La incertidumbre generada por las dificultades para conformar el futuro gobierno y la amenaza de repetición de las elecciones generales explican, seguramente, el escaso tiempo dedicado a analizar los resultados obtenidos por cada una de las fuerzas políticas el 20-D. En el caso del PSOE esta reflexión crítica y serena es particularmente necesaria, pues en gran medida de ella depende el papel que este partido puede desempeñar en la legislatura que ahora se abre y en el futuro.

Las malas noticias

En solo dos legislaturas el PSOE ha perdido la mitad de sus votantes. Tras el histórico batacazo de 2011, el pasado 20-D los socialistas se han dejado otra veintena de diputados y un millón y medio de votos. Con el agravante que suponen resultados tan negativos, y simbólicos, como el de Madrid donde se han convertido en la cuarta fuerza política.

Esta decadencia acelerada no es casual y exige, por ello, una reflexión autocrítica. Para empezar, no cabe duda de que la trayectoria del gobierno de Rodríguez Zapatero a partir de mayo de 2010, con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución como punto culminante, sigue constituyendo un pesado lastre del que el PSOE no se ha podido desprender, básicamente porque no ha sido capaz de admitir sus errores. Resulta muy llamativo, por ejemplo, que no se haya producido todavía un claro desmarque de la decisión de congelar las pensiones en 2010.

En segundo lugar, sigue echándose en falta una mayor contundencia en la lucha contra la corrupción y las corruptelas. Sería injusto no reconocer que se han producido avances en este sentido, pero queda mucho camino por delante.

Así lo pone de manifiesto que se consientan situaciones como la imputación del secretario general de los socialistas gallegos. Porque parece que el PSOE no ha entendido que lo que hoy exige la ciudadanía a la clase política, tras destaparse gravísimos casos de corrupción en los últimos años, es ejemplaridad.

Por último, también es reseñable que el proceso de renovación iniciado tras los comicios europeos del pasado año ha tenido un recorrido limitado. Y es que el éxito indiscutible que supuso la elección directa por los militantes de Pedro Sánchez como secretario general del partido no ha servido para impulsar suficientes cambios internos que transmitan a la ciudadanía que la organización ha conseguido superar una situación de esclerosis y que, por tanto, tiene capacidad real para liderar un nuevo proyecto político.

Todo ello se traduce en un problema de credibilidad. Al tiempo que a su izquierda –también incluso a su derecha– se reconoce la importantísima contribución del PSOE a la construcción de nuestro Estado de bienestar y, en general, al progreso del país en los últimos treinta y cinco años, ha calado en una parte significativa de su potencial electorado la idea de que poco puede esperarse de este partido en la actualidad. No tanto porque los mensajes que transmita no sean de corte progresista –aunque ciertamente podrían ser algo más ambiciosos–, sino sobre todo porque los ciudadanos no tienen ninguna garantía de no verse ‘traicionados’ nuevamente si los socialistas volvieran a gobernar.

Las buenas noticias

Sería injusto no reconocer que, pese a todo, el resultado cosechado por el PSOE ha quedado por encima de lo que auguraban los sondeos previos. Seguramente ello tiene mucho que ver con la recta final de la campaña en la que Pedro Sánchez demostró contundencia para reprochar al PP sus errores y vergüenzas, y cierta habilidad para escorar hacia la derecha la percepción que los electores tenían de Ciudadanos. El caso es que el PSOE sigue siendo el principal partido de la izquierda, en escaños y votos; y la fuerza parlamentaria con una presencia territorial más homogénea: es la única que ha logrado al menos un escaño en todas las provincias.

Pero, además, el PSOE sigue ocupando algo tan preciado como la centralidad del tablero político. En un doble sentido. Por un lado, ningún otro partido acredita como los socialistas el talante de diálogo y la capacidad de pacto. En los últimos meses, sin ir más lejos, ha llegado a acuerdos de gobierno de distinto tipo con fuerzas que quedan a su izquierda como Podemos (Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura), Compromís (Comunidad Valenciana) o IU (Asturias), al que igual que con otros partidos que se sitúan a su derecha: Coalición Canaria en las Islas, PNV en las Diputaciones Forales e incluso Ciudadanos en Andalucía. Por otro lado, el resultado de las elecciones generales hace que cualquier combinación para formar gobierno implique necesariamente a los socialistas; y, en concreto, la aritmética parlamentaria les sitúa en condiciones de liderar una alternativa de gobierno que podría articularse en torno a tres ejes fundamentales.

El primero, y más urgente, incluiría un conjunto de medidas de carácter social dirigidas a atender las situaciones de necesidad de la población más desfavorecida que tendrían como pieza central la creación de una renta mínima garantizada para todas las personas desempleadas y familias sin recursos económicos suficientes. Todos los partidos de izquierdas llevaban en sus programas electorales propuestas de este tipo por lo que no debería ser difícil consensuar la medida como simbólico punto de partida de un acuerdo de gobierno.

El segundo eje sería el de la regeneración democrática, ámbito en el que podría plantearse una reforma del sistema electoral para lograr una representación más proporcional que evite el perjuicio desmedido que sufren las fuerzas minoritarias con presencia en el conjunto del Estado. Tanto IU como Podemos –sin olvidar a Ciudadanos– comparten plenamente este planteamiento por lo que el acuerdo sería factible.

Por último, la tercera línea de actuación es la que ha de afrontar la delicada cuestión territorial en el marco de una reforma constitucional. Es evidente que esa reforma habrá de contar, antes o después, con el apoyo de la derecha parlamentaria. Pero, de momento, hay que corregir el inmovilismo de los últimos años y sentarse a dialogar con las fuerzas nacionalistas en busca de un mejor encaje de la diversidad territorial e identitaria en nuestra Constitución. Es un paso pequeño, pero significativo; lo que podría servir para lograr el apoyo de una fuerza nacionalista como el PNV.

La legislatura que acaba de concluir ha sido una pesadilla para buena parte de la población. Los recortes sociales han provocado un enorme sufrimiento y el afloramiento de las tramas de corrupción, en un momento tan sensible, han generado indignación en una ciudadanía que se ha sentido olvidada. Por eso, la izquierda –que suma casi un millón de votos más que PP y C’s– tiene una obligación moral de ofrecer una respuesta, y de hacerlo cuanto antes, evitando cálculos electoralistas que probablemente conducen al fracaso. Es cierto que la composición del Congreso de los diputados que resulta de las urnas no hace sencillo trenzar ese pacto, pero es posible. El PSOE tiene la responsabilidad de liderar esta iniciativa. El pasado le avala; ahora ha de ser capaz de interpretar, con humildad, el nuevo tiempo político que se ha abierto definitivamente tras el 20-D.

Es un momento oportuno para tratar de identificar los errores cometidos por los partidos progresistas en los seis meses posteriores al 20D que explican el naufragio de la izquierda y sirven como reflexión de cara al futuro

Hace un año, no era disparatado pensar que un reparto de escaños como el que arroja el 26J podía dar lugar a un proceso de negociación entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, con posibilidades ciertas de conformar un gobierno de cambio. El inesperado resultado de la última cita electoral nos sitúa ante un escenario bien distinto que probablemente alumbrará un nuevo ejecutivo del PP. Es, pues, un momento oportuno para tratar de identificar los errores cometidos por los partidos progresistas en los seis meses posteriores al 20D que explican el naufragio de la izquierda y sirven como reflexión de cara al futuro.

I. Llevados seguramente por una lectura equivocada de los resultados de las elecciones de diciembre, los dirigentes de Podemos parecieron tomar desde el inicio la decisión de no buscar puntos de encuentro con el PSOE a pesar de que existían amplias coincidencias programáticas. Y en un momento posterior, cuando la precipitación del PSOE les ofrecía una ocasión inmejorable para convertirse en el principal referente de la izquierda, apostaron por la convocatoria de unas nuevas elecciones. Confiaban en que sumar a IU, incapaz por sí sola de aprovechar la buena valoración de su líder, les permitiría dar el estirón necesario para superar a los socialistas.

En segundo lugar, la actuación de Pablo Iglesias estuvo marcada por la soberbia y la falta de lealtad hacia Pedro Sánchez, algo que irritó sobremanera a los votantes socialistas e incomodó a muchos electores de Podemos. El modo en el que el líder de la fuerza morada propuso al socialista un gobierno de coalición, con reparto de “sillones” incluido, pareció algo más propio de una ficción televisiva; más si cabe, cuando se reservaba carteras ministeriales más ligadas a la seguridad nacional que a la cohesión social. Y su intervención en el debate de investidura frustrada, innecesariamente agresiva hacia el PSOE, terminó de incendiar todos los puentes entre ambas formaciones.

Y, tercero, ya en la última campaña electoral Unidos Podemos, la nueva marca, emprendió un camino hacia la moderación y la confusión ideológica tan innecesario para su proyecto como desconcertante para sus votantes. Lo primero porque en la parte económica, al menos, sus propuestas eran bastante más razonables que buena parte de la opinión pública quería hacer creer [ver aquí]. Y lo segundo porque muchos de sus electores habían huido del PSOE en los últimos años precisamente por su indefinición ideológica y la tibieza de sus planteamientos.

II. La trayectoria del Partido Socialista también merece un juicio crítico. Para empezar, las líneas rojas fijadas por el Comité Federal de finales de diciembre no facilitaron en nada el proceso de negociación para la formación de gobierno. La imposición a los potenciales interlocutores de una renuncia previa a cualquier tipo de reivindicación territorial era una forma de vetar el simple contacto con las dos fuerzas catalanas, una decisión desafortunada por varios motivos. De una parte, caía en la trampa de un debate sobre la cuestión territorial enmarcada al gusto del PP y en el que los socialistas veían aflorar sus complejos y contradicciones. De otra, siendo el asunto catalán un problema político de primera magnitud, resultaba casi irresponsable negarse a abrir una vía de comunicación con los principales protagonistas. Y, en fin, no mostraba una actitud muy dialogante, lo que tiene casi siempre un coste en términos de credibilidad.

En segundo lugar, también resultó problemática la efusividad con la que se abrazó el pacto de gobierno alcanzado con Ciudadanos. Aunque lo más lógico habría sido plantear una negociación simultánea con las dos fuerzas emergentes, las circunstancias antes descritas condujeron a Sánchez a sentarse con un Rivera ansioso por lograr el protagonismo que las urnas en buena medida le habían negado. Sin embargo, se equivocó el PSOE al presentar el acuerdo como un texto cerrado, dando por hecho que Podemos no tendría otra opción más que apoyarlo para evitar unas nuevas elecciones que la ciudadanía no deseaba. Los socialistas parecían demasiado entusiastas con un texto que contenía medidas valiosas, pero que distaba mucho de constituir una enmienda a la totalidad de la política económica y laboral del PP.

Es muy probable que Iglesias tuviera decidido desde el principio negar su apoyo al PSOE para la investidura. Pero incluso en este caso parece evidente – como tercera crítica – que el PSOE no sacó ningún partido a las debilidades y contradicciones de Podemos y sus confluencias, sin olvidar a IU. Los mismos negociadores socialistas reconocían amplios espacios de entendimiento con Compromís y con Garzón. No aprovechar estas vías de negociación, parapetándose en el acuerdo con Ciudadanos, cerró la única posibilidad de lograr que la presión acabara llevando a Podemos a dar luz verde a la investidura.

Por último, durante el tiempo transcurrido desde el 20D hasta la disolución de las Cortes a primeros de mayo dio la impresión de que nadie en el PSOE contemplaba seriamente la posibilidad de que volviera a haber elecciones. Solo así se explica que no se valoraran las consecuencias negativas de esa excesiva identificación con Ciudadanos (incluso en campaña siguió insistiendo en las supuestas bondades de su acuerdo con la formación naranja, cuando ya estaba más que amortizado) ni se ganara credibilidad ante los electores frente a Podemos. Bien al contrario, el PSOE afrontó los nuevos comicios situando a la fuerza morada como rival a batir, sin darse cuenta de que con ello se daba oxígeno a su verdadero rival, el PP, carcomido por la corrupción y las políticas ‘austericidas’. Con el agravante de que fue incapaz de ofrecer nada nuevo más que un ‘gobierno en la sombra’ en el que –no es anecdótico– no había responsable de empleo, siendo el paro la principal preocupación de la ciudadanía.

III. Más allá de las sensaciones de alivio y frustración de la noche electoral que derivan de las expectativas de PSOE y Unidos Podemos, respectivamente, el resultado del 26J ofrece al PP, ¡y a Rajoy!, amplias posibilidades de seguir gobernando. No sin falta de argumentos, algunas voces en el ámbito de la izquierda consideran que la perspectiva de pasar una legislatura previsiblemente corta en la oposición no es una mala opción. Evidentemente el fin del rodillo de la mayoría absoluta ha de suponer un importante avance: un gobierno con una minoría precaria parece abocado a sufrir importantes reveses parlamentarios. Ahora bien, no debieran pasarse por alto algunos aspectos.

Primero, conviene no subestimar la capacidad del PP para impulsar un proceso de renovación interna que, con un liderazgo nuevo, podría servirle para recuperar una parte importante de los votos fugados hacia el centro-derecha; el caso de Cifuentes en Madrid es un buen modelo de referencia.

Segundo, hay que ser conscientes de que en el nuevo parlamento existe una mayoría conservadora, poco cohesionada en muchos aspectos, pero con muy importantes coincidencias en el ámbito de la política económica y laboral. Ello significa, por tanto, que no habrá rectificación de las medidas que tanto sufrimiento han provocado a los ciudadanos en términos de pobreza y desigualdad.

Y, tercero, todo esto ocurre en un contexto en el que la Unión Europea atraviesa el momento más delicado de su historia. Una circunstancia crítica a la que hemos llegado por muy diversos factores, entre los cuales destaca el agotamiento de una socialdemocracia tibia a la que la crisis ha dejado en evidencia.

Afirmar que la izquierda ha actuado de forma poco responsable en los meses posteriores al 20D es, quizá, injusto. Pero no cabe duda de que tenía una obligación moral de paliar desde el gobierno el daño infligido por el PP a la ciudadanía más vulnerable y a las instituciones democráticas. No haberlo hecho supone un gran fracaso. El reto que afronta la izquierda con los restos del naufragio es mayúsculo.

Es evidente que esta pérdida de referencias ideológicas no constituye un problema exclusivo de los socialistas españoles. Creo que sin exageración puede hablarse del agotamiento de la socialdemocracia 'tibia' (light) en el ámbito europeo

Frente al empecinamiento en buscar al votante moderado, cabría recordar que ese último gran éxito a nivel nacional del PSOE se alcanzó porque entonces sus dirigentes fueron capaces de aglutinar el voto de la izquierda

El momento es delicado, pues la estabilización de la situación crítica que vive una sociedad con un 21% de desempleo parece estar favoreciendo la consolidación de un relato que atribuye al Estado de bienestar una parte de responsabilidad por la crisis y su enquistamiento

Pese a que los resultados de las elecciones del 20D ofrecían diversas opciones para la constitución de un gobierno progresista, la izquierda fracasó. Evidentemente el reparto de culpas no puede hacerse por igual, pero lo que parece indiscutible es que todos son en alguna medida responsables de ello. Unos por su soberbia y precipitación en el asalto al poder (Podemos), otros por su debilidad política (IU) y, en fin, otros por una combinación de deslealtades internas y una alarmante indefinición ideológica (PSOE).

Regresamos a la casilla de salida, nuevas elecciones, con una relevante diferencia respecto de las celebradas el pasado 20D. Frente a la enorme incertidumbre que caracterizó aquellos comicios –dos fuerzas emergentes concurrían por primera vez–, la proximidad temporal y lo acontecido en estos meses, permiten anticipar en buena medida los resultados del 26J. Algo que los partidos deberían tener muy presente a la hora de elaborar la estrategia electoral.

Una primera certeza es que el PP será holgadamente la fuerza más votada y, de forma aún más clara, el partido con mayor número de escaños; mientras que Ciudadanos se mantendrá en la cuarta posición. También es más que probable que el PSOE y el 'partido naranja' sumen un número de diputados similar al actual, en todo caso sin ninguna posibilidad de hacer prosperar una reedición de un pacto que no cuente con otros apoyos y, en particular, el de Podemos-IU. Igualmente puede anticiparse que esta última coalición logrará de nuevo un resultado muy notable, casi con seguridad por encima del 20%, lo que podría servirle para disputar al PSOE la segunda plaza convirtiéndose en el principal partido de la oposición y referente de la izquierda. Finalmente, es previsible que no haya cambios significativos en los escaños obtenidos por los partidos nacionalistas, de manera que, como en el 20D, el resultado ofrecerá dos bloques –derecha e izquierda– más o menos equilibrados que sumarán alrededor de 324 de los 350 escaños. Que la mayoría se escore a un lado u otro con claridad suficiente para conformar un nuevo gobierno puede depender de unos pocos votos.

Con tales certezas, ¿cómo debe el PSOE afrontar el 26J?

I. Como punto de partida hay que ser conscientes de la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra el PSOE tras cosechar los peores resultados de la reciente historia democrática y ante el riesgo cierto de que la nueva coalición Podemos e IU le arrebate la segunda plaza. Son muchos los factores que explican esta pérdida (relativa) de relevancia, pero seguramente el más determinante ha sido esa endeblez ideológica que antes mencionaba, que da pie a hacer dos reflexiones en clave europea y nacional.

De un lado, es evidente que esta pérdida de referencias ideológicas no constituye un problema exclusivo de los socialistas españoles. Creo que sin exageración puede hablarse del agotamiento de la socialdemocracia 'tibia' (light) en el ámbito europeo. Más que por la limitada –o secundaria– presencia de los partidos de esta familia política en los ejecutivos nacionales en los últimos años, este duro juicio responde a que, desde hace demasiado tiempo, incluso donde gobierna aplica políticas más propias de partidos de derechas; la pasividad en la lucha contra la desigualdad o la ignominiosa respuesta europea ante a la crisis de refugiados son sólo dos de las muchas ilustraciones de esta renuncia a sus señas de identidad. Tal es la razón fundamental por la que tantos ciudadanos europeos han dado la espalda a un tipo de fuerzas que han sido claves para entender el progreso alcanzado en los últimos setenta años.

De otro lado, si por un momento nos detenemos a analizar dónde se encuentran hoy los más de once millones de votantes socialistas de 2008, llegaremos a la conclusión de que las fugas por la derecha han sido muy limitadas: la pérdida de votos se ha producido por su izquierda, principalmente, y sólo así se explica el extraordinario éxito cosechado por Podemos y sus confluencias el 20D (más de cinco millones de votos). Por ello, frente al empecinamiento en buscar al votante moderado, cabría recordar que ese último gran éxito a nivel nacional del PSOE se alcanzó porque entonces sus dirigentes fueron capaces de aglutinar el voto de la izquierda. No por casualidad esa legislatura (2004-2008) estuvo marcada por importantísimos avances sociales y por la demostración de una especial sensibilidad hacia las cuestiones territoriales que le permitieron cosechar resultados históricos en Cataluña y País Vasco.

II. Teniendo en cuenta lo anterior, el PSOE debería hacer un esfuerzo por superar el ensimismamiento y fijar un orden claro de prioridades. Ante todo, debe pensar en los ciudadanos, y en los gravísimos problemas de desigualdad y pobreza provocados por la crisis económica y por la política 'austericida'. El momento es delicado, pues la estabilización de la situación crítica que vive una sociedad con un 21% de desempleo parece estar favoreciendo la consolidación de un relato que atribuye al Estado de bienestar una parte de responsabilidad por la crisis y su enquistamiento, y que convierte a las instituciones que lo conforman en un lastre para el futuro. Es fundamental que el PSOE insista en denunciar que ese tipo de políticas ha agravado el sufrimiento de la ciudadanía y que, precisamente por ello, resulta imprescindible y urgente una rectificación completa de la política económica y laboral en los términos que ha planteado, por ejemplo, Economistas frente a la crisis.

Ello enlaza con la segunda prioridad que es la propia supervivencia del proyecto socialista, un reto que exige un doble componente. El primero de ellos es la ambición. La crisis económica y sus devastadores efectos han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el sustrato ideológico del proyecto político socialista. Una ideología muy distinta estaba en la desregulación que provocó la catástrofe financiera en 2008 y ha sido un factor decisivo de las políticas de austeridad aplicadas desde 2010. Por eso, frente a la tibieza de planteamientos supuestamente progresistas que la crisis ha dejado caducos, hay que reivindicar un rearme ideológico en torno a la idea de redistribución como vía para la realización de los dos valores supremos de la izquierda, la igualdad y la solidaridad.

El otro componente es la capacidad para reconocer la existencia de otras sensibilidades dentro del espacio de la izquierda y, en general, de un nuevo escenario político. Esta actitud sencilla no sólo contribuiría a evitar muchas frustraciones, sino que tiene además otras dos ventajas reseñables: facilitaría una mayor coherencia ideológica reforzando la credibilidad perdida y permitiría un posicionamiento privilegiado frente al resto de fuerzas políticas para liderar un proyecto transformador capaz también de integrar, de algún modo, a los nacionalismos periféricos.

En definitiva, la posibilidad de formar gobierno tras el 26J y seguramente el futuro del partido socialista exigen una reacción cuyo factor clave es la ideología y la consiguiente recuperación de sus señas de identidad. Si lo hace, el conjunto de la izquierda tiene a su alcance el éxito. Si no, el PSOE fracasará. Pero no lo hará solo: con él naufragará el resto de la izquierda dejando a la intemperie a millones de ciudadanos.

Hace unos días un editorial de El País aprovechaba la publicación del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre la revalorización anual de las pensiones para plantear la necesidad de abrir un debate sobre el futuro del sistema público. Dada la extraordinaria sensibilidad de este asunto, las dificultades que actualmente atraviesa la Seguridad Social y la incertidumbre que el desequilibrio de sus cuentas –y su interpretación– están generando a la ciudadanía, parece realmente oportuna esa reflexión. Sirvan estas líneas como una modesta contribución con la que se quieren aclarar algunos aspectos.

I. El problema coyuntural y el reto estructural. El problema coyuntural y el reto estructuralComo primera observación, es acertado señalar que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva de un problema de gastos, sino de ingresos. Quiere ello decir que nuestro país no gasta demasiado en pensiones; al contrario, estamos por debajo de la media de los países de la Eurozona. Se preguntará entonces el lector por qué la Seguridad Social tiene un déficit superior al 1% del PIB desde hace cuatro años. Y la respuesta es sencilla: por el impacto de la crisis económica y por las políticas ‘austericidas’ que han concentrado todo el ajuste en la destrucción de empleo. Por ello, pese a que este desfase no es en absoluto menor –el Fondo de Reserva se agotará en 2017 ó 2018–, no cabe duda de que su naturaleza es coyuntural, como probaría el que ahora las cuentas estarían equilibradas si tuviéramos el número de cotizantes alcanzado antes de la crisis. En todo caso, hay que denunciar la estrechez del planteamiento que pretende hacer creer que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del nivel de ingresos vinculado a las cotizaciones sociales: la clave más bien reside –debería residir– en el volumen de riqueza que la sociedad está dispuesta a dedicar a sus ancianos, lo que exigirá, en su caso, la articulación de otras fórmulas de financiación.

Sin embargo, de nuevo en este punto se plantea un segundo interrogante que vendría a socavar la fiabilidad del actual sistema público de pensiones: la amenaza que deriva del próximo envejecimiento de la población. Frente al caso anterior, aquí la dimensión del reto es, en parte, estructural, puesto que es indiscutible que ese cambio demográfico va a suponer un incremento muy significativo del número de pensionistas a partir de mediados de la próxima década y durante un largo periodo de tiempo con la consiguiente repercusión en el gasto. Precisamente para dar respuesta a esta transformación de la estructura poblacional se aprobó de forma consensuada (Pacto de Toledo y Acuerdo Social y Económico, tripartito) la reforma de 2011. Este conjunto de ajustes paramétricos imponía sacrificios a los pensionistas y trabajadores, pero garantizaba que el crecimiento del gasto asociado a ese fenómeno demográfico no superara –ni siquiera en el momento más crítico, 2050– un nivel que puede considerarse asumible en términos comparados: 14% del PIB. Un nivel inferior al gasto que hoy realizan Francia, Italia o Austria. A pesar de ello, el gobierno ‘popular’ no consideró suficiente el ajuste y volvió a impulsar cambios en 2013 con una contundencia sin precedentes.

II. La magnitud de la reforma de 2013.La magnitud de la reforma de 2013 Difícilmente puede sostenerse, como hace el editorial que hemos mencionado, que la reforma de pensiones llevada a cabo en la presente legislatura (Ley 23/2013) sea “insustancial”. Bien al contrario, cabría afirmar que los dos cambios que impuso de forma unilateral el Gobierno de Rajoy –sustitución del mecanismo de revalorización de las pensiones e introducción de un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida– suponen una ruptura del modelo que hoy (todavía) conocemos. Como reconoce el propio Ejecutivo y avala la Comisión Europea, esas dos medidas habrían de implicar un recorte del gasto en pensiones en 2050 de 3,4% del PIB, lo que daría lugar a unos niveles de gasto muy similares a los actuales. Pero con la significativa diferencia de que el número de pensionistas se habrá prácticamente duplicado.

La entidad del ajuste ya ha comenzado a manifestarse. En concreto, de la información ofrecida la pasada semana por la AIREF se deduce que la aplicación del nuevo índice de revalorización anual va a implicar una congelación de las pensiones (subida testimonial del 0,25%) hasta bien entrada la próxima década. Tal es el resultado ofrecido por la nueva fórmula de revalorización que ya no persigue la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, sino la estabilidad presupuestaria. Así, el desequilibrio que sufren las cuentas de la Seguridad Social desde 2012 ha de lastrar el mecanismo (de ‘devaluación’) durante al menos seis años más. Con un doble agravante: primero, que aunque mejore la situación financiera de la Seguridad Social el impacto de la jubilación de los baby boomers presionará a la baja la aplicación de la fórmula en el futuro. Y, segundo, que a partir de 2019 la introducción del factor de sostenibilidad supondrá también una reducción de la cuantía inicial de las pensiones.

III. La insostenibilidad social del modelo resultante.La insostenibilidad social del modelo resultante A la vista de lo anterior, parece evidente que el modelo resultante de la ruptura de 2013 es insostenible. Pero no porque suponga un gasto excesivo, sino porque condena a los pensionistas a la pobreza, algo que difícilmente cabe en un Estado social en el que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la vejez mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (artículo 50 de la Constitución).

¿Significa ello que ha de apostarse entonces por un cambio radical de modelo? Hay quien defiende, con diversas variantes y de forma más o menos encubierta, que ha llegado el momento de transformar nuestro sistema de pensiones en uno mixto, limitando el peso del pilar público como vía más efectiva para la extensión del pilar privado. Eso condenaría a la mayor parte de la población –incapaz con sus ingresos de pagarse un fondo privado suficiente– a pensiones casi de pobreza. Nosotros, en cambio, creemos que deben recuperarse las señas de identidad del sistema de pensiones que hemos conocido, para lo cual resulta imprescindible completar las actuales fuentes de financiación.

Durante años el Estado ya financió una parte importante del gasto de la Seguridad Social, junto a los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales. El ajuste de la asistencia sanitaria al marco constitucional aconsejó la aplicación de un principio de separación de fuentes por el cual las cotizaciones se dedicaban a la financiación de las prestaciones del nivel contributivo, circunscribiéndose la aportación del Estado –y no totalmente– a la parte asistencial. Ese diseño, que pudo resultar válido para un momento concreto de la evolución demográfica, no lo es para la fase de maduración en la que accederán a la jubilación los baby boomers.

IV. El Estado como garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones.El Estado como garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones Resulta urgente e imprescindible un cambio que lleve al Estado a complementar progresivamente los ingresos del sistema como vía más efectiva para preservar la centralidad de las pensiones dentro de nuestro Estado social.

Semejante acción de reequilibrio de las fuentes de financiación no es ninguna ocurrencia. Cuenta con la misma legitimidad –y pacífico encaje constitucional– con la que la protección por desempleo pasó de financiarse casi exclusivamente a través de cotizaciones sociales antes de la crisis a recibir la mitad de los recursos directamente del Estado durante el periodo más crítico. Y es ciertamente un diseño bien conocido por los países de nuestro entorno.

La pregunta entonces es si el esfuerzo presupuestario adicional que se plantea resulta asumible para el Estado. No cabe duda de que el incremento de la aportación estatal sería muy notable, pero es un reto asequible por las siguientes razones. Primero, porque el nivel de gasto en pensiones suprimiendo los cambios de 2013 evolucionaría hacia cotas que hoy ya, con una riqueza menor, sostienen sin problemas otros países próximos. Segundo, porque urge y debe producirse una mejora de los ingresos fiscales que enjuague la grave insuficiencia (casi ocho puntos) que tiene España respecto de los demás Estados europeos. Tercero, porque el esfuerzo de financiación exigido sería progresivo en el tiempo, lo que facilitaría un margen de maniobra para el desarrollo de otras políticas igualmente necesarias para el mantenimiento del sistema de pensiones (política de empleo, inmigración, natalidad…). Y, cuarto, porque se trata de un esfuerzo con una duración temporal limitada, en la medida en que a partir de 2050 se produciría una significativa caída del gasto como consecuencia del agotamiento de los efectos de la jubilación de la generación del baby boom.

Desde una perspectiva de defensa del sistema público de pensiones de reparto como pilar de un Estado de Bienestar aún incompleto, consideramos que la fórmula más efectiva para lograr esos recursos adicionales sería la creación de un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones que, como expresión de un firme y amplio compromiso político –blindaje–,serviría para la preservación del patrimonio social que hemos construido entre todos. Otros proponen soluciones distintas que entrañan un menor gasto público –y un mayor gasto privado– que conduce a pensiones mayoritariamente más bajas. A ellos hay que pedirles que expliquen sus propuestas, pero incluso antes de ello habría que exigirles que aclaren por qué rechazan el actual modelo público de pensiones.

"El PSOE debería transmitir a la opinión pública un mensaje de compromiso firme en la conformación de gobiernos de progreso", afirma el autor

Tras la debacle que la izquierda sufrió en las elecciones de 2011, el 24M ha supuesto la confirmación de un cambio de ciclo que ya parecía apuntarse en los comicios europeos del pasado año. ¿Qué factores explican que en un corto periodo de tiempo hayamos pasado de la hegemonía apabullante del PP a un escenario en el que la suma de las fuerzas de izquierda podría cambiar el mapa político de nuestro país?

1. La política austericida.austericida. No cabe duda de que la principal razón estriba en el agravamiento de los efectos devastadores de la crisis económica provocado por la política de recorte de derechos y de reducción  del gasto (social) público. El Gobierno aparece ante la opinión pública como un martillo que ha pulverizado la cohesión social con el fin de lograr una estabilidad macroeconómica que olvida el sufrimiento de los ciudadanos.

2. La corrupción. Pese a que desde el estallido en 2009 del caso Gürtel se han celebrado diversos procesos electorales, no ha sido hasta ahora –en realidad, hasta las europeas del pasado año– cuando la corrupción ha pasado factura al PP en las urnas. En ello ha pesado el goteo incesante de casos que hemos conocido desde entonces, pero sobre todo el convencimiento de la ciudadanía de que los actuales dirigentes populares no tienen ninguna intención de hacer frente seriamente a la corrupción.

3. Una izquierda emergente alternativa. Impulsados por el espíritu del 15M, Podemos y otros movimientos de izquierda alternativa han sido particularmente exitosos en atraer y movilizar a muchos ciudadanos progresistas desencantados –abstencionistas– desde plataformas articuladas en torno a una idea de ciudadanía digna y a la reivindicación de un modo diferente de hacer política.

4. La (lenta, pero progresiva) renovación del PSOE. Menor peso ha tenido –aunque puede ser muy relevante en el medio plazo– el proceso de renovación y regeneración que los socialistas han llevado a cabo. Con todos los matices que se quiera, lo cierto es que el PSOE ha frenado lo que parecía un imparable proceso de pérdida de credibilidad gracias a decisiones como la elección directa de su secretario general por sus dos cientos mil militantes o a la recuperación de un discurso de valores típicamente socialdemócratas que durante demasiado tiempo se han visto desdibujados.

Llega ahora el momento de formar gobiernos, y sería lamentable que este claro avance de la izquierda en su conjunto no se tradujera en alcaldías y presidencias autonómicas por la incapacidad de las diversas fuerzas que la integran de alcanzar acuerdos. No por la mera ambición de acumular poder y evitar que gobierne el PP, sino por dar respuesta a una ciudadanía que en los distintos territorios ha enviado un nítido mensaje de cambio, de apuesta por políticas honestas que recuperen el crecimiento sin sacrificar la cohesión social.

En este escenario, el PSOE debería ser consciente de que, como principal fuerza de la izquierda, tiene una mayor responsabilidad a la hora de establecer su política de alianzas. Cuál sea esa orientación va a ser crucial para el futuro más inmediato, pero también puede ser decisiva para marcar su trayectoria a más largo plazo. Por eso el PSOE debe mirar a su izquierda, es decir, buscar el apoyo del resto de fuerzas progresistas –Podemos, señaladamente– en lugares donde tiene capacidad para liderar, y prestarlo en aquellos en los que han sido otros en el espectro de la izquierda los que han merecido un mayor reconocimiento por los electores. En definitiva, debería transmitir a la opinión pública un mensaje de compromiso firme en la conformación de gobiernos de progreso.

Ahora bien, sería muy importante que no se tratara de una mera decisión táctica, sino de una verdadera apuesta estratégica que marque la línea política de los socialistas en el futuro. Y es que no cabe duda de que el escenario político ha cambiado sustancialmente con la irrupción de nuevos partidos que parecen llamados a consolidar un nivel de apoyo significativo. Y esto supone que el PSOE va a necesitar a otros para gobernar, porque difícilmente va a alcanzar el entorno del 40% de los votos. Lo importante es que esas alianzas se busquen en la izquierda; o dicho de otro modo, que el PSOE aspire abiertamente a convertirse en la principal referencia entre las fuerzas progresistas.

Es muy probable que esta orientación estratégica ‘condene’ a los socialistas a no obtener más de un 30% de votos, y no faltarán voces que consideren un error alejarse del centro. Pero, paradójicamente, el PSOE podría salir beneficiado de ello porque le permitiría identificar nítidamente y reivindicar sus señas de identidad socialdemócratas –el compromiso con la igualdad y la cohesión social– arrumbadas por la crisis y por los errores, con dos importantes efectos. De un lado, esa coherencia favorecería la recuperación de la credibilidad perdida, un elemento imprescindible para atraer votos. Y, de otro, facilitaría los puntos de encuentro con otras fuerzas progresistas y, por tanto, una mayor capacidad de encabezar gobiernos para el impulso de políticas redistributivas firmemente comprometidas con la preservación de nuestro Estado de bienestar.

A Ciudadanos le pasa lo mismo que a otras nuevas fuerzas políticas: quieren a toda costa parecer nuevas, tener caras nuevas y nuevas ideas. Y no cabe reprochárselo, a la vista de las preferencias de los electores, y de que las formaciones tradicionales de la política española parecen empeñadas en aparecer como viejas y caducas. Pero lo importante de las ideas no es que sean nuevas, sino que sean buenas. Y Ciudadanos ha “comprado” –como muestra de su bisoñez, quizá- una mala idea.

El “contrato único” o “contrato para la igualdad de oportunidades” se basa en premisas erróneas. La propuesta consiste en que no haya más que un contrato de trabajo igual para todos, como si todos los trabajos fueran iguales y todos los trabajadores fueran a ser tratados por igual en las empresas por el hecho de tener un mismo contrato. No se dejen engañar: aunque les ofrezcan un mismo contrato, no van a obtener una misma consideración ni estabilidad en el empleo si a la empresa no le interesa. Al contrario, con el contrato único muchos más trabajadores pueden ser más precarios aún, y ya es decir, porque lleva aparejada la reducción de las indemnizaciones por despido. Y si no fuera así, que lo desmientan. Por eso señaladas instituciones internacionales y economistas poco proclives a reforzar los derechos de los trabajadores, apoyan decididamente el contrato único. Con la ventaja de que, aunque no reduciría la dualidad, sí que la encubriría, dado que desaparecerían de las estadísticas las diferencias entre temporales e indefinidos: todos parecerían iguales.

Decía Luis Garicano, el economista que presentó esta medida en el acto de Ciudadanos, que se trata de derribar el muro que hace que los empresarios no conviertan los contratos temporales en indefinidos. Bonito símil; lástima que no sea cierto. El muro seguirá existiendo con el contrato único aunque lo quieran hacer invisible con ese subterfugio. Hay soluciones, pero no son estas. Expliquemos este enredo.

En España, de hecho, las empresas hacen contratos temporales para todo trabajo sea o no sea temporal, aunque eso es ilegal. Y esos contratos temporales los rescinden cuando quieren aunque no existan razones para ello. Lo cual también es ilegal: la normativa de despido establece que no se puede despedir a un trabajador temporal cuando uno quiera y sin que la causa que originó la naturaleza temporal del contrato haya finalizado (art. 8 RD 2720/1998). Luego no es que haya un muro que impida que los empresarios conviertan en indefinidos los contratos temporales. Es que, primero, nunca debieron hacerles un contrato temporal porque si el trabajo no lo es, se trata de un fraude. Segundo, como el trabajo no es temporal, el hecho de que no se les regularice la situación y se les haga un contrato indefinido es un segundo fraude. Y, tercero, la extinción arbitraria del contrato es también un tercer fraude.

Estamos, pues, ante una situación de fraude de ley generalizado en el uso de la contratación temporal. Un fraude tan extendido, que se beneficia de tal permisividad, que dispone de tan pocos instrumentos legales para corregirlo, y que ha durado tanto tiempo (más de un cuarto de siglo), que ya casi nadie recuerda que simplemente se trata de una conducta ilegal. Y que, por lo tanto, el problema (el “muro”) se resolvería si se restituyera la utilización legalmente adecuada de los contratos temporales.

Es el elefante en la habitación: todo el mundo sabe que está pero nadie quiere hablar de él, de que simplemente se trata de un fraude. En vez de solucionar el problema atajando ese fraude, el contrato único incrementaría de facto la dualidad, al convertir en legal y hacer más fácil y más barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente con los temporales; es decir, contrate usted como quiera, porque ya no existe distinción según las características del trabajo entre temporal y no temporal, y despida barato y cuando le parezca, porque el coste del despido en el contrato único, aunque creciente, es en los primeros años el mismo que actualmente tienen los contratos temporales, lo que permitirá despedir exactamente como ahora se hace con los temporales. En lugar de este subterfugio interesado, ¿no sería más lógico –e incluso más sencillo- adoptar medidas de verdad eficaces para que los contratos temporales se utilicen como señala la ley? Si fuera así, se reducirían drásticamente la tasa de temporalidad y la dualidad, porque no habría más empleo temporal que el verdaderamente exigido por las actividades temporales.

Esto es lo que pasa en todos los países de nuestro entorno. No existe ese grado de fraude general en la contratación temporal y en ninguno del mundo existe un contrato único. Cosa rara siendo tan bueno. Y sus tasas de temporalidad no son, ni de lejos, tan elevadas como las españolas, incluso teniendo en cuenta que sus legislaciones e indemnizaciones por despido en los contratos indefinidos son más severas que las nuestras.

La pregunta es por qué no intentamos parecernos a los demás países europeos haciendo que la ley sea eficaz y se cumpla, en lugar de inventarnos subterfugios con los que legalicemos el incumplimiento y consolidemos la dualidad laboral de forma encubierta. Estudios empíricos (Toharia y Cebrián) muestran que las empresas utilizan el fraude de ley en la realización de los contratos temporales, y en la rescisión de los mismos, más intensamente cuanto más baja es la cualificación de los trabajadores que van a contratar, y son por lo tanto más prescindibles. Este comportamiento, que permite a tantas malas empresas aprovecharse fraudulentamente de la inestabilidad laboral y de la rotación del empleo, no cambiará con el contrato único, porque precisamente el contrato está diseñado para permitir que se continúe haciendo igual que ahora, pero ya siendo legal.

“Bonita” solución. En un post de 2013, Garicano criticaba duramente a los sindicatos porque se negaban a aceptar un sistema de despido “sin causalidad” (o sea, despedir sin razones, arbitrariamente) como el que, según decía, existe en Austria. Pero eso no es así: según la OCDE, el despido en Austria –como en todos los países de nuestro entorno- necesita una causa, y las causas están tasadas en la ley, y son los jueces los que determinan si el despido está justificado o es abusivo, por lo que no está en manos de los empresarios, como sí sucede en España, adoptar la decisión irrevocable de realizar un despido aunque este sea injusto (véase el trabajo de Calvo Gallego en “La regulación del despido en Europa”, Tirant, 2012). Y, para rematar, si el despido es declarado injusto es el trabajador el que tiene el derecho a elegir si quiere o no volver a su puesto de trabajo (readmisión). Exactamente lo contrario de lo que sucede en España.

Bienvenidas sean las propuestas para resolver los problemas endémicos del mercado laboral español. Pero cuidado con el ansia y el exceso de originalidad; no vaya a ser que la supuesta solución se le atragante a los ciudadanos.

Es difícil que una decisión política de entidad no suscite ningún tipo de duda o crítica. Muchos nos preguntamos desde hace tiempo por qué la dirección federal del PSOE parecía resignada, casi conforme, con la calamitosa trayectoria que el PSM había emprendido hacia la (¿definitiva?) debacle electoral. El portazo a la ciudadanía que supuso la celebración de unas primarias ‘fantasmas’ y la multiplicación de problemas que semana a semana iban minando el liderazgo tambaleante de un Tomás Gómez cada vez más encerrado en sí mismo, sólo rodeado de sus incondicionales, son buena muestra de ello. Pero, aunque debió producirse antes, la decisión de Pedro Sánchez de destituir al que hasta el jueves era secretario general y candidato de los socialistas madrileños en las próximas elecciones autonómicas merece un reconocimiento y puede marcar un punto de inflexión en la historia de este partido. En un triple sentido.

I. Son muy diversas las razones e intereses que explican la toma de esta inesperada decisión. Pero dejando a un lado las lecturas en clave interna, el mensaje que reciben los ciudadanos es que el PSOE adopta por primera vez en mucho tiempo –es importante resaltar esto– una medida que refleja una concepción mucho más exigente de la responsabilidad política. Quizá dentro del partido y de la propia dirección federal haya quien considere que lo importante era evitar una estrepitosa derrota electoral. Pero lo que muchos ciudadanos valoran es que un partido político tenga la capacidad de apartar de sus cargos a un destacado dirigente como responsable político de una mala gestión que ha llevado al Ayuntamiento de Parla a la quiebra técnica y de una trama de corrupción y corruptelas que, sin concernirle de forma directa, no se le pueden considerar ajenas.

II. Este ejercicio de autoridad (política y moral) da un vuelco al escenario autonómico ante las próximas elecciones, permitiendo a los socialistas atacar dos de los flancos más débiles del Partido Popular que la situación de Tomás Gómez bloqueaba: el despilfarro en la gestión del Ayuntamiento de Madrid y la connivencia –si no implicación directa– de Esperanza Aguirre e Ignacio González en los gravísimos casos de corrupción que afectan al PP en esta comunidad autónoma. Y con ello, quien finalmente sea candidato del PSM en mayo ganará ante la ciudadanía un plus de legitimidad para criticar un tercer flanco del principal rival a batir: los recortes sociales –en sanidad y educación, principalmente– que la citada Aguirre negaba con descaro en el programa de televisión “Salvados” hace unos días.

III. La crisis económica y la insoportable tasa de desempleo, la imposición de unas políticas erróneas e injustas y el afloramiento de escándalos de corrupción, son factores decisivos que han condicionado la relación de la ciudadanía con sus representantes y que han supuesto que la vida política de nuestro país haya cambiado seguramente para siempre. A lo largo de los últimos años el PSOE ha constatado, con tanta frustración como incapacidad y torpeza, el creciente desapego hacia sus siglas de unos ciudadanos que desde el 15-M piden a gritos otra forma de hacer política. Pues bien, el cese de Tomás Gómez representa probablemente la primera ocasión en la que la dirección del PSOE demuestra haber entendido ese mensaje de la ciudadanía. Un mensaje que en este caso se concreta en la exigencia de decencia y ejemplaridad en la vida pública, que Pedro Sánchez ha aplicado con una contundencia innegable y que sienta un precedente del que el PSOE, si quiere volver a ser un referente político, no deberá ya nunca desmarcarse.

Aunque está aún por ver cómo se resolverá definitivamente la transición socialista en Madrid, por el momento, y pese a las dificultades, todo apunta en la buena dirección. Recuperar la ilusión de los miles de personas que una vez se pudieron sentir identificadas o cercanas al PSOE no va a ser tarea sencilla. Pero, al menos, ahora se abre una gran oportunidad para dejar atrás lo peor de la vieja política. Son muchos los ciudadanos progresistas que están expectantes. Porque Madrid necesita una transformación profunda en las prioridades de las políticas públicas. Hay que aprovechar el momento.

Firman también el artículo Mario Campano y José María Clemen. Todos los firmantes son miembros de Líneas Rojas

"Nos resulta inasumible, nos repugna, que una de las cláusulas de ese pacto antiterrorista signifique asumir, aunque sea de manera vergonzante, la pena de cadena perpetua, que en breve la mayoría parlamentaria popular aprobará", afirman los autores

Somos militantes o simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) porque, entre otras cosas, estamos convencidos de la contribución que ha hecho esta fuerza política a la modernización de nuestro país, situándolo en el corazón de la Europa unida; contribuyendo como nadie a la construcción de un Estado social o de bienestar, por más que el mismo siempre se encuentre necesitado de ampliación y perfeccionamiento, sobre todo ahora, que se ve tan vapuleado; aportando estabilidad política a un país muy necesitado de ella. Un partido que se ha mostrado firme defensor de la Democracia; impulsor y artífice de la ampliación de derechos laborales y civiles, en particular, a favor de determinados colectivos que se habían visto privados de ellos, cuando no directamente discriminados (personas con discapacidad, inmigrantes, lesbianas, gáis, transexuales y bisexuales, etc.). Un partido que ha apostado y apuesta con convicción por la igualdad real de mujeres y hombres; comprometido en la lucha contra esa insoportable lacra social que es la llamada violencia de género; etc., etc.

Sin embargo, nuestra militancia o simpatía no es ingenua ni incondicional. No es ingenua porque somos conscientes de que en el camino se han cometido errores. Gobernar es acertar y errar. La toma de postura en lo público, incluso cuando no se gobierna, no es ajena a la posible equivocación. Y por eso hemos criticado, en ocasiones, esos errores. Sea como fuere, hemos entendido que el saldo ha sido positivo. Desde su posición como partido de gobierno o en la oposición, el PSOE ha rendido, en términos generales, un gran servicio a nuestro país.

Nuestra filiación o sintonía con el PSOE tampoco es incondicional, sino crítica. Así entendemos la lealtad. Lealtad crítica. Creemos que se le hace un flaco favor al partido, y, lo que es mucho más importante, al conjunto de la sociedad, cuando, pudiendo no hacerlo, se asume el papel del adulador. Los aduladores son incapaces de pensar en otro interés que no sea el propio. Nosotras, nosotros, no queremos concebirnos así.

Por eso nos cuesta entender ciertas derivas del PSOE. No entendemos, por ejemplo, la reciente firma del pacto antiterrorista entre el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. No lo entendemos porque, sin poner ni por un segundo en duda la necesaria unidad de los demócratas contra el terror, nos parece que este concreto pacto bilateral es innecesario e inútil, y que, sobre todo, contiene una condición que nos resulta inasumible, que nos repugna.

Es innecesario porque, tal y como está concebido, dejando fuera al resto de fuerzas políticas del país, pierde gran parte de su sentido simbólico. Y no debemos ignorar que este tipo de pactos lo que tienen, sobre todo, es un gran valor simbólico. Con pacto o sin él, no había dudas de que la práctica totalidad de los partidos políticos de la oposición, con el PSOE a la cabeza, están de acuerdo en condenar el terrorismo, del tipo que sea. Y el pacto no refuerza esa situación.

Pero es que además es un pacto ineficaz, porque el terrorismo internacional, quienes son sus brazos ejecutores, no se lo van a pensar dos veces antes de cometer algún acto violento en España por el hecho de que en nuestro país se haya firmado este pacto.

Y nos resulta inasumible, nos repugna, que una de las cláusulas de ese pacto signifique asumir, aunque sea de manera vergonzante, la pena de cadena perpetua, que en breve la mayoría parlamentaria popular aprobará. Que después se haga un esfuerzo ímprobo desde el propio PSOE por aclarar que el partido está radicalmente en contra de este tipo de pena, anunciando incluso un futuro recurso ante el Tribunal Constitucional, nos parece incomprensible e inexplicable. Y nos duele. Porque lo cierto es que se ha traspasado una línea roja.

Seguimos convencidos de que el PSOE está llamado a desempeñar un papel esencial en la futura vida política del país. Pero siempre y cuando, claro está, mantenga sus señas de identidad inequívocamente socialdemócratas. Creemos que este país necesita, hoy tanto como ayer, de una fuerza política que se reconozca de izquierda y actúe como tal, y que desde su firme compromiso con la Democracia y los derechos y libertades individuales, apueste nítidamente por fortalecer su alma social, tan necesaria en estos tiempos de crecientes desigualdades y fáciles populismos.

Firman también el artículo: Mario Campano, José María Clemen, David Corominas, Rocío González, Ferrán Martínez, Rosa María Navarrete y Erika Rodríguez

Según el nuevo mecanismo de revalorización, entre 2016 y 2020 los pensionistas perderían poder adquisitivo a razón de un 1,55% cada año

Hace unas semanas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó un informe sobre la “determinación del índice de revalorización de las pensiones” en 2015. En él se ofrecen datos interesantes que ponen de manifiesto la entidad de los cambios introducidos el pasado año en nuestro sistema público de pensiones y que lo convierten en una excepción en la UE. Uno de los aspectos destacados de la Ley 23/2013 fue la modificación del mecanismo de revalorización anual de las pensiones. La vinculación a la evolución de los precios, es decir, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo, fue sustituida por una fórmula que condiciona ese incremento anual de las pensiones a la situación financiera de la Seguridad Social: si las cuentas lo permiten se produce la revalorización –con un tope del 0,5% por encima del IPC en el mejor de los casos–, mientras que en otro caso únicamente se garantiza un incremento del 0,25%, una (casi) congelación que normalmente –2014 ha sido una anomalía excepcional–implicará pérdida de poder adquisitivo.

Quizá sea la complejidad técnica del nuevo índice de revalorización lo que explica la escasa polémica que su introducción y puesta en marcha ha suscitado. Lo cierto es que con este sistema España no respeta la línea roja que para el resto de países europeos supone el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. De esta forma parece evidente la drástica devaluación que ha sufrido el derecho constitucional a la actualización de las pensiones (art. 50): se reconocerá si la situación económica es favorable y se denegará en coyunturas de crisis. Esta es la nueva y devaluada configuración de los “derechos” sociales, denunciada por la profesora Casas Baamonde, ex presidenta del Tribunal Constitucional.

Pero ahora lo que interesa es que por vez primera el índice de revalorización ha sido aplicado. De un modo poco transparente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha limitado a anunciar que el resultado de la nueva fórmula es negativo y que, por tanto, las pensiones se han de incrementar ese mínimo del 0,25%: así lo establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. Una opacidad compensada por la jugosa información publicada por la Autoridad Fiscal, que permite hacernos una idea cierta de la suerte que correrán nuestros pensionistas en los próximos años, cuando menos hasta el principio de la próxima década.

El nuevo índice de revalorización está integrado por dos componentes: uno expresa el ritmo de crecimiento anual de los ingresos y gastos de la Seguridad Social en un periodo de once años, mientras que el otro refleja el equilibrio o desequilibrio entre esos ingresos y gastos en el mismo tiempo de referencia –2010-2020, en este caso–. Pues bien, lo que la Autoridad Fiscal dice implícitamente es que la evolución prevista de ambos componentes amenaza el poder adquisitivo de las pensiones en los sucesivos ejercicios de aquí a 2020. Veamos por qué.

I. Dejando por un momento a un lado el segundo de los componentes de la fórmula –el que refleja el (des)equilibrio entre ingresos y gastos–, la revalorización anual será el resultado de restar al incremento de los ingresos del sistema (las cotizaciones, básicamente) dos elementos: el incremento del número de pensiones y el incremento de la pensión media. Para la aplicación de la fórmula, el Ministerio de Empleo ha tenido que manejar estimaciones sobre la evolución de cada una de estas tres variables en el periodo 2016-2020.

Por lo que se refiere a los ingresos, contempla un crecimiento del 4,1% de media anual a lo largo de ese quinquenio. A juicio de la Autoridad Fiscal, se trata de una previsión “exigente” –¿eufemismo para evitar calificarla de demasiado optimista?–, pues sin recursos adicionales, vía impuestos o subida de cotizaciones, no pasaría del 3%. Pero incluso dando por bueno ese 4,1% de crecimiento anual medio de los ingresos, las perspectivas de revalorización para los pensionistas son muy poco halagüeñas.

Junto a la recuperación del empleo, uno de los presupuestos necesarios para alcanzar esa cota de crecimiento de los ingresos es que la inflación se sitúe en el entorno del 2%, objetivo del Banco Central Europeo. En concreto, la Autoridad Fiscal estima una variación media del 1,8% anual para ese tramo entre 2016 y 2020. Lógicamente esto implica que, para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, el promedio de revalorización de las pensiones en los cinco próximos años debería alcanzar ese valor. Sin embargo, tal nivel de casi dos puntos parece difícilmente alcanzable si atendemos a las previsiones ofrecidas por la misma Autoridad Fiscal sobre las otras dos variables del índice de revalorización: el incremento estimado del número de pensiones (1,3%) y el de la pensión media (1,5%).

Imaginemos que estas dos últimas cifras, y la relativa al crecimiento de los ingresos, reflejan la evolución media de las variables de la fórmula de aquí a 2020. (Es razonable hacerlo así en la medida en que los malos años del principio de esta década podrían compensarse con los –ojalá– más boyantes del inicio de la próxima). Pues bien, sin tener todavía en cuenta el segundo componente, un crecimiento medio de los ingresos del 4,1% implicaría que el índice de revalorización no superaría el 1,3% (la diferencia entre ese 4,1 y la suma de 1,3 y 1,5). Es decir que la pérdida de poder adquisitivo cada año hasta 2020 sería del 0,5% (1,8 de inflación menos 1,3 de revalorización), un 3% en el conjunto de los cinco próximos años. Si los ingresos crecieran menos, la pérdida sería aún mayor.

II. Si además incorporamos el segundo componente de la fórmula legal de revalorización, el resultado es aún más inquietante. La información de la Autoridad Fiscal apunta a que el desequilibrio actualmente existente entre ingresos y gastos va paulatinamente reduciéndose, pero persiste hasta el final de la década.

Ello supone que, a estos efectos, su valor sería siempre negativo; de manera que la cifra resultante deberá restarse a su vez al valor del primer componente, el mencionado 1,3. Y teniendo en cuenta el lastre que en el equilibrio de las cuentas han de suponer ejercicios como los de 2012, 2013 ó 2014 –con déficit anuales de más del 1% del PIB–, lo más probable es que ese impacto negativo dé lugar a la subida mínima del 0,25%. Es decir que en el quinquenio 2016-2020 los pensionistas perderían poder adquisitivo a razón de un 1,55% (inflación del 1,8 menos subida del 0,25) por ejercicio: un alarmante empobrecimiento de casi 8 puntos en tan sólo cinco años, que pone en serio peligro la suficiencia de las pensiones y refuerza las dudas de inconstitucionalidad del novedoso mecanismo de revalorización (¿o más bien devaluación?).

III. Como apunte final, hay que destacar que la información facilitada por la Autoridad Fiscal pone en evidencia al Gobierno. En un intento por demostrar las “virtudes” del nuevo índice de revalorización, la Memoria que acompañaba a la hoy Ley 23/2013 contenía una simulación del impacto que su aplicación habría tenido en el pasado. Se ofrecían unos datos que mostraban que sólo en 2011 y 2012 los pensionistas habrían perdido poder adquisitivo, porque en el resto de los casos desde el año 1997 las pensiones habrían subido siempre más que la inflación; en 2008, por ejemplo, se habrían revalorizado un 2,65%, por encima del 2,4% de IPC. Sin embargo, la Autoridad Fiscal hace ahora una simulación con los datos reales de la revalorización de las pensiones que habrían resultado de la aplicación de la nueva fórmula precisamente ese año 2008. La sorpresa es mayúscula: las pensiones sólo habrían subido un 1,74%, es decir, que los pensionistas habrían sufrido una significativa pérdida de poder adquisitivo (del 0,7%) de haberse aplicado el nuevo índice de revalorización anual.

Engaños para aprobar la Ley y un futuro de recortes continuados: los pensionistas, y la ciudadanía en general, necesitan urgentemente una explicación.

"El PSM necesita urgentemente un proceso de renovación profundo. Y debe empezar cuanto antes. Si no lo hace, se expone a que los comicios de mayo sean devastadores", afirman los autores

El Partido Socialista se enfrenta a un serio riesgo de fracaso electoral en Madrid en las elecciones del próximo mes de mayo. No sólo por la frustración de volver a perder de forma clara unos comicios que hace algún tiempo parecía en condiciones de ganar de la mano de otras fuerzas, sino también por la posibilidad –cada vez más cierta– de no alcanzar ni siquiera el 20% del voto y de verse relegado al tercero puesto.

Muchos factores explican tan negras perspectivas. Ciertamente algunos tienen que ver con la trayectoria del PSOE a nivel nacional. Pero ahora quisiéramos centrarnos en aquellos que afectan directamente al PSM, en un ejercicio de lealtad hacia votantes y simpatizantes socialistas en Madrid que encuentran en el silencio (al menos, público) de gran parte de la militancia un motivo más para dar su apoyo previsiblemente a otras fuerzas políticas.

Una primera razón de la debilidad del PSM es que se trata de una organización esclerotizada, y la mejor prueba de ello fueron las “primarias fantasmas” para la designación de candidatos al gobierno autonómico y al ayuntamiento de Madrid. Los síntomas patológicos que denota ese frustrado proceso ya fueron objeto de crítica en su momento. Por eso, nuestra atención se dirige ahora a un segundo factor: el liderazgo agotado y tambaleante de Tomás Gómez.

Elección tras elección los resultados del PSM-PSOE en los últimos años no han hecho más que reducirse. Lo sorprendente es que esta pérdida de apoyos no se corresponde sólo con un periodo en el que el PP incrementaba o, al menos, mantenía su fuerza electoral; sino que esta hemorragia de votos también se viene produciendo desde que los populares empiezan a sufrir un fuerte desgaste como consecuencia del afloramiento de gravísimos casos de corrupción en su seno y de la aplicación de recetas neoliberales que tanto sufrimiento han causado a los ciudadanos. Sería injusto atribuir a Tomás Gómez toda la responsabilidad por este progresivo e imparable retroceso socialista, que tiene, sin duda, una dimensión colectiva. Pero políticamente es él, como secretario general de la organización desde hace más de siete años, el principal responsable del fracaso de la labor de oposición de los socialistas madrileños.

Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta difícil negar a estas alturas que su pasada gestión al frente del Ayuntamiento de Parla amenaza también su candidatura. Más allá de que sea o no responsable jurídicamente de lo sucedido, Tomás Gómez debería ser consciente de que hay circunstancias de aquella etapa y de la que vino después que se convierten en poderosos instrumentos en manos de la derecha mediática y, en general, del resto de fuerzas políticas para lastrar irremediablemente sus resultados electorales. ¿O es que no queda seriamente tocada su credibilidad para criticar el despilfarro de Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid o para exigir responsabilidades a Aguirre/González por los casos de corrupción acaecidos en la Comunidad de Madrid siendo ellos presidentes?

El PSM necesita urgentemente un proceso de renovación profundo. Y debe empezar cuanto antes. Si no lo hace, se expone a que los comicios de mayo sean devastadores. Devastadores para el PSM y, lo que es más grave, devastadores para muchos ciudadanos de Madrid, que comprobarán, una vez más, entre atónitos y resignados, la imposiblidad de tener una alternativa electoral progresista, seria, viable y creíble. ¿Es que no hay nadie en el PSM y/o en el PSOE que se esté dando cuenta de ello?

Suscriben también el artículo Erika Rodríguez, Mario Campano y José María Clemen

"El PSOE debe atreverse a reconocer errores graves y liderar un proyecto de transformación social ambicioso y razonable a la vez. Hacerlo ya, sin perder un segundo más", afirman los autores

Sí, es urgente cruzar la frontera. Acompañar la música, por bien que suene, de iniciativas concretas y compromisos ciertos que los ciudadanos puedan comprender y defender, porque se identifican con ellos. El PSOE debe atreverse a ello. Como lo hizo en otras ocasiones. Reconociendo, en primer lugar, errores graves, y desmarcándose sin contemplaciones de sus cuadros y exdirigentes que siguen enrocados en esos errores y se empeñan, desde pedestales más o menos resguardados, en seguir marcando el paso al partido. Y debe hacerlo asumiendo riesgos. Liderando un proyecto de transformación social ambicioso y razonable a la vez. Hacerlo ya, sin perder un segundo más. Porque son muchas las personas que lo esperan, y que no pueden esperar más.

Tras tres años sufriendo el pernicioso e ineficaz (des)gobierno de Mariano Rajoy, en este país hay pobreza infantil; hay un desempleo descomunal y persistente; hay desigualdades crecientes de renta y de recursos económicos; hay mucha evasión y fraude fiscal; hay corrupción, insoportable corrupción; hay un enquistamiento de discriminaciones de diversa índole, que padecen señaladamente las mujeres; hay una crisis territorial agravada en los últimos años; hay un modelo de crecimiento económico agotado; hay, en definitiva, problemas graves, pero identificables, y, en esa medida, abordables. Entendemos, a este respecto, que el PSOE debería, de inmediato, asumir los compromisos y actuaciones que más abajo esbozamos. Lo ha de hacer por su propia supervivencia y, lo que es mucho más importante, por el conjunto del país, tan necesitado de una regeneración política, democrática e institucional.

RENTA MÍNIMA GARANTIZADA. La situación de emergencia social que vive nuestro país tiene su cara más dramática en la pobreza, muy en particular en la pobreza infantil. Este drama del que diversos informes recientes nos ofrecen una escalofriante fotografía actualizada es el reflejo –en parte, al menos– del fracaso de una política económica impotente ante unas cotas insoportables de desempleo, y que tiene como dos ejes de actuación destacados la devaluación salarial y la reducción del Estado de bienestar (recorte de la protección por desempleo, rebaja de las pensiones, desmantelamiento del sistema de dependencia, copago farmacéutico, etc.).

Este conjunto de actuaciones que devalúan la dimensión social y la misma condición de ciudadanía agravan seriamente los problemas de pobreza y exclusión que un Estado social en el siglo XXI no puede tolerar. Por eso, es imprescindible una actuación inmediata y contundente a través de la creación de una renta mínima garantizada para todas las personas sin recursos. Esta iniciativa, que es reclamada por los sindicatos desde hace tiempo, se ha de articular como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, cuya cuantía debe establecerse atendiendo a las cargas familiares de los beneficiarios para evitar algo tan odioso como que haya niños o mayores que pasen hambre y frío. La nueva prestación, que tiene perfecto encaje constitucional, debe ser financiada por el Estado: alrededor de 10.000 millones que la nueva política fiscal ha de estar en condiciones de conseguir.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El aluvión de escándalos de corrupción explica que en los últimos meses se hayan dado pasos en esta materia. La declaración de Valencia del PSOE recoge un catálogo de medidas importantes, y viene además reforzado por el compromiso firmado con una organización tan prestigiosa en la lucha contra la corrupción como Transparencia Internacional. Pero los dirigentes del PSOE deberían ser conscientes de que la sensibilidad e indignación de la ciudadanía con este asunto es tal que ese avance no es suficiente en absoluto. Como sucede en otros ámbitos, los socialistas sufren un grave problema de credibilidad. Lejos de errores garrafales como el pacto suscrito con el PP sobre los viajes de los diputados, la recuperación de la confianza de los ciudadanos pasa, a nuestro juicio, por dos tipos de actuaciones.

En primer lugar, el PSOE debería hacer un reconocimiento sincero de los errores cometidos en el pasado por no haber puesto celo suficiente en perseguir comportamientos delictivos y deshonestos que nunca debieron producirse y que, una vez descubiertos, no merecieron un reproche suficientemente contundente o, al menos, no tan contundente como el que merecían los de otros partidos. Hay que pedir perdón a los ciudadanos y compartir con ellos el estupor por la existencia de estas prácticas corruptas.

La segunda actuación consiste en reforzar la exigencia de ejemplaridad de los políticos y, en general, de los responsable públicos como manifestación de compromiso y de honestidad. Desde esa perspectiva, es evidente que en el actual contexto de descrédito un partido que tenga en sus filas a personas imputadas no es ejemplar; más bien actúa con poca sensibilidad hacia los ciudadanos. Es cierto que la imputación no significa que el afectado vaya a acabar sentado en el banquillo, pero no debe olvidarse que la imputación supone en sí misma la existencia de indicios racionales de delito y que, además, es lógico que una persona imputada concentre todos sus esfuerzos en su defensa lo que dificulta el desempeño de su cargo público. Los partidos deben ser conscientes de que esta situación produce un grave daño a las instituciones, que no son suyas sino de todos los ciudadanos.

REFORMA TERRITORIAL DEL ESTADO. Una reforma que, para ser efectiva, solo puede tener alcance constitucional. La crisis actual del Estado autonómico es casi tan evidente como el éxito que el mismo ha significado en la historia contemporánea de nuestro país; por eso ha llegado el momento de acometer su reforma. ¿Para qué? Para establecer, por fin, el mapa autonómico, identificando nominalmente a cada Comunidad autónoma; para mejorar la organización y funcionamiento de la totalidad del Estado; para corregir aquellas deficiencias que no se pudieron superar en 1978. La modificación constitucional debe de centrarse en tres aspectos principales: 1) el competencial, a fin de definir con precisión en el texto constitucional qué competencias legislativas son exclusivas del Estado, quedando las restantes en manos de las Comunidades autónomas, lo que significa, entre otras cosas, la supresión de la legislación básica, objeto de tantos conflictos competenciales, y de las leyes de transferencia y delegación, que contribuyen a lo peor que puede hacer una Constitución en materia de reparto del poder público: dejarlo eternamente abierto; 2) el financiero, a fin de establecer en la Constitución los principios básicos del sistema de financiación autonómica (corresponsabilidad fiscal, solidaridad interterritorial y ordinalidad), aplicables no solo a las Comunidades autónomas de régimen común, sino también a las que disfrutan de un régimen singular (País Vasco y Navarra); 3) el institucional, a fin de convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación de la voluntad de las Comunidades autónomas, al estilo del Bundesrat alemán, esto es, un órgano integrado por representantes de los Gobiernos de las Comunidades autónomas, de manera relativamente proporcional al número de habitantes de cada una de ellas, y con facultad de veto en la aprobación de aquellas leyes que les afecten directamente.

Esta reforma constitucional en clave federal, que va en la línea de la acordada por el PSOE en la “Declaración de Granada” de 2012, de plantearse seriamente, permitirá afrontar la llamada “cuestión catalana” en mejores condiciones, al introducir en el debate público una propuesta razonable y ponderada de organización territorial del Estado que apunta en la dirección correcta, porque se aleja de maximalismos rupturistas y de inmovilismos enojosos.

MEJORAR LA JUSTICIA DEL MODELO ECONÓMICO. En materia económica el PSOE está haciendo un esfuerzo notable por redefinir su estrategia y confeccionar un nuevo programa que rectifique errores anteriores y recupere valores tradicionales que nunca debieron relajarse. Sin embargo, también en este terreno está perdiendo, frente a otras formaciones con menores complejos, algunas banderas esenciales de la socialdemocracia. Y recuperarlas exige de un plus de atrevimiento. Varios ejemplos sirven para demostrarlo.

Primero, el PSOE debe situar el aumento de la capacidad redistributiva de los impuestos como un objetivo central, lo que exige una mayor progresividad del sistema fiscal en su conjunto. Sus propuestas ya van, de hecho, en esa dirección. Pero debe reafirmarse en ellas, frente a las voces que, desde sus propias filas, propugnan una pérdida de valor de la progresividad y ponen el foco en su lugar en lo que se ha dado en llamar la “predistribución”, que tiene que ver con un funcionamiento equitativo y eficiente de los mercados de todo tipo. Y no porque estas cuestiones predistributivas no sean relevantes, sino porque en absoluto son sustitutivas de la redistribución fiscal, sino complementarias. En este sentido cabría enmarcar el establecimiento de un tipo tributario muy elevado para determinadas rentas, medida que se pretende desacreditar por el escaso impacto positivo que parece haber tenido en Francia (donde se ha aplicado un tipo máximo del 75%), pero que sigue teniendo argumentos de peso que la justifican (Thomas Piketty propone un tipo del 82% como óptimo para ganancias superiores a 400.000 euros).

Segundo, en el marco de la reforma constitucional que propone, el PSOE debe incluir la modificación del artículo 135 de la Constitución que sacraliza el pago de la deuda ante cualquier otro objetivo de política económica. Si los dirigentes del PSOE ya han reconocido que aquella medida fue un error; si dicen que no les gusta; si son conscientes de que es una fuente de desafección importante entre sus potenciales votantes; y si saben que es un arma que utilizan en su contra todas las fuerzas políticas de la izquierda; resulta difícil comprender y justificar ese empecinamiento en preservarlo, por mucho que haya vías alternativas para paliar sus efectos más negativos.

Tercero, los socialistas deben desarrollar y difundir cuanto antes algunas novedosas propuestas que se incluyen en las conclusiones de la Conferencia Política que realizaron en noviembre de 2013, como la voluntad de introducir en el marco retributivo de todas las empresas la regla “12:1”, que supone que nadie pueda ganar más de 12 veces el salario del que menos gana, incluyendo todos los conceptos retributivos.

Por último, un ejemplo en positivo: hay que aplaudir su propuesta para aumentar progresivamente el salario mínimo (que es la mitad que en Francia, por ejemplo) hasta alcanzar en diez años el 60% del salario medio, nivel considerado como el umbral de pobreza. Un compromiso que debe ser sólido, por cuestiones económicas y sociales, a pesar de las presiones que deberá soportar desde las organizaciones y lobbies empresariales.

Así esbozadas, estas son algunas de las medidas que, en nuestra opinión, debería impulsar el PSOE con urgencia, si es que quiere volver a ser una formación política capaz de transformar el deseo de una amplia mayoría de españoles en realidad.

Sería precipitado concluir que el principal perjudicado por la irrupción de esta nueva formación es el PP

Podemos ha sacudido la mortecina escena política española de los últimos años. No sólo por su pujante tirón electoral, ya contrastado en las elecciones europeas, sino también por haber condicionado las prioridades de la agenda política y, en cierto sentido, el modo de hacer política en el país. Todo ello se refleja en el reciente barómetro del CIS, en el que los ciudadanos castigan duramente a los ‘populares’ por la sucesión de escándalos de corrupción y premian el discurso de denuncia de Podemos.

Pero sería precipitado concluir que el principal perjudicado por la irrupción de esta nueva formación es el PP. Como el mismo CIS señala, la ciudadanía sitúa a Podemos en la izquierda dentro del espectro ideológico, por lo que es al PSOE, principalmente, al partido que amenaza con arrebatar una parte considerable de sus votantes en las próximas citas electorales. De ahí que resulte tan relevante el tipo de respuesta que los socialistas ofrezcan ante este desafío.

Lo cierto es que no es exagerado afirmar que la reacción de la nueva dirección del PSOE está marcada por la desconfianza, por momentos incluso el desprecio, hacia Podemos. ¿Cómo puede interpretarse si no el empeño en evitar hacer una referencia expresa a la nueva formación o en calificar a sus miembros como populistas? Lejos de hacer alguna mella, estas descalificaciones seguramente refuerzan la posición y las expectativas electorales de Podemos. Pero, sobre todo, ponen al descubierto ciertas debilidades de las que los actuales dirigentes socialistas no parecen ser conscientes, pese a que abren una importante brecha con los ciudadanos. Aclaremos, pues, algunas cuestiones que el PSOE debería tener presentes y que condicionan su actitud hacia Podemos.

I. Los dirigentes socialistas, actuales y pasados, no acaban de darse cuenta de la traición que supuso para una masa importantísima de votantes progresistas el giro de la política económica del Gobierno de Zapatero en mayo de 2010. La credibilidad del PSOE sufre desde entonces porque no han sido capaces de desmarcarse de lo que una amplia mayoría considera una equivocación histórica.

II. Esta pérdida de credibilidad significa –y esto también parece haberse pasado por alto– que el PSOE ya no es, ni podrá volver a ser en algún tiempo, esa fuerza hegemónica de la izquierda capaz de atraer grandes mayorías sociales con un apoyo electoral cercano al 40%. En un proceso de evolución que guarda crecientes e inquietantes similitudes con el SPD alemán, todo parece indicar que el PSOE no podrá aspirar en próximos comicios más que a situarse, en el mejor de los casos, en una franja entre el 25 y el 30% de apoyo electoral.

Y es posible que lo haga como primera fuerza de la izquierda, sí, pero completamente dependiente del apoyo de otras fuerzas progresistas que incluso pueden estar en condiciones de disputarle esa posición, algo que nunca había ocurrido en la actual etapa democrática.

III. Este nuevo escenario exige del PSOE una adaptación que, pese a los avances que ha supuesto el relevo en la dirección, no se ha producido todavía; y el modo áspero en el que se dirige a Podemos es una buena ilustración de ello. Los socialistas deberían reconocer los méritos de la nueva formación que son, a mi juicio, tres fundamentales.

En primer lugar, existe ya cierto consenso (Soledad Gallego “Un diagnóstico lleno de verdades”, 28/9/2014) en torno al acertado diagnóstico que hace Podemos de la situación actual, una realidad marcada por la desigualdad y por la prevalencia de los intereses de una minoría privilegiada que hace que la ciudadanía se sienta estafada y desesperada al mismo tiempo.

En segundo término, Podemos demuestra coraje para plantear soluciones capaces de hacer frente a esa contundente realidad. Es posible que algunas medidas concretas sean difícilmente realizables (muchas menos de lo que habitualmente se dice, como nos recuerda J.M. Martín Carretero de Economistas frente a la crisis), pero responden en todo caso a un planteamiento general con el que los socialistas deberían sintonizar, pues sitúan la redistribución de riqueza y la centralidad de la ciudadanía como ejes destacados de su proyecto político.

Y un tercer mérito es la claridad del lenguaje de Podemos. Pablo Iglesias transmite mensajes que todo el mundo entiende; y lo hace huyendo de los circunloquios propios de políticos que no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos o que carecen de audacia para urdir un nuevo proyecto socioeconómico, que es donde la izquierda se juega hoy la partida.

IV. Ese cambio de actitud debería hacer ver que el éxito de Podemos no es sólo el resultado de sus méritos, sino también el reflejo de los deméritos del PSOE. Y precisamente en ese ejercicio de autocrítica y de humildad podrían encontrar los socialistas el camino perdido. Serviría, de un lado, para recuperar la sintonía con antiguos votantes y muchos jóvenes que, hastiados de la falta de un proyecto político transformador de una realidad injusta, han encontrado refugio electoral en Podemos o que, como mínimo, se identifican con la crítica a los partidos de la ‘casta’. Y también serviría, de otro, para alcanzar puntos de encuentro con Podemos y el resto de fuerzas progresistas que van a ser imprescindibles para que la izquierda vuelva a gobernar.

En definitiva, sin ese cambio de actitud el PSOE parece condenado a perder irremediablemente el merecido protagonismo –por muchos fallos que haya cometido– del que ha gozado en los últimos treinta y cinco años. Y lo que es peor, aboca a los ciudadanos a seguir martirizados por políticas insensibles al sufrimiento que agravan las desigualdades y desmantelan nuestro Estado de bienestar.

El proceso de primarias para la elección de los candidatos del Partido Socialista de Madrid al Ayuntamiento y a la presidencia de la Comunidad Autónoma ha sido un rotundo fracaso. Pero es, sobre todo, una clara ilustración del estado en el que se encuentra el PSM desde hace ya demasiados años. Por dos razones fundamentales.

I. La primera, y más evidente, afecta al núcleo dirigente. La sociedad, hastiada de un modo de hacer política que antepone los intereses de la propia organización frente al interés general, demanda apertura de los partidos políticos para que éstos recuperen la conexión con los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, la dirección del PSM ignora esta exigencia y se parapeta detrás del aparato del partido a través de un proceso de primarias que desacredita a los socialistas madrileños ante los ciudadanos y que parece la mejor garantía de un nuevo fracaso electoral.

Difícilmente puede interpretarse de otra forma que se haya olvidado el compromiso públicamente expresado para la elección de candidatos a través de la celebración de unas primarias abiertas a los ciudadanos; o que se estableciera la exigencia de un 10% de avales (20% en el caso del Ayuntamiento de Madrid, una ciudad de 3,5 millones de habitantes), una cautela excesiva que dificulta la concurrencia de candidatos no 'oficiales' a la vista del férreo control de las agrupaciones que ha demostrado el aparato del partido.

El mensaje que los actuales dirigentes transmiten a la ciudadanía es que no creen en la apertura del partido ni en la capacidad de los simpatizantes para generar ilusión por un nuevo proyecto, y que les importa muy poco el descrédito que ello implica.

II. Pero hay todavía una segunda razón que agrava la sensación de rechazo y de desánimo que el PSM genera en muchos potenciales votantes y en muchos (¿o quizá no tantos?) militantes. Sin quitar mérito a los compañeros que han tratado infructuosamente de reunir los avales para concurrir a las primarias, resulta muy significativo que no haya entre los militantes del PSM personas con coraje para combatir la política con minúsculas que desarrolla la organización desde hace tanto tiempo. ¿Por qué nadie parece tener el liderazgo necesario para impulsar un proyecto político comprometido, honesto y transformador? Es muy triste constatar que el partido se ha convertido en el reino de la mediocridad y del sectarismo; en una organización que vive de espaldas la ciudadanía y a la que no parece importarle demasiado mantenerse en la oposición.

Todos salimos perdiendo con el portazo que han supuesto estas primarias fantasmas. Pierden, primero, los ciudadanos que corren un riesgo serio de seguir gobernados por un Partido Popular corrupto, incompetente y decidido a seguir vendiendo los servicios públicos al mejor postor. Pierde, segundo, el PSM abocado a salir muy mal parado de la contienda electoral (¿un apoyo inferior al 20%?, ¿tercera, cuarta fuerza política en el número de votos?). Y pierde, por último, el conjunto del PSOE y su nuevo equipo dirigente que ha dejado pasar una magnífica ocasión de demostrar en Madrid el calado de su mensaje transformador.

La decisión del Gobierno de rectificar el injusto criterio aplicativo que impedía el acceso a la jubilación anticipada a los 61 años a miles de trabajadores que perdieron su puesto de trabajo antes del 31 de marzo de 2013 debe ser bienvenida. Tras una polémica actuación inicial, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha tenido reflejos para evitar un probable revés judicial y mostrar –o aparentar, al menos– una actitud dialogante. La opinión pública así parece haber valorado esa rectificación. Sin embargo, se pasa por alto que desde esa fecha todos los trabajadores en edades próximas a la jubilación –muchos de ellos desempleados de larga duración– se enfrentan a duras condiciones de acceso anticipado a la pensión como consecuencia de la nueva regulación introducida por el Real Decreto-ley 5/2013: una norma que fue aprobada por el Gobierno violentando el requisito constitucional de extraordinaria y urgente necesidad, y que suscitó una unánime reacción de rechazo de las fuerzas políticas de la oposición y de los interlocutores sociales. Hagamos memoria.

La regulación de la jubilación anticipada fue una pieza clave del acuerdo social y político sobre el que se articuló la reforma de pensiones de 2011. Con algunos ajustes, mantenía la posibilidad –entonces ya existente– de jubilación anticipada a partir de los 61 años para los supuestos en los que el trabajador perdía su puesto de trabajo, al tiempo que reconocía un novedoso derecho a la jubilación anticipada desde los 63 años. Tal regulación no llegó a entrar en vigor y fue sustituida por otra, hoy vigente, que a través del citado decreto-ley endureció sustancialmente los requisitos de acceso a la pensión. Así, como aspectos más destacados, la edad de acceso a la jubilación anticipada “involuntaria” (básicamente cuando el trabajador es despedido) se elevaba en la práctica a 63 años y la del supuesto de jubilación voluntaria a 65, al tiempo que se endurecían las penalizaciones en la cuantía por cada año de adelanto respecto de la edad de jubilación ordinaria: entre un 6% y un 7,5% anual en el primer caso y entre un 6,5% y un 8% en el segundo. El único matiz era que, como parte de su régimen transitorio, esta nueva regulación no se aplicaría a aquellos que hubieran visto extinguido su contrato antes del 31 de marzo de 2013.

Es aquí donde se ha generado la controversia por la decisión inicial, ahora rectificada, del INSS de hacer una interpretación muy restrictiva –y jurídicamente más que cuestionable– de esta última previsión. De ahí que sea comprensible la reacción de alivio de la opinión pública y deba celebrarse la rectificación. Pero la reparación del daño que iban a sufrir esos 35.000 trabajadores no compensa en absoluto la regresión que para el conjunto de los trabajadores, singularmente para los de mayor edad, supone la vigente regulación de la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno el pasado año y a la que se acaba de hacer referencia.

Como reflexión final, cabría señalar que este caso es muy ilustrativo de la exitosa estrategia del Gobierno en su política de pensiones. Con la connivencia de gran parte de la opinión pública ha logrado disimular los importantísimos recortes que ha introducido desde 2012, comenzando por la no actualización de las pensiones ese año, siguiendo por el endurecimiento de la jubilación anticipada comentado anteriormente y acabando, aún más grave, por el “cambio estructural de calado sobre el sistema de pensiones” (Banco de España, Boletín Económico, jul-ago 2014, p. 85) que derivan de la Ley 23/2013. Así que podría decirse que, mientras celebramos haber salvado un árbol de la tala, el Gobierno arrasa motosierra en mano el bosque de las pensiones públicas.

No por esperada resulta menos decepcionante la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el primero de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la reforma laboral aprobada en 2012 (Ley 3/2012). Tiempo tendremos los laboralistas para analizar con detalle cada uno de los fundamentos jurídicos. Pero, tras una primera lectura, quisiera llamar la atención sobre los aspectos más significativos de este pronunciamiento que por su gravedad y trascendencia han de condicionar la regulación del mercado de trabajo y de las relaciones laborales en nuestro país.

Los motivos del recurso eran tres y todos ellos son desestimados, pese a que existían buenos argumentos para sostener su inconstitucionalidad a partir de la doctrina que el propio Tribunal había defendido hasta ahora.

Para empezar, la sentencia considera que el periodo de prueba –la facultad de rescisión contractual sin más justificación– de un año del contrato de apoyo a emprendedores se enmarca dentro del poder de gestión empresarial como instrumento de incentivación de la creación de empleo: ese periodo de doce meses es un tiempo razonable para valorar no sólo las aptitudes del trabajador, sino también “… si el puesto de trabajo es económicamente sostenible y puede mantenerse en el tiempo”.

Los otros dos motivos tienen que ver fundamentalmente con la negociación colectiva. De una parte, a juicio del Tribunal someter los ‘descuelgues’ de lo pactado en convenio a un arbitraje obligatorio ante la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos tiene perfecto encaje constitucional por configurarse como un mecanismo que “facilita la viabilidad del proyecto empresarial” en un “contexto de crisis económica muy grave”: no hay vulneración del derecho a la negociación colectiva porque al tratarse de un órgano tripartito (administración, organizaciones empresariales y sindicales) la Administración no tiene capacidad decisoria. Y, de otra, la sentencia tampoco aprecia vulneración de ese derecho constitucional a la negociación colectiva en el establecimiento de una prioridad absoluta –sin margen para el pacto en contrario– de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales: argumenta que en sí misma tal previsión no impide la negociación en el ámbito superior y que tan legítima en términos constitucionales es la apuesta del legislador por un modelo centralizado de negociación colectiva como por uno descentralizado.

Pero más que los detalles de la desestimación de cada uno de estos motivos, lo que aquí me interesa es destacar la (novedosa) lógica argumentativa utilizada por el Tribunal Constitucional en esta sentencia y las importantísimas consecuencias que de ella se derivan, pues afectan a aspectos neurálgicos de nuestro modelo de relaciones laborales, tanto en el plano individual –contractual– como en el colectivo.

Puede decirse que el elemento principal sobre el que gira el razonamiento de la sentencia es un vaciamiento de los derechos al trabajo y a la negociación colectiva reconocidos en los artículos 35 y 37 de la Constitución, respectivamente. De un modo un tanto simplista, el Tribunal atribuye al legislador una capacidad casi ilimitada a la hora de regular el contenido de estos derechos. Pero olvida que se trata de derechos constitucionales que como tales tienen lo que la doctrina del propio Tribunal denomina una “imagen maestra”. Este contenido esencial debe ser respetado por el legislador en todo caso y viene condicionado en el ámbito laboral por la caracterización de nuestro Estado como social (art. 1.1), por el mandato de promoción de la igualdad real y efectiva (art. 9.2) y por el respeto a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1).

La sentencia ignora la caracterización de esa imagen maestra de las instituciones laborales que a lo largo de las tres últimas décadas ha venido perfilando el propio Tribunal Constitucional; algo particularmente evidente en el caso de la negociación colectiva, como el fundado y contundente voto particular a la sentencia pone de manifiesto. En un (in)esperado giro doctrinal, el Tribunal viene a situar la libertad de empresa y la defensa de la productividad, reconocidas por el artículo 38 de la Constitución, como piedras angulares de la regulación de las relaciones laborales. Y ello supone que, desde una concepción esencialmente economicista, la sentencia avala la conversión de la normativa laboral en un instrumento que prioriza la tutela del interés empresarial sobre las garantías de los ciudadanos trabajadores.

La validación de este cambio radical, ‘ruptura’, del modelo de relaciones laborales que hasta ahora conocíamos es apuntalada por el Tribunal Constitucional a través de dos vías.

En primer lugar, la sentencia apela en reiteradas ocasiones al artículo 40 de la Constitución que insta a los poderes públicos a promover una política orientada al pleno empleo. Resulta casi un sarcasmo la utilización de este principio rector de la política económica a la vista de los drásticos recortes que hemos vivido en los últimos años, precisamente como consecuencia de la apuesta por una política centrada en la reducción del déficit público e insensible a la destrucción de puestos de trabajo. Pero, además, sorprende el descubrimiento sobrevenido de un precepto constitucional sin apenas relevancia en el pasado y que es utilizado en un sentido bien distinto al original, pues prioriza el acceso al empleo a cualquier precio, incluso si ello supone pulverizar las garantías laborales. La constitucionalidad del ‘despido libre’ durante el primer año de relación contractual constituye una buena ilustración de ello.

La segunda vía de apoyo de esta reconfiguración de la doctrina constitucional en materia laboral es la utilización de la crisis económica y el insoportable nivel de desempleo como justificación del recorte de los derechos, individuales y colectivos, de los trabajadores. Es evidente que los poderes públicos democráticamente elegidos tienen legitimidad para impulsar las medidas que consideren más adecuadas. Pero el Tribunal parece olvidar que su papel consiste precisamente en evitar que, amparándose en las graves dificultades de la coyuntura –económica, en este caso–, se impulsen cambios que afecten al núcleo esencial sobre el que se sustenta nuestro sistema de derechos fundamentales. La excepcionalidad del contexto de grave crisis económica que atravesamos no puede ser un pretexto, sino un acicate para ser más escrupulosos en el respeto de las garantías democráticas.

En definitiva, estamos ante una sentencia histórica que avala la ruptura de un modelo de relaciones laborales basado en el equilibrio y el diálogo. Se abre, pues, la puerta constitucional a un sistema con una fuerte impronta empresarial que devalúa la relevancia constitucional del trabajo y el ejercicio colectivo de derechos que supone la negociación colectiva, dos rasgos característicos de nuestro Estado social desde el año 1978.

El auge de Podemos quizá haya servido para poner de manifiesto que si el Partido Socialista ha perdido apoyos no es por no contentar a los votantes de centro, sino por perder su identidad como referente de la izquierda democrática de nuestro país

El PSOE ya tiene nuevo Secretario General, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que tiene la responsabilidad de liderar una transformación radical del funcionamiento interno del partido, de sus formas de relacionarse con la sociedad y de su contenido programático, para volver a conectar con la ciudadanía y optar a gobernar de nuevo el país. Y entre esos cambios programáticos, los que se refieren a la política económica deben ocupar a nuestro juicio un lugar central. Porque una de las cuestiones que precisamente han propiciado de forma más evidente la pérdida de confianza de su electorado ha sido la política económica que ha desarrollado durante sus años de gobierno. Es una opinión bastante extendida que las diferencias entre PSOE y PP (los dos partidos, hasta ahora, con opciones reales de gobernar en España) han sido y son evidentes en materia social y de derechos ciudadanos, pero mucho menos perceptibles en materia económica.

Esta percepción no afecta solo al PSOE, sino al conjunto de la socialdemocracia europea, cuyas posiciones en materia económica se han visto contaminadas de los planteamientos del discurso neoliberal, aplicando cuando han gobernado políticas que, en sus rasgos esenciales, poco se han diferenciado de las realizadas por los partidos conservadores. El brusco giro dado a las políticas puestas en práctica en mayo de 2010 a nivel europeo, con la imposición de una agenda de austeridad a ultranza, aceleró este proceso de divergencia entre la política económica aplicada por los los grandes partidos de raíz socialdemócrata de Europa y los deseos de sus potenciales votantes, aumentando su desafección. La reciente actuación del gobierno francés de Hollande y Valls sirve para ejemplificar esta deriva.

En el caso del PSOE este proceso ha sido muy notorio y, sin duda, tiene mucha responsabilidad en el continuo desplome de sus apoyos electorales. El auge de Podemos en las últimas elecciones europeas quizá haya servido para poner de manifiesto, en contra de determinadas interpretaciones, que si el Partido Socialista ha perdido apoyos no es por no contentar a los votantes de centro, sino por perder su identidad como referente de la izquierda democrática de nuestro país, y con ello, su credibilidad como partido de gobierno que puede confrontar un programa de izquierda realista con el defendido por la derecha.

No se pretende en absoluto en estas líneas analizar todas las cuestiones que reflejan esa deriva liberal, sino tan solo apuntar algunos de los campos en los que la misma ha sido más visible, a nuestro juicio, para la ciudadanía:

Una rectificación en estos cuatro ámbitos económicos nos parece central para que el PSOE recupere la credibilidad perdida y desmonte con fundamento la dañina e injusta asimilación “PPSOE”, que ha calado entre muchos de sus potenciales votantes. La política tributaria y la laboral están bastante bien orientados en las resoluciones de la Conferencia Política de noviembre de 2013. Respecto al artículo 135 de la CE, el PSOE debería reconocer sin ambages su error de entonces y promover la reversión de esa reforma en el seno de un cambio constitucional de mayor calado. Por último, es también imprescindible dotarse de los equipos humanos y profesionales adecuados. En demasiadas ocasiones los responsables de Economía de gobiernos del PSOE han ejercido de poderosa oposición interna, mostrando una preocupante discrepancia ideológica. Esto no debería volver a pasar. De entrada, sería deseable que el candidato a Presidente del Gobierno diera a conocer de antemano la/s persona/s designada/s para dirigir el área económica.

En definitiva, se trata de demostrar con hechos que el PSOE tiene una política económica realista y alternativa a esta conservadora que desgraciadamente se ha adueñado de las respuestas a esta dolorosa crisis, en cuya génesis están precisamente las propias políticas neoliberales y su visión desreguladora de los mercados.

La nueva reforma se traducirá en una pérdida de poder adquisitivo de todos los pensionistas

La Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno remitió a Bruselas hace pocas semanas cuantifica el recorte sufrido por el sistema público de pensiones tras la reforma de 2013. Hay que lamentar que esa estimación no fuera recogida en la memoria económica de la Ley 23/2013, sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización; ni tampoco en el informe del comité de expertos que sirvió de base para esa regulación. Parece lógico pensar que un cambio de tanta envergadura, como veremos, debería haber llevado consigo un ejercicio de transparencia equivalente. A esta primera crítica se añade que la reforma fuera impuesta unilateralmente por el Partido Popular, sin diálogo ni apoyo del resto de fuerzas políticas e interlocutores sociales.

Gráfico 1: Proyecciones 2010-2060 del gasto asociado a envejecimiento (en % del PIB)

Pero, siendo lo anterior grave, lo verdaderamente preocupante son los datos que reflejan el enorme impacto de esta reforma en el gasto en pensiones: según el citado documento (página 78), se situaría en 2050 en un nivel similar al de hoy (10,5% del PIB) y sería aún más bajo (9,6%), diez años después. Para entender las implicaciones de estos cálculos oficiales conviene echar la vista atrás.

La reforma de pensiones de 2011 –consensuada política y socialmente– perseguía como objetivo fundamental reforzar la sostenibilidad del sistema. Trataba de suavizar el previsible incremento del gasto consecuencia del proceso de envejecimiento de la población vinculado al alargamiento de la esperanza de vida y a la jubilación de la generación del baby boom. Frente a las estimaciones que, antes de esa reforma, situaban el gasto en España en 2050 por encima del 17% del PIB, las medidas entonces articuladas moderaban ese crecimiento para dejarlo –según la Comisión Europea – en el 14%. Un nivel muy superior al actual, pero perfectamente asumible en términos comparados; no en vano Francia, Italia o Austria superan ese umbral holgadamente ya en la actualidad.

Las tensiones financieras que sufre la Seguridad Social desde 2012 fueron utilizadas por el Gobierno de Rajoy, primero, para devaluar las pensiones ese año (una pérdida de poder adquisitivo de casi dos puntos, que se sumaba a la congelación de 2011 del Gobierno Zapatero) y, a continuación, para plantear ante la opinión pública la necesidad de introducir urgentemente más cambios. Esos desequilibrios presupuestarios nada tenían que ver con problemas estructurales, sino que eran consecuencia de una coyuntura adversa agravada por una política económica centrada en la reducción del déficit y no en el empleo. Pero el Ejecutivo de Rajoy lo ignoró e impulsó nuevas modificaciones como falsa prolongación de la reforma ‘socialista’. De hecho, encontró el parapeto de ésta para regular un novedoso factor de sostenibilidad, ya previsto en 2011 aunque en términos bien distintos.

En efecto, la reforma del PP adelanta trece años el calendario de aplicación y configura un sistema de pensiones ‘menguantes’ en el que la cuantía de la nueva pensión se reduce automáticamente conforme se eleva la esperanza de vida. Pero, además, modifica el mecanismo de revalorización abocando a todos los pensionistas a la pérdida segura de poder adquisitivo –así lo diagnostica la OIT– como consecuencia de dos circunstancias: en el corto plazo, la adversa situación económica y el altísimo desempleo, y, en el largo plazo, el lastre que supondrá en la nueva fórmula el cuantioso incremento del número de pensionistas.

Pues bien, lo que el mencionado Programa de Estabilidad revela es la magnitud del recorte que, según el Gobierno, va a suponer la conjunción de ambas medidas (factor de sostenibilidad y mecanismo de revalorización): un gasto del 10’5% del PIB en 2050 supone un ‘ahorro’ (sic) creciente, un recorte, de casi 4 puntos porcentuales de PIB (actualmente 40.000 millones de euros) en esa fecha respecto de la estimación previa a esta reforma. De manera que la parte de la riqueza nacional que gastaremos en pensiones públicas dentro de cuarenta años será la misma que hoy, con la diferencia de que el número de pensionistas se habrá doblado: de 8 pasaremos a más de 15,2 millones.

Gráfico 2: Porcentaje de gasto en pensiones sobre el PIB

Es evidente que ni el Gobierno ni el poder financiero que alienta estos cambios están pensando en que los jubilados de mitad de siglo vayan a ser mucho más pobres que los de hoy. Creen seguramente que la transformación demográfica de nuestras sociedades debe llevarnos a un cambio de modelo, hacia una limitación de las pensiones públicas y una progresiva extensión del peso de los planes (privados) de pensiones. Es decir que su apuesta –no explícita– consiste básicamente en que en 2050 un tercio aproximadamente del gasto total en pensiones proceda del ámbito privado.

Éste puede ser un planteamiento de reforma legítimo, siempre que se encuadre dentro de los límites constitucionales y que se plantee abiertamente a los ciudadanos. Por eso hay que insistir en dos ideas fundamentales.

En primer lugar, el cambio de modelo que se persigue –el paso a un sistema de pensiones mixto– es una opción político-ideológica, no algo inevitable. En este sentido, importa insistir en que las dificultades que hoy atraviesa la Seguridad Social son de naturaleza coyuntural, pues derivan de la pérdida de tres millones de empleos durante la crisis. Con la particularidad de que disponemos de instrumentos para hacer frente a esas tensiones –54.000 millones de euros en el fondo de reserva–, así como de orientaciones de política económica que resultarían eficaces para estabilizar la situación financiera –priorizar la creación de empleo–. Por su parte, los problemas estructurales del sistema de pensiones fueron razonablemente abordados por la reforma de 2011 que, a cambio de sacrificios, garantizaba la sostenibilidad de un modelo de reparto reconocible como tal. Los retos estructurales persisten, sí, pero tienen más que ver con aspectos relacionados con la insuficiencia de las pensiones de determinados colectivos –las mujeres, señaladamente–.

Y, en segundo lugar, es posible que a mitad de siglo el gasto total (público y privado) en pensiones no implique una reducción importante sobre el 14% del PIB previsto antes de la reforma (‘ruptura’) de 2013. Pero sí supondrá, en todo caso, un cambio muy relevante en su composición, con una sensiblemente menor aportación del sistema público y un peso mucho mayor de las pensiones privadas. Y no debe desconocerse que ese nuevo sistema, más individualista, ha de traer consigo enormes desigualdades en función de la capacidad de ahorro y un debilitamiento del Estado de Bienestar con el consiguiente incremento de la pobreza.

Muchas, y de calado, son las críticas que merece la iniciativa del Gobierno de reformar el sistema público de pensiones, pero hay un aspecto que sobresale: el nuevo índice de revalorización de pensiones, que sustituye al mecanismo que garantizaba su poder adquisitivo. A partir del próximo año el incremento anual de la cuantía de las pensiones quedará condicionado a una favorable evolución de un conjunto de variables (crecimiento de los ingresos, del número de pensiones, de la pensión media, junto al equilibrio de ingresos y gastos del sistema) con la única garantía de una subida del 0,25% que, con toda seguridad, quedará muy por debajo de la inflación y producirá en consecuencia una importante pérdida de poder adquisitivo. El propio Gobierno reconoce que sólo en los próximos nueve años la nueva fórmula podría suponer un recorte –‘reducción de desequilibrios’ es el eufemismo que utiliza– de más de 33.000 millones de euros, que serían al menos 70.000 millones según estimaciones más realistas. Para el pensionista esto significa un empobrecimiento –una reducción de la cuantía en términos reales– que rondaría el 15-20% en sólo una década, y ello en un sistema cuya pensión media contributiva apenas supera en la actualidad los 850 euros al mes.

La valoración de esta nueva fórmula desde una perspectiva constitucional debe partir de la constatación de la importancia de la materia tratada. En la regulación de una prestación social que se percibe durante periodos de tiempo muy prolongados –veinte años en el caso de la pensión de jubilación, más incluso si es de incapacidad permanente– el mecanismo de revalorización de la pensión es clave, casi tanto como la propia fórmula para el cálculo inicial. Así lo reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso Brachner) al señalar que se trata de un elemento esencial del derecho a la protección de la vejez en cuanto garantía de disposición de los medios adecuados para cubrir sus necesidades como personas jubiladas; y así lo pone de manifiesto el peso que la revalorización tiene en la actual nómina de las pensiones –un 27% del gasto corresponde a este concepto–, lo que a su vez refleja la relevancia que este aspecto ha tenido en la mejora del bienestar de nuestros pensionistas en las dos últimas décadas.

Como no podía ser de otra manera, la trascendencia del mecanismo de revalorización se plasma en nuestra Constitución. El artículo 50 conmina a los poderes públicos a garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”. El mandato es claro, si bien debemos ser conscientes de que hay un factor que podría debilitarlo. Tanto ese precepto como el artículo 41 –relativo específicamente a la Seguridad Social– se ubican entre los que la Constitución denomina principios rectores, lo que supone que el derecho de los ciudadanos a la Seguridad Social es un derecho de configuración legal, de manera que, tal como señala el Tribunal Constitucional, el legislador cuenta con margen para modular la acción protectora del sistema, atendiendo a las “circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia” del modelo. Ahora bien, la misma jurisprudencia constitucional también reconoce que el ejercicio de esta prerrogativa legislativa no puede realizarse sin límite alguno: debe garantizarse, en todo caso, que el contenido esencial del derecho constitucional a la Seguridad Social –su imagen maestra– es respetado.

Pues bien, aunque el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado expresamente sobre ello, cabe defender que la actualización periódica de las pensiones, vinculada a la exigencia de adecuación y suficiencia, forma parte de ese núcleo indisponible para el legislador y resulta incompatible con la fórmula propuesta que antepone una concepción ‘austericida’ de la estabilidad presupuestaria a dos aspectos básicos que difícilmente pueden ser ignorados. El primero es la vulnerabilidad de los pensionistas que, en general, tienen como única fuente de ingresos económicos la pensión y que, por razón de su edad, carecen de capacidad para generar recursos por vías alternativas. Y el segundo, la estrecha conexión de esa garantía constitucional con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, que son presentados por el artículo 10 de la Constitución como fundamentos del orden político de nuestro Estado social y democrático de derecho.

En colaboración con Economistas Frente a la Crisis y Líneas RojasEconomistas Frente a la CrisisLíneas Rojas

Tiempo habrá en las próximas semanas para analizar con detalle la propuesta del “Comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, su contenido y sus implicaciones. Pero se hace necesario ya al menos dar una respuesta clara a las tres preguntas que los propios expertos plantean en un ejercicio de retórica, más que de pedagogía, en las últimas páginas de su Informe.

¿Es necesario ahora el factor de sostenibilidad?ahora La propuesta de los “expertos” –de los once que la asumen, habría que matizar siempre– parte de la premisa de que la introducción de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones es necesaria y urgente para garantizar la sostenibilidad del sistema que, en otro caso, se vería amenazada ya en el corto plazo. Sin embargo, llama poderosamente la atención que precisamente un grupo selecto de expertos no explique –más allá de la manida e insuficiente referencia al envejecimiento de la población– ni aporte dato alguno acerca de las razones de esa urgencia. Máxime cuando el gasto actual en pensiones de jubilación en España es muy inferior al de la mayoría de países de la UE. Y cuando las proyecciones demográficas, económicas y de gasto a largo plazo del propio Gobierno español y de la Comisión Europea (2012 Ageing Report y Pension Adecuacy Report 2010-2050), que acreditan la sostenibilidad de las pensiones públicas, no han sido puestas por ellos en cuestión.

Establecer por anticipado un mecanismo de adaptación ante posibles desequilibrios del sistema de pensiones derivados de factores demográficos más intensos de lo esperado puede ser una medida razonable. De hecho, la reforma consensuada de 2011 –esa que sorprendentemente los “expertos” ignoran por completo– así lo contemplaba. Pero lo hacía en términos bien distintos a la propuesta de esta Comisión de expertos, pues sólo comenzaría a aplicarse en 2032, una fecha que no es caprichosa sino que coincide con el momento en el que se sabe que se intensificará el gasto en pensiones por la jubilación de la generación del “baby boom”.

Por todo ello, introducir ahora el factor de sostenibilidad de forma precipitada no sólo resulta innecesario, sino que, al hacerlo sin aportar argumentos que lo justifiquen, pone de relieve una estrategia de utilización de la coyuntura de crisis como coartada para el recorte de los derechos.

¿Es adecuado? Si de lo que se trata es de salvaguardar el sistema público de pensiones que hoy conocemos, el factor de sostenibilidad propuesto no es adecuado. Porque la doble fórmula planteada garantiza la pervivencia de un sistema público de pensiones, sí, pero de uno muy limitado respecto de los parámetros actuales, que no satisfaría el requisito de suficiencia y adecuación de rentas. Vayamos por partes.

En virtud del Factor de Revalorización Anual (FRA), se sustituye el mecanismo de actualización automática conforme al incremento del IPC por una nueva previsión que condiciona la revalorización de las pensiones a la situación financiera del sistema de pensiones. El crecimiento de su cuantía se hace depender de una favorable evolución del crecimiento de los ingresos, del número de pensiones, de la cuantía media y del equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Dos grandes objeciones cabe hacer a esta nueva definición del mecanismo actualización.

Primero, detrás de una apariencia técnica, objetiva, se esconde un planteamiento tramposo, en la medida en que hoy se sabe que en las próximas décadas dos de las variables que integran esa fórmula –el número de pensiones y la cuantía media– van a crecer necesariamente por la jubilación de los “baby boomers” y el efecto sustitución, lastrando así la posible revalorización hasta el punto de que sólo un aumento espectacular de los ingresos podría compensar los otros dos y garantizar lo que hasta ahora era un derecho de los pensionistas: que sus pensiones no perdieran poder adquisitivo. Segundo, el FRA, así definido, devalúa el derecho a la revalorización de las pensiones vulnerando el artículo 50 de nuestra Constitución en el que se garantiza a los ciudadanos durante la tercera edad la “… suficiencia económica…” a través de “… pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”. Es decir que –mal que les pese a los “expertos”– los poderes públicos tienen el deber constitucional de proveer los recursos necesarios para garantizar la revalorización, algo que resulta incompatible con una fórmula que pretende abocar a todos los pensionistas, actuales y futuros, a una pérdida constante de poder adquisitivo.

Por su parte, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) supone aplicar un descuento en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la esperanza de vida. Con ello se trata de mantener el equilibrio entre el tiempo de vida activa y el que se pasa como pensionista. Este objetivo, también en principio razonable, es de nuevo coincidente con la línea seguida por la reforma de 2011. Sin embargo, frente a la más prudente solución de entonces basada en un mayor esfuerzo contributivo, ahora se plantea una fórmula mucho más drástica y con un importantísimo impacto social. Porque se establece una corrección automática –a la baja por el alargamiento de la esperanza de vida– que desprecia el previsible incremento del nivel de riqueza de la sociedad en su conjunto. Quiere ello decir que los “expertos” desatienden flagrantemente una cuestión fundamental como es la equidad, pues difícilmente puede explicarse que una sociedad más rica, como será la española dentro de veinte años, esté abocada a pagar pensiones cada vez más modestas a sus jubilados marginándolos del progreso económico colectivo.

¿Es aceptable? Sorprende que el Informe de los “expertos” no ofrezca ninguna descripción de la realidad actual de nuestro sistema público de pensiones. A juzgar por la determinación con la que plantea una reducción importante de la cuantía de las pensiones actuales y futuras, cabe deducir que consideran que nuestras pensiones actuales son excesivamente generosas. Pero lo cierto es que no es así, ya que la pensión media apenas alcanza los 820 euros mensuales y más del 50% de todas las pensiones no llega a la cuantía correspondiente al salario mínimo interprofesional.

Por eso entendemos que condenar a los ciudadanos a unas pensiones menguantes en una sociedad que, una vez superada la crisis, recupere su capacidad de crecimiento, es una contradicción muy difícil de salvar sin tener presente la existencia de poderosísimos intereses financieros. Porque lo que la propuesta esconde –de manera consciente– detrás de fórmulas matemáticas es un cambio de modelo de Seguridad Social en el que la limitación de las pensiones públicas libera un amplio espacio a las pensiones privadas. Tal planteamiento podrá ser legítimo; pero lo exigible, en todo caso, es que se hable claro a los ciudadanos y se explique de forma meridiana quién pierde y quién gana con este cambio: perdería la mayoría que al llegar a la jubilación no posee más que un patrimonio social, la pensión pública, pues el recorte de su cuantía incrementaría el riesgo de pobreza y de desigualdad; ganaría el poder financiero que vería promocionado el acceso a un lucrativo negocio.

Desde nuestro punto de vista, este nuevo diseño del modelo de pensiones degrada el Estado de Bienestar que hemos construido en los últimos treinta y cinco años. Representa, en otras palabras, una ruptura del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático, y por ello resulta inadmisible.