Si nos remontamos a los orígenes de cada profesor universitario es casi seguro que en algún momento demos con la imagen de esa niña o niño, adolescente o joven curioso, rebelde a la vez que disciplinado, y movido por el ansia del saber y, también, por la admiración de dicho saber en la figura de referencia (solía ser siempre “el” maestro). Encontraremos seguramente también a una persona con ansias de libertad, la del pensamiento y, por ende, más proclive al juicio crítico y menos a ser tentada, de entrada, por el aura de otras formas de poder y de servidumbres ajenas al conocimiento, como la del dinero. Los profesores intuimos, cuando nos decantamos por desarrollar nuestra vocación (y luego vamos confirmándolo poco a poco a lo largo de la carrera, que nuestra opción lo es por una forma de vida. Una forma de vida que no nos va a permitir vivir en la opulencia, pero sí en la libertad de explorar las fronteras del conocimiento, contagiando al alumnado el entusiasmo por la aventura del saber, en complicidad con esos otros pocos que en el mundo entero comparten pasión por esa pequeña esfera de la ciencia en la que en algún momento y por algún avatar de la vida decidimos especializarnos. Eternos estudiosos, exploradores del conocimiento y maestros, así nos queremos.

Pues bien, hace años que observamos una deriva de nuestro oficio que, en aras de la meritocracia, en beneficio de la burocracia y bajo el halo del cientifismo de las métricas generadoras de su propio mercado de especialistas, está minando de forma lenta pero cierta la profesión y el alma de quien en su día la escogió. No cabe duda de que la transparencia, la meritocracia y la sana competitividad van de la mano de la excelencia. Tampoco cabe duda de que nuestra Universidad ha adolecido de sus propios males, entre los que figura la mediocridad posibilitada por la endogamia y el nepotismo, grave mal cuando lo que se pretende es que a la creación y transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones se puedan dedicar los mejores. Tratándose, a fin de cuentas, del acceso al empleo e incluso a la función pública es el mérito, y no otro, el criterio que debe regir, en este último caso, por mandato constitucional. Ahora bien, se debería dar por sobreentendido que pocos están más capacitados para valorar el mérito científico en el interior de la carrera académica que aquellos que ya han logrado una determinada posición avanzada en el seno de la misma, gracias, justamente, a una acumulación de méritos debidamente valorada. El hecho de que las comisiones de evaluación para la acreditación o el acceso a las diferentes escalas del profesorado universitario la conformen siempre profesores o investigadores senior(es decir, quienes poseen una trayectoria profesional ya acreditada) corrobora esa pretensión.

La aplicación informática decide

Obsérvese el alcance del desatino: por un lado, el actual proceso de baremación ha atribuido a la aplicación informática una capacidad decisoria fundamental en lo que respecta a la ubicación y ponderación de los méritos; por otro, quienes están llamados a decidir acerca de la competencia profesional de quienes pueden ingresar en la carrera académica tienen vetado cualquier tipo de juicio acerca de la calidad de las contribuciones de cada aspirante. El método de evaluación es pura y exclusivamente cuantitativo, de modo que un mismo trabajo publicado bajo diferente título y con escasos retoques en varias sedes vale mucho más que una sola investigación sesuda sobre un asunto particular, traducida en una sola publicación de calidad. No hay, pues, modo de cortar la entrada a la mediocridad con este sistema cuantitativo de valoración, que sólo mide la capacidad al peso, hurtando toda posibilidad de intervención a quienes se entienden preparados para una ponderación cualitativa correspondientemente fundamentada y motivada.

Repárese además en el modo de producción científica y cultural que se está incentivando con este tipo de filtros y controles: la pura acumulación repetitiva y superficial, guiada por el cálculo de dónde conviene más, estratégicamente, colocar las propias publicaciones (esto es, las revistas o sedes que, por predominio económico o por posición oligopólica en el sector, pueden colocarse a la cabeza de los ranking correspondientes y otorgar más puntos), en lugar de por el ánimo de innovar, de ensayar nuevas perspectivas, de trascender los lugares comunes y, con ello, de hacer avanzar el saber al que cada cual se dedica.

Desconfianza radical

Nos encontramos, pues, instalados en una transición que, con respecto a la evaluación de los méritos para el acceso a la carrera académica, va desde la capacidad decisoria irrestricta de los expertos a la capacidad decisoria irrestricta de las máquinas de acuerdo con métricas solo supuestamente objetivas. Por la desconfianza radical frente a la falibilidad o la corrupción del juicio de los evaluadores abrazamos una confianza desmedida en la capacidad de valoración de los soportes informáticos. Esto nos enfrenta a otra dimensión del problema, vinculada igualmente con la devaluación progresiva de la profesión académica no solo en la nuestra sino en el gran conjunto de las universidades españolas: su degeneración creciente en una ocupación burocrática. Porque lo más curioso de todo es que, a pesar de la mecanización del sistema, se sigue contando con el tiempo del profesorado para realizar labores que, llegados a este punto, bien podría realizar un personal administrativo debidamente formado.

Las evaluaciones son necesarias, qué duda cabe. Pero cuando el tiempo que invertimos en procesos para evaluar a otros colegas y ser evaluados nosotros mismos (comisiones de evaluación, sexenios, acreditaciones y un largo etcétera), así como en la gestión y justificación de gastos de proyectos de investigación, nos absorbe de tal manera que nos quedamos sin tiempo para preparar bien nuestra docencia y avanzar debidamente nuestra investigación, y se nos quitan hasta las ganas de solicitar nuevos proyectos y ni siquiera nos planteamos ir a por los de mayor envergadura, es que algo va profundamente mal. Es que el remedio empieza a ser peor que la enfermedad, entre otras cosas porque el sistema puede acabar desincentivando a los más capaces intelectualmente y premiando a los que al final se revelen como los mejores burócratas o gestores. Ese día habrá muerto la figura del profesor universitario, al menos tal y como la entendíamos los que hace ya unas décadas la escogimos.

Burocratización

Porque en eso, en burócratas, es en lo que nos estamos convirtiendo y en eso está consistiendo la doma del espíritu del cuerpo de profesores universitarios a quienes poco a poco se nos está minando el alma mientras avanzamos, asfixiados, hacia el siguiente paso y mísera recompensa, ya sea el cambio de escalafón en la carrera o la satisfacción de las métricas para que valoren nuestros méritos. Únase a esto la idea de la ciencia a coste cero. Es decir, que no sólo se nos exige y se nos involucra en procesos de control, verificación y certificación infinitos (en un sistema que, por cierto, descansa en la presunción de la mentira del solicitante, ya sea externo ya del propio cuerpo universitario, salvo que se demuestre, certificado mediante, la verdad), sino que no se distingue entre lo que es una labor meramente administrativa que, por digna que sea, no requiere un juicio académico, y lo que no lo es, sino que opta por descargar cada vez más todo y de forma indiferenciada sobre el profesor.

En estos días, se han reunido un total de 168 comisiones de las distintas áreas de conocimiento de las facultades de la Universidad de Sevilla, contando cada una con 5 profesores, para una labor de meros fedatarios públicos que ha consumido una media de 10 jornadas de trabajo de cada profesor (variable en función del número de solicitudes). Es decir, que estamos hablando de 840 profesores involucrados y de unas 8.400 jornadas de trabajo del profesorado según cálculos conservadores. Lo razonable es que hubiera habido un trámite de subsanación de errores que no parece haberse respetado (en detrimento de los solicitantes) a cargo del personal administrativo de la Universidad. Y que a los profesores nos hubieran llegado los expedientes completos y debidamente contrastados (por todo lo que hace a los requisitos y méritos aportados) de forma que pudiéramos emitir nuestro juicio académico sobre los aspectos que lo merecían. En vez de esto, nos hemos visto todos involucrados en la labor de ir comprobando méritos en función de certificados, uno a uno, corrigiendo errores de los propios solicitantes y buscando las formas y triquiñuelas de avanzar en una plataforma que no lo permitía en principio ante determinadas carencias o erratas de los propios solicitantes o, peor aún, del propio sistema, pues nos consta que muchos solicitantes no lograron introducir los méritos que efectivamente tenían.

¿Alguien de verdad se ha detenido a calcular el coste de este proceso que probablemente acabe en una serie de recursos infinitos cuya resolución requerirá ulteriores recursos? ¿Alguien se ha parado a contrastar el ahorro en personal administrativo frente al coste de personal académico dedicado a estas cuestiones? ¿Alguien se ha tomado la molestia de pensar en la frustración que le genera al profesorado que tiene que apartarse de sus funciones verdaderamente académicas para realizar unas que son principalmente de gestión cuando al mismo tiempo se le priva de la posibilidad de desempeñar la parte realmente académica? ¿Y en la sensación de indignidad que produce que nuestra propia Universidad se tome tan poco en serio nuestro trabajo, nuestra vocación y nuestra honestidad? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que, aún encolerizados, no seamos capaces del alzar el grito al cielo y decir: ¡basta ya!? ¿Es que acaso lo han conseguido ya: la extinción de la especie del profesor universitario?

Recuerdo la estupefacción que sentí cuando supe que el anarquismo español, tan intransigente y beligerante con los nuevos mecanismos de conciliación entre capitalistas y trabajadores puestos en planta por la Segunda República, aceptó, ya en el exilio, diezmadas sus filas y asolada España por la dictadura de Franco, la restauración de la monarquía (en la testa, supongo, de “don Juan”) mediante la convocatoria de elecciones constituyentes. Quienes con la promesa de conquistar un paraíso de libertad y autonomía social situado a la vuelta de la esquina habían llevado a su grado máximo el conflicto contra un Estado que se proponía, entre sus prioridades fundamentales, la emancipación política de los trabajadores, terminaron aviniéndose a unos mínimos conservadores para cuya consecución carecían ya de toda fuerza colectiva.

Este recuerdo, con su correspondiente enseñanza, me lo ha traído a la mente la lectura del último artículo de mi admirado amigo Albert Noguera, caracterizado, como todos los suyos, por una rara potencia constructiva y analítica… que corre, sin embargo, el riesgo de convertirse en un ejercicio de maniqueísmo apodíctico y dogmático. Baste para comprobarlo con reparar en la mayor debilidad de su argumentación, localizada en el punto en que establece una relación de causalidad proporcional entre el nivel de ingobernabilidad general alcanzado en el Estado y la posibilidad de cumplir con las expectativas de celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

Sostiene así que el único modo que tiene “el movimiento independentista” de conseguir que se produzca “algún movimiento de fichas en favor del referéndum” es apostar por lo que llama “la dialéctica de las ingobernabilidades”, sumando a la protesta social la “incapacidad del poder” para dotarse de órganos con los que canalizar la voluntad estatal. En este contexto, el dilema que atenaza a ERC consistiría en apoyar el Gobierno de coalición de Sánchez a costa del “cierre temporal del conflicto catalán y la restauración del régimen”, o bien en negarle el apoyo con el fin de reactivar “el conflicto catalán” y “agudizar la crisis de régimen”, en la esperanza de que una intervención internacional, o la presión de la dirigencia económica, obliguen a la realización de la consulta.

Virtud de todo análisis de situación ha de ser la ponderación exacta de las fuerzas en presencia. En general, esta exigencia obliga a presumir una respuesta autoritaria por parte de las instancias europeas o de las élites empresariales ante una exacerbación del conflicto. En lo que respecta a la concreta problemática catalana, significa además incorporar al análisis la desembocadura final del referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 y de la momentánea declaración ulterior de independencia. El carácter puramente simbólico que ambos actos acabaron teniendo -carácter, por tanto, insuficiente para servir de base a una nueva legalidad-, no lo proporcionaron ni la amenaza del 155 ni la posibilidad de la represión, sino la ausencia total de respaldo cívico y de reconocimiento internacional a la institucionalidad que de los mismos cabía derivar. Los Estados con mínima capacidad de decisión mantuvieron un elocuente silencio, y ante la primera reacción gubernamental, el Parc de la Ciutadella se vació. No solo se hizo patente en ese momento que era imposible “constituir la República catalana contra el 50% de la población”, por utilizar las expresiones de Joan Tardà y Gabriel Rufián. Se puso entonces también de relieve que el otro presunto 50% de la población que desearía tal República no estaba dispuesto a ningún autosacrificio grave para conseguirla; una preferencia por la seguridad que constituye el desmentido más delator acerca del hipotético carácter opresivo o totalitario del engranaje estatal en el que la actual Comunidad Autónoma se inserta.

Atributo de todo análisis de situación ha de ser asimismo el pulso de las tendencias latentes. Y una de ellas, de la que se ha tenido reciente corroboración empírica, señala que la intensificación de “la conflictividad”, sin aumentar la base social del independentismo, incrementa considerablemente la del neofranquismo, cuya receta para solventar el problema catalán sabemos que es la suspensión permanente de la autonomía, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y la ilegalización de los partidos independentistas. Aun sin quererse conferir credibilidad a esta serie de propuestas, por suponer dificultosa la reforma constitucional que exigen y descartar que se puedan aplicar mediante atajos de hecho, parece evidente que la agudización del conflicto extiende su verosimilitud y su respaldo en sociedad.

La tesis de partida del artículo desconoce, por tanto, la inexorabilidad de una ley tan imaginaria e implacable como la de Murphy: “todo lo malo es susceptible de empeorar”. Su regularidad histórica es desde luego superior que la de aquella otra de raigambre anarquista, que conforma su opuesto, a tenor de la cual “cuanto peor (vayan las cosas), mejor (para mejorar)”. Según el dictado de Murphy, la agravación del conflicto catalán por contribuir ERC a la ingobernabilidad del Estado habría de saldarse, no con mayores oportunidades para un referéndum pactado, sino con unos nuevos comicios -cuya inevitabilidad reconoce el propio autor- de los que saldría un gobierno de coalición entre el PP y un Vox todavía más revigorizado.

Para corregir la pendiente actual, con probable desenlace desastroso para las fuerzas progresistas e independentistas, no es aconsejable apostar por una mayor polarización que haga todavía más antipáticas las reivindicaciones de autodeterminación en el resto del país, ensanchando el campo a sus peores enemigos. Parece más sensato explorar caminos que, en el resto del Estado, siembren simpatías por el pluralismo, promuevan actitudes de reconocimiento de nuestra plurinacionalidad, generen mayor comprensión colectiva hacia un escenario eventual de secesión legítima o -salida mejor en mi opinión- favorezcan la revisión constituyente del Estado en sentido confederal. Y para todo eso acaso ayude más contribuir a la gobernación del país que empeñarse en sabotearla con la vana y masoquista esperanza de culminar la revolución de la independencia.

De proceder de este modo, ERC no estaría contribuyendo a “restaurar” ningún “régimen”, sino propiciando la aglutinación de fuerzas capaces de reformarlo en un sentido progresista, ni tampoco estaría cancelando el conflicto catalán, sino situándolo en una perspectiva de más largo plazo ante la constatación realista del fracaso sufrido por la vía de la separación unilateral.

La ecuación virtuosa entre la presión popular ejercida por la movilización en las calles y la posibilidad del cambio político es la enseñaza más viva, pero más olvidada hoy, del 15M

El artículo es la segunda entrega de la semana que dedicamos a celebrar el quinto aniversario del 15M

La experiencia del 15M fue todo un revulsivo para quienes, nacidos durante la transición, o ya directamente en democracia, carecíamos de toda socialización política más allá de los canales provistos por partidos, sindicatos y asociaciones. Bastaba contemplar en los documentales de rigor el grado de movilización social que había conocido el país durante los años 70 para percatarse de que, salvo episodios aislados de huelga general, llevábamos más de treinta años durmiendo. La tan añorada “modernización” de España había provocado, como su reverso tenebroso, una preocupante despolitización de las capas medias y los sectores populares. Y eso era tanto como decir que al Estado social y democrático que se estaba construyendo, mientras se iban colocando sus pilares jurídicos, institucionales y financieros, se le iba a la vez sustrayendo su propio supuesto político-cultural, el de una ciudadanía activa y organizada celosa de sus derechos.

El 15M demostró que la propia articulación del Estado constitucional –esto es, del Estado organizado democráticamente en función de la defensa y promoción de los derechos individuales y sociales– había ido cultivando sus propias bases de legitimación. Ante el espectáculo de su perversión y desmantelamiento, fueron centenares de miles de personas las que respondieron masivamente en las plazas. El gran mérito, la inequívoca novedad, vino dada por el carácter espontáneo del movimiento, que discurrió desde el comienzo por cauces completamente independientes de los partidos, los sindicatos y otras asociaciones políticas. La ciudadanía se levantaba, sin necesidad de que los actores políticos tradicionales la despertasen, en defensa de lo que entendían el bien político más preciado: una democracia auténtica, no adulterada, que actuase en beneficio de las mayorías sociales.

De entre los que abarrotábamos aquellos días las plazas con menos de 40 años, es muy posible que ninguno hubiese vivido con anterioridad la experiencia de asambleas multitudinarias, de foros en los que se revisaba colectivamente el ‘estado de la nación’. El sentimiento intenso de pertenencia activa a una comunidad política con capacidad de autodeterminarse recorría las entrañas de cuantos nos sentábamos a escuchar y debatir. Si hacia dentro se estaba produciendo un proceso vertiginoso de educación política práctica, hacia fuera se estaban desplegando acontecimientos no menos valiosos.

Fueron muchos quienes por vez primera se enfrentaron a los desafíos, sinsabores y gratificaciones de la organización colectiva. Muchos tomaban la palabra por primera vez en público, y su voz quebrada por los nervios contrastaba con la solidez del juicio que emitían. Había que articular la acción entre sujetos que no se conocían entre sí, partiendo del principio de la mutua confianza que despertaba el reconocimiento de verse involucrados en una tarea común. El 15M catalizó las energías de movimientos sociales, de jóvenes y mayores ya politizados, pero logró a su vez abrazar a multitudes anónimas que hasta ese momento no habían vivido su dimensión política más que de forma individual o, en todo caso, privada.

La punta de lanza de todo el movimiento, la radicada en Sol, logró además encabezar un gesto de ejemplaridad que resumía el núcleo político del movimiento. A escala, quiso demostrar durante semanas que la comunidad política que reivindicaba no se circunscribía al mundo inexistente de las utopías, sino que constituía la propia realidad cotidiana de los allí reunidos, donde el lenguaje de participación, fraternidad, cooperación y autonomía se superpuso, hasta ponerlo territorialmente en suspenso, al habitual de la competencia, el dinero y la obediente resignación. Pudo entonces pecarse de ingenuidad, al descuidarse los medios y procedimientos necesarios para generalizar aquella singular experiencia de autonomía colectiva, pero la demostración inequívoca de que lo reclamado no era una entelequia, sino una praxis vivida plenamente, se hizo patente a la luz del día.

Aún hubo otra enseñanza política fundamental del 15M. Recuerdo que cada día que me acercaba a la plaza de las Setas, en Sevilla, la afluencia de manifestantes era mayor. Cada convocatoria, cada manifestación, lograba despertar más adhesiones. La progresión multiplicadora de las sucesivas sentadas anunciaba la posibilidad de un desbordamiento incapaz de ser controlado por las instituciones en vigor. Hubo un día, apenas pasada una semana de concentraciones diarias, en que los asistentes fueron los mismos que la jornada anterior. La ascensión se había detenido. Faltó algún detonante añadido, la llamada resuelta de los sindicatos a sus bases y cuadros, la entrega decidida de las bolsas de ciudadanía más severamente castigadas por la crisis, para que la intensidad de aquellas movilizaciones hubiese provocado cambios bruscos, inmediatos y visibles a nivel institucional.

No hay ordenación del poder que no aspire a revestirse de naturalidad. Tras casi tres décadas de vigencia estable de nuestro régimen político, convenientemente sustentado por una cultura compartida, muchos ya vivían la distribución del poder existente, y su articulación institucional, poco menos que como fenómenos naturales e inalterables, invariables por su adecuación a la fisonomía auténtica de España. La indignación multitudinaria del 15M puso en evidencia, de un solo manotazo, que tanto la trama institucional vigente como su ropaje cultural distaban de parecerse y de responder a las necesidades de la España real. Y demostró que la organización intensiva de los miembros más despiertos del país podía poner contra las cuerdas a la España oficial, demostrando la artificialidad y el carácter meramente convencional de sus bases organizativas y teóricas.

Aún continuamos a día de hoy viviendo de aquel rédito político fundamental, el que mostró que las cosas se pueden cambiar sustantivamente porque nada de lo relativo a la vida en sociedad está determinado por la fatalidad natural. Pero es justamente la ecuación virtuosa entre la presión popular y la posibilidad del cambio político lo que el 15M exhibió con mayor vigor en las plazas, y lo que hoy, con la vista puesta solo en la política representativa, más hemos perdido y más convendría recuperar.

Que los representantes de las fuerzas progresistas señalen la conveniencia de dotar de fondo histórico a sus aspiraciones supone toda una interpelación al compromiso político de los historiadores críticos

La historiografía crítica no pretende remplazar unos mitos reaccionarios por otros supuestamente progresistas, sino ejercer una labor de desmitificación, un acto de por sí liberador

La historiografía crítica aspira a prestar fundamento al principio capital de toda revolución política, a tenor del cual todo lo concerniente al gobierno de nuestras vidas no es asunto de historia, sino de voluntad y razón

Entre las urgencias que se comienzan a plantear las posiciones críticas figura la de disputar las representaciones sobre nuestra historia. En el caso de Cataluña, hace ya tiempo que reputados historiadores de sensibilidad progresista decidieron colocar sus conclusiones en el terreno de la sustancialidad nacional, la historia contrafáctica –‘sin Nueva Planta borbónica, Cataluña habría sido la Holanda del Sur’– y la reivindicación política. Algo similar está aconteciendo en otros pueblos de España, necesitados de genealogía patria para fundamentar su sustantividad ante un posible horizonte constituyente en clave confederal. Conscientes de que era un ámbito casi monopolizado por los discursos conservadores, liberales e institucionales, siempre prestos al uso partidario de la historia, estos historiadores nacionalistas de izquierda resolvieron que había que dar la batalla también ahí, a despecho de la historiografía de inspiración marxista, que concebía los relatos nacionalistas como invenciones interesadas de tradición colectiva.

Con ocasión de las celebraciones del 2 de mayo, hemos podido apreciar cómo la estrategia cultural del populismo democrático también reclama un apartado de historia nacional. Siendo su objetivo primordial el de la construcción semántica de nuevas y aglutinantes identidades políticas, y primando en sus concepciones el aspecto mitológico de las colectividades, la importancia de los relatos históricos no podía pasarle desapercibida.

La apuesta es clara: dotar de antecedentes a los movimientos e iniciativas populares que hoy abogan por el cambio; mirar nuestro pasado desde su perspectiva, encontrando en él supuestas gestas de las mayorías sociales, que lograron agruparse para combatir a las minorías oligárquicas, extractivas y traidoras y fundar en su lugar un nuevo país más inclusivo, honesto e igualitario. Desde esta plataforma, por tanto, el levantamiento popular del 2 de mayo, en lugar de reflejar una sociedad políticamente cohesionada, en plena modernidad, por el Altar y el Trono, mostraría esas energías populares capaces de derrocar a las minorías despóticas y crear las condiciones para la aprobación de nuestra “primera Constitución democrática”. Arrebatado el 2 de mayo al rancio nacionalismo español, su resignificación populista subrayaría su forma plebeya de construir patria frente a los poderosos y lo situaría como hito inaugural de nuestra tradición revolucionaria, justo la que convendría realzar como lo más genuino, valioso y vanguardista de nuestra singladura nacional.

A estas alturas no deben escandalizar los usos políticos de la historia, mucho menos si, como ahora se trata, se ponen al servicio de causas de emancipación y autonomía. La órbita en la que estos discursos se desenvuelven, coincidente con la esfera pública politizada, es además de radio diverso, y rigen en ella reglas bien distintas a las que gobiernan el tráfico más restringido y exigente de la comunicación académica. Por eso sonaría a puntilloso y superfluo prurito profesoral el recordar que poco tenía aún la Constitución de 1812 de democrática, debido al esclavismo, el sexismo y el elitismo que también proclamaba, o el señalar que abundaron los que se levantaron el 2 de mayo, no para construir patria alguna, sino para resistirse legítimamente ante intentos heterónomos de modernización en nombre de la patria monárquica, católica y jerárquica antes existente.

La cuestión es que ambos universos, el de la opinión pública ilustrada y el de la investigación académica, se encuentran permanentemente interconectados. Por eso, el que los representantes de las fuerzas progresistas señalen la conveniencia de proveer de fondo histórico a sus aspiraciones supone toda una interpelación al compromiso político de algunos historiadores, entre los que me encuentro. ¿Abarca la responsabilidad cívica del historiador progresista el deber de leer el pasado en función de las necesidades presentes de sus formaciones afines? Tal podría ser la pregunta.

Con las prevenciones oportunas, creo que el compromiso científico del historiador obliga a responderla con una negativa. Y la razón la da su vinculación con algo que aún hoy podríamos denominar como verdad.

Vayamos antes con las prevenciones. No hay historiografía que se precie de tal nombre que no parta del reconocimiento humilde de las mediaciones subjetivas en su producción literaria. El historiador aporta siempre un excedente de sentido a los materiales con los que trabaja, añadido que procede de sus circunstancias biográficas, su ecosistema socioeconómico, sus inclinaciones políticas, su complexión cultural o de las disyuntivas que atraviesan su presente. El historiador que oculta esta dimensión subjetiva de su obra, presentándola como reflejo idéntico de la verdad pasada, no solo es un impostor, sino que, por regla general, es el más sesgado de todos.

En este sentido, el historiador marcado por el compromiso político con los derechos, la democracia sustantiva, la igualdad económica o la lucha contra los privilegios y la opresión, dará un acento inconfundible a sus escritos, realzando el valor de las experiencias y narrativas que propiciaron estas líneas de evolución política, con las que, una vez ponderadas y filtradas, sería conveniente reconectar. Hasta ahí, creo, llega la disponibilidad del historiador crítico para con las reivindicaciones populistas.

Y no alcanza más allá porque la crítica historiográfica impone, a su vez, dos afanes irrenunciables: en primer lugar, la comprensión diacrónica de cada una de las fases históricas, caracterizadas por su propia gramática, intransferible a los periodos anteriores y sucesivos, lo que bloquea en buena medida el intento de fundar aspiraciones presentes en acontecimientos pasados. Y, en segundo lugar, la suspicacia permanente ante la instrumentalización del discurso historiográfico por parte del poder.

Reconocer la discontinuidad como rasgo estructural del proceso histórico frente a los relatos sustancialistas explica, por ejemplo, la dificultad insuperable sentida a la hora de fundamentar causas “revolucionarias” modernas e igualitarias en expresiones populares regresivas y restauradoras, como en medida no despreciable lo fue el 2 de mayo. Y la desconfianza frente al poder alimenta comprensibles reticencias porque esta disputa por el relato nacional prefigura, a escala aún antagónica, programas educativos de tono adoctrinador para el futuro en que las fuerzas progresistas alcancen poder institucional.

Puede además que rehusar la historiografía militante no sea un gesto científico políticamente huero. La historia crítica lleva años disputando nuestras representaciones colectivas, pero lo hace de modo bien diverso al sugerido por el populismo democrático, que viene a proponer la asunción de los relatos tradicionalmente hegemónicos para colorearlos de matices liberadores. Su opción es, más bien, la de la impugnación de una narrativa ideológica, funcional a las estructuras oligárquicas de poder. Por eso, frente a la reivindicación conservadora de una historia española sin complejos, con todos sus elementos de confesionalidad, tradicionalismo, militarismo, autoritarismo y vasallaje, prefiere subrayar todos estos lastres para marcar los desafíos emancipadores a encarar, como si verbalizarlos permitiese conjurarlos y reconociendo la heroicidad de los sectores que contestaron estos elementos de la identidad nacional prevalente.

Pero es que además, la historiografía crítica, de honda pulsión racionalista, no pretende sustituir unos mitos reaccionarios por otros supuestamente progresistas -o peor: aceptar los mitos oficiales para resignificarlos por la izquierda-, sino realizar una labor desmitificadora, ya de por sí liberadora; y tampoco aspira a suministrar relatos que den sustento histórico a colectivos políticos, sino a fundamentar el principio capital de toda revolución política, justamente el que transmite a los ciudadanos la convicción de que lo concerniente a su organización en sociedad, al gobierno de sus vidas y la fundación de sus instituciones, no es asunto de historia, sino, en última instancia, de voluntad y de razón, sin necesidad de atender a hipotecas basadas en la tradición o en la mitología nacional predominante.

Por eso la sociedad que pergeñan, en proyecto, sus relatos es una colectividad racionalmente administrada en función de los derechos y con base en el diálogo, y no una comunidad cohesionada por mitos compartidos.

La República ha sido habitualmente comprendida a través del filtro epistemológico que contrapone izquierda y derecha, pero su espíritu fundador y su dinámica política trascendieron esta dicotomía

Uno de los mayores equívocos en que vive sumida la Segunda República es el de presentarse como régimen de extrema izquierda. Por extensión, una de sus mayores deformaciones es la que explica su génesis y dinámica a través de la bipolaridad izquierda-derecha. Contemplada desde este ángulo, estaríamos ante un sistema político-constitucional marcado por desgarradores extremismos. En esta noción maniquea de la República coinciden colectivos políticamente opuestos: unos la mantienen porque les permite continuar despreciando nuestra primera democracia constitucional, otros, porque consiguen de ese modo patrimonializar la valiosa experiencia republicana.

Las representaciones vulgares siempre contienen aspectos de verdad, justo aquellos que les confieren verosimilitud. Nadie puede negar, en efecto, que la colisión entre las izquierdas obreras y las derechas ligadas a la iglesia y la gran propiedad determinó el curso de la República. Pero ni ese eje absorbió todo su devenir, ni tampoco la definió en tanto que proyecto de modernización del país; sin embargo, continúa imponiéndose, incluso en medios historiográficos, como pantalla a través de la cual se la conoce y enjuicia.

Así, por ejemplo, la vida parlamentaria de las Cortes republicanas se suele despreciar por abundar en ella los radicalismos y la presencia de partidos extremistas. La evidencia documental señala, no obstante, que, autoexcluidos del juego institucional los anarquistas, y con ínfima presencia en el Congreso tanto monárquicos como falangistas y comunistas, la composición real del Parlamento estaba mucho más centrada de lo que pudiera parecer.

Estas distorsiones también aparecen cuando se valoran las reformas republicanas como extremosas. La consulta de los debates constituyentes revela, sin embargo, que la relativa socialización de la propiedad privada fue obra del consenso y la transacción, que el capítulo de los derechos sociales apenas sembró discordias y que el propio régimen autonómico fue aceptado finalmente como la opción más incluyente. Y es que el diseño de la Constitución de 1931, en lugar de herido por divergencias irreconciliables, reflejó el máximo acuerdo que se podía alcanzar para solucionar problemas, como el social, el regional y el religioso, que nadie negaba ni nadie pretendía ya resolver con los esquemas conservadores que reinaron en la Restauración. Hasta la severa reforma laicista, pese al conato de ruptura que produjo, consagró en términos constitucionales la apostasía que iba extendiéndose cada vez más en la ciudadanía.

Con filtros epistemológicos como el de la insoportable pugna entre los extremismos de izquierda y derecha se ha conseguido popularizar una imagen falseada, ideológica, de aquel régimen político. Este filtro tuvo su sanción general en tiempos de la Transición, pues era funcional a la retórica de la reconciliación, pero su verdadera acta de nacimiento la extendió el golpe del 18 de julio, cuando se quiso deslegitimar a la República como sistema que respondía solo a los intereses de una minoría clasista y sectaria, no a los del país en general. Se aprecia con ello cómo los filtros epistemológicos suele instituirlos el poder. Misión del conocimiento científico es precisamente someterlos a crítica, emancipando el análisis de los gravámenes que imponen. Y eso es lo que queda todavía pendiente de hacer con pleno rigor para la cabal comprensión de la dinámica republicana.

Para contribuir a la tarea debe recordarse que los ejes en torno a los cuales giró buena parte de la disputa política, no ya desde 1931, sino desde comienzos de siglo, no fueron tanto los de izquierda y derecha como los de Monarquía y República. Su contraposición significaba mucho más que una simple polémica sobre la forma del Estado. Bajo tales divisas confrontaban dos modelos alternativos de sociedad. Y la defensa del modelo republicano fue transversal. Lo auspiciaron tanto colectivos que desde un punto de vista moral, religioso o antropológico eran conservadores como formaciones progresistas o abiertamente de izquierdas. Por eso el espíritu germinal que fundó la República, en puridad, no fue ni de izquierdas ni de derechas, sino sencillamente republicano, porque planteaba una forma global de articular la sociedad donde, aceptadas las premisas de la democracia, cabrían todas las sensibilidades.

El republicanismo inclusivo de la República no cabe confundirlo con aquel otro individualista, de procedencia kantiana y profesión protestante. Era más bien legatario del radicalismo francés, tenía en Rousseau a su primer orientador y su objetivo preponderante era la construcción de ciudadanos emancipados y autónomos, solo obedientes con la ley democrática. La disyuntiva que introducía en el debate político español podría abocetarse como sigue: frente a la Monarquía como modelo de sociedad fundado en la jerarquía y el poder privado, la República aspiraba a una sociedad basada en la igualdad política y en la sujeción exclusiva a los poderes públicos representativos.

Ensamblada en su vértice por una institución basada en el linaje, la comunidad monárquica traía la desigualdad incorporada a su código genético. Organizada en torno a la propiedad privada, la familia patriarcal y la iglesia católica, el ámbito de la ciudadanía participativa se veía en ella seriamente restringido. Frente a este tipo de colectividad, identificada con la declinante Restauración, el republicanismo aspiraba a una sociedad de iguales en términos políticos. Por eso debía emanciparse al trabajador del poder privado del propietario, dándole el amparo de una ley en cuya elaboración y aplicación había participado. Tenía asimismo que liberarse a la mujer y al menor del poder paternal y marital. Por último, debía también depurarse la esfera pública de todo influjo religioso con trascendencia política, recluyendo el culto en el ámbito de la conciencia personal. En tal sentido, el republicanismo era un movimiento emancipador de tradición ilustrada. La importancia central de que gozaba la educación en su proyecto transformador lo revelaba.

Su alcance, pues, no se restringía a las izquierdas; abundaban quienes desde posiciones conservadoras y centristas pensaban que solo ese tipo de sociedad igualitaria podía sacar a España de su letargo, colocándola por fin, como ya consentían sus energías cívicas y culturales, a la altura del resto de países europeos. Con independencia de sus convicciones antropológicas, muchos coincidían en preferir el pluralismo a la uniformidad, la autonomía al autoritarismo centralista, la igualdad a la jerarquía y los procedimientos democráticos a los ucases gubernativos, entre otras razones, porque la uniformidad, el centralismo, la desigualdad y la dictadura habían mostrado ya su rotundo fracaso al encarar los desafíos del país.

No por eso debe olvidarse el aliento que el socialismo obrero español prestó a la República. Pero este apoyo no era finalista, sino mediato. Entendieron los socialistas, al menos hasta las medidas abolicionistas del bienio conservador, que el mejor canal para alcanzar sus aspiraciones revolucionarias era el de la democracia parlamentaria, los derechos constitucionales y la legislación social. Hasta que su defensa se equiparó a la de la democracia frente al fascismo, la República, para ellos, más que un régimen acabado destinado a perdurar, fue un sistema transitorio previo a la plena comunión social. Incluso en el momento más crítico, el del Frente Popular, el respaldo socialista fue solo indirecto, correspondiendo a los republicanos en exclusiva la responsabilidad de la gobernación.

Justo aquella coalición histórica puso en evidencia la intensa afinidad ideológica existente entre republicanismo y socialismo. El propósito republicano de conquistar una igualdad política plena obligaba forzosamente a combatir las desigualdades materiales, y con ello, a “todos los privilegios sociales y económicos” que entorpecían esa relativa igualación, según expresaba el programa del Frente Popular. Pero la proximidad no era equivalencia. Y el republicanismo progresista que, en 1936, quería salvar a la República, renegaba de la política de clase, aspirando, por el contrario, a un “régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público”.

Si la izquierda social española debe sentirse orgullosa de aquella República no es entonces porque fuese, como denuncian los conservadores, un sistema de partido, donde no tenían cabida las restantes creencias políticas. La razón la da el que aquel sistema constitucional encarnase un proyecto transversal, querido también por ciertos círculos conservadores, centristas, burgueses y propietarios, los cuales, para la solución de los grandes problemas que padecía el país y para la nacionalización de sus ciudadanos, se habían convencido ya de que el mejor camino lo señalaban los principios progresistas. A eso, creo, es a lo que algunos quieren referirse hoy cuando hablan de “construir hegemonía”. 

¿Podrá el PSOE continuar disfrutando de la indulgencia de que se ha beneficiado durante años por su representatividad hegemónica del progresismo español?

Deteriorada su imagen social, los socialistas aspiran a continuar transmitiendo seguridad en el tema territorial

Poseer la representación hegemónica del campo de la izquierda cuenta con un significado muy preciso. Implica gozar de un beneficio socialmente reconocido, el de señalar los límites de posibilidad a las políticas de transformación igualitaria. Se da por entendido que el partido alfa de las izquierdas llega, en la senda de las reformas de tono socialista, justo hasta el punto donde se puede llegar, más allá del cual aparecen las discordias, el boicot y la confrontación. Todo lo que queda fuera es descalificado como irrealista, o conjurado por encerrar el peligro de una guerra civil.

Es esa la razón por la cual Syriza volvió a ganar las elecciones griegas tras aceptar de nuevo las imposiciones de la Troika. La mayor parte de la sociedad progresista consideró que había llegado hasta el límite que se podía llegar, justo antes de trasponer el umbral que lleva a la autodestrucción. La escisión que proponía desobedecer los mandatos de Bruselas y salir del euro apenas logró un 3%, porque tras sus propuestas se adivinaba el suicidio. Syriza había conquistado así la posición de predominio representativo que había ocupado el PSOK.

En España esta posición ha pertenecido al PSOE desde su abrumadora victoria de 1982. Antes de este hito, abundaban las voces que advertían de los peligros irremediables que se activarían de tomar los socialistas el poder. Tras la mayoría absoluta que puso fin a la transición demostraron que nada había que temer de sus políticas reformistas, capaces de combinar avances sociales con la adaptación progresiva al mundo liberal. El razonable éxito de esta combinación aquilató aún más su representatividad privilegiada.

Obsérvese que contar con la representación mayoritaria e incontestable en el terreno de la izquierda supone un formidable instrumento de poder. En el terreno de la institucionalidad positiva, su titular capitaliza casi en exclusiva las energías políticas transformadoras, que depositan en él su confianza electoral. Se le permite decir hasta dónde se puede llegar, se le faculta incluso para indicar cuándo, por necesidad, hay que emprender reformas de signo opuesto a las teóricamente postuladas. Por eso no es extraño que los ajustes más duros suelan venir avalados con el sello del centro-izquierda, porque son los únicos que pueden realizarlos previniendo los riesgos más extremos de la contestación social. Saben, tanto ellos como el poder, que existe la tendencia a perdonárselo todo.

Lo hemos vivido en España. En los años noventa ya había quien se oponía frontalmente a Maastricht, quien daba por agotado el Estado autonómico y proponía en su lugar un Estado federal, quien denunciaba la devaluación del trabajo, alertaba de los riesgos de la desindustrialización y rechazaba los cantos de sirena de la desregulación económica. Pero en esos años estas posiciones aparecían como iluminadas, utópicas, fuera de la realidad. Por el contrario, se aceptaban, con mayor o menor resignación, la integración en una Europa mercantilizada, las reformas laborales de cada vez mayor desprotección y la supervivencia chanchullera del mapa regional. Y no era una aceptación arbitraria ni casual. Se fundaba en los beneficiosos resultados reportados por estas políticas, sentidas como mucho más seguras que las proclamadas por la izquierda.

Los efectos razonables de las políticas socialdemócratas y el carácter incierto de las propuestas de la izquierda consolidaron la hegemonía del PSOE en el progresismo español. Pero esa posición comenzó a resquebrajarse en la última legislatura de Zapatero. En ese tramo se percibió un contraste doloroso: la facilidad con que, sin temblor, se metía la mano en los bolsillos de las clases trabajadoras para sufragar la crisis estaba en viva tensión con la incapacidad revelada para hacer lo propio con los portafolios de los poderosos. No hubo prueba más palmaria al respecto que la primera reforma del IRPF de Cristóbal Montoro, capaz de dotar al impuesto de una progresividad (con el 52% como tipo máximo) a la que los socialistas ni siquiera aspiraron. Frente al “bajar impuestos es de izquierdas”, el centroderecha español venía en este punto a rebasar al PSOE en la materia sustancial, la de la igualdad económica.

La irrupción de Podemos continuó erosionando seriamente la posición de predominio representativo del PSOE. Sus propuestas de tono socialdemócrata, nada utópicas, demuestran que se pueden defender desde la izquierda realista posiciones bien diversas respecto a la fiscalidad, el TTIP o la regulación del trabajo. La situación de equipotencia actual, ambos con 5 millones de votos, muestra hasta qué punto su consueta credibilidad se ha visto mermada. Aun así, como por inercia, el PSOE continúa tirando de su tradicional ubicación privilegiada: ha denunciado como acto de arrogancia el que le monten gobiernos desde fuera, sin apreciar un adarme de soberbia en su intención de gobernar en solitario o sin Podemos; se lamenta de que por culpa de los morados no se haya podido desalojar ya a Rajoy, pero disculpa su pacto prioritario con la derecha neoliberal y neocentralista. De esta tendencia se derivan además clamorosas desproporciones: para algunos, diríase que un exabrupto o cuatro tics de prepotencia se hacen mucho más complicados de perdonar que, por ejemplo, secundar la última reforma penal del PP o su planeada y autoritaria Ley de Seguridad Nacional.  

¿Le seguirá valiendo al PSOE la indulgencia de que se han beneficiado? En realidad, no se sabe. Las últimas elecciones recogen un retrato fijo de una sociedad en movimiento. Aún no se ha llegado al momento de la cristalización, entre otras cosas porque el desafío de reconstitución de la sociedad sigue abierto. No vale para este momento el marco analítico de la economía liberal: no se sabe qué demanda la población en su mayoría, porque, en realidad, acaso no lo sepa ni ella, pues experimenta un complejo y maleable proceso de reconfiguración política. Por eso la última táctica de Podemos de continuar agudizando las contradicciones del socialismo es arriesgada, pero nada se puede asegurar en rigor de sus resultados. Señalar con energía la distancia que media entre el derechismo del PSOE y su izquierda realista pone a prueba, desde luego, la lealtad de los votos socialistas prestados, pero también va consolidando una imagen del partido socialdemócrata entre los menores de 35 y los que habitan en territorios no andaluz ni extremeño que bien puede condenarle a un derrumbe sostenido.

Es ese, el asunto del territorio y la soberanía, donde se encuentra el último bastión del PSOE como opción de seguridad frente al supuesto aventurerismo de la izquierda. Pactar con Podemos supone abrir un horizonte de reformas serias en sentido confederal. No partir España, como los socialistas interesadamente sostienen con trazo grueso, pero sí poner fin al contencioso nacional dando oportunidad de recurrir al referéndum. Y esto implica reconocer sustantividad preestatal y nacional a determinados pueblos del Estado español. El PSOE, claramente empujado por su federación andaluza, ha optado por la solución centralista. Sabe que en la izquierda aún abundan quienes identifican nacionalismos con posiciones reaccionarias, y que, en general, son muchos los que, frente a las incertidumbres generadas por una puesta en cuestión de toda la organización nacional, prefieren optar por recentralizar el sistema, por más represión que ello comporte.

Deteriorada profundamente su imagen social, el PSOE se agarra con preferencia a su perfil territorial. Por eso lo esgrime como razón central para no pactar con Podemos, cosa que implicaría el apoyo o abstención de los independentistas. Sin embargo, en una sociedad en tránsito, con las poblaciones catalana y vasca cada vez más movilizadas en sentido confederal, nada asegura que este último bastión sobre el que se asienta la representatividad del PSOE continúe resistiendo. Entre otras cosas, porque para defender lo mismo, y sin titubeos, ya se tiene a Ciudadanos y hasta al Partido Popular.

La colisión entre PSOE y Podemos ha puesto en funcionamiento la maquinaria discursiva de la pinza, pero ya no estamos en los noventa

No solo está en juego la titularidad del ejecutivo. También se encuentra en disputa la representación mayoritaria de la izquierda social de este país, según ha mostrado el debate de investidura. Es algo que ya hemos vivido quienes sumamos cierta edad. Ocurrió durante los últimos gobiernos de Felipe González, con la Izquierda Unida liderada por Julio Anguita. Fue el ciclo en el que despertó al uso de la razón política la generación nacida en la Transición. Y constituyó también una fase decisiva en la construcción mediática de insólitas identidades políticas.

El Mundo de Pedro Jota fue entonces capaz de aglutinar a la oposición derechista e izquierdista al felipismo. Firmas como las de Francisco Umbral, Javier Ortiz, Gabriel Albiac, Carlos Boyero o Ignacio Camacho cubrían el flanco de opiniones críticas contra el PSOE formuladas desde la izquierda. El periodismo de investigación de unos jovencísimos Fernando Garea y Juan Carlos Escudier sacaba al gobierno las vergüenzas terroristas y corruptas. La habilidad de aquel proyecto conservador consistió en lograr que una parte considerable de su instrumentalizada ala izquierda se hiciese de derechas, hasta terminar incluso más a la derecha que el propio PP. Abundaron los ejemplos, algunos por haber conquistado en aquel chiringuito un puesto bajo el sol, otros por puro adocenamiento cultural. Y es que hay fidelidades más intensas que la conyugal, y una de ellas, al parecer, se tributa al signo del periódico con el que uno se desayuna.

Algo paralelo ocurría entre los consumidores netos del grupo PRISA, factoría entonces central para los sectores medios ilustrados del país. En este lado se sacó la artillería pesada para prevenir cualquier desbordamiento intrusivo por la izquierda. No faltaban, desde luego, causas internas que fracturasen a la IU de Anguita. La más controvertida y cargada de futuro, la referida a la posición de la coalición ante Maastricht, escenificó su división práctica en dos mitades y provocó la pérdida de numerosos activos intelectuales. Pero también se concentraron energías mediáticas con el fin de socavarla e impedir su crecimiento. Hubo periodistas, como Rodolfo Serrano, viñetistas, como Peridis, y hasta muñecos de trapo, como en los guiñoles, con la misión cultural explícita de construir un determinado perfil público del líder comunista: iluminado, dogmático, autoritario, maniqueo y, sobre todo, cómplice en última instancia del ascenso de la derecha franquista.

Fueron los años de la “pinza”, del “pacto a la griega” y de aquella guinda del “Anguita y Aznar, la misma mierda son”. El río no es que sonase; es que en Andalucía se ensayó la colusión contra el PSOE a impulsos de Javier Arenas y Luis Carlos Rejón. Basado en evidencias incontestables como esta, el relato de la pinza se sublimó hasta convertirse en clave interpretativa general. Construido sobre la divisoria izquierda/derecha, asignaba a PSOE y PP la representación dominante de una y otra. La alternativa izquierdista resultaba así neutralizada: en este marco, su única opción legítima era la de servir como apéndice a los gobiernos socialistas sin mayoría absoluta, con independencia de sus políticas. De hecho, la oposición frontal a ellas, en vez de acreditar su identidad de izquierdas, le hacía caer de inmediato en el extremo derecho del espectro. Tal era el propósito de aquella estrategia narrativa.

Su éxito en influyentes y numerosos sectores progresistas consiguió empañar datos decisivos. La oposición no era, naturalmente, a los principios de la izquierda. La confrontación con las reformas laborales, la desindustrialización, la iniquidad fiscal, el europeísmo mercantilista y la cultura del pelotazo procuraban, por el contrario, revelar la inclinación derechista de nuestra socialdemocracia. Se atacaba al felipismo y a toda la degeneración que lo acompañó, no a la izquierda, en ninguna de sus expresiones. Además, la coincidencia de los actores de la oposición de radio estatal en su crítica al Gobierno por los casos de corrupción y terrorismo, más que una convergencia política real, expresaba una concordancia natural. El relato de la pinza sirvió hasta para velar el acuerdo constitutivo de los dos grandes partidos en los puntos neurálgicos de la construcción europea, el mercado de trabajo y la disciplina económica. Por eso se recurrió a aquella tesis de “las dos orillas”.

Se trató de un error con graves consecuencias. Se descuidó entonces la división latente entre la dirigencia socialista, plenamente integrada en el bloque de poder, y su base electoral, la mayor parte de la cual era sensible a los propósitos de la izquierda. En lugar de intensificarla, se minimizó con una severidad poco atenta a esta discriminación. Tampoco se calculó el precio que tenía la aproximación al Partido Popular, por más superficial y simbólica que resultase. Y, sobre todo, no se calibró con precisión el coste de esta cercanía estratégica una vez descodificada por los medios.

Sin la mediación de aquel relato prefabricado, en el mundo externo a PRISA, las cosas eran vistas de otro modo. En aquel tiempo, el PP era una formación disfrazada de centrismo democristiano, con lo que no existía razón ontológica que impidiese un entendimiento puntual. Había antecedentes en la historia europea bien significativos que lo avalaban. De hecho, no se alumbró por casualidad aquello de “programa, programa, programa”: indicaba que lo decisivo era la tendencia de las políticas, no su agente promotor. Por eso cabía pactarlas con el centro democristiano si permitían frenar la escalada regresiva del PSOE. Desechar esta posibilidad podía ser un apriorismo contraproducente, que lograba aquello que se quería evitar: la concesión al felipismo de la patente exclusiva de la izquierda. Como muestra, llegaron a darse desalojos locales del socialismo clientelar por aquellos pactos llamados “anti-natura” que sirvieron para desarrollar políticas más progresistas de las que se habrían atrevido a impulsar consistorios socialdemócratas.

Fueron muy pocos los que no se llamaron a engaño. Los que supieron desde el primer momento que lo del centrismo reformista era una impostura, los que lograron oponerse con firmeza a los desafueros del felipismo sin caer en la tentación del cerco conjunto. Fueron, sin embargo, muchos más los que sucumbieron en aquella escaramuza cultural, los que se indigestaban con tan solo ver a Anguita, los que soportaban con resignación las políticas de derechas de la socialdemocracia pero no toleraban pacto alguno con democristianos ni para realizar políticas progresistas. Se forjó así una identidad bien visible hasta el día de hoy, que consiguió entonces cerrar prietas las filas en el PSOE y salvar la contradicción entre dirigencia y base electoral. Inoculando la culpa por haber contribuido a alzar al derechismo español tradicional, lograron incluso una IU funcional a los designios del PSOE, que lograría los peores resultados de su historia con el pacto entre Frutos y Almunia, agravados todavía más por la docilidad de Llamazares.

La colisión entre PSOE y Podemos, evidente desde hace semanas y exhibida en el debate de ayer, ha vuelto a encender la maquinaria discursiva de la pinza, pero es muy posible que no funcione como antes. El propio campo mediático, gracias a diarios digitales y redes sociales, se ha diversificado tanto, que impide la construcción oligopólica de identidades políticas, como sucediera en los noventa. Frente a las suspicacias fundamentalistas, se entiende ahora por qué era capital corroer en lo posible la división simbólica del campo político en izquierda y derecha, solo útil al bipartidismo. En el mismo terreno político-representativo, las fuerzas a la izquierda del PSOE le superan holgadamente en votos; solo las torpezas generosamente repartidas en el fracasado proceso de las confluencias impide visibilizar de golpe la relativa superioridad. No existe el más mínimo indicio de complacencia táctica de Podemos respecto del PP, ni duda de que su aspiración fundamental es precisamente deshacer los funestos efectos de su última legislación autoritaria, algo que el PSOE se muestra incapaz siquiera de tantear con seriedad. Y, sobre todo, el ya larguísimo historial de políticas regresivas en materia económica, fiscal y laboral, es decir, en lo capital, del que puede hacer gala nuestra socialdemocracia la inhabilitan de facto como representante hegemónico de la izquierda de este país y permiten volver a censurarla con dureza desde posiciones progresistas.

La excelente intervención de Pablo Iglesias en el debate de investidura es probable que haya venido a certificarlo. Y es la que sitúa a su formación (con las confluencias e IU) en el único bloque de oposición real frente al orden de cosas vigente. Que haya o no gobierno, que se convoquen o no nuevas elecciones, dependerá, en suma, de una sola variable: de las expectativas de voto que Podemos (y fuerzas afines) vaya acumulando en las próximas semanas. Si el rechazo sin contemplaciones al neoliberalismo de PSOE y C’s le permite continuar recabando apoyos, tendremos ejecutivo en dos meses con alguna variante que englobe PP, PSOE y C’s; quizá hasta con las cabezas de Sánchez y de Rajoy como ofrendas de regeneración. Si, por el contrario, la rotundidad de Pablo Iglesias, la centralidad inducida de la discordia entre Podemos y PSOE y su presentación mediática en términos de 'pinza' logran desgastarlos, tendremos elecciones que institucionalicen su descenso.

Con este artículo, Contrapoder da comienzo a su propia “Semana de la Constitución”, inspirada en las premisas de justicia social y democracia radical que mueven este blog

Desde variadas perspectivas se reclama una urgente revisión constitucional, que, a estas alturas, se presenta también cargada de peligros

España ya no cabe en su Constitución. La crisis económica ha puesto al descubierto muchas de nuestras vergüenzas políticas. Algunas proceden en exclusiva del juego de partidos; otras, en cambio, derivan, por acción u omisión, de nuestro sistema constitucional.

Los diagnósticos a este respecto difieren. Algunos han localizado en la génesis de nuestra democracia las carencias que estaban destinadas a provocar la crisis actual. Según este relato, en aquel momento se formó una Constitución pensada principalmente para restaurar la monarquía, instituir el turnismo bipartidista, conjurar la participación directa del pueblo y resolver la plurinacionalidad a través de la descentralización. Además, se dejaron intactas decisivas estructuras de poder del franquismo, tanto en los aparatos estatales –magistratura, fuerzas de seguridad, ejército, burocracia– como en sectores empresariales, se postergó todo lo social a la posición menos vinculante y se decretó el olvido y la consiguiente impunidad de los crímenes franquistas.

De aquellos polvos estos lodos, podría decirse. Encerrar a los gobernados en la jaula de hierro de la democracia representativa habría llevado a su desconexión total con los representantes. La autonomía de los gobernantes, libres ya de fiscalización popular, sumada al turnismo sustentado por las derechas nacionalistas, habría producido las condiciones propicias para el imperio de la corrupción. La continuidad de las élites económicas franquistas explicaría nuestro persistente capitalismo de Gaceta. La permanencia en su puesto de burócratas y magistrados de la dictadura habría inspirado una cultura jurídica leguleya, ajena al primado constitucional de los derechos. Y todo ello se habría visto envuelto por una narrativa hegemónica, la Cultura de Transición, amparada y promovida por el poder social e institucional, y constitutiva de la principal fuente de identificación política en nuestra sociedad.

Para otros, sin embargo, la Constitución de 1978 fue, cómo no, hija de las circunstancias. Hubo de responder, por tanto, a las limitaciones materiales que rodearon su alumbramiento. Y lo hizo del mejor modo posible: permitiendo el salto de una dictadura totalitaria a una democracia con garantías, aun cuando el ejército y el terrorismo ultraderechista respiraba sobre el cogote de toda la oposición digna de tal nombre. Es más, se habría logrado entonces incluir en el articulado constitucional hasta los enganches –sufragio universal, planificación económica– que permitían aspirar a lo máximo, a la llamada «transición legal al socialismo».

Pero justo por obedecer a aquella coyuntura especialísima, la Constitución no podía sino devenir obsoleta pasado el tiempo. La necesidad de establecer un marco común a posiciones diametralmente opuestas llevó a los constituyentes a afirmar una cosa y su contraria, sin adoptar una decisión conclusiva: el libre mercado y la planificación, la igualdad y la progresividad fiscal, la indisolubilidad de la nación y la existencia legítima de nacionalidades… El peso de las consecuencias culturales de la guerra inspiró artículos concretos, como el que da por hecho que las «creencias religiosas de la sociedad española» son las católicas, solo mayoritarias en 1978 por la recatolización violenta llevada a cabo durante la conflagración y la dictadura. Por otro lado, aquel pacto constituyente solo se explicaba por un conjunto de cesiones mutuas –v. gr. monarquía por democracia, capitalismo por derechos sociales– que muy pronto dejaron de obligar a la oligarquía y sus mandatarios. Y, además, determinadas soluciones, como la adoptada por la cuestión territorial, pronto se revelarían como provisionales, al ser desbordadas por la realidad.

Desde este ángulo, la Constitución lleva más de dos décadas reclamando una revisión. Debió expresar en su momento la homogeneidad socioeconómica conquistada por el incipiente Estado del bienestar, reflejando el consenso suscitado en torno a su extensión y garantía. Tuvo que asegurar el juego de cesiones mutuas, que iba descompensándose por la integración europea, las privatizaciones y las reformas laborales. Hubo asimismo de incitar las reformas necesarias para lograr la democratización plena de los aparatos del Estado y reconocer los derechos de las víctimas de la dictadura. Y debió, en fin, dar el salto definitivo desde la lógica de las autonomías a la del federalismo. Todo ello fue asignatura pendiente de los gobiernos mayoritarios socialistas. Las voces que así se expresaban fueron, sin embargo, minoritarias y sistemáticamente marginalizadas.

Tan mayoritaria era la aceptación de nuestra norma fundamental hace una década, que el primer resorte que se movió al desencadenarse la crisis fue el de invocarla como garantía frente a los desafueros del Gobierno. Y he aquí un tercer frente de críticas que señalan la necesidad de su actualización: una vez bastardeado el Tribunal Constitucional a través de nombramientos partidarios, se ha revelado incapaz de frenar por sí sola las embestidas que ha ido sufriendo en sus propios fundamentos. Recordemos solo algunas.

El abuso de la legislación por decreto ha dejado prácticamente sin contenido la forma parlamentaria. La constitucionalización de la austeridad ha quebrado la dimensión social del Estado y ha recentralizado el régimen. En esta misma línea, la regulación reciente de la administración local ha socavado la autonomía municipal. La recuperación de la justicia onerosa ha mermado el derecho a la tutela judicial efectiva. Los recortes en servicios públicos y la política de vivienda convierten en ilusorios los derechos sociales más elementales. Las concatenadas reformas laborales han eliminado la obligatoriedad de la negociación colectiva y han vaciado aspectos sustanciales del derecho al trabajo. La reciente legislación en materia de seguridad ciudadana merma gravemente los derechos de reunión o manifestación y la libertad de expresión. Y, por si fuera poco, en el horizonte se otean reformas electorales para liquidar todo atisbo de proporcionalidad, una regulación de la huelga dirigida a eliminar su carácter de derecho fundamental o una ley seguridad nacional con estados de excepción literalmente extraconstitucionales.

La Constitución, por tanto, se ha mostrado incapaz de frenar su vaciamiento, de impedir su sustitución paulatina por una suerte de Estado neoliberal, en el que los derechos vuelven a estar al albur de una legislación diseñada en exclusiva por el ejecutivo. La Constitución habría perdido así su dimensión promisoria, defraudando muchas de las expectativas en ella depositadas. Por eso, desde este parecer, habría que revisarla, sí, pero para reforzar sus lados más garantistas, cuya vulnerabilidad ha quedado palmariamente demostrada.

Así las cosas, a día de hoy, los que todavía sostienen la idoneidad del marco constitucional lo hacen solo porque saben que no les limita en absoluto, que pueden pisotearlo sin coste alguno e invocarlo solo a conveniencia, como para frenar las aspiraciones independentistas. Muchos de los que creemos que se requiere su revisión parcial, o incluso total, aspiramos, por el contrario, a blindar sus derechos y culminar el objetivo de fundar una democracia constitucional, respetuosa con la plurinacionalidad, algo imposible de realizar enteramente en origen debido a las circunstancias propias del final de la dictadura. Sin embargo, en este bloque de la opinión pública, andamos entretenidos con un debate escolástico y poco sustantivo, el de la disyuntiva entre reforma constitucional y proceso constituyente, un revival del clásico «reforma o revolución».

Es un dilema adjetivo porque la vía que se adopte para el cambio dependerá siempre de la correlación de fuerzas en presencia. Las salidas parecen claras: o referéndum consultivo sobre la idoneidad de abrir un periodo constituyente, creando un verdadero año cero para nuestro orden político en caso de asentimiento mayoritario; o aligeramiento de los requisitos para la revisión, a través de la reforma de la propia cláusula de reforma; o cumplimiento de dichas exigencias, marcadas en el art. 168 de la Constitución. En cualquier caso, lo que dará dimensión constituyente a una hipotética y deseable revisión de la letra constitucional, por parcial y localizada que ésta sea, será siempre la intervención directa y sin mediaciones del poder constituyente del pueblo. Y todo apunta a que, a estas alturas, el establecimiento de un nuevo pacto constitucional, por mucho que conserve del ahora nominalmente vigente, deberá contar con la legitimidad conferida por el cuerpo electoral.

Actualizando aquel dicho conservador de que «nuestra sociedad no está aún preparada para vivir en democracia», muchos señalan que no se dan las condiciones propicias para lograr ahora un consenso constituyente. Lo cierto, sin embargo, es que la inclinación al diálogo y la transacción solo se verá reforzada cuando la necesidad de tomar decisiones compela a ello. Ahora bien, tras casi una década de regresión autoritaria, la intervención del poder constituyente del pueblo no es garantía de nada progresivo, como algunas visiones románticas sostienen. El conservadurismo neoliberal, el auténtico materialista oculto de nuestra dialéctica política, ha logrado, a través de sus «reformas estructurales», sembrar un ánimo y crear una atmósfera espiritual en la que las mayorías sociales, tremendamente golpeadas, se encuentran ya dispuestas a ceder lo máximo para conservar lo mínimo. No la falta de consenso, sino la posibilidad cierta de un consenso regresivo, tal es ahora el principal peligro de la revisión constitucional para las aspiraciones más garantistas. Tal es, también, la explicación de que muchos se sumen ahora a la reforma constitucional, no para revertir la regresión sufrida, sino para terminar de consagrar en el articulado de la Constitución lo conseguido a través de su nueva legalidad.

¿Qué pueden aprender las fuerzas de la izquierda transformadora de los comicios catalanes?

1. La izquierda es proclive a la ciclotimia. Al bajón andaluz le sucedió el subidón de las municipales, que está a punto de ser enterrado por las expectativas defraudadas en las catalanas. A estas alturas, convendría remplazar la inestabilidad emocional por ciertas dosis de moderación y escepticismo. Ante todo, debe recordarse que los resultados del 27S no son matemáticamente extrapolables al escenario estatal. Han sido unas elecciones atípicas, presentadas y concebidas como plebiscito, construidas en torno a la disyuntiva sobre la independencia, dilema que ha dividido netamente el campo de la izquierda transformadora en dos bloques: Cat Sí que es Pot y CUP. Para hacerse un cálculo del espacio electoral ocupado en Cataluña por las fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia deben sumarse, pues, los resultados alcanzados por ambas formaciones. Unidas, han obtenido un 17% de los votos y 21 escaños. En 2012 obtuvieron un 14% y 16 escaños. Se confirma entonces que el horizonte de las izquierdas continúa ascendiendo, siquiera con lentitud, y acortando distancias con respecto a la socialdemocracia. En la coyuntura actual, por tanto, la izquierda rupturista puede aspirar con realismo a un quinto del electorado en las generales. Su obligación ineludible, su mayor responsabilidad, es optimizar ese factible 20% electoral en una representación parlamentaria equivalente.

2. ¿Cómo lograrlo? Si las europeas mostraron que por separado se sumaba, las municipales evidenciaron que la unidad multiplicaba. ¿Qué permiten ver las catalanas? En primer lugar, desde luego, un premio a la reivindicación sin rodeos de la independencia desde la izquierda anticapitalista. Y, en segundo, un cierto castigo a la posición más centrada de la defensa del derecho a decidir, acompañada del proyecto reformista de un Estado plurinacional. El propio asunto que ha coagulado la contienda electoral, impide entonces la trasposición mecánica de resultados y la formulación categórica de juicios acerca de la eficacia de las apuestas confluyentes. También convierte en simplista y desatinada toda comparación el hecho de que no se haya producido, con la lista propia de las CUP, una unificación completa. Sin embargo, bastará lo sucedido para que el ambiente enrarecido en el que viene desarrollándose el proceso de confluencia se exteriorice. Los partidarios de Podemos afirmarán que solo pueden aspirar al éxito si concurren bajo su nombre y por separado, porque piensan, en un acto de desprecio a la inteligencia del electorado, que sin una papeleta de esas características el votante se pierde. Los integrantes de otras fuerzas, por el contrario, apuntarán que la marca Podemos parece un tanto raída, y puede que ya genere más rechazos que adhesiones. En definitiva, todos verán confirmados en las catalanas sus planteamientos previos sobre la confluencia.

3. Entonces, ¿nada enseñan acerca de la oportunidad y conveniencia de confluir? Si se extrae alguna lección, debe tenerse previamente en cuenta que en este caso se produjo la tan denostada convergencia sellada en los despachos. Aparte de eso, si el experimento ha funcionado muy por debajo de las expectativas, puede ser también porque entre unos y otros lo han convertido en un proceso tortuoso, conflictivo y desagradable, restando seriamente su potencial efecto catalizador. Ante el espectáculo de soberbias, divisiones y desprecios cruzados, cualquier ciudadano raso puede preguntarse con toda legitimidad cuál es la seriedad para gobernar de aquellos que son incapaces de coordinar la afinidad. Bastará un mínimo de decencia y acierto en el PSOE de cara a las generales para que muchos le perdonen todos sus desmanes, y abandonen la tentación de dejar de votarles. El daño quizá sea ya irreparable, pero podría amortiguarse con una noción instrumental y pragmática de la confluencia, pensando que es pertinente allí donde permita maximizar resultados electorales en términos parlamentarios. Para ello se necesita realizar un estudio del comportamiento electoral de cada circunscripción y obrar en consecuencia. Quizá sea del todo indispensable en Álava, Huesca o Huelva si no se quiere tirar miles de votos a la basura, mientras que acaso resulte prescindible para Madrid, Sevilla o Barcelona.

4. Las catalanas, concretamente el porcentaje obtenido por las CUP, han enseñado otra cosa de valor. El temor a la identificación con los valores más intensos de la izquierda parece ya del todo infundado. Es más, ocultar la propia identidad para crecer por el centro o por los sectores desideologizados, además de enajenar los apoyos dados por seguros, proyecta una innecesaria imagen de falsedad y fullería en un escenario como el español, fuertemente marcado por la dicotomía izquierda/derecha. No parece, pues, que la coherencia izquierdista del discurso sea lo que impida ocupar un posición destacada y aglutinante en el tablero político. Se pensaba que lo que sí obstruía era la capacidad para hacerse con su «centralidad», pero esta expansión transversal y mayoritaria no la dificulta la invocación de la izquierda, sino la profunda institucionalización de la sociedad española en todas sus dimensiones, tanto en la de los partidos como en la mediática, que imposibilita la irrupción de un partido que triture y remplace a los predecesores mediante la técnica de la comunicación política.

5. Por eso las catalanas permiten igualmente abrir ciertos interrogantes en torno a la hipótesis que se maneja todavía en Podemos. Viendo su indiscutible visibilidad como actor principal de CSQEP, ¿nos encontramos ante una marca prematuramente deteriorada? Dada la presencia constante en la campaña del candidato a las generales, ¿estamos frente a un liderazgo en vías de amortización? Se puede concluir que ha sido un error manifiesto enfocar en clave estatal y universal unas elecciones tan especialísimas por su cariz nacional e independentista, pero ¿nos dicen también algo acerca de la noción del liderazgo político que predomina en Podemos? Quien aspira a poseerlo, ¿logra a estas alturas comunicar la imagen apetecida de credibilidad gubernamental? ¿O ha trazado ya en demasiadas ocasiones una silueta carente del mínimo de rigor exigible? Y visto asimismo que el protagonismo casi exclusivo en la coordinación de la campaña ha correspondido a Podemos, ¿nos hallamos también ante metodologías agotadas? ¿No deberían quizá planear estas cuestiones en las reuniones directivas de Podemos para, con sus respuestas, aconsejar cierta rectificación? ¿O es que las catalanas permiten ratificar el tono impositivo, el aguerrido tacticismo y la arrogancia con que se ha venido encarando el desafío de las generales? Dependiendo de la respuesta que se dé a estas preguntas podrá, o no, restañarse a tiempo la incipiente hemorragia que el 27S ha permitido descubrir.

Hasta en la regulación del acceso a las cátedras universitarias se advierte la línea maestra del gobierno educativo de Wert: colocar la educación en manos privadas.

Hubo un ministro en el primer gabinete de Rajoy celebrado por los socialdemócratas más superficiales de este país. Había fundado y presidido Demoscopia, empresa de sondeos de PRISA, y frecuentaba tertulias defendiendo desde el centro las posiciones de esta factoría de hegemonía cultural. “Una cartera de consenso bipartidista”, decían los menos avisados; “su nombramiento evidencia el carácter dialogante de Rajoy, que no es Esperanza Aguirre”, remachaban, concediendo el atributo de la sensatez por el mero hecho de trabajar para los Polanco.

El tal ministro, José Ignacio Wert, terminó, sin embargo, revelándose como el más desastroso responsable de Educación de nuestra historia democrática. El peor, si contemplamos su gestión desde la perspectiva de la educación pública. No hay nivel educativo, de la enseñanza infantil y primaria a la superior, que no haya quedado corrompido y desmejorado tras haber sido tocado por las manos legislativas de su ministerio. Y no crean que se trata de mero sectarismo. El conservadurismo español posee, de hecho, intuiciones e inclinaciones pedagógicas mucho más benéficas para la enseñanza en general que nuestro progresismo, siempre encantado con trasnochadas y estériles teorías posmodernas de reblandecedores resultados para las inteligencias. Sin embargo, su potencial propensión a la enseñanza rigurosa, disciplinada y caudalosa en contenidos se ha visto seriamente contrarrestada por su bochornoso servilismo ante el poder privado, que por necesidad había de trastocar la concepción básica y la organización fundamental de la educación pública.

Podría incluso concluirse que esta genuflexión sistemática ante el fundamentalismo mercantilista ha dado la línea maestra a toda su gestión. Tras casi cuatro años gobernando la educación, el sector privado y las clases pudientes han visto ensancharse considerablemente sus posibilidades, mientras que la educación pública, con la contribución de algunas comunidades autónomas, ha quedado mucho más vulnerable, comprometiéndose con ello seriamente su objetivo cívico, integrador y democrático de formar en y para la igualdad, tanto ciudadana como de oportunidades.

Dejemos en esta ocasión a un lado el impacto de sus medidas en los cursos de primaria, secundaria y bachiller, con el elocuente arrinconamiento de la filosofía. Detengámonos en una disposición reciente, y aparentemente menor, que afecta a la enseñanza universitaria, para corroborar esa puesta a disposición privada de la educación que ha caracterizado su mandato. Bien sabemos que el incremento considerable de las tasas, sumado al descenso o congelación de las becas, ha cerrado el acceso a la universidad pública a numerosos estudiantes. También tenemos constancia de que la falta de reposición de las bajas en el profesorado, la imposibilidad de promocionar en la carrera académica y la dificultad extrema de ingresar en ella por precariedad y por ausencia de plazas se ha saldado con una nueva masificación estudiantil, que imposibilita la aplicación del famoso Plan Bolonia y devalúa la instrucción universitaria. Y también conocemos los planes de convertir la enseñanza superior en una suerte de bachiller especializado, sin salida profesional, dejando el tramo decisivo de la formación universitaria para los máster, de coste ya desorbitado en las públicas y donde las privadas ejercen un liderazgo indiscutible sin apenas competencia, entre otras cosas por servirse del profesorado público pagándole las horas aisladas de dedicación.

Entre todos estos factores, se ha colocado a las universidades públicas en una situación de estrangulamiento de personal, asfixia económica y sobrecarga de tareas que reduce intensamente su capacidad para competir en el “mercado de la educación”. Pero, aun así, la universidad pública continúa siendo un bocado suculento para la mentalidad privatista, y no por razones económicas, sino culturales, ya que concede la oportunidad de transmitir una visión del mundo a centenares de estudiantes cada curso. Y esta dimensión de reproducción cultural de una clase social, o, en el peor de los sentidos, de puro adoctrinamiento, estaba vedada en la práctica, al menos hasta el momento presente, a quienes no tuviesen capacidad probada de construcción científica o doctrinal. Es decir, a quienes no se hubiesen consagrado por entero a la profesión académica.

Pues bien, a facilitar el acceso a la cátedra universitaria a los profesionales procedentes de la empresa privada, pero sin carrera científica destacable que alegar, va dirigido el real decreto 415/2015, de 29 de mayo, sobre «el sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios». No es la única novedad que incorpora esta regulación, pero sí es la que mejor transparenta la línea maestra del gobierno educativo de Wert. Aporta elementos positivos, como la introducción de criterios cualitativos para la evaluación, moderando la importancia de los habituales, puramente cuantitativos y cumulativos. También garantiza que la evaluación se realice por miembros de la misma rama o especialidad, en sentido amplio, que el aspirante, lo cual introduce solvencia y equidad. E incluso minimiza la relevancia de algunos méritos, como los de gestión, que son independientes de la valía profesional del investigador.

Pero la disciplina de la evaluación de los méritos para la acreditación como catedrático delata la irreprimible propensión privatista del ministerio. Cuatro son los bloques tenidos en cuenta: investigación, docencia, actividad profesional y gestión académica. Y cuatro, también, las calificaciones posibles: A (excepcional), B (bueno), C (compensable) y D (insuficiente). La calificación mínima para superar la acreditación a catedrático debe ser la de B-B, tanto en investigación como docencia. Las deficiencias en docencia (B-C), podrán ser compensadas con méritos en la actividad profesional (B) o en gestión académica (B). Pero he aquí que también las deficiencias en la investigación (C-B) pueden ser compensadas, esta vez si se demuestra haber tenido una actividad profesional brillante fuera de la universidad (A).

Con esta evaluación, la espina dorsal de la carrera académica, lo que siempre ha debido habilitar para el acceso a la cátedra, esto es, una competencia contrastada en la investigación científica, podrá tener un valor secundario si resulta compensado con una valiosa actividad profesional de carácter extrauniversiario.

Cualquiera diría que Wert, al revisar y aceptar este tipo de evaluación, no pensaba sino en sí mismo como aspirante a la acreditación a cátedra: con algunos años de experiencia docente, y con numerosas publicaciones de ocasión, nadie podría negarle una actividad profesional tipo A, y, por tanto, su capacidad para ejercer de catedrático.

Seguramente al lector se le habrá venido en mente algún otro caso que estaría en esta misma situación. En lo que hace a mi asignatura, la historia del derecho, tendríamos a un candidato ilustre con las puertas también entreabiertas para el acceso a la cátedra aun sin contar con aportación científica relevante. Con experiencia en gabinetes de presidencia, dirige desde hace bastantes años un diario de tirada nacional y, de su aparición en los medios, se deduce una intensa actividad profesional, que muchos estarían dispuestos a calificar con una A. Cuenta además con una dilatada experiencia docente en la universidad. Solo falla el ya subsanable capítulo de publicaciones, donde apenas se agrupa media decena de trabajos.

¿Han adivinado de quien se trata, verdad? Del historiador del derecho y de las instituciones Francisco Marhuenda García, más conocido como director de La Razón, quien muy probablemente disfrutaría sentando cátedra al difundir en las aulas los simplismos historiográficos que nos propina en televisión.

La confluencia que se atisba no debería ratificar, a posteriori, la designación vertical y plebiscitaria de los candidatos de Podemos realizada en julio.

Solo unas primarias reales y totales, que englobasen a todos los actores e incluyesen la candidatura a la presidencia, podrían provocar el deseado revulsivo electoral.

El curso ha comenzado con una rectificación notoria por parte de la dirección de Podemos. Lo que hasta hace pocas semanas parecía un error estratégico abominable, la formación de un Frente de Izquierdas, o una iniciativa despreciable, por Ahora en Común, ha pasado a convertirse en una receta aceptable, lo primero, y en una plataforma imprescindible, la segunda. Los seguidores más incondicionales y acríticos del joven partido, y los que irrumpieron enérgicamente con vivas pretensiones de convertirse en sus intelectuales orgánicos, deben de andar algo extraviados ante este último bandazo, por no hablar de aquellos que dejaron de sentir la llama del «frente amplio» en su interior nada más abandonar Izquierda Unida.

No se conocen los motivos concretos de la rectificación, pues los portavoces de Podemos han vuelto a decantarse por la nociva disociación entre la vida real y la imagen oficial del partido, presentando su estrategia electoral como si no se hubiese alejado un palmo de los planes originarios. El lector de prensa supone, sin embargo, que, ante el descenso sostenido en las encuestas y el endurecimiento de las críticas, el candidato a la Moncloa, al fin y al cabo quien va a poner la cara el 20 de diciembre, ha debido de dar un golpe en la mesa, tomar las riendas y advertir al sector errejonista que esta vez las cosas se van a hacer a su manera. Una manera que todos los que hemos abogado en los últimos meses por la confluencia celebramos, pero que, por lo que van difundiendo los medios, continúa siendo a todas luces insuficiente.

Tal y como van ordenándose los acontecimientos, la fórmula resultante podría ser más o menos esta: Podemos ya tiene elegidos a sus sesenta primeros candidatos para todas las listas; en algunas comunidades, como Cataluña, Valencia o Galicia, la distribución final se acordará con los partidos y movimientos de izquierdas allí arraigados, y en las restantes, como Andalucía, se convergerá con plataformas –posiblemente Ahora en Común–, que deberán designar a sus respectivos candidatos a través de un procedimiento de primarias, para integrarlos después en una lista previamente ocupada por los candidatos de Podemos. Los electores podrán encontrar así, en estos territorios, el día de las elecciones, una papeleta, con el nombre aproximado de «Podemos en Común», que unifique todas las propuestas y sensibilidades por el cambio.

Aunque a la desembocadura de todo el proceso podríamos contar con un final feliz, el procedimiento para alcanzarlo habría desechado en el camino demasiadas oportunidades como para poder conseguirse el resultado electoral apetecido.

Lo primero que se encuentra en disputa desde el comienzo de la gran contestación a la directiva de Podemos es su método de designación de candidatos. La confluencia actual no debería refrendar, a posteriori, esta metodología ni sus resultados. Solo forzando los términos puede denominarse al procedimiento utilizado en julio como primarias. Se trató, en realidad, de un plebiscito, donde los inscritos en el partido debían decidir entre ratificar al líder y a sus elegidos o rechazarlos, acogiéndose a una lista marginal, desconocida, irrelevante. Las primarias, como ahora diremos, implican otra cosa. Se empleó, además, una forma centralizada y personalista de nominación, alejada de todas las realidades locales y, peor, a despecho de las propias instancias provinciales del partido. Como ha recordado Rafael Escudero en estas páginas, se resucitó con ello la tan poco honorable figura del «cunero». Y, por último, el índice de participación fue tan escuálido, que su celebración oficial volvió a restar credibilidad al partido y la legitimidad conferida a los ganadores no pudo sino resultar notoriamente débil.

La confluencia, para ser plena, debería garantizar que las listas finales se eligiesen en su totalidad –incluidos los candidatos de Podemos– a través de unas primarias reales, abiertas y disputadas, tanto de ámbito provincial, para las listas de circunscripción, como de distrito estatal, para la candidatura a la presidencia del Gobierno. Esto implicaría dualidad o pluralidad de aspirantes a encabezarlas, debate entre proyectos diferenciados y contraste entre propuestas concretas para la provincia y para el país, elaboración abierta de censos y jornada presencial de elección. Quienes desprecian estos métodos participativos en nombre de la eficacia electoral olvidan que su pertinencia no se debe solo a razones de pureza democrática, sino también a motivos de eficiencia electoralista. Un proceso de este género despertaría gran relevancia mediática a través de debates, entrevistas y artículos en los medios locales y estatales; pondría en contacto a personas políticamente afines; serviría para tejer y reforzar redes; sustentaría, en fin, una presencia pública sumamente valiosa en tiempo de precampaña.

Según se ha insinuado, son, además, motivos de esta índole los que desaconsejan el destierro de Alberto Garzón a Málaga para garantizar la candidatura a la presidencia de Pablo Iglesias. Basta imaginar la trascendencia política de unas primarias con ambos líderes como aspirantes para percatarse de sus beneficiosos efectos electorales. Siendo simultánea la designación por primarias de las listas provinciales y la nominación estatal del candidato a la presidencia, la participación en las primeras se intensificaría muy probablemente. El foco de atención se centraría en esas semanas en este proceso electivo, jalonado por debates televisados y sondeos en portadas. La expectación generada bien podría reanimar el pulso de las fuerzas del cambio y volver a colocarlas en un nivel de resultados equiparable al del PSOE, que no contaría, ni de lejos, con semejante apertura pública en vísperas de las elecciones.

Para lograr estos propósitos, habría que colmar todavía otro requisito, evidenciado por las candidaturas municipalistas: el carácter preponderantemente ciudadano de los aspirantes a integrar las listas. Con la vista puesta en los comicios, el marco discursivo más favorable para las iniciativas transformadoras es el que opone, por un lado, a la vieja partidocracia turnista, responsable directa de la crisis, la corrupción y el secuestro institucional que padecemos, y por otro, a los miembros activos de la sociedad civil que aspiran a reapropiarse de las instituciones para depurarlas de inercias clientelares y volver a colocarlas en beneficio del común. Pero ese marco no puede ser exclusivamente retórico ni lingüístico. Debe encarnarse en la propia trayectoria de los miembros de las listas unitarias.

Es aquí donde Podemos satisface las exigencias, pues sus candidatos eran, hasta hace dos días, ciudadanos rasos comprometidos contra los recortes y la merma de derechos. No sucede lo mismo con otro de los actores de la confluencia, Izquierda Unida, que arrastra un considerable lastre de burócratas de aparato que proyectan con nitidez al público los males de la partidocracia. Unas hipotéticas primarias en Ahora en Común sin la presencia de Podemos darían un peso específico aplastante a los cuadros del PCE, permitirían su desembarco sistemático y tornarían demasiado previsibles los resultados. De este modo, a la postre, el tortuoso proceso de la confluencia habría recurrido a los métodos participativos solo como recursos molestos, cuyo riesgo e incertidumbre hay que minimizar, y de función exclusivamente cosmética, para disfrazar lo que en sustancia sería un pacto entre las direcciones de Podemos e IU.

Esto, naturalmente, no pasaría desapercibido a nadie. La credibilidad de la dirigencia de Podemos, que ha sido implacable en su ataque a esta posibilidad, continuaría resintiéndose, y todo el caudal humano procedente de los movimientos sociales, solo capitalizable con fórmulas abiertas y ciudadanas, podría terminar desechado. Una confluencia de este género podría asegurar mayor presencia parlamentaria, vale, pero sería todavía una apuesta perdedora. Y es que con la receta de un Podemos-IU más o menos encubierto, confluyendo desde arriba, se perderían muchos de los bienes procurados por unas primarias completas y reales, con los ciudadanos como protagonistas y la lealtad a unos pocos y consensuados principios programáticos como argamasa de la formación resultante.

Pese a continuar con la retórica de la expansión y la victoria, los dirigentes de Podemos solo trabajan ya para asentarse en el espacio de la izquierda transformadora

La dirección de Podemos ha decidido que el objetivo no es ganar justo en el único momento en que ganar es posible

En la cúpula del joven partido han olvidado que los “convencidos” no son “incondicionales”

Ahora en Común responde a una necesidad que Podemos decidió dejar de satisfacer: la de construir democráticamente listas ciudadanas unitarias para ganar

La cúpula de Podemos ya no quiere ganar. Desde los comicios andaluces, el mensaje ha sido inequívoco: Podemos, por sí solo, no puede aspirar a obtener la minoría mayoritaria necesaria para liderar el gobierno de este país. Si a cualquier ciudadano raso le resulta evidente esta conclusión, a las mentes despiertas que están al frente de la organización no cabe que le haya pasado inadvertida.

Las razones por las que su crecimiento es estructuralmente limitado son variadas. Una, fundamental, es que la hipótesis discursiva que mantienen resulta del todo insuficiente en una sociedad en la que la producción y distribución del discurso se hallan tan concentradas como la producción y distribución económicas. Por eso, en cuanto Podemos resultó verdaderamente amenazante, bastaron unos pocos titulares insidiosos para que se le cortaran todas las vías de crecimiento por el centro, por los sectores despolitizados y más aún por la derecha. Demasiado pronto se hizo patente que, con el estereotipo fabricado por los medios, no podría llegar a ser un partido transversal, atrapalotodo, capaz de aglutinar apoyos de las más variadas procedencias. Su espacio natural y acotado, como demuestra la trayectoria de sus representantes y la silueta de sus seguidores, es el de la izquierda sociológica de este país.

Consciente de esta acotación heterónoma, la dirección de Podemos, pese a continuar proyectando su retórica de la victoria, no juega ya a ganar, sino a consolidarse como fuerza predominante en ese espacio, dando definitiva, y quizá justa sepultura a Izquierda Unida. Se trata, desde luego, de un proyecto legítimo, aunque condena a la formación a mantenerse en una disociación cada vez más insostenible entre sus propósitos de triunfo, puramente publicitarios, y las decisiones adoptadas, conducentes todas a lograr esa posición hegemónica en el campo de la izquierda transformadora.

El problema capital no es que la dirección de un partido prometedor se instale en esta contradicción palmaria entre su teoría y su praxis. Lo grave radica en que, por cálculos cicateros, está a punto de desaprovecharse un histórico y efímero momento de apertura.

A estas alturas, cabe incluso dudar si la transición que va a operarse en el campo de la izquierda arroja de veras un saldo ganador. Quiere expedirse el acta de defunción a un partido anquilosado, de base doctrinal un tanto desfasada, repleto de resortes retardatarios, incapaz de trascender el perímetro de sus incondicionales y atravesado por las malas prácticas de la vieja política. Hasta aquí –podría decirse– todo inobjetable. Ahora bien, el actor que viene a reemplazar a la desmedrada coalición va revelándose como una formación macrocéfala, de centro aún más autoritario, regido por la lógica del dedazo unilateral y construido en torno a la adhesión acrítica y emocional al liderazgo. Por lo que se ve, estaríamos, además, ante un sustituto no menos inclinado al rechazo visceral de la diferencia y basado en un aparato doctrinal, el del populismo, igualmente apolillado. Como vulgarmente se dice, en este punto, podríamos estar pasando de ‘Guatemala’ a ‘Guatepeor’.

Lo preocupante es que, traicionando sus propósitos originarios, es decir, aquello que demostró su razón de ser, la dirección de Podemos ha decidido que el objetivo no es ganar justo en el único momento en que ganar es posible. Y lo está haciendo porque prefiere asentarse establemente y en exclusividad en el terreno de la izquierda social con un grupo parlamentario numeroso, trabado por los vínculos preferentes de la amistad personal y ajeno, por tanto, al pluralismo y capacidad realmente existente no solo en ese espacio que quiere representar, sino también entre las bases de la propia formación.

Los pasos que, sin refrendo ni contraste, la cúpula de Podemos ha ido dando en esa dirección, y las evidencias mostradas por los resultados de las últimas elecciones locales y autonómicas, han liberado un espacio que ha tardado muy poco en cubrirse por la iniciativa Ahora en Común (AeC). Su mera aparición ya demuestra la falsedad de la hipótesis manejada en Podemos a tenor de la cual pueden darse por descontados a los “convencidos” para marchar a convencer a los que todavía no lo están. Los “convencidos” no son por necesidad “incondicionales”, y su convencimiento inicial muy bien pudo deberse a las razones fundacionales de Podemos, ya en entredicho, más que a la identidad personal de sus dirigentes.

El objetivo, tanto de la prensa del establishment como de la propia dirección de Podemos, es identificar este instrumento para facilitar la confluencia con Izquierda Unida. Se persigue su descrédito contradiciendo los hechos. Cuando aún se trataba de un manifiesto de circulación restringida, de la treintena de firmas que lo conformaban apenas había dos o tres procedentes de la coalición, predominando las estampadas por miembros de Podemos. En una estadística de primera hora, la mayoría de los apoyos procedían de integrantes de candidaturas populares, de ciudadanos independientes, de adscritos de base de Podemos, de miembros de Equo y, en último y reducidísimo lugar, de militantes de IU.

AeC ha sido una reacción, tanto interna como externa, contra el contraproducente derrotero tomado por la cúpula de Podemos; en ningún caso una estrategia sibilina para reforzar Izquierda Unida. Aspirar a propiciar la convergencia de todas las gentes comprometidas con el cambio en un espacio de procedimientos inclusivos muy bien puede atraer a los militantes de este partido, porque no son rechazados de antemano como “cenizos fracasados”. Pero de ahí a asimilar esta iniciativa con una mera prolongación de IU existe un trecho que solo se recorre por artero afán de denigrarla.

La irrupción de AeC debe entonces leerse en clave interna a la evolución de Podemos más que como argucia promovida desde fuera por los líderes de IUAeC . De hecho, quienes han presentado públicamente la iniciativa han asegurado que no nace contra Podemos, que sin él no puede aspirar a nada y que el liderazgo de Pablo Iglesias resulta indiscutible, tono que convierte en especialmente injusta y dolorosa la poco edificante respuesta propinada por la dirección de Podemos y sus intelectuales orgánicos.

Al responder a una necesidad objetiva, y no a una conspiración, la aparición de AeC ha reabierto el escenario de las izquierdas ante la próxima cita electoral. Se atisban varias salidas posibles.

La primera, la más indeseable de todas, es que, amedrentados y arrepentidos por su rotundo desacuerdo público, quienes han dado sentido e impulso originario a esta iniciativa prefieran su parálisis para volver a la situación anterior. Tal es la salida planteada en el fondo por los que reconocen que sí, que muy mal lo de la dirección de Podemos, pero que mucho peor es enfrentarse a ella porque eso nos desangra por división. El escollo de esta salida de la resignación es que ya no puede hacerse como si no existiese una alternativa razonable para coordinar la confluencia sin exclusiones. Y tampoco puede proseguirse como si no se hubiesen dado las decisiones, actitudes y declaraciones desviadas de la cúpula de Podemos, que, enajenándose cada vez más apoyos, descartan de pleno la pretensión de que el partido sea un “instrumento en manos de la gente”.

La segunda salida, probable aunque tampoco deseable, es que AeC prospere y llegue a convertirse en alternativa electoral, pero sin llegar a incorporar al vértice de Podemos. Si esto se produjese, lo más sensato sería abandonar la inclinación actual a la confrontación y, cada uno por su vía y a su modo, aspirar a optimizar su respectivo potencial. Traspasado un cierto umbral, lo que aparece como división que resta podría convertirse en suma para la cooperación futura. Todo dependería de lo que el procedimiento de elaboración de listas facilitado por AeC lograse en varios órdenes: la pluralidad y valía de los candidatos, el apoyo conservado entre las bases de Podemos, el nivel de participación y la ilusión consiguiente. En esta hipótesis, un posible desembarco de líderes históricos del PCE a la hora de las primarias arruinaría toda expectativa de buen resultado.

Y la última vía, preferible aunque improbable, puede relatarse dialécticamente. Izquierda Unida conformó durante los inicios de la presente coyuntura crítica la tesis central del cambio, pero su estrechez orgánica y la cortedad de sus horizontes hizo que pronto fuese rebasada por Podemos, que, prematuramente petrificado en su cima, podría resultar desbordado e incluido por la síntesis que anhela ser AeC. Pero para lograr este difícil objetivo hacen falta requisitos de complicada consecución.

Primero, que se haga evidente, tanto en la dirección de Podemos como en sus apoyos de base más incondicionales, que el modo en que están organizándose de cara a las generales, con listas de amigotes impuestas en la práctica, proyecta tal falta de seriedad que de darse en cualquier otro partido habríamos sido inmisericordes en nuestra contestación. Y, segundo, que, llevados por el convencimiento de que esta deriva resulta de todo punto inaceptable, representantes de la talla y con la autoridad moral de Manuela Carmena, Ada Colau o Gerardo Pisarello indiquen que el camino a seguir para ganar, como bien saben, es el de la confluencia amistosa, leal y horizontal producida en torno a liderazgos unánimemente reconocidos.

En mayo de 2014, con la táctica Podemos recién estrenada con relativo éxito –un 8% en unas elecciones inocuas–, y con Izquierda Unida en torno al 10%, resultaba a todas luces contraproducente proponer su coalición. Los métodos, las estrategias, los discursos y su público respectivo aparecían diferenciados netamente. Aunque podía pensarse en una cooperación poselectoral entre ambas formaciones, todo aconsejaba discurrir por separado, pues allí donde, en apariencia, podía llegar Podemos con su hipótesis populista, IU no alcanzaría, y los convencidos a los que esta coalición podía mantener repudiaban con visceralidad al nuevo partido. Coaligarse no era, en efecto, una buena idea.

¿Seguimos en la misma situación? Los resultados de municipales y autonómicas parecen responder que no.

En primer lugar, la “hipótesis Podemos”, de naturaleza eminentemente cultural y discursiva, tiene un recorrido limitado en esta sociedad del espectáculo. Su aplicación obstinada les hará tropezar el próximo noviembre con un techo de cristal de no más del 15% de los votos. En segundo término, las elecciones vividas han mostrado que este límite solo puede desbordarse con otras prácticas políticas, donde se combinen confluencia ciudadana, liderazgo carismático, compromiso y honestidad de los candidatos y participación popular en la elaboración de las listas.

Seamos claros: el dilema de las próximas generales no es ganarlas de forma incontestable o perderlas. La insistente retórica de la victoria –«¡Salimos a ganar!»–oculta torpemente un hecho capital del escenario presente: a día de hoy, las mayorías inapelables no están al alcance de la mano. Lo máximo a que puede aspirarse es a conseguir una minoría relativamente decisiva para la gobernación. Y aquí la encrucijada no es otra que la siguiente: o repetimos dirección conservadora y neoliberal, con el auxilio de Ciudadanos o el mucho más improbable apoyo del PSOE, o logramos rectificar el rumbo presente con una mayoría de izquierdas. Pero esta mayoría progresista puede adoptar dos formas: o tiene al PSOE como fuerza predominante o la relega a una posición secundaria. Contemplada la cuestión desde la envergadura del cambio a realizar, es aquí donde radica la clave del asunto.

Tal y como va diseñándose el campo de las izquierdas de cara a las próximas elecciones, con cada vez más desprecios y divisiones, lo más probable es que el PSOE termine preponderando. Y basta con apuntar alguna inclinación distintiva, como la postura de los socialdemócratas españoles ante el TTIP, para adivinar la dimensión real que tendrán las transformaciones impulsadas por un ejecutivo liderado por los socialistas y apoyado desde el Parlamento por Podemos y por Ciudadanos.

El único modo de trascender este escenario es rebasando electoralmente al PSOE, forzándolo a una disyuntiva: o gran coalición con el PP para, sacrificándose a sí mismo, consumar la contrarreforma neoliberal, o tomar parte de un gobierno de izquierdas sin su liderazgo, en el que sus consuetas reticencias derechistas no tuviesen cabida. Pero este objetivo es impracticable para Podemos por sí solo. El único modo de lograrlo es aglutinando a todas las fuerzas y sensibilidades a la izquierda no identificadas con la sedicente socialdemocracia actual, e incorporando la máxima proporción posible del tercio abstencionista del cuerpo electoral. La única manera, en suma, es a través de eso que viene denominándose, de forma deficiente, como «unidad popular».

En Podemos sostienen que su estructura partidaria se basta y se sobra para canalizar dicha «unidad». Su estructura intensamente verticalizada y de dirección concentrada, que permite la mediatización heterónoma de cualquier proceso de convergencia, desmiente, sin embargo, semejante pretensión. Las primarias que han realizado lo testimonian: con su ínfima participación, las injerencias de la cúpula, sus listas plancha, su vulnerabilidad ante el pirateo y los votos de última hora cazados entre amigos y familiares para ganar por la mínima, no parecen constituir un instrumento serio para lograr convergencia ciudadana alguna.

La materia gris del partido insiste además en que, para conquistar la ansiada mayoría, no hay que convencer a los ya convencidos, sino llegar a donde todavía no se ha llegado. Este modo de representar su táctica nos evidencia el riesgo del planteamiento: si ese espacio por alcanzar resulta que termina siendo el centrismo liberal, en el tránsito irán cayendo los apoyos que se daban por seguros y cuando se arribe al destino se encontrará éste de lo más concurrido. Si, por el contrario, se desea penetrar más en el campo social de las izquierdas y en el abstencionista, resulta discutible que la mejor opción sea dejar aparcados, o incluso denigrar, a los presuntos incondicionales. Y es que, para estos propósitos, nada más atrayente y catalizador que una expedición conjunta.

Hasta hace poco, era Izquierda Unida la que, desde una presuntuosa posición de predominio, llamaba a dicha conjunción. A día de hoy, sin embargo, por una combinación de mediocridad, sectarismo y burocratización, y por el consiguiente y penoso exceso de escisiones, expulsiones y fracturas, el único partido estatal que se opuso a reformas como la del art. 135 va camino de parecer prescindible en un hipotético escenario de cambio. Pero, ¿lo es en realidad? ¿Tan alegremente se puede despreciar su millón aproximado de votos para la pretendida victoria final, según el régimen electoral vigente de restos y circunscripciones? Si el objetivo es ganar las elecciones, ¿es buena estrategia comenzar rechazando como «cenizos» apestados a decenas de miles de militantes y simpatizantes, distinguidos por su compromiso y actividad contra la oleada neoliberal? ¿Tiene además sentido que se trate a la IU liderada por Alberto Garzón, que apuesta de forma abierta por esa «unidad popular», del mismo modo que a la IU de hace tres años? ¿Cabe confundir a los pocos centenares que conforman su mediocre y a veces deleznable burocracia de aparato con los millares que componen su base social? ¿No hay quizá similitud entre la arrogancia con que la plana mayor de IU trató a Iglesias y Monedero en la primavera de 2014 y la que hoy se gastan los líderes de Podemos despachando a las bases de la coalición como pesimistas fracasados?

Téngase en cuenta que muchos de los que hoy forman y lideran nuevos partidos de la izquierda son hijos proscritos de IU, lo cual demuestra el sectarismo y la estrechez de su matriz, pero también revela resentimientos e identifica rasgos de familia. Es una de esas taras congénitas la que provoca la indisimulada y cainita prepotencia que vienen mostrando algunos representantes de Podemos frente a la izquierda tradicional. Del mismo modo que en el interior del PCE podían ser lapidadas minorías heterodoxas por interpretar el dogma de forma desviada, observamos ahora un desprecio caricaturesco no menos excluyente por parte de los líderes de Podemos hacia quienes entienden las estrategias de transformación de modo diverso a su hipótesis populista. Parece que en la izquierda todavía no han interiorizado que nada la debilita más que el encono fratricida.

Con razón arguyen los líderes de Podemos que la «unidad popular» no puede ser «una sopa de siglas», que pretenda solo «sumar a las izquierdas» para un «frente común» en un cambalache sellado en los despachos. Cuando desde Podemos advierten esto a IU aciertan de lleno, salvo en una cosa: no es eso lo que se propone desde IU. Entiendo que la alternativa planteada consiste en crear, por provincias, candidaturas populares, elegidas por ciudadanos rasos a través de mecanismos transparentes y participativos, ciudadanos procedentes de partidos, asociaciones, movimientos y agrupaciones comprometidas con la iniciativa, que deciden dar un paso atrás en las elecciones y no presentarse con sus siglas. La clave no está entonces en los partidos sino en sus gentes, y también en aquellos que nunca hemos militado en ninguno de ellos.

Es muy posible que, ante esta hipotética elaboración de listas unitarias, un sector minoritario de IU no quiera renunciar a sus siglas, se escinda y decida presentarse con algún sucedáneo bajo el pretexto de «defender el fuerte». Pero el resultado de esta apuesta lo adelanta el 1,5% obtenido por la candidatura oficialista de IU al Ayuntamiento de Madrid.

Los dirigentes de Podemos utilizan, pues, un lenguaje engañoso: solo en sus representaciones el asunto se reduce a coaligar partidos desde arriba, haciendo Podemos de balsa de salvamento de una IU ya para el desecho. Pero la cosa no trata de eso, sino de dar por una vez el protagonismo directo a la ciudadanía, siguiendo precisamente el propósito originario de Podemos y del 15M. Y para que eso ocurra deben caber todos, y para que todos quepan, como ya han dicho muchos, no solo desde IU, sino también desde Equo o desde Anova, lo mejor es aparcar irritantes posiciones de predominio para franquear el paso a prácticas y procedimientos inclusivos, que permitan también el justo reconocimiento a la aportación de cada cual. Y es que siempre es más cómodo vivir en una casa compartida que de huésped en casa ajena.

Como está a punto de desperdiciarse una oportunidad histórica, debido en buena parte a la inmadurez, la arrogancia y las formas deplorables de algunos líderes de menor estatura de la esperada, no estaría de más que, en vez de escuchar las cansinas y repetitivas declaraciones de sus dirigentes, se consultase directamente a todos los inscritos de Podemos si preferirían concurrir a la formación de candidaturas ciudadanas o si preferirían mejor bailar solos hasta volver a sumir a la izquierda en la irrelevancia institucional.

La tentativa republicana enseña hoy que, cuanto más desigual es una sociedad, más complicado se hace instituir una democracia social.

Cuando se reivindica hoy la República, ¿a qué nos referimos? ¿A la del primer bienio y la Constitución? ¿A la del Frente Popular? ¿A la de la guerra civil?

Como objeto de historiadores, no hay periodo que sufra más censuras retrospectivas, más interpretaciones anacrónicas y más juicios sumarísimos basados en precomprensiones.

Hoy, 14 de abril, vuelve a ser una jornada para rememorar, rendir tributo a la democracia y reconsiderar ciertas convenciones. A juzgar por el debate público, las reivindicaciones de algunos grupos políticos y los intereses historiográficos más inmediatos, la Segunda República continúa viva entre nosotros. Lo hace como símbolo político y como objeto de conocimiento. Vive con dos almas, con diferentes funciones cada una, pero íntimamente conectadas entre sí. Cuanto más se cultive en su segundo aspecto, mejor se podrá calibrar su alcance simbólico. La distancia notable entre sus dos vidas es lo que provoca que, en la mayor parte de las ocasiones, permanezca desdibujada por las pasiones presentes y por las tergiversaciones interesadas.

La experiencia republicana española entraña, aun a día de hoy, una lección de alcance universal. Revela, de forma desgarradora, las dificultades casi insuperables con las que suele tropezar la institucionalización de la democracia social, con su combate prioritario contra los privilegios y su afán por construir una sociedad de ciudadanos políticamente iguales y emancipados. Está de más insistir en la evidencia: a la República no le permitieron siquiera asentarse tanto desde la sociedad como desde dentro del propio Estado. Latifundistas, financieros, nobles, militares, monárquicos y eclesiásticos, de forma directa o a través de sus agrupaciones políticas, hicieron todo lo posible por derrocarla. Pero también numerosos anarcosindicalistas, que, con lamentable ceguera, no vieron en ella más que una despreciable continuación del parlamentarismo burgués. Las resistencias internas no fueron menores. Desde la propia desafección castrense a la lenidad de la magistratura, la alta burocracia, la policía o la diplomacia minaron las bases de su constitución.

La tentativa republicana enseña así que, cuanto más desigual es una sociedad, cuanto mayor proporción de la misma se encuentra sometida a poderes privados, sin derechos ciudadanos ni relevancia pública, más complicado se hace instituir una democracia social. Por eso, cada regresión en materia laboral o fiscal, cada desregulación practicada en favor del poder económico, cada disposición que propicie su paulatina concentración, nos aleja un paso más, en un trayecto difícilmente reversible, del ideal republicano de la igualdad política.

Muchos, por interés propio o por mero adoctrinamiento, celebran este viaje sin retorno. La República, por su derrota a manos del fascismo, se les aparece como la demostración inapelable de la imposibilidad de la democracia social. Inútil es volver a tener aspiraciones ya fracasadas, vienen a decir. Es más, en un gesto que convierte a la víctima en verdugo, la consideran, con sus aspiraciones de cambio, la responsable de la propia irrupción del fascismo. Y es que pocos periodos de nuestra historia dependen más, para su valoración, de la propia inclinación política y de las ideas preponderantes en la esfera pública.

Salvo furibundos derechistas, apenas nadie discute hoy, a derecha y a izquierda, que el constitucionalismo gaditano significó un avance en relación a la monarquía militarizada de Carlos IV. Ningún consenso similar encontraremos en el caso de la República. La profesión en valores conservadores conduce a su desprecio. Se le concibe desde esta perspectiva como un caso más en el que el idealismo utópico y el sectarismo empujaron a la anarquía. Al parecer, poco importa a quienes así piensan que sus exigencias más elementales, como la igualdad de género, el sufragio universal, la protección legal del trabajo, el derecho de huelga o el régimen autonómico se consagraran tras la dictadura, dando lugar a un periodo medianamente próspero en nuestra historia. Ocultan, para no identificar su bárbara genealogía, que en España se rebelaron los militares, entre otras cosas, para erradicar el divorcio, el matrimonio civil, la autonomía regional, la escuela laica o una tímida redistribución de la riqueza.

Su imagen convencional depende además, de modo muy estrecho, de los valores políticos hegemónicos. Cuanto más conservador, en expectativas y horizontes, se va haciendo el ambiente político, más rechazo retrospectivo empieza a sentirse por aquel proyecto, repelido como revolucionario. Antes, sin embargo, cuando las ideas de igualdad y cooperación predominaban, encarnaba un valioso ejemplo a emular, malogrado por la ira fascista.

La discrepancia de raíz en torno a la valoración de la República es, de todas formas, lo que sigue explicando el interés que despierta, la actualidad de que goza. Algunas formaciones identifican su proyecto de país con la bandera tricolor. Acaso descuidan aquella dolorosa, pero certera sentencia de Camus sobre la destrucción de la República, lección generacional que mostró cómo «se puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no tiene recompensa». Se pregunta uno si al enarbolar la bandera republicana se tiene presente, con precisión, cuál es el modelo preconizado: ¿la República del primer bienio, cuyo proyecto de transformación social quedó plasmado en la Constitución de 1931? ¿La del Frente Popular? ¿O la de la guerra civil, conectada por necesidad a la Unión Soviética, y que conoció, en algunos de sus territorios, la anhelada revolución social?

Si lo reivindicado para el presente es el reformismo ilustrado y constitucional del primer bienio debe entonces anotarse su exacta condición. Se trató de una República parlamentaria, democrática y social, que quiso tener como base popular la conjunción de la pequeña burguesía progresista y de los trabajadores de aspiración más moderada. Conviene recordar que esta República fue contemplada por muchos, incluido el PSOE, partido que la trajo y sostuvo, como un tránsito necesario hacia la sociedad sin clases. Y por otros, como una molesta y estupefaciente interposición burguesa entre el proletariado y la revolución verdadera. Su alma política, por tanto, no se situaba en las doctrinas socialistas, ni tampoco en el republicanismo liberal, sino en una izquierda burguesa y jacobina, que se miraba en Rousseau, no en Marx, y que defendía su proyecto nacional desde las páginas de Crisol, Claridad, Luz o El Heraldo.

En cualquier caso, si lo reivindicado con su simbología no es sino aquel intento de transformación radical, guiado por la dignidad y la justicia social, debe siempre huirse de la extrapolación simplista. Ni en materia religiosa, ni regional, ni siquiera laboral, la España de hoy tiene parangón con la España de aquel tiempo, aunque el peso específico de las oligarquías parezca unirlas.

Esa distancia, cada vez más patente, hace que la República vaya sedimentando, principalmente, como objeto de conocimiento desentrañado por los historiadores. Su valoración dispar y polémica la convierte en asunto especialmente controvertido, plagado, por desgracia, de proyecciones presentistas, prejuicios ideológicos y lugares comunes. Hay contemporaneístas de renombre que, con cierta autosatisfacción, afirman que nuestro pasado político más reciente ya se conoce de sobra. Y la multitud de títulos dedicados al periodo invita a pensar de ese modo. Basta, sin embargo, con acercarse a sus contenidos habituales para desengañarse y comprobar que mientras existen aproximaciones reiteradas a unos mismos puntos, otros, por desgracia, permanecen todavía en relativa oscuridad. Es lo que nos separa de países como Italia, Francia o Alemania, que conocen al dedillo, por soporte investigador y política académica, cada rincón de sus antecedentes. No es el caso español.

Faltan estudios de conjunto, profundos, solventes y con amplia base documental, sobre aspectos centrales de la Segunda República. Desconocemos, por ejemplo, el papel que jugó el poder judicial en el boicot y destrucción del régimen al que servía, algo que los alemanes conocen, respecto de la República de Weimar, desde los propios años ’30. No disponemos tampoco de un cuadro exhaustivo sobre la conflictividad laboral, cuando la actividad de los jurados mixtos fue decisiva para su decurso. Aunque más estudiada, falta también descender con sistema a todos los detalles en una de las principales apuestas de la República: la reforma agraria. E incluso carecemos de una investigación completa sobre la atribulada vida municipal bajo los vaivenes electorales y gubernamentales.

Hay que celebrar por eso que notables historiadores, como Eduardo González Calleja, Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y Francisco Sánchez Pérez, se hayan tomado el trabajo de intentar reconstruir el periodo huyendo de censuras retrospectivas y tratando de entenderlo según sus propios desafíos. Algunos aguardamos expectantes su inminente Historia de la Segunda República, a publicarse por la imprescindible casa editorial de Gonzalo Pontón, Pasado & Presente.

La región padece dos males que la anquilosan: el monopolio partidista de la administración, que provoca clientelismo y corrupción, y el pulso exánime de su vida económica. ¿Hay soluciones? ¿Son, siquiera, problemas?

La pasada semana, una buena amiga y mejor periodista, Ana Galdámez, me sugirió la idea de hacerme una entrevista para exponer, en dos minutos, mi opinión sobre la situación andaluza y los desafíos que se presentan ante la próxima cita electoral. Acostumbrado a la lógica y extensión de las clases, que permiten la disección detenida y la explicación matizada de cualquier asunto de la propia competencia, semejante tesitura me obligó a esbozar un breve esquema que encerrarse mi diagnóstico sobre esta especialísima coyuntura. Aquí va su puntual desarrollo.

Para detectar sumariamente los lastres andaluces y las posibles vías de su resolución deben evitarse, de partida, tanto el triunfalismo como el catastrofismo. Del primero hay bien poco, salvo algún músculo demasiado endeble y reciente exhibido con insistencia por Susana Díaz. Tan evidente resulta que la situación de la comunidad no está para celebraciones, que la propia candidata socialista se ve obligada con frecuencia a disociar su identidad: inconscientemente, se presenta como la líder que logrará dar la vuelta a la herencia recibida para legar a las generaciones venideras una Andalucía mucho mejor. El espectador avezado debe irritarse ante este lapsus, que omite toda la responsabilidad que el partido en el gobierno tiene de la actual situación y exige de él un acto de fe, esto es, la creencia en que aquellos que han gobernado en exclusiva la región hasta el día de hoy van a comenzar a hacerlo de modo sustantivamente mejor, si triunfan, desde el próximo mes de abril.

La situación en vigor tampoco puede describirse como un «estado de emergencia», como gustan otras formaciones de hacer. Con semejantes expresiones, como aquella del «genocidio financiero», se corren riesgos. Como poco, uno estratégico y otro anímico. La hipérbole terminológica conduce a la banalización del propio discurso; con ella, las necesarias denuncias de la injusticia quedan neutralizadas por la propia desmesura. Por otro lado, la creencia ingenua de que nos hallamos ante una situación apocalíptica conduce irremediablemente al desánimo, al comprobar que la catástrofe no produce la reacción mayoritaria debida. La situación, en efecto, es de enorme gravedad, y afecta a capas muy numerosas, pero resulta aún paliada por diversos mecanismos defensivos de naturaleza familiar, institucional o económica. Desconocerlo es un autoengaño.

Para situarse en el escenario andaluz, y no llevarse sorpresas desagradables la noche del 22-M, debe entonces tenerse presente que la situación económica, laboral y política es, sí, muy crítica, pero en ningún caso comparable a la vivida en los albores de la autonomía. Omitir el grado evidente de desarrollo experimentado desde entonces por Andalucía es un lamentable descuido, que además no permite siquiera identificar algunos de los logros que se trata precisamente de preservar.

Descontando esta premisa, cumple, sin embargo, detectar las carencias, y las hay muy profundas, tanto en el plano institucional como en el social. A nivel administrativo, pesa sobremanera el dominio incontestable ejercido por un solo partido en prácticamente toda la administración autonómica durante toda su existencia. De esta causa proceden algunos males muy visibles: confusión sistemática entre partido y administración, clientelismo mastodóntico, corrupción extendidísima y el consiguiente empleo insatisfactorio, estéril de ingentes recursos públicos, lo que hace todavía más sangrante el relativo subdesarrollo.

A nivel socio-económico se padece la falta clamorosa de tejido productivo, la concentración de la actividad en dinámicas de escaso valor añadido y una intervención constante de la administración pública a través de incentivos, subsidios y subvenciones desprovistos por completo de un proyecto trabado y estratégico de crecimiento regional, pero que han provocado una confusión notable entre el entramado institucional autonómico-partidario y la iniciativa privada.

Estas son dos de las más importantes realidades críticas que enfrentan los andaluces en la próxima cita electoral. Ahora bien, cabe preguntarse si estas circunstancias constituyen, para las mayorías, un verdadero problema. Para muchos ciudadanos de esta comunidad la patrimonialización partidista de la administración resulta de lejos preferible a la que se considera como única alternativa posible, es decir, la despatrimonialización de la administración no ya en beneficio de un partido, sino de las minorías corporativas que lo dirigen. Por otra parte, esta situación de colonización masiva de los aparatos públicos, de tutela económica de la iniciativa privada y de protección clientelar conforma un statu quo beneficioso para una proporción considerable de la población andaluzastatu quo, incluso en una coyuntura crítica como la actual. Esto explica el inmovilismo y las notorias resistencias al cambio. Muchos calculan, no sin razón, que, en un hipotético relevo gubernamental, habría bastante que perder. Los resultados nos confesarán su proporción exacta.

Otros pensamos que las circunstancias expuestas sí constituyen un verdadero obstáculo para el desarrollo de la región y la superación de la crisis. Celebramos que, al menos a nivel autonómico, se hayan cerrado las fronteras a los bárbaros que aspiran a privatizar la administración en favor de minorías. Pero percibimos claras señales de decadencia en la dinámica vigente, por eso aspiramos a cambiarla. ¿Cómo puede hacerse?

Orillando, desde luego, los deseos puramente personales, y ciñéndonos a un escenario verosímil, cabría afirmar que lo último que necesita Andalucía es un «Gobierno fuerte», que vuelva a poner en manos de un solo partido los resortes del poder autonómico. Para prevenir el mal que padecemos de la continuada hegemonía monopartidista en la administración, Andalucía necesita más bien gobiernos plurales, con miembros relativamente equipotentes, que ejerzan un eficaz contrapeso mutuo, y basados en un inequívoco acuerdo programático. De hecho, si los resultados no arrojan mayorías incontestables, pero sí preponderancia de las izquierdas en su conjunto, la voluntad nítida de los andaluces será la de un gobierno plural de signo progresista. Y si ese mandato se traduce en ingobernabilidad no será responsabilidad de los ciudadanos, sino de sus representantes.

Para afrontar la crisis económica y de empleo, la cuestión no es renunciar al actual intervencionismo, sino transformarlo para hacerlo mucho más eficiente. El problema que atraviesa Europa podría definirse del siguiente modo: el capital ha dejado con todo el descaro de cumplir su función social de financiación de la producción porque se reproduce de modo autónomo a un mínimo coste. Esto solo puede rectificarse a través de una inversión pública que supla las deficiencias evidentes de la iniciativa privada. No se trata, como Susana Díaz insiste, de abaratar costes y reducir impuestos para atraer una inversión incondicionada. Esto no es más que la enésima manifestación de prejuicios neoliberales expresados por un socialdemócrata. Y Andalucía conoce ya la marcha de empresas que fueron recibidas con subvenciones millonarias. En este momento cumple más bien reactivar desde lo público la economía a través de mecanismos que den cabida al capital privado, pero sometido a reglas exigentes de desenvolvimiento, ganancia y contratación laboral. La agricultura y hasta la propia construcción, comenzando por la rehabilitación de la multitud de edificios céntricos abandonados en todas las capitales andaluzas, son susceptibles de una intensa potenciación. A lo que debe añadirse la inversión en industrias de elaboración y manufactura que permitan ampliar el ciclo productivo regional y diversificar nuestra economía para fortalecerla.

Tan palmario resulta este dato, que el pasado lunes, en el debate electoral entre los candidatos del PP, PSOE e IU, coincidieron todos en señalar la urgente necesidad de la reindustrialización. También lo hacen partidos decisivos como Podemos. Ya veremos si tan significativo consenso se traduce en hechos tras las próximas elecciones.

La próxima Ley Orgánica de Seguridad Nacional constituye un escalón más en el proceso de concentración de poderes en el ejecutivo, privatiza el ejercicio de potestades públicas y establece con vaguedad nuevos estados de excepción.

Hace unos días, Manuel Cancio Meliá escribía en este blog sobre la reforma del código penal (esa misma que recientemente han pactado PP y PSOE), indicando que se trataba de «un texto con el que se puede montar una dictadura». Y así es. El actual Gobierno se ha empeñado en varias reformas de calado en materia criminal, procesal y de seguridad, coincidentes todas en su notorio signo autoritario. Podrán contar con aspectos garantistas o modificaciones sensatas en aspectos particulares, pero en todos los casos ofrecen a las autoridades gubernativas y judiciales mayores márgenes de discrecionalidad, en detrimento, obviamente, de los derechos ciudadanos. A esta tónica se suma ahora una nueva, y por ahora desconocida, reforma legislativa: la Ley Orgánica de Seguridad Nacional.

Su Anteproyecto se encuentra en fase de alegaciones, que deberán presentar las correspondientes administraciones autonómicas, visto que regula asuntos de potencial competencia compartida. Desconocemos, pues, cómo será la versión final, pero su redacción actual, que previsiblemente no se alterará en sustancia, permite adelantar algunas sugerencias críticas.

La ley proyectada responde a la vieja doctrina de la «defensa social». En términos biopolíticos, se entiende que el Estado debe velar por la seguridad de la sociedad considerada como un todo, cada vez más vulnerable frente a los peligros y amenazas que presenta la globalización. Desde este enfoque, la supuesta normalidad del conjunto prima sobre los derechos efectivos de las partes. La política de seguridad no tiene así como guía la preservación de la libertad individual, ni en su fase represiva, ni tampoco en la preventiva. Las actuaciones públicas que mitigando las desigualdades, extendiendo la cultura o cubriendo los servicios esenciales podrían tener efectos preventivos de la criminalidad, son sustituidas, según esta lógica securitaria, por la pura prevención policial.

De poco sirve que se insista en la norma que la «Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos». Su campo de actuación también se refiere a la protección de unos difusos «principios y valores constitucionales», los cuales, a estas alturas, distan de ser incontrovertibles. Además, el concepto de seguridad que informa la reforma la concibe como «base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse» y «preservar su libertad». Entiéndase bien: el sujeto del desarrollo y el titular de la libertad es la propia sociedad, mientras que sus individuos caen a la condición de predicado. Por otra parte, la misma regulación permite apreciar hasta qué punto, con este marco normativo, los derechos fundamentales pueden ser sacrificados en aras de una presunta seguridad de toda la sociedad.

La nueva legislación supondrá un jalón más en el proceso de centralización del poder político desencadenado en el último lustro. La llamada «Estrategia de Seguridad Nacional» será elaborada directamente por la presidencia del Gobierno, que la someterá a la aprobación del Consejo de Ministros. Una vez aprobada, corresponderá al Gobierno presentarla a las Cortes Generales «para su conocimiento y debate», en ningún caso para su eventual enmienda y sanción. La representación nacional solo contará, a través de una «Comisión Mixta Congreso-Senado», con una participación pasiva a efectos de información y seguimiento. La seguridad nacional, como ocurre en otros países presidencialistas, es materia que recae de forma excluyente en el ejecutivo. El Presidente elabora y propone la estrategia, dirige la «Política de Seguridad Nacional» y el entero «Sistema de Seguridad Nacional» y es el encargado de declarar directamente uno de los nuevos estados de excepción, la denominada «Situación de Interés para la Seguridad Nacional». Por su parte, el Gobierno aprueba la estrategia, determina los contenidos de la política y se encarga de movilizar los recursos materiales necesarios para desplegarla. El «Consejo de Seguridad Nacional», encargado de asistir al presidente y de elaborar las directrices necesarias para desarrollar la política de aseguración, es prácticamente un gobierno ampliado, pues, aparte de los ministros, en él se sientan el director del gabinete de la presidencia, los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Seguridad y el director del CNI. Significativamente, el rey podrá asistir a sus reuniones, actuando en esos casos de presidente del Consejo.

Por el borrador que he consultado, resulta evidente el propósito de privatizar la gestión de la seguridad nacional. No es casual que uno de los «principios generales» que informa la nueva legislación sea la «colaboración público-privada». En este sentido, se indica expresamente que el «Gobierno establecerá cauces que fomenten la participación del sector privado en la formulación y ejecución de la política de Seguridad Nacional». Esto supondrá, naturalmente, el ejercicio de funciones y potestades públicas por parte de cuerpos de seguridad privada que pertenecen a grandes corporaciones, algo que se dará no solo en la ejecución de las políticas, sino también en la indicación de las prioridades, los peligros o las posibles actuaciones. Para salvar el posible escollo que representa este vaciado del Estado de derecho el Anteproyecto de Ley Orgánica dispone, de forma genérica, que «los componentes del Sistema de Seguridad Nacional establecerán las directrices y procedimientos para capacitar a personas […] en caso de necesidad».

Esta futura ley proporcionará además el marco para fomentar entre los ciudadanos una disciplina de temor, sospecha y desconfianza, e incluso para incentivar una extensión de hábitos y prácticas policiales más allá de los cuerpos profesionales dedicados estrictamente al particular. En efecto, uno de los objetivos de la reforma es promover una «cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicación activa de los ciudadanos en [su] preservación». Se persigue la involucración acrítica de la ciudadanía en las políticas gubernamentales de seguridad, y para ello se propone el adoctrinamiento («sensibilización», dice la norma) «de la sociedad acerca de […] los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla». Junto a la materia de «Cultura del Emprendimiento», pronto podremos ver en centros educativos una asignatura de «Cultura de la Seguridad Nacional» en la que podrán difundirse los clichés y prejuicios que hoy orientan muchas de las decisiones adoptadas en este terreno, tanto en política interior como exterior.

Lo más grave de la norma es la invención de dos nuevos estados de excepción, eufemísticamente considerados como situaciones «de crisis», cuyas características y consecuencias apenas si quedan definidas en el articulado. El primero es el «supuesto de alteración de la normalidad». La propia elección del término revela ya toda la problemática. ¿Qué es una alteración de la normalidad en un Estado constitucional? ¿Lo son las manifestaciones, las huelgas o cualesquiera forma de protestas si sobrepasan ciertos puntos de cantidad e intensidad? ¿Activará el ejercicio legítimo de los derechos políticos reconocidos en la Constitución la llamada «gestión de crisis», con sus «actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos», es decir, con la consiguiente puesta en marcha de un Estado policial?

El segundo estado de excepción previsto es la «Situación de Interés para la Seguridad Nacional», coyuntura denotada por «la gravedad potencial de sus efectos», «la dimensión y transversalidad de las medidas para su resolución o la incertidumbre que genera». No se precisa más su definición. El campo de apreciación es bien ancho y, como se ha indicado, corresponde al presidente declarar su existencia. En su regulación específica, solo se indica que será en estos casos cuando el entero «Sistema de Seguridad Nacional», con sus amplias y concentradas competencias de naturaleza policial, entrará en escena, exigiéndose la «coordinación reforzada de las autoridades competentes» en la materia.

Casi todo el articulado oscila entre las vaguedades genéricas, que apenas pueden ocultar el autoritarismo de fondo, y la puesta en planta de un entramado institucional dependiente del gobierno y encargado de la seguridad. Que este último sea su principal contenido explica que lo verdaderamente sustantivo, es decir, la descripción taxativa de los nuevos estados de excepción, quede por completo relegada. Se diseña la organización para gestionar la seguridad, pero se deja a la discreción gubernamental la apreciación de la oportunidad y el alcance de las medidas para protegerla. El diseño institucional realizado en la ley servirá además «para la gestión de los estados de alarma y excepción», lo cual da buena nota de a qué lógica responde: la de los estados de emergencia. De ahí la dudosa constitucionalidad de esta futura ley, toda vez que la suspensión de derechos y libertades, con el reforzamiento del ejecutivo que ella implica, solo puede realizarse entre nosotros en determinados casos ya previstos por la Ley Orgánica 4/81, de estados de alarma, excepción y sitio, o, para personas particulares, mediando «control judicial» e «intervención parlamentaria», según indica el art. 55.2 de la Constitución.

La última reforma del ministro Wert devaluará la enseñanza universitaria, generará mayor desigualdad y acabará beneficiando al sistema privado.

Por alguna misteriosa razón, las reformas educativas de calado que se han producido en nuestra democracia han tenido como denominador común la devaluación de la enseñanza. Muchas de ellas han venido avaladas por supuestas innovaciones pedagógicas de carácter sedicentemente progresista. Otras han sido ejecutadas en nombre de la tecnocracia transnacional. En uno y otro caso, siempre se han traducido en una caída de la exigencia.

Es notorio que el salto del bachiller tradicional a la LOGSE supuso un descenso considerable en la preparación de los estudiantes de Secundaria, que comenzaron a entrar en la Universidad, en cierta proporción, con carencias estructurales lamentables. Las propias modificaciones en la enseñanza infantil y primaria han tendido a retardar, o a rebajar la importancia de la adquisición de las aptitudes cognitivas fundamentales, priorizando en su lugar la educación en valores y en habilidades prácticas o emocionales.

Algunas de estas rupturas educativas han sido motivadas de forma demasiado superficial. Se han solido invocar exitosos modelos extranjeros, como si el trasplante de instituciones fuese cosa mecánica. Se han visto acompañadas del desprestigio de lo que hasta hace poco eran virtudes cultivadas, como la capacidad de sacrificio o la ejercitación de la memoria. A esta atmósfera general, que propicia la igualación por abajo, se han añadido en el último tiempo el desprecio mercantilista por la cultura y las nefastas consecuencias producidas por la crisis. El primero ha llegado hasta el punto de arrinconar como mera optativa en bachiller la asignatura de Filosofía. Y los efectos de la crisis en la enseñanza pública en todos sus niveles son bien conocidos.

Este es el contexto en el que se ha producido la última reforma de los planes universitarios. Se ha querido justificar como una pura medida de trámite con fines de homologación. Y consiste, como se sabe, en la habilitación del marco legal necesario para grados de tres años (180 créditos) y másteres de dos (120 créditos).

El pretexto aducido en la exposición de motivos es absurdo. Según se indica en ella, la reforma se ha debido a la disparidad de los requisitos para el acceso a un programa de doctorado entre España y otros países de Europa. Mientras aquí se requieren 300 créditos, 240 de grado y 60 de máster, en estos se exigen también 300 créditos, pero distribuidos en 180/120. Se trata, en efecto, de un motivo notoriamente insuficiente, no solo por la equivalencia de horas de formación, sino por la excusa de presentar el doctorado, donde recala una proporción irrisoria de egresados, como elemento determinante para la reforma.

En entrevistas públicas nuestros responsables educativos han ido más allá. Han afirmado que se trata, sin más, de equiparar nuestro modelo al de otros países. La secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, ha llegado a decir que es un agravio para los españoles tener que estudiar cuatro años, cuando en el extranjero basta con tres para graduarse. Esto no siempre es así. En Italia, por ejemplo, se imparte la laurea in giurisprudenza de cinco años, con especialización privatista o publicista en el último curso. Llama además la atención que los apóstoles de la competitividad no aprecien una ventaja precisamente en contar con una mayor formación superior, aunque cueste un año más.

La implantación de Bolonia entre nosotros tiene el aspecto de una mala importación del sistema angloamericano. Orillando las evidentes diferencias de recursos, la filosofía del bachiller universitario es de composición más o menos discrecional del currículum dentro de un área general del saber. El ingreso en el mismo cuenta ya con un control exigente de aptitudes. Y el acceso a la profesión cualificada lo permite precisamente el continuar con estudios de especialización, o máster. Ninguno de estos elementos se dan a día de hoy en España, donde en casi todas las universidades no se ha hecho más que apretar las antiguas licenciaturas de cinco años en los cuatro actuales. ¿Qué ocurrirá con los grados de tres?

La propia pretensión del ministerio permite realizar pronósticos. Según su propósito, «la titulación universitaria de Grado es la que permitirá el acceso a la vida profesional». En vano se asegura que la mutilación de un año «no rebajará los niveles de formación de la población universitaria». Se indica que en la actualidad solo el 10% de los egresados que acceden a un puesto de trabajo tienen título de máster, como si ese porcentaje continuase valiendo para un escenario de devaluación de los grados y de revalorización compensatoria de las enseñanzas de posgrado. Con el nuevo sistema se abrirán, por el contrario, dos posibles horizontes.

La enseñanza universitaria básica experimentará un sensible descenso en su calidad. La disposición adicional única del decreto, advirtiendo que las medidas adoptadas «no podrán suponer incremento de dotaciones», ya hace ver que no va aumentar la oferta educativa para formar un genuino Bachelor’s degree. Tampoco se disponen especiales controles de acceso o cursos preceptivos para el ingreso en las facultades. Las universidades que adopten el nuevo plan tendrán a duras penas que jibarizar los actuales títulos para dosificarlos en tres años. En una universidad donde la contratación de profesorado está vinculada a las necesidades docentes, este recorte de un curso supondrá la marginación de saberes de aparente inutilidad profesional, es decir, la destrucción de cultura en holocausto del mercado. También implicará la adecuación de las facultades al tamaño que su nómina de personal ha ido adquiriendo tras varios años de estrangulamiento. La mayor parte de los graduados, por motivos económicos, tratarán de incorporarse al mercado de trabajo al completar sus tres cursos. Y la caída del nivel en la enseñanza superior se terminará traduciendo en una rebaja de la calidad en los servicios profesionales.

Aquí entrarán en juego el dinero y el mercado. Por más promesas ministeriales que leamos, bien pronto comenzará a preferirse al estudiante posgraduado con sólida especialización mejor que al graduado genérico. Dado el mayor coste de los másteres, se producirá una selección en función de los recursos económicos y no de las capacidades. No solo entre estudiantes; también en el propio sistema universitario. A juzgar por lo que ha acontecido hasta ahora, mientras las universidades públicas no han logrado con sus másteres más que ofrecer epílogos a la tradicional enseñanza de licenciatura, o bien reformular los antiguos programas de doctorado, las privadas comienzan a impartir másteres altamente especializados y bien conectados con el mundo profesional, garantizando así más expectativas de salida profesional. Como poco, la competencia entre ambos sistemas se recrudecerá, y de proseguir en la misma constelación neoliberal, puede adivinarse qué contendiente tendrá mayores posibilidades de triunfo.         

El único aspecto positivo de la reforma es su flexibilidad. Confiemos en que los dirigentes universitarios se acojan a ella advirtiendo la trampa y rehusando su aplicación.  

La convocatoria anticipada de las elecciones andaluzas constituye un brillante acto de estrategia. Ha permitido al PSOE tomar la iniciativa, obligando al resto de formaciones con aspiraciones de gobernar a cambiar el paso y adaptarse a su agenda. La excusa esgrimida para justificar la medida carece, sin embargo, de fundamento. La presidenta lleva demasiado tiempo amagando con elecciones anticipadas y reconociendo su deseo de desembarazarse de sus socios para gobernar en solitario. El anuncio de un posible referéndum entre las bases de IU el próximo mes de junio para ratificar, o rechazar, la continuidad del pacto de gobierno solo ha proporcionado el pretexto perfecto.

IU entró en el gobierno con la oposición de un tercio de su militancia. Dirigentes de peso defendieron la conveniencia de apoyar la investidura de Griñán, pero pasando a la oposición. Este sector crítico no solo no ha cambiado de parecer, sino que se ha confirmado en sus posiciones. Episodios como el de la Corrala Utopía, expresiones de gobernación unilateral, recortes en servicios públicos o las reiteradas negativas por parte de sus diputados a apoyar comisiones de investigación sobre los casos de corrupción del PSOE no han hecho más que endurecerlas.

La dirección de IU ha tratado de mitigar esta fractura interna. Pero la evidencia de que, a falta de apenas año y medio para concluir la legislatura, aún no se había aprobado la mayor parte de las leyes que daban justificación al pacto impedía nuevas muestras de pasividad. La presencia de Podemos, formación opuesta al pacto y destino razonable para muchos integrantes de ese ala crítica, lo impedía aún más. En este contexto, el ofrecimiento de un referéndum futuro parecía una medida sensata para calmar al sector crítico y, al tiempo, reforzar la posición negociadora de IU en el gobierno.

Si este futurible hubiera sido causa real de inestabilidad en el gobierno andaluz, quedaría demostrado que los dirigentes del PSOE no tenían la menor intención de cumplir lo pactado. Considerar una exigencia inadmisible, casi un chantaje, el reclamar la observancia de los acuerdos alcanzados revela una concepción muy particular, y deplorable, del ejercicio del poder. Cabría incluso sostener que el referéndum era del todo improcedente, pues, llegado el momento, lo que hubiera cumplido interponer era más bien un ultimátum, que ligase la permanencia en el gobierno a la tramitación inmediata de las leyes comprometidas. Además, una eventual salida de los miembros de IU el próximo verano por un resultado adverso en la consulta habría supuesto, no el fin de la legislatura, sino el paso a un gobierno en solitario del PSOE, cuya debilidad estaría por ver, y sería, en cualquier caso, la que hubiese prestado fundamento sólido a una convocatoria anticipada.

La hipotética propensión de los socios de IU a la desestabilización no se corresponde con la realidad interna de la Junta de Andalucía. Es conocido que los dirigentes del PSOE los llamaban «primos» en su doble acepción, por el parentesco ideológico, pero también por la impreparación clamorosa a la hora de reclamar puestos estratégicos de poder, copados todos por los cuadros socialistas sin la menor resistencia de sus socios. También es notoria la inclinación de Diego Valderas a aceptar todas las condiciones planteadas por sus socios.

La excusa sobrevenida de que la ruptura se debe al ascenso de Alberto Garzón no merece siquiera comentario. Ha convertido la última declaración de la presidenta en su primera actuación de campaña.

La convocatoria anticipada responde más bien a una estrategia de partido, y también a una hábil operación de la actual dirigencia política, social y económica española. Es más que probable que en la decisión de convocar haya jugado un papel fundamental la próxima encuesta de invierno de la EGOPA. No es de extrañar que sus resultados hayan sido filtrados. Si, como es de prever, estos otorgan más de un 35% al PSOE, un relativo descenso a IU, una irrupción insuficiente a Podemos y una bajada sensible del PP, han podido, con razón, llevar a pensar que estamos ante la coyuntura electoral más favorable para el principal partido andaluz, pues semejantes resultados permitirían al PSOE gobernar en solitario, con eventuales apoyos del PP, justificados en la idea de «responsabilidad» frente a las exigencias «radicales» de IU y Podemos.

Semejante escenario reforzaría aún más la posición del PSOE andaluz en el seno del partido. Con Andalucía amarrada, sería ya una opción a plena disposición de la presidenta el presentarse a las primarias para la candidatura a las generales. Motivos de urgencia y necesidad para el partido le permitirían decantarse por esta opción sin coste alguno, porque se cifraría en ella la oportunidad del relanzamiento de su propia formación, algo que medios afines no han parado de sugerir, y que los resultados favorables en Andalucía vendrían a confirmar.

La convocatoria anticipada juega también un papel fundamental en la política nacional. Los resultados que arrojen las elecciones andaluzas serán determinantes para las citas ulteriores. Un desinfle en las expectativas de Podemos, una factura a IU por haber pactado, una ratificación masiva del liderazgo de Susana y un descenso solo relativo del PP interrumpirían abruptamente las ansias de cambio y darían un gran respiro a los partidarios del statu quo. Unos resultados de Podemos acordes con su presunta intención de voto, la conservación de IU, en un contexto de mayor competencia en el campo de la izquierda, de sus anteriores resultados, el descalabro incontestable del PP, la entrada en el Parlamento de Ciudadanos o UPyD y un mayor descenso del PSOE afianzarían, sin embargo, el escenario de transformación política de España. Estos cálculos no se los ha hecho solo el ciudadano de a pie. Entran dentro de los pronósticos de los centros de poder. Y la posibilidad razonable de que se produzca la primera coyuntura explica la convocatoria anticipada.

Al estilo del maquiavélico protagonista de House of Cards, Susana Díaz ha activado con ello una estrategia arriesgada pero certera para las posiciones que defiende. En materia territorial y socioeconómica representa al sector moderado, incluso escorado a la derecha, de su partido. No es un secreto que tiene el apoyo de algunos de los puntales fundamentales de régimen vigente. Parte además de una clara posición de ventaja. La despótica destitución de los consejeros de IU sustraerá a esta formación la capacidad de utilizar recursos informativos valiosos para la campaña. Su suelo de votos es notablemente alto. Se calcula que la «administración paralela» de la Junta asciende a unos 25.000 empleados que no han conocido un proceso contrastado de acceso a su puesto. A ello deben sumarse las redes clientelares nutridas desde ayuntamientos y diputaciones controlados por el partido. Si la cifra se amplía con los vínculos de solidaridad familiar que inspiran el voto, se alcanzan varios centenares de miles en un contexto de participación de apenas cuatro millones de votantes.

La presidenta es, por cierto, la mayor experta en populismo. La imagen que viene tratando de construirse coincide con la de una joven de procedencia humilde y trabajadora, devota de las tradiciones populares andaluzas, de los toros a la Semana Santa, y sencilla en gestos y expresiones. Resulta verosímil en su intento de mostrarse concernida por los problemas acuciantes que atraviesan muchos andaluces. Transmite una disposición constante a una suerte de protección maternal de su tierra, evitando cualquiera arista de confrontación con sectores poderosos. A su silueta moderada, y con el fin de reinventar su lastre de ser solo una apparatchik, añade la imagen de una política de raza, que sabe hablar en público sin papeles, y con una capacidad indiscutible de mando, virtud valiosa en tiempos de reclamación de liderazgos fuertes.

Está por ver que pueda capitalizar estas ventajas, logrando que las emociones se sobrepongan a ciertas evidencias incontestables. Justo en el momento en que la clase política sufre su mayor descrédito, no tiene más trayectoria que la de ser una profesional de partido. Ha ocupado puestos centrales durante la época en que se verificaron los casos de corrupción hoy en los juzgados. A duras penas puede ocultar la situación penosa que atraviesa la sanidad andaluza, con personal en precario y saturado de obligaciones, todo consecuencia de ser la comunidad autónoma con menor porcentaje de gasto en salud. No se encuentra en mejores condiciones la educación. Las cifras de paro alcanzan niveles escandalosos. Y todo ello se da en un contexto de mantenimiento casi incólume de un mastodóntico aparato clientelar, que comprende no solo a «colocados» sino a toda una trama empresarial y asociativa que no factura más que a la administración autonómica.

IU podrá blandir los logros alcanzados por sus consejerías más activas y por su presencia en el gobierno. La política antidesahucios, que ha cosechado más esperanzas que resultados efectivos. La erradicación, en el capítulo de inversiones, de la fórmula de la «colaboración público-privada» para la construcción de infraestructuras, ideada por Griñán y que multiplicaba por cuatro su coste para la administración. La destitución de 42 directivos de la Empresa Pública del Suelo, que en tiempos del PSOE llegó a tener 107 para una plantilla de apenas 600. La exigencia, para apoyar los Presupuestos en vigor, de pasar a todo el personal sanitario eventual con dedicación permanente a un 100% de jornada y salario, en lugar del 75% que venía padeciendo. O las propias leyes que la ruptura arruinará, como la de defensa de los prestatarios de la banca, la integral de agricultura, la de memoria democrática, la de participación, la de creación de una banca pública, la de renta básica o la de garantía de los suministros.

Pero IU lo tendrá sumamente complicado. La presencia de Podemos elimina todo horizonte de conversión en un partido mayoritario. Su máxima aspiración hoy solo puede ser la de constituirse en ala izquierda de un gobierno plural de cambio. La coalición dista de estar liberada de las rémoras de aparato, mediocridad, sectarismo y apoltronamiento que lastran su credibilidad. El propio pacto con el PSOE ha dañado ya su flanco izquierdo. La aqueja además una incapacidad para ir más allá de su base tradicional de adeptos, aunque quizá este gravamen pueda compensarlo su futuro candidato. A diferencia de Díaz, Maíllo se distingue por contar con una solvente trayectoria profesional fuera de la política. Su candidatura puede resentirse por no resultar lo suficientemente conocido, pero conecta más con la clase media ilustrada y progresista, colocada a la izquierda del PSOE, de lo que puede hacerlo el resto de los dirigentes de la coalición, de perfil más duro, e incluso el futuro candidato de Podemos.

Como en todo el ciclo electoral de 2015, la clave radicará en esta formación. De la intensidad de su irrupción en el Parlamento andaluz dependerá la fortaleza proporcional del PSOE. La constitución de los círculos locales no ha puesto en cabeza a líderes brillantes y ha significado la entrada de discursos contraproducentes. La posible candidata, Teresa Rodríguez, puede explotar su andalucismo integral como medio para granjearse las simpatías populares, y enarbolar su inequívoco compromiso histórico con los sectores azotados por la crisis, pero su reconocida trayectoria de activista de izquierdas, con sus notorias alianzas sindicales, quiebran un tanto la estrategia oficial podemista de refractar realismo, moderación y «sentido común». Hasta podrían eclipsar injustamente un proyecto de verdadero interés para la región, que quizá tendría la oportunidad de suscitar más adhesiones de ser encabezado por Sergio Pascual, poseedor de las dotes dialécticas y de liderazgo que forman uno de los mejores capitales de Podemos.

El próximo 22 de marzo los andaluces elegirán entre dos opciones. Podrán otorgar una mayoría holgada al PSOE, concediéndole de nuevo el control hegemónico de la administración autonómica, apostando con ello por la continuidad de la actual situación regional y nacional. O podrán obligarlo a entenderse, en pie de igualdad, con las dos fuerzas restantes a su izquierda para llevar a cabo transformaciones sustantivas, obligación que solo podría eludir apoyándose de forma suicida en el PP andaluz. Si nuestra realidad la escribiesen los guionistas de House of Cards darían una victoria incontestable a la arriesgada estrategia de Susana Underwood, pero esta historia la escribirán los andaluces con su voto.

2014, como fue 1914 para toda una generación europea, también se nos va como un año que podrá ser víspera de nuevos horizontes o crepúsculo definitivo de un mundo confortable

Tan lamentable es la situación en que han dejado al país y a Europa entera, que unas pocas medidas razonables demostrarían que 2015 sí puede ser, quizá no el arranque de una nueva era, pero sí el recomienzo de la democracia constitucional

En sus portentosas memorias, Iliá Ehrenburg describe los años anteriores a la Gran Guerra, los últimos de la belle époque, siempre considerados «como epílogos», como «una auténtica víspera». Lo habitual, en efecto, es leer que a la apacible tranquilidad de la sociedad burguesa sucedió la conflictiva época de entreguerras, atravesada por permanentes estados de excepción y coronada por los totalitarismos y la guerra. Tal es la opinión común de los escritores burgueses nacidos en el último tercio del siglo xix. De contemplar el mundo desde una posición acomodada pasaron a sufrir la descomposición de todas sus seguridades, sometidas ya a la presión insoslayable de las masas. Sin embargo, fuera de su refugio clasista, antes de 1914, arreciaban la represión, la indigencia, el colonialismo, la explotación y el militarismo, que, como virus incubados, condenaban su mundo oligárquico y estratificado a la destrucción.

Pero Iliá Ehrenburg era un poeta comunista, exiliado en París desde los dieciocho años por haber participado en células revolucionarias. Compartía la «fe del proletariado», y «detestaba profundamente ese régimen en que, junto al lujo y el libertinaje, convivía la miseria más lúgubre y reinaba el poder del dinero y el látigo». Su perspectiva era otra. La revolución de octubre y las posiciones conquistadas por el movimiento obrero en Europa le hacían rememorar el ocaso de la sociedad burguesa como antesala del reino de la justicia. En metáfora paralela a la bien conocida de Gramsci –«El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos»–, recordaba los tiempos prerrevolucionarios como una extraña entremezcla de «alborada» y «crepúsculo vespertino», como un tránsito entre dos mundos. Lo que ocurre es que, a la altura de los años 1960, cuando redactaba sus memorias, solo podía concluir que había pasado el resto de su vida en «una combinación entre dos luces». Ni el viejo mundo burgués había desaparecido, ni el nuevo mundo socialista había logrado implantarse.

Este tipo de encrucijada nos resulta bien conocida. A escala, la encontramos reproducida en lo que hace a nuestra historia más reciente. Para algunos, que a duras penas pueden ocultar su sesgo conservador, la Restauración canovista dio comienzo a un tiempo de concordia entre los bandos enfrentados, e implantó en España un razonable sistema de libertades individuales y políticas, arruinado, más que por la dictadura militar que lo suspendió, por una República sectaria y extremista. Solo circunscribiendo la lid a los partidos turnistas, con exclusión del resto de fuerzas políticas y sociales, y eliminando del análisis la desigualdad, la concentración del poder, la catolización imperativa y la represión estructural se hace digerible este relato. A él se enfrenta otro, más comprensivo, que tacha esta época liberal de oligárquica, represiva y excluyente y coloca las esperanzas de modernización del lado de la República laica, democrática y social, pronto arrasada por los cuadros militares procedentes del directorio de Primo de Rivera, que volvieron a hundir al país en la cultura reaccionaria, la subyugación del trabajador y el secuestro elitista de las instituciones.

En cierto modo, 2014 también se nos va como un año que podrá ser víspera de nuevos horizontes o el crepúsculo definitivo de un mundo confortable. Aplicando otra célebre máxima de Gramsci, aquella del pesimismo de la razón, no conviene pasar por alto, en un acto de ingenuo voluntarismo, los obstinados indicios de que lo que se avecina puede ser mucho peor que lo que hemos conocido hasta el momento. Los puntales del nuevo orden neoliberal están ya colocados o a punto de fijarse. En el orden interno, el régimen jurídico del trabajo ha mutado por completo en detrimento del trabajador, el sistema de seguridad social resultará inviable entre tanto desempleo, precariedad y bonificación tributaria, el estrangulamiento de los centros públicos de enseñanza va camino de culminar, la sanidad pública sigue su curso de externalización y conversión en servicio subsidiario y las reformas en materia represiva han suspendido libertades y vigorizado poderes gubernativos de forma tan intensa que nos han devuelto al despotismo.

El orden internacional no es más esperanzador. El Tratado de Libre Comercio entre la UE y los EEUU continúa negociándose y supondrá la claudicación final de las soberanías populares frente al poder de los mercados. La política oficial europea, secuestrada por lobistas, no parece estar dispuesta a cambiar su rumbo de austeridad, tecnocracia y privatización. Y el discurso neoliberal de la competitividad sin fin, con su correlato interno de la jerárquica y domesticadora cultura del emprendimiento, se va revelando cada vez más como el reverso económico de un anverso político militarista e imperialista, que convierte la posibilidad de un conflicto bélico a gran escala en una bala en la recámara, pronta para usarse.

La combinación entre ambos desarrollos, el interno y el transnacional, como señala Luigi Ferrajoli, lleva las democracias europeas al colapso e instala entre nosotros una dolorosa paradoja, la existente entre «la impotencia de la política frente a los mercados» y «su renovada omnipotencia ante los ciudadanos, a despecho de sus derechos constitucionales».

Pero el 2014 concluye también como aurora de un tiempo esperanzador. La convocatoria de elecciones anticipadas en Grecia, con Syriza como favorito en las encuestas, ha sido el primer destello luminoso que hemos podido otear. Aunque los nubarrones inducidos apenas han permitido que apreciemos su claridad. Los grandes fondos de capital, gestionados por personas de carne y hueso, a los que, de modo impersonal, denominan «los mercados», inundaron de acciones los parqués para provocar artificiales descensos bursátiles como señales de advertencia. En las redacciones de la prensa oficial tocaron a rebato para, de forma autoprofética, augurar la catástrofe que nos espera en caso de que gane la izquierda. De hecho, ya antes de las votaciones a la presidencia, se produjeron en Grecia delictivos intentos de soborno a diputados independientes para que votasen al candidato del Gobierno, episodios que se han saldado con querellas y campañas de desprestigio… ¡contra el diputado extorsionado y no contra el financiero corruptor!

No ha sido más que un síntoma de lo que nos aguarda si decidimos revertir el curso presuntamente inexorable de los acontecimientos. El poder socioeconómico, mientras se ha sentido cómodo con ellas, ha refrendado las instituciones de la democracia representativa, aunque se haya ubicado, de forma creciente, en los organismos internacionales, técnicos y opacos. En cuanto ha atisbado el peligro de que los parlamentos sean ocupados por mayorías adversas, ha engrasado toda su maquinaria mediática y financiera para impedirlo. Y si esta amenaza llega a materializarse, no cejará en su empeño de obstruir, por las buenas o por las malas, con golpes duros o blandos, con boicots o recurriendo a grupos fascistas, cualquier intento de reforma sustantiva.

Si de algo es víspera 2014 no es, desde luego, de un camino de rosas, sino de una endiablada carrera de obstáculos. Como concluía el escéptico Ehrenburg, probablemente no haya arrancado ningún trayecto hacia una época perfecta, sino hacia un estado diferente de la lucha política. Librarla, sin embargo, es irrenunciable, pues la alternativa que nos han preparado, de regresión y servidumbre, es infinitamente peor. Hoy se cuenta, además, con una ventaja comparativa respecto al tiempo de entreguerras: no se pide ya el reino de la justicia en la tierra, sino restaurar el Estado constitucional y garantizar un mínimo de decencia pública. No es cosa fácil, porque se necesita para ello respaldo popular masivo y concierto internacional. Pero tampoco es un objetivo imposible. En su viabilidad radica nuestra fortaleza. Bastaría con deslastrar los presupuestos públicos de gravámenes clientelares, alcanzar una razonable equidad fiscal y hacer que el Estado realice lo que el capital se está mostrando incapaz de conseguir para evidenciar que 2015 sí puede ser, quizá no el albor de una nueva era, pero sí el recomienzo de la mejor tradición europea, la de la democracia constitucional.  

Una sociedad marcada por una intensa concentración del poder social y económico está condenada a terminar adoptando una forma estatal autoritaria

La LSC compone un potente dispositivo de reforzamiento del poder ejecutivo central, en su vertiente más represiva, la de las fuerzas de seguridad

El pasado martes, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, por 23 votos a favor y toda la oposición en contra, aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Con algunas modificaciones alarmantes, como la legalización de las «expulsiones en caliente», el mayor engendro legislativo de este Gobierno sigue su tramitación y es más que probable que la legislatura concluya con sus disposiciones en vigor.

Esta vergonzosa ley no puede examinarse de forma aislada, considerándola como una anomalía autoritaria. Su comprensión cabal exige inscribirla en un proceso de transformación profunda del Estado; solo de ese modo puede apreciarse la función ineludible que desempeña. Efectivamente, la LSC debe concebirse como un elemento más dentro del vaciado general de nuestra Constitución. En esto, España no es una excepción. El modelo de Estado alumbrado tras las dictaduras fascistas, el llamado «Estado constitucional», se encuentra en crisis en toda Europa. Si por algo ha pretendido caracterizarse este modelo de Estado, el propio de la democracia constitucional, ha sido precisamente por el imperio de los derechos –individuales, políticos y sociales– frente a cualquier acto normativo de los poderes públicos. Su fundación pretendió superar el viejo «Estado de derecho» y su principio capital del imperio de la ley. Tan decisiva es la diferencia entre «Estado de derecho» y «Estado constitucional» que, en la lógica del segundo, no cabe ley estatal que arbitrariamente restrinja derechos constitucionales, cosa de lo más normal en el primero. Y la propia LSC no expresa otra cosa que la sumisión de los derechos a los dictados restrictivos de la ley estatal.

El desmantelamiento del Estado constitucional, y su sustitución por otro modelo de Estado, el adherido al esquema neoliberal, se torna evidente en dos sentidos: por la concentración del poder político y por el recrudecimiento de las desigualdades económicas. El primer fenómeno no es más que el trasunto institucional de la creciente concentración del poder socioeconómico. Cualquiera que conozca la historia europea de entreguerras sabe que una sociedad marcada por una intensa concentración del poder social y económico está condenada a terminar adoptando una forma estatal autoritaria, de concentración del poder político en pocas instancias. Con variantes propias, eso es lo que está aconteciendo hoy.

A la vista de todos están las consecuencias. El poder ejecutivo ha desplazado con claridad a los parlamentos. La legislación ordinaria se realiza en forma de decretos, en contravención directa de los preceptos constitucionales. La propia institución parlamentaria pasa a concebirse como caja de resonancia de las decisiones del gobierno, en lugar de cómo espacio de debate y diálogo entre posiciones políticas en contraste. Los mismos anuncios de reformas electorales, inspiradas siempre en sentido mayoritario, refuerzan este carácter subalterno del parlamento, que, en rigor, habría de ser expresión del pluralismo político de un país. También se ha reducido la intensidad de los contrapoderes territoriales, achicando la autonomía de las entidades locales. Las reformas judiciales realizadas y en preparación, al reforzar los vértices del poder judicial, colocan a éste bajo control más directo del poder político. Hasta la propia demonización del funcionariado, con su paulatino estrangulamiento debido a las tasas de reposición, conspira en el mismo sentido: remover un obstáculo para la discrecionalidad del ejecutivo.

La otra cara de la moneda es la desigualdad económica creciente. Las pruebas en este caso son todavía más evidentes. Los recortes en servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, promueven la devaluación del sistema público y la fuga de las clases medias y altas hacia el sistema privado. La nueva organización jurídica del trabajo, que desprotege al trabajador frente al poder privado empresarial, se traduce en caída de salarios y aumento de la precariedad. Las reformas fiscales aprobadas y planeadas atentan contra el principio de progresividad y hacen recaer la mayor parte de la carga tributaria en las clases populares, a través de los impuestos indirectos al consumo. La propia conversión en deuda pública de cantidades ingentes de deuda privada fomenta la desigualdad, pues mientras ha garantizado la subsistencia de grandes patrimonios ha hipotecado gravemente los recursos de los asalariados. La consecuencia de todas estas prácticas ha sido la estratificación creciente de la sociedad, la parálisis de la movilidad social y el aumento vertiginoso de la disparidad de ingresos, que pone en peligro la propia democracia, necesitada para su supervivencia de un mínimo de homogeneidad económica.

Lo peculiar de ambas líneas de transformación histórica es que están en directa contradicción con el marco constitucional vigente en países europeos como España, Italia o Portugal. Este obstáculo constitucional se está salvando de dos formas: a través de reformas constitucionales, que permiten el despliegue de estas políticas, como ha sucedido con nuestro artículo 135, o bien a través de la colonización política del Tribunal Constitucional, también sucedida entre nosotros, como ha mostrado el bochornoso blanqueamiento de la reforma laboral.

Pues bien, concentración del poder político y crecimiento de las desigualdades se entrecruzan en un fenómeno congruente con ambas tendencias: el aumento de la represión. Como han señalado algunos juristas, estamos transitando del Estado constitucional al Estado punitivo. Es aquí donde hace acto de presencia nuestra LSC. La eliminación de trabas garantistas en el ejercicio del poder ejecutivo y la represión de las protestas ligadas a los sectores castigados por las reformas subyacen, efectivamente, a todo su articulado.

La LSC compone un potente dispositivo de reforzamiento del poder ejecutivo central, en su vertiente más represiva, la de las fuerzas de seguridad. En la medida en que las protege frente a todo escrutinio público, refuerza sus facultades de inspección e intromisión en la esfera privada de los ciudadanos y blinda su propio estatuto y sus actividades, imponiendo cuantiosas sanciones a quienes las entorpezcan. Plagada como está de expresiones indeterminadas, legaliza en la práctica la arbitrariedad gubernativa, amparada por principio en una idea hipertrofiada de la defensa del orden público. La ley supondrá, pues, una vuelta de tuerca en la revigorización del gobierno y de sus respectivas delegaciones provinciales, realizada además en detrimento del más garantista poder judicial, que ve sustraída su intervención tutelar en numerosos ilícitos vinculados al ejercicio de los derechos políticos. Se crea con ello un campo de represión administrado exclusivamente por la policía y las entidades administrativas, donde reinará un mayor margen de discrecionalidad y de ejecutividad de las penas impuestas, con la correspondiente indefensión para los afectados, agravada por la reimplantación de la justicia onerosa con las tasas judiciales.

A su vez, la LSC es una respuesta patente al recrudecimiento de las desigualdades y a las consiguientes protestas que éste ha suscitado. Diríase, de hecho, que muchas de sus disposiciones están planteadas ad hoc para combatir cada una de las modalidades de contestación y disidencia que han venido practicándose en los últimos años, de los escraches a la ciberprotesta.

Por este motivo, la LSC conforma una pieza fundamental del vaciado del Estado constitucional y del imperio de los derechos que éste presupone. Sus artículos agreden con claridad a los derechos políticos de reunión y manifestación y a la libertad de expresión. Al efecto de su ejercicio, instaura en la práctica una suerte de estado de excepción, de márgenes difusos y gestionado prácticamente sin cortapisas por poderes gubernativos y policiales. Con pauta característica del Estado liberal, la LSC viene a colocar así los derechos por debajo de la ley. Podría pensarse que para evitarlo está el Tribunal Constitucional, pero para que ello sucediese deberíamos contar previamente con su independencia y su compromiso con los principios constitucionales. En momentos como este se echa en falta que no sean todos los jueces los llamados a proteger la Constitución frente a la ley.

El articulado del proyecto nos muestra todavía otra cosa: la degeneración de la democracia constitucional en mera democracia representativa, compatible, como en el siglo XIX, con arraigadas prácticas autoritarias. Es decir, al nuevo sistema político que saldrá de toda esta mutación –si no se la detiene– se le continuará denominando «democracia», porque se podrá seguir votando, aunque con el orden mediático existente y el régimen electoral vigente los resultados de cada elección se encontrarán severamente predeterminados. A diferencia de la actual, donde los derechos políticos son cauces directos de participación, se tratará de una democracia postiza, en la que el pueblo solo podrá actuar políticamente mediante sus representantes, en la creencia de que así se evitará todo desorden público de contenido político.

(El presente texto es extracto y resumen de una charla que, junto a Lorena Ruiz-Huerta, di el pasado 17 de octubre en Valladolid, por amable invitación de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades de aquella ciudad. Quede expresado aquí mi agradecimiento a sus hospitalarios promotores y a los numerosos asistentes)