España es el país de la Unión Europea donde más han aumentado las diferencias de renta entre los ciudadanos desde que se inició la crisis económica. En 2007 el 20% de ciudadanos más ricos tenía 5,5 veces más ingresos que el 20% de ciudadanos más pobres. En 2012, las desigualdades entre la población española han aumentado, ya que en este año el 20% de ciudadanos más ricos multiplican por 7,2 sus ingresos respecto de las rentas que perciben el 20% de los españoles más pobres.

Esta situación en 2013 ha ido a peor a tenor del reciente informe sobre la evolución salarial entre 2007 y 2013 elaborado por la escuela de negocios EADA y la empresa ICSA, que pone de manifiesto que los salarios de los directivos en España han aumentado un 7% en 2013, mientras que los de mandos intermedios y empleados se han reducido un 3,18% y un 0,47%, respectivamente. Este proceso de empobrecimiento real incide en el comportamiento del consumo y con éste de la demanda interna. De ahí la conveniencia de subir salarios, y retomar la vigencia de convenios colectivos, no sólo por justicia social, sino para favorecer el consumo; ya que la salida de la crisis no será solo gracias al buen comportamiento del sector exterior.

Cada vez se escuchan más voces que nos dicen que estamos saliendo de la recesión. Los datos macroeconómicos nos muestran que se modera, aunque levemente, la caída del PIB, gracias al buen comportamiento de nuestras exportaciones. Tras las caídas del PIB del 0,4% y del 0,1% sufridas en el primer y el segundo trimestre de 2013, es posible que comencemos a ver tasas trimestrales ligeramente positivas de crecimiento de la economía española en la segunda mitad del año. Pero la capacidad de las exportaciones para impulsar la economía es limitada. Es posible que nos estemos aproximando al final de la recesión, pero ¿la economía española habrá superado la crisis?

Los fundamentos de la demanda nacional siguen siendo muy débiles y los desequilibrios de nuestra economía, principalmente el elevado endeudamiento privado y después de la crisis, también público, permanecerán durante bastante tiempo. La escasa diversificación de nuestra economía y la ausencia de una política industrial siguen siendo dos de nuestros principales problemas. España ocupa el puesto 35 en competitividad global, según el informe elaborado por el Foro Económico Mundial. Alerta de la necesidad de apostar por la educación y la innovación, principalmente ante la reducción pública y privada de los presupuestos para investigación, innovación y formación.

Durante las décadas pasadas, casi todos los países de la OCDE han experimentado aumentos relevantes en el nivel de educación de su población, de acuerdo con Education at a Glance. No obstante, las diferencias de España con respecto a los promedios de la OCDE y de la UE21 siguen siendo importantes. En España, el 54% de los españoles de 25 a 64 años poseen estudios superiores a la primera etapa de Educación Secundaria, mientras que para el promedio de la OCDE y de la UE21 este porcentaje es algo más del 75% de la población. La mayor disparidad se establece en la población con segunda etapa de Educación Secundaria y postsecundaria no Terciaria (lo que equivale en España, básicamente, a Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio), ya que en España supone el 22% de la población pero en el promedio de la OCDE, el doble (44%); y en la UE21, más del doble (48%).

A efectos de explicar la competitividad de la economía, la segunda etapa de Educación Secundaria es muy relevante, ya que los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias en el mercado laboral global son cada vez más sofisticados y requieren la capacidad de responder a la incertidumbre y las demandas cambiantes de la economía. Pero en España, el porcentaje de jóvenes que accedieron en 2011 a estudios universitarios (el 53%) fue 7 puntos porcentuales inferior a la media de la OCDE y 6 menos que la UE21.

Y aunque en España, la tasa de titulación universitaria desde 1995 a 2011 ha crecido 8 puntos porcentuales, su evolución ha sido muy dispar. Se produjo un avance importante entre 1995 y 2000 pasando del 24% al 29% y se estabilizó en la década de 2000 alrededor del 30%. Desde 2008 se produce una recuperación gracias a los efectos de la crisis que ha prolongado los años de formación y a la implantación de los nuevos programas del proceso de Bolonia. Sin embargo, con la crisis económica y el aumento de las tasas universitarias, a partir de 2011 la tasa ha vuelto a situarse por debajo del 30%.

De hecho, la tasa del riesgo de pobreza entre los alumnos que cursan estudios superiores alcanza el 10%, por encima de la media de los 28 países de la Unión Europea, que es del 7,3%. Aunque cuanto más alto es el nivel educativo, más disminuye el riesgo de caer en la exclusión social –en España la tasa de riesgo de pobreza entre las personas con un nivel educativo inferior se sitúa al 26,3%, mientras que desciende al 16,9% para la población con estudios intermedios y al 10% entre los universitarios.

De la misma manera, alcanzar un mayor nivel de estudios aumenta la posibilidad de conseguir y mantener el puesto de trabajo. Pero desde 2007 la cifra de de parados que cuentan con un título de graduado superior en su currículum se ha multiplicado por 2,86. Así, los licenciados inscritos en las oficinas del INEM agrupan al 12,4% del total de titulados, frente al 5,2% de la Unión Europea (UE). El nivel formativo condiciona no sólo las posibilidades de conseguir empleo sino también el nivel salarial al que se aspira. En España las personas con estudios terciarios ganan un 40% más que las que han finalizado la segunda etapa de Educación Secundaria y un 60% más que las que han completado la primera etapa de Educación Secundaria o un nivel inferior.

Mejoras en salud

El nivel de estudios también tiene repercusiones en la salud. De media en los países de la OCDE, los individuos con mayor nivel educativo presentan una menor proporción de obesidad y una menor proporción de adultos fumadores que el nivel educativo inferior donde la proporción de obesos y de fumadores es superior. Además resulta rentable altamente invertir en educación. Las ganancias esperadas de la inversión en educación superan ampliamente la inversión realizada en todos los países de la OCDE. Hace falta personal altamente cualificado y productivo que siente las bases de un modelo de crecimiento basado en el conocimiento y en sectores de alto valor añadido. A medida que se incrementa el nivel educativo, mayores son los beneficios absolutos que genera la inversión en educación.

Pero no tenemos que reducir todo lo que hacemos a su utilidad económica, también debemos responder a la utilidad social. La educación es uno de los mejores modos de inclusión, de integración, además de contribuir al crecimiento económico. Es fundamental mantener los principios de equidad, para conseguir una libertad más justa. Porque no es posible hablar del talento como una condición natural, ya que la inteligencia se puede cultivar. Y porque la calidad sin equidad es elitismo.

No se trata solo de crecer, sino de apostar por un nuevo modelo de crecimiento sostenible y sostenido que requiere formación, I+D+i y capital tecnológico. Y de cómo se reparte ese crecimiento, ya que por sí mismo no siempre conlleva reducción de las desigualdades. El crecimiento económico debe servir para mejorar el bienestar social, y de ahí la importancia de conocer cómo se distribuyen los frutos de la incipiente recuperación económica.

Si bien es el sector exterior el que nos está sacando de la recesión, sólo podremos salir de la crisis con la apuesta interna por la educación y el conocimiento. Es lo que nos puede llevar a crear empleo neto aun con tasas reducidas de crecimiento en el PIB.

Sigue sin fluir el crédito a la economía real, continúa una fuerte reducción de las plantillas de los bancos, y sigue en aumento la morosidad y los desahucios ligados a los préstamos hipotecarios

Según estadísticas publicadas por el CGPJ, más de 350.000 familias se verán abocadas a abandonar su vivienda en los próximos cinco años

Hay soluciones que pasan por una mejor regulación financiera que equilibre las posiciones de las partes contratantes: ciudadanos y banca

En colaboración con Economistas Frente a la Crisis Economistas Frente a la Crisis

El sacrificio para salir de la actual crisis económica y financiera no está siendo compartido. Las ayudas públicas a la banca, que fue quien originó la crisis, son una constante desde el inicio de la misma y los privilegios de los banqueros apenas se han alterado.

Esta crisis evidencia la urgencia de profundizar en la regulación financiera. Legislación que exija mayor transparencia y mayores controles al gobierno corporativo de estas entidades, para evitar que los directivos asuman riesgos excesivos a corto plazo, que están en el origen de la crisis financiera de 2008. Es de lamentar que la reforma del gobierno corporativo en las instituciones financieras no se llevara a cabo aprovechando situaciones como la creación del FROB. Son bienvenidos, aunque se produzcan por exigencias de la Unión Europea, cualquier control y limitación a las cuantiosas remuneraciones de directivos bancarios.

El proceso de reestructuración del sistema financiero, además de acabar con las cajas de ahorros –que, por cierto, se mantienen en otros países como Alemania– y con ello su papel relevante en la financiación de las PYMES y en el desarrollo de una política industrial territorial, ha supuesto ya más de 140.000 millones de euros de ayudas públicas a la banca. Primero 40.000 millones a través del FROB, y después el rescate europeo, del que ya se han utilizado 42.000 millones de una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros.

Para terminar privatizando las ganancias y nacionalizando o socializando las pérdidas a través del “banco malo” (SAREB) creado a finales del pasado año. Todo ello sin exigir responsabilidades a los banqueros sobre la evolución de eso que ahora llamamos “activos tóxicos” en sus carteras, cuando la toxicidad la han generado ellos mismos aplicando en no pocas ocasiones criterios irresponsables en la concesión de créditos hipotecarios. Pone de manifiesto la necesidad de prohibir a las entidades financieras estar en el accionariado de las tasadoras y endurecer su régimen disciplinario, para que las tasaciones sean obligatorias e independientes de los bancos.

También de Europa nos viene la necesaria mejora de la supervisión y control de las entidades financieras, que llevará a cabo la recientemente creada Autoridad Bancaria Europea, homogeneizando los procedimientos de supervisión con las mejores prácticas que se hacen en los distintos países, y aumentar la transparencia de las operaciones activas y pasivas de las entidades de crédito.

Las consecuencias de la reestructuración financiera en nuestro país todavía son bastante negativas. Sigue sin fluir el crédito a la economía real, continúa una fuerte reducción de las plantillas de los bancos (tan sólo en 2012, 55.000 personas menos), y sigue en aumento la morosidad y los desahucios ligados a los préstamos hipotecarios.

El problema de los desahucios deriva en muchos casos de una mala praxis del sistema financiero, e incluso de fraudes de las entidades financieras. La Ley hipotecaria en vigor, que data de 1946, resulta insuficiente, y será también la UE, esta vez, a través del Tribunal de Estrasburgo, la que nos fuerce su necesaria y urgente reforma. Requiere cambios profundos para equilibrar la relación desigual que hoy se produce entre bancos y deudores. Entre otros la prohibición de cláusulas abusivas, como los desorbitados intereses de demora, que estamos conociendo cada día en numerosos préstamos, y la incorporación de la dación en pago, vigente ya en otras legislaciones de nuestro entorno.

Según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, más de 350.000 familias se verán abocadas a abandonar su vivienda en los próximos cinco años, fruto de las ejecuciones hipotecarias que se han venido produciendo a raíz de la crisis. El drama de las familias desahuciadas se agrava aún más con la merma actual de políticas públicas de vivienda, la práctica ausencia de medidas que fomenten el mercado público del alquiler social, la drástica reducción de la obra social de las extintas cajas de ahorros,etc. Por no hablar de la dramática situación de desempleo que vive este país que podría provocar un incremento sustancial de fallidos abundando en este grave problema social.

No es de extrañar que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguiera el respaldo de la firma de más de 1,4 millones de ciudadanos, para regular la dación en pago e intentar poner coto al drama de los desahucios.

La dación en pago, fórmula consistente en saldar la deuda con la entrega de la casa financiada, es una cuestión de justicia social. Su respaldo legislativo permitiría encauzar un número mayor de acuerdos entre ciudadanos y entidades bancarias, en los que tendrían mayor cabida las renegociaciones de las deudas y de las condiciones contractuales pactadas en su día. Sin embargo, no es una vía fácil de articular, ni un tema exento de controversia.

Es cierto que con la regulación de la dación en pago el tipo de interés de las hipotecas subirá, ante la asunción de mayor riesgo por parte de las entidades financieras. Pero ello puede ayudar a prevenir la especulación, mejorar la transparencia del sector, aumentar el rigor en el análisis de los riesgos y la concesión de los préstamos y evitar hipertrofias del sistema financiero, que termina sin cumplir su principal función: canalizar ahorro hacia la inversión y la economía real. Es también cierto que estos mayores costes financieros de las hipotecas excluirán de la compra de viviendas a un porcentaje importante de la sociedad. Ello, per se no es malo, ya que puede ayudar a cambiar nuestra cultura de compra y orientarnos hacia el alquiler como opción igualmente válida; evitando, al propio tiempo, situaciones como la que ahora vivimos de un sobreendeudamiento privado.

El lobby bancario, con bastante poder económico y político en nuestro país, ha puesto el grito en el cielo. En síntesis, para ellos, la dación en pago, sobre todo si es retroactiva, crearía inseguridad jurídica, poniendo en peligro las garantías que en este momento tienen los títulos hipotecarios emitidos al país. Asimismo, estrangularía la liquidez de las entidades, perjudicando aún más la grave situación del crédito.

¿Qué hay de cierto?

El principal instrumento de financiación de nuestros bancos, y con la crisis de deuda el único que últimamente consiguen emitir en los mercados de capitales, son bonos con garantía hipotecaria, las llamadas cédulas hipotecarias. Son títulos emitidos por las entidades financieras que pagan un interés fijo y que tienen como garantía la totalidad de los créditos hipotecarios concedidos por la entidad que los emite. Además, la banca emplea las cédulas también como garantía para acceder a la barra libre de liquidez abierta por el Banco Central Europeo (BCE) y evitar el colapso de nuestro sistema financiero.

Los bancos nacionales tienen emitidos más de 425.000 millones de euros en cédulas hipotecarias garantizadas con el reembolso de los préstamos que han ido concediendo para la compra de viviendas. La calidad de esta inmensa deuda, la más demandada por los inversores extranjeros, podría verse afectada si se regula la dación en pago con carácter retroactivo y de manera generalizada. Y ello repercutiría en las rentabilidades que por estas cédulas tienen que ofrecer los bancos que dependen del nivel de solvencia que les asigna el mercado. Y también reduciría su valor como garantía para el BCE provocando más restricción de crédito. Lo que retrasaría la reactivación y la creación de empleo, provocando probablemente más desahucios.

Es preciso, en primer término, focalizar el problema de los posibles impagos de las hipotecas a las situaciones de vulnerabilidad. De las 116.279 ejecuciones hipotecarias intervenidas ante notario desde enero de 2007 hasta noviembre de 2012, según la estadística del número de actos relacionados con las ejecuciones hipotecarias del Consejo General del Notariado, la mitad aproximadamente, unas 58.000, han terminado en dación en pago. De la otra mitad, un número importante se refiere a segundas viviendas. La retroactividad de la dación en pago se debe restringir sólo para las economías domésticas más golpeadas por la crisis, buscando además alternativas para esas familias, como por ejemplo el alquiler social en el parque de viviendas que los propios bancos rescatados mantienen sin vender. Este proceso retroactivo debe ser con tutela judicial, que sea quien dictamine que el deudor desahuciado es de buena fe y que hay causas objetivas para impagar la hipoteca.

En segundo lugar, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que establece que si la subasta de la vivienda queda desierta el banco se queda con la casa por el 50% del valor de tasación. Esta situación debe suavizase.

En tercer término, aprobar una ley de segunda oportunidad, similar a la que ya tienen otros países como Bélgica, Alemania o Francia. Una ley de insolvencia especialmente adaptada a las personas físicas que permita dar una solución a la insolvencia, reglando el proceso a seguir y la posibilidad de suspensión del procedimiento hipotecario mientras no estuviera resuelto ese concurso, declaración de suspensión de pagos o insolvencia personal y/ó familiar.

Aunque no podemos olvidar que el sistema financiero español se está saneando y recapitalizando con fondos europeos. Cualquier cambio que pueda afectar a sus activos y balances, como una reforma de la ley hipotecaria y, en concreto, la fórmula de la dación en pago, debe pasar el filtro de los socios comunitarios.

Hay soluciones a esta tragedia que pasan por una mejor regulación financiera que equilibre las posiciones de las partes contratantes: ciudadanos y banca. Y que, por tanto, controle y reduzca la posición dominante de la banca en esta relación. Así los sacrificios para salir de la crisis podrían empezar a compartirse.

La recuperación será a unos ritmos de crecimiento muy reducidos y partiendo de unos niveles de empobrecimiento de la población

España se ha convertido en el Estado con mayor desigualdad social de los 27 que conforman la Unión Europea

Los parados de larga duración en España representan más de la mitad de los casi 6 millones de desempleados que hay en nuestro país

En colaboración con Economistas Frente a la CrisisEconomistas Frente a la Crisis

España está en depresión. Uno de cada cuatro trabajadores está en el paro y más de la mitad de los jóvenes están en desempleo. El pronóstico para el futuro inmediato es más de lo mismo, incluso peor: en este año 2013 una caída de la economía española del 1,4% como consecuencia de los recortes, que elevará la tasa de paro hasta el 26,9% según las previsiones de la OCDE.

Las recetas de austeridad nos están conduciendo a una crisis más profunda, provocando una disminución de los ingresos y un aumento de los gastos por las prestaciones de desempleo. Las políticas económicas erróneas de los Gobiernos conservadores de la UE y España, además de no permitir el cumplimiento de los objetivos de déficit, están dando lugar simultáneamente a un menor crecimiento y a una mayor desigualdad.

Es verdad que aunque sólo sea por la teoría de los ciclos económicos sabemos que España saldrá de la crisis, pero ¿cómo lo hará y qué pasará si no crecemos lo suficiente? ¿Cuáles serán las consecuencias más previsibles de la recesión prolongada que estamos viviendo?

1.- La recuperación será a unos ritmos de crecimiento muy reducidos y partiendo de unos niveles de empobrecimiento de la población y de un gran retroceso en derechos y factores de competitividad, como la formación de capital humano, la investigación, desarrollo e innovación y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un estudio de Intermón Oxfam indica que necesitaremos 25 años para recuperar los niveles de bienestar previos a la crisis.

2.- El aumento desmesurado del paro y los recortes en el estado del bienestar y los servicios sociales están provocando un drástico aumento de la desigualdad. España se ha convertido en el Estado con mayor desigualdad social de los 27 que conforman la Unión Europea. Desde hace cinco años, la brecha entre los hogares que más ingresan y los que menos no ha parado de crecer. Los más ricos ingresan 7,5 veces más que los más pobres, lo que supone un incremento de dos puntos en el desfase desde el inicio de la crisis. En un año se ha elevado en dos puntos el porcentaje de hogares que viven bajo el umbral de la pobreza. Ahora, el 22% de la población se encuentra en esa situación, 1,7 millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro y hay más de 300 desahucios diarios. En este contexto, los recortes a los servicios sociales de carácter universal tienen un efecto trágico sobre la cohesión social.

3.- Con una recesión prolongada, la desigualdad da lugar a un debilitamiento de la economía. Los más ricos gastan (y consumen) una menor proporción de sus ingresos que los más pobres (a los que no les queda más remedio que gastárselo todo). Se produce un círculo vicioso: mayor desigualdad social, menor consumo, menor demanda agregada, y de nuevo, mayor desigualdad. Además, si no crecemos, los bancos encontrarán nuevos argumentos para no prestar dinero, los precios de la vivienda seguirán disminuyendo, y las familias se empobrecerán cada vez más, lo que contribuirá a inhibir más el consumo.

4.- Las políticas de recortes aplicadas en esta crisis están desmantelando nuestro estado del bienestar, la cohesión y la justicia social, y además perjudican el crecimiento. Desde el punto de vista económico son políticas erróneas. Se crece más económicamente si se crece en derechos y protección social. Las políticas de bienestar social son, además de un instrumento fundamental de solidaridad para corregir las profundas desigualdades que todavía afectan a nuestro país, un factor de dinamización del consumo al permitir mantener la capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población. Reducir las pensiones, las prestaciones por desempleo u otras prestaciones económicas tiene un inmediato efecto en el retraimiento y caída del consumo y por tanto de la actividad económica.

Tampoco podemos olvidar que tras las políticas sociales hay una intensa generación de empleo: la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia y la educación son muy intensivas en mano de obra. Es más, en los últimos años donde más empleo se ha creado es precisamente en los servicios sociales y la atención a la dependencia, con una relación de coste por empleo generado de lo más favorable. La reducción de las políticas sociales esta teniendo ya un impacto considerable en la destrucción de empleo, muy en especial en lo que se denomina tercer sector u organizaciones no gubernamentales.

5.- Las políticas correctoras como los impuestos pierden poder de redistribución de riqueza. En un período prolongado sin crecimiento se produce un incremento de las personas sin empleo y las que tienen trabajo precario. El esfuerzo fiscal se traslada desde la imposición directa a la indirecta, perjudicando a los colectivos más vulnerables que cuentan con menos recursos pero tienen necesidad de seguir afrontando gastos de consumo de primera necesidad. Es preciso un aumento equilibrado de los impuestos, incorporando la tributación de las grandes fortunas, para favorecer la redistribución de la riqueza, y con ésta, el aumento del PIB y el empleo.

6.- La recesión prolongada perjudica gravemente a los más jóvenes. En nuestro país más de la mitad de los jóvenes están desempleados. Muchos jóvenes están emigrando ante la falta de oportunidades y de futuro en nuestro país. La pérdida de capital humano y de talento puede ser irreversible y es seguro que condicionará la recuperación. Incluso en lo más básico, la tasa total de pobreza infantil se sitúa ya en el 27,2%, es decir, más de 2,2 millones de niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza (ingresos de 15.820 euros al año para una familia de dos adultos y dos menores de 14 años).

7.- El desempleo de larga duración se convierte en estructural, lo que supone, además de un drama humano y social, una descapitalización de la mano de obra que hace cada vez más difícil su recolocación en el mercado de trabajo. Los parados de larga duración en España representan más de la mitad de los casi 6 millones de desempleados que hay en nuestro país. La tasa de paro entre los mayores de 55 años pasó del 5,5% de finales de 2007 al 16,8% en junio de 2012, y sigue aumentando con la prolongación de la crisis. El 67% de este colectivo de parados lleva más de un año intentando encontrar un empleo sin éxito.

8.- Una recesión prolongada puede derivar en una cada vez mayor conflictividad social e indignación de la ciudadanía cansada de los recortes y sacrificios que se le están exigiendo. Afortunadamente la madurez democrática de la sociedad española sabe discernir entre lo que es la justa y legítima protesta por la vulneración de nuestro estado del bienestar a causa de unos ajustes tan desmedidos como carentes de propuestas para el crecimiento y la generación de empleo, y lo que es la convivencia que garantiza la paz social. Pero también esa madurez democrática se basa en límites infranqueables, como los de la protección y la cohesión social.

La crisis ha antepuesto la economía a la política. Resulta urgente que la política recupere la gobernanza económica y que incorpore reformas que mejoren nuestro sistema democrático y social, impulsando la transparencia. La crisis está haciendo asimismo que no exista ninguna tolerancia hacia la corrupción de determinados cargos públicos políticos.

La ciudadanía, ante los reiterados incumplimientos de los programas electorales de los gobernantes reclama la denominada “democracia real”, esto es, una mayor participación además de su derecho a votar cada cuatro años. La política debe escuchar la voz de los ciudadanos y debe permitir corregir los fallos del mercado. La desregulación financiera y detrás de ella, la desregulación también de sectores con alcance sistémico sobre la eficiencia de la economía (como es la desregulación del mercado de trabajo o de la energía), no es liberalización. Es, simplemente, mala regulación, porque regulación y liberalización no son conceptos excluyentes sino complementarios.

Cualquier sistema económico debe tener reglas y normativas que no solo protejan a los ciudadanos trabajadores frente a los más poderosos, sino que no permitan que éstos se enriquezcan aún más a expensas del resto de la sociedad. Los mercados por sí solos dan lugar a altos niveles de desigualdad, unos resultados que generalmente se consideran injustos. Uno de los papeles que ha de asumir el gobierno es redistribuir los ingresos, sobre todo cuando los resultados de los procesos de mercado son demasiado divergentes respecto de los que reclaman la misma eficiencia asignativa y la equidad social.

Que al menos la profunda crisis que estamos viviendo nos sirva de oportunidad para poner en marcha reformas políticas y económicas que, parafraseando a Stiglitz (2012) en El precio de la desigualdad, nos permitan conseguir una sociedad más justa y equitativa, además de una economía más sólida y estable.

La austeridad no es déficit cero, es eficiencia en la inversión y en el gasto público

La competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas se consigue invirtiendo en desarrollo y capital tecnológico

¿Dónde quedó el “Plan Marshall” de la UE de 120.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea en el pasado mes de junio?

Europa ha entrado en una segunda recesión tras la experimentada en 2009. El PIB de las 17 economías del euro no ha crecido durante los últimos cuatro trimestres. En el tercer trimestre de 2012 cayó el 0,1%, y en el anterior el 0,2%. España, según la Comisión Europea, será el último país europeo en salir de la crisis. Con una tasa actual de paro del 25% y más de la mitad de los jóvenes españoles en desempleo, destruirá unos 500.000 puestos de trabajo en 2013, y reducirá su PIB otro 1,4% más.

Equilibrar las finanzas públicas es necesario. Pero la austeridad no es déficit cero. Es eficiencia en la inversión y en el gasto público. Y los ajustes fiscales en plazos muy restrictivos y aplicados de forma simultánea en todos los países de la Unión Monetaria, sin discriminar entre los mismos según la situación de sus economías y sus dispares estructuras de deuda total, acentúan el estancamiento de la eurozona. Particularmente el de España, comprometiendo la recuperación de nuestros ingresos fiscales, muy necesarios para no deteriorar nuestra solvencia.

Pero más allá de las políticas de austeridad existen herramientas que deben ayudarnos a recuperar la senda del crecimiento. Veamos algunas de ellas:

Resulta urgente adoptar medidas que apuesten por estos factores para poder crecer y generar empleo. Alemania y Francia no han recortado en investigación y desarrollo, y aunque empiezan a perder fuelle, siguen siendo las dos locomotoras de Europa.

Pero las políticas de crecimiento requieren un mayor presupuesto comunitario financiado con verdaderos recursos propios de la Unión. ¿Dónde quedó el “Plan Marshall” de la UE de 120.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea en el pasado mes de junio? Muy al contrario, se recortan los presupuestos de la UE y de España para 2013, hipotecando el llamado “Horizonte 2020”.

La huelga general supone el fracaso del dialogo social y la negociación colectiva en los países desarrollados ¿Es necesaria en estos momentos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las razones económicas que la justifican?

La crisis actual ha antepuesto la ideología a la economía. Los mercados financieros han ocupado el espacio que la política les ha permitido, y su especulación se ha demostrado insaciable.

Nos quejamos de la acción interesada e influencia del monopolio de las agencias de calificación, que van encareciendo progresivamente las emisiones de deuda española y favoreciendo así el enriquecimiento de los especuladores. Sin embargo, los Gobiernos no han cambiado las reglas que les dan su poder ni han sido capaces de crear alternativas a su función.

Basta ver la evolución histórica de la prima de riesgo española (esto es el diferencial del rendimiento del bono español a diez años con el bono alemán, en puntos básicos) para darnos cuenta de que los mercados financieros, que originaron la crisis, son insaciables. Y los Gobiernos neoliberales que dictan el futuro de Europa y España lo aceptan.

En España, después de modificar la Constitución en septiembre de 2011 para introducir la “regla de oro” de cumplimiento de un déficit estructural global máximo del 0,4% del PIB, las agencias de calificación respondieron quitando a España la triple 'A', y los mercados financieros elevando la prima que marcó su máximo histórico entonces en 170 puntos básicos.

Desde entonces, la actuación efectiva de los mercados y los políticos neoliberales han ido aplicando fielmente su programa ideológico máximo. Primero con una reforma laboral que, con el argumento de flexibilizar el mercado laboral, ha incentivado los despidos y la temporalidad -en sólo 6 meses contamos con 500.000 desempleados más y un incremento del 80% de la temporalidad-.

Después, con el proceso de reestructuración del sistema financiero, que además de acabar con las cajas de ahorros y su papel en la financiación de las PYMES y en el desarrollo de una política industrial territorial, ha supuesto ya más de 140.000 millones de euros de ayudas públicas a la banca. Para terminar creando el “banco malo” para privatizar las ganancias y nacionalizar o socializar las pérdidas. Sin exigir responsabilidades a los banqueros sobre la evolución de eso que ahora llaman “activos tóxicos” en sus carteras, cuando la toxicidad la han generado ellos mismos aplicando criterios irresponsables en la concesión de créditos hipotecarios.

Pero la prima de riesgo y las exigencias de los mercados y los gobiernos neoliberales han seguido su escalada. Ni la reforma laboral, ni el rescate europeo de 100.000 millones de euros para la banca, ni los mayores ajustes de la democracia aplicados por el Gobierno de Rajoy de 65.000 millones en julio de 2012, fueron suficientes. Y la prima llegó a alcanzar 638 puntos en julio de 2012.

Los recortes continúan en los recientes Presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas para 2013. Y con ellos el desmantelamiento de una de las fortalezas de la economía española: nuestro Estado del Bienestar. Los servicios públicos cuentan ya con 350.000 trabajadores menos que hace dos años. La sanidad ya no es gratuita y universal con la generalización del repago. Con la grave reducción de becas (47,8 millones de euros menos) y el aumento de tasas, la educación pública deja de estar al acceso de todos los jóvenes, perjudicando la igualdad de oportunidades. Se paraliza la aplicación de la Ley de la Dependencia dejando a los más débiles sin protección.

Al tiempo los Gobiernos Europeo y Español siguen sin incorporar estímulos al crecimiento y al empleo. En 2013 en España habrá, sólo en inversiones reales y transferencias de capital, 2.236 millones de euros menos que en 2012. Los recortes en inversión productiva, educación e investigación y desarrollo merman nuestros factores de competitividad y frenan la recuperación de nuestra economía.

Pero los mercados no se calman. La prima de riesgo vuelve a los 450 puntos. La sumisión a los mercados financieros y las políticas neoliberales que provocaron la crisis continúan agravándola. La espiral de recortes y disminución del gasto público no tiene fin.

Es una política económica errónea que ha aumentado el déficit. Según la Comisión Europea llegará al 8% del PIB este año (y no al 7,3% previsto por el Gobierno), al 6% en 2013 (frente al 4,5% del Gobierno) y al 5,8% en 2014 (versus 2,8% del Gobierno). El Gobierno volverá a tomar medidas adicionales de ajustes.

Y los ajustes agravan la recesión. Las previsiones van de mal a peor, para el FMI la economía española se contraerá un 1,5% en 2012 y un 1,3% en 2013, y para la Comisión Europea decrecerá un 1,4% este año y otro 1,4% adicional en 2013.

Se incrementa angustiosamente el paro. Por primera vez, la tasa de paro supera el 25%, con 5.778.100 personas paradas según la EPA del tercer trimestre de 2012, cifra máxima de la encuesta iniciada en 1964. Con un paro de larga duración que afecta a más del 50% de los desempleados, y con más del 52% de nuestros jóvenes en paro condenados a la exclusión social y a la emigración, el panorama sobre el futuro del país es aterrador.

Y mientras el paro está disparado y no deja de aumentar, la respuesta del Ejecutivo es recortar las prestaciones por desempleo, haciendo todavía más delicada la situación de cientos de miles de personas.

Sin crecimiento económico y sin creación de empleo, el Gobierno con su errónea política económica está inmerso en la espiral de la austeridad. Sin actividad y sin consumo no aumenta la demanda interna y se reducen los ingresos públicos, al tiempo que aumenta el gasto en prestaciones por desempleo. El Estado se ve obligado a endeudarse aún más (en 2013 los gastos financieros aumentarán un 33,7% alcanzando los 38.660,23 millones de euros), y de nuevo para tratar de cumplir con el objetivo de déficit, a una política de mayor austeridad.

Política que sufren los trabajadores, a quienes se les recortan sus derechos fundamentales laborales y sociales; sufren una pérdida considerable de su poder adquisitivo por las reducciones salariales unidas a los incrementos del IVA, el IBI, el IRPF, la luz, los transportes, las tasas,…; lo que nos conduce a una mayor desigualdad y a la llamada devaluación interna o empobrecimiento de la población. Hoy unas 300.000 familias sobreviven gracias a la pensión del abuelo, según un Estudio Social de la Fundación La Caixa. En contrapartida, Crédit Suisse predice que el número de multimillonarios se duplicará en España de aquí al fin de la crisis, por supuesto en detrimento del 22% de los españoles que ya viven por debajo del umbral de la pobreza.

El sacrificio no es compartido. Las ayudas públicas a la banca, que generó la crisis, han sido una constante desde el inicio de la misma y los privilegios de los banqueros apenas se han alterado. Sin embargo, sigue sin fluir el crédito a la economía real, y vivimos escandalizados por el drama social de más de 500 desahucios de media al día.

No se ataca con decisión el fraude fiscal, ni se exige mayor esfuerzo a las grandes empresas y grandes patrimonios. Y con la amnistía fiscal a quienes defraudan se dejan de recaudar 38.500 millones de euros. Las élites económico financieras se salvan de la crisis e incluso sacan beneficio de ella. Y todo porque los Gobiernos no ponen límites ni regulan.

La política económica neoliberal no sirve para reactivar la economía y puede llevar a la quiebra de nuestro modelo social.

Esperemos que la movilización social del 14 de noviembre a escala europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con el objetivo de expresar el rechazo a los recortes y a las medidas de austeridad, haga rectificar a nuestros gobernantes, reorientado su actual política económica fallida.

Desde Economistas Frente a la Crisis estaremos muy atentos, haciendo un seguimiento de la huelga en España mediante un indicador de consumo eléctrico, que permitirá certificar su autentico alcance y estará disponible en nuestra página Web en tiempo real.

Y el día después esperemos que nuestros gobernantes tengan altura de miras y se acuerden de cómo en el New Deal, cuando el Presidente Roosevelt estaba ajustando sus medidas económicas, recibía a sindicatos y organizaciones progresistas que le hacían las peticiones que creían justas. El Presidente las valoraba y al despedirse de ellos les decía algo parecido a: “¿Creen en ellas? Pues presiónenme desde la calle”. Lo hicieron y las movilizaciones sociales jugaron un papel crucial para conseguir avances sociales y para evitar recortes en derechos. Lo cuenta Naomi Klein (2007) en La doctrina del shock. No basta con que las cosas sean justas, es necesario que se conviertan en una fuerza que contrarreste otras presiones de los poderosos. La economía es también eso.