La Plaza Mayor de Salamanca es un Bien de Interés Cultural y con protección de la Unesco. En uno de los laterales del ágora salmantina está esculpida la efigie del dictador Francisco Franco, junto a figuras relacionadas con la Historia de Salamanca. Y, desde hace años, se viene reclamando, también en vía judicial, que se retire.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, dependiente de la Junta de Castilla y León, ha emitido un comunicado, por unanimidad, en el que se determina que el medallón de Franco “no posee razones patrimoniales que obliguen a mantenerlo en este espacio”. La reunión, que se ha mantenido este miércoles, ha sido propiciada por la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de Salamanca que pidió un informe antes de reclamar la retirada del medallón.

Los tribunales se pronunciaron después de la demanda interpuesta en 2014 por IU, y de forma individual por su anterior coordinador provincial Domingo Benito, que reclamaba la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que obliga a la retirada de aquella simbología relacionada con el franquismo y con la represión del bando vencedor de la Guerra Civil española.

En el comunicado de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural se asume un informe de uno de sus miembros, Antonio Casaseca, que establecía que “los deterioros sufridos desde hace años permiten plantear la posibilidad de que sucesivas restauraciones hayan alterado significativamente la obra original, y que los valores artísticos que pueda tener sean en realidad más fruto de estas intervenciones que de los propios artistas que la diseñaron y esculpieron”.

La respuesta del Ayuntamiento de Salamanca, que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha sido inmediata. No van a retirarlo ya, sino que han lanzado otro comunicado en el que señalan que se va a elaborar un proyecto técnico para retirar el medallón, un informe que volverá a trasladar a la Comisión de Patrimonio para que “informe sobre las condiciones técnicas que deben guiar los trabajos de retirada del medallón con el fin de garantizar que no se produzca ningún daño en la Plaza Mayor, monumento declarado Bien de Interés Cultural en 1973 y bajo protección de la Unesco”.  

Ante la decisión de Patrimonio, desde el PSOE, a través de su portavoz, José Luis Mateos, se ha pedido la “inmediata ejecución de la medida” y que por tanto “lleve a la más rápida retirada del medallón de Franco”.

Por su parte, Domingo Benito, que fue quien impulsó en vía judicial la retirada de esta efigie, ha reconocido que es una noticia “muy beneficiosa y digna de ser celebrada por todos los demócratas y defensores de la memoria democrática de la provincia de Salamanca”, ya que es “una aberración histórica y democrática”.

“Dentro de poco, es de esperar, Salamanca perderá de su vista al dictador de su bellísima Plaza Mayor”, ha añadido el que fuera coordinador de IU, para quien el PP “ha evitado posicionarse del lado de la legalidad y la democracia, y se ha visto obligado por los tribunales a cumplir con algo que, para algunos, es una obligación moral y política”.

Diez meses ha tardado la Junta de Castilla y León en dar explicaciones a una pérdida “grave” de radiografías y ecografías en Ávila. 300 días sin que, durante ese tiempo, la Consejería de Sanidad tomara ninguna iniciativa. Solo cuando se ha cumplido ese periodo y cuando el consejero Antonio María Sáez Aguado ha tenido que comparecer en la comisión de Sanidad de las Cortes castellanas y leonesas, se ha conocido que una pérdida “grave” implica dos ceses de sendos altos cargos.

Hace diez meses, el 18 de enero de este año, se conoció por una denuncia pública, que un fallo informático provocó la pérdida de miles de radiografías y ecografías del Complejo Asistencial de Ávila. Un día después la propia Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León reconoció la pérdida y en ese momento dijo que se había debido a “un fallo en el sistema de almacenamiento de datos” ocurrido el 26 de octubre provocado por “un error” que hizo que “no se activar la realización de una copia de las imágenes”.

Según destacó en aquel momento, se habían perdido 15.000 estudios radiológicos correspondientes a 6.000 pacientes del Complejo Asistencial de Ávila, aunque se intentó minimizar el problema afirmando que el centro hospitalario “dispone de todos los informes escritos de las 1.319 resonancias magnéticas y de los 2.455 TAC realizados, así como de todas las radiografías simples realizadas en Urgencias”.

Pero la presión social, sindical y de la oposición forzó la comparecencia del consejero de Sanidad, que tuvo lugar este lunes, diez meses después de que se conociera la pérdida.

Sáez Aguado dijo ante los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León que la pérdida de más de 15.000 pruebas diagnósticas fue un hecho “grave”, aunque matizó que fue “limitada” la repercusión asistencial. También explicó que la Consejería de Sanidad ya tiene iniciado un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios ante la empresa que realiza el sistema de gestión de imagen radiológica de Ávila, IRE, a la que se le exigen 93.125,63 euros, por tener que repetir 43 resonancias magnéticas y 12 TACs y la recuperación de las imágenes perdidas.

Fue el propio consejero de Sanidad el que también reconoció que la Agencia de Protección de Datos ha elaborado un informe en el que se concluye que se cometió “una infracción grave”, pero que no ha impuestos medidas para corregir el “error” porque cree que ya se han tomado esas iniciativas.

Sáez Aguado pidió, en su comparecencia, “disculpas a los pacientes afectados” y añadió que ha comparecido diez meses después de conocerse la pérdida “porque no disponía de nueva información”. Además, dio a conocer el cese del director técnico de Sistema de Información de la Gerencia de Salud, que ha dimitido, y del jefe de informática del complejo abulense, que ha sido destituido.

Ante estas explicaciones, la procuradora por el PSOE, Mercedes Martín, calificó esta pérdida como de un “escándalo de magnitud incalculable” y “demoledor” y además dijo que era “inaceptable” que la respuesta de la Junta de Castilla y León se realizara diez meses después de conocerse la pérdida de pruebas diagnósticas. En su opinión, este retraso es un ejemplo de “la opacidad y falta de transparencia” de la Consejería de Sanidad.

Para el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), es “enormemente grave” que la pérdida de más de 15.000 pruebas diagnósticas no se comunicara “de forma inmediata”, algo que solo ocurrió “cuando se filtró a la prensa” e insistió en reclamar “responsabilidad política” más allá de “los errores personales”.

Isabel Muñoz, procuradora de Podemos en Castilla y León, fijó sus críticas en el propio consejero, Antonio María Sáez Aguado, quien comparece “tan tarde” de forma “intencionada”, por lo que también denunció la “falta total de transparencia y el oscurantismo claro” de la Consejería de Sanidad. Para esta procuradora, otro elemento grave y preocupante es conocer que los discos duros “están en manos” de empresas privadas “que acceden a los datos de pacientes”.

Belén Rosado, de Ciudadanos, también calificó estos hechos como “un error gravísimo” y centró sus críticas en la “incertidumbre” y en la “ocultación deliberada” hacia los pacientes.

El tamaño de un chaleco antibalas es el responsable del conflicto, unido a una guardia civil que lucha por su seguridad y busca soluciones a la falta de respuestas oficiales. Y a todo ello se le añade la actitud de un capitán que le obliga a ponerse una prenda que no se ajusta al cuerpo de la agente y que puede generar problemas a su propia seguridad.

Una agente de la Guardia Civil, destinada en la IV compañía en la comarca de Vitigudino, al oeste de la provincia de Salamanca, ha visto cómo su empeño en luchar por la seguridad laboral se ha convertido en un problema para sus mandos.

Así, hace un mes la agente participó en un control rutinario de la IV compañía de la Guardia Civil en la provincia salmantina, cuando su capitán le ordenó ponerse el chaleco antibalas, una de las prendas obligadas al estar España en alerta 4, por terrorismo yihaidista. Sin embargo, según fuentes cercanas a la guardia civil, ésta se negó a ponérselo ya que “le quedan grandes”. Hasta ahora, la Guardia Civil facilita a sus agentes chalecos “unisex” para todos sus miembros, ya sean hombres o mujeres.

La agente también advirtió a su capitán de que ella tenía uno propio, que se había comprado hace más de un año ante este tipo de problemas, y que se lo pondría. Sin embargo, el oficial de la Guardia Civil decidió paralizar el control ante lo que consideraba una “insubordinación” por parte de su subordinada. Y, además, presenta una denuncia ante el Juzgado Togado Militar en lugar de hacerlo ante la propia Comandancia de Salamanca, según han apostillado fuentes de la Benemérita.

Como consecuencia, el tribunal militar ha iniciado diligencias para determinar si la actuación de la agente es constitutiva de un delito de insubordinación. Y, además, la ha citado en calidad de investigada.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lanzado un escrito en el que se preguntan “dónde ha quedado la obligación de la cadena de mando de velar por la salud y seguridad de los trabajadores”. También añade que “el actual Gobierno de España, y como él los anteriores, sabe que la carencia más básica en seguridad de los guardias civiles no es otra que la falta de dotación personal de chalecos antibalas”.

El relato que hace este sindicato de los hechos comienza con la premisa de que “en la prestación de un control policial y ante la carencia de chaleco antibalas femenino de dotación oficial, solicitó hacer uso del suyo propio que había adquirido por unos 500 euros”. Una prenda que, según el escrito, lleva utilizando “sin más problemas” desde hace unos años.

“Sin embargo, el oficial al mando denegó su uso, ordenando que usara uno masculino a sabiendas de que el mismo le impedía el acceso a su arma reglamentaria y a los grilletes debido a su excesivo tamaño”, añade la AUGC.

Tras conocerse este escrito, otro sindicato de la Guardia Civil, la Asociación Profesional Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha defendido la actuación del capitán de la Benemérita al afirmar que se trata de un “incumplimiento voluntario por parte de la guardia civil a la orden dada por el oficial”. Según esta organización, el capitán “se limita simplemente a cumplir una orden superior y actuar en consecuencia ante una desobediencia clara, flagrante y deliberada en presencia de otros compañeros”.

Sin embargo, se ha instado a la Dirección General de la Guardia Civil “a que dote de chalecos antibalas femeninos” y ha criticado a la AUGC por el “escarnio público injustificado en que se ha visto envuelto el oficial”.

El mundo rural en zonas de España como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia está en grave peligro. Los pueblos en estas comunidades autónomas se mueren. Estas han sido frases que se han dicho en Bruselas, en el Parlamento Europeo, durante unas jornadas sobre la despoblación, auspiciadas por el Partido Castellano (PCAS), la Chunta Aragonesista, Compromis o Equo. Unas jornadas que han concluido con la idea de que para luchar contra esta “lacra” hay que partir desde la propia sociedad civil, ya que el resultado de las políticas actuales ha sido nefasto.

El eurodiputado por Compromís, Jordi Sebastiá, que está en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, dijo con claridad que el mundo rural en España está “en juego”, pese a que las ayudas que han llegado “se han destinado para grandes inversiones”, que “no han evitado que los habitantes de los pueblos hayan huido”.

La realidad ha sido tajante. Sobre todo porque el grupo de españoles, formado por miembros de los cuatro partidos, la descubrió en el propio Parlamento Europeo. En primer lugar, se supo, a través de la Dirección General de Política Urbana y Rural de la Comisión Europea, que la despoblación en España “no está en los primeros puestos de la agenda política de la Comisión”. Y, más tarde, se reveló que Europa tiene claro que “han fracaso las ayudas concedidas a España para las zonas rurales y, más concretamente, para la despoblación”.

Luis Marcos, como secretario de Organización del Partido Castellano, dijo que esas subvenciones se han destinado “a pagar el AVE o aeropuertos” sin que hayan ayudado “a establecer población en las zonas rurales”.

En estas Jornadas, bajo el lema ‘Áreas poco pobladas y severamente despobladas: un problema para el desarrollo de la Unión Europea’, no solo se han puesto sobre la mesa los problemas de despoblación. Sino que se han dado los primeros pasos para intentar luchar contra ella. Y todos los asistentes, tanto partidos políticos como representantes de agrupaciones rurales reconocieron que para evitar “esta lacra” hay que partir desde la propia sociedad.

Entre las conclusiones a las que se ha llegado durante los dos días intensos de reuniones en Bruselas es que “en el campo español hay futuro y oportunidades”, según se destacó desde Compromís. Pero para afrontar ese futuro hay que “poner en valor el factor humano de los pueblos de España” y ahondar “en la voluntad humana para hacer que las cosas funcionen”, añadieron desde el Partido Castellano.

A lo largo de dos días se han puesto sobre la mesa duros datos de la despoblación: Castilla y León y Castilla-La Mancha tienen hoy la misma población que en 1900; Castilla y León pierde 25.000 habitantes al año y perderá 200.000 en el decenio 2013-23; Castilla y León es la Comunidad más envejecida de Europa; el medio rural de las dos Castillas ha pasado de más de 4 millones de habitantes en 1900 a menos de un millón en la actualidad; en los últimos 50 años se han cerrado más de 4.000 escuelas rurales en las dos Castillas.

Ante ello, Luis Marcos arengó a todos a iniciar un camino para evitar la muerte total de los pueblos españoles, aunque dejó claro que “es complicado acudir al frente institucional nacional” y propuso llamar la atención de otros ámbitos, como “los comarcales o los más locales”, desde donde “se pueden hacer grandes cosas”. “Es importante que sensibilicemos a todos los gobiernos locales para que pongan la despoblación en sus agendas”, agregó.

Con estas jornadas, se han analizado las raíces de los procesos que han llevado a la despoblación en esas regiones, además de las causas de la ineficacia de las políticas para frenarla las iniciativas sociales para revertir este proceso tan perjudicial.

El objetivo se ha centrado en sensibilizar a la Comisión Europea con la intensidad y gravedad del problema de la despoblación, colocar este problema en el listado de prioridades de Desarrollo Local y Regional de la Unión Europea, analizar experiencias exitosas de desarrollo local en territorios poco poblados y habilitar medidas concretas para poner en vigor las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que posibilitan acciones económicas para frenar la pérdida de habitantes en estas zonas.

El primer paso ya se ha dado desde los movimientos sociales, bajo la tutela de cuatro partidos políticos como el Partido Castellano, Equio, Compromis o Chunta Aragonesista. Ahora habrá que conocer la disposición de la Comisión Europea para incluir esta lacra en su agenda política.

Tordesillas es un polvorín. A mediodía de este jueves se enteraban de que la Junta de Castilla y León (PP) ha decidido que no haya muerte del toro en el festejo Toro de la Vega. Ha sido la chispa que ha prendido una hoguera que muchos esperaban. Las últimas celebraciones del Toro de la Vega han estado acompañadas de agresiones y hostigamiento a animalistas que han ido a protestar a Tordesillas.

Un joven, que no llega a los 30 años, arremete contra los medios de comunicación “porque manipuláis” y “contáis lo que queréis”, aunque sin grabadoras ni micrófonos se suelta en defensa del Toro de la Vega y anuncia que la próxima semana “en la plaza de toros de Las Ventas se sabrá nuestra opinión”. “Es una verdadera tragedia. No es ni normal ni lógico”.

Otro hombre, ya jubilado y que prefiere no dar su nombre, dice en la Plaza Mayor de Tordesillas que es algo “normal que se elimine este festejo”, aunque reconoce que quizá “no se ha hecho de la mejor manera posible”. Y añade una posible solución: “Que se hubiera prohibido poco a poco”.

La misma tarde de la aprobación del decreto ley, el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela (PSOE), acompañado por el portavoz del PP, Miguel Ángel Oliveira, comparecía en una rueda de prensa multitudinaria. Ambos jaleados por vecinos que mostraban su apoyo al Consistorio.

Un hombre, que se definía como el ganadero que ha vendido algunos Toros de la Vega, de la “familia Puertas”, consideraba el Decreto de la Junta como “una injusticia” y decía estar “superdolido” a las puertas del Consistorio. “Dicen que es una salvajada, pero el toro sufre más en la plaza o en las calles que en este festejo”.

El más exaltado fue el candidato de Unidad Regionalista de Castilla y León al Ayuntamiento de Tordesillas, José María Sigüenza, conocido como Rusky, quien pidió que “la gente se eche a la calle” porque es una “auténtica vergüenza”. “Hemos perdido esta batalla”.

La convocatoria de Ayuntamiento sirvió para anunciar que acudirán a los tribunales para luchar por lo que consideran una “vulneración” de diversas leyes, de las mismas que “han aprobado en el Estado”. Nadie en el salón de actos del Ayuntamiento ofrecía una opinión en contra. Solo en la calle. Y algunos. En Tordesillas ser antitaurino no es políticamente correcto.

El último torneo fue nulo

En la rueda de prensa solo se hablaba de anular, aunque la modificación no impide que se celebre todo el festejo. Según el reglamento por el que se rige este torneo, si el toro alcanzaba en su huida la vega, salvaba la vida. El año pasado, a pesar de haber ganado la lucha, Rompesuelas, como se llamaba el toro, recibió lanzazos mortales tras haber llegado a la zona de salvación. Y también los recibió por la espalda, otro aspecto fuera de las normas por las que se ha venido celebrando el Toro de la Vega. El torneo fue declarado nulo a posteriori.

“Vamos a seguir luchando para que el Toro de la Vega se siga celebrando en los próximos años como se ha hecho en los últimos 500 años”, según el alcalde. Defendió la “legalidad” del festejo y criticó que Tordesillas desconociera la medida impuesta por la Junta, “hasta esta mañana, cuando estábamos en misa por la muerte de un guardia civil”. El portavoz del PP, Miguel Ángel Oliveira, criticó abiertamente a su partido por la falta de definición, tanto “por parte de Juan Vicente Herrera, presidente del Gobierno de Castilla y León, como por Mariano Rajoy”. 

Un libro como recuerdo, homenaje y respeto a aquellos jueces que lucharon contra el franquismo. Los que, aún existiendo la pena de muerte, escribían sentencias que se alejaban de la pena capital. Magistrados que, con profesionalidad, se enfrentaban a las tesis de la dictadura española del siglo XX.

El libro 'Los jueces contra el franquismo: Justicia Democrática' forma parte de un proyecto de investigación sobre la Asociación clandestina Justicia Democrática, del Seminario de Fuentes Orales Carmen García Nieto, de la Universidad Complutense de Madrid y de un curso de verano que fue dirigido por la profesora de la Autónoma Pilar Díaz Sánchez, que es quien ha editado el texto.

En él se recogen testimonios de miembros de esa asociación, una forma de conocer “el periodo final de la dictadura de Franco” y destacar “el papel que realizaron unos profesionales de la judicatura comprometidos con la lucha por las libertades democráticas”, aseguró ayer durante la presentación la profesora Pilar Díaz.

En el acto intervinieron Fernando Ledesma, exministro de Justicia y consejero permanente del Consejo de Estado, y José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que recordaron la “historia inédita en el mundo de la asociación” y alabaron la edición de este libro porque “ayudará a conocer” a esta asociación que “tanto hizo en favor de la democracia en España”.

Justicia Democrática es una asociación “poco conocida en la actualidad”, según destacó Pilar Díaz, y “su memoria corría el riesgo de perderse, de ahí que la difusión del proyecto en el curso de verano sirviera para realizar un estudio sobre el importante papel en la recuperación de las libertades democráticas que Justicia Democrática jugó en aquellos años, analizado con la perspectiva histórica del tiempo transcurrido”.

Pero la presentación del libro en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, el centro que fue ideado para dotar de un contenido más actual el vetusto Archivo de la Guerra Civil y como contrapartida a la salida de los conocidos como 'los papeles de Salamanca' –los expoliados a sus dueños durante el franquismo-, sirvió para poner de manifiesto, según Martín Pallín, la necesidad “de replantearse la distribución del Consejo General del Poder Judicial”. O también de analizar la situación actual, según Fernando Ledesma, en la que se debería “estar preocupados por la igualdad”.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, con la claridad y el verbo fácil que acostumbra, reclamó “recuperar el debate” sobre el reparto del CGPJ o de preguntarse los motivos “por los que hay una duplicidad de cargos, el del presidente del Consejo y el del Tribunal Supremo”. Incluso dejó abierta la necesidad de “meditarlo”.

Martín Pallín también habló del papel de “jueces, militares y curas” durante el franquismo. De unos jueces, militares y curas contrarios a la dictadura. Un trabajo que alabó. De la curia dijo que España había sido “el único país del mundo donde se modificó el concordato con la Santa Sede para hacer una cárcel para curas”.

Y fue especialmente crítico con lo vivido por los militares contrarios al régimen, una historia que calificó de “sangrante y demoledora”. “Se los trató de forma vergonzosa”, añadió y dijo que estos militares “eran repudiados en sus centros de trabajo por compañeros que no fueron capaces de asimilar que la libertad es la base de la dignidad humana”.

Fernando Ledesma también “compartió” estas teorías de Martín Pallín y el exministro de Justicia reclamó a los políticos actuales que “sepan conservar y mantener el Estado del Bienestar”, un problema que, según dijo, “no es más difícil que los que se afrontaron en 1978”, cuando “se trataba de reconquistar la libertad.

Sin embargo, Ledesma y Martín Pallín no compartieron la teoría del papel de la Transición, ya que para el exministro de Justicia fue “un acontecimiento excepcionalmente importante en la Historia tras muchos años vividos de los españoles combatiendo entre sí”, mientras que para el magistrado emérito del Supremo “se pudo hacer de otra manera, aunque se hizo lo que se pudo”.

Podemos Salamanca ha estallado. Y pone en un aprieto a la organización en Castilla y León. Anoche, desde la Ejecutiva local de este partido en la capital salmantina se enviaba una nota de prensa en la que anunciaba la “dimisión en bloque” de la dirección local del partido. Fue una bomba, que con la noche, lejos de amainar, se ha multiplicado.

A lo largo de esta mañana, se han empezado a conocer posibles argumentos para llegar a esta dimisión. Eso sí, sin la versión de Estefanía Rodero, secretaria local de Podemos Salamanca. Pero fuentes del partido en la capital salmantina han señalado a eldiario.es que “se ha ido antes de que la echen”. Esta versión ha sido ratificado por el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, quien acaba de asegurar que tenía decenas “de denuncias” ante el Consejo de Garantías. Sin embargo, desde la organización local se ha ocultado este hecho, nada se dijo que se la investigaba, de forma interna, por “infracciones internas”, entre ellas que se pudo erigir como jefa de campaña de las pasadas elecciones generales.

Además, otras fuentes consultadas han asegurado que algunos miembros de la Ejecutiva Local de Podemos se han enterado “por la prensa” de que habían dimitido“.

En el comunicado enviado anoche, se justificaba esta dimisión por el “aumento insoportable de la violencia interna dentro del partido en Castilla y León” y por el “abuso de poder y persecución política y organizativa por parte de la directiva autonómica que están sufriendo la Secretaría y el Consejo salmantinos”.

En el comunicado, se continuaba afirmando que esta dimisión también se fundamentaba en “el giro en Castilla y León hacia la enésima refundación de una estrategia política y cultura organizativa basada en la depredación interna que nos condenó durante décadas a la irrelevancia, así como el interés por recolocar y liberar a cuadros procedentes de otros partidos, así como por impulsar institucionalmente a personas desvinculadas de nuestro territorio”.

“La incapacidad de la actual directiva de Podemos Castilla y León para construir un grupo territorial fuerte que genere el respeto debido a nuestra tierra en el conjunto de la organización, sofocada como está por criterios de obediencia debida tal y como han demostrado con sus actos algunos miembros a nivel local, y el abandono que hemos sentido por parte del nivel estatal hacia quienes a pie de tierra, realidad, discurso local y calle construimos pueblo y organización desde la base orgánica del partido”, se ha añadido.

Pero Pablo Fernández, secretario de Podemos en Castilla y León, ya ha contestado y ha lanzado acusaciones contra Estefanía Rodero, de quien ha dicho que se mueve más “intereses personales” que por “el colectivo”. Por ello, para el dirigente regional esta dimisión es “una buena noticia para Salamanca, que podrá construir un proyecto colectivo”.

Además de señalar la “falta de lealtad” por parte de la secretaria local, Pablo Fernández ha recordado que la capital salmantina fue “el único lugar donde tuvo pero resultado” un partido como Podemos.

La Junta de Castilla y León quiere trasladar el Conservatorio de Música de León a los bajos del estadio de fútbol ‘Reino de León’, en la capital leonesa, con el apoyo del Ayuntamiento y con la total oposición de la comunidad educativa. No hay opciones de negociación. Todo está cerrado. Y, además, presentan informes técnicos. Pero lo que no preveía el Gobierno regional es con reacción social. Miles de firmas, movilizaciones… Todo para impedir que el Conservatorio ocupe un espacio en el estadio de fútbol.

Las dos instituciones, en manos del PP, quieren llevar a la conocida como ‘barriga’ del campo de fútbol el Conservatorio de Música de León. Allí, en estos momentos, está el Ifycel, la Institución Ferial y Centro Empresarial de León, que también se consideró un fiasco en la capital leonesa y que iba a ser un Centro de Exposiciones. Aquel proyecto costó cerca de cuatro millones de euros.

Sin embargo, la Junta y el Ayuntamiento de León quieren dar continuidad a aquella idea, la ‘barriga’ del campo de fútbol –un añadido al estadio-, frente a los que creen que debería construirse un inmueble nuevo para el Conservatorio.

La campaña que más seguimiento está teniendo es a través de change.org, que ya ha reunido más de 8.000 firmas, como han señalado a eldiario.es los organizadores de esta plataforma. Además, han remitido una carta, bajo el título ‘Por un edificio digno para el Conservatorio de León ¡No al traslado al estadio de fútbol!’, al alcalde de León, Antonio Silván, y al consejero de Educación, el leonés Fernando Rey, en la que se denuncia que se van a “malgastar” cuatro millones de euros “en reformar unas instalaciones que fueron diseñadas para ser oficinas y que tienen graves problemas cada vez que llueve”.

El escrito recuerda que el Conservatorio de León ocupa, desde su fundación hace 60 años, un edificio céntrico propiedad de la Diputación de León. “La Junta de Castilla y León había llegado a un acuerdo hace años con el Ayuntamiento de León para construir un nuevo edificio en el Barrio de la Palomera, en un entorno educativo, próximo al Campus Universitario y a un Instituto, diseñado con las necesidades estructurales y acústicas que requiere un Conservatorio Profesional de Música”, añade la carta.

Sin embargo, de repente, sin negociación previa, sin conversaciones con la comunidad educativa, se conoció el acuerdo suscrito por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León para trasladar el Conservatorio al campo de fútbol, “en una zona inhóspita, al otro lado del río Bernesga, donde los comerciantes del rastro no quisieron trasladarse por lo alejado que está y por ser un entorno de marginación social”.

Antonio Silván, alcalde de León, ha reconocido que una vez que finalicen las obras los leoneses se van a sentir “tremendamente orgullosos de un Conservatorio de música moderno y con las mejores condiciones”. Para él, esta solución es la mejor. “No lo dicen los políticos, lo dicen los técnicos, y el elegido entre varias propuestas reúne las condiciones necesarias”, ha agregado.

Esta misma idea la mantuvo el pasado jueves el consejero de Educación, Fernando Rey, durante una reunión que mantuvo con la comunidad educativa. En ella, dijo que las instalaciones del estadio son las “idóneas” para albergar en el plazo de “dos o tres años el Conservatorio leonés”. Es más, es “la mejor opción”, por lo que ya dejó claro que “en principio” no dará marcha atrás “salvo que haya argumentos”.

Para Fernando Rey los planteamientos de los padres, profesores y alumnos “no son del todo convincentes”. Son 500 alumnos, a partir de los 8 años, los que se tendrán que trasladar “al otro lado del río Bernesga”, en un horario que va desde las 15,30 a las 21,30 horas, y “en invierno a las seis de la tarde ya anoche”, ha reconocido uno de los padres afectados.

El consejero confió en una solución consensuada, “en colaboración y diálogo” con los padres y profesores. Eso sí, hasta ahora no ha habido reuniones para estudiar ese traslado porque, en su opinión, “una decisión de este tipo no se somete a referéndum ya que no es la subasta del pescado”.

Los partidos en la oposición en el Ayuntamiento de León han reclamado, y exigido, a Antonio Silván que rectifique, aunque la respuesta será negativa.

Del susto inicial al sobresalto y a verse sobrepasada. Todo en menos de 24 horas. Las que van desde que Irene Hernández, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Macotera (un municipio de 1.200 habitantes en la comarca de Peñaranda –Salamanca-), encontró en el buzón de su casa una carta, escrita a mano, en la que le amenazaban: a ella, de sufrimiento; y a la hija de la que está embarazada, con la muerte.

Irene Hernández salió elegida como número dos en el Ayuntamiento de Macotera por el PSOE. El partido Vecinos por Macotera tienen tres concejales y el PP, cuatro. Ante esta división, en el pleno de toma de posesión estaba prevista la unión de PSOE con Vecinos por Macotera. Pero el cabeza de lista no pudo acudir al pleno por una enfermedad y el candidato del PP, Jacinto García, salió elegido alcalde.

Bajo esta situación han pasado los meses y la división del Ayuntamiento continúa. Y en algún momento se ha hablado de moción de censura, la que tendrían previsto presentar PSOE y Vecinos por Macotera. Esta posibilidad ha sido negada por Carmen Ávila, diputada por la zona de Peñaranda.

En este contecto, Irene Hernández encontró el pasado domingo una carta en su carta. Estaba escrita a mano. La última frase le llegó a sus entrañas. La dejó “asustadísima”, como ella misma ha reconocido a su entorno. “De ser así asesinaré a tu hija, dejándote a ti para que sufras el resto de tu vida”, según dice la misiva, refiriéndose a qué ocurriría si Hernández apoya la moción de censura. No solo se refería a ella, sino a la niña de la que está embarazada de siete meses.

Todavía se pregunta “quién puede haber hecho algo así”, afirman personas cercanas a la concejala socialista. Desde que se conoció, la situación se “le ha desbordado” y le está produciendo “mucha angustia”, relatan las mismas fuentes.

Este lunes, Hernández ha acudido a las clases de preparación del parto, “porque está muy agobiada”. A las dos de la tarde estuvo en el pleno extraordinario de su municipio, en el que los tres partidos políticos han suscrito una moción en su apoyo.

El escrito ya está en manos de la Guardia Civil de la provincia salmantina, que busca el origen y el posible autor de una misiva que comienza con una justificación: “Mi cliente me ha contratado para cometer un asesinato a sangre fría sobre el futuro nacimiento de tu hija”, dice la carta.

A partir de ahí, el autor anónimo sigue dando explicaciones al reconocer que desconoce “cuál es el verdadero problema que existe entre usted y mi cliente pero tampoco me interesa, mi trabajo a realizar esta pagado con una buena bolsa de dinero, en el caso de que tu decisión sea positiva, acompañando tu voto para una posible Moción de Censura”.

Y concluye con la amenaza: “De ser así asesinaré a tu hija, dejándote a ti para que sufras el resto de tu vida”. Todo ello escrito a mano y en letras mayúsculas.

Irene Hernández ya tiene con el respaldo “unánime” de los tres partidos que tienen representación en el Ayuntamiento de Macotera, que han suscrito una declaración institucional en la que también se hace un “llamamiento” a los vecinos del municipio a la “tranquilidad y normal convivencia entre todos”, porque “por encima de la ideología política, está el derecho a la dignidad personal, a la libertad individual y a la buena convivencia”.

“Teniendo conocimiento de que el asunto está en manos de la justicia, deseamos un rápido esclarecimiento de los hechos y una condena al culpable de tan inadmisible hecho”, ha concluido el escrito municipal.

La alcaldesa de Peñaranda y diputada provincial por el PSOE, Carmen Ávila, ha definido estas amenazas como “lamentables” y ha mostrado su confianza en que sean “un hecho aislado”.

Por su parte, Jacinto García, alcalde de Macotera, ha mostrado su “consternación” y se ha preguntado los motivos que tiene “alguien” para “hacer semejante barbaridad”.

El PP de Castilla y León ya ha dejado claro que no va a seguir “el juego de niños” que la oposición –PSOE, Ciudadados, Podemos e IU- quiere convertir la comisión de investigación por la trama eólica en esta Comunidad Autónoma. Y todos los dedos acusadores del Gobierno regional apuntan al secretario regional del PSOE, Luis Tudanca.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez -que en la anterior legislatura era el portavoz del Gobierno regional-, sacó su látigo y comenzó a fustigar a toda la oposición por reclamar, por escrito, que compareciera el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la comisión que investiga supuestos amaños en las concesiones de parques eólicos en esta región.

“Si lo hubieran pedido antes, en su momento, porque era una pieza importante, el presidente habría aceptado lo que hubiera dicho la comisión; pero por un capricho o una pataleta, no”, dijo José Antonio de Santiago. De forma inmediata se fijó en el portavoz socialista para calificar de “rabieta infantil a la que nos tiene acostumbrados el señor Tudanca”.

Al consejero de Presidencia le llama “la atención” la postura del resto de la oposición –Podemos, Ciudadanos e IU- de quien dijo que dedican “más tiempo a dar ruedas de prensa que a mirar los expedientes”. También exclamó: “¡Se acabó el circo, qué esperen a ferias!” y pidió a los portavoces de los partidos en la oposición que lleguen a las Cortes “llorados y sin rabietas infantiles”.

La comisión de investigación sobre la supuesta trama en la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León acordó la pasada semana la comparecencia de 43 personas -31 solicitadas por el PP y 12 de la oposición- entre responsables políticos y directivos de empresas. Entre los que tendrán que comparecer están el exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, señalado como uno de los que podrían conocer de la trama eólica; además de altos cargos como Rafael Delgado y Begoña Hernández, que eran máximos responsables de la Consejería de Economía y Empleo cuando se dieron las autorizaciones de los parques eólicos. También comparecerán la actual consejera de Hacienda Pilar del Olmo, y los exconsejeros de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz y Carlos Fernández Carriedo.

Sin embargo, el PP rechazó la presencia de Georgina de la Lastra, delegada especial de Hacienda en la Comunidad -el informe de un inspector destapó las presuntas comisiones-; de Pablo Trillo, actual delegado de la Junta en Valladolid; de los exdiputados Fedérico Trillo, Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme, como asesores de Collosa; y del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Como consecuencia de ese primer veto a la comparecencia de determinados miembros del PP, los tres grupos de la oposición pidieron la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, por la trama eólica, que ahora vuelve a ser vetado por su propio partido.

Da la casualidad que la comparecencia de José Antonio de Santiago Juárez se producía para dar a conocer que la Junta de Castilla y León iba a aprobar un anteproyecto de ley por el que se protegerá a los funcionarios que denuncien casos de corrupción en la Administración regional. Sin embargo, habrá sanciones administrativas si el hecho es “infundado”.

Javier Iglesias tiene 46 años –nació en abril de 1969- y desde hace 21 se dedica a la política tras un breve paso por una empresa privada. El actual presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, y presidente del PP en la provincia salmantina, ha salido elegido en las últimas elecciones generales como senador por esta provincia. Y mantendrá los dos puestos, aunque ha anunciado que renunciará a un sueldo, el de presidente de la Diputación.

Durante los 20 años que lleva en política, Iglesias ha tenido una biografía duplicada en cargos, es decir, que siempre ha mantenido dos puestos. Así, en 1995 se hizo con la Alcaldía de Ciudad Rodrigo, que ha mantenido hasta las últimas elecciones municipales. Un año después, en 1996, entró como diputado provincial, hasta 2004. Y en ese mandato llegó a ser, también, procurador en las Cortes de Castilla y León. En el año 2000, siendo alcalde mirobrigense, entró en el Congreso de los Diputados, en sustitución de Gonzalo Robles, hasta 2004. La siguiente legislatura, entre 2004 y 2008, entró en el Senado. Y en 2007, hasta 2011, volvió a las Cortes regionales.

Y ahora, es presidente de la Diputación y senador. Y presidente provincial del PP de Salamanca. Pero ya ha anunciado que renunciará a su sueldo al frente de la institución salmantina, una nómina que, según su propia declaración de actividades, es de 48.604,10 euros como presidente de la Diputación. A esa cantidad habría que añadir otros 1.592,73 por su participación en tres organismos autónomos.

Tras las críticas vertidas por el diputado de Ganemos en Salamanca, Gabriel de la Mora, el Grupo Popular en la Diputación de Salamanca se vio obligado a emitir un comunicado de prensa en el que anunciaba no solo que renunciaría a su sueldo de presidente de la institución provincial sino que justificaba mantener los dos cargos: “tratará de mantener el mismo nivel de responsabilidad y trabajo demostrado hasta el momento al frente de la Diputación de Salamanca, si fuese elegido senador”.

A finales del pasado mandato, ya como presidente de la Diputación, Javier Iglesias se vio inmerso en denuncias y querellas judiciales, aunque quedaron archivadas. Pero todo ello hizo que anunciara que dejaba la Alcaldía de Ciudad Rodrigo, un puesto que ocupó durante 20 años, para ir como concejal por un pequeño pueblo salmantino, Beleña. Era la opción de aspirar a ser presidente de la Diputación Provincial.

A lo largo de estos 20 años en la política, Iglesias ha atesorado un importante número de bienes. Así, según su declaración de bienes patrimoniales, Javier Iglesias tiene siete propiedades; dos vehículos; 141.993 euros en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro; 21.273 euros en acciones; un plan de pensiones y un fondo de inversiones por 5.000 euros.

En el año 2010, diferentes medios de comunicación publicaron que Iglesias “ocultó a Hacienda cuatro propiedades inmobiliarias en la declaración de la renta del año 2008”, cuyo “descuido” obligó al “fisco a enviar al dirigente del PP una liquidación complementaria”. Su respuesta hacía referencia a que en el año 2008 existió “un requerimiento por parte de Hacienda que tiene su origen en la existencia de diferencias entre las aportaciones realizadas al plan de pensiones del que Iglesias es titular y los datos que figuraban en Hacienda”. Asimismo, “se aprecian errores en los datos catastrales en varios inmuebles atribuyéndose a Iglesias propiedades que son exclusivamente de su mujer y viceversa, por lo que se aprovecha este requerimiento para subsanar estos datos”.

El Ayuntamiento de Salamanca firmó un convenio con el Ministerio de Defensa para la construcción de El Corte Inglés en la capital salmantina, aunque fue anulado. Posteriormente, el Consistorio concedió licencia de construcción al gran centro comercial, y ahora también ha sido declarado nulo.

Desde hace años, el colectivo ecologista Equo y Ecologistas en Acción emprendieron una batalla legal por lo que consideraron que era una constante ilegalidad para lograr la construcción de El Corte Inglés en la capital salmantina. Poco a poco, sentencia a sentencia, la Justicia le ha ido dando la razón.

Ahora, según una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado un recurso del propio centro comercial y ha declarado nula su licencia de construcción, en un fallo que ya es firme y en el que se condena en costas a El Corte Inglés.

La sentencia afirma que “malamente se le puede reprochar a la juzgadora a quo no haber tenido en cuenta una circunstancia [la aprobación inicial de una modificación puntual del PGOU]- que ya se daba cuando la ahora apelante presentó su escrito de conclusiones (la había puesto de relieve en el suyo el Ayuntamiento de Salamanca), trámite en el que la mercantil EL Corte Inglés obvió toda referencia a ese planeamiento en tramitación”.

Con anterioridad a esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca, en abril de 2015, también anuló “la licencia de obra para la construcción de un centro comercial en la Avenida Federico Anaya y calle Alonso de Ojeda de esa ciudad”. Ante esta sentencia, El Corte Inglés recurrió y pretendió que se revocara.

El colectivo ecologista lleva años intentando evitar este tipo de sentencias. Han sido diversas las reuniones mantenidas con responsables del Ayuntamiento salmantino. Incluso, de forma pública, dijo que el problema lo había creado el propio Consistorio, “gobernado desde hace 20 años por el PP”, y que había que buscar una salida “razonable”. Eso sí, dejaba claro que “no admitirá soluciones sin compensaciones para la ciudad”.

Inmediatamente, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, respondió a los ecologistas: “”Si se tiene que cerrar El Corte Inglés será responsabilidad de quien lo pide y yo estoy siempre con la Justicia“.

El anterior alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, fue el que firmó el convenio con el Ministerio de Defensa y el propio Corte Inglés para la construcción de un centro comercial. En octubre de 2007, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la modificación que se hizo del Plan General de Ordenación Urbana para lograr la construcción de El Corte Inglés en un antiguo cuartel de Salamanca.

En aquella sentencia se decía que esas modificaciones conllevaban “infracciones de naturaleza sustantiva”, como el incumplimiento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El control que asumió la Diputación Provincial de la Institución Ferial de Salamanca (Ifesa), tras diversas desavenencias con los empresarios salmantinos, va a resultar oneroso a las arcas públicas. Después de que este ente, dependiente de la institución provincial de Salamanca –presidida por Javier Iglesias (PP), que acaba de ser elegido senador por esta provincia-, pasara a manos exclusivas de la Diputación, se dio la orden de despedir a los tres únicos trabajadores fijos que tenía Ifesa. Tres empleados que llevaban más de 12 años en la Institución Ferial. Los trabajadores, fijos, que llevaban el control de las Ferias Agropecuarias y Agroganaderas que se celebran en Salamanca durante el mes de septiembre. Una institución de la que la Diputación tenía un 25 por ciento, el mismo porcentaje que la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento salmantino.

Hace dos años, en 2013, la Diputación Provincial de Salamanca decide hacerse con el control absoluto de Ifesa y comienza a organizar esas ferias debido, entre otros argumentos, a las fuertes desavenencias, personales y políticas, con los antiguos responsables del empresariado salmantino.

El Juzgado de lo Social salmantino revela, en su sentencia, que “si bien no consta la existencia de un acuerdo o negocio jurídico de transmisión por el cual la Diputación Provincial asumiera la actividad principal de Ifesa, lo cierto es que la Feria Agropecuaria ha pasado a ser organizado por la Diputación Provincial, aunque manteniendo las mismas características y en el mismo recinto, en las mismas fechas y con el bagaje de la organización, clientelea y presencia pública de ediciones anteriores”.

Como consecuencia de ese control, la Diputación Provincial despide a los tres trabajadores fijos que organizaban las ferias. Y ahora, el Juzgado de lo Social número uno de Salamanca ha considerado que los tres despidos fueron improcedentes, por lo que condena a la institución provincial salmantina al pago de algo más de 265.000 euros en concepto de las nóminas no abonadas en los seis primeros meses de 2015 y del salario de tramitación desde la fecha del despido.

Fuentes cercanas a los trabajadores han reconocido que la indemnización total, en la que se incluirían intereses y otras deudas contraídas con los empleados, podría acercarse a los 300.000 euros.

Frente a ello, la Diputación Provincial de Salamanca ha declinado hacer declaraciones. Según la sentencia, el argumento utilizado para el despido fueron “razones económicas y organizativas”. Sin embargo, la sentencia “esa situación no se generó por una causa objetiva de disminución de sus ingresos, sino por la decisión previa de privar a la entidad de la organización y gestión de la Feria Agropecuaria”.

Pero la realidad es que es esta institución provincial, en manos del PP, la que tendrá que hacer frente a esa indemnización, ya que el Juzgado de lo Social considera que el resto de entidades que formaban parte de Ifesa no deben pagar esas cantidades.

“El despido debe ser calificado de improcedente y es la sucesora, en este caso la Diputación Provincial, quien deberá responder de los efectos económicos del despido o en su caso optar por la readmisión al ser quien continúa con la actividad que era el objeto principal de la empresa”, se reconoce en la sentencia a la que ha tenido acceso www.eldiario.es.

En los últimos años, la gestión política de Ifesa ha estado salpicada de polémica. En 2013, el PSOE presentó una querella contra el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y un diputado provincial, Jesús María Ortiz, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por una presunta influencia en la contratación de personal de Ifesa.

Todo surgió al conocerse que se despidió a cinco peones de esta institución y se contrataron a otros, que estaban relacionados, según la querella, con el PP de Salamanca. Sin embargo, fue archivada.

La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos ha reunido en 189 folios las dudas y las anomalías detectadas sobre la licitación y la construcción del Hospital de Burgos. En un informe que ha entregado hoy a los partidos políticos, que forman parte de la Comisión de Investigación sobre este centro hospitalario, ha concluido que si se rescata de manos privadas se ahorrarían 800 millones de euros.

Y va más allá al afirmar que las “consecuencias económicas del experimento ya están produciendo un menoscabo enorme en los recursos del Sacyl, con repercusión para la asistencia sanitaria de toda la Comunidad Autónoma”.

Este estudio, titulado 'Informe básico para la recuperación del HUBU' que será una de las principales herramientas de estudio de la comisión parlamentaria de investigación creada para analizar la construcción y concesión a manos privadas del Hospital de Burgos.

En él se dibuja el camino para que este Hospital vuelva a ser de titularidad pública, a través de un procedimiento administrativo, que sería “el menos gravoso” porque evitaría pagar el denominado lucro cesante, que obligaría a la Junta de Castilla y León a resolver el contrato de gestión con el argumento de un “incumplimiento de obligaciones contractuales”.

En términos económicos, el informe concluye que en el Hospital de Burgos “hay un gran agujero económico que hay que aclarar escrupulosamente”.

Además, la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos tiene “indicios más que fundados que en la construcción del edificio se han podido incumplir los términos del contrato: en cuanto a calidad de materiales, hemos podido comprobar calidades diferentes y más baratas; y se ha constatado fácilmente una gran cantidad de defectos en la ejecución de la obra”.

Juan Antonio Ayllón, portavoz de la Plataforma, señaló tras entregar el informe a los diferentes partidos que el Hospital de Burgos “no es sólo un problema local, pues supone un gasto anual de 40 millones por encima de lo previsto, más del doble”, una cantidad que “podría destinarse a la sanidad pública” y ha insistido en que el inmueble se ha construido “con patología constructiva de edificio viejo, una infraestructura que no dura 30 años”.

“Es fundamental realizar una investigación completa de la situación de la obra civil y el equipamiento, junto con una supervisión eficaz y diligente de las actividades de la concesión”, se añade en el informe.

Además, se piden respuestas a dos preguntas: “¿cómo se recepcionó una obra tan deficiente y por qué con tantas prisas?” y, en segundo lugar, “¿por qué se recepcionó sabiendo que al día siguiente empezarían las obras de readaptación ineludibles para un mínimo funcionamiento de muchas dependencias?”.

Gitana. Feminista. Utópica. Soñadora. Luchadora. Quizá sean los adjetivos que más utiliza María José Jiménez, una joven gallega de 39 años, presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad y desde hace unos días cabeza de lista al Congreso de los Diputados de Podemos por Salamanca. Una provincia en la que se eligen cuatro diputados, que en la actualidad se reparten 3 para el PP y uno para el PSOE. Aunque nació en Lugo, María José Jiménez estudió en Salamanca Trabajo Social y Humanidades. Y ahora trabaja en Madrid como trabadora social, en el servicio nocturno de las ambulancias. Derrocha actividad, ganas de luchar y de trabajar por una sociedad que sigue considerando injusta en aspectos sociales.

¿Por qué Podemos elige a una persona de fuera de Salamanca para encabezar unas listas al Congreso de los Diputados?

Llevo dos años siendo la presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la diversidad, con un formato determinado para trabajar, que es crear un movimiento participativo real. Y entre esos objetivos está despertar del letargo tanto al pueblo gitano como aquellos movimientos que han perdido su misión, que se crearon hace tiempo para ser un revulsivo en la sociedad y dejar de permitir a las clases políticas que hagan lo que les dé la gana. En los últimos dos años hemos ido donde se nos ha llamado y hemos entrado en contacto con mucha gente, sobre todo con los movimientos sociales y con la gente de Podemos.

Pero, ¿qué le proponen?

Me proponen que ese discurso que llevo a los pueblos, a los barrios, lo incluya en su línea política porque encaja, porque queremos lo mismo. Me dijeron que no querían llevarme como la gitana florero, sino con una propuesta política concreta. Y les dije, claro, cómo no.

¿No le asusta venir como cunera a una provincia que quizá no conozca?

Asustar no. Es un reto. Yo lo valoro desde otro punto de vista, que es si no es ahora, cuándo va a ser. Ahora es el momento de empezar a crear un revulsivo. Creo que voy a tener posibilidades en este tiempo de que vean que voy a pelear con uñas y dientes por la ciudad.

Pero sería un triunfo de sus planteamientos si saliera elegida diputada nacional. Pero, ¿y si no sale?

Hay muchas cosas que también se pueden hacer sin salir.

¿Seguiría trabajando por y para Salamanca si no saliera elegida?

Si. Cómo voy a irme después de haberme implicado como lo voy a hacer. Sería un acto de cobardía si me fuera, desaparecer de aquí si pierdo.

¿Podemos tiene posibilidades de lograr un diputado en Salamanca?

Los sondeos no me apetece seguirlos porque no quiero que condicionen mi trabajo, ni para bien ni para mal. Trabajaré lo que tenga que trabajar, daré lo que tenga que dar y que luego sean los votantes los que decidan.

¿Cómo puede convencer a una señora de 70 años, de Salamanca de toda la vida, que tiene que votarla? ¿Cómo puede ilusionar a la gente?

Con un programa real, de no promesas incumplidas. El programa es bueno para toda la ciudadanía.

Pero, ¿un programa nacional o provincial?

Está claro que el programa nacional rige las líneas de las provincias. Es evidente que la situación nacional se puede extrapolar a las provincias, con el grueso de los problemas de España, como la corrupción, las violencias, la sanidad, las garantías mínimas de protección de las clases menos protegidas. Son promesas que no están vacías. Es un proyecto real.

¿Tiene una idea política concreta para Salamanca?

Sí claro. Igual se me ve con una etiqueta. Soy trabajadora social, con mucha experiencia en feminismo o minorías étnicas. Y con movimientos sociales. Pero yo no voy solo a servir para eso. Eso estará, porque es necesario. Pero aquí preocupa también la despoblación. Salamanca es una ciudad de maletas, de maletas de ida y vuelta, y de paso. Hay una franja de edad que aquí en Salamanca no existe, porque se han tenido que marchar, porque las circunstancias le han obligado. Tengo que defender aquellos intereses de las preocupaciones de la gente de Salamanca, que soy mis preocupaciones. Si nos sentáramos en la mesa los que queremos cambiar las cosas, las preocupaciones serían las mismas.

¿De verdad cree que se pueden cambiar las cosas?

Si. Rotundamente sí. Es necesario y posible. Y en esta tierra también.

Pasado en el Partido Popular

¿Qué teme más, que la miren como gitana o como que la persona que fue en las listas municipales en el PP de Ourense?

Cualquiera de las dos cosas es sesgar. Cualquier persona está atravesada por la interseccionalidad. No somos una única cosa. Ahí está la riqueza de los humanos. Yo soy gitana. Mi identidad es gitana. Eso también me define como persona, como miembro de esa comunidad, en minoría en este país. Pero también soy mujer y también me definen otras cosas que afectan a las mujeres. También me define ser una persona que lucha por una justicia social en un país que se destruye todo, donde se nos doblega desde hace muchos años a creer que los ideales de justicia social son una utopía. No lo son.

¿Qué ha llevado a que la mujer pierda algunas ventajas políticas que ganaron en los últimos años?

Las puertas giratorias. Se ha utilizado políticamente una cuestión social. Es una cuestión de derechos humanos, de ciudadanía, y se ha politizado. Quizá ha interesado más montar una Fundación que luche por las mujeres africanas y en el comité de asesores a Ana Botín. Eso no puede funcionar.

¿Qué es más difícil que el gitano cambie o que el no gitano modifique su concepto racista?

Tiene que haber las dos cosas. Hasta ahora hay un desconocimiento total, una convivencia que parece que no es posible porque parece que unos son de Marte y otros de la Tierra. Y no hablamos el mismo idioma, no tenemos las mismas necesidades, no tenemos el mismo frío, no tememos las mismas ganas… Quizá estén unas necesidades por encima de otras. Las dos cosas son complicadas. El pueblo gitano ha sufrido el castigo durante muchos años por parte de unas políticas muy de derechas. Y este pueblo, por estrategia de supervivencia, ha creado un sistema de hermetismo para protegerse frente a esas políticas. Lo que pasa es que únicamente nos ofrecen políticas sociales de migajas.

¿Cuándo dejará de ser noticia que una joven feminista y gitana sea candidata por un partido?

Aún sigue pasando que tenemos unas etiquetas puestas. El tema de los prejuicios y las etiquetas nacen con nosotros y forman parte ya de nuestro subconsciente. Si a cualquier ciudadano se le pregunta qué es para él un gitano te daría la definición de la RAE, que somos unos trapaceros, que engañamos, que mentimos para conseguir un fin. Y eso está ahí, es una discriminación real permitida.

Felicidad absoluta. Orgullosos de la consecución. Así era el estado de ánimo en el que estaba Estefanía Rodero, secretaria general de Podemos Salamanca, tras conocer que al final desde Madrid se había aceptado a María José Jiménez como cabeza de lista de esta organización al Congreso de los Diputados por la provincia salmantina.

Como anunció ayer eldiario.es, Jiménez ha sido elegida por Podemos, después de que en un principio figurara Jorge Lago, director del Instituto 25 de Mayor (el think thank de Podemos), como candidato salmantino.

Sin embargo, en las dos últimas semanas se ha ido fraguando el fichaje de María José Jiménez, presidenta de la asociación Gitanas Feministas por la Diversidad por Salamanca, por Salamanca, una elección que también ha implicado “felicidad absoluta” desde Podemos en esta provincia.

Estefanía Rodero reconoce a eldiario.es que se trata de un fichaje por el que han peleado “con uñas y dientes”. De hecho, la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Salamanca no es nueva en esta capital. Aunque nació en Lugo, en 1976, fue en Salamanca donde estudió Humanidades y Trabajo Social y donde, además, reside su familia política. En la actualidad es profesora del máster Compensación en Desigualdades Educativas de la Universidad de Ourense.

La secretaria general de Podemos Salamanca afirma que se el fichaje de María José Jiménez es una propuesta hecha desde esta provincia, para intentar “revertir una situación en la que no estábamos muy de acuerdo”. Estefanía Rodero se refiere al que iba a ser candidato, Jorge Lago, y que al final irá en las listas por Madrid.

Ayer, tras conocerse el fichaje de Jiménez desde Podemos Salamanca se la anunció con “inmenso orgullo”. En una nota de prensa se afirmaba: “su incorporación, que ha sido una apuesta directa de la secretaría general y el consejo ciudadano municipal de Salamanca, corresponde al momento histórico que vive nuestro país y supone no sólo la entrada de los movimientos sociales a las instituciones sino una apuesta clara por profundizar en nuestra democracia”.

Era el sentir de Estefanía Rodero. Felicidad por María José Jiménez, una mujer a la que “todo el mundo conoce en Salamanca, muy vinculada con esta ciudad y que ya sabe trabajar por esta provincia”.

La nota de prensa de Podemos concluye con la frase: “Salamanca tiene la oportunidad de hacer historia”. Por conseguir que una “mujer gitana vaya al Congreso”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha salido con la suya, por lo menos hasta ahora, en Castilla y León. En abril de este año, la Junta de Castilla y León convocó unas oposiciones de Enfermería después de que la última oferta de empleo público se hiciera en 2011. Los exámenes se iban a realizar el próximo domingo 22 y se habían sacado a oposición 554 plazas de enfermeros y enfermeras, para las que se iban a presentar 20.000 personas.

Estas oposiciones se realizaban al agrupar  las plazas de la Oferta de Empleo Público de los años 2009, 2010 y 2011.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido, de forma cautelar, esta convocatoria y da la razón al Estado, que fue quien recurrió, a instancias del Ministerio de Hacienda. En el recurso, se consideraba que con esta oposición se iban a superar los límites de déficit público máximo posible, recogido en la Ley Orgánica 2/2012

También se consideraba, por parte del Ministerio de Hacienda, que no había una oferta de empleo público válida, ya que la última fue del año 2011, cuando su plazo de validez era de tres años de duración, según la legislación vigente.

Ante ello, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso y considera, como hizo el abogado del Estado, que la falta de oferta de empleo público válida constituye un supuesto de “nulidad de pleno derecho que arrastra a la convocatoria de pruebas selectivas efectuada”.

En la sentencia, también se afirma que es “superior el perjuicio que se causa a los aspirantes de las pruebas selectivas por la realización de las mismas”, ante una posible nulidad de todo el procedimiento que pudiera el órgano judicial pudiera declarar.

El fallo judicial apunta, además, que “no hay duda que del tenor literal del precepto se genera la plena caducidad de la oferta de empleo” y “al momento de la convocatoria han transcurrido ya cuatro años desde que se aprobó la oferta de empleo”, algo que en opinión del Tribunal “no puede ser objeto de ejecución ante su extinción, por consunción temporal”.

En el recurso, Hacienda dijo que con esta convocatoria de la Consejería de Sanidad de más de 500 plazas “se pone en riesgo la política de contención del gasto público, que deriva del Real Decreto de 2011”. Sin embargo, el tribunal afirma, en este sentido, que las conclusiones sobre los plazos “hacen innecesario analizar la perspectiva de la vulneración de los límites presupuestarios”.

Ante ello, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, manifestó tras conocer la sentencia su “disconformidad” e “incomprensión. Sin embargo, reconoció que sabían las posibles repercusiones que podrían tener al convocar esas oposiciones. ”Nos arriesgamos porque el que no arriesga no vence y también porque lo medimos mucho y existen otras sentencias favorables a nuestra postura en otras comunidades como Asturias o Andalucía“.

Por su parte, la portavoz del PSOE de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, Mercedes Martín, dijo que todo esto era un “escándalo y desvergüenza injustificable” y añadió que al consejero de Sanidad solo le queda asumir la responsabilidad “de tanta manifiesta ineficacia en los procesos selectivos y de tanto maltrato a los profesionales de la Sanidad”.

Segunda comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León. Y segunda vez que el PP, partido que gobierna con el apoyo de un procurador regional de Ciudadanos, aplica su visión de que es el grupo mayoritario y, por tanto, debe presidir estas investigaciones. En esta ocasión, las pesquisas tratarán de ahondar en las posibles irregularidades cometidas con la construcción, y posterior gestión, del Hospital de Burgos. Si por un lado hubo sobrecoste en la edificación que podrían superar los 400 millones de euros, también hay más que sospechas sobre la gestión privada puesta en marcha en este centro hospitalario.

La primera decisión de esta comisión de investigación, que se constituyó ayer en las Cortes de Castilla y León, fue la de imponer el nombre del presidente: será el procurador por el PP en Salamanca, Salvador Cruz, un político que ha obtenido desde la pasada legislatura un gran respaldo de su partido regional en el área de Economía.

Inmediatamente a tomar esta decisión, todos los partidos en la oposición se han lazando en tromba contra el PP, argumentando que soy ellos quien, de verdad, tiene la mayoría en el Parlamento de Castilla y León. Si se sumaran los escaños de PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos y UPL serían mayoritarios.

Sin embargo, el portavoz del PP en esta comisión, Ángel Ibáñez, justificó esta decisión en que es el grupo político mayoritario y es algo que también se da en el resto de comisiones de las Cortes regionales.

Ibáñez también reveló que la próxima sesión de esta comisión tendrá lugar el 17 noviembre y que se afronta con la idea de “quitar el velo de oscuridad” que tiene el Hospital de Burgos, algo que “no favorece a nadie”.

Ahora bien, si desde el PP se pretendía dar claridad a esta construcción, ¿por qué no se aprobó antes una comisión que investigara esos sobrecostes? El propio Ángel Ibáñez tenía la respuesta: “Parece más oportuno hacer una evaluación una vez finalizada la construcción y así comprobar el funcionamiento del modelo para ver si hay cuestiones que se pueden mejorar”.

Para este procurador regional las sospechas y dudas sobre la construcción y gestión del hospital son fruto de “la rumorología” de partidos políticos y asociaciones, referidas a la supuesta privatización del Hospital, algo que es “completamente falso”.

Los partidos en la oposición lanzaron ayer duras críticas a las primeras medidas de esta comisión de investigación. Por parte del PSOE, Mercedes Martín, además de mostrar su “satisfacción” por la comisión de investigación, que fue pedida por los socialistas la legislatura pasada, lamentó “la falta de voluntad del PP para que la presidencia de la Comisión recaiga en un miembro de la oposición y además en una mujer como han defendido el resto de grupos”.

Por parte de Podemos, Laura Domínguez criticó la “falta de actitud democrática” del PP para que las comisiones (eólica y la del nuevo hospital) fueran presididas por los grupos que las solicitaron.

Y desde Ciudadanos, Manuel Mitadiel dijo que si la elección del presidente de la comisión por parte del PP va a ser su forma de actuar “invalidaría el funcionamiento”. Añadió que quieren ver documentación y escuchar las comparecencias “con el objetivo de explicar de que el contrato del nuevo hospital de Burgos haya pasado de 1.000 a 1.400 millones de euros”.

Desde IU, José Sarrión, en el Grupo Mixto, calificó de “rodillo parlamentario” el nombramiento del presidente de la comisión de investigación, “pese a contar con 500.000 votos y el resto de los grupos suma más de 700.000”.

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en esta Comunidad Autónoma, Juan Vicente Herrera lleva meses jugando al barón díscolo. Con el ministro de Hacienda Montoro, con el de Industria José Manuel Soria. Incluso con el propio presidente del Gobierno y de su propio partido, Mariano Rajoy. Pero, ¿qué le ha llevado a plantearle, incluso, un órdago o un pulso?

En los últimos días, Herrera ha definido su estado de ánimo: “estoy un puntín cabreadado” con el Gobierno central. Y también estaba enojado con los senadores que representan a su región y que votaron en contra de los intereses de Castilla y León en el denominado 'céntimo verde'.

Y quizá por problemas de agenda, o coincidencia, pero el presidente del PP castellano y leonés se ausentó hace unos días de un encuentro de Mariano Rajoy en Toledo con los pesos pesados del partido. Al ser preguntando por esta ausencia dijo, en su tono entre enigmático y querer que le lean entre líneas: “los futbolistas a veces no están en condiciones de jugar por alguna indisposición” y también habló de una “pequeña incidencia de salud”.

Con anterioridad, cuando presentó los Presupuestos de la Comunidad dijo estar un “puntín cabreado” con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con el más ministros, por los cambios de criterio contable del Gobierno central, además de los que le ponen a Castilla y León en cuanto al déficit y la deuda, los principales obstáculos de la Junta para hacer sus presupuestos.

También dijo sentirse “abandonado” por el Gobierno de Rajoy en cuanto al denominado 'céntimo verde', que dicen en Madrid haría más competitivo el carbón nacional. Tras el rechazo del PP en el Senado a la proposición del PSOE de ponerlo en marcha, Juan Vicente Herrera dijo que Castilla y León se siente “maltratada” por el Ministerio de Industria, al que le falta “conocimiento, sentimiento, reflexión y alma”.

Ya advirtió que si él fuera senador sabría que votar por “coherencia y dignidad política”. Ningún senador de esta Comunidad Autónoma rompió la disciplina de voto del PP. Y Herrera contestó: “yo más alto no lo puedo decir, pero más veces y más claro no”.

Herrera no quiso presentarse a las últimas elecciones autonómicas. Lo hizo para dar gusto a Rajoy. Y para evitar una guerra interna en el PP de esta Comunidad Autónoma. Meses antes de los comicios, incluso algún año, comenzaba a barruntarse una ligera borrasca interna, sobre todo en la zona Oeste de la región. Todo ello, auspiciado por su propio secretario general, Alfonso Fernández Mañueco -a quien María Dolores de Cospedal llamó “presidente”, en una reunión de la Interparlamentaria del PP en Salamanca-.

Mañueco, el actual alcalde salmantino que ha perdido la mayoría absoluta y miles de votos, pensó que ser secretario general del PP en Castilla y León le daba puntos para sustituir al mismo Juan Vicente Herrera. Tan claro lo vio que comenzó a buscar adeptos. Y los encontró en Zamora -con Fernando Martínez Maíllo, ahora número tres de Rajoy- y en León -con la asesinada Isabel Carrasco-.

Pero poco a poco comenzó a darse cuenta de que aquel sueño se había convertido en una utopía y que se había quedado sin apoyos.

Ante ello, Herrera, aconsejado por su fiel guardián José Antonio de Santiago-Juárez, aceptó ser el candidato del PP. Ganó las elecciones, perdió votos y la mayoría absoluta -aunque solo por un procurador- y llegó a replantearse la opción de ser el presidente de Castilla y León. Pero aceptó, aunque ya no de buen grado, sin ese talante tranquilo y sumiso que en muchas ocasiones le ha caracterizado.

Y ya no asentía todo lo que se le planteaba desde Madrid. Ya plantea órdagos a su propio presidente. Ya se enfrenta a Cristóbal Montoro. Y a José Manuel Soria. Ahora bien, ¿dónde se parará? ¿Hasta cuándo estos enfrentamientos?

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid ha declarado nula la autorización del Toro de la Vega del pasado año, la edición de 2014, tras la demanda judicial interpuesta por el Partido Animalista-Pacma. Según ha anunciado esta organización, con la demanda se ponían “de manifiesto las irregularidades en la petición del Ayuntamiento de Tordesillas a la Junta de Castilla y León para la autorización del Toro de la Vega del año 2014”.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso La Meseta, el juez estima “íntegramente” el recurso interpuesto por Pacma contra la actuación del Ayuntamiento de Tordesillas y de la Junta de Castilla y León y “se anula” la resolución del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid dictada el día 12 de septiembre de 2014 “por no ser ajustada a derecho”

Además, se condena “en costas” a la “Administración demandada”, en este caso a partes iguales, a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Tordesillas.

Para Pacma, “esta condena sienta un importante precedente para conseguir la prohibición definitiva del festejo”.

Sin embargo, en la sentencia se advierte, tal y como señaló el abogado de la Junta de Castilla y León, que “el análisis que se haga de lo alegado por la entidad demandante [Pacma] respecto a las actuaciones atribuidas al Ayuntamiento de Tordesillas solamente tendrá efectos en el presente recurso y en la medida en que tenga incidencia para decidir sobre lo pretendido por la entidad demandante en relación con la actuación impugnada por medio del presente recurso”.

Uno de los argumentos utilizados en la sentencia para anula la autorización del Toro de la Vega de 2014 es que el certificado del técnico sanitario “no cumple” con lo exigido en el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Castilla y León.

“En el expediente administrativo consta la comunicación que el Ayuntamiento de Tordesillas hace al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social sobre el espectáculo a celebrar aunque no se hace ninguna referencia a los medios sanitarios con los que se cuenta y que van a estar disponibles durante la celebración de dichos espectáculos por lo que dicha comunicación no puede servir para completar el certificado aportado en el sentido indicado, es decir en el de posibilitar que el órgano que decide sobre la autorización del espectáculo conozca los medios sanitarios que van a estar disponibles”, se añade en la sentencia.

Ante este fallo judicial, desde Pacma se asegura, a través de su página web, que la consecuencia es que “si la autorización para celebrar el Toro de la Vega 2014 es nula, el Toro de la Vega fue celebrado ilegalmente”. 

Y agrega que “esta nueva irregularidad en el Toro de la Vega, constatada judicialmente, se une a las que año a año se documentando y denunciando por el Pacma, como el incumplimiento sistemático de las reglas del festejo.”

“El Partido Animalista–Pacma continuará luchando hasta conseguir la total abolición del festejo del Toro de la Vega, que es contrario a los valores éticos superiores que reclama la sociedad española”, concluye esta organización.