propuesto por el Gobierno el cometer hurtos de manera más o menos habitual dejará de ser tratado a través de la institución de la reincidencia o del delito por acumulación de faltas. Es el propio texto el que define profesionalidad como “ánimo de proveerse de una fuente de ingresos no meramente ocasional”; vamos, hacer del delito el medio de subsistencia. Dejando de lado la difícil cuestión de saber cuándo un sujeto es profesional del delito, tal novedad me suscita otros interrogantes como ¿se aplicará la agravante de profesionalidad a todos los delitos contra el patrimonio? ¿por qué no extenderlo a los delitos de corrupción? ¿cuántos delitos deben cometerse para ser profesional en la materia? De nuevo se deja escapar una buena ocasión para abordar el tema, nunca bien resuelto, de la multireincidencia.

Por si esto fuera poco, invocando en esta ocasión el principio de intervención mínima se pretenden suprimir las faltas, que se convertirán en delitos penados con multa o serán perseguibles sólo administrativamente. La propuesta no sería criticable si no fuese porque el cambio será más formal que material, pues la mayoría de faltas no desaparecen sino que sencillamente se convierten en delitos, ahora denominados leves. Eso, señores, no es aplicar el principio de intervención mínima, sino simplemente aparentar que se aplica. Bienvenida sea la reforma, no obstante, si la falta de homicidio penada con multa de uno a dos meses –existente desde lustros en el CP y que nadie se ha dignado en criticar- deja de serlo, para pasar a ser o bien delito o bien irrelevante desde la perspectiva jurídico-penal.

En definitiva las medidas de reforma penal anunciadas por el Gobierno, bajo la mendaz apariencia de necesidad, nos proporcionan una espesa cortina de humo que nos impiden apreciar los escasos esfuerzos –o en todo caso insuficientes- para solucionar los problemas que sufre diariamente el ciudadano de a pie y que poco tienen que ver con genocidios, asesinatos con tintes sexuales o secuestros con desaparición de la víctima.