Es necesario, por ello, proponer a la sociedad un nuevo modelo de formación profesional para el empleo.

Para empezar, la formación profesional para el empleo no puede ser cosa únicamente de trabajadores y empresarios, porque la formación de los trabajadores es hoy, esencialmente, un problema de país que requiere una solución de país. En la actualidad tenemos casi 3 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza de encontrar un trabajo. Por eso es un problema de país, porque no podemos perder la fuerza productiva, la capacidad y el talento de 3 millones de trabajadores.

Para ellos y ellas la propuesta de los socialistas es la siguiente:

como problema de país que es, necesitamos una mayor inversión en la formación de los trabajadores ocupados y desempleados. Las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresarios (el famoso 0,7% para la formación) no pueden considerarse “patrimonio” de quienes las aportan, sino formando parte de una “bolsa” económica común que habrá que complementar con otras fuentes de financiación para sufragar la formación de los trabajadores ocupados y desempleados. En 2015 se han presupuestado 1.867 millones de euros para la formación de trabajadores. Una cantidad claramente insuficiente para la ingente necesidad formativa que debe atenderse. Nosotros proponemos que a esta cantidad se sumen dos tercios de las inversiones presupuestadas para bonificaciones a la contratación, que en 2015 son de 1.500 millones de euros. De esta forma destinaríamos casi 3.000 millones de euros a formación profesional para el empleo, sin que ello supusiera mayor coste. Hace tiempo que todos conocemos la escasa eficacia que poseen las bonificaciones, reducciones y tarifas planas como fórmulas de creación de empleo. Empobrecen la caja de la Seguridad Social y ponen en riesgo las pensiones del futuro, pero apenas sirven para generar ocupación, sobre todo cuando se disponen de manera generalizada y no se concentran en colectivos de trabajadores especialmente vulnerables. Pues bien, dediquemos estos fondos que hoy reciben las empresas por contratar trabajadores a la mejora de la formación y la profesionalidad de estos últimos. A medio plazo ambos saldrán ganando.

La infraestructura que utilizaremos en la formación profesional para el empleo será la infraestructura propia del sistema educativo, esencialmente la pública, pero también los centros privados de calidad (no queremos volver a tener “chiringuitos” –academias y centros de dudosa procedencia y calidad- en la formación de los trabajadores). Tenemos colegios, institutos, centros de formación profesional y universidades a lo largo y ancho de todo el territorio de nuestro país que pueden, y deben, convertirse en la centros para la formación de trabajadores. También tenemos muchos maestros y profesores que las políticas de austeridad del Gobierno han expulsado del sistema educativo y que pueden, a través de esta vía, tener una oportunidad de trabajo en la formación de personas. Utilicemos a todos esos docentes en la formación de ocupados y desempleados. Utilicemos, en definitiva, todo el potencial de nuestro sistema educativo para la formación de los trabajadores.

La gobernanza, planificación y estrategia del sistema de formación profesional para el empleo debe acordarse por todos los agentes implicados en ella: las administraciones laboral y educativa de ámbito estatal, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (la participación institucional está reservada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical solo a ellas), las administraciones laborales y educativas de las CC.AA. (son ellas las competentes en materia de políticas activas de empleo –y la formación profesional para el empleo de personas desocupadas es una política activa- y también las competentes en la ejecución de la política educativa).

Las organizaciones sindicales y empresariales deben salir, sin embargo, de la gestión del modelo de formación profesional para el empleo. Aunque no compartimos la filosofía del decreto-ley de formación para el empleo que aprobó recientemente el Gobierno y que se convalidará mañana, sí valoramos la lucha contra el fraude que pueda haber habido en relación con la formación profesional para el empleo. De ahí que, para evitar equívocos en relación con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el sistema de formación profesional para el empleo -y el propio descrédito social que ello las está acarreando-, defendamos su salida de la gestión de la formación para el empleo y la búsqueda, para ellas, de fuentes de financiación perfectamente transparentes y acordes con el papel de sujetos con relevancia constitucional que le reconoce el artículo 7 de nuestra Constitución.

Finalmente, y como medida particular, que ya aprobamos en nuestra conferencia política, creemos que, igual que se permite la capitalización de la prestación por desempleo para poner en marcha un negocio, debe permitirse la capitalización de la prestación por desempleo para que las personas desempleadas puedan desarrollar procesos de formación/reciclaje profesional que deriven en la obtención de un título de grado o postgrado universitario.

Un último párrafo para subrayar la importancia de la formación y el reciclaje profesionales. Es de T. H. Marshall en Ciudadanía y case social, escrito en 1949, pero de plena actualidad: “juzgamos a un hombre de 40 años por un examen que hizo a los 15, porque al acabar los estudios en el instituto o en la universidad le dieron un billete para un viaje que durará toda su vida. Quien saca un billete de tercera clase, no será admitido en un vagón de primera”. Frente a ello, los socialistas queremos que todos los trabajadores, pero especialmente esos 3 millones de trabajadores que necesitan un nuevo proceso de formación o reciclaje profesional, tengan la edad que tengan, vuelvan a tener la oportunidad de comprar un billete de primera para volver viajar por el mercado de trabajo.

En el último año, el número de hombres parados ha crecido en 49.100, mientras que las mujeres paradas han aumentado en 235.400.

Ojalá me equivoque, pero no creo que la situación dramática que vive la economía española haya llegado a su final. Aún así, hay que reconocer que es una buena noticia que tengamos, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2013, 149.000 ocupados y ocupadas más que en el trimestre anterior, que el número de personas paradas se haya reducido en 225.200 y que la tasa de paro haya descendido un 0,9%, situándose en un 26,26%.

Seguro que en los días que vienen escucharemos decir a los responsables políticos que son buenos datos, pero que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Y efectivamente, no hay demasiadas razones para hacerlo. El número de personas en paro ha bajado, sí, pero aproximadamente un tercio de esa bajada no se debe a la creación de empleo, sino a la “deserción” o salida del mercado de trabajo de más de 76.000 personas, que dejan de estar “activas” en este trimestre. Se ha creado empleo, es verdad, pero es el empleo estacional típico de la primavera y el inicio del verano. La gran mayoría de los empleos creados son del sector servicios (154.800) y, por ello, seguramente efímeros. Sin embargo, perdemos ocupación en el sector de la construcción y, peor aún, en el de la industria, donde en el último año se han destruido más de 138.000 empleos.

No es extraño entonces que el trimestre pasado también hayamos “ganado” en precariedad. El número de asalariados/as con contrato indefinido se ha reducido en más de 50.000 en los últimos 3 meses; en cambio, el número de asalariados/as con contrato temporal ha crecido, en el mismo periodo de tiempo, en más de 162.000. Así pues, el empleo creado es en su gran mayoría, por no decir todo, de carácter temporal. Y en su gran mayoría también a tiempo parcial: más del 62% de las personas que encontraron ocupación en el último trimestre tienen un contrato con una jornada –y un salario- menor de lo habitual. Lo que se está convirtiendo, además, en una seña de identidad de nuestro mercado de trabajo. En el último año, el número de personas ocupadas con contrato a tiempo completo se ha reducido en un 5,31%, mientras que el número de personas ocupadas con un contrato a tiempo parcial se ha incrementado en un 5,92%.

Recuérdese, cuando se lean estas cifras, que las personas que trabajan a tiempo parcial tienen una doble penalización económica: ganan menos porque trabajan menos horas (con lo que están penalizadas en el presente); y la forma en que se computan sus cotizaciones a la Seguridad Social hace que deban trabajar muchos más años que las personas que cotizan a tiempo completo para tener la misma pensión que ellas o conformarse, si trabajan los mismos años, con una pensión más pequeña (lo que las penaliza también en el futuro). Más del 72% de quienes trabajan a tiempo parcial son mujeres, razón por la que esta fórmula de cómputo de sus cotizaciones a la Seguridad Social se ha declarado discriminatoria e inconstitucional.

Respecto a ellas, a las mujeres, hay también datos más que preocupantes en esta EPA. El primero que llama la atención es el muy diferente reparto de los empleos creados en el último trimestre. De los 149.000, más del 72%, esto es, 107.400, han sido ocupados por hombres, frente a los 41.600 empleos ocupados por mujeres. Se trata, como hemos visto antes, de empleos creados en el sector de los servicios, donde habitualmente las mujeres tienen una fuerte presencia; y, sin embargo, en el último trimestre, los empleos creados en este sector han sido mayoritariamente para los hombres. ¿Tendrá algo que ver que todos los empleos creados lo han sido en el sector privado y no en el sector público, donde se ha seguido destruyendo empleo? Probablemente sí, teniendo en cuenta que las mujeres tienen mayor “éxito” en el empleo del sector público que en el del sector privado (en 2012, el 55,1% de los/as asalariados/as del sector público eran mujeres) y también, por qué no decirlo, que hay una mayor probabilidad de sufrir discriminaciones por su parte en el acceso al empleo privado que en el acceso al público, debido a que este último se rige por criterios de mérito y capacidad, sin sesgo de género, lo que no siempre sucede en el primero.

Junto a lo anterior, puede también observarse que, mientras en el caso de los hombres la ocupación ha crecido en el último trimestre en todos los tramos de edad, en el caso de las mujeres ha habido significativas pérdidas de empleo entre las más jóvenes (22.200 empleos perdidos por mujeres de entre 16 y 29 años).

Con todo, lo más alarmante son las cifras del paro. No solo o no tanto porque también haya habido en el trimestre una desigual distribución por sexos de la reducción del número de personas en desempleo, de forma que más del 71% de ellas han sido hombres. Lo más impactante es que, en el último año, el número de hombres parados ha crecido en 49.100, mientras que el número de mujeres paradas ha crecido en 235.400, esto es, 4 veces más que el de los hombres. El crecimiento del paro entre los hombres ha sido, así, de un 1,59%, mientras que el de las mujeres ha alcanzado nada menos que un 9,06%. Resultado de ello es que las tasas de paro de mujeres y hombres han empezado de nuevo a divergir (en 1,48 puntos), cuando hasta ahora había estado convergiendo.

Todo esto no inaugura la recuperación económica ni del empleo, pero sí muestra que está produciéndose un cambio de tendencia en nuestra crisis. Empezó golpeando con más dureza a los hombres, porque empezó en el sector de la construcción que era mayoritariamente masculino. Pero la crisis está cambiando de cara y empieza a golpear más duramente a las mujeres, seguramente porque los recortes de plantillas y gasto social en el sector público que estamos sufriendo afectan en mucha mayor medida al empleo de las mujeres que al de los hombres.

Ahora bien, más que las causas, me preocupan los efectos. El debate y la acción política frente a la crisis están centrados en contener algunas de sus consecuencias, pero hay otras que ni siquiera se mencionan, como este fuerte crecimiento del desempleo entre las mujeres y el repunte que supone en desigualdad de género. Peor aún, más allá de la consabida austeridad, no parece haber planes de futuro sobre el modelo de crecimiento económico (y de país) que queremos. Con lo que es más que probable que el Gobierno no adopte medida alguna para corregir esta brecha que comienza a abrirse de nuevo entre mujeres y hombres dentro de nuestro mercado de trabajo. Al contrario, medidas como las adoptadas en el ámbito del empleo doméstico, los cuidados no profesionales de personas dependientes o la conciliación de la vida familiar y laboral no han hecho más que agrandarla. Así pues, como sociedad, nos arriesgamos a perder en eficiencia económica, porque, si no ponemos remedio ya, habrá millones de mujeres cuyo talento y capacidad productiva estén –y entiéndase bien el sentido de esta expresión- sin “aprovechar”. Pero también perderemos en igualdad, justicia y libertad, porque todo ello es lo que significa el empleo de las mujeres.

Casi 760.000 mujeres han perdido su ocupación desde que empezó la crisis, más de 280.000 de ellas el último año. Hoy tenemos 1,7 millones de mujeres desempleadas más que hace 5 años y casi 360.000 más que hace un año. La tasa de paro de las mujeres se ha más que duplicado, pasando del 11 por ciento en el cuarto trimestre de 2007 al actual 26,55 por ciento. Finalmente, más de 630.000 mujeres han dejado de estar afiliadas a la Seguridad Social. Todo esto, que no me parece de poca entidad, es lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo remunerado. Pero fuera de él también ha habido movimientos importantes.

Desde la economía feminista es muy común advertir que, ante la caída de ingresos que la crisis provoca en los hogares, las mujeres intentan encontrar trabajo remunerado fuera de ellos, para compensar o reemplazar la pérdida de las rentas familiares. Como fruto del desempleo, de la devaluación salarial en curso y de los recortes en prestaciones sociales, los ingresos medios de los hogares han descendido en algo más de un 7 por ciento desde 2008. Y el efecto reflejo en relación con las mujeres que acabo de referir no se ha hecho esperar: el número de “activas” se ha incrementado casi un 11 por ciento desde entonces, lo que significa que hoy hay más de 1 millón de mujeres más que antes de la crisis que quieren trabajar de forma remunerada. La mayor parte de ellas, más de 900.000, eran antes “inactivas” -en una terminología bien elocuente del concepto de trabajo dominante- por motivo de realizar labores del hogar.

Esta radiografía de los efectos de la crisis contrasta poderosamente con dos realidades que se han producido, a su vez, como consecuencia de ella. Es bien sabido que la gestión política de la crisis ha pasado por dos fases diferentes. La primera, que llega hasta mayo de 2010, en la que las medidas que se adoptan frente a la misma son de corte, por así decirlo, keynesiano, y en la que se aprobaron importantes paquetes de estímulo económico, especialmente los denominados Fondo Estatal de Inversión Local y Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que supusieron una inversión total de 13.000 millones de euros. La segunda, que empieza en esa misma fecha, pero que ha ido agudizándose con el pasar del tiempo, especialmente en el último año, es la que se basa en el recorte del gasto público.

Pues bien, ninguna de estas dos políticas ha tomado en consideración la situación laboral de las mujeres. Como se recordará, los paquetes de estímulo económico citados estaban, aunque con alguna diferencia de matiz, centrados en el apoyo al sector de la construcción y, por tanto, en el apoyo al mantenimiento del empleo en el mismo; es decir, un sector donde apenas había y hay presencia de mujeres, con lo que difícilmente puede presumirse que, a pesar del incremento del desempleo que ya estaban sufriendo por entonces, estas políticas de estímulo tuvieran algún efecto beneficioso para ellas.

Con todo, son mucho peores las consecuencias de la política de recorte del gasto público. La primera, y más evidente, es la que tiene que ver con los recortes en la inversión en políticas activas de empleo. Hemos visto cómo, a lo largo de la crisis, se ha producido un importante trasvase de mujeres desde el trabajo no remunerado en los hogares hacia la búsqueda de trabajo remunerado fuera de ellos. Muchas, debido a su biografía laboral, necesitarán el apoyo de las políticas activas para adaptarse a los requerimientos del mercado de trabajo actual, si quieren tener alguna posibilidad de encontrar un empleo. Políticas que apenas si existen y que será muy difícil que existan si los fondos dedicados a las mismas continúan bajando, como lo han hecho en 2012 y 2013, en torno a los 2.000 millones de euros al año. Somos un país con casi 6 millones de personas en desempleo, cerca de 2,8 millones de las cuales son mujeres, que dedica en la actualidad menos del 0,4 por ciento del PIB (poco más de 3.700 millones de euros) a políticas activas de empleo. El resultado indeseable de ello será, con toda probabilidad, que muchas de estas mujeres no encontrarán trabajo remunerado jamás.

Debemos sumar a lo anterior los recortes en gasto social, que nunca son neutros, sino con un marcado componente de género. La educación, sobre todo la infantil, y la atención a la dependencia, que están sufriendo serios recortes, son solo dos ejemplos de las estrechas conexiones entre gasto social e igualdad de género. En la medida que se recorta en estos ámbitos -la clausura del Plan Educa3 en 2012 con una 'des-inversión' entorno a los 100 millones de euros al año, o haber dejado de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de las/os cuidadoras/es no profesionales con una 'des-inversión' de 330 millones de euros al año, pueden servirnos de muestra- las mujeres tienen mayores dificultades en el mercado de trabajo. Primero porque la mayor parte de las personas que trabajan en esos sectores son, a su vez, mujeres, con lo que las posibles pérdidas de empleo les afectan más a ellas. Pero la 'des-inversión' también supone que hay una parte del trabajo de atención o cuidado de menores o dependientes que deja de asumirse en la esfera pública y, por tanto, se “privatiza” y recae –no nos engañemos- en las propias mujeres, porque todavía persiste una fuerte división sexual del trabajo.

Eso las perjudica de múltiples maneras. El hecho de tener que asumir el trabajo de cuidados que desaloja la 'des-inversión' pública disminuye notablemente el poder de negociación de las mujeres en su acceso al mercado laboral. No es extraño, por ello, que las mujeres sean mayoría en los contratos temporales (el 51 por ciento), o en el trabajo a tiempo parcial (el 76 por ciento) o entre los/as asalariados/as con los salarios más bajos (el 66 por ciento). Finalmente, tampoco lo es que las mujeres trabajen más horas que los hombres, ya que suman horas de trabajo remunerado con horas de trabajo de cuidados (11h 12' frente a 10h 27'); ni que tengan, por todo ello, peor calidad de vida.

De ahí que las políticas anti-crisis, al menos si pretenden basarse en la igualdad de género, deban caminar en una doble dirección. Acabar de una vez con los recortes en gasto social, que impactan negativamente sobre toda la ciudadanía, pero especialmente sobre las mujeres. Y definir paquetes de estímulo que impulsen el crecimiento económico y del empleo, pero cuyo diseño, al contrario que en el pasado, tenga también en cuenta los efectos devastadores que la crisis ha causado sobre el empleo y la vida de las mujeres.

En 2008, los empresarios despidieron a más de 2'2 millones de personas. Eran ya más que evidentes las dificultades económicas por las que atravesaba nuestra economía, con lo que hubiera cabido esperar que la mayor parte de esos despidos hubieran tenido por motivo esas mismas dificultades. Algo de eso hubo en los más de 1´3 millones de despedidos/as durante ese año por extinción de su contrato temporal, ya que empezaba el ajuste en el sector de la construcción y sabido es que, en el mismo, la mayor parte de los trabajadores/as tenían contratos temporales.

Pero menos explicación tiene que los despidos de trabajadores/as con contrato indefinido no estuvieran fundados en las dificultades económicas, sino en la pura y simple voluntad empresarial de despedir. Del total de despidos de 2008, solo el 3'90% fueron despidos individuales por causas económicas y el 1'68% despidos colectivos (más conocidos como expedientes de regulación de empleo) por esas mismas causas. Frente a ello hubo más de 620.000 trabajadores/as despedidos/as (el 28'06 del total) por haber cometido un incumplimiento de su contrato (a esto se le llama despido disciplinario) que al día siguiente el empresario reconoce que es una invención suya para poder despedir y pagar la correspondiente indemnización (es a esto a lo que se llamaba despido exprés).

Este mismo esquema se repite el año más crudo de la crisis. En 2009, los empresarios despiden a más de 2'5 millones de personas. De ellas, más de 1'2 millones ven terminar su contrato temporal; un 5'81% sufren un despido individual por causas económicas; un 2'95% son afectadas por despidos colectivos por esas mismas causas; y más de 670.000 (el 29'95% del total) son despedidas mediante la estratagema de ser acusadas de un incumplimiento contractual nunca cometido por ellas para poder ser despedidas de manera inmediata.

Es en ese tiempo cuando empieza a hablarse del “modelo alemán”. En Alemania -se dice- las crisis económicas no se saldan, como siempre ha sucedido en España, con el despido de millones de personas, sino con medidas de flexibilidad interna, como la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de jornada. Así que en marzo de 2009 se hace una primera reforma laboral que tiene como objetivo que los empresarios españoles asuman ese mismo modelo, es decir, que dejen de despedir masivamente para reducir costes y empiecen a ejercitar esa flexibilidad que tanto demandan. Ello produce un primer efecto ya ese mismo año: mientras que los despidos colectivos por causas económicas son algo menos de 76.000, los trabajadores/as afectados por suspensión de contrato o reducción de jornada son casi 380.000.

De modo que, cuando Mariano Rajoy, en su entrevista en TVE, el día 10 de septiembre de 2012, se jactaba de que su reforma laboral está produciendo efectos positivos porque son más las personas afectadas por medidas de flexibilidad interna (cerca de 226.000) que las afectadas por despido colectivo (casi 73.000), en realidad se estaba refiriendo a un efecto positivo que no ha producido su reforma, sino la reforma hecha en 2009, cuando él todavía no era Presidente del Gobierno.

Ahora bien, que nadie se engañe, entonces y ahora, aun habiendo crecido el número de personas afectadas por medidas de flexibilidad interna, son muchísimas más las que son despedidas por la totalidad de las vías de despido. En 2010, los empresarios despiden a más de 1'9 millones de personas y son poco más de 180.000 las afectadas por suspensión de contrato o reducción de jornada. Lo mismo sucede en 2011, año en el que también son más de 1'9 millones las personas despedidas, frente a poco más de 169.000 las afectadas por flexibilidad interna.

Como la sangría de despidos no cesa, la reforma laboral de febrero de 2012, esta sí, hecha por el Gobierno de Mariano Rajoy, decide incrementar los poderes empresariales para ver si las bajadas de salario o los cambios a peor en el resto de condiciones de trabajo actúan como vía alternativa al despido de trabajadores/as. Claro que también rebaja la indemnización que pagan los empresarios cuando no tienen motivo alguno para despedir (es a esto a lo que se llama despido improcedente) y elimina la autorización de la administración pública en los despidos colectivos por causas económicas, esto es, abarata y facilita el despido. Resultado de esta operación: en cada mes de 2012 se han producido más despidos que en el mismo mes del año anterior. Entre enero y septiembre de 2011 hubo algo más de 1'3 millones de despidos; entre enero y septiembre de 2012 ha habido más de 1'5 millones.

Ahora se anuncian 4.500 despidos en Iberia y la Unión Europea, que dice estar preocupada por el desequilibrio macroeconómico que supone el volumen de desempleo en nuestro país, exige cerca de 10.000 despidos (10.000 nuevas personas en situación de desempleo) a cambio de rescatar con 37.000 millones de euros a las cajas de ahorro nacionalizadas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Cuántos despidos más van a realizar las empresas para salvarse de la crisis? Entre indemnizaciones por despido y prestaciones por desempleo, ello nos está costando a todos miles de millones de euros. Pero eso no es lo peor. Lo peor son los costes en capital humano, los millones de personas despedidas cuyo talento y capacidad productiva está hoy perdida.

¿Cómo es posible que con una economía en recesión; con un sistema financiero enjugando deudas que pagamos todos; con un nivel de consumo bajo mínimos, entre otras razones porque se ha producido una fuerte devaluación de los salarios; un nivel de recortes en el gasto social que está dejando miles de trabajadores de la educación, la sanidad o los servicios sociales en la calle; una amenaza de rescate por parte de la Unión Europea, que todavía no ha comprendido que sus políticas de austeridad están ahogando cualquier esperanza de crecimiento económico en la zona euro; y una desconfianza en la clase política y las instituciones democráticas como no había habido nunca antes, algún afamado economista, de los que se dicen, además, progresistas, le eche la culpa del número de personas en situación de desempleo al maltrecho Derecho del Trabajo?

Y ¿cómo es posible que, ante tantos y tantos problemas y de tal magnitud, la solución “mágica” que propongan esos afamados economistas sea un tipo de contrato que llaman “contrato único”? Sinceramente, o es soberbia intelectual, o es miopía o es ideología. Pero no de esa que, en un sano ejercicio de honestidad, se profesa y se confiesa públicamente, para no llamar a engaño a quienes están leyendo o escuchando nuestras propuestas, sino de esa otra que se presenta ante la opinión pública con la apariencia de ciencia, y que hace pensar que se trata de verdades incuestionables y neutras, cuando no son más que dogmas de una determinada forma de entender y pensar la realidad. En este caso, la que comprende los derechos de los trabajadores como trabas para el funcionamiento “eficiente” del mercado de trabajo y no como elementos de equilibrio de poder e igualdad real demandados por nuestro Estado Social.

Es bien conocido lo que pienso del llamado “contrato único”. Una forma de llamar contrato fijo a lo que en realidad no es sino un puro contrato temporal. Si el coste del despido es nulo o bajísimo, cualquier trabajador, se llame como se llame su contrato, puede ser despedido en cualquier momento. Es decir, cualquier trabajador se convierte de facto en un trabajador temporal, porque no tiene asegurada más que nominalmente la duración indefinida de su relación laboral.

Es también una forma de eludir el control judicial de la decisión de despedir. Lo que significa convertir la decisión del empresario de dar por finalizado el contrato de trabajo en la única decisión de todo nuestro ordenamiento jurídico que no se somete a un control de legalidad. Además de quebrantar, muy probablemente, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, despojando al trabajador de la posibilidad de probar en juicio un uso arbitrario o abusivo de los poderes de despido que la legislación laboral reconoce al empresario.

Siempre he sostenido su inconstitucional. Interpretando el “derecho al trabajo” que se reconoce en el artículo 35 de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional ha entendido que no exige de los poderes públicos que consigan un puesto de trabajo para cada ciudadana o ciudadano, sino algo mucho menos ambicioso que consiste en que, una vez que han conseguido un puesto de trabajo, no puedan perderlo sin una causa que lo justifique. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, y por derivación del reconocimiento constitucional del “derecho al trabajo”, toda extinción del contrato de trabajo -para entendernos, todo despido- debe ser causal. De este modo será inconstitucional cualquier propuesta que, como la del denominado “contrato único”, no exija al empresario motivar la decisión de despedir y ser sancionado cuando no lo haga.

Finalmente, el recurso al “contrato único” siempre me ha parecido una estrategia para abaratar los costes del despido sin decirlo abiertamente. La indemnización por despido que llegaría a alcanzarse por la extinción de un “contrato único” jamás alcanzaría la cuantía de las indemnizaciones que hoy se abonan -y recuérdese que la cuantía de estas ya ha sido muy rebajada en la última reforma laboral- por el despido sin causa de un trabajador fijo. Si se quiere un mercado de trabajo donde las indemnizaciones por despido sin causa sean más bajas, dígase abiertamente a la opinión publica y no nos inventemos ficciones o tipos de contrato para hacer eso mismo, pero de manera oculta.

Porque además los que hoy claman por el “contrato único” son los mismos que no hace mucho tiempo insistían en que eran los altos costes del despido los que estaban impidiendo la creación de empleo (de ahí la utilización del subterfugio de un nuevo tipo de contrato de trabajo pretendidamente indefinido para rebajarlos). No olvidaré jamás como el anterior Gobernador del Banco de España dijo públicamente que los empresarios de nuestro país tenían “horror” a contratar trabajadores porque había que pagar mucho por despedirlos. Pues bien, ahora se paga mucho menos por despedir sin motivo, porque la última reforma laboral ha rebajado, y mucho, las indemnizaciones del despido improcedente; y, sin embargo, hay cada vez más despidos y, lo peor de todo, cada vez más personas en situación de desempleo. Con lo que la realidad tozuda ha venido a demostrar la falacia de la idea de que la creación de empleo depende del coste que tenga destruirlo.

Aun pensando así, estoy dispuesta a debatir con quien sea las fórmulas para acabar con la denominada dualidad de nuestro mercado de trabajo, esto es, con la utilización masiva y más que abusiva de la contratación temporal en nuestro país, que es también uno de los objetivos de los afamados economistas a que me refiero. Aunque, puestos a hacer propuestas audaces, parece que sería más coherente atacar el mal que se denuncia, que es el uso y abuso de la contratación temporal, y no, como hace la tesis del “contrato único”, debilitar el contrato que se pretende defender, que es el contrato indefinido. Por ejemplo, ¿podríamos pensar en la hipótesis de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico las figuras de contratación temporal para que todos los contratos fueran indefinidos? A lo que no estoy dispuesta, sin embargo, es a pensar, como hacen estos economistas, que una discusión de este tipo o una figura de contrato de trabajo creada en un laboratorio científico pueda considerarse el “bálsamo de Fierabrás” que cure la amarga enfermedad de un país que tiene ya cerca de 6 millones de personas en el paro.