Este jueves, 25 de junio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debe adoptar el informe del Examen Periódico Universal, conocido como EPU, sobre España. Este informe recoge las 189 recomendaciones que los diferentes estados realizaron en enero pasado a nuestro país.

El EPU es un mecanismo claramente político, puesto que son los mismos estados los que examinan la situación de derechos humanos de cada país, a diferencia de otros instrumentos de Naciones Unidas donde son personas expertas independientes las que emiten los informes. Este hecho resta dureza en muchos casos al diagnóstico que se realiza, incluso objetividad, y es, sin duda, la principal limitación del EPU. Sin embargo, este mecanismo está también abierto a la participación de la sociedad civil ya que las organizaciones pueden presentar informes alternativos (como hemos hecho desde el IDHC, entre otras tantas organizaciones) y esto permite que el diagnóstico final del EPU recoja los principales puntos negros de la situación de derechos humanos en el país, como así ha sido. Y hoy, ante el Consejo de Derechos Humanos que adoptará el informe final, podremos tomar la palabra para denunciar precisamente estos puntos negros.

Este mismo carácter político también puede ser analizado como oportuno ya que los estados deben pronunciarse de manera unívoca, y esto nos brinda a las organizaciones y a la ciudadanía en general, un termómetro claro, en forma de semáforo como ahora veremos, de las prioridades y compromisos de nuestro gobierno en materia de políticas de protección y promoción de los derechos humanos. Hoy, España tendrá que declarar delante de sus homólogos qué recomendaciones acepta totalmente, cuáles acepta parcialmente y cuáles rechaza. Y deberá ser una manifestación motivada. De las 189 recomendaciones, España ya ha anunciado que acepta totalmente 139, acepta parcialmente 35 y rechaza 15. Esta mañana escucharemos las razones.

Tan interesante resulta analizar las recomendaciones rechazadas como las aceptadas. Empecemos por estas. Respecto de las acusaciones de uso excesivo de la fuerza y de abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, España ha aceptado asegurar la investigación diligente, imparcial e independiente de las mismas. También ha aceptado el establecimiento de mecanismos de control de las autoridades policiales ante signos de tortura y malos tratos. No se compromete a nada nuevo, estos mecanismos ya existen en nuestra legislación. “Únicamente” resta dotarlos de recursos y espacio de maniobra para que ejerzan sus funciones. Para esto, no hay compromiso explícito.

La preocupación internacional ante la adopción de la Ley de Seguridad Ciudadana, que por cierto entrará en vigor en tan solo 6 días junto con la reforma del Código Penal, también se vio reflejada en este EPU que contiene hasta 5 recomendaciones con referencias al derecho de reunión y manifestación pacíficas y a la libertad de expresión relacionada con actos de protesta. En ocasiones anteriores ya vimos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa o hasta 5 relatores especiales de Naciones Unidas habían llamado la atención a nuestro país sobre este proyecto legislativo, al considerarlo contrario de los estándares internacionales de derechos humanos. Pues bien, las recomendaciones han sido aceptadas. España se compromete pública y políticamente a evitar reformas legislativas que puedan limitar excesivamente el ejercicio de la libertad de reunión, a ajustar la ley de seguridad ciudadana para no limitar este ejercicio e incluso se compromete a cooperar con las personas defensoras de derechos humanos para crear un ambiente favorable a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Son compatibles estos compromisos con la práctica legislativa y ejecutiva del gobierno español actual? Por lo que respecta al EPU, jurídicamente, sí. El Consejo de Derechos Humanos no cuenta con ningún mecanismo coercitivo que pueda obligar a los estados a poner en práctica las recomendaciones aceptadas o a sancionarlos en caso de no hacerlo. Pero políticamente, no, no y no. No puede salirle gratis al gobierno este ejercicio de cinismo ante la comunidad internacional.

España lleva años manifestando ante los diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos que revisará el régimen de detención incomunicada por el cual una persona sospechosa de terrorismo o de crimen organizado puede estar hasta 13 días sin ver a un abogado o a un médico de su elección y sin poder comunicarse con su familia. En este segundo ciclo del EPU España rechaza las tres recomendaciones que le instaban a abolir el régimen de incomunicación y acepta las dos que le piden revisarlo, de nuevo.

Otro de los aspectos que ha suscitado más recomendaciones, aceptadas en su práctica totalidad por España, tiene que ver con la lucha contra el racismo, el discurso de odio y los crímenes de odio. Las fiscalías especiales para la persecución de estos delitos ya están en marcha en todas las provincias españolas y el Ministerio de Interior ha empezado a dar estadísticas sobre estos crímenes tras años de reivindicaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil y también por parte de Naciones Unidas. Sin embargo, el estado no se ha comprometido, tampoco en esta ocasión, a adoptar una ley integral tal y como las entidades especializadas y las personas expertas en racismo vienen reclamando.

Relacionado con esta materia, el trato de personas de origen migrante es otro de los aspectos que más preocupación internacional despierta. Para empezar, España sigue rechazando todas las recomendaciones que le instan a ratificar el Convenio internacional de protección de los trabajadores migrantes y sus familias, único instrumento de derechos humanos que aún no ha ratificado el estado español (se lo piden hasta 19 estados). Esta mañana volveremos a escuchar los manidos argumentos de que las decisiones sobre inmigración deben de ser consensuadas en Bruselas y de que los estándares de la Convención son menores que las garantías establecidas por nuestro ordenamiento interno. Ratifiquemos, pues, cabe contestar.

A pesar de esas supuestas garantías, las “devoluciones en caliente”, las muertes en frontera y las condiciones y existencia misma de los centros de internamiento de personas extranjeras (CIE) son protagonistas habituales de todas las revisiones de derechos humanos a las que se somete España. ¿Y qué podemos destacar en esta ocasión? Hasta 17 recomendaciones han sido aceptadas por España en este sentido. Entre ellas, asegurar que todas las personas migrantes detenidas tienen acceso a los servicios básicos y a unas condiciones dignas de vida, el respeto absoluto del principio de no devolución y la garantía de acceso al proceso de petición de asilo para aquellas personas que huyen de situaciones de violación de derechos humanos, con una especial atención -explícitamente redactada- a las ciudades de Ceuta y Melilla. Esperemos que España explique cómo piensa hacer compatibles estos compromisos con las recientes reformas legislativas encaminadas justamente a matizar y rebajar estos estándares internacionales. Y es que España solo se ha comprometido parcialmente a asegurar la igualdad ante la ley de las personas no residentes.

En este sentido, el impacto que la crisis económica y las medidas de austericidio han tenido sobre el disfrute efectivo de derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, especialmente del colectivo inmigrante, no es un diagnóstico compartido por el gobierno. Si bien, se ha comprometido a retomar las políticas de protección social de los colectivos más vulnerables, rechaza realizar un análisis serio e integral sobre el impacto de los recortes en el disfrute de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo o el derecho a la alimentación. Especial relevancia cobra en este sentido la limitación del derecho a la salud de las personas en situación administrativa irregular, a pesar del anuncio por parte del gobierno de la corrección de esta medida, el cambio efectivo no se ha producido. La aceptación de algunas de estas recomendaciones nos da un argumento más para seguir reivindicando el acceso universal a los servicios básicos.

Y para concluir, las medias tintas, los matices, los grises, los “sí pero no”, el cinismo y las interpretaciones subjetivas se acaban al hablar de dos solitarias recomendaciones, las dos rechazadas de plano. No a la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre el control de las empresas transnacionales en la protección de los derechos humanos y no al principio de jurisdicción universal, tristemente extirpado de nuestra legislación en dos fases en 2009 y 2014. Estas dos iniciativas podían colocar a España, más allá de su actuación de fronteras (o de vallas) para adentro, en una posición de punta de lanza a nivel internacional. La persecución de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra y la exigencia a las corporaciones de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, fuertemente matizadas y diluidas tanto en derecho interno como en derecho internacional, son dos causas que el estado español ha decidido ignorar. Un estado que en estos momentos es miembro no permanente del Consejo de Seguridad y por tanto tiene un extra de responsabilidad y visibilidad ante la comunidad internacional durante los próximos dos años.

No ignoremos nuestro papel de altavoz y nuestra labor de denuncia. Amplifiquemos el sonido de las recomendaciones y de los compromisos que España adquiere de nuevo hoy y sigamos poniendo luz a aquellos que rechaza.

Hoy, 10 de diciembre, es el día internacional de los derechos humanos. Hoy hace 66 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lanzó el mensaje de que la protección de los derechos de las personas dejaba de ser un ámbito estrictamente interno para pasar a ser una preocupación internacional.

Hoy será el día en el que las noticias nos recordarán cuál es la situación en Siria o en Corea del Norte, en el Sahel o en Irak. Se hablará de la pena de muerte, de regímenes no democráticos, de libertad de expresión, de la justiciabilidad de los derechos sociales y económicos y de tantos otros temas que afectan a la dignidad y a la igualdad de las personas. También se hablará, como no puede ser de otra manera, de la situación en nuestro país. De cómo nos hemos dado cuenta de que no somos espectadores de violaciones de derechos humanos de otros, sino que protagonizamos nuestra propia historia de vulneraciones.

Permítanme aprovechar esta ventana de oportunidad informativa para explicar por qué el 2015 es un año crucial para la credibilidad de España en el sistema universal de protección de los derechos humanos. En el 2015, España está de examen. Y no una sola vez. Al menos dos son las citas esenciales que el estado español deberá atender durante los próximos meses: el Examen Periódico Universal (EPU) en enero y la revisión de su informe periódico por parte del Comité de Derechos Humanos (CDH).

En general, el sistema internacional de protección de derechos humanos lo conforman varios mecanismos poco coercitivos y no jurisdiccionales, como suele ser habitual en derecho internacional, puesto que son los propios estados los que se dotan de las normas que les obligan. Y no, los estados no suelen ser especialmente exigentes ni amigos de grandes obligaciones jurídicas. Es por ello que ni los mecanismos convencionales, como lo es el CDH, ni los no convencionales, como el EPU, se caracterizan por tener una fuerza arrolladora.

Sin embargo, en el juego de las relaciones internacionales muchas veces son la imagen y la reputación de los estados la que se dilucida en estos foros. Y ahora que España ha conseguido un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, se ve obligado a tener mucho más en cuenta estos mecanismos y las recomendaciones y observaciones que de ellos emanan. Aprovechemos, por tanto, la ocasión e intentemos utilizar estos instrumentos para cambiar la legislación, la práctica y la garantía de los derechos humanos en nuestro país. Y si es posible, incluso intentemos mejorar nuestras vidas con ellos.

El EPU es un examen que deben de pasar todos los estados miembro de las Naciones Unidas cada 4 o 5 años. En enero de 2015 España pasará su segundo EPU. Los examinadores son otros estados y la materia que entra a examen son tanto las obligaciones y compromisos que España haya voluntariamente adquirido como otros estándares y costumbre internacional sobre derechos humanos.

La sociedad civil tiene un espacio bastante limitado en el proceso oficial del EPU. Podemos enviar informes, de no más de 10 páginas, pero no podemos tomar la palabra. Sin embargo, la interlocución existe y cada vez de manera más frecuente, los propios estados son los interesados en entrevistarse con nosotras y apoyarse en nuestras informaciones para plantear las cuestiones más preocupantes.

En el caso del CDH, que es el órgano encargado de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las organizaciones de la sociedad civil también pueden enviar informes alternativos (conocidos como informes en la sombra) que ayudan a elaborar la lista de cuestiones que los expertos independientes del CDH hacen al estado y que éste está obligado a contestar tanto por escrito como oralmente en la sesión pública que en esta ocasión tendrá lugar en julio de 2015.

¿Y cuáles son estas cuestiones? Desgraciadamente no pueden ser todas las que consideramos relevantes y necesarias para cambiar la realidad, sino sólo aquellas que están sostenidas por alguna norma o costumbre internacional. Muchos son los temas, sin embargo, a los que España se verá obligada a contestar. Destacaremos algunos de ellos.

En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) cabe destacar el retroceso que las medidas políticas de recortes, o medidas de “austericidio”, han supuesto para el goce efectivo del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación o el derecho a la vivienda, por poner solo unos ejemplos. Las obligaciones positivas que se desprenden de los compromisos internacionales ratificados por España incluyen la prohibición de retroceder en la protección de los DESC, puesto que este retroceso constituye una violación de derechos humanos en si mismo según los estándares internacionales. El abandono de la universalidad de nuestro sistema sanitario por vía legislativa (Real Decreto 16/2012) es uno de los ejemplos más claros y sobre el que será cuestionada la actuación del gobierno, así como el elevado número de desahucios y de personas desempleadas.

Por otro lado, y aunque no soy partidaria de la división generacional de los derechos humanos, hay que pararse a analizar la situación de los derechos civiles y políticos ya que, aun siendo los más protegidos en su desarrollo legislativo, incluso constitucionalmente, su goce efectivo depende de las políticas públicas implementadas y éstas están demostrando ser cada vez más restrictivas. La tutela judicial efectiva es unos de los pilares de los estados de derecho, y el CDH preguntará a España cómo la ley de tasas judiciales afecta al acceso a ese derecho en particular. Además, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y su falta de investigación e incluso la política de indultos en estos casos será también objeto de interés.

La denostada Ley de Seguridad Ciudadana se encuentra en sus últimos trámites parlamentarios y podría ser aprobada por el Congreso mañana mismo. Esta ley ya ha sido objeto de interés por parte de Naciones Unidas, en concreto por parte del Relator Especial sobre el derecho a la reunión y manifestación pacíficas que en su informe de este mismo año se preguntaba sobre las limitaciones excesivas y desproporcionadas que el entonces proyecto de ley parecía contener. La conocida ya como “ley mordaza” es el último eslabón en una cadena de iniciativas legislativas y ejecutivas encaminadas a criminalizar la protesta y la disidencia. Sobre esto también será cuestionada España.

El trato de las personas extranjeras que intentan cruzar nuestra frontera huyendo de la miseria y de la falta de oportunidades y futuro es otro de los temas que tomará un gran protagonismo en estos exámenes. No llamemos inmigrantes, por favor, a las personas que ni siquiera se encuentran en nuestro territorio. Y cuando sí que se encuentran, evitemos la sustantivación de un calificativo que, en todo caso, no es ni alienable ni permanente. El internamiento de las personas extranjeras en situación administrativa irregular en los CIEs o en los CETIs puede alargarse hasta 6o días. Entre otras cuestiones procedimentales, se le deberá preguntar a España sobre la situación y protección de derechos como el derecho de asilo, el derecho a la salud, la protección de los menores no acompañados o la tutela judicial efectiva en estos centros.

El resultado de estos exámenes no será cuantificado en una nota numérica, no podremos decir que España ha aprobado o ha suspendido estos exámenes. Pero sí que podremos, una vez más, constatar que, lejos de poder permitirnos ser complacientes, la vigilancia y el control de los derechos humanos en nuestro país debe redoblarse e intensificarse. Será evidente que la protección de los derechos humanos no es una prioridad en la planificación de políticas públicas y que España tiene un serio déficit en lo que respecta a su capacidad para atender y hacer efectivas las recomendaciones y compromisos internacionales que emanan de los organismos internacionales de derechos humanos. Quedará, de nuevo, meridianamente claro que tenemos un problema de dotación de recursos tanto económicos como humanos cuando hablamos de políticas de derechos humanos. Pero sobretodo veremos que lo que falta en nuestro país es verdadera voluntad política para implementar estos principios, estas normas y estas prácticas que Naciones Unidas seguirá recordándonos. Nosotras, las entidades de la sociedad civil, seguiremos repitiéndolo, cada 10 de diciembre y los otros 364 días de cada año.

Si saliésemos a la calle a preguntar qué derechos consideran los ciudadanos y ciudadanas que son fundamentales, muy probablemente encontraríamos en esa lista el derecho a la educación, a la sanidad, a la alimentación, al trabajo o a la vivienda. Y, sintiéndolo mucho, deberíamos explicar a esos ciudadanos y ciudadanas que de esa lista, solo el derecho a la educación está recogido como derecho fundamental en nuestra Constitución.

El carácter de fundamental lo otorga la carta magna a aquellos derechos que gozan de un grado superior de protección. En la práctica quiere decir que serán atendidos por la justicia ordinaria utilizando un recurso preferente y sumario y que se puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El derecho a la salud, por ejemplo, sólo consta en la Constitución como un principio rector de la vida económica y social.

La pregunta es entonces, ¿por qué decidió el poder constituyente otorgar este plus de protección a unos derechos y a otros no? ¿cuáles fueron los criterios que se siguieron? O, mejor, ¿por qué no se protegen todos los derechos por igual?

La respuesta, desde una aproximación desde el derecho internacional, nos retrotrae, necesariamente, al año 1948 que marca el inicio del proceso de internacionalización de los derechos humanos con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y tras constatar que era necesario proteger a la ciudadanía de los abusos y desmanes de sus propios estados, la protección de la misma pasó a ser un asunto de interés internacional.

Sin embargo, el final de la guerra no sólo trajo consensos sino también grandes disensos, y pronto se vieron reflejadas las divergencias entre los aliados en la concepción de qué significa proteger los derechos de su propia ciudadanía.

De esta manera, los países occidentales de corte liberal, tenían en su propio ADN la concepción de los denominados derechos civiles y políticos, aquellos basados en el principio de libertad, como los más esenciales. Hablamos de derecho a la vida, a la integridad física y moral y las garantías frente a las detenciones arbitrarias, derechos del ámbito de la privacidad, libertad de conciencia y religión entre otros, a los que se suman los derechos que hacen posible la participación y el desarrollo de un estado democrático: libertades de expresión e información, de asociación y manifestación y, claro está, el derecho de voto.

Fueron estos derechos los que constituyeron los elementos de consenso mínimos entre los estados que buscaban la consolidación de las democracias liberales frente al modelo soviético. Este, por otro lado, antepuso los derechos basados en el principio de igualdad y, por tanto, daba preeminencia a la consecución de las condiciones mínimas e iguales de subsistencia (salud, trabajo, educación…), aquellas que configuran los conocidos como derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Esto condujo a que en el seno de Naciones Unidas, organización internacional global donde se encontraban todos estos estados representados, se adoptaran en el año 1966 dos tratados internacionales de protección de los derechos humanos diferentes, los conocidos Pactos, uno para los derechos civiles y políticos, y otro para los DESC.

Y esta diferencia primigenia, de razones históricas, es la que venimos arrastrando y sufriendo desde entonces. En nuestros estados y sociedades occidentales, las libertades públicas y los derechos políticos se protegen más y están mejor consolidados legislativamente, y por tanto tienen más tradición constitucional. Al menos, hasta ahora.

Sin embargo, son muchas otras las razones que se esgrimen para justificar el hecho de que los DESC no estén recogidos como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Intentaremos rebatir algunos de estos argumentos.

Por un lado se esgrime que los DESC son derechos de comportamiento, que sólo obligan al estado a intentar hacer lo máximo posible para realizarlos, pero que, en cambio, los derechos civiles y políticos son de resultado, obligan al Estado a conseguirlos, sí o sí. Esta diferencia es meramente política, no jurídica. Cambiar las obligaciones de “fomentar” o “promover”, por las de “garantizar” o “defender”, únicamente requiere un esfuerzo por parte del legislador, no conlleva ninguna dificultad jurídica. Por ejemplo, reconocer el derecho a la vivienda como derecho fundamental no significa que el Estado deba proveer directamente a cada ciudadano o ciudadana de un techo, pero sí que antepondrá ese derecho a otros, como el derecho a la propiedad o la protección de los intereses bancarios.

Por otro lado se argumenta que los derechos sociales son abstractos y poco concretos, que el derecho al trabajo, por ejemplo, necesita de una concreción por lo que respecta a las obligaciones positivas del Estado. En cambio, se dice, los derechos civiles y políticos son mucho más claros, el derecho a la reunión todo el mundo entiende a qué se refiere y el papel del Estado es inequívoco. Sin embargo, de nuevo, la supuesta falta de concreción de los DESC solo denota una falta de interés por parte del legislador en acotar exactamente cuáles deben de ser las obligaciones que acompañan a cada derecho. Es necesario legislar cada derecho, no la temática (el trabajo está muy regulado, constantemente, de hecho), para determinar claramente los titulares y las obligaciones estatales, pero no es un problema específico de los DESC.

Por último, otra de las razones que se utilizan más habitualmente para colocar los DESC en un plano secundario respecto de los civiles y políticos es su carácter prestacional y por tanto pecuniario. Para entendernos, que cuestan dinero y son caros. Garantizar el derecho a la participación política y por tanto la celebración de elecciones periódicas, en diversos niveles administrativos además, no cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Garantizar el derecho a un recurso judicial efectivo y por tanto establecer y mantener un sistema judicial operativo no cuesta mucho dinero, cuesta muchísimo dinero. Y estos son solo dos ejemplos de derechos civiles y políticos clásicos, de los más fundamentales.

Por tanto, de nuevo, mantener los derechos económicos, sociales y culturales como derechos de segunda categoría en nuestra constitución y en nuestro sistema legal, es una decisión política, no jurídica. No existe ninguna diferencia jurídicamente insalvable entre estos dos tipos de derechos, y así lo ha reiterado en diversas ocasiones el mismo Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas (Observación General nº 9, por ejemplo).

Para concluir, resulta también necesario argumentar la necesidad de dotar de fundamentalidad, y por tanto de mecanismos efectivos de justiciabilidad, a los DESC, puesto que son estos los que configuran nuestro estado del bienestar. Un marco constitucional más garantista permitiría afianzar las políticas sociales, demasiado expuestas en estos momentos a las reformas, ajustes o, directamente, recortes. Si entendemos el “gasto social” como inversión, inversión en futuro, inversión en cohesión, la reforma constitucional en este sentido resulta perentoria.

El pasado 9 de octubre, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que en la actualidad es el Sr. Nils Muiznieks, hizo público su informe tras su visita a España entre los días 3 y 7 de junio de este mismo año.

El informe, de apenas 50 páginas, recoge las impresiones, conclusiones y recomendaciones del comisario respecto a tres temas concretos: las repercusiones de la crisis económica y de las medidas de austeridad en los niños, estas mismas repercusiones en las personas con discapacidad y la función de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos humanos. En este artículo nos ocuparemos y preocuparemos de los dos primeros temas.

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa es una institución independiente y no jurisdiccional dentro del Consejo de Europa y tiene como mandato la promoción sobre el conocimiento y el respeto de los derechos humanos en los 47 estados miembro de la organización.

El actual comisario, de nacionalidad letona, sucede en el cargo al sueco Thomas Hammarberg (2006-2012) y al español Álvaro Gil-Robles (1999-2006). En un momento en el que la crisis económica y financiera y las medidas de austeridad impuestas por los estados como “consecuencia” de la misma han minado, como nunca antes, el discurso de los derechos humanos en las sociedades europeas, el comisario se propone entre sus objetivos la consolidación y reivindicación del mismo.

La justificación de la falta de recursos está sirviendo, y así lo constata en su informe con cifras el Comisario, para retroceder, recortar y dejar de proteger ciertos derechos. En concreto, el comisario pone su acento en dos colectivos de los más vulnerables, la infancia y las personas con discapacidad.

La tasa de pobreza infantil en España supera en estos momentos el 27% según el último informe de UNICEF. Los recortes presupuestarios aplicados a las ayudas sociales a las familias, a las becas comedor, para libros y transporte escolar, al personal docente –que se traduce en más niños por aula–, a la sanidad y los programas de atención sanitaria preventiva, y a un largo etcétera de recortes, sólo producirán un aumento en esa tasa.

El comisario recoge en su informe los efectos particularmente negativos que los desahucios tienen en los menores de edad, por lo que conllevan de pérdida de estabilidad familiar, escolar y social. También destaca el desmantelamiento de programas para la protección de la salud mental de los niños, programas especialmente vinculados a proteger a los niños de grupos sociales desfavorecidos.

Por lo que respecta a las personas con discapacidad, el informe es muy duro en lo referente a la aplicación de la conocida como Ley de la Dependencia. Y no sólo por la falta de recursos disponibles tanto por parte de la Administración Central del Estado como por parte de algunas comunidades autónomas, que ha sido crónica desde su aprobación, sino también por la falta de voluntad política para comprender la esencia de la ley. Tal y como recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la prestación de servicios a las personas con discapacidad no debe ser concebida como un sistema de medidas puramente asistenciales, sino como un sistema dirigido a la consecución de la autonomía de las personas con discapacidad, desde un enfoque basado en los derechos humanos. En palabras del comisario, el enfoque asistencialista da “lugar a que las personas con discapacidad sean sumamente vulnerables a la pobreza en tiempos de austeridad y de limitaciones presupuestarias”.

Entre los aspectos que se ven afectados por este “desenfoque” político y social, agravado por los recortes presupuestarios, el informe destaca, entre otros, la educación incluyente, el acceso al empleo digno y el derecho a la capacidad jurídica.

El rapapolvo del comisario es continuo y sistemático. La realidad es que, tras la crisis y la aplicación de estas medidas por parte del estado, los derechos de los niños y niñas y de las personas con discapacidad están menos protegidos, menos garantizados y son menos defendidos por las administraciones.

El informe incluye una serie de recomendaciones que podríamos resumir en la siguiente idea general: las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios no pueden realizarse a costa de recortar derechos. Entre las obligaciones internacionales que tiene contraídas España, hay que tener en cuenta la que se refiere a la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, por la cual España se compromete a no tomar medidas que supongan un retroceso en el goce efectivo de los mismos, como de hecho está sucediendo.

Es inaceptable. Así no, dice el comisario. Y decimos nosotros.

Estos recortes a penas generan contestación en la calle y, de hecho, las organizaciones de desarrollo se enfrentan a la realidad de la desmovilización social para reivindicar el mantenimiento de estas políticas. La justificación de esta falta de apoyo popular está tan manida como manipulada desde los estratos políticos y comunicativos: “en tiempos de crisis, primero los de casa. Si no hay para nosotros, no vamos encima a dar a los de fuera”.

Este argumento utiliza el miedo y las situaciones de incertidumbre para fomentar los prejuicios y difundir falsedades. Veamos por qué.

La ayuda oficial al desarrollo son todos aquellos recursos (económicos, humanos, materiales…) que un país pone a disposición de otros estados para colaborar en su desarrollo. Esta cooperación es una obligación de los estados según la Carta de Naciones Unidas de 1945 y se encuentra recogida en el artículo 1.3 de la misma que recoge los propósitos de la organización. Nada menos.

Sin embargo, el concepto de desarrollo no es unívoco y de hecho ha ido variando a lo largo de los años y la práctica de la cooperación. Durante años, este desarrollo se identificó con el únicamente económico y su éxito se medía con los aumentos del PIB y otros indicadores económicos. Con la introducción del concepto de desarrollo humano en los años 90 del siglo pasado se dio un paso en la concepción de este desarrollo y se empezaron a valorar aspectos como el nivel educativo, las condiciones sanitarias o el acceso a la justicia.

En este sentido, las políticas de cooperación han ido también variando y el entramado internacional de agencias donantes, programas y actores involucrados se ha ido complicando y agrandando, con lo que las diferentes agendas de cooperación se han visto ampliadas.

En este camino, también hemos observado cómo las políticas de cooperación se han visto muy influenciadas por otros intereses estatales, como los comerciales, los geoestratégicos o los puramente políticos, lo cual ha desvirtuado y desdibujado en numerosas ocasiones las intervenciones con objetivos de desarrollo.

Por tanto, ¿qué cooperación se ha hecho hasta el momento? ¿En qué se invierte la ayuda oficial al desarrollo? No es este el lugar ni es nuestra pretensión hacer un análisis exhaustivo de estas políticas, pero sí que nos resulta útil destacar que las políticas de cooperación se han ido configurando como un vehículo de exportación de nuestro propio modelo, tanto económico como político y social.

Así, la ayuda oficial al desarrollo se ha utilizado para fomentar cambios y reformas democráticas, para colaborar en la provisión de derechos y servicios básicos como la salud y la educación, para reforzar las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil… Es decir, entre otros objetivos, la cooperación al desarrollo ha pretendido hacer partícipes a otras sociedades de nuestro modelo de estado social y democrático.

En el momento en que este modelo, básicamente occidental, entra en crisis y deja de ser apoyado por las clases dirigentes (políticas, económicas, financieras…), se ven afectados todos sus componentes, entre ellos las políticas de cooperación al desarrollo. Los recortes en cooperación obedecen a la misma lógica que los recortes en sanidad o educación: la voluntad ideológica firme de querer acabar con el estado del bienestar, amparándose en justificaciones y argumentos economicistas supuestamente absolutos e irrenunciables (estabilidad presupuestaria, pago de deuda, adelgazamiento del sector público…)

La diferencia entre los recortes en cooperación y los recortes en otros sectores sociales, es que los primeros son más “baratos” políticamente y por eso se han llevado a cabo con mayor contundencia y rapidez. Y la culpa, entre otros, es del propio sector de la cooperación. No hemos sido capaces de consolidar una verdadera base social.

Se ha utilizado, erróneamente desde nuestro punto de vista, la justificación de la cooperación como las “políticas buenas” encaminadas a impedir que gentes de otros lugares decidan emigrar a nuestro país. El argumento es simple: “ayudémosles a mejorar su calidad de vida y así no vendrán aquí y harán peligrar nuestro sistema”. Como ocurría con el argumento anterior, éste también es falso y además no educa.

No hemos sabido explicar el mensaje básico de que la solidaridad internacional es una obligación. Nuestro modelo y ritmo de consumo está basado en la explotación de otros lugares y otras sociedades. Aplicar el 0,7% de nuestro presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo no es caridad de buenos samaritanos ni tampoco es una jugada calculadora donde se entremezclan otros intereses, es pura justicia social, recogida, además, en instrumentos internacionales.

Defender las políticas de cooperación es defender el estado del bienestar, aquí y allá. Porque las fronteras son cada vez más permeables, porque el sistema internacional basado en el Estado-nación hace décadas que se encuentra en la picota, porque luchar por mis derechos sin luchar por los de los demás es reclamar privilegios.

Resulta imprescindible renovar el papel de la cooperación al desarrollo, repensar el papel de las organizaciones no gubernamentales, rehacer la agenda política internacional y basarla en estándares comúnmente aceptados, como algunos tratados de derechos humanos, por ejemplo. Pero sobretodo, necesitamos hacer llegar nuestro mensaje más allá del sector de la cooperación: “el pobre del sur no es nuestro competidor ni nuestro rival en la distribución de los bienes y servicios recortados ideológicamente y, por tanto, artificialmente. Es un compañero de lucha, es un damnificado más de este sistema que nos ahoga”.

¿Primero lo de casa? Sí, por supuesto, primero los ciudadanos y ciudadanas del mundo.