La estimación de aumento del Índice General de Precios de Consumo (IPC) ha sido del 5,5% en octubre, según ha avanzado el INE. Esto supone un crecimiento intermensual del 2% en este mes y un aumento del 5,2% en los diez primeros meses de 2021. El crecimiento intermensual registrado en octubre implica una importante aceleración de los precios de consumo en los tres meses posteriores al pasado julio. En este periodo (agosto-octubre) el IPC ha registrado un aumento acumulado del 3,3%.

En el comportamiento del IPC destacan las subidas registradas por los precios de la electricidad y, en menor medida, por los grupos de productos correspondientes a carburantes y lubricantes para vehículos personales y el gas. Esta evolución ha contrastado con la experimentada en octubre del año pasado, cuando dichos grupos de productos registraron descensos.

La inflación subyacente (no incluye los alimentos no elaborados ni los productos energéticos) tuvo un aumento del 1,4% en octubre. El diferencial del crecimiento del índice general con la tasa correspondiente a la inflación subyacente fue de 4,1 puntos porcentuales, mientras que en septiembre la diferencia en cuestión había sido el 3%.

Esta evolución podría implicar que los aumentos de precios registrados en los productos energéticos después de julio de 2021 no se han traducido todavía en una inflación generalizada, aunque la variación de la inflación subyacente en octubre de este ejercicio supera ampliamente a la de los dos años precedentes. La inflación registrada en octubre implica que se habrían superado las previsiones de Funcas para todo el año, que eran de un crecimiento interanual en diciembre del 4,8% y de un 1,2% en la inflación subyacente.

Después de registrar una intensidad reducida en el periodo comprendido entre 2013 y 2020, la inflación ha reaparecido en España en 2021, de forma equivalente a lo que está sucediendo en numerosos países industriales. El mayor aumento del IPC en 2021 ha estado impulsado por el grupo correspondiente a productos energéticos, cuya variación anual en septiembre había sido del 28,8% (no se dispone de la variación interanual de dicho grupo de productos en octubre, que ha debido acelerarse en este mes). El grupo de carburantes y combustibles había registrado en septiembre un aumento interanual del 21,2%, lo que implica que esta variación también ha incidido de forma directa en el mayor aumento del IPC.

La evolución de los precios de los productos energéticos en 2021 contrasta con la experimentada entre 2013 y 2020, cuando dicho grupo de productos registró un descenso medio anual del 14,3%. Los precios de los productos industriales de consumo habían aumentado en un 5,4% en septiembre, lo que indica que los mayores precios de los combustibles podrían estarse trasladando a los precios de venta de la industria, mientras que los servicios habían mantenido un aumento interanual bastante más moderado hasta septiembre, el 0,9%.

Según el Fondo Monetario Internacional (Perspectivas Económicas, octubre 2021) son varios los factores causales de la reaparición de una tasa de inflación significativa. Entre ellos destacan en primer lugar las restricciones de oferta, asociadas con decisiones empresariales adoptadas en 2020 en la etapa de mayor confinamiento derivado de la pandemia.

Restricción de la oferta

Como consecuencia de la rápida recuperación de la demanda, son abundantes las empresas que están sufriendo retrasos en los suministros, escasean los microchips, hay escasez de contenedores y está siendo lento el suministro de productos intermedios a las empresas productoras de bienes finalistas. Estas restricciones de oferta no solo están produciendo aumentos en los precios, sino que también están dando lugar a reducciones en los niveles de producción, lo que puede dar lugar a que el crecimiento económico general en 2021-2022 sea inferior al previsto.

Un segundo factor causal de la mayor inflación es el importante aumento registrado en los precios de las materias primas. Dentro de estas últimas los precios del petróleo y gas natural han registrado los mayores aumentos, el 60% en 2021, incremento más intenso que el de otras materias primas, cuya variación en 2021 ha sido del 30%. Se han producido asimismo subidas de los precios de los productos alimenticios, en especial en los países con mayor inseguridad alimenticia. No se han apreciado todavía reacciones defensivas por parte de los salarios, aunque todo indica que se pueden dar si se intensifican las subidas de precios.

La inflación ha reaparecido, pues, en España y en el resto de la Eurozona, arrojando con su mayor incremento dudas significativas sobre la persistencia de la expansiva política monetaria actual, que ha favorecido el mantenimiento de mayores ritmos de crecimiento en el periodo crítico de la pandemia. Los estrangulamientos de la oferta afectan al alza a la inflación y reducen el crecimiento de la economía. El panorama económico se ha ensombrecido, a pesar de la evidente recuperación de la actividad y del empleo que revelan los resultados de la Encuesta de Población Activa en el tercer trimestre de 2021.

En nota de prensa de 21 de julio, el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria (FROB) informó acerca de la resolución del proceso de venta de Catalunya Banc. Tras la oportuna subasta, el banco BBVA había comprado al FROB dicha entidad de crédito por una cuantía de 1.187 millones de euros. El precio citado correspondía al 100% del capital de la entidad en cuestión, del que el FROB, vehículo estatal de resolución bancaria, posee el 66%. La noticia tenía un componente tranquilizante, como es que el BBVA comprase la antigua Caixa Cataluña a buen precio, unos 600 millones de euros más un generoso crédito fiscal del gobierno.

La noticia de la compra implicaba que se había vendido una entidad de crédito con un activo patrimonial neto de 2.500 millones de euros por un coste muy inferior. Se supo que la oferta del BBVA mejoraba sustancialmente la de los otros dos competidores, Santander y CaixaBank, que tendrían que ser realmente de menguado alcance. Se revelaba asimismo la disposición del FROB de atender a otros vicios ocultos de Catalunya Banc susceptibles de salir a la luz a partir de ahora.

Se consideraba, además, que el ajuste del sistema financiero español había recibido un empujón definitivo y que, por supuesto, la operación citada suponía un paso decisivo en la “normalización” del mismo. Los activos bancarios de las tres primeras entidades de crédito (Santander, BBVA y CaixaBank) se aproximan al 57% del conjunto de las trece entidades españolas de mayor dimensión, lo que implica una cuota superior en el mercado interno.

Se prevé que, una vez terminado el proceso de consolidación, el trío citado de entidades controlará unos dos tercios del negocio bancario español. En este momento Santander destaca en volumen de activos, depósitos y capitalización, BBVA tiene la cartera de créditos de mayor dimensión y CaixaBank es la primera entidad en número de oficinas bancarias.

Pero la noticia de la operación de venta de Catalunya Banc vino acompañada de la confirmación de que lo que se va a recuperar con la venta es una proporción reducida (alrededor del 6,5%) respecto de lo aportado desde el gobierno, 12.052 millones de euros en el caso de Catalunya Banc. De ahí se ha pasado a extrapolar que, en conjunto, se puede perder una parte importante de los recursos totales aportados y que el coste de la normalización bancaria citada va a resultar un tanto pesado para el conjunto de la economía española.

El Tribunal de Cuentas ha estimado en 107.914 millones de euros los recursos aportados al saneamiento bancario, de los que 32.300 corresponderían al Fondo de Garantía de Depósitos. La Comisión Europea ha estimado en 88.140 millones de euros las ayudas totales de capital concedidas, el 8,4% del PIB, por encima de la media europea, que ha sido del 4,6%. Las perdidas estatales aseguradas hasta el momento por el rescate bancario van por los 42.852 millones de euros.

El alcance de la recuperación dependerá del valor de venta de las entidades nacionalizadas (Bankia y BMN), de las perdidas asociadas a los esquemas de protección de activos otorgados por el FROB en la adjudicación de algunas entidades y de los resultados de Sareb. En esta última no solo el gobierno ha aportado 2.192 millones de euros al capital, sino que también avala los bonos emitidos por Sareb, por una cuantía de 58.000 millones de euros, con los que esta entidad compró los activos problemáticos de los bancos de los bancos que en su día se nacionalizaron (Grupo 1: Bankia, Nova Caixa Galicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y los del Grupo 2 (cinco bancos mas, entre los cuales el FROB tiene una amplia mayoría en el Banco Mare Nostrum-BMN-).

El posible coste estatal del saneamiento bancario (entre el 5% y el 7% del PIB), cuya cuantía equivale al déficit publico de alguno de los años de crisis, implica primero que el mayor peso del ajuste bancario ha recaído sobre todos los españoles en forma de una mayor deuda pública. Además, la economía española tendrá que funcionar en lo sucesivo con un sistema bancario fuertemente oligopolizado. La impresión resultante es de que las entidades de crédito, básicamente bancos ahora, pueden crear problemas al conjunto de la economía y que, una vez que entre todos se les ayuda a superar la complicada situación producida, terminan fortalecidos en su posición frente al resto de la economía.

Al previsible coste contable del ajuste debe de añadirse el coste soportado en forma de intensa restricción crediticia y de una amplia incertidumbre económica, que alcanzó el “clímax” en mayo de 2012. En dicho mes tuvo lugar la dimisión de Rodrigo Rato al frente de Bankia y la intervención estatal de esta última entidad. Tal evolución del sistema bancario español tiene que ver con la prolongada peripecia por la que pasó la economía española entre 2007 y 2013, cuando vio reducirse el PIB en casi un 7% y caer el nivel de empleo en 3,7 millones.

Los problemas del sistema financiero español se anticiparon en la carta de los inspectores del Banco de España al ministro de Economía en 2006 y aparecieron con crudeza en 2008. Desde el Banco de España y desde el gobierno se siguió una estrategia premiosa. Esta descansó en la idea de que el sistema se habría de sanear sin coste para el contribuyente y que las fusiones habrían de ser el instrumento clave para lograr los objetivos. No pareció preocupar que desapareciesen las cajas de ahorros, que habían llegado a suponer el 50% del sistema financiero. Los Reales Decretos “Guindos” de 2012 produjeron la catarsis final y tuvo que venir el Eurogrupo con recursos del Mede a financiar la recapitalización y a imponer reformas.

Los resultados están a la vista. Se han aportado recursos públicos al saneamiento por una cuantía de 150.000 millones de euros. Las perdidas finales pueden equivaler al 6% del PIB. El coste ha resultado, pues, más que elevado. Bastantes de las fusiones planteadas provocaron situaciones más complicadas que las preexistentes. Y tuvo lugar la tercera gran desamortización, la de las cajas de ahorros, una vez más en favor de la gran banca, como ya había sucedido en 1991 cuando se privatizó la banca pública.

A pesar de las medidas de austeridad la deuda pública aumenta en la zona euro

El límite del 3% del déficit en 2014 no sólo es inalcanzable, tampoco es deseable

Artículo en colaboración con Economistas frente a la CrisisEconomistas frente a la Crisis

La reciente publicación de las perspectivas de crecimiento para los Estados Miembros de la UE han puesto de manifiesto una vez más que las medidas de austeridad económica impulsadas por la Comisión Europea, el BCE y el FMI están matando al enfermo. Cada vez con más frecuencia surge la pregunta sobre si las medidas de consolidación fiscal contribuyen a equilibrar las cuentas públicas o si, por el contrario, sus efectos contractivos en la actividad económica consiguen justamente lo contrario para lo que fueron inicialmente diseñadas.

La realidad es que a pesar las medidas de austeridad fiscal, las perspectivas de otoño de la Comisión reflejan un aumento del ratio de deuda pública sobre el PIB para el conjunto de la zona euro a lo largo de los próximos dos años y una reducción del déficit público de muy escasa magnitud. Para los países bajo asistencia financiera por parte del Fondo de Rescate temporal (EFSF), Grecia, Portugal, Irlanda y España, sometidos a una estricta condicionalidad de su política económica y financiera, los resultados son poco alentadores: la deuda pública continúa aumentando y el déficit público apenas consigue reducirse, lastrado por los retrocesos de la actividad y del empleo que reducen los ingresos fiscales. Cabe destacar la contribución negativa de la demanda doméstica al crecimiento para el conjunto de la zona euro (-1,3% y -0,4% para 2012 y 2013 respectivamente). Es la devaluación interna, que reduce la capacidad adquisitiva de los asalariados y hace inviable casi cualquier proyecto de inversión. Si a esta estrategia, alejada del interés general, le añadimos el proceso de desapalancamiento público y privado en el periodo más bajo del ciclo, el resultado son unas perspectivas muy lúgubres para la economía europea en los próximos años. La evidencia empírica se empeña en refutar la política económica basada en una austeridad excesiva. Las medidas económicas que no se compadecen con el interés general nos llevan a afirmar que su objetivo no es la economía, sino la ideología.

En definitiva, la publicación de las perspectivas de otoño de la Comisión evidencian el fracaso de las políticas de austeridad que tanto daño social están provocando en los países más endeudados. Además, dicha política frena el crecimiento de los países acreedores, que ahora venden menos mercancías a los países periféricos de la Eurozona. Según señaló el Gobernador Draghi, Alemania podría empezar a ser víctima de sus propias recetas. ¿Qué hará el gobierno de la Canciller Merkel cuando las políticas de austeridad recesiva que impone a las economías periféricas terminen por lastrar las exportaciones alemanas y el crecimiento y el empleo en Alemania se resientan?

Un estudio incluido en las “Perspectivas Económicas Mundiales” del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2012, ha puesto de manifiesto lo que la intuición económica conocía ya desde hace tiempo: Insistir en la consolidación fiscal cuando todavía no se ha salido de la recesión agrava el coste del ajuste, retrasa la reducción del déficit y de la deuda y empeora el sentimiento de los mercados. Cualquier plan de consolidación fiscal que se aplique en las condiciones actuales deberá implementarse a lo largo del ciclo, concentrándolo cuando la economía empiece a recuperarse. Justo lo contrario de las políticas del Gobierno español, que concentra más de la mitad del ajuste fiscal, en torno al 6% del PIB, en 2012 coincidiendo en el punto más bajo del ciclo.

El límite marcado por Bruselas para alcanzar el 3% del déficit en 2014 no sólo es inalcanzable, tampoco es deseable. Retrasar este ajuste hasta 2017 o 2018 contribuiría a reducir sus efectos contractivos. Debería ir además acompañado por políticas de impulso fiscal en aquellas economías europeas que mantengan posiciones fiscales saneadas.

En lugar de favorecer el necesario cambio de modelo productivo, el Gobierno apuesta por más ladrillo, con cambios normativos como la Ley de Costas que en el medio y largo plazo contribuirá a la ulterior degradación del litoral, y con incentivos a iniciativas empresariales de escaso valor añadido, como el caso Eurovegas ejemplifica, al tiempo que acomete reformas fiscales en el sector energético que penalizan las energías renovables, uno de los pocos sectores en los que las empresas españolas eran pioneras en el mundo, reforma que además reduce la competitividad de nuestra industria exportadora.

Tampoco ayuda a la recuperación un sistema financiero en plena reforma, en el que los ajustes puestos en marcha en 2012 han limitado la capacidad de aportar financiación crediticia. La política económica seguida, que consagra como irreversible una reducción abrupta del déficit, no sirve para estimular el crecimiento.

Por supuesto que hay espacio para eliminar duplicidades y racionalizar el gasto. ¿Qué economista podría estar a favor del despilfarro? Pero el verdadero derroche proviene de aquellas políticas que imponen recortes indiscriminados en sectores clave para el crecimiento futuro. Las fuertes reducciones de gasto en educación, I+D+i, sanidad, infraestructuras y tecnologías medioambientalmente sostenibles, no sólo detraen el consumo y la inversión con efectos inmediatos sobre el PIB y el empleo, sino que reducen el crecimiento potencial, nos alejan del necesario camino hacia la convergencia con Europa y ponen en riesgo el futuro de las generaciones venideras. La austeridad forzada tiene un nombre, se llama pobreza.

Desde luego que son necesarias profundas reformas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas y relancen el crecimiento. Pero éstas no deben confundirse con las que impone la Troika, centradas exclusivamente en una devaluación interna que deprime aun más la demanda interna.

El tiempo se acaba para España, porque insistir en una política que agrava la depresión acabará destruyendo el tejido industrial y la cohesión social, hipotecando por años las posibilidades de recuperación. Y el tiempo se acaba también para Europa, porque aferrarse a políticas que destruyen la solidaridad entre países apunta directamente sobre su base fundacional: el Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo.