Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, los votantes de varios estados aprobaron el uso recreativo de la marihuana y el matrimonio gay a través de consultas populares que se celebraron ayer en 37 estados. Entre las iniciativas se encuentra la abolición de la pena de muerte en California, así como temas tan diversos como la aplicación de la ley de sanidad de Obama, el derecho de estudiantes inmigrantes indocumentados a acudir a universidades públicas o el etiquetado de alimentos genéticamente modificados.

Los residentes de los estados de Colorado y Washington legalizaron la producción, venta y posesión de la marihuana y los de Massachussets aprobaron su uso para fines médicos, mientras que los votantes de Maine, Maryland y Washington se convirtieron en los primeros en apoyar el matrimonio gay a través del refrendo popular. Maryland permitirá las bodas gay a partir del 1 de enero.

Por muy poca diferencia, los ciudadanos de Massachussetts rechazaron (51%-49%) la iniciativa para una muerte digna que hubiera permitido a los médicos licenciados en ese Estado administrar medicación a pacientes terminales para acelerar la muerte.

Estos resultados podrían ayudar a impulsar ambas iniciativas a nivel nacional, aunque el gobernador de Colorado, el demócrata John Hickenlooper, se apresuró a advertir a los consumidores que “la ley federal todavía dice que la marihuana es una droga ilegal”.

Aun así, Hickenlooper reconoció que “los votantes han hablado y tenemos que respetar su voluntad esforzándonos para hacer los cambios pertinentes.” El estado de Colorado se beneficiaría de ello: la agencia de noticias Bloomberg News calcula que este año podría añadir a sus arcas $22 millones en impuestos sobre la venta de marihuana, mientras que Washington podría recaudar unos $1.900 millones en los próximos cinco años.

Las palabras de Hickenlooper ayudan a explicar la complejidad de las consultas populares, iniciativas que llegan a las urnas impulsadas por la ciudadanía o por las legislaturas estatales. Por ejemplo, varios estados como Alabama, Wyoming y Montana aprobaron iniciativas para limitar la implantación de la ley de sanidad de Obama, conocida como 'Obamacare', pero tendrán un efecto limitado porque la ley federal es “suprema” en el país.

Aunque están enmarcadas como iniciativas populares, los refrendos contra 'Obamacare' han sido impulsados con fondos de millonarios como los hermanos David y Charles Koch, dueños de Koch Industries, un imperio petrolífero en Tejas, y diseñados por ALEC (American Legislative Exchange Council), una polémica e influyente organización que elabora proyectos de ley favorables a los intereses de las grandes empresas.

ALEC también ha asistido en la creación de consultas populares contra la financiación pública de los abortos, una iniciativa que los votantes de Florida han rechazado a pesar de la enorme influencia de la diócesis católica del estado, que invirtió cientos de miles de dólares. Las organizaciones defensoras de los derechos de los votantes han recibido numerosas quejas en Florida por la complicadísima papeleta de este estado, que ofrecía 11 consultas con lenguaje confuso y opaco.

Los votantes de Maryland aprobaron la ley creada por Obama conocida como 'Dream Act', que permite a los inmigrantes indocumentados que residen en el estado acceder a las universidades públicas pagando los mismos precios que los demás residentes.

Mientras, los votantes de California rechazaron una subida de impuestos para las rentas más altas que hubiera financiado su malogrado sistema de educación pública, pero aprobaron revisar la durísima ley conocida como 'Three strikes and you're out', que condena a prisión de por vida a cualquiera que haya cometido tres delitos graves, aunque éstos no sean violentos.

Otra consulta en California para obligar el etiquetado de alimentos con ingredientes genéticamente modificados no ha sido aprobada, en gran parte por los $45 millones que han invertido en derrotarla grandes empresas del sector como Monsanto, Nestlé, Dupont y Pepsico.

La abolición de la pena de muerte, consulta en California respaldada económicamente por empresarios de la cadena de hoteles Hyatt y la empresa de alquiler de películas online Netflix, ha sido rechazada, según el recuento premiliminar de voto. Así, la pena capital sigue vigente en California ante la negativa de más del 55% de los votantes a eliminarla como posible condena para los culpables de asesinato en primer grado. La iniciativa hubiera conmutado la pena de muerte de manera retroactiva para los 724 presos actualmente en el corredor de la muerte, que hubieran recibido cadena perpetua.

En Alabama, los votantes rechazaron una enmienda a la constitución del estado, considerada como una de las más retrógradas del país, para eliminar lenguaje racista que estipula la escolarización segregada para niños blancos y negros. Líderes afroamericanos se opusieron a esta enmienda porque no corrige otra enmienda de 1956 que niega el derecho de los niños a la educación pública.

No todos los estados con iniciativas sobre el uso de la marihuana dieron su visto bueno: los votantes de Montana acordaron prohibir su empleo para fines terapéuticos, mientras que los de Oregón no aprobaron la iniciativa que hubiera legalizado su uso recreativo. Esta última consulta no contó apenas con financiación.

Miles de anuncios de televisión, la enorme mayoría negativos y engañosos. Dos largos años de campaña política, incluyendo elecciones primarias para los Demócratas y los Republicanos. Tres debates encorsetados por un contrato secreto entre ambas partes. Más de 1.600 millones de dólares gastados por ambas campañas y por los “super PACS”: organizaciones políticas con financiación secreta y sin límite de gasto que han saturado los espacios televisivos en los últimos meses. Y un huracán devastador que deja tras sí una enorme destrucción en la Costa Este y múltiples consecuencias políticas.

A tan solo dos días de las elecciones presidenciales, los norteamericanos están agotados por la larga campaña y apabullados con tanta información. Pero como suele ocurrir en un país en el que el dinero y los intereses de los poderosos lobbies definen el espectro del debate político, la mayoría irá a las urnas con una información muy limitada acerca de sus verdaderas opciones, de los dos candidatos principales, el demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney, y de las ideas que representan.

“¿Qué sabe la mayoría de los estadounidenses sobre lo que harán Obama o Romney para atajar el calentamiento global, o para sacar de la pobreza a millones de personas, o para mejorar el acceso a la educación para los jóvenes?” se pregunta Amy Goodman, presentadora y productora ejecutiva del programa multimedia Democracy Now!, una de las pocas fuentes de información independiente del país. “No saben nada porque estos temas no se han tocado o no se han explorado en profundidad.”

El programa de Goodman, creado en 1996 para dar cobertura a temas sociales y políticos y ampliar el espectro de voces en el panorama nacional e internacional, ha producido una serie llamada “expandiendo el debate” para dar voz a otros candidatos presidenciales que aparecerán en las papeletas. Los debates organizados por Democracy Now! emitieron las preguntas y las respuestas de Obama y Romney, seguidos de las respuestas de otros candidatos como Rocky Anderson del Justice Party y Jill Stein del Partido Verde, que fue detenida por la policía y encadenada a una silla durante ocho horas el pasado 16 de octubre cuando intentó acceder al segundo debate presidencial en la Universidad de Hofstra, en Nueva York.

Gracias a los programas de Democracy Now! se pudo saber que Stein promovería la universidad gratuita, o que Anderson retiraría los incentivos que reciben las empresas que se deslocalizan a China. También que los debates presidenciales se rigieron por un contrato secreto entre los partidos Demócrata y Republicano que prohibía a ambos candidatos participar en cualquier otro foro de debate durante toda la campaña, excluía a candidatos de otros partidos y prohibía al moderador pedir aclaraciones o hacer preguntas adicionales a los candidatos. En plena crisis económica y con varios conflictos armados en curso, el público estadounidense fue privado de un verdadero debate sobre los temas más apremiantes como el desempleo, las guerras , el calentamiento global y la desigualdad social, limitándolo a una serie de preguntas y respuestas enlatadas.

“Los partidos políticos más pequeños no tienen dinero para emitir anuncios por televisión pero merecen ser escuchados,” asegura Goodman. “Stein aparece en las papeletas de 32 Estados y los votantes tendrían que saber quien es y qué representa”. La política de Stein, muy centrada en las energías renovables y en políticas de desarrollo sostenible, es especialmente relevante, asegura Goodman, tras el devastador huracán Sandy y otros fenómenos metereológicos extremos causados por el calentamiento global.

Pero estas ideas no interesan a los que controlan los debates. La comisión de debates presidenciales está presidida por el Republicano Frank Fahrenkopf, principal representante del lobby del juego (es decir, de los casinos), y por el Demócrata Mike McCurry, que representa los intereses de las empresas de telecomunicaciones. La cervecera Anheuser-Busch y la tabacalera Philip Morris patrocinaron los debates, pagando 250 mil dólares para poder colgar una pancarta gigante de sus productos.

Esto no fue siempre así. Hasta 1984 los debates los organizaba la Liga de Mujeres Votantes, una organización independiente que permitía flexibilidad y libertad al público y a los moderadores a la hora de hacerles preguntas a los candidatos. “Cuando los candidatos intentaban controlar o manipular el proceso la Liga se resistía y en alguna ocasión lo hizo público,” asegura George Farah, director de la organización Open Debates. “En 1980, Jimmie Carter se negó a debatir a John Anderson, un candidato independiente al que las encuestas daban posibilidades. Así que la Liga celebró el debate con una silla vacía, poniendo en evidencia la negativa de Carter a participar.”

La implicación de la Liga en los debates terminó cuando en 1984 los partidos Demócrata y Republicano vetaron la lista de moderadores y la mayoría de las preguntas propuestas por esta organización de mujeres. “Entonces la Liga dio una rueda de prensa advirtiendo que los partidos ejercían un control desmesurado sobre los debates y diciendo que no participarían más en ese espectáculo,” explica Farah. Desde entonces, la comisión de debates presidenciales ha estado controlado por los dos partidos principales.

En cuanto a los super-PACS, es prácticamente imposible saber quien está detrás de los 612 millones de dólares que se han gastado este año en intentar influir en el resultado de las elecciones, y que en el Estado decisivo de Ohio han desembolsado ocho veces más que la campaña de Obama en anuncios. Gracias a una decisión del Tribunal Supremo en 2010, estas organizaciones pueden recaudar fondos ilimitados sin revelar sus fuentes.

Organizaciones como Open Secrets, que investigan el dinero en la política, calculan que las elecciones de 2012 podrían costar un total de 6.000 millones de dólares.