Un mundo con normas, eso es precisamente la democracia constitucional que nos hemos dado, en España desde 1978, y que debemos preservar para no volver a las andadas o para que no la destruyan unos u otros, desde dentro o desde fuera del sistema. Reglas, por tanto, para todos (gobernantes y gobernados) y para todo (organización territorial del Estado, prevención y combate de la corrupción, etcétera) menos para la ética privada, donde la única norma debería ser la conciencia individual. Por eso cuando en el espacio público, político o económico, aquéllas se olvidan o no existen la consecuencia no es otra que el abuso, el exceso, el daño al más débil, la corrupción o el enriquecimiento ilícito o desmesurado. Crisis y más crisis, económica, social, medioambiental, política y moral; desconfianza y más desconfianza, que es lo único que no resiste la democracia constitucional como recordé en esta misma Agenda Pública.

No hay que ser particularmente hobbesiano para saber que necesitamos reglas, la historia nos lo enseña, que el anarquismo político es infantil y que el económico es egoísta y cruel. Somos inevitablemente seres sociables, desde Aristóteles, por tanto, animales políticos. La sublimación de la individualidad y de la soledad, una estética del fatalismo y del retiro que encontramos, por ejemplo, en el gran Pessoa influido por el Ciudadano de Ginebra, o en Shopenhauer, es materialmente imposible en su universalización además de un signo de trágico pesimismo y de desesperación sobre la condición humana, incompatible con la vida social. “Por lejos que se busquen ejemplos en el tiempo y en el espacio –escribió en este sentido Lévi-Strauss- la vida del ser humano se inscribe en marcos que ofrecen rasgos comunes. Siempre y en todas partes el hombre vive en sociedad”. Sólo cabe, por tanto, esta vida compartida, la intersubjetividad y la alteridad permanente, incluso en el mejor de los casos, la amistad que compensa nuestro egoísmo y nuestra falibilidad. “Ansiamos la amistad porque somos seres sociables –escribirá también Paul Auster-, nacidos de otros seres y destinados a vivir entre otros seres hasta el día de nuestra muerte”. Esta sociabilidad amistosa, la antítesis de la guerra, requiere el respeto mutuo, la tolerancia positiva y nos sugiere la simpatía y la solidaridad, para ser mejores o para no perder, según los casos. Las desigualdades originales, naturales, económicas o sociales (pobres y ricos, vulnerables y fuertes, sabios o ignorantes) sólo pueden ser corregidas y equilibradas con reglas compartidas y con un reparto democrático del poder. Sin aquéllas o sin éste sólo hay violencia, miseria, oscuridad, destrucción...

El gobierno de las leyes propio del constitucionalismo de nuestro tiempo es así el ideal regulativo que inventa la mejor civilización y la mejor modernidad especialmente a partir de Montesquieu; y la democracia, la única forma de gobierno justa y, en cierto sentido, posible. Uno y otra aspiran a sacarnos del caos previo, de la violencia desenfrenada, o de un poder que siempre tiende a abusar, el del Estado o el de la sociedad y otros poderes económicos, incluso el de uno mismo como con la antigua venganza privada.

Se pensó también como instrumento de protección del débil, que únicamente puede “agarrarse”, “aferrarse” a las normas “para sobrevivir” frente a quien no las necesita, frente a quien le basta con su fuerza o con su riqueza. Para el fuerte las reglas son precisamente un engorro cuando no un inconveniente serio que hay que sortear en su afán de enriquecimiento o de infinita ansia de poder.

Es asimismo la garantía de una justicia formal, que no es impunidad pero sí limitación racional y humanizada del uso de la fuerza. Es sinónimo de igualdad (ante el Derecho), igualdad de trato, es decir, como barrera frente a la arbitrariedad o la discriminación. No se busca la satisfacción a toda costa de la justicia material a través de una aplicación tópica, habitual en el viejo Derecho. Aquí no pasa de ser, en palabras de Viehweg, “una técnica del pensamiento que se orienta hacia el problema” pero que está sometida al valor prioritario de la igualdad formal y de la seguridad jurídica que provienen sobre todo de la idea de sistema, de la uniformidad y de la universalidad de las normas, exigiendo por tanto, cuando aquélla se aplica, un plus de justificación; o porque se busca una cierta igualdad material o porque se pretende proteger la singularidad y la diferencia positivas.

Por consiguiente, el problema no es del sistema, no es de la democracia constitucional, necesariamente parlamentaria y representativa aunque se complete con otras formas de participación. El sistema goza de un diseño teórico y normativo, si no perfecto, sí armónico y sofisticado para buscar siempre el equilibrio, que debe beneficiar especialmente a los que parten del lado bajo de la balanza. El problema es y ha sido de algunos que lo han usado para el aprovechamiento propio, torciendo sus reglas, abusando de la confianza de los ciudadanos, jugando sucio, usurpadores muchos de ellos delincuentes. Pero sin el sistema estaríamos peor, desnudos ante su fuerza y su ambición. Esos mismos hubieran campado a sus anchas, todavía más, sin posibilidad de sanción e incluso legitimando sus “nuevas propiedades” para la historia. Por tanto no se trata de acabar con el sistema del 78, aunque debamos actualizarlo, sino de hacerlo cumplir, de aplicarlo en toda su extensión, de profundizar en sus amplias posibilidades, vigilando especialmente al vigilante y sin caer seducidos por los cantos de sirena de oportunistas salvadores…No otra vez.

Suele decirse que no hay mejor defensa que un buen ataque. Se dice para la vida y también en política. En este ámbito otros prefieren utilizar metáforas deportivas, como que lo importante es meter gol, una forma pedestre de defender la perniciosa máxima del fin justifica los medios. Son, en todo caso, malos consejos, estrategias políticas o formas de relacionarnos con los demás que nos llevan a la destrucción; a la nuestra y a la del otro. El modelo de sociedad que representan es poco amable, poco amistoso, una suerte de darwinismo social al que solo le importa el resultado, que desconfía del ser humano, un pesimismo antropológico que arranca con Hobbes y que culmina con este capitalismo financiero despiadado y egoísta en el que vivimos. La peor veta de la Modernidad.

En política, un signo de esta lógica es el recurso a la falacia en cualquiera de sus formas, de acuerdo con la clasificación que nos hizo Bentham. Se utiliza un argumento “con el propósito de inducir a engaño”, bien por parte de quien acusa, bien por quien se defiende de la acusación (a veces, por ambos). Se parte de la idea de que decir la verdad es cosa de ingenuos, que la política es sólo poder y que por tanto requiere ficción, simulación u ocultación, un permanente baile de máscaras en el que lo importantes es no dejar de bailar.

Es la Realpolitik, la política de “la realidad”, que conduce a la lógica de la fuerza, del secreto, del cinismo y de la mentira. En democracia normalmente no se da la violencia física y, cuando la hay, suele estar sometida al control jurisdiccional, pero sí la manipulación y el envilecimiento, el engaño. La falacia juega en este contexto un papel fundamental. También la ausencia de altruismo y de solidaridad, una suerte de “sálvese quien pueda” que se acentúa con crisis económicas como la que estamos padeciendo (unos más que otros).

Sin embargo, creo que esta “visión del mundo”, de la política y estas estrategias maniqueas, de larga tradición a partir de la filosofía de la “razón de Estado” (tantas veces “pasión de Estado”) de la que se han ocupado entre otros Rafael del Águila, Javier de Lucas o Eusebio Fernández, que llegan hasta Carl Schmitt en su versión más extrema, si se quedan entre nosotros y se generalizan son un cáncer para la democracia. Soy consciente de que la política no es para ingenuos, ni para mentes simples o inocentes, ni mucho menos para incompetentes, ni que decir siempre la verdad a todo el mundo sea lo más aconsejable como supo ver Constant frente a Rousseau. Hay un punto de hipocresía que sin duda nos civiliza, nos ayuda a soportarnos los unos a los otros.

Pero esto es una cosa y otra que aceptemos que el hombre público, el político, pueda ser un sinvergüenza, un corrupto, o un canalla. O peor aún, que lleguemos a pensar que “político” es sinónimo de todo esto. Debemos recuperar una mirada sobre la política que sólo incluya a personas honestas, honradas, a poder ser austeras, con vocación de servicio a los ciudadanos, con grandeza y generosidad, y no con ansia de poder o de riqueza; personas con principios y convicciones, depositarias de “virtudes públicas” que diría Victoria Camps aunque no sean perfectas (imposible por otra parte) y, eso sí, con todos los escrúpulos y reparos del mundo hacia el dinero público.

Me temo que el deterioro en nuestro país de nuestra joven democracia, la desconfianza que señalan todas las encuestas, trae causa de una pérdida progresiva de estos valores intrínsecos que la conforman y que van más allá de la administración del poder por la mayoría.

La democracia es, debe ser (debería ser) también un modus vivendi, una forma de relacionarse con los demás, incluso de reconciliarse, de no sentir como ajeno nada que le afecte al otro de una forma relevante, de entender el poder y la vida social como un espacio para la convivencia, la libertad, el desarrollo personal y colectivo, con igualdad de oportunidades y con cohesión; sí, nada nuevo que no esté escrito, que no pueda encontrarse en las mejores propuestas republicanas sobre la democracia, desde la Grecia Clásica hasta sus versiones más contemporáneas, con Skinner, Pettit o incluso Habermas, por ejemplo; versiones republicanas de la democracia que han incorporado también lo mejor del liberalismo y del socialismo democrático y que hoy hemos terminando denominándolas “democracias constitucionales”.

Es verdad que se trata de propuestas exigentes, nada fáciles de convertir en realidad. Son un ideal que debemos perseguir aunque nunca lo alcancemos. Pero nuestro problema hoy no es de exceso de pretensiones, por habernos exigido mucho, sino por habernos conformado con muy poco, incluso por haber tragado con ruedas de molino intragables; hemos caído muy bajo.

La corrupción o el enriquecimiento ilícito de una parte significativa de la clase política y el abuso de poder, entre otras prácticas perniciosas, han contribuido a esta crisis institucional que vivimos. También lo ha hecho la ruptura de las reglas del juego limpio que las acompaña inexorablemente, el abandono de esos principios y valores que definen hoy una genuina democracia constitucional: el de solidaridad, el de igualdad de oportunidades, el de respeto hacia el otro, a su privacidad, al adversario político, demasiadas veces enemigo, al valor de la palabra dada, de las promesas, etcétera, etcétera. La política del todo vale con tal de conseguir los fines que se persiguen y los escasos frenos morales de algunos de sus protagonistas explican todos estos fenómenos de corrupción y deterioro de la vida pública.

Ahora que muchos denuncian los déficits de nuestra Transición, en algunos casos con toda razón (la mitificamos en exceso) deberíamos reconocer también algunos de sus logros y éxitos, y de sus enseñanzas olvidadas, quizá la más importante el espíritu de consenso que la impulsó o la idea de compromiso altruista. No era sólo la voluntad de llegar a acuerdos, sino la forma en que se llegó a ellos, con amistad cívica, con limpieza, evitando la agresión cainita, la imposición, la mentira o la deslealtad (sobre la que se ocupó, por ejemplo, Albert Calsamiglia). Éste, al menos, fue el espíritu de la mayoría (quizá también porque la España negra que surge de la guerra civil estaba muy cerca, muy reciente) y, lamentablemente, lo hemos perdido…

Hoy, en nuestro país, vivimos malos tiempos para los principios y los valores, para una visión ilusionante de la política y de la democracia, para la ética pública que diría mi querido maestro Gregorio Peces-Barba. La crisis, y su gestión insolidaria, la corrupción, y su gestión irresponsable, nos han llevado al desencanto generalizado, a la huida en unos casos, al oportunismo en otros y al cinismo en casi todos, incluso a una cierta guerra de todos contra todos. Así no saldremos de ésta aunque los datos económicos digan algún día que sí.

Tampoco dependerá de un mirlo blanco fruto de una primarias, por mucho valor que tenga este procedimiento democrático, que sin duda lo tiene y debería generalizarse en todos los partidos. Hay que asegurar antes y entre todos algunas certezas (básicamente jugar limpio) y evitar esta deriva maquiavélica, en el peor sentido, en la que estamos.

Desgraciadamente, los ejemplos de falacias y de juego sucio son numerosos y los encontramos todos los días y por todas partes. En los políticos, en los medios de comunicación y en la llamada sociedad civil. Me centraré en uno por la relevancia del caso y por su protagonista, el presidente del Gobierno, que es quien debería dar más y mejor ejemplo. Sí, como ha podido comprobarse estos meses y también en su comparecencia forzada en el Parlamento el pasado 1 de agosto, Rajoy no pudo evitar esta tentación de defenderse de su responsabilidad evidente por el caso Bárcenas, hoy ya caso PP (especialmente después del episodio de los ordenadores borrados) mediante el recurso a falacias de todo tipo, incluso al ataque personal, por ejemplo contra el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, “vituperative personalities”.

Utilizó falacias de peligro (“quien nos ataca, impide la recuperación económica”) falacias de dilación (postergando la discusión todo lo posible) falacias de confusión (meter todo –y a todos- en un mismo saco) etcétera, etcétera. También lo ha hecho una persona normalmente sensata y preparada (más allá de sus “sermones” de los viernes) como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría o un hombre dialogante y abierto como Alfonso Alonso. Bárcenas les ha sacado a todos de quicio y les ha llevado a vivir permanentemente en la mentira, en el despropósito…

Sin embargo, creo que aún están a tiempo de cambiar esta deriva perversa que ha acentuado particularmente la desconfianza en las instituciones, en la democracia parlamentaria o representativa, en la nobleza de la Política. Si queremos empezar a recuperar alguna dosis de crédito ciudadano, de confianza en el sistema, el presidente debería empezar por asumir él sus responsabilidades, palmarias, por este caso gravísimo de corrupción y de engaño. Ya lo debería haber hecho pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Debería hacer, al menos, lo que ha hecho el presidente Griñán en Andalucía a propósito del caso de los ERES fraudulentos: dimitir. Sin más. Eso sí, Rajoy debería impulsar, antes de irse, una reforma del reglamento de la Cámara que facilite la transparencia y el dinamismo del Parlamento, para que, entre otras cosas, el Gobierno y su presidente comparezcan siempre que lo pida la oposición, automáticamente, sin ir arrastras y tarde. Los grupos parlamentarios deben poder controlar al ejecutivo sin que éste se esconda detrás de su mayoría absoluta. La regla de la mayoría tiene sentido en la función legislativa del Parlamento, aunque tampoco de una forma total (debe combinarse sabiamente con el diálogo –vg, para el problema con Catalunya-) pero no lo tiene en relación con las funciones de control, al menos para activarlas y posibilitarlas.

En suma, el recurso sistemático a la falacia o directamente a la mentira, con una falta de respeto elemental hacia los ciudadanos, tratándonos como menores de edad, junto al abandono de los principios más elementales de honradez y honestidad, de transparencia y visibilidad, de fair play o, también, de solidaridad con los más débiles, no augura nada bueno para nuestra democracia. Lo sabemos ya. Estamos en el momento más crítico.

Este Gobierno, principal responsable a mi juicio de este deterioro, no es sin embargo el único responsable. Sería pueril y sectario pensarlo. Lo somos todos, cada uno en su nivel, el resto de partidos políticos también (incluidos los minoritarios), los medios de comunicación y el conjunto de los ciudadanos que debemos exigir (e interiorizar) el debido respeto a las reglas y a los valores democráticos. La democracia es la única forma de gobierno que requiere para su existencia de la confianza de los ciudadanos (todas las demás se las arreglan directamente con la fuerza, con la violencia, incluso física) y si se pierde del todo, sencillamente, estamos perdidos... Sin confianza, no hay democracia. La historia nos lo enseñó en 1933 y, en nuestro país, en 1936. No volvamos a empezar…

Las asociaciones de víctimas del terrorismo gozaron asimismo, en particular entre 2004 y 2011, de una visibilidad y de un poder de influencia, social y mediática, sin precedentes

Prefacio a Las víctimas del terrorismo en España, Ed. Dykinson

“En materia de apoyo a las víctimas –escribieron en junio de 2009 en el diario El país Gustavo Suárez Pertierra y Fernando Reinares-, España ha terminado por convertirse en una referencia mundial”. Las asociaciones de víctimas del terrorismo gozaron asimismo, en particular entre 2004 y 2011, de una visibilidad y de un poder de influencia, social y mediática, sin precedentes. Paradójicamente su mayor fuerza se dio en ese tiempo, cuando se estuvo más alerta frente al terrorismo islamista tras el 11-M y, sobretodo, cuando el terrorismo de ETA se debilitó operativamente como nunca antes. Son unos años en los que, además, la banda separatista sufre un desgaste social desconocido hasta entonces, que terminó siendo decisivo, muy especialmente tras el proceso de diálogo que rompe ETA con los asesinatos de Carlos Palate y Diego Armando Estacio, dos jóvenes inmigrantes ecuatorianos, el 30 de diciembre de 2006. La estrategia policial y de política antiterrorista del Ministerio del Interior, en especial con Alfredo Pérez Rubalcaba, socavó la estructura “militar” de la banda y, a la vez, su caldo de cultivo social. Y, claro está, sin el reconocimiento a las víctimas, esto segundo no hubiera sido posible. La deslegitimación social de ETA fue paralela a la visibilidad de sus víctimas, en una concepción integral de la seguridad que incluyó la humanización del daño causado, la dignificación de las personas que lo padecieron directamente, un daño que no fue ni colateral ni inevitable, dos prejuicios inaceptables de los terroristas. Con todo, diez crímenes más se sucederían entre 2007 y el 20 de octubre de 2011, cuando la banda declara el cese definitivo de su actividad armada. Fernando Trapero y Raúl Centeno, Juan Manuel Piñuel, Luis Conde de la Cruz, Isaías Carrasco, Inaxio Uría, Eduardo Puelles, Carlos Saénz de Tejada, Diego Salvá y en Francia Jean-Serge Nérin, perdieron la vida con los últimos coletazos de ETA. Una agonía que se nos hizo muy larga y dolorosa pese a que se trataba del periodo de nuestra historia contra la banda con más detenciones decisivas y en el que, consecuentemente, ésta cometió el menor número de crímenes. Todo lo que ha sucedido después, desde principios de 2012, y todo lo que está sucediendo, es un proceso de ajuste, a veces contradictorio o poco preciso, también en ocasiones difícil para las víctimas o para algunas de sus asociaciones, a esta realidad feliz del fin de ETA, la banda que pretendió la independencia política y jurídica de una Euskalerria imposible, que incluía además de al actual País vasco y a Navarra, a tres demarcaciones del sudoeste de Francia. No era sólo la segregación o la ruptura de la unidad de España y de Francia lo que estaba en juego con la presencia mortífera de ETA, sino, lo que es más importante sin duda: la aniquilación del pluralismo y de las libertades individuales a partir del nacionalismo étnico uniformador en el que se inspiró ideológicamente. Por eso es tan importante el éxito del fin de ETA, un éxito sin duda compartido. Por el conjunto de la sociedad española, incluida la vasca por supuesto, por los sucesivos gobiernos democráticos desde los tiempos de Adolfo Suárez y Felipe González y, claro, por las víctimas y sus familias.

Con el presidente Rodríguez Zapatero, el trabajo fue ingente, continuado y decidido, desde todos los ámbitos del Gobierno, haciendo oídos sordos a las críticas, tan injustas como contraproducentes, y mirando siempre hacia adelante. Cuando escribo estas líneas, desde la distancia del tiempo transcurrido y la frialdad de mi despacho universitario, pienso en los exitosos resultados contra ETA y contra el terrorismo internacional de esos años y sigo sin comprender las desconfianzas, las falacias y las polémicas y, sobre todo, el uso político partidario, a veces sin límites, que hizo de la cuestión el Partido Popular, entonces en la oposición, un uso que ahora de vez en cuando se les vuelve en contra haciendo realidad la máxima de Santa Teresa: “Se derramarán más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas”. Sólo entiendo la crítica a la lucha antiterrorista, que además debe hacerse con todo el reproche moral, político y jurídico-penal, cuando se hace violentado los derechos humanos, situación que no se produjo en España en ningún caso entre 2004 y 2011. Otra cosa son las víctimas, incluso sus asociaciones, afectadas directamente por la acción terrorista, por la tragedia. Vidas y familias rotas con duelos sin cerrar en muchos casos, pese al paso del tiempo. Nosotros no coincidíamos con algunas de sus reivindicaciones más políticas, sobre estrategia antiterrorista o sobre política penitenciaria, siempre se lo dijimos y, sobretodo, siempre las respetamos y las entendimos aún sin darles la razón de forma paternalista. No es fácil ver salir de la cárcel, aún en cumplimiento estricto de la legalidad constitucional, al asesino de tus seres queridos. La sospecha sobre la sinceridad de su arrepentimiento, en el caso de que se haya producido, o el tiempo de las condenas, casi siempre insuficiente para una víctima, responde a una lógica humana que hay que entender y respetar aunque los criterios que prevalezcan (precisamente por eso) sean los del Estado de Derecho, es decir, los de legalidad y humanidad. “El hombre sin derecho se rebaja al nivel del bruto” escribió Ihering en su gran obra La lucha por el derecho, imprescindible en nuestra cultura política y jurídica. No debe olvidarse que una de las características del Rule of Law es que, por prudencia y para asegurar que nunca se producen excesos, pero también como pedagogía social, se suele proteger particularmente al victimario, y esto puede ser desgarrador para la víctima. Esta filosofía se concreta en la Modernidad, o mejor, con las Revoluciones liberales y la Ilustración, superado el viejo Derecho penal del Ancien Regime, tal y como nos enseñó nuestro Tomás y Valiente, vilmente asesinado por ETA, pero tiene antecedentes antiguos, en Grecia, con Sócrates, o en Roma con Ulpiano, en lo que podríamos identificar como los orígenes de la civilización. Entre las enseñanzas socráticas se encuentra la “doctrina de que es mejor ser víctima de una injusticia que cometerla con los demás”, sobre todo si quien la podría cometer es el Estado. Y entre las de Ulpiano, que “nadie debe ser condenado por sospechas, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente”. Por eso, en caso de duda, prevalecen los criterios de libertad y siempre los humanitarios. También las garantías que evitan tratos inhumanos o degradantes o penas desproporcionadas sin que eso signifique la no persecución del delito o la ausencia de sanción y en la paradoja de que el victimario no tuvo esa consideración hacia su víctima. En el Estado de Derecho, como es sabido aunque no viene mal recordarlo, el castigo, además, es un mal necesario que no sólo implica el reproche hacia una conducta ilícita, sino que busca también reducir el crimen y “reformar” al criminal. Diderot condensó bien esta filosofía que inspira la sanción negativa y particularmente la pena en nuestro modelo constitucional, que es sobretodo un modelo ético y cultural, civilizatorio, cuando escribió: “la justicia se sitúa entre el exceso de clemencia y la crueldad, al igual que las penas consumadas están entre la impunidad y las penas eternas”. En este punto la mirada particular de muchas víctimas y de sus familias ha condicionado comprensiblemente la realidad objetiva del fin del terrorismo de ETA en nuestro país, que es sin duda la mejor noticia desde la Transición a la democracia y el fin del franquismo. Aceptarlo con “deportividad” desde el gobierno y los representantes políticos, mirándolas a los ojos sin engañarlas, o sin decir una cosa y la contraria en función de si se está en la oposición o en el poder, es la mejor opción, la más coherente y la más honrada, sin echar las campanas al vuelo pero con la satisfacción del deber cumplido. Un trabajo de todos, como he dicho, incluidas por supuesto las víctimas pero también muchos nacionalistas, vascos pacíficos y demócratas. Algún día sabremos ver con distancia y con grandeza esta enorme realidad de la que todos debemos estar orgullosos.

Y algunas enseñanzas debemos aprender también. Por ejemplo, la lealtad imprescindible entre demócratas cuando se combate el terrorismo con los instrumentos del Estado de Derecho. No puedo evitar recordar en este sentido el inicuo ataque de algunos durante aquellos años, en particular contra Gregorio Peces-Barba, que viví directamente, y en general contra los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero y de Patxi López. Todo muy injusto, demasiado injusto, también porque renunciamos, con buen sentido, a defendernos. “Golpeadme, pero escuchad” diríamos con Bentham. Peces-Barba, mi maestro, a cuya memoria dedico este libro, fue un intelectual comprometido y una buena persona. Un hombre de consenso, integrador, con una bonhomía excepcional, defensor siempre del más débil, por tanto también de las víctimas del terrorismo, y debemos pasar página, como él querría sin duda, para no alimentar el rencor entre españoles, ni dar protagonismo a los que le injuriaron y difamaron como estrategia inaceptable contra un gobierno legítimo y un partido, el PSOE, incluido por supuesto el Partido Socialista de Euskadi, que puso muchas víctimas, que trabajó denodadamente para acabar con ETA y que, además, lo consiguió. Las víctimas del terrorismo, de todo terrorismo, también del islamista o yihadista, merecen que las saquemos de una vez por todas del sucio regateo político, de un manoseo tan inmoral como contraproducente. Elías Díaz, uno de nuestros mejores filósofos del Derecho, lo afirmó con rotundidad y lucidez en 1977, hace más de 35 años, para algunos desgraciadamente un grito en el desierto: “Que nadie pretenda ”capitalizar“ a los muertos, utilizándolos en beneficio propio y en contra de la democracia. Honrar a los muertos (…) es algo completamente opuesto a la falta de respeto que supone servirse de los caídos para atacar y agredir al adversario político (…). La discrepancia política, incluso el enfrentamiento ideológico, no debe situarnos en opuestas orillas ante el crimen: las víctimas del terrorismo deben ser por todos lamentadas y veneradas”.

Este libro pretende también rendirles tributo. Limpiamente…Con afecto y consideración.

No han aprendido que el pluralismo y el respeto a la dignidad humana son sagrados

Siguen confundiendo las Sagradas Escrituras y el Derecho canónico con el Código Civil y el Código Penal de una democracia constitucional

Los aires frescos del nuevo Papa, Francisco I, se transforman en aire viciado al cruzar los pirineos hacia el sur. Aquí sigue Rouco Varela con sus dogmas, el jefe integrista de la Conferencia Episcopal que alecciona y ordena a un gobierno, el de Mariano Rajoy Brey, que obedece rápido y sin rechistar. El otrora liberal Gallardón se olvida de la Constitución, de la misma norma exhibida y manoseada cuando interesa, y de que nuestro país es un Estado no confesional, laico en su lógica más avanzada, en el que un muro de piedra debe separar a la Iglesia del Estado. Pensábamos que el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Quicos, estarían en retirada con un Papa jesuita y latino americano que recuerda a Pablo VI y a Juan XXIII. Pero no. Hasta el final nos seguirán diciendo cómo debemos vivir, cómo debemos morir, con quién podemos acostarnos o casarnos, a quién debemos querer, etc.

No han entendido nada de la Modernidad, de la Ilustración y del proceso de secularización propio de sociedades abiertas y libres. No han aprendido que el pluralismo y el respeto a la dignidad humana son sagrados. Que sin ellos no es posible la vida civilizada y en paz. Que debemos preservar la conciencia individual de injerencias externas. Que es obligación del Estado no adoctrinar sino ensenar a pensar. “¡Sapere aude! Ten valor de pensar por ti mismo; atrévete a saber” era el lema ilustrado que inmortalizó Kant. En lugar de esto, la jerarquía católica de nuestro país combate los matrimonios entre personas del mismo sexo, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a una muerte digna, la virtuosa asignatura de educación para la ciudadanía, el divorcio, sobre todo el llamado exprés que permitió Rodríguez Zapatero, es decir, sin culpables, cuando llega el desamor.

Y el problema de fondo es que no les gusta la libertad, a la que en el siglo XIX calificaban en alguna de sus Encíclicas como pestilente. Siguen confundiendo las Sagradas Escrituras y el Derecho canónico con el Código Civil y el Código Penal de una democracia constitucional. Gozan para ello, que es lo peor de todo, de la complicidad activa del Presidente del Gobierno y de su Ministro de Justicia acaso para distraernos de la crisis y de su injustísima gestión, olvidando que no caben cortinas de humo con los derechos fundamentales. Seguro que se escandalizan cuando en países musulmanes el Corán es el Derecho. Pura hipocresía, gran impostura. Enorme incoherencia.

Pero todo esto no es nuevo aunque nos resulte particularmente insoportable en pleno siglo XXI. Desde que Fray Bartolomé de las Casas se enfrentó a la Iglesia institución en una discusión sobre la naturaleza de los indios, ésta ha estado siempre contra el progreso y la autodeterminación del ser humano. Contra la libertad. Hobbes, muchas veces mal interpretado, desmontó el monopolio del poder de la Iglesia sobre las conciencias, lo que completó Locke con su Carta sobre la Tolerancia y apuntaló Kant con su idea de la unicidad del hombre como ser de fines, que no tiene precio, que no admite superior y que no puede ser cosificado. Es el antropocentrismo, el humanismo, laico en su mejor versión, que tanto molesta a los fanáticos de todo pelaje y de todo tiempo, capaces de imponer su visión del mundo incluso a costa de la vida humana. Rousseau y Condorcet justificaron la democracia y la igualdad, y encontraron de nuevo en la Iglesia Católica uno de sus más fervientes enemigos. El movimiento obrero y el feminismo volvieron a toparse con la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX en su reivindicación del sufragio universal, a los que ésta oponía los privilegios aristocráticos y los derechos sagrados de los príncipes, la reclusión de la mujer en el hogar y la resignación cristiana de los pobres en su miseria con el señuelo de que “suyo será el reino de los cielos”.

El siglo XX no fue mejor. Desde su ambiguo papel, por utilizar una expresión suave, durante la II Guerra Mundial y el nazismo recreado perfectamente por Costa Gavras en Amén, o el descarado apoyo al golpe de Franco y a su “cruzada” militar en nuestra guerra (in)civil, llevando al dictador bajo palio durante cuatro décadas, hasta nuestros días, enfrentados a todo lo que sea reconocimiento y extensión de libertades y derechos fundamentales que ellos ven siempre como pecados y que querrían que fueran también delitos. Sólo el espíritu libre y conciliador del Cardenal Tarancón impulsado por el espíritu del Concilio Vaticano II rompió durante la Transición con una historia de la Iglesia Católica Institución contra la libertad y los derechos humanos perfectamente coherente y empecinada, que se inicia hace más de cinco siglos. Sus bases afortunadamente son distintas, como lo es Cáritas o los misioneros y misioneras comprometidos en la lucha contra la pobreza y el hambre en tantos lugares de la Tierra. Mientras sus jefes recelan de los derechos humanos y se irritan ante cualquier expresión de libertad, con la connivencia de un gobierno pusilánime y sometido, aquellos los defienden de verdad, sin muchos dogmas, sin artificios y en condiciones imposibles. Por amor a la humanidad.

En el espacio público, hacen falta reglas claras, compartidas, obligatorias e iguales para todos

Los partidos, particularmente los dos mayoritarios, deben llegar a acuerdos en esta materia y tomarse en serio un concepto fundamental: el de responsabilidad política

La política en democracia es una cosa seria y exige respeto y sobre todo auto-respeto por parte de nuestros representantes

Vivimos malos tiempos para nuestra joven democracia, envejecida de pronto. No sólo sufre achaques propios de la edad, de la complejidad de nuestras sociedades; últimamente tiene espasmos, como los de un animal viejo y moribundo, que no tienen que ver con el paso del tiempo. La crisis financiera, americana o transatlántica, fue el origen pero no es hoy la causa principal. Provocó los primeros síntomas, básicamente por confundir la economía libre de mercado con un capitalismo sin alma, despiadado, que no defendería ni Adam Smith. Hoy, con todo, la cosa es mucho más seria. Esa crisis financiera mutó en muy poco tiempo, particularmente en nuestro país, y se transformó en una crisis total: económica, social e institucional. Los demonios del pasado despertaron de pronto.

Mientras tanto, el gobierno de Rajoy no ha dado con la medicina. 15 meses después de su aplastante victoria electoral, el paciente está más grave. Prometió unos tratamientos y ha aplicado los contrarios, guiado por un deber inescrutable, que sólo él conoce. Enredado en primas de riesgo y contenciones del déficit, recortes y promesas incumplidas, el gobierno de Rajoy ha terminado por desahuciar a una buena parte de la sociedad. Ha retirado casi todas las redes de protección que servían de vacuna, y muchos ciudadanos han caído al vacío y lo siguen haciendo. Solos, desamparados. La política y el Estado empiezan a no tener sentido para ellos. Los primeros espasmos de nuestra democracia hacen acto de presencia.

El déficit o la prima de riesgo le han ganado la batalla a la solidaridad, el peor liberalismo al constitucionalismo social, el dinero, muchas veces sucio, a la igualdad de oportunidades. A la vez que esos ciudadanos caen, pensando en cómo será el golpe y si podrán recuperarse, otros, más afortunados, contemplamos estupefactos la orgía de corrupción que cada día nos cuentan los periódicos. Primero no te lo puedes creer; luego te parece increíble. En lugar de informar y de explicar, casi sería una cuestión de delicadeza, pero por supuesto es mucho más que eso, los afectados sólo niegan y, en muchos casos, con secretos y mentiras. Unos se parapetan en la mayoría parlamentaria; otros se esconden detrás del principio de presunción de inocencia. Una y otro, valiosísimos, por supuesto, pero ambos torticeramente utilizados. Más espasmos. Parecen agónicos. Impiden debates parlamentarios o comisiones de investigación al tiempo que presumen de una nueva ley de transparencia. La corrupción ha existido siempre, más en las dictaduras que en las democracias, y siempre existirá. Lo sabemos. Está en la condición humana, particularmente en la de algunos hombres, esos que hacen que el dinero trabaje para ellos frente a la mayoría de los mortales que, como le dice Paul Auster a John Coetzee, trabajan para ganarlo, para vivir dignamente. Pero si la crisis total nos hiere gravemente, la corrupción que no se afronta y no se combate termina matándonos. Debemos prevenirla primero, obstaculizarla al máximo y, para los casos que se escapen, castigarla con ejemplaridad, con determinación.

En el espacio público, hacen falta reglas claras, compartidas, obligatorias e iguales para todos. Una ética política que diría Thompson. Los partidos, particularmente los dos mayoritarios, deben llegar a acuerdos en esta materia y tomarse en serio un concepto fundamental: el de responsabilidad política. Frente a una acusación relevante, con indicios razonables de verosimilitud, se debe dimitir inmediatamente, con la cabeza alta si uno está seguro de su conducta y, por supuesto, sin alegar la presunción de inocencia, ni esperar a una sentencia condenatoria. La defensa política siempre es con buenas razones, si se tienen, sobre el fondo del asunto, ofrecidas con todo lujo de detalles ante el tribunal de la opinión pública y el Parlamento. La responsabilidad penal tiene otra lógica, sin duda más garantista, como debe ser, en donde uno puede legítimamente no declarar contra sí mismo. La responsabilidad política, materializada en forma de dimisión o de cese, no es por tanto por cometer un delito (no necesariamente; por supuesto, si hay delito, con mayor razón) sino, precisamente, por ser un irresponsable: directamente, si se ha llevado a cabo una conducta irregular, inaceptable, incompatible con el cargo, o poco ejemplar como diría el Jefe del Estado; indirectamente, si se ha elegido mal a un subordinado o si no se le ha vigilado con la diligencia suficiente cuando es éste el que ha hecho la fechoría, el que ha tenido esa conducta irregular, inaceptable, incompatible con el cargo. Por supuesto, la acusación debe ser suficientemente grave y los indicios sólidos, como los son, por cierto, en todos los casos que venimos conociendo en los últimos tiempos.

Un ejemplo de argumento defensivo no válido, en la línea de lo que vengo diciendo, es el de la prescripción de los delitos. Éste vale sólo en el ámbito penal. Tampoco es aceptable aumentar la responsabilidad con mentiras o medias verdades, como ha hecho el partido popular en relación con Bárcenas, sus finiquitos o la duración de su contrato laboral. La mentira pública aquí es una razón que opera por si sola para que haya dimisiones, de los que mintieron directamente o de los que les hicieron mentir. Ni Maquiavelo, ni Constant en su debate con Rousseau o Kant, aceptarían su justificación cuando está al servicio de la corrupción.

La política en democracia es una cosa seria y exige respeto y sobre todo auto-respeto por parte de nuestros representantes. Nuestra democracia parlamentaria no puede entrar en una agonía definitiva. No hay alternativas totales, y si las que hay, son peores. Tampoco creo que haya que moralizar en exceso. Y me revelo frente a la afirmación, o pueril o populista, de que todos los políticos son iguales. Es un nihilismo, un fatalismo, en el que no podemos caer. Debería bastar con cumplir las leyes y, en este punto, sobre todo, con dedicarse al servicio público honestamente, honradamente. Con sentido político de la responsabilidad. Nuestra joven democracia está en juego.

A mí, lo que de verdad me preocupa, lo que me preocupa más, mucho más, infinitamente más, es lo que realmente está sucediendo, sí, en estos 10 meses, pero en nuestro país (aunque no sólo aquí) con la complicidad egoísta de Alemania y el silencio ensordecedor de una Unión Europea paralizada y sin liderazgo. Mientras nos distraemos con algunos de aquellos temas, auténticas cortinas de humo, los fanáticos de la economía como moral que no leyeron nunca a Adam Smith han acabado con la economía política y, a fortiori, con los derechos sociales y su soporte político-jurídico, el Estado del Bienestar, que no es otra cosa que el bienestar de los ciudadanos en general y la protección de los más débiles en particular. Como es sabido, aunque se está olvidando, la Europa unida se construye tras la II Guerra Mundial precisamente con esa utopía en el horizonte. Lamartine decía que las utopías no son sino verdades prematuras y Weber que había que pedir lo imposible para alcanzar lo posible.

Ese Estado del Bienestar, ese constitucionalismo social europeo, se hizo realidad en el centro y en el norte de Europa y puso sus cimientos también en España de la mano de nuestra joven democracia y, por cierto, del PSOE. Ahora, una crisis que es capitalista en su origen, nacida del peor capitalismo, el financiero, se erige como la gran coartada, la tormenta perfecta para llevarse por delante, cual huracán Sandy, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Sus pilares, la educación pública, la sanidad universal, el apoyo a los dependientes, la protección frente al desempleo, etc, se están viniendo abajo como si fueran de cartón piedra, alejándonos por generaciones de la utopía europea que ha merecido recientemente, precisamente por eso, el Premio Nobel de la paz. El mensaje de advertencia es claro y nos lleva hasta Kant y su sueño de paz perpetua: ésta no existe sin justicia social, sin igualdad de oportunidades y sin seguridad frente a los avatares de la vida, la enfermedad o la irremediable vejez. En 1945 los europeos lo vieron claro.

Ahora, sin embargo, cuando el Estado debería ser más poderoso y el constitucionalismo social europeo estar más presente, uno y otro se retiran y avanza el Estado Mínimo y la ley del más fuerte: el sálvese quien pueda, el estado de naturaleza hobbesiano, que es la guerra de todos contra todos y en la que, siempre, el pez grande se termina comiendo al pez chico. Esto no cambia nunca. Por eso se soñó el Estado del Bienestar. La retirada actual, claro, no es sólo ideológica, que también, sino en términos de poder y de opinión pública, fruto de decisiones democráticas de los ciudadanos, desconcertados y escépticos, sobre todo las gentes progresistas y de izquierdas mucho más exigentes con sus líderes que las gentes de derechas que los discuten puntualmente pero les votan fielmente. Y ganan. Aquí y en Berlín. Y ésta es, me parece, la verdadera tarea de los partidos socialdemócratas, mucho más que la legítima lucha por el poder interno.

Es imprescindible una reflexión seria y serena acerca del papel de la izquierda en general y del socialismo democrático en particular en una Europa que avanza a partes iguales hacia la resignación, el desencanto, el populismo y la rebelión. Ideología, contenidos programáticos, unidad de acción, estrategia y táctica, ahondando en las señas de identidad del socialismo democrático (Bernstein, Blanc, Laski, Rosselli, Bobbio, Fernando de los Ríos…) pero adaptándolas al presente y al futuro, sin confundir el legitimo pluralismo también dentro de los partidos con la ausencia de criterios nítidos y coherentes. Sólo la ciudadanía francesa, en los últimos tiempos, ha percibido el riesgo involucionista conservador que conduce a la fractura social y a una crisis no sólo financiera y económica, que no es poco, sino, a partir de ella y por su injusta gestión, a una crisis total que no es sinónimo de global, sino de definitiva, sistémica en todos los órdenes, también el moral y el político. Será, si no lo remediamos, y no quiero ser profeta de catástrofes, la muerte civil de las sociedades bien ordenadas.

De todo esto quería escribir. Lo haría largo y tendido. Con gusto. Como denuncia que gritara a los cuatro vientos la indignación que me produce, como a tantos españoles, perder el tiempo con cuestiones menores cuando este gobierno, el de Mariano Rajoy Brey, campa a sus anchas por mucha legitimidad democrática de la que goce, insensible ante los vulnerables y las clases medias, y desnortado. Saben que la lógica de las cosas, incluso los palos de ciego que dan, la incertidumbre y los silencios, les llevan hacia donde siempre quisieron ir y nunca se atrevieron a decir: el fin de la igualdad, por acción o por omisión, que es el valor, como diría Bobbio, que distingue a la derecha de la izquierda. Nunca creyeron en la igualdad, ni de partida, ni mucho menos de llegada, en la meta. Sin embargo olvidan el riesgo de revuelta social, el argumento de la seguridad que les gusta más. Ya que no conocen el valor que la cohesión tiene para la paz social y que supo ver Rousseau hace casi 3 siglos, que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro, ni nadie tan pobre como para verse forzado a venderse, escribió el Ciudadano de Ginebra en El Contrato social, deberían tenerlo en cuenta aunque sea sólo por sentido de la responsabilidad. Lo vio hasta Carl Schmitt, poco sospechoso de “rojo”, para quien la razón de ser del poder es precisamente proteger a los ciudadanos. Lo dice incluso la Constitución de Cádiz, La Pepa, celebrada con toda la pompa en su bicentenario: la obligación del Gobierno es hacer felices a los españoles, decía en uno de sus primeros artículos. Yo, por supuesto, no espero tanto. Me conformo con que no nos hagan desgraciados, con que no nos lo hagan de forma irreversible. La legitimidad de origen, que sin duda tiene Rajoy y su partido, aunque han hecho todo lo contrario de lo que anunciaban en su programa electoral, es insuficiente sin la legitimidad de ejercicio. Y ésta se pierde no sólo por el abuso de poder sino cuando se desatiende a los ciudadanos.