“Mi vida es la justicia, la igualdad mi religión”. Así reza la tumba de uno de los 28 pioneros que crearon la cooperativa que dio impulso al movimiento mundial. El féretro descansa junto a los del resto de sus compañeros de la empresa, en el cementerio de Rochdale, un pequeño y lluvioso pueblo perdido a 15 minutos de Manchester, en el norte de Reino Unido. Es decir, a 15 minutos hoy, en un tren moderno y rápido, pero a horas de distancia en carretilla, allá por 1844, cuando los socios de la cooperativa iban y volvían cargados de materias primas, bajo duras condiciones climáticas, para mejorar las vidas de los habitantes de la localidad.

Eran tiempos de pobreza en plena revolución industrial. La clase trabajadora tenía que gastar, según explica el Cooperative Heritage Trust, la mayor parte de sus salarios (60%) en alimentos. Resultaba muy caro traer suficiente comida a pueblos alejados como Rochdale. Pero es que además en esa época los alimentos no tenían conservantes, por lo que se echaban a perder rápidamente. La carne y la fruta eran demasiado caras para gran parte de la gente. Su mayor lujo era comer gachas de avena y pan. Acompañadas de té, eso sí, el famoso té inglés, que hacían con agua que no estaba limpia y así tenía mejor aspecto.  

Algunos comerciantes mezclaban cosas con la comida que vendían, para intentar que durara más y sobre todo para aumentar su volumen y su peso y obtener más ganancias. Y esto era a veces peligroso para la salud, porque no había ningún tipo de control sanitario.

También eran tiempos de mucho ajetreo, huelgas y luchas por los derechos de las personas trabajadoras. Y de nuevas ideas de organización de la sociedad.

Los sueños de Owen 

Robert Owen (1771-1858), considerado el padre del cooperativismo, venía dando conferencias sobre un modelo democrático de empresas que había imaginado posible. Un modelo donde cada trabajador podría votar, donde los salarios serían más justos, donde la gente colaboraría en vez de competir y donde habría más justicia social. Eran las ideas cooperativistas, que él mismo, como empresario, había intentado llevar a cabo en una serie de iniciativas obreras.

Lo cierto es que, por diversos motivos (a veces por restricciones impuestas por el poder para impedir los proyectos socialistas), las iniciativas concretas que intentó llevar a la práctica Owen terminaron fracasando. De hecho, él mismo culminó sus días sin dinero en su pueblo natal, a pesar de haber sido un gran estratega, escritor, conferenciante, director de empresas y un alabado teórico de la economía socialista. Y, sin embargo, sus ideas tuvieron cabida y desarrollo en muchos sitios. Entre otros, en las calles de Rochdale.

Algunos de los obreros maltratados en las fábricas de algodón de la ciudad de Rochdale, que luego formarían la cooperativa, habían asistido a conferencias donde Owen comentaba sus teorías sobre el cooperativismo y alentaba a la clase trabajadora a organizarse de manera pacífica. Eran tejedores, artesanos, y “se enfrentaban a condiciones laborales miserables y salarios bajos, y no podían permitirse los altos precios de los alimentos y los enseres domésticos”, explican hoy desde la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) , que existe en parte gracias a aquellos primeros hombres y mujeres, y que hoy cuenta con una estructura en red de más de 300 organizaciones miembros en 100 países y la representación de 1000 millones de miembros cooperativos en todo el mundo.

Estos obreros vieron que, si reunían sus escasos recursos y trabajan juntos, como decía Owen, tal vez podrían acceder a productos básicos a un precio más bajo.

Aunque el objetivo inicial no era solo bajar el precio para poder permitirse más comida, y que fuera pura y saludable, sino que hablaban de la necesidad de recibir un trato honesto, de franqueza y respeto, y tener el derecho democrático de saber lo que comían, de opinar sobre el precio y el negocio. Y si, además, si algún día llegaran ganancias querían poderlas compartir, construir un fondo de reserva educativo para que sus hijos no tuvieran que vivir lo que ellos habían vivido, y muchas más ideas. Era el mismo sueño de Owen, de una sociedad más justa.

Detrás de la pequeña tienda (que apenas mide 70 metros cuadrados y hoy aloja el Museo de los Pioneros de Rochdale) había la ilusión de cambiar el rumbo del mundo. Comenzarían desde abajo y desde lo local. El reglamento de régimen interno muestra que detrás de los mostradores, cuando se cerraba la tienda, se abrían debates, se estudiaban y proyectaban ideas. Los trabajadores querían incluir dentro de la cooperativa todos los aspectos de la vida misma: vender también ropa, enseres domésticos, ayudarse mutuamente para construir o mejorar las casas de aquellos miembros que tuvieran dificultades habitacionales, producir artículos para vender, además de materias primas, dar trabajo a los miembros desempleados, comprar tierras de cultivo, sembrar y compartir la cosecha, y finalmente establecer una colonia cooperativa. Esta colonia organizaría la producción, la distribución, la educación y el gobierno. Una “colonia local autosuficiente de intereses unidos”, que no solo sirviera de ejemplo, sino que pudiera a su vez ayudar a otras sociedades a establecer más colonias. De hecho, según un artículo publicado en los archivos de la revista Cooperative Grocer (1985-2019), hasta tenían pensado abrir un “Hotel de Templanza”, donde la gente con dificultades con el alcohol –que había muchas en esa época–, pudiera curarse “tan pronto como fuera posible”.

Cuestión de principios

A fuerza de prueba y error, los primeros años de la cooperativa sirvieron para seguir reflexionando y formular una serie de prácticas, que debían cumplir las cooperativas para prosperar y para hacer honor a su nombre. Estas prácticas serían la base de lo que décadas después se conocería como los Principios Cooperativos de Rochdale.

Hoy, en el museo, se puede ver un cartel con un resumen de aquellas ideas que dieron forma a la cooperativa, y al movimiento cooperativista mundial. Unos principios que se agregaron, a base de la experiencia, a las teorías desarrolladas por Owen. 

El primero de ellos es la membresía abierta: es decir que cualquier persona puede unirse, sin límite.

El segundo, la democracia, que es la base principal del cooperativismo; que todas las personas que entran tengan voz y voto. Igual que en la actualidad, en cualquier cooperativa española, una persona es igual a un voto en la asamblea –sin importar si esa persona ha puesto en la empresa más o menos dinero–. Es algo completamente opuesto a las empresas de capital.

El tercero de los principios es el dividendo: las ganancias se dividen entre todos los miembros por igual. 

El cuarto principio es el interés limitado: el dinero que se prestaba para hacer crecer la cooperativa debía ser devuelto de manera justa, sin usura. Que es lo mismo que hoy forma las bases de la banca ética cooperativa.

El quinto principio es la neutralidad política y religiosa, lo que implica que nadie puede ser tratado de manera diferente debido a sus creencias, un apartado que tenía mucho sentido la época, pues la zona de Manchester era un punto de atracción para migrantes judíos, que escapaban de los pogromos de otras partes de Europa.

El sexto era el comercio siempre en efectivo: los pioneros consideraban que el crédito permitiría que los clientes se endeudaran y que la deuda les haría más pobres y dependientes. 

Y el séptimo principio era el compromiso con la educación, porque consideraban que aprender era la mejor manera de ayudar a la gente a salir de la pobreza. Hoy, la Ley de cooperativas en España también fija un fondo de reserva obligatorio que se usa para temas educativos.

Después de largos debates, finalmente fue el 11 de agosto de 1844 cuando se firmaron los papeles legales de la nueva sociedad: el Rochdale Equitable Pioneers Society. No había mujeres pues en aquella fecha todavía no podían poseer, por ley, ningún título ni ninguna propiedad, y no tenían los mismos derechos que los hombres. Aunque, con el tiempo, no solo formarían parte de la cooperativa como socias, sino que serían de las primeras en obtener el derecho al voto.

Más lectores, más tren y más cooperativistas

Inicialmente, cada uno de estos primeros 28 hombres aportó una libra esterlina, según la ACI. Algunos pagaban a plazos porque no era fácil tener esa cantidad en mano. Con ese dinero alquilaron el local donde hoy se encuentra el Museo de los Pioneros (31 Toad Lane, Rochdale). También les permitió comprar las primeras tandas de harina, avena, azúcar y mantequilla. 

Muy rápidamente lograron captar el interés de la población local para que el negocio funcionase, sobre todo porque eran de fiar. Cualquiera en el pueblo sabía que lo que allí se vendía no representaba un peligro para la salud.

Al principio, la cooperativa estaba abierta solo dos noches a la semana, pero al cabo de tres meses ya había crecido tanto que estaba abierta cinco días a la semana. Cuantas más personas se unían, más grande se hacía la cooperativa y más poder tenían para dar a los miembros lo que necesitaban. Al año ya vendían té y tabaco, productos que venían de fuera del Reino Unido.

Aparecían vientos de cambio en Reino Unido y cada vez más personas aprendían a leer. Cuando los periódicos escucharon del éxito de los pioneros de Rochdale, las publicaciones de artículos se fueron multiplicando en todo el país, y la información fue distribuyéndose a través de la nueva tecnología: las vías férreas.

Se abrieron otras cooperativas en ciudades industriales y pronto había cientos de sociedades. Todas usaban lo que llamaban ‘las normas de Rochdale’, es decir, los ‘principios’ del cooperativismo.

Como explican los documentos del Cooperative Heritage Trust, en la década de 1860 se formuló en Reino Unido una nueva la ley que permitió que algunas sociedades pudieran unirse para crear una empresa más grande, a la que llamaron Federación de empresas. Una gran sociedad tendría más poder de negociación, y podría poseer sus propias fábricas, granjas e incluso propiedades en otros países.

En 1863, varias iniciativas pequeñitas se unieron para crear la Sociedad Cooperativa Mayorista (Co-operative Wholesale Society-CWS), con sede en Manchester. 

En 1867, 23 años después de aquella pequeña tienda de Rochdale, la antigua cooperativa se había convertido en una CWS, y había podido adquirir un gran edificio en Manchester. Aunque poco tenía que ver aquella ciudad con la que hoy asociamos al millonario club de fútbol. La zona donde se instaló era pobre y tenía barrios marginales. Había un hospital, viviendas hacinadas y un río donde la gente tiraba sus desechos.

La CWS logró comenzar a comercializar en el extranjero, exportando e importando. Y junto a estas relaciones creadas para el comercio la idea de cooperación se fue expandiendo también por Europa y por todo el mundo.

Las cosas han cambiado mucho desde aquel entonces y el viejo edificio de Manchester hoy ya no forma parte de la cooperativa (ahora es parte de Amazon). La cooperativa mudó su sede a un edificio que se encuentra muy cerca, y que hoy es moderno y grandioso. Es la sede central de lo que hoy se conoce como el Co-operative Group. Se trata del grupo cooperativo más importante de Reino Unido y una de las cooperativas de consumidores más grandes del planeta. 

Cualquiera que dé un paseo por las calles de Reino Unido puede encontrarse hoy con una tienda del Co-operative Group, que además de más de 2.500 supermercados tiene un negocio de servicios legales, una aseguradora y servicios funerarios. La cooperativa emplea a casi 70 mil personas y sigue teniendo entre sus objetivos programas sociales y para la comunidad.

Rochdale como modelo exportable

Aunque la Sociedad de Pioneros de Rochdale no fue la primera cooperativa ni la única que sobrevivió. “Hubo sociedades anteriores, pero incluso las que sobrevivieron llegaron a adoptar el modelo de cooperación de Rochdale como el mejor medio para operar una sociedad cooperativa y cumplir sus objetivos”, explican desde EuroCoop, entidad que representa a las organizaciones nacionales de cooperativas de consumidores en 20 países europeos. “Rochdale se convirtió en un modelo para la formación de sociedades cooperativas similares en todo el Reino Unido y en todo el mundo”.

Rochdale sigue siendo un pueblo pequeño alejado. Pero desde los lugares más recónditos del planeta llega gente fascinada, buscando información de aquellos pioneros. Desde el pequeño museo se siguen organizando debates en pro de los derechos de las personas trabajadoras. Entre otras cosas, se organizan visitas gratuitas, charlas y conferencias. Y se ofrece una excursión para quienes quieran visitar las tumbas de aquellos hombres que a mediados del 1800 lucharon por cumplir el sueño de un mundo mejor.

Una pantalla al público y no una solución definitiva. Esto es lo que son las auditorías sociales, según el último informe La hoja de parra de la moda: cómo la auditoría social protege a las marcas y falla a los trabajadores, de la campaña internacional Ropa Limpia.

La organización hace un análisis exhaustivo de la industria de las auditorías controladas por las grandes corporaciones, poniendo de manifiesto los vínculos entre las iniciativas de cumplimiento social más proclives a las empresas, como Social Accountability International, Wrap, Fla y Amfori BSCI, y las firmas de auditoría controladas por las grandes corporaciones, incluida Bureau Veritas, TÜV Rheinland, UL, Rina y Elevate, así como los intereses de las marcas a las que sirven. Y la conclusión es: “La evidencia presentada a lo largo del informe muestra claramente cómo la industria de auditoría social ha fallado espectacularmente en su misión de proteger la seguridad de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo. En cambio, ha protegido la imagen y la reputación de las marcas y sus modelos de negocio, al tiempo que se interpone en el camino de modelos más efectivos que incluyen transparencia obligatoria y compromisos vinculantes”.

Clean Clothes Campaign es una red global dedicada a velar por las condiciones de trabajo y empoderar a las personas trabajadoras en las industrias mundiales de prendas de vestir y ropa deportiva. Y ha sido protagonista en las protestas por la desprotección de quienes trabajan en la industria en cualquier lugar del planeta.

El mundo conoció a través de los periódicos la tragedia del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh en abril de 2013, en el que murieron 1.134 trabajadores y miles más quedaron heridos y traumatizados. Como explica el informe, las empresas auditoras -entonces TÜV Rheinland, Bureau Veritas y RINA, entre otras-, habían considerado que estas instalaciones eran seguras unas semanas antes del desastre.

Aquel evento mediático marcaría un antes y un después, en Bangladesh. Pero no en todos los casos, y desde luego no fuera de Bangladesh. Según relata el informe, en 2017 una caldera explotó en la fábrica de Multifabs en Bangladesh. TÜV Rheinland y Amfori BSCI habían hecho una auditoría en la que no daban cuenta de una amplia gama de defectos de seguridad.

En Vietnam, en 2016, después de dos huelgas de trabajadores en protesta por las condiciones abusivas de trabajo en la fábrica de Hansae, Clean Clothes descubrió faltas en una gama de derechos laborales: violaciones, robo de salarios, temperaturas excesivas en la fábrica, acoso verbal y abuso de trabajadores, negación del derecho legal a la baja por enfermedad, horas extras forzadas y el despido de trabajadoras embarazadas. Sobre 25 auditorías de 2015 realizadas por empresas (incluidas SGS, Elevate, Bureau Veritas y UL), ninguna había detectado ni abordado estos temas, corroborados un año después por The Worker Rights Consortium (WRC).

En Malasia, en 2017, en las 40 fábricas del fabricante de guantes de goma Top Glove se abusó, según el informe, de derechos laborales y humanos: trabajo forzado, servidumbre por deudas, horas extras excesivas, tarifas de contratación exorbitantes y la sistemática confiscación de pasaportes de migrantes trabajadores. No obstante, la fábrica fue auditada y certificada por empresas y programas que incluyen UL, Bureau Veritas, SGS, SA8000 y Amfori BSCI.

“Las empresas de auditoría e iniciativas de cumplimiento social no han sufrido a largo plazo efectos de estas fallas y continúan obteniendo rentas multimillonarias”, concluye el informe. “Estos desastres previsibles y evitables ejemplifican fallas sistémicas de la auditoría social controlada por la empresa; una industria que, en palabras de un auditor, va 'hasta donde las marcas quieren que vayamos'. Esta industria está operando con impunidad. Ha habido pocas repercusiones negativas para las compañías de auditoría y las iniciativas de cumplimiento social involucradas en estos desastres mortales. De hecho, estas iniciativas continúan creciendo con los ingresos y las ganancias de los actores clave de la industria, junto con el creciente número de fábricas auditadas. La industria ha podido mantener estas fallas fuera del radar debido a su notoria falta de transparencia y las opacas cadenas de responsabilidad que impiden compartir cualquier resultado con el mundo exterior, incluidos los trabajadores cuyos derechos, vidas y salud están en juego”.

Alternativas Económicas intentó comunicarse con cada una de las empresas auditoras que aparecen en este artículo. Solo hubo respuesta por parte de Amfori BSCI, que es una respuesta general a cualquier crítica, pero que apunta especialmente, nombrándolo, el informe de Clean Clothes sobre las auditorías. Responde que la empresa revisa regularmente su sistema y que están “en diálogo directo y permanente con nuestros stakeholders y miembros: esto incluye organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, sindicatos y gobiernos. Esta colaboración nos da la posibilidad de acertar críticamente en la eficiencia de nuestro sistema, lo que nos permite ajustarlo y adaptarlo según las necesidades. De la misma manera, estamos siempre abiertos a contribuciones de organizaciones que den un feedback a nuestros sistemas, para mejorarlos (...). A través de ese diálogo extenso con los stakeholders, encontramos una variedad de recomendaciones para mejoras. Aunque algunas de esas recomendaciones ya forman parte integral de nuestro sistema, otras están en proceso de ser integradas o necesitan ser exploradas en profundidad y llevadas a cabo en términos de factibilidad”.  

“Desde hace años se vienen suscribiendo acuerdos para que las empresas se adquieran a un compromiso de transparencia de sus proveedores en toda la cadena de suministro. Y, además, que adquieran un compromiso sobre los derechos laborales de las personas que trabajan con estos proveedores”, explica Denisse Dahuabe Rabie, de la campaña Ropa Limpia en España, liderada por Setem. “Hay algunas empresas que han hecho estos compromisos y cada vez tenemos más firmantes. Pero a día de hoy no hemos podido tener claridad. Una cosa es el compromiso y otra que lo cumplan, respetando los derechos. En el último informe de transparencia hay 34 empresas más de las 70 que había antes, pero ninguna puede demostrar claramente que hay códigos éticos en todos sus proveedores, ni nos dan las direcciones de todos sus proveedores. Eso ya lo dice todo. Si no podemos ir a verlo, tenemos un problema”.

Los sindicatos, escépticos.

Los sindicatos no están de acuerdo con que se lleven a cabo auditorías sociales. En cambio, piden que se permita y promueva la unión sindical, que sea válido, y que no sea una empresa la que pueda decir qué es útil y qué no lo es.

“Desde mi punto de vista, una auditoría no es suficiente”, dice Víctor Garrido Sotomayor, de la Secretaría de Acción Sindical Internacional de CC OO de Industria. “Necesitamos una legislación eficaz. Hay países donde no hay libertad sindical, donde no podemos incidir los sindicatos internacionales ni locales. Falta legislación a nivel europeo y de país. Habrá empresas que hagan un trabajo exhaustivo, pero es siempre limitado, porque hay miles de empresas. Algunas contratan auditores con una serie de parámetros. Y, en función de la empresa, una u otra auditoría. Otras hacen auditoría interna. Algunas empresas obligan a los proveedores a que les auditen. Les dicen 'yo te compro si tú me demuestras que respetas los derechos humanos. Y subcontratan a cualquiera'. He visto muchísimas auditorías sociales y he ido a las fábricas y son muy flojas”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Yolanda Jubeto Ruiz es profesora de Economía Aplicada en la facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. Es experta en análisis de experiencias europeas sobre presupuestos públicos con perspectiva de género y en modelos de participación laboral de las mujeres en el ámbito de desarrollo humano local en países latinoamericanos. Entre otras cosas, colabora con las Administraciones públicas para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos. Atiende desde su despacho la llamada de Alternativas Económicas por Skype y explica, como si diera una clase magistral, por qué todavía falta mucho para lograr la igualdad de género en las políticas públicas.

¿Puede un país vivir aplicando al 100% los postulados de la economía feminista? 

Utilizamos economía feminista en singular, pero no hay una única economía feminista, igual que no existe una única teoría económica. Para muchas economistas feministas, el feminismo neoliberal (en el que se pretende conseguir una igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, sin transformar la estructura clasista) no sería una igualdad al 100%. También habría que acabar con la estructura de clases. A mí lo primero que me trae a la mente la economía feminista es la equidad. Personas de todo el mundo, independientemente del sexo, disidencias sexuales, etc. El 100% de los postulados de la economía feminista exigiría superar el sistema capitalista, colonial, tan racista en el que vivimos, y sobre todo el sistema patriarcal. Es un reto que todos los países del mundo tienen que afrontar; es la única manera de garantizar el futuro en el mundo. La economía va a tener que ser feminista y anticolonial. Si queremos hacer un mundo sostenible tenemos que aplicar estos postulados.

En Islandia gobierna una feminista. ¿Está pudiendo aplicar la economía feminista?

En general, los países nórdicos han sido un referente. Islandia, en los últimos indicadores globales de igualdad del World Economic Forum está quedando en primer lugar. También en el PNUD y en otros organismos internacionales. Creo que está dando pasos muy importantes. De todas formas, no podemos olvidar que Islandia tiene una población aproximada a la que tiene Bilbao, es decir 330.000 habitantes en toda la isla, con una superficie similar a la de Cuba. Estamos hablando de muy poca población y con una tradición muy democratizadora. En Islandia se han dado unas condiciones muy específicas de lucha del movimiento feminista. Yo creo que lo que nos puede enseñar su proceso es que los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres son producto de la lucha. No podemos olvidar que la primera huelga feminista que se hizo en el mundo, de manera formal en el siglo XX, fue en Islandia en 1975, cuando las mujeres hicieron una huelga de cuidados.

El hecho de que sea un país pequeñito no le exime de problemas. Hay muchos países pequeñitos que están fatal. Por ejemplo, Haití.

De acuerdo, no es una condición suficiente, pero creo que es algo que facilita. Claro, en un contexto histórico determinado. Si comparas la historia de Haití con la de Islandia, sus procesos de independencia son distintos. Islandia dependió de Noruega y después de Dinamarca, y en un momento consiguió su independencia de una forma mucho más pacífica que el conflicto territorial que tuvo Haití con el imperio colonial. En Islandia han sido capaces de organizarse de una forma muy cohesionada; a la hora de articularse, con mucha participación; y a la hora de hacer las luchas feministas. Debemos tener en cuenta que en 1975 más de 25.000 mujeres bloquearon el país, saliendo a la huelga y diciendo que necesitaban un día libre, y poniendo sobre la mesa todo el conflicto que tenían con los cuidados, con la participación política, etc. Es decir, realmente pusieron en la agenda política los problemas que preocupaban a muchísimas mujeres. Este paso permitió que años después tuvieran una presidenta feminista. Y que, además, intentaran desde la década de 1980 cambiar las estructuras políticas para que respondieran a las necesidades de las mujeres. Llevan una trayectoria de más de 40 años. Me parece muy interesante también el caso de Suecia y los avances que han conseguido en general los países nórdicos en el tema de los cuidados y en la corresponsabilidad.

En la Unión Soviética, durante un tiempo sí hubo un programa para los cuidados y la equidad, más moderno que algunas políticas actuales en países europeos. Pero luego retrocedió. Después de la Segunda Guerra Mundial los únicos países que realmente lograron sostener los temas de igualdad fueron los nórdicos. ¿Por qué?

Se suele comentar que son países que han tenido una cohesión social muy fuerte, que están en una periferia. Y luego han tenido recursos: en el caso de Noruega, el petróleo y el gas; en el caso de Islandia la energía geotérmica y la pesca, y una tradición bastante democratizadora. Ha habido una tendencia a repartir el poder, que en otros lados ha ido hacia la concentración. Y eso se está viendo también en que la gente dimite fácilmente de cargos políticos, y la corrupción no se acepta socialmente. Se han dado una serie de condiciones sociales, políticas y seguramente económicas, que han permitido que la sociedad avanzara hacia una exigencia mayor de democratización. Por ejemplo, en el índice de paz mundial Islandia también ocupa el primer lugar, en contra de la militarización y las guerras. Hay gente que dice “claro, por su carácter periférico”. Pero es que socialmente están avanzando. Seguramente el tener un sistema educativo público, universal y de gran calidad como el que tienen estos países también está ayudando.

¿La religión también tiene un papel ahí?

No son países muy religiosos. Son países muy abiertos, y los datos muestran que una gran parte de la juventud es atea. Y seguramente eso también ha tenido un papel. Sus propios mitos e historias de mujeres muy fuertes que han logrado hacer frente a un medio muy adverso seguramente también influyeron. Su cultura y sus tradiciones les han ayudado a dar este salto, seguramente.

Usted asesora a ayuntamientos para incluir políticas de género. ¿Cómo se tiene que hacer política tomando en cuenta el feminismo?

Hay una visión a veces reduccionista por parte de las Administraciones de lo que significa incorporar la igualdad en las políticas públicas. Se cree que aplicando algunas acciones positivas concretas en ciertos departamentos ya podemos ir transformando la política. Pero incorporar la perspectiva de género en la política presupuestaria implica que todas las políticas tienen una incidencia potencial en el avance hacia la equidad de género o en la reducción de esa equidad.

¿Por ahí se equivocan las Administraciones?

Los Gobiernos normalmente viven con el espejismo de la igualdad, como si fuera algo prácticamente resuelto. Creen que la desigualdad está relacionada básicamente con la violencia contra las mujeres, que en algunos casos consideran grave. Pero no la vinculan con el resto de las políticas públicas. Lo ven como algo aislado, que no tiene nada que ver con las estructuras patriarcales. Y entonces tenemos un problema muy grave, porque consideran que es un tema de segundo nivel, o de tercero. Cuando hablas y profundizas empiezas a ver que todavía hay una ceguera muy fuerte. Cuesta mucho. El tema está todavía muy fuera del centro de la agenda política.

Y entonces entramos en el tema de los presupuestos. ¿Cuánto dinero dedicamos a qué?

Aquí, desde el equipo de la universidad en el que participo, ayudamos a abrir esa mirada. Y a ver que mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres implica incidir en las condiciones de vida de la población más empobrecida, es decir, en reducir las desigualdades. Si tú reduces las desigualdades sociales vas a mejorar la calidad de vida de las mujeres más empobrecidas. Por otra parte, hay que hacer políticas que permitan conciliar y reconciliar aquello que en este sistema parece irreconciliable. Y hacer una reflexión sobre la corresponsabilidad, de los hombres, del Estado y de las empresas. Y de cómo hacer más vivible la vida en una sociedad que cada vez nos está creando más tensiones en la gestión de nuestros tiempos. Por tanto, por una parte, ayudamos a reflexionar en lo global y también en lo concreto. Como decían las compañeras danesas hace mucho, incluir la perspectiva de género en los presupuestos significa seguirle la pista al dinero. Y ver realmente para qué se está utilizando. A qué se le está dando valor en la política pública. Ahora se hace mucho maquillaje: dos campañas al año y parece que ya es suficiente. Desde aquí trabajamos para pasar del maquillaje al centro. Hemos trabajado mucho en vincular los planes de igualdad de las Administraciones con la política pública. Barcelona esto lo ha hecho, porque en el anterior mandato empezó a hacer un plan de igualdad de género que realmente intentaba recoger todos los ámbitos de actuación municipal e incidir en las diferentes políticas. Esta es una de las grandes claves. Es decir, que no sea algo marginal, que es algo que nos ha pasado en otras Administraciones. Si vas preguntando, en muchas Administraciones no tienen ni idea de qué significa hacer políticas de igualdad. En Barcelona sí está habiendo un trabajo de pedagogía política, de explicar, de ver la incidencia y de vincular la política de igualdad con la política pública general, intentando así insertar la política de igualdad en el centro de las políticas para responder a las necesidades de mujeres y hombres. Esto es un proceso de medio y largo plazo que implica recursos, pero sobre todo formación, compromiso y un cambio de cultura organizacional.

También hay que tener el dinero. Es decir, implica poner mucho más dinero, por ejemplo, en guarderías, para las bajas maternales y paternales, para las personas mayores… Pero los Gobiernos van en el sentido contrario. Cuando se enfrenta a un presupuesto en un ayuntamiento: ¿Cómo se hace posible?

Cuando hay voluntad política. No es algo exclusivamente técnico. Es muy político. Y normalmente cuando empiezas a hablar de dinero es muy común que te digan que no es su competencia; que viene de la comunidad autónoma, del Gobierno central, de otros. Por eso siempre decimos que estas reflexiones se tienen que ir haciendo en todos los niveles, porque los recursos se van a transferir de un lugar a otro. Es la lucha feminista la que va a lograr poner en la agenda y articular estos mecanismos que garanticen el cuidado de la vida: guarderías, centros de mayores…Y también una organización distinta del mercado laboral. Es clave que se reduzca la jornada laboral; que tengamos más tiempo para dedicar a las personas que queremos y a los ámbitos extramercantiles. Eso va totalmente en contra de las tendencias actuales. Hoy escuchaba a un asesor del FMI que decía que hasta nuestro tiempo de ocio lo podemos usar para actividades mercantiles porque podemos ser influencers y todo lo que hacemos lo podemos vender. La mercantilización de todos nuestros espacios vitales, incluso el ocio, está sucediendo. Si queremos llevar una vida feminista debemos cambiar esta forma de mirar y de repartir los tiempos. La política pública puede implicarse más para reorganizar nuestros tiempos mercantiles, siendo conscientes de que es complejo. Y tenemos que ver cómo dignificamos el trabajo de cuidados remunerado, que es otra de las grandes asignaturas pendientes urgentes. Muchas mujeres migradas que son obligadas a realizar trabajos precarizados. Es urgente derogar la ley de extranjería actual.

Son dos situaciones que chocan. Por un lado, cada vez los Estados quedan más raquíticos, y no hay indicios de que vaya a bajar la cantidad de horas laborales para la mayoría de la población. Y, por otro lado, los Estados ricos, como los europeos, donde la población está cada vez más envejecida tiene necesidades de cuidados cada vez más grandes…

Es el conflicto capital-vida, que nos puede llevar a dos soluciones. O una muy fascista, que ya hay una tendencia. O a una democratización. No están los caminos cerrados. Seguramente se van a mover muchos intereses. Parece que estamos en un capitalismo salvaje, sin límites. Pero, por otra parte, tenemos la necesidad de un cambio radical. Y el planeta nos está poniendo un límite. Nos dice: “os estáis comiendo los recursos del futuro”. Esto es algo que o lo vemos y afrontamos o no sobreviviremos como especie. Es una visión catastrofista, pero cada vez parece que no es tan lejana. Por otro lado, hay una demanda cada vez mayor de cuidados. Los países nórdicos y otros países como Japón van avanzando en ese sentido. También hay que pensar en las consecuencias de un sistema capitalista que está creando unos niveles enormes de ansiedad y de enfermedades en los países llamados “del Norte global”, en los que cada vez hay más depresión. No es casualidad que hayan aumentado tanto las tasas de enfermedad de salud mental, las adicciones... Las farmacéuticas se están frotando las manos. ¿Qué tipo de población estamos creando? La ansiedad que genera este sistema también vamos a tener que plantearlo. Ya en muchos lugares se está reflexionando sobre esto. Tenemos unos mensajes muy fuertes que dicen que esto no tiene vuelta atrás, que somos egoístas por naturaleza. Pero también hay mucha gente que está pensando, a su vez, que el decrecimiento es la única vía, que necesitamos practicar una austeridad solidaria, sobre todo en los países del Norte, que han llegado a unos niveles de consumo muy fuerte. 

Pero luego la gente no llega a fin de mes. No llega a comprarse un pantalón nuevo, se lo arregla como puede. No veo que se estrese por no poder comprar un pantalón nuevo, sino porque no llega a pagar el recibo de la luz, el alquiler, las necesidades básicas… ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de consumo, en una población hiperprecarizada?

Estoy totalmente de acuerdo. Hay una desigualdad cada vez mayor, y una gran precariedad muchas veces muy invisibilizada. Y están viviendo en primera persona no solo los efectos de las grandes crisis, sino la precariedad vital a la que nos está llevando este sistema depredador sin servicios públicos que garanticen una vida digna. Pero, a la vez, hay tanta publicidad impulsando el consumo, que hay gente que hasta se endeuda para ir de vacaciones, algo que siempre me ha chocado. Una parte de la población sigue teniendo el sueño consumista muy incorporado.

Usted ha investigado bastante sobre el caso de Ecuador. Parece que las cosas no han ido muy bien. ¿Qué ha fallado?

Hay un problema con los sistemas políticos excesivamente presidencialistas, que trabajan muy poco los relevos de los liderazgos. Al final se perpetúan determinadas personas y en el caso de Ecuador, ha tenido una visión muy desarrollista. Sé que era difícil. Partía de una situación muy compleja, pero creo que se hubiera tenido que seguramente democratizar más la toma de decisiones políticas. Con todos los conflictos que tuvieron, creo que deberían haber dedicado más tiempo al debate político económico y social. Incluso cuando estuvieron trabajando con el tema de la economía solidaria, no le dieron la centralidad que debía haber tenido. Al final parece que no se pusieron las raíces de una transformación que permitiera permanecer en el tiempo. Ha sido muy vulnerable.

Usted ha estudiado casos en América Latina. ¿Qué experiencia destacaría? 

América Latina ha logrado avances, a pesar de esta historia tan dura y violenta, y con esta tradición de golpes de Estado que ahora mismo volvemos a ver. Yo destacaría el feminismo comunitario, que está haciendo frente a las consecuencias de tanta violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Las feministas comunitarias, indígenas, trabajan por la defensa del territorio en muchos lugares de América Latina, por ejemplo, contra las multinacionales o la depredación y el expolio de sus bienes comunes, algo que hace que se revuelva la oligarquía. Nos están haciendo aportaciones muy importantes.

¿Cuál es la diferencia con las feministas de aquí? Aquí luchan por las bajas maternales y paternales iguales e intransferibles, etc. ¿Qué aprendemos de allí?

Nos aportan una visión crítica del neoliberalismo. Nos explican dónde están las bases de la explotación humana; el vínculo entre el Norte y el Sur; el que resituemos nuestra riqueza actual, la opulencia de esta sociedad de consumo. Nos muestran de dónde están viniendo todos esos bienes y recursos y con qué sufrimiento y violencia. Y cómo se está matando a mujeres y hombres líderes libres que están defendiendo su tierra, sus árboles, sus aguas, sus ríos...

¿En qué se relaciona esto con la opresión del feminismo latinoamericano?

Hay una postura abierta antifeminista desde los gobiernos porque no quieren la igualdad ni la equidad ni aceptan las voces de las mujeres diversas. Las religiones fundamentalistas están creciendo con unos discursos muy patriarcales. Está todo muy vinculado. 

¿En qué se relacionan el feminismo y la ecología? 

Las mujeres urbanas nos alejamos de los ciclos de la naturaleza.  Si aprendemos del feminismo comunitario y campesino, seremos más conscientes. Somos ecodependientes de tal manera que solamente vamos a poder sobrevivir desde el respeto al medio.

Para mí eso es ecología, en general.

El ecologismo es una cosa de hombres y mujeres. Pero como muchas mujeres tienen una relación directa con la agricultura y los bienes comunes, son más conscientes y han hecho un llamado mucho más fuerte. No podemos seguir haciendo análisis económicos pensando que se puede cambiar la situación de la ecología sin cambiar las relaciones humanas.

¿En los países nórdicos han mezclado también estos dos aspectos?

Han sido muy conscientes del vínculo, igual que las mujeres sudamericanas, centroamericanas y las asiáticas, cuando se agarraban a los árboles, el movimiento Chipko. Hay feministas que nunca se hubieran puesto esa etiqueta, pero cuando cortaban los árboles se agarraban y decían “no los cortes porque si no ni yo ni mi comunidad podremos vivir aquí”. Es una salida muy pragmática ante la vida. Luego hay quien teoriza y dice: “A eso le llamamos ecofeminismo”.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 74 de la revista Alternativas Económicas y forma parte de una serie de entregas sobre feminismos que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. La entrevista se ha realizado a partir de los criterios peridísticos de Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Lourdes Benería ha tenido una carrera brillante en Estados Unidos, donde es catedrática emérita de la Universidad de Cornell. Ha vuelto a España una vez jubilada, pero no ha dejado nunca de trabajar, especialmente por la igualdad de las mujeres.

Se podría decir que usted es una feminista con mucha experiencia.

Soy una feminista de la segunda ola de feminismo. A finales de la década de 1960 se llamaba “el movimiento de liberación de la mujer”. 

Ese movimiento nació, pero luego ¿volvió un poco para atrás?

No creo que esto sea así del todo. En la era de Reagan hubo lo que llamaron el backlash (reacción hacia atrás), pero esto no venía de las mujeres, sino de los conservadores norteamericanos.

¿Las mujeres norteamericanas van un poco por delante en igualdad, en comparación con las españolas?

Ahora mismo creo que no. De hecho, creo que los movimientos español y europeo van por delante. En el último tiempo se ha espabilado también el movimiento norteamericano, con el me too y con Trump, que ha despertado la ira de las feministas. Pero, en general, el movimiento español es mucho más radical.

¿Se puede ser feminista y neoliberal?

Claro que sí. Seguramente hay más feministas neoliberales que las que no lo son. Hay muchos feminismos. 

Si decimos que la economía liberal se mantiene sobre el trabajo de las mujeres, ¿cómo pueden ser feministas?

El neoliberalismo es dejar que el mercado funcione. Y con la globalización el mercado ha aumentado mucho, se ha expandido. Si no te opones a esto como fuente de desigualdad, puedes ser una feminista neoliberal. Hay muchas mujeres que son realmente radicales desde el punto de vista feminista y no cuestionan las desigualdades de clase.

Pero la clase tiene que ver con el género...

Sí, pero, por ejemplo, el informe de Desarrollo Humano de 2012 del Banco Mundial dice que la globalización había sido buena para las mujeres. Tiene muchas cifras que muestran que realmente las décadas de 1980 y 1990 habían sido buenas para la igualdad. Por ejemplo, en el caso de la educación, muchas mujeres ahora llegan a un nivel más alto en muchos países. La renta de las mujeres ha subido también, el empleo se ha feminizado durante esos años muchísimo. Y es verdad que las cifras muestran que las mujeres han ganado en estas décadas. Pero de lo que no se preocupan en el informe del Banco Mundial es de que, dado el crecimiento de la desigualdad social entre las clases, muchas mujeres están relegadas al fondo y a la precariedad. Hay una serie de datos que podrían haber mencionado y no lo hicieron.

Ahora las mujeres tienen un dinerito, pero muy bajo. Como la Ley de Dependencia. Sí, ahora tienen un salario, de vergüenza.

Si tú preguntas a las mujeres que trabajan, y tienen un dinerito trabajando, te dirán: prefiero trabajar, aunque sea por un dinerito. Se lo he preguntado a las mujeres del sector informal en América Latina muchas veces. Y te dicen eso.

El feminismo neoliberal ¿toma en cuenta los cuidados?

El informe del Banco Mundial sí que reconocía el hecho de que en el caso de los cuidados todavía la gran proporción de las cuidadoras eran mujeres. Es la pared contra la cual nos topamos siempre. 

Pero, de la forma en que está planteado el neoliberalismo, si el Estado no se hace cargo de los cuidados, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo resuelve el feminismo neoliberal este tema?

No lo resuelve. Pero va luchando, un poquito por aquí, un poquito por allá. Esto se ve en nuestros países. Ahora se consigue algún servicio público, ahora una indemnización… Pero puede haber más. Es que se tiene que dedicar mucho dinero al cuidado.

Y es dinero público. Y si es público, entonces ya no es neoliberal.

Bueno, un poco de financiación lo aceptan. El trabajo de cuidados me recuerda a la expresión “con la iglesia hemos topado”. Es esto. Con el cuidado hemos topado. Siempre está allí. Las mujeres han salido, se ha feminizado la fuerza de trabajo, pero al final tienen que cuidar. Y ese es el obstáculo más grande. Se puede ser neoliberal, porque se puede ir mejorando cositas sin cuestionar el sistema capitalista. Además, se va solucionando para algunas mujeres, y para otras no. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en el Banco Mundial tienen sus cuidados ya organizados por el banco o por quien sea. Y estas son la mayoría de las feministas que llegan a esos lugares. Han logrado mejorar para muchas los indicadores. Pero no para otras. Incluso para otras han empeorado. Si no tenemos un análisis de clase, de los sectores que se han beneficiado, no es suficiente.

Y la necesidad de cuidados es cada vez más importante... 

Desde el punto de vista de la población, tenemos ahora una esperanza de vida mucho más grande, sobre todo en los países más desarrollados. España es el país que el año pasado tenía la mayor esperanza de vida de todo el mundo. Se tiene que dedicar mucho más al cuidado de los mayores. Ahora se dedica poco y es insuficiente. 

Ahora se ocupan las familias, especialmente las mujeres...

En el mundo desarrollado las familias están cada vez más desintegradas. En España e Italia las familias siempre han tenido un papel fundamental en el cuidado, pero no creo que suceda en el futuro. Ya se ve la dirección en que vamos. Necesitamos más residencias, más servicios públicos, más guarderías. Se tienen que multiplicar por mucho, a medida sobre todo que la esperanza de vida crezca. Dicen que podemos llegar a vivir 120 años en poco tiempo. Las políticas de salud también tienen que multiplicarse. Tiene que haber más dinero en los presupuestos. Y hasta que se haya hecho un reparto mejor de la riqueza no se logrará. Incluso a nivel de parche, se puede ir progresando. Pero va a necesitar muchas batallas.

Y, sin embargo, la salud pública se está privatizando, lo cual es contradictorio.

Quizás va a hacer que disminuya todavía más la cantidad de niños por mujer. Tiene un efecto sobre la natalidad.

Ligado a esto está el tema de la inmigración, porque habrá que traer gente...

Si no tuviéramos aquí a las mujeres latinoamericanas y a las marroquíes para el cuidado de los mayores y también de los pequeños y de las casas, no habría posibilidad de seguir. 

Pero es un trabajo muy precario e incluso legalmente informal.

Legalmente, porque muchas de ellas no tienen los papeles. Se les da derecho a la Seguridad Social y a un mínimo de pensión. Pero claro, debe mejorar.

En el Congreso de Economía Feminista se presentó un informe del Instituto de Estudios Fiscales que explica que sí se puede tener un sistema para cuidados de la vejez 100% público, poniendo algo más de dinero, pero no una cifra imposible…

Estas son decisiones que los gobiernos pueden tomar. El problema es que a menudo no las toman.

Ahora se habla mucho de ecofeminismo. ¿Qué tiene que ver el feminismo con la ecología?

A mí me ha costado entender la relación. Al principio este tema vino del feminismo radical de la década de 1970. Entonces distinguíamos entre el feminismo liberal, el marxista-socialista y el radical. El radical era el que enfocaba las diferencias de género y poco más. El socialista era el que se preocupaba por el cambio económico y el capitalismo. Y el liberal, del que hemos hablado antes.  A mí me parecía que el ecologismo venía del lado radical, y no me interesaba tanto. María Mies y Vandana Shiva eran las dos feministas ecologistas. Y realmente María Mies también venía del marxismo, lo que me hizo pensar. Pero a pesar de esto no me había identificado. Ahora, con la crisis ecológica, hemos tenido que repensar. Sé poco de ecología, pero las conexiones son muy fuertes. Por ejemplo, en los trabajos agrícolas las mujeres han estado siempre muy conectadas con la naturaleza. Todavía ahora hay muchas mujeres dedicadas a trabajos agrícolas. Y tienen una conexión, más que los hombres, sobre la producción para el autoconsumo. Pero además, la relación también pasa por el consumo.

En las compras pequeñas, el 80% de las decisiones es de las mujeres… 

El consumo de ropa, por ejemplo, lo deciden mucho las mujeres. Y en este sentido, yo cada vez veo más las conexiones. Dentro del grupo de Decrecimiento está el grupo FADA (Alianza Decrecimiento-Feminismos). Analizan la relación entre la ecología y el feminismo, y participarán en un congreso que tendrá lugar en Manchester organizado por la ISEE a inicios de septiembre del 2020. Están pidiendo que se propongan paneles y papers. Este tema será cada vez más importante.

Pero ¿de verdad nos portaremos mejor con la naturaleza si hay igualdad de género? Puede que seamos iguales, pero seguimos llenando todo de plásticos...

Quizás cuando lleguemos a la igualdad también lleguemos a un nivel de conciencia mayor sobre la crisis ecológica.

El trabajo de las economistas feministas, ¿se está viendo reflejado en políticas internacionalmente? ¿Por ejemplo, en la Unión Europea?

Muchas cosas empiezan en Bruselas. Otras en los países. Y las economistas feministas han llegado a muchos niveles. En este sentido, ellas han tenido un papel muy importante. Lo mismo en la Organización Internacional del Trabajo. Yo trabajé dos años allí. Recuerdo cuando llegué. Era 1979. Y entonces me di cuenta de que las estadísticas de trabajo no reflejaban el trabajo de las mujeres. Escribí un artículo llamado Contabilidad del trabajo de las mujeres, la subestimación de las actividades económicas de las mujeres. Lo que sucedió fue que fui a Marruecos y estudié sus estadísticas. Y decían: actividad económica de las mujeres: 8%; actividad laboral de los hombres: 80%. Y luego veías a las mujeres ocupadísimas. Los hombres estaban sentados en sus tiendas, y en los bares. Y a las mujeres las veías por todas partes, cargando el pan al horno del pueblo, cargando con leña, cargando con ropa para lavarla en el río. Y entonces dije: estas estadísticas no reflejan la realidad. Volví a la oficina y lo dije. Y mis compañeros se me reían. Eran todos economistas hombres. Uno me dijo: “¿pero quieres incluso contabilizar los ratos que se pasan practicando el sexo?”

Ay...

Al final, este economista ha trabajado en la mejora de las estadísticas sobre el trabajo de las mujeres. Lo asumió. Y es que no se pensaba todavía en aquellos años. Después ya todo el mundo empezó a preguntárselo. Y ya en 1987 apareció el libro de Marilyn Waring Si las mujeres contaran. También hubo una película. Marilyn Waring era una política neozelandesa que supo publicar muy bien esta idea. Entonces comenzó a haber muchos estudios del uso del tiempo, a finales de la década de 1980 y de 1990. Lo que pasa es que estos estudios son costosos. Y no se han hecho muchos.

Usted escribió el artículo Mercados globales, género y el hombre de Davos. ¿En qué se relacionan estos tres aspectos?

Cuando lo escribí estaba enseñando un curso sobre globalización. Era el principio de la globalización y yo buscaba un enfoque teórico. Un compañero me dijo “Prueba Polanyi”. Polanyi analiza la formación de mercados nacionales. La comercialización de objetos y productos en las economías de transición de Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. Esto se hizo al entorno del hombre económico, que maximiza sus ganancias. El mercado se transformó alrededor de este principio de maximizar los beneficios. Parece que esto nació espontáneamente, pero no. En realidad, los gobiernos de Europa facilitaron la creación del mercado a través de muchas leyes, como las de la propiedad privada, que luego hemos visto en la globalización. Yo apliqué el análisis de Polanyi sobre la formación de mercados nacionales a nivel internacional. Y también el hombre económico internacionalizado: el hombre de Davos. Aplicando el análisis de Polanyi, los tres aspectos están muy relacionados. Pero Polanyi no habla de mujeres. Como siempre, no hay género. Yo lo que digo es que sí, que el mercado tiene género. Y hago una crítica de Polanyi desde el género, viendo cómo se muestra.

¿Y cómo tiene género el mercado?

Para empezar, tradicionalmente la mayoría de mujeres se quedaron en casa. Siempre nos conectamos con el cuidado. Las mujeres han trabajado mucho siempre en su vida, pero hasta finales del siglo XX no nos preguntábamos por el trabajo de las mujeres. Lo dábamos por dado. Era gratis y nadie se lo preguntaba.

Pero del trabajo de cuidados sigue sin hablarse en Davos.

Sigue siendo el foro del hombre económico. Han hecho un esfuerzo en invitar mujeres, al estilo neoliberal. Por ejemplo, han invitado a Ivanka Trump; a la exdirectora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, etc.

Pero no mujeres que tomaran en cuenta el trabajo de cuidados como parte trascendental de la economía.

Lo más que han invitado ha sido a Saskia Sassen. Y Saskia tiene en cuenta a las mujeres, pero no es una economista feminista. Se preocupa, pero el objeto de sus estudios no ha sido las mujeres o el género. Se ha centrado más en la globalización. 

¿Hay algún país ejemplar, que lo haya hecho mejor en temas de igualdad?

No son los Estados Unidos, seguro. En este sentido, el país más rico del mundo es el que lo ha hecho peor. Los que destacan son los países nórdicos, Holanda, Japón y Corea del Sur. En Europa se está empujando mucho en ese mismo sentido. Veremos qué pasa, pero los que lo han sabido hacer mejor ya desde hace años son los nórdicos: Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y quizás Finlandia.

¿Japón y Corea del Sur también son ejemplares? 

Sí, Japón y Corea del Sur se están preocupando mucho por el tema de los cuidados. Sobre todo Japón, que tiene una población mayor importante, está innovando mucho.  Ambos van teniendo una población importante de edad avanzada. Están desarrollando construcción de residencias, programas educativos y servicios innovadores. Se están ocupando mucho de sus mayores. 

¿Y los surcoreanos qué están haciendo?

Los surcoreanos están ahora poniendo dinero para realizar un estudio extensivo sobre el tema de los cuidados. Y lo está haciendo precisamente una amiga mía que está a cargo de un equipo internacional. Se trata de un estudio grande sobre el uso del tiempo en el trabajo de cuidados. La idea es que el Gobierno, que toma parte en esto, incluya luego el cuidado en las políticas macroeconómicas. Una conexión directa con la macroeconomía, algo que hasta ahora no se ha hecho.

Parece que hoy todavía podemos contar con “la espalda de las mujeres”, pero llegará un punto en que la situación de necesidad de cuidados será tal que tendrá que asumirlo el Estado…

Las mujeres esperamos que los hombres cada vez tomen más responsabilidad en los cuidados. Pedimos una responsabilidad del 50%. Esto también tiene que cambiar. Porque muchas veces hablamos de los cuidados y dejamos a los hombres libres. Tenemos que insistir en que los hombres también tienen que hacer. Algunos ya están haciendo, pero son los menos.

Como dice la economista feminista Mercedes D’Alessandro, en una entrevista que le hicimos en Alternativas Económicas, “los hombres tienen que dejarse de excusas”. Parece que hay un poco de “morro”...

Es verdad que es una situación cómoda, pero hay mucho más. También está la tradición, las normas de género... Las tenemos dentro tanto los hombres como las mujeres. No es que quiera echarnos las culpas. Pero a veces las mujeres asumen el trabajo. Tal vez por el hecho de ser madres, por tener una relación especial con los hijos, ya se hace con cariño, y al final resulta que eso se convierte en más del 50% del trabajo de cuidados. 

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 73 de la revista Alternativas Económicas y forma parte de una serie de entregas sobre feminismos que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. La entrevista se ha realizado a partir de los criterios peridísticos de Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

“La economía de los cuidados es la visión contraria a la todavía preponderante idea de que la conducta humana busca la maximización de la ganancia individual y la acumulación, ya sea la maximización de beneficios, rentas u otros tipos de remuneración”, dice Lourdes Benería, catedrática emérita de la Universidad de Cornell, en un artículo publicado en esta misma revista. Los cuidados suponen un problema de naturaleza económica porque comportan “el uso de recursos escasos, materiales e inmateriales, de energía y tiempo, con costes directos e indirectos más o menos evidentes y requieren la realización de un auténtico trabajo que satisface las necesidades humanas básicas”, completa Lina Gálvez en el libro La economía de los cuidados (DeCulturas, 2016). Aunque a paso lento, cada vez más, organismos nacionales e internacionales están comprendiendo estos aspectos invisibles.

Como en otros años, este fue uno de los temas principales del VI Congreso de Economía Feminista, celebrado el pasado septiembre en Valencia. Una infinidad de trabajos y análisis debaten sobre los diferentes aspectos de los cuidados. Y todos confirman que la visión económica dominante, basada en el hombre económico, deriva en múltiples desigualdades de género y, además, llevan al mundo a la hecatombe.

Los fenómenos de las últimas décadas, como la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, la falta de corresponsabilidad de los hombres, los nuevos modelos de familia, la disminución de la tasa de fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento en los países ricos, junto con los recortes del Estado de bienestar, han llevado a lo que se denomina “crisis de los cuidados”. Existe un desequilibrio entre la necesidad de cuidados y su provisión. E irá a peor.

Las necesidades de cuidados aumentarán en todo el mundo. En el caso español, según los últimos datos del INE, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevaría desde el 54,2% actual hasta el 62,4% en 2033, y llegaría al 75,8% en 2068.

Es lógico que las mujeres tengan menos hijos. Según el estudio de la OIT El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, hoy en España mayoritariamente las mujeres dedican de promedio en un año 130 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado. Hay 16 millones de personas trabajando ocho horas al día gratis. Tomando en cuenta el salario mínimo por hora, esto equivaldría al 14,9% del PIB español. 

Como lo indican las últimas encuestas del uso del tiempo, las mujeres realizan más del 75% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, y le dedican tres veces más tiempo que los hombres. A lo largo de un año, dedican al hogar el equivalente a 201 días de trabajo (sobre una base de ocho horas diarias), en comparación con 63 días de trabajo para los hombres. Esto pasa en España y en todo el mundo. Y no hay atisbos de que la situación vaya a mejorar demasiado para cuando la crisis de los cuidados empeore. La OIT considera que, al ritmo que vamos, faltan 210 años para que se cierre la brecha de género en prestación de cuidados no remunerada.  

Mercado de trabajo

“El trabajo de cuidados no remunerado constituye el principal obstáculo para la participación de las mujeres en los mercados de trabajo, en tanto que la distribución más igualitaria del trabajo de cuidados no remunerado entre hombres y mujeres se asocia a niveles más elevados de participación laboral femenina”, explica Elena Blasco Martín, secretaria confederal de mujeres e igualdad de CCOO en la Agenda Feminista 2018-2019.

Según la última EPA, 1,7 millones de mujeres están desempleadas, es decir, cerca del 60% del paro registrado. Y de estas paradas, menos del 53% recibe algún tipo de prestación por desempleo (11 puntos menos que los hombres). Una de cada tres personas que dejan de buscar empleo son mujeres, paradas de larga duración.

De las mujeres inactivas, el 42% lo es por tener que dedicarse a tareas de cuidados, una cifra brutalmente distinta que en países con un amplio Estado de bienestar como Dinamarca, donde esta cifra en mujeres es de apenas el 7%. Los hombres inactivos españoles por tener que dedicarse a los cuidados, en cambio, son solo el 5,1%. En Dinamarca, solo un 2,4% (ver gráfico).

Luego está el tiempo parcial. De las personas ocupadas a tiempo completo, solo el 40% son mujeres. En cambio, ellas son el 75% de quienes trabajan a tiempo parcial. Este tipo de trabajo se paga además el 62% menos que el del tiempo completo. 

Esto tiene que ver con la brecha salarial. En España las mujeres ganan de media 4.849 euros anuales menos que los hombres por el mismo trabajo, según el tercer informe Brecha salarial y techo de cristal, de 2019, del Sindicato del Ministerio de Hacienda Gestha, un aumento de 104 euros respecto al año anterior. De media, Gestha calcula que en España podrían tardarse 87 años para eliminar la brecha.

Con estos números “no tenemos independencia económica, ni posibilidad de concebir un proyecto de vida plena, que incluya una pensión digna”, agrega Blasco Martín. De hecho, las pensiones medias de las mujeres españolas para equipararse a las masculinas necesitarían aumentar un 56%. Entre las pensiones no contributivas, 7 de cada 10 son para mujeres. También sucede con el 86% de las pensiones asistenciales. Son pensiones por debajo del umbral de la pobreza, de entre 100 y 400 euros.

Bendita maternidad

Las estadísticas muestran claramente que el mayor punto de inflexión en la brecha de género se produce en el momento de la maternidad. Según el INE, las mujeres dedican un poco más de tiempo al trabajo no remunerado en el hogar cuando no tienen hijos, pero muchísimo más que ellos cuando tienen hijos.

Carmen Castro, doctora en economía y autora del libro Políticas para la igualdad, permisos por nacimiento y transformación de los roles de género (Catarata, 2018) indica: “Hay países en los que ya no existe permiso de maternidad ni tampoco la distinción entre maternidad/paternidad, sino que lo que existe es un permiso parental global que incluye partes individuales e intransferibles para cada progenitor/a y también la posibilidad de un tiempo que puede ser utilizado por cualquiera de los progenitores (...) Suecia, Islandia, Noruega y Portugal (desde la reforma de 2009) son los países que marcan esta tendencia”, agrega Castro, aunque todavía hay muchas deficiencias para lograr situaciones más justas. 

En España, el pasado 1 de abril entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2019, que reconoce que los padres y las madres necesitan permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%. Hoy ya el padre, o la otra madre, puede disfrutar de un permiso de ocho semanas. En 2020 podrá ser de 12 y en 2021 de 16 (solo  serán obligatorias seis). En 2019, las dos primeras semanas deben ser simultáneas y tomarse inmediatamente después del parto, de forma ininterrumpida. Las seis restantes, a lo largo del primer año. Pero la ley establece que en 2021 deban ser simultáneas las 6 semanas obligatorias. La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), considera que esto podría ser peligroso, porque “si se obliga a las parejas a simultanear más semanas, se corre el riesgo de consolidar los roles de madre cuidadora principal y padre ayudante, en muchos casos no desenganchado de su empleo”.

Por otro lado, la baja puede pedirse a tiempo parcial, y ya sea parcial o a tiempo completo, debe pactarse con la empresa. Eso, según la PPIINA, trae problemas porque hay que negociar con la empresa, que puede decidir dar semanas sueltas, en Navidad o en Semana Santa, y“eso no sirve para encargarse de una criatura. Todo eso, añadido a la trampa de la legislación farragosa: no hay quien entienda los trámites. Así, se pierde el objetivo del permiso de paternidad, que ellos tuvieran que encargarse solos de la criatura. No hemos solucionado el problema. Nos volvemos a olvidar de la criatura y de la madre”, dice María Pazos, activista de la PPIINA, ex jefa de Estudios de Investigación en el Instituto de Estudios Fiscales y autora del libro Contra el patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y sostenible (Katakrak, 2018).

Cuando pasan ese primer año de vida, el segundo obstáculo es la educación infantil, hasta los 3 años. España cuenta con listas de espera imposibles en muchas comunidades autónomas, además de cuotas inasumibles para la mayoría de las familias.

Las activistas de PPIINA tienen sus motivos para dudar de que la corresponsabilidad se haga efectiva. La idea de que la mujer es buena cuidando y el hombre es bueno en otras cosas (y es mejor que cada uno invierta su tiempo en lo que es mejor) es una construcción cultural muy arraigada, pero que es posible cambiar. Martin Eckho Andresen y Emily Nix realizaron el estudio What Causes the Child Penalty? Evidence from Same Sex Couples and Policy Reforms, en el que compararon la brecha salarial en las diferentes etapas de la vida en familias heterosexuales y en familias de lesbianas y gais. En las parejas heterosexuales la brecha se abre profundamente con el nacimiento del primer hijo, y prácticamente no vuelve a juntarse nunca más (ver gráfico). En las familias de lesbianas la brecha entre ambas progenitoras se abre moderadamente el primer año (lactancia) pero al cabo de poco tiempo vuelve a equipararse. En los gais no hay diferencia salarial. Esto pasa en parte porque se encargan por igual de los cuidados. Como diría la economista feminista Mercedes D'Alessandro, “los hombres deben dejarse de excusas” (las empresas y el Estado, también).

Dependencia

Después de la educación infantil, el segundo momento más peligroso para los derechos de las mujeres se da en cuanto llega el momento de la dependencia de las personas de la familia, ya sea por una enfermedad o por la vejez.

Según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, de marzo de 2019, a finales de 2018 había en España 1,3 millones de personas en situación de dependencia reconocida y otras 128.500 pendientes de valoración. “Esto significa que el 3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”, explican. Respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, agregan: “El 19,2% de las personas dependientes, reconocidas por el Estado, no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 250.000 personas y a sus familias” (aunque en los últimos dos años han entrado 60.000 personas mayoritariamente con dependencia moderada, que antes no tenían ayudas).

El 39% de las personas desatendidas (98.000) son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y, en ocasiones, continuado.Dentro de la Ley de Dependencia, desde el pasado 1 de abril, las cuidadoras no profesionales que lograban ayuda de la ley pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social sin tener que pagar ellas las cotizaciones, como venía ocurriendo desde 2013. Sin embargo, las ayudas (que, además, han ido bajando con la crisis) son muy insuficientes. De 153 a 387, mensuales según el grado de dependencia (es decir, un trabajo esclavo, sin derecho a vacaciones, ni a fines de semana, y trabajando 24 horas al día). “Esas mujeres, que cuidan de sus padres enfermos a los 45 años, de pronto pueden encontrarse a los 50 años, con sus padres fallecidos, sin la posibilidad de conseguir un trabajo y, por supuesto, sin la paga. Y en los casos en que el Estado da un dinero para una residencia, suelen ser servicios privados que se quedan con la mitad del dinero, y precarizan a las mujeres que hacen el servicio a domicilio o están en las residencias”, razona María Pazos, quien aboga por un sistema de atención público, y que supervisó, como jefa de investigación del Instituto de Estudios Fiscales, la Propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho univeersal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales, de las profesoras universitarias Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre. 

Las autoras evaluaron las necesidades reales no cubiertas por la dependencia, para la  atención a mayores de 65 años y, tomando como referencia la atención proporcionada por el sistema sueco, concluyeron que el coste de cambiar del sistema actual a un sistema de cobertura universal, financiado y realizado por los servicios públicos, es posible. Según el estudio, el presupuesto tendría que incrementarse en 5.700 millones de euros, con lo que sería posible crear 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y se reconvertirían los actuales empleos precarios en empleos públicos. Del dinero invertido, se recuperarían casi 4.500 millones de euros solamente por el aumento de cotizaciones e impuestos correspondientes a los empleos creados directamente por el sistema. Esto, sin contar con otros beneficios para el sistema, especialmente para las mujeres que hoy no pueden contribuir a las medidas del PIB. 

Entre las conclusiones del Congreso de Economía Feminista, las académicas consideraron que la transformación feminista de los trabajos de cuidados “pasa por la desprivatización, redistribución y corresponsabilidad social de los mismos, a través de políticas públicas, el impulso de las redes comunitarias feministas y la politización de los cuidados, tanto en la esfera privada como en la pública, sabiendo que hay que desdibujar la separación de ambas esferas. Además, resulta ya inaplazable el cambiar las condiciones de trabajo del empleo de hogar y exigir la ratificación efectiva del convenio 189 de la OIT”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 73 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Llega el otoño y cerca de 6,8 millones de personas, el 15% de la población residente en España, según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, sufrirán muy posiblemente temperaturas inadecuadas en su vivienda o tendrán algún retraso en el pago de recibos, o ambos.

Ante esta situación, ya en octubre de 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la transición energética, en tanto se desarrollaba la Estrategia de Pobreza Energética. Entre muchas otras muchas medidas, el decreto pretendía reforzar el bono social eléctrico, una medida ya establecida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para que lo recibiera mucha más gente. Pero en vez de reforzarse, menos gente pudo recibir el bono. ¿Qué sucedió?

El bono social reconocía el derecho de colectivos como pensionistas o personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas, a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. Y en el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvencionaba el 100% del recibo. Aun así, no todas las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad hacían los trámites para recibir el bono anterior. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solo 1,7 millones de personas lo lograban pedir, a pesar de que lo podían solicitar unos 2,5 millones.

Con el nuevo bono, se suponía que esta cifra se ampliaría y que lo podrían pedir hasta 5,5 millones de personas. Se prohibía el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viviera al menos un menor de 16 años; y en los hogares donde residiera al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. Se aplicaría “cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II o III”, y se determinarían criterios de renta específicos para familias monoparentales (85% mujeres solas). Además, se ampliaban el 15% los límites de consumo de energía con derecho a descuento. Y se endurecían las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social.

Pero el bono no se amplió a más hogares. Según la CNMC, en enero de 2019 (el tiempo para entregar los papeles terminaba en diciembre de 2018), solo 1,1 millones de personas habían logrado renovar el bono, es decir, 600.000 personas menos que en el Gobierno de Rajoy. El trámite era demasiado engorroso.

Desconocimiento

“Lo del bono social es paradigmático”, dice Celso Pérez Graña, director adjunto y director de gestión de los equipos del programa A-Porta de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña. El programa organiza a personas del barrio y les da formación para que vayan puerta por puerta explicando cómo bajar el recibo de la luz o la calefacción. Una de las fórmulas es, en los casos de mayor vulnerabilidad, acogerse al bono social. “Es donde se ha visto mucho nuestra labor. Hasta hace más o menos un año era relativamente fácil. El problema era lo de siempre, el desconocimiento. El 35% podían tener el bono social y lo desconocían. Pero con el cambio de ley nos encontramos con que los nuevos requisitos son mucho más complicados y más excluyentes”, agrega. “Nos hemos encontrado tantísimos casos. Y cada caso es un drama, estamos hablando de la posibilidad de ir al supermercado en vez de ir a pedir comida a la parroquia.  Además, son facturas muy hinchadas; llegan a pagar un sobrecoste del 50%. Vienen los de la compañía y les venden un ”nuevo beneficio“, y al final les hacen pagar la factura más alta. Y, por supuesto, ninguno le dice que puede optar por el bono social. Son las mismas empresas las que piden los requisitos, con lo cual, te lo pueden poner difícil”.

“Antes presentabas la hoja de la Seguridad Social conforme se indicaba la situación, el último recibo de la luz pagado y el DNI”, agrega Gladys Tantean, vecina que logró recuperarse de un desahucio y ahora ayuda a otras personas del programa A-Porta. “A alguien de más de 65 le piden que traigan una fe de vida, un trámite que debe hacerse en el Registro Civil. A veces son personas muy mayores, con patologías, que requieren cuidados, y deben salir de sus casas y correr peligro”, añade. “El aumento de trámites causa angustia, y un ajetreo de ir y venir con papeles. Y hay gente que directamente decide dejarlo”.

“Antes una familia numerosa con ingresos altos podía acogerse al bono social. Lo que se intentó con la reforma fue ajustarlo realmente a las capas que más lo necesitaban”, dice Eduardo Perero, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales y que ha colaborado con el Gobierno para formular la Estrategia contra la Pobreza Energética. “Se ha complicado al tener que comprobar los datos de renta. Además, las empresas energéticas y los servicios sociales han tenido que asumir una mayor carga de trabajo de los propios afectados”. ¿Cómo se resuelve? “Los trámites que se exigen no son un capricho, tienen su sentido, pero hay que seguir trabajando por optimizarlos”.

El Gobierno había planteado en su momento dos prórrogas para realizar los trámites del bono. Otra de las razones del descenso en la cantidad de beneficiarios son los puntos de suministro que tenían una potencia inferior a 3 kW, a los que se les aplicaba de forma automática el descuento del viejo bono. En la nueva estrategia, estos han dejado de percibirlo. El supuesto de potencia por debajo de 3 kW era el que más beneficiarios tenía. De los más de 2 millones de beneficiarios del antiguo bono social, en torno a 800.000 eran por el supuesto de potencia. Aunque tener una potencia contratada baja es una estrategia de ahorro asociada a situaciones de vulnerabilidad, también se daban casos en los que quienes tenían una potencia baja contratada eran las segundas residencias. La idea del gobierno, insisten desde la Asociación de Ciencias Ambientales, era que la recibieran las capas de población más vulnerables.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) indican que “en cumplimiento con la Estrategia, el Ministerio ya está trabajando en la elaboración de un bono social no solo eléctrico, sino para cualquier suministro energético y que se concebirá para que su otorgamiento sea de forma directa”. Además, tienen planificadas políticas mucho más amplias, y no paliativas como el bono social, que llevará un tiempo implementar.

Por ahora, poco han podido hacer, desde la disolución de las Cortes. Sí han podido ampliar los beneficios, para quienes ya tienen el bono social, con un bono térmico. Sin embargo, al no resolver el problema en su totalidad, algunos municipios y Cataluña están intentando ofrecer otras soluciones.

Desde municipios como Cádiz o el Área Metropolitana de Barcelona, se están creando compañías eléctricas públicas que opten directamente por no cortar la luz a quienes no puedan pagar. Esto lo ha intentado hacer, por otro lado, Cataluña, con la Ley 24/2015, surgida de una iniciativa legislativa popular (ILP) que prohíbe el corte de suministro por impago. Se cumple siempre que los afectados conozcan sus derechos y reclamen. Sin embargo, esta ley está en pleno debate y podría ser retirada si no se llega a un acuerdo político, porque la competencia en temas energéticos es estatal. Por otro lado, la ley catalana no es clara, y hay varios municipios litigando contra las compañías, que les exigen pagar el 50% de la deuda generada por los impagos.

Empresas sociales y cooperativas, como Som Energia, no pueden participar en el bono social, porque no son grandes productoras de energía, sino sobre todo comercializadoras.

Conflicto por el código de la web

La ONG Civio, una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes públicos, presentó en junio pasado un recurso contencioso-administrativo ante la negativa del Consejo de Transparencia de obligar a hacer público el código del programa informático que decide quién resulta beneficiario del bono social eléctrico.

La organización, que ha creado su propia página web para ayudar a más personas a presentar los requerimientos para recibir el bono social tras recibir “decenas de llamadas de personas afectadas”, considera lo siguiente: “que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de derecho”.

Se trata del programa BOSCO, que utilizan las eléctricas, pero que ha sido desarrollado por el Gobierno.“En Civio entendemos que el derecho a saber también alcanza a aquellos programas informáticos que a diario toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos”, dicen en un comunicado. “Y para conocer cómo un software, en su interpretación de la normativa, llega a un resultado –cómo toma una decisión– es necesario acceder a su código fuente. Por ello, nos hemos visto obligados a recurrir la negativa del Consejo de Transparencia ante los tribunales”.

Por su parte, el Consejo se ampara en la aplicación del artículo 14.1 (letra j de la LTAIBG) para no compartir el código fuente. El artículo dice: “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”.

Por último, el Ministerio agrega que “ha colaborado y colaborará con Civio –y el resto de agentes– para mejorar la aplicación en todo lo que sea posible”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 72 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Voz calmada y centrada, una mujer menuda y apacible nos recibe en su despacho del centro de Buenos Aires. Es, sin embargo, lo contrario a apacible cuando se trata de proteger los derechos humanos. Se trata de una de las mujeres que han guiado las marchas de la campaña Ni una menos y la lucha por el derecho al aborto en Argentina. Natalia Gherardi (Buenos Aires, 1971) es una abogada feminista y docente que dirige el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), entidad que promueve la equidad de género a través de las políticas públicas y el acceso a la justicia. Gherardi estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires y tiene una Maestría en Derecho por la London School of Economics and Political Science. Ha publicado artículos y capítulos de libros en temas como la justicia, trabajo y cuidado, derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres, entre otros.

Por las manifestaciones en América Latina, pareciera que ha habido un avance. Se habla del tema en el ámbito político. Pero, ¿se han plasmado en las leyes?

Los últimos años han mostrado sus luces y sus sombras. En general, hay señales interesantes, sobre todo por la demanda social que los empuja. De 2015 a esta parte, el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas triunfaron finalmente en poner en la agenda los temas en los que se venía trabajando decenas de años antes. A partir de ahí, se instalaron en la agenda política como nunca. ¿Cómo se traduce eso en mejoras en la ley, en la política y en la vida de las personas? Ahí hay luces y sombras. Probablemente, más sombras que luces. La región nos está dando señales de alarma desde hace varios años en los movimientos conservadores, que cuestionan la educación en igualdad. Los ataques en algunos países están generando retrocesos importantes.

Como la llegada de Bolsonaro…

Eso fue lo último que pasó. La llegada de Bolsonaro tiene muchas explicaciones, pero entre otras cosas sintetiza también una avanzada en contra de la libertad, de los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales y la identidad de género. Es, sin duda, la expresión más grave, por el rol de la presidencia en un país tan importante como Brasil. Pero antes de eso hubo situaciones parecidas respecto de ataques al sistema educativo en Colombia, en Perú, en Paraguay… Y en Argentina no podemos desconocer que todo el debate del año pasado por el derecho al aborto legal y la educación sexual también despertó con mucha fuerza a algunos grupos conservadores que se están preparando para tratar de hacer retroceder esas políticas. 

La ultraderecha ha llegado a todo el mundo. Pero mirado desde Europa, la Iglesia en América Latina, ligada a ese movimiento de ultraderecha, parece ganar mucha más fuerza.

En general la Iglesia católica tiene demasiado poder para influir en políticas públicas. No es un problema que haya una Iglesia fuerte, con muchos feligreses. Lo problemático es que tengan injerencia en la definición de políticas públicas de países laicos. En Argentina la preocupación no es solo la Iglesia católica, sino las Iglesias evangélicas, que han demostrado un poder de movilización muy fuerte. Lo venimos viendo cuando vamos a provincias y ciudades pequeñas y vemos la retracción, la ausencia del Estado en política social, en contención emocional y familiar. Todo ese trabajo territorial lo ocuparon las Iglesias evangélicas. Después no nos podemos sorprender.

Si el Estado no se ocupa, alguien ocupará ese lugar...

Sí. Y en la misma línea está el abordaje de la violencia en las parejas y las familias. Desde hace muchos años en los pueblos y las ciudades pequeñas los problemas de violencia se resuelven desde los grupos religiosos. Las políticas de contención y acompañamiento las han dado estos grupos. Claro, con un enfoque particular, en el que lo que se protege es la integridad de la familia y no a la mujer. El mejor consejo que dan no es “supera esta situación, te vamos a acompañar para que seas independiente, para que tengas autonomía y que si decidís separarte lo puedas hacer y sostener”. En cambio, el enfoque es “vamos a hablar con tu pareja, vamos a ver lo que pasó, seguramente hubo un malentendido, vamos a volver a conversar…”. Esto es así desde hace años. El nivel de intervención de estas Iglesias y grupos religiosos ha sido tan importante que ha dificultado la implementacion de otras políticas de salud y educación que fortalezcan la autonomía, que mejoren las condiciones de vida y el acceso a servicios. Tenemos un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que garantiza la anticoncepción gratuita y está disponible en los espacios públicos. Pero muchas veces no hay educación ni habilitación para ejercer la sexualidad y recurrir a la anticoncepción. Y esto está mezclado con violencia y abuso intrafamiliar o dentro de la comunidad. Generar tabúes sobre la sexualidad ha servido para mantener unos altísimos índices de violencia, de abusos y de embarazos no deseado.

Hubo casos muy mediáticos, ¿verdad?

Hubo dos casos este año que tuvieron mucha visibilidad, en Jujuy y Tucumán. Eran niñas de 11 años. El primer caso, por parte de un vecino del barrio. Y en el segundo, por un familiar. La niña había sido separada de su madre por una situación de abuso anterior, para protegerla. Fue enviada por el sistema de protección de la provincia a vivir otra persona de la familia. Y fue entonces cuando sucedió el abuso, que la dejó embarazada. Y la desidia y la vulneración de derechos fue tal que le negaron el acceso a la atención integral de su salud. Ella pidió la interrupción legal del embarazo. Pero esa posibilidad le fue demorada sistemáticamente hasta obligarla a llevar el embarazo a un plazo de gestación mucho más alto. Eso puso en riesgo no solo su integridad psíquica, sino también su integridad física. Terminó con una microcesárea a las 25 semanas de gestación. Un horror completo. Era un caso “sencillo”. Un caso clarísimo de violación de una niña que tenía derecho a una interrupción legal de ese embarazo. Y, además, era una niña que había estado en contacto con el sistema de protección de la provincia de Tucumán, con lo cual alguien debía haber estado mirando lo que pasaba allí. Esto muestra la suma de las vulnerabilidades de la niñez en Argentina. Y conocemos ese caso, pero estoy segura de que podemos encontrar en un mes un caso así en cada provincia. 

¿Qué dicen los estudios sobre la evolución de los embarazos en niñas?

Muestran que no disminuyen los embarazos ni los partos de niñas y adolescentes. Son 3.000 niñas por año, menores de 15 años, que tienen hijos, en una población de 44 millones de personas. Eso habla de un fracaso de las políticas de prevención y de la ineptitud del Estado para abordar ese problema. 

Pero no es que no exista una intención política. Los programas están. ¿Por qué fracasan? ¿O es que en realidad no interesa el tema y son puras palabrerías?

En muchos sectores no interesa. La niñez es invisible; sufre la peor parte de la crisis. Más de la mitad de los chicos en Argentina son pobres. Tenemos marcos normativos que no nos preocupamos por aplicar. Y las niñas pobres son mucho más invisibles. En términos generales diría: no interesa. Hay sectores políticos a los que sí les parece prioritario, e intentan impulsar políticas públicas en ese sentido. Pero se encuentran con resistencias enormes y las dificultades propias de un país federal. La ejecución de la política pública en educación y salud, dos áreas clave, son provinciales. Las políticas centrales deben encontrar eco en las provincias y los municipios. Y allí hay sectores y sistemas de complicidad e indiferencia. Complicidad con los abusos.

¿Cómo complicidad con los abusos? ¿Por parte del gobierno local? Es como decir que ellos también abusan.

Sí. Eventualmente. Hay personas poderosas que abusan de niñas y adolescentes en muchas provincias y también en Buenos Aires. No hay que creer que las cosas solo pasan fuera de la ciudad. Hay un caso famoso en Buenos Aires de una sentencia que, por horrorosa, dio lugar a su revisión. La policía obligaba a dos niñas menores de 14 años a prostituirse, y las sometían ellos sexualmente. Las niñas denunciaron la situación, y el juez dijo que como venían de un sector social en el que la promiscuidad era naturalizada, no era abuso de menores. Si eso no es complicidad de la fuerza policial, que se supone que está para protegerte, y de la justicia, que se supone que está para reparar la vulneración de derechos, entonces, ¿qué es?

Se supone que el movimiento de mujeres debería haber hecho que las denuncias aumenten. ¿Qué dicen las estadísticas?

Las denuncias suben. Lo que no sabemos es si suben las condenas. El sistema estadístico en Argentina es bastante débil y fraccionado porque la justicia también es de gestión provincial. Pero sí hay datos de más denuncias, sobre todo de violencia doméstica. La violencia sexual siempre está subregistrada. Pero si miramos la información pública, en el último año ha habido varios casos de violaciones en grupo, denunciados por las niñas, adolescentes o mujeres, o por sus familias. Es muy doloroso ver cómo todavía se cuestiona a la víctima, sobre todo si es de determinada condición social o educativa. O en particular si los acusados son personas de cierto prestigio o nivel socioeducativo.

Se entiende que esto pasa en todas las clases sociales. Pero acá parece que hay un agregado relacionado con las élites.

Que pasa en todas las clases sociales es algo que sabemos quienes estudiamos esto. Pero cuando se analizan las denuncias se ve que hay más denuncias planteadas por personas de clase media o con nivel socioeducativo medio y una edad entre veintilargos y cuarenta y pocos. Eso quiere decir que tienen más recursos emocionales, simbólicos y materiales para denunciar. Y un poco más de expectativa en el poder de resolución del Estado. Las personas más ricas lo resuelven de otra manera. Y las pobres ni llegan al sistema, porque saben que las van a evaluar a ellas o porque están más acostumbradas a la vulneración de derechos permanente. El nivel socioeducativo tiene que ver sobre todo con el prejuicio que hay, especialmente sobre las jovencitas. Es el cómo se construye la imagen de una “buena o una mala víctima. Una ”buena víctima“, y lo reproducen los diarios, es ”una mujer de su casa, respetable, con hijos, que iba al gimnasio, que trabajaba, blablablá“. Y, por el contrario, se ve cómo se construye la mala víctima: ”era una joven a la que le gustaba el boliche, ni trabajaba ni estudiaba, había abandonado la escuela, se la pasaba bailando, tenía tatuajes“. Y las fotografías que acompañan la cobertura mediática también contribuyen al ideario de la ”mala víctima“, la víctima que ”un poco culpable debe de ser“. Y eso se construye y trasciende muchas veces de los medios de comunicación al sistema judicial. Las sentencias están muchas veces llenas de estereotipos.

Se podría pensar que las denuncias aumentan porque las mujeres se han empoderado. Pero también que ese aumento responde a la liberación de la mujer.

Pasan las dos cosas. Sin duda, hay más denuncias en América Latina. Y eso tiene que ver también con la reacción más violenta de hombres que estaban acostumbrados a tratar a sus parejas con violencia desde siempre. Ahora se encuentran con mujeres que, después de 20 años de relación, les dicen: esto no lo tolero más. Los hombres no saben cómo reaccionar frente a eso. Muchos se acomodan y reaprenden. Y otros reaccionan recrudeciendo la violencia. Es una explicación bastante plausible. Por eso, debemos mejorar los mecanismos de protección, las alertas tempranas y la actuación del Estado. Nadie empieza por matar. El feminicidio no es lo primero que le pasó a una mujer que termina muriendo a manos de una pareja o expareja. Antes pasaron un montón de cosas: violencia física, sexual, psicológica, humillación, una relación marcada por la desigualdad y el sometimiento, una mujer cuya autoestima fue desarmada por completo y que creyó que eso era lo que le tocaba. Y todas esas son oportunidades desperdiciadas por la política pública y como sociedad, para salvar a esa mujer de una espiral que va a terminar mal, así no en feminicidio.    

¿Qué podemos hacer?

Hay mil oportunidades en las que podemos darnos cuenta y hacer algo para fortalecer la autonomía de las mujeres, para ampliar sus redes y recursos. Por ejemplo, cuando esa mujer va a llevar a su niña a vacunar, o cuando va a la ginecóloga. Desde el sistema educativo, cuando la ven en el malabarismo imposible de las responsabilidades de cuidado y de trabajo; desde el empleo podrían ver las señales de la violencia en su cuerpo o en su psique. O en sus relaciones sociales. Y, sin duda, desde la justicia y la policía, cuando la mujer tuvo alguna oportunidad de denunciar y en general es desatendida o menospreciada. Por eso, es tan importante trabajar en la educación en igualdad. Por eso, la estrategia básica es la educación sexual integral, educación en igualdad. Educación para prevenir los vínculos violentos, las desigualdades de género, en las relaciones sociales. Y, por eso, es tan preocupante la avanzada de los grupos conservadores hacia el núcleo más básico de la estrategia que nos llevaría a una sociedad mejor.

Las marchas del Ni una menos empezaron en pequeño y, de pronto, se hicieron internacionales. ¿Cómo fue?

Desde Buenos Aires se encendió una llama en un contexto que ya tenía mucha movilización. Fue un grupo de periodistas que con esa sucesión tremenda de feminicidios a inicios de 2015 sintió la necesidad de decir: ¿qué podemos hacer? Y lo que pudieron hacer fue contribuir a darle movimiento a una demanda social que nunca había sido tomada en cuenta. El 3 de junio fue la primera marcha, que se repite todos los años. La primera fue contra los feminicidios. Y luego se fue fortaleciendo en una demanda por la igualdad de género más amplia, analítica y sólida. 

¿Cuál es el país que más ha avanzado en América Latina en género?

Uruguay tiene varios ejes en condiciones interesantes. Una Ley integral de violencia, la reforma de la ley del aborto desde hace varios años, y unas estadísticas que muestran cómo disminuyó la mortalidad materna, y los abortos porque mejoró la prevención, la educación y el acceso a anticonceptivos. Y tiene un sistema integral de cuidados que es lo que permite mayor igualdad en todas las relaciones sociales y económicas. Y el país que está peor por lo pronto en el futuro inmediato probablemente sea Brasil. Países en situación muy preocupante sin duda están en Centroamérica, El Salvador, Honduras, donde el índice de violencia es altísimo, la fragilidad del Estado para abordar esos desafíos también, la persecución a mujeres aun en situación de abortos espontáneos es dramática.

La sobrecarga de los cuidados en las mujeres es parte de esa violencia. ¿Se ha avanzado en América Latina? 

Volvemos a Uruguay. Generó ese sistema de cuidados, que involucra a diferentes actores de la organización social: el Estado, como regulador y proveedor de servicios, pero también al mercado, el empleo, a las familias, a la comunidad, a los sindicatos... Y no lo concentra solamente en la niñez sino también en la ancianidad y en las personas con autonomía restringida. Podemos aprender de Uruguay. Lo tenemos muy a mano. No solamente tenemos que mirar a los países nórdicos, donde los impuestos son altísimos e invertidos en políticas públicas, donde la informalidad en el empleo no es tan amplia, donde el empleo es de calidad. Es una sociedad muy distinta a la latinoamericana.

¿El debate del aborto se perdió definitivamente?

El debate del año pasado fue fantástico, en lo que generó socialmente. Siempre decimos que “sacó al aborto del closet (armario)”. Lo puso en la discusión pública como nunca hubiéramos imaginado. Y el ejercicio del Congreso fue muy interesante porque la Cámara de diputados estableció una forma de abordaje del debate muy participativa, transparente y pública. En Diputados se ganó, pero cuando llegó a Senadores, no. En el Senado hay una representación por provincias, que son muchas veces muy conservadoras. Se perdió por pocos votos, pero ahí quedó. Ahora seguimos trabajando en demandar el cumplimiento de los casos de aborto que ya son legales. Y, a su vez, se trabajó en el proyecto de ley, se volvió a presentar la campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que recupera los aprendizajes del año pasado, para tratarlo ahora.

Pero el senado es el mismo.

Este año alcanza con que lo apruebe Diputados. Es un año complejo, de elecciones. Esta Cámara de diputados tiene mandato hasta el 9 de diciembre y podría aprobar el proyecto. El senado se renueva a partir de diciembre y ahí veremos el resultado de nuestras elecciones nacionales, y cuál es la composición final. 

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 71 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Para quienes están intentando sacar adelante proyectos de cohousing en España, todo es muy lento. Se topan con legislaciones caducas, trabas burocráticas, falta de suelo disponible, problemas de financiación y desconocimiento de las instituciones. Sin embargo, según como se mire, el modelo de cooperativas de viviendas englobado en lo que llaman cohousing ha dado un salto de gigante.

En junio de 2017 la organización Cohousing Spain tenía registradas 34 iniciativas en toda España, de las cuales solo 9 estaban en funcionamiento. En marzo de 2019, las cifras se multiplicaron a casi 200:  46 de viviendas senior (10 ya funcionando), 33 iniciativas intergeneracionales (2 funcionando), y el resto de iniciativas de muy diversa índole, como LGTBI, de personas con discapacidades, de mujeres, ecoaldeas, de personas jóvenes, con diferentes encuadres, en distintos entornos y con muy diversos diseños (19 en funcionamiento). El mapa ha cambiado radicalmente. Ha crecido. Y podría haber crecido más, si no hubiera tenido que construirse un camino de asfalto donde solo había mala hierba.

Todavía queda mucho camino por hacer. Una de las primeras dificultades a las que se enfrentan las iniciativas es a la falta de suelo público y al desconocimiento del modelo por parte de la comunidad política y el funcionariado. Sobre todo, son los Ayuntamientos los que, cuando los grupos van a presentar las ideas sobre un terreno determinado, o pidiendo suelo público, ven con desconfianza lo que les llega y no saben muy bien cómo reaccionar.

“En cada comunidad autónoma tienes una normativa distinta”, explica Cristina Cuesta Lerín, fundadora de Cohousing Spain. “El modelo es apasionante, pero no está exento de dificultades. Debemos trabajar mucho para crear la red, metodologías ágiles y conseguir que el modelo cale en la Administración pública para favorecerlo en el marco institucional, para que no se tarde 15 años que se lleve a término”. Por el momento, quien se embarque en un proyecto de cohousing debe tener muy claro que quiere esa opción de vida. Los proyectos tardan en desarrollarse. “La buena noticia es que cada vez hay más interés, y eso hace que la Administración pública se abra más a estas iniciativas”, culmina Cuesta Lerín.

Ahora los Ayuntamientos están empezando a darse cuenta de que el modelo se complementa con la idea de proporcionar vivienda social, sin que ello conlleve la posibilidad a largo plazo de especular con el techo, algo que ha sucedido con las viviendas cooperativas que se construían hace 40 años. En el caso de vivienda social, se utiliza el modelo Andel, importado de Dinamarca, donde lo que se compra es el derecho al uso, con una cuota inicial a veces (otras no) y unas mensualidades asequibles. El problema de la vivienda social es que no cubre a todas las familias o personas que quieran vivir en un cohousing. Muchas, si bien no se pueden permitir contar con los ahorros del 20%, tampoco cuentan con los requisitos mínimos de una vivienda social. 

Muchos grupos optan por buscar suelo privado, pero se encuentran con precios exorbitantes, sobre todo si quieren estar en espacios urbanos bien conectados. O cuando encuentran suelo rural, a precio asequible, es porque es suelo rústico y no es posible construir ni siquiera casas de madera, con baños secos. O es suelo industrial. O es unifamiliar y por más que sea un terreno muy grande solo puede, por ley, residir una sola familia (entre otras cosas, tener una sola cocina). Está prohibido un uso múltiple y la prohibición vale lo mismo para cualquiera, no importa si está organizada en cohousing.

“Cómo van a residir varias familias, cada una en su vivienda, el terreno para un cohousing debe ser plurifamiliar, a nivel de usos, y eso es muy difícil de conseguir”, explica Tom Force, de Ecoo Promoció, que promueve este tipo de proyectos. Si hay un terreno muy grande antes o después hay que reparcelar. Y, además, hay que adecuar cada parcela para que tenga acceso de calle, con sus instalaciones necesarias exigidas: agua, luz, alcantarillado. Eso no suele estar al alcance del cohousing. “No se ha comprendido que aunque haya varias familias, cada una con su espacio, no es plurifamiliar porque cada vivienda nunca va a ser de una sola persona. Es una sola cooperativa, con una sola factura de de luz, de agua, y demás, y con usos compartidos, como lavadoras, salas, etc. Es una sola entidad”, agrega Force.

Las leyes españolas están hechas para lo que han sido la mayoría de cooperativas en el pasado, donde una vez construido el edificio, cada vivienda pasaba a ser de cada persona socia, eliminando la cooperativa al completo. Con alguna excepción, en España más que cooperativas de vivienda eran cooperativas de construcción.

“Por ejemplo, estamos tratando de hacer un cohousing en el barrio 22@ de Barcelona, y hay terrenos muy grandes, pero nos topamos con que el uso que tienen es para industria, o para residencias o residencias especiales”, señala Force. “En la práctica solo se puede hacer cohousing con terreno público municipal, y de protección oficial, lo que es mucho más complejo. Hay varios promotores privados intentando sacar proyectos de residencias para trabajadores o para estudiantes. Y nosotros intentamos que sean viviendas sociales bajo el concepto de cooperativa. Lo que se debería conseguir es que el cohousing entre en la casilla de residencia o residencia especial. Esto permitiría que cualquier proyecto cohousing se pudiera realizar sobre un terreno unifamiliar. Actualmente no sale más barato construir en cohousing que si las familias van por separado. Lo fundamental es el precio de mercado del solar”.

A contracorriente

Por otro lado, la definición de la cooperativa y las leyes locales pueden incidir tanto que hagan imposible un proyecto de cohousing, por más que se haya encontrado el suelo correcto, por la complejidad técnica de presentarlo y por la fiscalidad. Y esto, además, depende mucho de dónde se esté. Las leyes cooperativas son distintas en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en algunas partes se les devuelve el IVA y en otras no, lo que encarece el proceso un 21%. Ese pago final puede aumentar mucho los gastos generales, poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto.

Influye también en las dificultades de llevar adelante un cohousing, la capacidad económica de las personas que forman la comunidad usuaria. Por ahora es la banca ética la que está financiando los proyectos. Pero aunque sea ética, es banca y debe minimizar los riesgos, con un mínimo de garantías y una rentabilidad. La banca pide que el conjunto de la cooperativa sea solvente, pero que el estudio financiero sea igualmente caso por caso. En el momento en que surge un impago, el pago de la cuota es solidario, es decir, que responden los que sí tienen capacidad para responder. Algunas cooperativas que ya funcionan están ofreciendo garantías a las que empiezan, como forma de apoyarles. Pero esto no quita del todo las dificultades.

“Los avales mancomunados son un tema clave”, explica Joana Gómez, de Fiare Banca Ética. “La propiedad no es mía, es de una cooperativa, y aun así tengo que prestar el aval como si la propiedad fuera mía. El riesgo es compartido y cuando formas parte de una hipoteca común, tienes que confiar en el grupo. Si el ratio de endeudamiento debería situarse alrededor del 35% a nivel global, también debería cumplirse el ratio a nivel individual. Por ejemplo, si el ratio de endeudamiento se cumple a nivel global, pero a nivel individual el 50% de los socios no cumplen los requisitos, podría ser muy arriesgado y no se podría financiar”.

Desde Fiare seleccionan los proyectos y explican algunos puntos que les preocupan, como que haya colectivos que solo pidan el crédito, sin comprometerse con trabajar en la banca ética en más ámbitos. Por otro lado, no quieren descuidar la financiación del tercer sector social, a nivel amplio y diverso, que es la misión social del banco. 

¿De qué estamos hablando?

La idea que hasta hace poco resonaba en la cabeza de una persona cuando oía hablar de cohousing es la de una comuna hippy, donde todos comparten todo, y no hay ni intimidad ni privacidad. Pero aunque sí existen comunidades donde esto es así, lo cierto es que la mayoría de los cohousings que se plantean en la actualidad distan mucho de esa imagen. 

El modelo Andel es el más conocido en España. Se trata del modelo danés, también utilizado en muchas otras partes de Europa, donde una entidad cooperativa es la propietaria de las instalaciones generales y el terreno, y cada unidad familiar compra el derecho al uso de su vivienda, durante tiempo indeterminado, heredable y pagando una cuota mensual muy favorable. También suele haber espacios comunes recreativos o de encuentro, que pueden ir desde una piscina hasta una terraza, huertos, un comedor o un espacio especial para lavandería.

Si alguien quiere salir de la cooperativa o fallece y se ha hecho en suelo público, se recupera el dinero inicial invertido, pero no las cuotas mensuales. Implica cumplir las condiciones marcadas por la administración pública. Pero esta no es la única forma de organizar un cohousing. En cambio, cuando se hace en suelo privado, comprado por las personas socias, las reglas cambian, según lo que esté pactado en los estatutos. Hay cohousings en los que si la persona se quiere ir, se vende ese derecho al uso, y con ello se abonan las cuotas pagadas previamente. 

La idea es no especular con la vivienda, pero puede ocurrir que en las iniciativas privadas se juegue con el valor de mercado, y esto se debe cuidar para no pervertir el modelo.

Qué pasos dar para crear un cohousingcohousing

Crear un cohousing desde cero no es una tarea sencilla y, a veces, puede facilitar mucho acudir a una consultoría que ya tiene años de experiencia y conoce las diversas dificultades que suelen suceder, sobre todo tomando en cuenta las particularidades legales y políticas de cada comunidad autónoma. Sin embargo, hay grupos que se han lanzado en soledad a construir cohousings, y lo han conseguido. No es imposible. 

La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, Hispacoop, editó a finales de 2018 la Guía de Cohousing Senior y Cooperativismo de Consumo, que puede servir también para iniciativas que no son sénior. Se refieren a los puntos claves necesarios para el éxito de un proyecto, comenzando por una comunidad de personas cohesionadas, “la piedra angular de todo el proyecto”, que pueden decidir de una manera democrática y participativa los pasos que seguir.

Muy importante es también la búsqueda de un suelo, que sea un espacio idóneo en cantidad de metros, legalmente aceptado, conseguir las licencias y que se adapte a los bolsillos de quienes van a formar parte del cohousing. Y conseguir la financiación, en los casos que sea necesario.

Luego hay que elegir la fórmula jurídica, que suele ser cooperativa, pero puede ser de diversos tipos (de consumo, de vivienda, de servicios o integral). Hay que ponerse de acuerdo y crear los estatutos, y trabajar muy especialmente los aspectos de la gobernanza y la gestión, para evitar problemas futuros. Y luego ponerse manos a la obra.

[Este artículo forma parte de un dossier dedicado al 'cohousing' publicado en el número 71 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Casi no se habla de eso, pero el ruido es el segundo factor de estrés ambiental más dañino en Europa, detrás de la contaminación del aire por partículas finas. Según la Agencia Medioambiental Europea (AME), mueren prematuramente al año unas 16.600 personas, casi 32 millones sufren de estrés y otros 13, problemas de sueño. En España el ruido ambiental provoca al menos 1.100 muertes prematuras y 4.100 hospitalizaciones al año. Además, alrededor de 2,3 millones de personas tienen problemas para dormir. Entre la población más afectada están los grupos más vulnerables, especialmente los ancianos, niños, embarazadas, las personas de bajos recursos y aquellas con enfermedades previas.

Los efectos perjudiciales del ruido surgen principalmente de las reacciones de estrés que causa en el cuerpo. Estos pueden conducir, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a muerte prematura, enfermedad cardiovascular, respiratoria, deterioro cognitivo, trastornos del sueño, hipertensión y, al menos, molestia. El ruido está relacionado con enfermedades de alteración hormonal como la diabetes y con alteraciones del feto, malformaciones y partos prematuros en mujeres embarazadas.

El tráfico, principalmente en las áreas urbanas, es, de lejos, la principal fuente de contaminación acústica en Europa. Las otras fuentes son los ferrocarriles, el tráfico aéreo y la industria. Según la AME, que agrupa 33 países, alrededor de 100 millones de personas están expuestas al ruido del tráfico en carreteras por encima de 55 decibelios (dB). 

La OMS recomienda que durante la noche la exposición al ruido no traspase los 40 dB.  La Unión Europea tiene como objetivo llegar a los niveles propuestos por la OMS, y en este camino asume como objetivo a corto plazo los 55 dB. Sin embargo, la normativa europea no define un límite y deja esta decisión a cada Estado miembro. Así, en España se definieron unos límites más altos, de 65 dB en zonas residenciales.

Por encima del límite

En el plan europeo para bajar los niveles de ruido, la primera medida fue la sistematización de datos en las ciudades de más de 100.000 habitantes de los países miembro. En España se han entregado los datos de 2012, pero solo algunas han proporcionado los que debían entregar en 2017. Según los datos de 2012 (los de 2017 no se tienen), Barcelona capital y la primera corona del Baix Llobregat aparecen como sitios donde el 100% de la población tiene que soportar ruidos por encima de los 55 Db, es decir, el límite propuesto por Europa. Una vez tomados en cuenta los límites de la normativa española, el porcentaje de personas afectadas baja al 50% en Barcelona, y al 35% en el Baix Llobregat (ver gráfico). En Madrid capital, el 40% de la población sufre la contaminación ambiental, según el límite europeo, y baja al 8% con el índice español (datos de 2017). Los alrededores, rodeados de autopistas, no cuentan con tanta suerte. Por ejemplo, en Móstoles, el 96% de la población sufre ruido según el índice europeo, y el 42% según el límite español. A Coruña, Granada y Jerez de la Frontera son también de las ciudades con más ruido, junto con otras que rondan el 90% de ruido (55 dB).

El informe de revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE 2019, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, explica que España no ha hecho los deberes correspondientes para bajar la cantidad de ruido. “De acuerdo con la información más reciente susceptible de ser analizada (es decir, la correspondiente a 2012 en el caso de los mapas de ruido y a 2013 en el de los planes de acción), todavía no se ha completado el cartografiado del ruido respecto a las aglomeraciones urbanas, las carreteras y los ferrocarriles”, dice el informe. “Tampoco se ha aprobado casi ninguno de los planes de acción correspondientes a las aglomeraciones, los aeropuertos y la mayor parte de los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios. Esos instrumentos, cuya aprobación intervino tras una consulta pública, deberían incluir medidas para mantener el ruido en niveles bajos o reducirlo”.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica explica: “Se han elaborado, aprobado y actualizado mapas estratégicos de ruido y planes de acción en ciudades con más de 100.000 habitantes, y en el entorno de grandes ejes viarios, ferroviarios y grandes aeropuertos (…). Por otra parte, en estos momentos se está trabajando, dentro del Comité de Regulación del Ruido, de la Comisión Europea en la modificación del Anexo III de la Directiva 2002/49/CEE, sobre métodos de evaluación de los efectos nocivos del ruido ambiental, que se espera entre en vigor en el año 2021”.

Mortalidad

Sobre la mortalidad y los problemas de salud relacionados con el ruido en España, para el Ministerio, “no se tiene constancia de que se hayan elaborado estos cálculos por la autoridad sanitaria”. Sin embargo, los datos sí están disponibles en el último informe de la AME, así como en el informe del mismo organismo sobre grupos vulnerables Exposición desigual e impactos desiguales: vulnerabilidad social a la contaminación del aire, ruido y temperaturas extremas en Europa.

“Aunque la responsabilidad de la elaboración de los mapas de ruido y planes de acción recae generalmente en los Ayuntamientos, la recopilación de los mismos se hace a nivel estatal. Por ello, se echa en falta una labor de supervisión y coordinación estatal para perseguir el cumplimiento de entrega y revisión de su correcta elaboración, más aún cuando España ya ha recibido un toque de atención por la Comisión Europea por este motivo”, dice Jimena Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción en temas de contaminación acústica.

Lo que sí se han tomado son medidas municipales en algunas ciudades como Madrid, Vitoria y Pontevedra. Según Ecologistas en Acción, “desde hace años están empeñadas en una política de movilidad sostenible que reduce de forma muy importante el número de vehículos de motor en circulación por sus calles”. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 70 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Una mirada por los anuncios de LinkedIn para periodistas en España: 8 de cada 10 buscan becarios, recién salidos de la carrera, etc. Ofrecen, como si fuera maravilloso, que “aprenderás un montón” y que pagarán los viáticos. Los dos restantes ofrecen unas condiciones laborales de vergüenza.

Una mirada fuera de España, en un país más rico. En inglés. “Job offer: journalist”. No hay ni una oferta a becarios. Ofrecen salarios competitivos, incentivos y hasta posibilidad de crecimiento.

El problema de quienes ofrecen esos salarios de vergüenza, esos empresarios (sí, la mayoría con o, empresarios varones), es que esa viveza por sacar el máximo rendimiento, a cambio de moneditas, va en su contra a largo plazo. Es por ese tipo de pensamiento del chulo, del que ganará más a costa de acogotar al ser humano, que la economía en general no avanza y no avanzará.

Lo mismo, por supuesto, sucede en muchos otros sectores. ¿A quién venderán al final esos empresarios de la esclavitud (no me animo a decir ni “precariedad”, es todavía peor)? En las últimas rebajas los empresarios del textil se quejaban de la falta de ventas. “Ya no funciona el sistema de rebajas”, decían. Y los argumentos eran ridículos. “Es que la gente está mayor”. “Es que el mercado busca otras cosas”. La dura realidad es que el mercado no existe. No hay dinero circulante porque se ha reducido la capacidad de compra, y además con precios al alza.

La gente está gastándose los pocos ahorros que tiene. Y el Banco de España ya alertó a los bancos de que está aumentando peligrosamente el crédito al consumo. El aumento del gasto a costa de crédito responde a que se ha dicho también irresponsablemente que la economía va mejor, y a que la gente quiere relajarse porque lleva años restringiendo gastos.

No es cierto que la economía vaya mejor, al menos para la mayor parte de la gente. FOESSA explicaba esta semana que hay 8 millones de excluidas y excluidos (excluidas primero, porque son más mujeres), 1,2 millones más que en 2008. La crisis ha servido para aumentar tremendamente la desigualdad. Para que unos pocos acumulen mucho más y el resto no llegue a fin de mes. La gente ya no es que no se pueda permitir una hipoteca. Es que no puede pagar el alquiler. Los desahucios de alquileres siguen en aumento.

Autoempleo

Lo del “autoempleo” ha generado mucho dinero... para los burócratas. No solo es muy difícil prosperar con autoempleo porque no hay quien compre (solo los turistas, por eso crece ese sector). O porque el famoso “autoempleo” es en realidad externalización de las responsabilidades empresariales.

Incluso cuando se trata de abrir un negocio a la calle, los políticos (sí: también la mayoría con o), y no estoy hablando solo del gobierno de España, sino de las autonomías y los municipios, hacen la vida imposible a quienes intentan salir adelante. Cuando no son mil trabas burocráticas estúpidas e impuestos estúpidos cuando apenas se empieza, son las vivezas corruptas (no sé si decir “corrupto” es correcto porque está totalmente aceptado) del empresariado en las entrañas del mismo Estado.

Los únicos que ganan dinero son los que hacen cursos de formación. Esos sí hay a raudales. Yo misma he ido a alguno donde el formador, pagado con los impuestos de todas y de todos, se pasaba las horas del curso ofreciendo sus servicios privados, sin los cuales no se podía avanzar. También fui a otro sobre “emprendeduría femenina” donde el único interés era que quien asistiera terminara asumiendo un crédito de La Caixa con un aval privado, pudiendo peligrosamente perder lo poco que tuviera.

Estamos en estado de alerta y como que esto siga así no me sorprendería que derive en violencia física. Porque la gente aguanta, pero el hambre y la desidia generan odio tarde o temprano. Pagar mal, y permitir y promover la precariedad y la semiesclavitud, es escupir para arriba.

[Este artículo ha sido publicado en el número 70 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El llamado “turismo colaborativo”, a través de las plataformas digitales, ya ha cambiado el funcionamiento del sector turístico, tanto en la forma en que los destinos facilitan las visitas como en el desarrollo de productos, la recopilación de datos y el acceso a los mercados. El Banco Mundial, en su informe Tourism and the Sharing Economy: Policy & Potential of Sustainable Peer-to-Peer Accommodation, publicado en 2018, estima que las plataformas digitales que facilitan el peer-to-peer (de persona a persona, también llamado P2P) representan ya 8 millones de camas por año. “Esto todavía es una pequeña parte del alojamiento global (7%), aunque ”está creciendo más rápido que el alojamiento tradicional“. 

Casi todas las cifras de los estudios sobre el sector del turismo colaborativo se refieren a la vivienda turística y, como mucho, al transporte. Esto tiene que ver con el uso de las plataformas. La Comisión Europea publicó en 2018 las cifras generales de la llamada economía colaborativa, que muestran que, en realidad, lo que más se usa y se conoce son las plataformas de alquiler de viviendas turísticas y el transporte. “Casi una cuarta parte de los habitantes de Europa han utilizado servicios ofrecidos a través de plataformas colaborativas en general, y es principalmente en los sectores de alojamiento (56%) y transporte (51%); pero muy pocos utilizan dichos servicios de forma habitual, es decir, al menos una vez al mes (4%)”, dice el informe The use of the collaborative economy.

José Luis Zimmermann, director general de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y portavoz de Sharing España, coincide con el informe de la Comisión. “Como tendencia, no veo que haya una escalada de las otras plataformas. Durante un tiempo subió la restauración, con webs como Eatwith, o con tours, pero no han escalado al mismo nivel que los alojamientos turísticos. No veo que tengan mucho más recorrido si no se trata de alojamiento o transporte”.

Internet, un lugar para el monopolio

El Foro Económico Mundial predijo en 2017 que para 2025 el 17% de los ingresos anuales del sector hotelero global (equivalente a 8.000 millones de dólares) serán en estancias de P2P. Tanto es así que ya muchas empresas turísticas se han puesto a trabajar para adaptar su negocio a la nueva economía digital, haciendo, en muchos casos, que una parte de las plataformas digitales pierdan su objetivo original de ofrecer una experiencia más cercana al turista con la población local y se conviertan en simples centrales de reservas.

De hecho, el mismo sector del turismo tradicional ya ve que no es la economía colaborativa, sino el monopolio digital, su mayor enemigo. Philipp S. Ingenillem, socio de Online-Birds Hotel Marketing Solutions, defiende en un artículo de la revista sectorial Hosteltur que, en realidad, “los grandes actores como Google, Facebook y Amazon son la mayor amenaza para los hoteles porque buscan implantarse en todas las fases del itinerario del viajero y para ello cuentan con los datos de los clientes”.

Aunque la mayoría de estudios, discursos y hasta políticas públicas centran su atención en el alquiler de viviendas turísticas, lo que llamaban originalmente “turismo colaborativo” es muchísimo más. Se trata, o se trataba inicialmente, de una forma de viajar en la que la comunidad forma parte. Puede tener ventajas, como ser más sostenible, al gastar menos recursos con artículos que no se usan. Y puede permitir una relación con la comunidad local mucho más cercana que en un hotel tradicional.  Se puede hacer turismo colaborativo, por ejemplo, con el intercambio de casas, con jardines de particulares para acampar o mediante las plataformas donde se encuentran personas que alquilan cochecitos de bebés o bicicletas mientras no las usan, con autocaravanas, compartiendo viajes, etcétera.

Las plataformas que no se encargan de vivienda o de transporte son más pequeñas, y en muchos casos tienen fines sociales o ecológicos. En este sentido, por ejemplo, es interesante la iniciativa del Observatorio FiturNext, creada por Ideas for Change, que trabaja para construir en tres años una guía de las tendencias del turismo que viene y proyectar las pautas que generen impacto positivo tanto en el ámbito económico, como social, cultural y medioambiental. “Hay una revisión, un cambio de tendencia en la inercia del turismo. La economía colaborativa ya pasó. Ahora se trata de la lógica colaborativa”, explica Javi Creus, fundador y director de Ideas for Change. “En nuestra iniciativa queremos mostrar las ideas replicables, que se están haciendo en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, está la plataforma refillmybottle.com, un mapa en línea que identifica todos los lugares (una cafetería, un centro turístico, un museo, etcétera), donde se puede recargar un botellín con agua potable limpia gratis o con una tarifa mínima”, explica. “Además de que se usa menos el plástico, luego la gente local también se beneficiada porque al entrar en las tiendas o los sitios, luego ves cosas, conversas, te tomas algo más”.

El problema de las plataformas pequeñas de turismo colaborativo, o de lógica colaborativa, es que no siempre tienen la fuerza suficiente para continuar. Según la experta en turismo colaborativo Dawn Zerly, que publica y actualiza cada año una base de datos sobre empresas de turismo colaborativo, aproximadamente el 25% de las plataformas que prometen convertirse en grandes ha dejado de existir en los últimos cinco años. Y muchas plataformas se mantienen por puro voluntarismo de sus creadores.

En las plataformas de peer to peer que sí funcionan dentro del alojamiento o el transporte, como el intercambio de casa y el carpooling, al igual que en el resto de la economía digital, prima la tendencia hacia la concentración del mercado en unas pocas empresas. Por ejemplo, en el ámbito del intercambio de casa, los creadores de Guest to Guest fueron comprando a sus competidores, y hace poco se hicieron con la más grande y una de las más antiguas, Home Exchange. La española Trip4Real fue comprada por Airbnb y ahora forma parte de Airbnb Experiences. Y Blablacar, fundada en 2006, recaudó 400 millones de dólares y utilizó ese dinero para comprar competidores más pequeños e integrar nuevos países en su sistema.

“La adquisición de empresas en el ámbito digital es cotidiana. Es muy difícil escalar y se hace comprando otras empresas”, agrega Zimmermann. “Facebook lo hizo adquiriendo Instagram y WhatsApp. Muchas de las compañías adquiridas tienen muchas dificultades para escalar o competir. Incluso cuando se crean su objetivo en muchos casos ya es ser vendidas. Una plataforma para competir en varios países debe tener más mercado. Esto tiene que ver con el modelo de negocio en Internet, no solo en el turismo”. 

“La concentración es natural”, añade Francisco Rodríguez, consultor en economía colaborativa y autor del libro Del hospitium al turismo 4.0. “Para los usuarios resulta más fácil una plataforma más extendida. Les facilita la vida. Los monopolios casi nunca son buenos. La competencia es necesaria. Pero a nivel usuario cuantas más personas haya en Facebook será mejor, porque para encontrar a mi gente no tendré que ir plataforma por plataforma. En cierto modo es algo natural”.

No están tan de acuerdo muchos miembros de la antigua Home Exchange, que al ser comprada por Guest to Guest cambió completamente su filosofía y dejó una avalancha de quejas en la redes sociales y blogs, de personas usuarias insatisfechas con la nueva plataforma y sin alternativa en el mercado.

Como en otros ámbitos de la economía colaborativa, la única opción que tiene la comunidad para enfrentarse a los monopolios del “turismo colaborativo” es la cooperativización de las plataformas y el trabajo en red, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en este sentido, y estas plataformas tienen graves problemas de financiación.

En el centro de la resistencia a esta monopolización de los servicios se encuentra Trebor Scholz, director del Platform Cooperativism Consortium y del Institute for the Cooperative Digital Economy de The New School en Nueva York. Están estudiando estrategias financieras y comerciales para convertir y escalar el modelo cooperativo de plataforma, y para construir una alternativa cooperativa.

[Este artículo forma parte de un dossier dedicado al turismo colaborativo publicado en el número 68 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La salida de Avancar de Barcelona, en enero pasado, ha dado impulso a la cooperativa Som Mobilitat (Somos Movilidad). Cinco días después, solo en la ciudad vecina de Badalona, había reunido la cantidad de dinero necesario para financiar el 111% de un vehículo eléctrico. A través de un mapa interactivo, la ciudadanía fue comprando horas de uso de un futuro automóvil que estará situado en un aparcamiento de la localidad. 

“En un par de meses, cuando nos llegue el coche, se instalará el sistema y se podrá comenzar a funcionar”, dice ArnauVilardell, de Som Mobilitat. “El nuestro es un proyecto metropolitano, es decir, no solo urbano, como Avancar. Incluso es rural. Es algo muy diferente. Con su cierre estamos poniendo el énfasis en que es necesario construir entre la población una flota de car sharing colectiva”. 

La concepción de las cooperativas de car sharing es muy distinta a la de la empresa tradicional porque su objetivo no es un beneficio económico de pelotazo, sino mejorar la vida en las ciudades. Varias fueron las razones que hicieron que Avancar se fuera de Barcelona. Pero uno de los motivos fue la negativa del Ayuntamiento de permitir lo que se denomina one way, es decir, dejar el coche aparcado lejos de donde se recogió. Para el Ayuntamiento, el sistema one way hace que la flota de vehículos compita con el transporte público. En Som Mobilitat creen que el retorno es el modelo que mejor resuelve la movilidad en las ciudades. Su forma de ver el transporte no solo se relaciona con la reducción de costes medioambientales, sino también con la idea de que hay que priorizar, si se puede, el camino a pie. 

El modelo que intentan difundir por todo el territorio español es el que trabaja con aparcamientos de barrio, mejor si son subterráneos para que no ocupen el espacio público, donde puedan contar con un enchufe y donde haya que devolver el vehículo al finalizar su uso. “Nuestra reflexión es que las ciudades necesitan disponer de un sistema de car sharing que funcione y que sea complementario al servicio público”, agrega Vilardell. “Este modelo, evidentemente, tiene que ser eléctrico, porque debe ser acorde a la transición energética, con coches no contaminantes”.

Desde Som Mobilitat están ayudando a crear cooperativas similares en Madrid, Navarra y Galicia. “No queremos crecer expandiendo Som Mobilitat. Queremos que cada cooperativa gestione su propio territorio. Para nosotros es difícil pensar cómo se mueve la gente en otras comunidades. Preferimos ayudarles para que lo hagan ellos. La lógica es traspasar nuestra experiencia”, culmina. 

Mucho abarca, poco aprieta

El modelo de las cooperativas de movilidad sostenible, en empresas como Ecotxe, de las Illes Balears o la valenciana Alternacoop, es la idea de que la empresa no se pueda deslocalizar; que la propiedad sea colectiva y que, por tanto, no pueda venir una gran transnacional y comprar la compañía. Eso fue justamente lo que sucedió con Avancar. Esta compañía fue creada en 2005 por la Plataforma del Transport Públic (PTP) y contaba con instituciones como el mismo Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Fomento, además de empresas privadas. Fue en 2009 cuando entró en el accionariado Zipcar, para aportar avances tecnológicos, y terminó comprando el 100% de la empresa. Solo pasaron dos años cuando Zipcar la vendió a la multinacional Avis Budget por 380 millones de euros. Se intentó entrar en Madrid, con una gran inversión, y no se lograron los resultados esperados. Antes ya habían despedido a 30 trabajadores, habían arrojado unas pérdidas de 1,35 millones (2016) y habían cerrado el servicio de atención al cliente de España, Francia, Austria y Bélgica para externalizarlo con una empresa subcontratada en Atenas.

En el caso de la cooperativa, la idea de no buscar maximizar resultados, según sus precursores, permite intuir que puede funcionar. Aunque se pretende obtener beneficios, este no se entiende como en otras empresas privadas. 

“Al nacer de la demanda de la propia gente, lo que se espera es un modelo económico sostenible, que no va a sacar una rentabilidad gigantesca pero sí suficiente. Creemos que ha llegado el momento de explicar el modelo como una alternativa real y viable. En nuestra web hemos diseñado un mapa en el que la gente puede buscar entre los más de 170 aparcamientos propuestos en toda Cataluña, por supuesto también en Barcelona, para que la gente se comprometa con un aparcamiento concreto. Si hay mucha gente interesada, y juntamos, por ejemplo, 1.000 horas en un aparcamiento, la suma de esas horas nos permitirían comprar un vehículo”.

Las cooperativas de movilidad trabajan no solo entre las personas que forman parte de ellas, sino también entre cooperativas de España y del resto de Europa. Tanto Alternacoop como Som Mobilitat forman parte de la cooperativa de segundo grado The Mobility Factory, constituida en Bruselas en octubre pasado. Se sumaron varias experiencias similares en diferentes países (Partago, de Bélgica; Het, Lochem Energie, y Cooperatie Auto, de los Países Bajos; UrStrom y Energiegewinner, de Alemania) y formaron la plataforma, para intercooperar. 

Esta red permite, entre otras cosas, gestionar conjuntamente la tecnología para compartir vehículos y dar mejores servicios a nivel local. “Por ejemplo, de las nueve que somos ahora, si ponemos 10.000 euros cada una, tenemos 90.000 euros para una plataforma nueva”, explica Arnau Vilardell. “Si tuviéramos que desarrollar una versión 2.0 solos no podríamos. Compartiendo esfuerzos podemos hacer mucho más, incluso con otras plataformas, de bicis compartidas o motos”.

Las cooperativas españolas están unidas también en otro espacio europeo llamado Rescoop Mobility. Se trata de una entidad que agrupa cooperativas productoras y comercalizadoras de toda Europa, de energía renovable donde hay unas 2.000 entidades, entre la que están empresas homólogas, como Som Energia.

Todas tienen el objetivo de demostrar que se puede crear una movilidad limpia, que puede ser parte de la solución al problema energético. El 50% de la contaminación se debe a la movilidad, y los que buscan una movilidad eléctrica también buscan que haya molinos y placas solares para poder cerrar el círculo medioambiental.

El trabajar en red es importante también en otros aspectos. Por ejemplo, en la balear Ecotxe han tejido alianzas con otras empresas y organizaciones de la economía social y solidaria. “Hemos firmado un acuerdo con entidades como Som Energia, S’Altra Senalla de comercio justo y Fundació Deixalles”, explica Enrique Raya, miembro del consejo rector de Ecotxe. “Además de impulsar el proyecto, estos acuerdos permiten que las personas que son socias de estas entidades puedan acceder directamente al uso de Ecotxe, sin tener que hacerse socios”. Por otro lado, sus coches se han adquirido gracias a acciones colectivas: el primero a través de una campaña en Goteo y el segundo con la emisión de capital social voluntario entre las personas socias. Hace pocos días comenzaron una nueva campaña para la compra del tercer coche, que estaría ubicado en un pueblo cercano a Palma. 

Otro modelo de ciudad

Diversas empresas se dedican a la movilidad sostenible. Lo que distingue a las cooperativas, además de la propiedad, es el eje básico de construir ciudades más vivibles, no solo por el cambio climático, sino también por la salud y por la convivencia. 

Desde estas cooperativas dan la bienvenida a otras iniciativas como SocialCar (donde las personas alquilan sus propios coches mientras no los usan) o como la bicicleta compartida o los patinetes eléctricos, pero insisten en que la idea es dar prioridad a las caminatas, si es posible. Consideran que la movilidad en el modelo actual es una de las principales causas de muerte, ya sea a través de la respiración de la contaminación como a través del aumento de la obesidad (el ir en vehículo eléctrico, incluso en una bici o un patinete, no resuelve este tema porque se deja de hacer ejercicio). O con las muertes directas por atropello, cuando no se respeta el espacio público. Promueven ciudades en las que se pueda pasear y en las que el car sharing sea solo una buena herramienta más. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 67 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Aunque llevo muchos años de mi vida luchando por mis derechos y los de otras mujeres, si me preguntaban hace tiempo decía que no era feminista. Había trabajado en economía social y destacaba los casos donde las mujeres habían podido defenderse y empoderarse; había trabajado por los derechos humanos de mujeres y niñas en Centroamérica y en América Latina. Había discutido una y mil veces con hombres. Había sentido una y mil veces la bronca de ser maltratada por ser mujer, de ser tratada como niña, de no ser escuchada en una reunión, de ser insultada en la calle por hombres que no respetaban mi cuerpo… Sigo trabajando en Alternativas Económicas, intentando dar (darnos) voz.

Pero hasta hace tiempo identificaba el feminismo como algo donde premiaba la rabia. Donde unas mujeres acusaban a otras mujeres de no ser lo suficientemente luchadoras. Me sentía señalada con el dedo.  De hecho, en ciertas feministas todavía siento el dedo acusador… y la rabia.

Sin embargo, hace tiempo que veo que una buena parte del feminismo ha logrado romper esa barrera: incluirnos a todas sin acusar. La marcha del 8 de marzo, y las últimas marchas  son la prueba de que el feminismo está rompiendo muchísimas barreras: vamos mujeres de todos los colores, de todas las edades, con niños, sin niños, niñas de 15 años, abuelas… También se nota en el mundo publicitario, que muchas feministas acusarán de oportunista o de frívolo. Pero es la prueba de que el feminismo ha roto barreras y que está llegando a muchísima más gente. Como me explicaba la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grysnpan, en una entrevista, aunque sea solo una cuestión de que está mal visto un hombre machista, eso no existía hace unos años. Es un gran paso que se ha conseguido. Y no tiene vuelta atrás. Se irá contagiando hasta llegar mucho más lejos.

Como bien dice la economista feminista María Pazos Morán, en su libro imprescindible Contra el Patriarcado, hay mujeres que incluso no se dan cuenta del maltrato recibido; sufren una suerte de síndrome de Estocolmo y no quieren saber nada de cambios. ¿Vamos también a culpabilizarlas? ¿Les ponemos una carga más? ¿O más bien las hacemos sentir parte y les mostramos por qué es importante que se liberen?

Necesitamos seguir explicando los porqués, desde la economía feminista, desde el entendimiento y desde la sensibilidad. No hay que perder el sentido del cuidado y del cariño. Eso que nos han enseñado a las mujeres debe ser enseñado también a los hombres, no dejar de hacerlo las mujeres. Necesitamos que los cuidados sean el centro de las políticas públicas.

Frente a un grupo de hombres encolerizados, aterrados, que todavía no entienden que perder sus privilegios les conviene porque a su vez les suma muchos más derechos como personas, necesitamos estar unidas y ser muchas más.

Necesitamos a las actrices que dicen #metoo, y a las abuelas, y a las jóvenes, e incluso a las “frívolas” y a las oportunistas. Necesitamos todo eso. Pero sobre todo, todavía, necesitamos llegar a muchas más mujeres que siguen viendo en el feminismo a un grupo de mujeres con el dedo acusador.

Profesora asociada en el Instituto de Historia y Etnología Europea de la Universidad de Innsbruck, Silke Meyer está especializada en antropología económica y estudia el dinero como praxis social y cultural. En este ámbito, lidera el proyecto Follow the Money, que analiza el impacto del envío de remesas de dinero por parte de los inmigrantes en la creación de identidades transnacionales. Ha sido galardonada con varios premios por proyecto Money Matters (El dinero importa). Meyer sostiene que el trabajo y las relaciones económicas no solo sustentan nuestra vida material, sino que también ejercen un papel clave en la construcción de identidades individuales y colectivas. Esta es la idea principal con la que participó recientemente en el ciclo de debates La deuda: nuevos y viejos vínculos europeos, organizado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

En sus ensayos enlaza la deuda con la identidad. ¿Cómo funciona ese vínculo?

Como antropóloga, considero la deuda como una acción guiada por la reciprocidad. Das algo, recibes algo a cambio. A pesar de que la transacción financiera es en líquido, hay algo que nos compromete a ambos. Y esa relación va más allá de la transacción. Esencialmente, una práctica económica es también una práctica social. Eso funciona para individuos y para sociedades, en la deuda estatal. Yo sigo mucho a Maurizio Lazzarato en sus ideas sobre “el hombre endeudado”. Pude ver sus teorías en mi investigación sobre la insolvencia privada y cómo la gente afronta esa insolvencia. Entrevistando a las personas, podía darme cuenta de que la manera en la que me explicaban la historia no era exactamente lo que había sucedido, pero era la forma en la que querían que yo les viera. La manera en la que cuentas la historia está muy en la línea de los imperativos sociales sobre qué quieren los demás que seas. Si quieres salir de una deuda financiera debes salir de la deuda moral. En Alemania tienes una Ley de Insolvencia, que da una especie de código de conducta. Te tienes que comportar. Tienes que intentar ir a trabajar, aceptar cualquier trabajo, dejar que el Estado mire tus relaciones financieras, etc. Todo va de ser responsable, tener iniciativa, ser abierto y flexible.

¿Es eso malo?

Depende. No es malo porque te da una manera de liberarte de la deuda, pero es malo porque sugiere, de una forma muy profunda, que tienes que asumir tu propia responsabilidad por tu propia deuda. De alguna manera, hace invisible el contexto estructural de tu deuda. He hablado con mujeres cuyos maridos las han abandonado, que están enfermas, que se han quedado en el paro. Y ellas no me contaban estas situaciones. Me contaban lo buenas que eran ahora, el cómo se organizaban, el cómo podían ir respondiendo a sus propias deudas. De alguna manera hacían invisible el contexto político de su deuda, ante las responsabilidades individuales. Es una trampa: tú asumes responsabilidad sobre tus acciones, es culpa tuya. Y creo que eso es muy duro, porque no puedes decir: “bueno, me he quedado en el paro”, porque va todo sobre ti, y tú debes tener iniciativa. Es un subtexto muy neoliberal, lo que Lazzarato llama “el hombre endeudado”. Tiene todo que ver con este régimen, que no es solo externo, hecho por bancos o el estado, sino interno, y puede ser muy destructivo.

Esta de alguna forma es la idea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de hacer a la gente comprender que no es culpa suya, que había culpables políticos.

Es eso: la deuda no es culpa tuya. Es lo mismo que en el contexto de Estados Unidos, con las subprime. Lo que pasó allí fue que era gente que no podía acceder a una deuda. Lo que los bancos les ofrecieron era basura. No comprobaron nada. Les cobraban cualquier honorario. Y luego les quitaban las casas. Es difícil decir “no es culpa tuya”. Tú firmaste el contrato, tú hiciste los cálculos en tu cabeza. Pero tal vez no calculaste que podrías enfermar. Y no hay red, no hay red de bienestar social. Si tu hijo se enferma, ¿qué haces?

En sus textos usted habla de la “lógica de la cultura del endeudamiento”: ¿cuál es esa lógica?

Cuando yo te pido un crédito, tú tienes permiso para ver mi historial, si no me conoces. Mejor haces una comprobación, y es lo que los bancos hacen. Desde el otro punto de vista, si yo te pido dinero y tú me das 2.000 euros, yo tengo una calificación crediticia, una solvencia crediticia, de 2.000 euros. Lo que pasó en Alemania un tiempo, aunque ahora creo que es ilegal, es que tú pedías un crédito al consumo de 2.000 euros, y ellos te decían: pide más. Toma 3.000 o 5.000. Promovían muy activamente que tú te endeudaras con más de lo que necesitabas, porque por supuesto sabían que lo gastarías. Desde el punto de vista de la deuda, la gente piensa: “Oh, si me dicen que me dan 5.000 aunque les he pedido 2.000, eso quiere decir que yo lo valgo. Y lo puedo gastar”. Esa es la lógica de la cultura del endeudamiento, que promueve el gasto. Por supuesto, si no chequeas quién soy, ya no significa nada que te den un crédito. Es muy fácil caer en la trampa. Yo también lo he hecho. Cuando era una estudiante de doctorado entré en un banco solo para ver cuánto iba a sacar. Pero yo no tenía dinero. Acababa de entrar a la universidad. Lo dije en el banco y ellos me ofrecieron más dinero y yo estaba realmente sorprendida, pero a la vez halagada. Pude ver cómo incluso en una situación en la que necesitas dinero te dan más del mínimo y tú lees: confiamos en ti.

Por supuesto, lo tienes que devolver.

El crédito y todos los honorarios, que la gente no termina de ver. Luego se pide otra tarjeta para juntar todos los créditos. Y siempre va a más.

En ese sentido, sobre el significado de la deuda, usted habla de que tener un crédito en Estados Unidos te hace un emprendedor, pero en Alemania un perdedor…

Sí. Las razones tienen que ver con la historia de ambos países. Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes centenares de años. La gente llega y no tiene nada. Y si quieres comenzar un negocio tomas dinero prestado. En Alemania, Austria, España y otros países, tienes que tener algo antes antes de que te den un crédito. Esta idea de que llegas a un lugar y no tienes nada y te dan un crédito es muy extraña. En el contexto alemán, esto tiene que ver con el nacionalsocialismo, que era muchas cosas, pero no era de la clase media. La idea del del ahorro fue muy atractiva para la clase media en la década de 1950, en el momento en que todo el mundo quería distanciarse del nacionalsocialismo. Tenían que ser austeros.

Es buena la idea de ser austeros, ¿no?

Cuando estaba de estudiante de doctorado en Londres tenía muy poco dinero. Y tenía amigos que trabajaban y tenían más dinero que yo, pero constantemente vivían a crédito. Tenían una vida muy buena, y lo hacían con esa tarjeta de crédito. Yo no podía hacer eso. Era mi cultura. Por supuesto, es la cultura histórica, el cómo has crecido respecto al dinero. Yo podía ver que vivían bien sus vidas. No tenían miedo de gastar. La diferencia con los países de habla inglesa es que el crédito es muy de la clase media. Tú tienes que pagar mucho dinero para ir a la universidad. A esa edad es muy normal que tengas una deuda grande.

Y también luego es muy difícil de pagar…

Sin duda, pero es parte de la vida de la clase media. Si quieres una buena educación, pagas por ella. Es normal. En Alemania, no. Nuestra educación es gratis, así que cuando yo me gradué no tenía deudas. Hay tantas personas jóvenes de Estados Unidos e incluso muchísimas de Reino Unido endeudadas que pierde su terror. Se ve como algo normal.

Por eso, ahora quieren que les condonen las deudas. Pero, por otro lado, el miedo alemán o español a la deuda también es el miedo a emprendrer. Es demasiado arriesgado endeudarse...

Está la idea de que si tienes una deuda has hecho algo mal. Si tienes una casa, moralmente no hay problema. Pero si no tienes nada que mostrar es moralmente malo. Justo acabo de terminar de escribir un texto en el que comparo dos programas de televisión sobre emprendedores. Uno en Estados Unidos, que se llama Vida o muerte, en el que tienes inversores que dicen: “lo has hecho mal, no has invertido correctamente, etc.”. Y el alemán, en el que hay un trabajador social y contable, y que está completamente en la línea con “el hombre endeudado” del que hablábamos antes: “tú estás endeudado. ¿qué crees que te ha pasado? ¿Cómo has llegado hasta aquí?”, haciendo responsable a la persona que está endeudada. Todo va alrededor del hecho de que tienes que hacer frente a la deuda, tienes que asumir toda la responsabilidad. No se habla, por supuesto, de que no eres tú. De que usualmente la gente hace las matemáticas mal. O que estaba en una situación difícil, siendo autónomo. No es gente que esté endeudada viviendo una vida glamurosa. Es usualmente gente a la que se la ido viniendo el mundo encima, porque se le ha roto una máquina, porque una cosa llevó a la otra, porque no tenía el capital social de la familia. Por ejemplo, si eres taxista y necesitas urgente algo más de dinero porque se te ha roto el coche y no te alcanza. Es ese tipo de situación. Y creo que también por eso los pobres pagan más, porque pueden entrar en esos momentos en que necesitan como sea un crédito, y tienen que aceptar honorarios y condiciones más desfavorables. Si tienes 50.000 euros en efectivo puedes ir a buscar la oferta más barata. Si tienes 2.000 tienes que aceptar lo que te dan.

Usted dice que la deuda y la identidad están ligadas con la globalización. ¿Cómo es esa relación?

El ángulo que hemos estudiado es a través de las remesas: el dinero que los migrantes devuelven a sus países. Es mucho dinero, casi tres veces más que la ayuda al desarrollo en todo el mundo. La idea de la identidad transnacional es el hecho de vivir en muchos lugares, no solo aquí o solo allí, sino un poco en ambos sitios. Es posible seguir esta situación a través de las remesas. Se han convertido en algo de todos los días para los migrantes. Hay una red global que conecta unos con otros. Y cuando entrevistas a esas otras personas, ves que esas remesas forman su identidad.

¿De qué manera?

En la investigación Follow the money (Sigue el dinero) estudiamos el nexo migratorio entre Austria y Turquía. Trabajamos en una comunidad pequeña, de unas 4.000 personas, llamada Fulpmes, en el valle de Stubai, un lugar muy bonito de vacaciones, esquí, caminatas, naturaleza. Y entre estas 4.000 personas, hay unas 900 de origen turco, lo que es mucho en Austria. Esto tiene un origen histórico. En la década de 1960 hubo una invitación para que gente de Turquía viniera a trabajar a esta zona. Muchos se quedaron, trajeron a sus padres, se han instalado, tienen trabajos buenos y se han convertido en una comunidad muy transnacional. No lo llamaría diáspora turca; es una comunidad transnacional.

En sus textos dice que hay una diferencia entre una comunidad cosmopolita y otra transnacional...

Cuando hablo de transnacionalismo, hablo de gente que se conecta por encima de las fronteras durante toda la vida. Que viven su día a día, su vida familiar, por encima de las fronteras. Pero no es de una manera en que las fronteras no importan. No estamos en un mundo que se esté volviendo global, donde los Estados no importan y somos abiertos. Justamente la comunidad es transnacional por los regímenes de las fronteras, en la UE. Tiene que ver con los pasaportes dobles, el tratado de Shengen, el brexit. Es justamente sobre los Estados nación. Podemos notar también en la comunidad turca que todo lo que pasa en Turquía muestra una fuerte renacionalización. En el contexto turco lo sienten de una manera muy fuerte, con tradición, con historia, con trajes. Están inventando la nación como la conocemos en el siglo XIX. Está pasando nuevamente. Y en el contexto turco en Austria era una comunidad muy transnacional pero ha sido renacionalizada.

¿Renacionalizada en la perspectiva turca?

Sí. O diría más, desde la perspectiva otomana. Es la idea de la herencia cultural, de ser superior, no importa respecto a quién.

Eso pasa en muchos lugares…

Claro. Si quiero hacer a mi nación fuerte, ¿qué digo? Que ha estado aquí por siempre. Ninguno de nosotros ha estado aquí por siempre, ni ninguna nación. Pero es una narrativa muy poderosa.

Pero en ese caso, ser turco es ser inferior.

La narrativa de la superioridad es tan fuerte justo porque en la vida ordinaria la gente los ha hecho sentir inferiores. La historia de los trabajadores invitados ha sido triste en muchos casos; y esto vuelve al Gobierno austríaco, porque la diáspora turca, que es una comunidad muy transnacional, se ha vuelto más aislada. Eso nunca es una buena cosa.

¿Pero qué tiene que ver la deuda con la idea de superioridad de un país?

En este caso, la idea de la deuda va directamente relacionada con la identidad transnacional, en la que las remesas, aunque no son deuda estricta, representan un régimen de pagos. También dependen de la reciprocidad: alguien da algo y está esperando algo a cambio. Y es bien difícil porque no hay contrato. Es parte de la lealtad, de la solidaridad, de la nostalgia y es una influencia en la comunidad. Pero a la vez, me liga a esa comunidad de forma eterna. Es algo muy interno: tienes que hacerlo, debes hacerlo, de alguna manera. Y es muy difícil no hacerlo. Sabemos que la situación económica prácticamente apenas da para sobrevivir, pero siguen enviando dinero a casa. Nosotros encontramos que la situación cambia usualmente después de los siete años, cuando puede que vuelvas a tu país de origen, o la familia se regulariza en una nueva casa. Y cambia también la manera en que pagas. La generación de la que estamos hablando puede que no dé más dinero, pero sí cosas como electrodomésticos, herramientas, etc. O puede que no dé dinero a la familia, pero sí a una entidad religiosa, como donación. No es un pago directo, pero tiene esa asimetría entre el que manda y el que recibe.

Tiene que ver con el poder...

Usualmente, el que da el crédito es el poderoso y el que recibe no, y lo que encontramos en la situación con los migrantes es que este dinero es tan desesperadamente necesitado que se vuelve al revés. Quiero decir que en algunos casos el que paga es más débil que el que recibe, porque está obligado a hacerlo.

Usted tituló a uno de sus proyectos, El dinero importa: ¿Qué es el dinero?

Ese fue el primer proyecto en el que miré el dinero como algo social. La manera en que gastamos habla mucho de nosotros. Por ejemplo, hablé con una camarera que me decía: “me llevo dos tipos de dinero a casa. El que está en mi bolsillo izquierdo tiene las propinas y el otro mi salario. Con el derecho pago la renta y con el otro la camiseta que me compré y no puedo permitirme”. Para mí, el dinero es dinero. Pero hay muchos ejemplos en los que dice mucho sobre la relación social. Por ejemplo, si pregunto ¿puedo regalar dinero a mi hermana para su cumpleaños? La mayor parte de la gente diría “no; es muy impersonal”. Pero pasa todo el rato. En bodas, o comuniones, o bar-mitzvas damos dinero. Ahora hay hasta un negocio de cómo regalar dinero de una manera artística, es bastante vergonzoso: le llaman Eurogami.

Son tradiciones...

Es histórico. En economía está la idea de que la gente solía comerciar en espacios cara a cara. En un intercambio perfecto tú quieres peras, yo pan y cambiamos. Luego vino el dinero porque yo quería bananas y tu tenías peras. Pero la historia dice que en el inicio de los tiempos modernos el crédito comenzó para eludir problemas sociales. Si tienes un banco, de alguna manera eres más libre de esa relación social. Por ejemplo, si tú pides dinero prestado a tu hermana para estudiar en Barcelona y te vas de fiesta, tu hermana te dirá “te he dado dinero para ir a la universidad, no para la fiesta”. Es el tipo de situación que quieres evitar. ¿Qué haces? Vas al banco, que no te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando estudiamos el dinero como regalo, miramos las carteras. Y no tienen solo dinero, sino todo tipo de cosas: tarjetas de crédito, de afiliación, fotografías, recibos de las últimas dos semanas, etc. Es muy personal y eso es lo que demostramos en el estudio Money matters.

¿Cómo se refleja esta situación de las remesas en las mujeres?

En algunos casos que estudiamos eran los hombres los que migraban, porque era lo que requería la industria. Mandaban dinero a casa. Y en muchos casos la mujer recibía la remesa, lo que hizo que, de pronto, tuvieran dinero. De alguna manera, eso las empoderaba porque antes de esa situación era el hombre quien gestionaba el dinero. Y ellas hicieron un uso del dinero bastante exitoso.

¿Y luego, al reencontrarse?

Tenemos varias situaciones en las que la gente hablaba de conflicto cuando la familia se reunía. De pronto, se quitaba a las mujeres la responsabilidad. Además, no podían trabajar ni hablaban el idioma, los hombres ya estaban allí desde hacía tiempo, jugaban al fútbol, tenían amigos, una vida y un lazo con la comunidad. Y ellas se encontraban con un doble problema de falta de poder: ya no tenían el dinero y estaban en esa situación de mucho aislamiento. Ese es un contexto muy específico. Normalmente en las remesas encontramos que las mujeres ganan más y envían más del dinero ganado, tal vez porque el hecho de vivir en una familia transnacional hace que hagan una compensación por no estar ahí para sus hijos. Intentan enviar cada centavo.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 67 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

“Lo llamamos Far Food porque ejemplifica la importación de lejos, en busca de un Dorado de dinero rápido sin cargas de derechos sociales con el que enriquecerse a lo Far West tanto aquí como allí”, dice Ernest Gutiérrez, del Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ODESC). Se refiere a la web  farfood.land. Desde el Observatorio se han propuesto ir volcando ahí la información relacionada con investigaciones, debates e informes sobre el modelo económico capitalista ligado a la agricultura y la alimentación.

“El mercantilismo actual concibe la alimentación como un objeto para la agroexportación de monocultivo especializado, la extracción de recursos naturales, la explotación laboral y la gran distribución a miles de kilómetros en competencia feroz y global. Con cualquier alimento, al margen de los impactos en el medio y las personas que provoca. Y en dirección contraria a la cobertura de necesidades sociales o la capacidad de un propio territorio para proveerlas y abastecerse sostenible y suficientemente”, explican en farfood.land.

Esta conclusión proviene de muchas investigaciones anteriores del ODESC, de reflexiones sobre casos prácticos y de una serie de debates organizados por la misma institución (las ponencias se encuentran todas en la web), en los que los mismos actores (campesinos, miembros de organizaciones agrarias y profesores) han reflexionado sobre las dinámicas del capitalismo alimentario actual y sus impactos desde múltiples vertientes.

En la página se explican varios casos o procesos que inquietan a la organización, relacionadas con un modelo agroexportador y de monocultivos, que propicia la concentración de capital y elimina a los pequeños productores. Y especialmente, alertan sobre la vulnerabilidad que tenemos al depender de ese modelo.

El ejemplo lo muestra claramente el profesor de la Universidad Rovira i Virgili Sergi Saladié, investigador y consultor en los ámbitos del paisaje, la energía y las políticas de planificación territorial: “En 2008, el barril de crudo pasó de 70 a 140 dólares”, explica en la conferencia cuyo vídeo completo puede verse en la página del Observatorio. “Eso ocasionó una subida de los productos derivados del petróleo, del gasoil, y los transportistas pidieron entonces una ayuda del Gobierno de Zapatero, quien les dijo que no. Entonces hicieron una huelga que duró 15 días. Dejaron de llevar comida a los mercados centrales. No llegaba el suministro alimentario (...). Eso provocó que en las noticias salieran las estanterías vacías. Para mí esa imagen era la muestra de la vulnerabilidad del sistema alimentario. Parece que son espacios de la abundancia. Pero en cambio, un incremento del precio del petróleo y una huelga permitió que se viera la vulnerabilidad. La pregunta es: ¿y si eso mismo en vez de durar 15 días hubiera durado un mes o dos o medio año, ya sea por una subida del petróleo, por un desastre natural o una inestabilidad política desde cualquiera de los lugares desde donde nos llegan los flujos alimentarios? Seguramente habría una revolución (...). Producimos mucho más por kilo de lo que necesitamos, pero son muy pocas cosas. Producimos poca diversidad, y destinada a exportación”.

Lechugas, cerdos y algo más

Desde la página dan algunos ejemplos en números de cómo es el monocultivo. Uno es el de la lechuga. Dependiendo de la época del año, hasta el 80% de la lechuga que se consume en Europa proviene de Murcia. “Cosechar una lechuga en los campos de Cartagena y Murcia es retribuido en torno a los 0,03 céntimos de euro por unidad de coste salarial bruto y trabajador/a, en régimen de contratación legal temporal en el mejor de los casos (es decir, sin costes de recurrencias futuras para el empresario agroexportador), con una explotación intensiva de recolección y embalaje en cadena de entre 5.000 y 6.000 lechugas por trabajador/a y día”, explican. “Un ritmo con costes y riesgos de salud (presentes y futuros con impactos personales y también en otros subsistemas de servicios) que corren a cargo del trabajadora/a”.

Ernest Gutiérrez, del Observatorio, fue personalmente a los campos para comprobar la forma de trabajo. Y volvió horrorizado con las condiciones. “Lo que dicen es que es todo legal, pero es imposible trabajar con personas en condiciones de legalidad. No me lo creo”, agrega. “En la producción de origen a destino y para un mismo producto tenemos una larga cadena de suministros, subcontrataciones y hasta transportistas autónomos. Es una fragmentación planificada a propósito, para desresponsabilizarse con la excusa de la especialización que en este caso no existe porque la lechuga, el tomate o la lata de sardinas es la misma que consumíamos antes. Con tanta fragmentación, la inspección y control es siempre más cara y compleja. Esto es mucho peor con la imposibilidad de inspección legal fuera de tu territorio legal de inspección: Farwest 2.0”.

¿Pero es eso nuevo? ¿No era ya el Far West desde hace siglos? “No”, responde Gutiérrez. “En Europa se habían conseguido ciertos estándares que se están perdiendo. Se dice que en Almería y Murcia se ha recuperado porque ha subido muchísimo el PIB. Pero no se toma en cuenta la distribución de esa riqueza. Hemos propiciado una cultura de salarios bajos, sin tomar en cuenta que con esos salarios bajos tampoco se puede financiar bien el Estado, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios”.

Las cifras de concentración de la producción es otro de los aspectos que se presentan en Farfood. Uno de los ejemplos de esa concentración se dan en Cataluña. Según el periodista del periódico local SomGarrigues Miquel Andreu, muy relacionado con el mundo agrario, “en Cataluña hay 7,7 millones de cerdos, casi la mitad de la producción de España, y muy concentrada en ciertas áreas”. Y añade: “Producimos 1,6 millones de toneladas de carne de cerdo al año, el 65% para exportación, principalmente a Francia, pero también a China, a Japón y a Corea del Sur. Pues bien: en 1982 había en Cataluña 21.000 explotaciones agrarias; en 1989 ya eran 14.000. En 1999, 8.000, y en 2009, el último censo agrario, había 6.000. Esto quiere decir que cada vez hay más cerdos, pero en menos manos”.

Algo parecido cuenta Ramon Tarridas, expescador de artes menores, miembro fundador de la plataforma euromediterránea MedArtNet y restaurador profesional en Baños Tarridas y el Pescado Grilla, quien culpa en parte a las políticas de la Unión Europea, que terminan beneficiando a las grandes empresas: “Se han perdido el 50% de los pescadores en los últimos 20 años. Los recursos pesqueros están bajo mínimos. Y el 95% de las especies mediterráneas están sobreexplotadas. Las subvenciones de la UE han empobrecido a los pescadores. Y eso que se dieron subvenciones: nos dieron el 45% de las nuevas embarcaciones a fondo perdido, el combustible al 50%, la Seguridad Social al 60% y, aun así, ha desaparecido el 50% de la flota”.

Lo que sucede, según Tarridas, es que se han beneficiado de las ayudas las grandes empresas, a pesar de que los pequeños lucharon para que se dieran solo a los pequeños pescadores. “El 80% de la flota europea, es decir, más de 66.000 embarcaciones, son flota artesanal, de no más de 12 metros, que da trabajo a infinidad de personas. En Europa se hace política pesquera, pero para los grandes, no para los pequeños, y aquí está la muestra”.

Dinero público

“Para colmo, estas grandes empresas agrícolas requieren infraestructuras de regadíos que son público-privadas, es decir, que una parte las paga toda la ciudadanía”, agrega Gutiérrez. En la web incluyen información sobre el Tajo-Segura: “El trasvase del Tajo-Segura es una de las infraestructuras que explican que en la Región de Murcia haya 85.000 hectáreas de regadío intensivo, con exportaciones hortofrutícolas que superan los 2.000 millones de euros al año (...). De los 600.000 metros cúbicos de trasvase de agua al año, dos terceras partes son para el regadío. Menos del 20% es para abastecimiento de agua potable, y dentro del cual se cuenta el uso de agua para las plazas hoteleras (...). Para poder continuar nutriendo el extractivismo, los principales grupos agroalimentarios en la región se han aliado para la construcción de dos desaladoras más con financiación de la UE, pero seguirán siendo insuficientes”.

“Estos costes medioambientales y dumping social, de infrasalarios a la par que grandes inversiones logísticas, afectan a la demanda interna, a la fiscalidad y la financiación colectiva de necesidades como la educación pública universal, la sanidad, las pensiones y la cobertura solidaria por desempleo”, concluye Gutiérrez. “Pero en el Far West, los derechos sociales son cargas, no externalidades positivas”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 66 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Kees Vendrick (55) es político de profesión. Ha estado toda su vida en la política, con los Verdes, desde que salió de la Universidad hasta 2017, cuando comenzó a trabajar en Triodos Bank. Durante su carrera política estuvo involucrado en temas de sostenibilidad, justicia social y dinero público. Se fue más por obligación que por ganas (el partido tiene una legislación que no permite permanecer en el Parlamento durante periodos largos). No sería raro que lo veamos pronto otra vez en la arena política, a la espera del próximo embate. Mientras tanto, Triodos es su casa, el lugar desde donde trabaja para mejorar el mundo. Conversa con Alternativas Económicas en el edificio de Les Punxes, de Barcelona, haciendo espacio entre el aeropuerto y un encuentro con clientes de su entidad, que presume de ser un banco ético y responsable.

Usted trabaja en un banco que tiene la intención de ayudar al desarrollo, no solo en Europa, sino también en otros países del mundo. Hay un gráfico que muestra que cuanto más crece el PIB más crecen las emisiones de CO2. ¿Cómo podemos resolver este dilema?

Es una pregunta muy difícil y lidiamos con ello todos los días. Tres años atrás la comunidad mundial decidió en los acuerdos de París que teníamos que recortar las emisiones de carbono. A su vez, hace tres años, el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenibe (ODS). También incluyeron el combatir el cambio climático, y sentaron la agenda de reducir la exclusión social, luchar contra desigualdad, etc. ¿Nuestro sistema económico encaja con esto? La respuesta franca es que nadie lo sabe del todo. He trabajado en estos temas los últimos 30 años. Tenemos una mirada crítica; pensamos que el crecimiento económico no debería ser el todo en la política económica. El mundo hace tres años asumió una decisión: la emisión de carbono global está antes. Si no resuelves ese problema nada tiene sentido. En algunos casos necesitamos un crecimiento económico, especialmente en los países pobres. Yo no soy quién para ir a África y decir: dejen de crecer. Estos países necesitan claramente más riqueza material, para cubrir las necesidades básicas. En los países ricos el crecimiento económico no debería ser el objetivo principal.

Usted trabajó con los Verdes de Holanda. ¿Volvería a la política?

No lo sé. Amo la política. Conozco a mucha gente descontenta, que miran a los políticos con recelo. Y sé que algunos políticos irritan a cualquiera, incluido a mí. Dicho esto, creo que la política gubernamental realmente es importante. Si quieres que se cumplan los ODS tienes que hacer política, no hay salida. En sociedades democráticas las políticas gubernamentales dependen de esos políticos. Espero que cada nueva generación sienta la urgencia de entrar, en vez de quedarse parada a un lado diciendo “bueno, así son todos los políticos”.

Una de las cosas que me cuentan que hizo fue impulsar el software libre. Logró crear una agencia pública. ¿Cuáles fueron los resultados?

Fue 16 años atrás, y en ese tiempo en los contratos públicos compraban software de las grandes compañías tecnológicas. Usaban Microsoft, por ejemplo, para los escritorios. Y en mi partido, quisimos cambiar esta política, para ir comprando software libre. La idea era prevenir la dependencia de un solo proveedor. Es una cuestión de dinero, pero más básicamente es una cuestión de libertad. Una economía abierta está siempre en lucha contra los monopolios. Lo veremos con las compañías tecnológicas.  Es malo para la economía y para la sociedad, y es peligroso. Los gobiernos pueden hacer una diferencia, eligiendo no comprar más de este software, y dando apoyo al mismo tiempo al software libre. El parlamento lo adoptó. Uno de los resultados fue la creación de un centro de conocimiento. Fue un buen paso, pero todavía queda un mundo de luchas. 

Siguiendo con el tema de la tecnología, ¿qué opina del Blockchain? ¿Puede terminar con los bancos?

Para ser honesto, soy muy escéptico. La llegada del bitcoin perseguía alternativas interesantes a la moneda gubernamental. Pero se convirtió en un esquema Ponzi (un fraude). La primera gente que compró bitcoins hace 10 años se hizo rica. No es el propósito de una moneda el hacer que alguna gente se haga rica por nada. No hay ninguna conexión con la economía real. Conozco mucha gente que tiene grandes expectativas sobre el uso del Blockchain. Yo no lo veo. Lo que veo es que se usa una gran cantidad de energía, y es completamente contrario a la lucha contra el cambio climático. Los números son bien absurdos. Pero estoy abierto a nuevas perspectivas y nuevos desarrollos en estos ámbitos.

Se han cumplido 10 años de la quiebra de Lehman Brothers y los máximos responsables, con alguna excepción en casos como el de Islandia, no han ido a la cárcel. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cómo debería ser regulado?

Especialmente Europa hizo un mal trabajo. Aunque dio un buen paso en 2014, con la creación de la unión bancaria. En el caso de España vimos cómo quebraban los bancos, sosteniéndose sobre los hombros de los Gobiernos. Y vimos los efectos devastadores de la conexión entre Gobiernos y bancos. La idea básica de la unión bancaria es desenredar la relación de los bancos de esos países con los Gobiernos nacionales. No hemos llegado allí, no hemos completado la unión bancaria, pero es un buen paso. En Europa los bancos deberían incrementar drásticamente el capital y tener suficiente capacidad para limpiar su propio lío. No lo hemos hecho. Los bancos en toda Europa, ayudados por el lobby propio de la industria bancaria, especialmente en mi país, Alemania, Francia y en Bélgica, presionaron a los políticos tanto en el ámbito nacional como en la Comisión Europea respecto a los requerimientos de capital. Y los Gobiernos han cedido a esta presión. El otro tema es ¿cómo quieres que un banco sea gestionado? ¿Vas a buscar los beneficios rápidos? ¿O prefieres que un banco tenga una visión holística, y ayude a la economía real? Si financias a la sociedad, como lo hacemos en Triodos, los resultados son mucho más estables. Hay otro aspecto sobre la estabilidad: deberíamos mirar los procesos en el sector financiero. Cómo se toman las decisiones, las juntas de los bancos y los procesos de préstamo. La buena noticia es que comenzamos este debate en Bruselas la pasada primavera. Bueno… lo hicimos 10 años después. 

¿Qué piensa de la banca pública? 

Otra lección de la crisis. Forzaron a los bancos a parecerse cada vez más entre ellos. Ese es uno de los efectos negativos de la falta de supervisión de los bancos de Europa. La diversidad del panorama bancario está desapareciendo gradualmente. En Holanda también cayeron nuestros bancos con la crisis. Perdimos un banco que podía haber sido público para siempre. Otra de las lecciones de la crisis: la mayoría de los bancos que tuvieron problemas en 2008 estaban en Bolsa. El capitalismo hizo un trabajo muy malo en la industria bancaria, presionando para subir los beneficios y forzando a los directivos y a los consejos a adoptar riesgos. Eso contribuyó al colapso.

Se habla de Holanda como paraíso fiscal. Existen los llamados Besloten Vennootschap (BV), sociedades de responsabilidad limitada. Un español tiene dinero en Suiza. Lo presta a una empresa (suya) holandesa, condona la deuda y vuelve a España en forma de inversión. Es la sociedad que hace de contenido del sándwich holandés. Muchas empresas españolas utilizan las BV holandesas de forma legal para eludir impuestos. ¿Qué opina de esto?

Desde hace décadas, Holanda está del lado equivocado junto con Luxemburgo, las Islas Caimán, etc. Es una invención de los nuevos políticos liberales. El líder de la derecha liberal holandesa, que se convirtió en comisario de la Comisión Europea en 1999, dijo en palabras exactas: “La competencia fiscal entre los Estados es nuestra meta última”. Competencia fiscal significa que si uno está creando un paraíso fiscal en un país el otro puede hacer lo mismo… Si uno puede flexibilizar, el otro intenta no presionar mucho… Ese proceso es la mayor fuente de inequidad y es devastador para las finanzas públicas. Espero, y esa es también la posición de Triodos, que el Gobierno holandés y los políticos puedan cambiar la situación. Que pueda haber una cooperación internacional, una lucha contra la evasión fiscal.

En el caso de Holanda, ¿qué gana el Estado con ello?

Hay un gran debate al respecto. Si atraes enormes cantidades de dinero, va a todo tipo de actividad fiscal amigable. Toman una muy pequeña cantidad de ese pastel y ganan algo de dinero. Pero en relación es prácticamente nada. Por otro lado, crea una enorme cantidad de empleo. Y crea una industria de facilidades para esta práctica de evasión. Dictadores, criminales, etc. son conscientes de la manera muy profesional en que la industria holandesa de las finanzas les da servicio.

Supongamos que usted se presenta para ganar las elecciones. Y lleva en su programa cambiar esta situación. ¿Puede que entonces no le voten?

Yo era miembro del Parlamento y tratamos de poner este tema en la agenda política y todo el mundo permanecía en silencio. Todo pasaba debajo de la mesa. Ahora es un tema abiertamente debatido en el Parlamento. El secretario de Finanzas, a cargo de la legislación, tiene que explicar, frecuentemente, qué es lo que hace, para cerrar algunos centros. Públicamente ha dicho que quería hacerlo, y le creo. Estamos cambiando, pero es un proceso muy difícil en el que es necesario cooperar internacionalmente con otros países. Irlanda, Luxemburgo… Espero que los políticos en estos países se comprometan y formen una coalición internacional. Si no lo hacen, puede haber otra fuente de populismo y de gente dando la espalda a los políticos; una fuente de malestar en la sociedad. Necesitamos el interés de la gente para pagar sus impuestos. Si perdemos eso, la situación se vuelve muy difícil. Solo hay que ver el ejemplo de Grecia. La lección es siempre la misma. Quienes se ven más afectados son quienes dependen de las finanzas públicas. 

Miguel Arias Cañete, actualmente comisario de Energía y Acción por el Clima en la Comisión Europea y exministro de Medio Ambiente español, usa las BV para eludir impuestos...  

No conozco de cerca este caso, pero no importa si hablas de multinacionales eludiendo impuestos o de gente rica, que va a tener el dinero para conseguir la asesoría financiera y encontrar su camino, cada uno debe pagar su parte justa. Debería ser parte de la política de negocios, Google, Shell, quien sea. Si dicen que tienen su responsabilidad social corporativa o cualquier otra manera de llamarlo, mi pregunta es: ¿Cuál es tu política impositiva? Les pedimos que salgan del negocio de eludir impuestos. Los cuatro grandes (Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG y PricewaterhouseCoopers) facilitan estas estructuras de forma masiva. Aléjense de ellos. Si son serios, este tema debería ser parte de su agenda.

Usted ha nombrado antes los populismos. ¿Por qué cree que ha avanzado tanto la ultraderecha en Holanda y sigue avanzando en toda Europa? 

Tenemos muchos debates en Holanda sobre este tema. Veo desarrollos que crean fuentes de populismo, descontento político. ING tuvo que pagar hace poco una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero. Y muchos políticos, seguro, hasta se enfadaron: “Oh, ¡vamos! No te puedes tomar esto seriamente. Todo el mundo sabe que en Holanda estamos muy abiertos a los abusos de nuestro sistema financiero profesional”. Es decir, este es un tema serio. Uno de los comisionados escribió en un periódico “hicimos lo que pudimos. Las cosas salen mal. Puede pasar”. Estaba mostrando la actitud antigua de los bancos antes de la crisis. Estúpidamente, mostrándole a todo el mundo que no habían aprendido la lección. La mayoría de los banqueros no han sido investigados ni procesados ni en Europa ni en Estados Unidos. Se salieron con la suya. La gente siente mucha rabia sobre los efectos de una crisis financiera en la que ellos no estaban involucrados, una crisis que han sentido muy severamente en algunos casos. Esa es una de las grandes fuentes de descontento. Además, está el tema de los impuestos, otra fuente de descontento. Los Gobiernos no están interviniendo al impedir las estrategias financieras de elusión de impuestos de las grandes compañías. Hay un límite en la aceptación de la gente en todo tipo de diferencias en la sociedad. La mayoría de los Gobiernos, también en mi país, incluso el partido socialista hicieron sus elecciones, en mi opinión poco felices, sobre este tema. Y ellos crearon el espacio para que los políticos de la ultraderecha ganaran apoyos.

Ha hablado usted de los banqueros. ¿Qué opina de sus salarios? 

Tengo discusiones con banqueros del mainstream y su sentimiento es: “¿Ha terminado todo esto ya? Ok. No recibimos bonificaciones durante cinco años, arreglamos algunas cosas en el banco, cuidamos a la gente, bla, bla, bla... Volvamos ahora a los negocios”. Las lecciones todavía necesitan ser aprendidas. Por otro lado, las nuevas generaciones que empiezan a trabajar en la industria financiera están más familiarizados con la agenda de los ODS. Es mi mensaje más optimista. Por supuesto, es nuestra responsabilidad imponer obligaciones y trabajar con el sector financiero.

Desde la economía social y solidaria se critica que Triodos no tenga participación de empleados. ¿Qué opina?

No estoy familiarizado con el debate en España. La estructura legal de Triodos implica una entidad, y las acciones en una entidad legal especial. La verdadera razón por la que crearon esto en 1980, cuando crearon el banco, era porque querían proteger la misión del banco. Tenemos una organización legal para la participación de los trabajadores. Al menos en mi experiencia somos una organización muy abierta y plana. No tenemos una junta ejecutiva, y un CEO con altos niveles de testosterona. Eso también está en nuestra cultura. Una cooperativa es genial pero los fundadores eso no era suficiente. 

¿Y la participación de los clientes?

Esa es una de las razones principales por las que vine a España. Se hacen muchas actividades. No creo que la gente que pone el dinero en Triodos lo haga como “cliente”. Somos una comunidad. Constantemente intentamos explicar cómo hacemos nuestro trabajo y sentimos la necesidad de ser transparentes. Hacemos debates públicos, nos encontramos, invitamos gente. Por ejemplo, si tú prestas 100 euros te preguntamos: ¿Dónde quieres que invirtamos? ¿En alimentación orgánica, en vivienda social, energía sostenible? Ese es el tipo de conversaciones que mantenemos en nuestra base diaria.

¿Se puede conciliar en Triodos Bank, con un puesto alto como el suyo? ¿O requiere una dedicación al 100%?

Bueno, debería...No es un tema del banco sino mío. Soy invitado por el Ministro de Asuntos Económicos y Clima, para ayudar, con mucha otra gente, a conseguir un acuerdo para el clima en Holanda. Algunas personas están cooperando para hacer que la agricultura, la vivienda, toda la sociedad pueda lograr bajar las emisiones de carbono. La combinación de ser activo en Triodos y este apoyo a veces es un desafío. Mis hijos no están muy contentos.

Normalmente las mujeres son las que tienen que lidiar con ello... ¿Hace el banco algo en este sentido?

Para hacer que las mujeres estén más involucradas en el banco...

Bueno, y para hacer que los hombres estén más involucrados en casa. ¿Hay alguna política?

No importa si eres hombre o mujer. Si tu vida privada es estresante por algún motivo; por ejemplo, si hay un bebé por llegar, siempre el banco da lugar para ello. Esa es mi experiencia. Ahora no estoy muy al día con la política de bajas con los niños porque mis hijos ya son grandes. En mi situación personal, mi mujer trabaja más que yo, así que limpiar la casa es mi trabajo. Ella no lo hace, no es buena haciéndolo. Esta mañana me desperté a las cuatro de la mañana para lavar los platos del día anterior y dejar lista alguna lavadora antes de tomar el avión. En ese sentido, nuestra relación es muy moderna.

¿Cuál es el porcentaje de mujeres en altos cargos? ¿Cómo promueven el trabajo de la mujer?

Hay dos hombres y una mujer en el consejo.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 63 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El comercio justo no ha parado de crecer en España, incluso en épocas de vacas flacas. Y ese crecimiento se debe básicamente al café y al azúcar y sus derivados, que se llevan el 80% de las ventas. 

Así se explica en el último informe que aparece cada año y que acaba de publicar la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. La investigación responde a una encuesta aplicada a las siete importadoras tradicionales de comercio justo y los datos de ventas aportados por Fairtrade Ibérica, principal sello del sector.

En 2017, según este estudio, las ventas superaron los 43 millones de euros en el conjunto de España. Es un crecimiento del 8,3%, lo que implica tres millones más que en 2016 (Ver gráfico 2).

El 94% de las ventas se las lleva el sector de la alimentación. La artesanía, que no hizo más que bajar durante la crisis, se mantiene en el 4,8% respecto al total.

Casi el 80% son café y azúcar, aunque en términos relativos el café cae del 43% al 37%, en favor del azúcar y sus derivados, con un 41% de las ventas (el doble que en 2010). También van en aumento, dentro de su poco porcentaje de ventas, el té, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, los frutos secos, snacks y cereales y otros. El producto que cuenta con una procedencia más amplia es el café. Se puede encontrar en España café de comercio justo cultivado en 18 países.

En España se pueden encontrar productos de más de 200 organizaciones de comercio justo provenientes de 39 países de América Latina, África y Asia (el 40% cooperativas, asociaciones o empresas de América Latina, el 28% de Asia y el 18% de África).

Estas ventas son la mejor cooperación. Crean un impacto económico directo. Latinoamérica recibe el 62% de las ganancias, Asia el 21% y África el 17%. 

“Como ya explicamos en informes anteriores, esta progresión de las ventas se debe a la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales (sobre todo grandes supermercados y cadenas de restauración)”, explican en el informe. Esto “provocó un fuerte impulso de las ventas a través de estos canales, mientras que las pequeñas tiendas especializadas han ido experimentando una importante disminución de las ventas, en paralelo a lo que ocurría en general con el pequeño comercio”. De hecho, entre 2008 y 2014 las importadoras españolas tradicionales de comercio justo redujeron sus ventas un 26%, aunque luego fueron aumentando nuevamente. 

“Aunque la evolución puede interpretarse como una salida del ciclo de crisis, casi diez años después todavía no ha alcanzado los niveles de venta de 2008”, agregan. En cambio, la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales no ha hecho más que crecer, representando las ventas en la actualidad 6 veces más que en 2008. Para entender las cifras, es importante recordar que fue justo al iniciarse la crisis en 2008 cuando se puso en marcha la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales, por lo que se entiende que en las primeras etapas el crecimiento iba a ser necesariamente significativo respecto al ejercicio anterior“.

Muy atrás

En la coordinadora hacen el ejercicio de repartir los 43,4 millones de euros consumidos en comercio justo entre los 46,6 millones habitantes, y esto les da una media de consumo por persona de 93 céntimos de euro, una cantidad insignificante comparada con el gasto por persona de otros países europeos. Como puede verse en el primer gráfico, un consumidor medio en Europa gasta al año 14,15 euros en comercio justo, 15 veces más que en España (en 2015 era 17 veces menor).

El consumo de comercio justo en España no está extendido. Unas pocas personas consumen casi todo lo vendido. La coordinadora revela la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que se explica que apenas un 20% lo había consumido en el último año. 

En Europa el conjunto de ventas sigue creciendo, y ha pasado de 12,41 euros de gasto medio por habitante en 2015 a 15,26 euros en 2016. 

A nivel mundial, España tiene también poco peso. Sólo representa el 0,54% de las ventas globales. “Esta brecha con relación a otros países desarrollados se debe a varios factores”, explican desde la coordinadora. “En primer lugar, el comercio justo llegó a España en la segunda mitad de la década de 1980, con casi 30 años de retraso con respecto a otros países europeos. Otro factor fundamental es el apoyo relativamente menor que los diferentes actores privados y públicos han dado al Comercio Justo en España, a diferencia de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno”. 

Con la presentación de las cifras anuales del comercio justo, se difundió también la Nueva Carta Internacional de Comercio Justo. Se trata de un documento base, refrendado por más de 300 organizaciones de todo el mundo, que sirve como base política, y defiende la importancia del sector frente a la degradación del medio ambiente y el aumento de la desigualdad.

“Efectivamente se da una utilidad política en el sentido de crítica del comercio convencional, que no funciona en términos de desarrollo sostenible”, explica Juanjo Martínez, presidente de la sección europea de la Organización Mundial del Comercio Justo y miembro de Oxfam Intermón. “Al mismo tiempo se renuevan unos principios comunes a un movimiento de alcance mundial que prácticamente ha cuadriplicado en 10 años el volumen de ventas. Nos parecía importante remarcar qué era comercio justo. Hay gente que habla de comercio con justicia, pero no se orientan de forma clara. Pueden ser iniciativas responsables, pero no llegan a cumplir con nuestros estándares, en cosas como por ejemplo el precio justo. Nuestros estándares son más exigentes. Están orientados al desarrollo de las personas y la sostenibilidad. Y son también una razón de ser”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 63 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Cuando leo a María Pazos se me ocurren dos posibilidades. O logramos que sus reflexiones se plasmen en el eje de las políticas públicas (sueño con que tal vez se presente algún día y pueda ser presidenta o como mínimo ministra de Economía) o hay que irse a vivir a un país nórdico. 

En sus libros, ya sea el anterior (Desiguales por ley) o este que estoy reseñando, la matemática e investigadora feminista desmenuza con paciencia budista el estado de la cuestión: por qué la desigualdad es tan brutal y está tan metida en la estructura y la superestructura social en España y en los países familiaristas. 

Puede que haya mujeres y hombres que estén leyendo este texto a los que les parezca que la desigualdad no es tan grave. No es su caso, por ejemplo... ¿De verdad? Hay un ejercicio fenomenal que hicieron en la escuela de mi hija el pasado 8 de marzo y que deberían hacer en todas las escuelas. Consistía en una lista de tareas hogareñas y un “marque con una cruz” quién lo hace: mamá, papá, yo u otro. La lista era pequeña (no incluía piojos, uñas, baños, dentistas, cantidad de veces en que lo hace mamá o papá, etc.), pero lograba aproximar a los niños y las niñas al porqué el 8 de marzo la huelga es imprescindible. Es una lista que podría (o debería) ruborizar a más de un hombre que se jacte de progresista y justo. Y que podría (o debería) abrir los ojos a muchas mamás (¿por qué en general los grupos de Whatsapp de las escuelas son de mamis? ¿Los papás no existen?)

Sucede que muchas veces ni mujeres ni hombres nos damos cuenta de la situación. Las mujeres estamos acostumbradas a asumir roles, esclavizadas, sumidas en una especie de síndrome de Estocolmo en el que el trabajo y el amor están relacionados, mezclados, difuminados. No entendemos por qué estamos tan cansadas, deprimidas, estresadas... Pazos le llama “patriarcado de consentimiento” a este patriarcado que parece que nosotras elegimos y que, por supuesto, no elegimos, aunque (por suerte cada vez menos) asumimos con resignación. O no con resignación, pero sin demasiadas alternativas, por ahora.

Si eres medianamente prudente y no te haces feminista después de leer a Pazos (ya seas hombre o mujer), lee de nuevo. Significa que no estabas prestando atención.

Sus conclusiones son tan obvias que una se agarra la cabeza pensando en cómo puede ser posible que en 2018 en un país que se llama laico y democrático la política esté tan atrasada en todo lo que se refiere a la igualdad de género, y que los cuidados se dejen en manos de las mujeres, sin pestañear. Pazos nos obliga a abrir los ojos. Por ejemplo, cuando habla de la ley de dependencia. Dicha ley da menos del salario mínimo por cuidar de un familiar 365 días al año 24 horas. Entonces decimos que las cuidadoras “al menos tienen algo”. Si a la misma situación se le cambiara el género (hombre) y la tarea (cuidado), pensaríamos inmediatamente que es esclavitud.  Lo que Pazos quiere decir es que se necesita una política pública con atención profesional y bien remunerada a la dependencia (por supuesto, además de atención a la infancia de 0 a 3).

A nosotras nos dan migajas, supuestamente para protegernos. Es vergonzoso que nos traten a las mujeres como si fuéramos, pobrecitas, niñas que requieren ser protegidas (esa protección es una trampa brutal que nos lleva a la absoluta desprotección si queremos ser libres). Protección, como limosna, en vez de derechos. Es vergonzoso que todavía estemos en un sistema político que nos infantiliza a la vez que nos explota. Que el Estado no se haga cargo de los cuidados y que, para colmo, nos castiguen en la pensión como a nadie. 

En el libro de Pazos se entiende perfectamente por qué las mujeres sacamos mucho mejores notas en los institutos, pero luego esas notas y ese esfuerzo no se ven reflejados ni en los salarios ni en el rendimiento laboral. Es la división sexual del trabajo (DST). Es injusta e ineficiente.

Todas las políticas del Estado, comenzando por las bajas maternales y paternales (iguales, intransferibles y pagadas al 100%) hasta las pensiones, los impuestos, las políticas de promoción de empleo, el tiempo dedicado al empleo, la educación y, sobre todo, los servicios públicos relacionados con los cuidados... Todo debería pasar por la economía feminista.

Políticos y políticas, por favor, no dejen de leer a Pazos. Es un ruego.

[Este artículo ha sido publicado en el número 61 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Tal vez de aquí a 50 años nuestras hijas quizá leerán estas líneas —que prologan el número extra de Alternativas Económicas dedicado a la economía feminista— y no se lo puedan creer. Con suerte, dirán: “¿De verdad que la situación de las mujeres en 2018 era esa? Algunas de las reivindicaciones de la economía feminista parecen tan de cajón que no se entiende que hoy, en pleno siglo XXI, cuando se han conquistado tantos derechos, las políticas vayan tan rezagadas en tantos temas.

A quienes hemos crecido con la posibilidad de comprar un piso, o conducir, o trabajar sin el permiso de un hombre, o separarnos cuando nos dé la gana, nos resulta inconcebible que estos actos no fueran posibles para nuestras madres. Y si analizamos las políticas actuales con calma, persisten las desigualdades. ¿Cómo es posible que el peso de los cuidados permanezca todavía mayoritariamente a cargo de las mujeres? ¿Por qué el Estado se lava las manos —sin servicios de guarderías universales, sin servicios a la dependencia— sobre algo tan importante como la crianza y las necesidades de las personas mayores, de las que se encargan las mujeres en un 80% del tiempo sin ningún reconocimiento? Es más, no solo no es reconocida esta actividad, sino que cualquier aspecto relacionado con el tiempo dedicado a cuidar de los que necesitan ser cuidados o cuidadas será castigado por las empresas. Y a nivel público el castigo se traduce, entre otras cosas, en una reducción de las pensiones. Hoy, por ejemplo, tal como está pensado este sistema, puede suceder que si la mujer muere antes que su marido, este pueda obtener una pensión de viudedad mayor de la que ella misma podría obtener si viviera.

Sucede que el sistema público todavía está muy teñido de unas leyes y normas planteadas en un mundo donde los hombres eran quienes se ocupaban del sustento y ellas quienes se encargaban de los cuidados, quedando 100% a expensas de su esposo.

La economía feminista plantea que se utilice la lógica de la igualdad. Pide cambiar aspectos ridículos de la realidad social, política y empresarial que afectan especialmente a los derechos de las mujeres que deberían ser obvios y efectivos, pero que en la práctica no lo son.

El sistema no toma verdaderamente en cuenta a las familias monomarentales (formadas en mayoritariamente por mujeres) ni tampoco da a los hombres solos con hijos los pocos beneficios que se llegan a dar a las madres solas. No toma en cuenta, en definitiva, otras posibilidades que no sean una familia tradicional, a la vieja usanza.

Las leyes y las normas fueron hechas mayoritariamente por hombres, y se nota. Por ejemplo, el sistema considera que los servicios de primera necesidad, como puede ser la leche, los huevos y las frutas, tengan un IVA superreducido del 4%. Pero no se acuerda de los productos de primera necesidad que son específicamente femeninos, como las compresas y las toallas higiénicas, que pagan el 10%. En el IRPF son las rentas bajas, mayoritariamente femeninas, las que se ven más perjudicadas. Esto sucede también cuando la pareja hace una declaración conjunta.

Hay ejemplos a raudales. Tantos como propuestas de cambio por parte de la economía feminista. ¿No es ridículo, por ejemplo, que los horarios de las escuelas sean tan diferentes de los horarios laborales de los padres y las madres? ¿Quién se va a ocupar de esos niños y de esas niñas? Mayoritariamente las madres (cuando no las abuelas), porque ganan menos y porque contratar a alguien para cuidar, en muchísimos casos, no sale a cuenta. Esta situación perpetúa la condena de las mujeres a vivir en un estado de mayor vulnerabilidad y dependencia. ¿Por qué vivimos en un sistema que pasa de largo algo tan visible, tan claro y tan común como esto?

Las mujeres españolas dedicamos cada día tres horas más que los hombres a tareas relacionadas con el hogar y la familia. Vivimos agotadas. La última huelga del 8 de marzo y las últimas movilizaciones de las mujeres pusieron entre otras cosas estos temas en el candelero. Es importante que la presión continúe. Que se dé visibilidad a las tantas injusticias que se dan con las mujeres en tantos sectores de la sociedad. Para ello, es trascendental que incluso la estadística, la forma de entender la realidad en los estudios analíticos, pueda incluir a las mujeres. Debe incluir la “perspectiva de género”. Otra vez, no se pide más que lo obvio. Es como debería ser un estudio de calidad. Actualmente, por ejemplo, la pobreza de las mujeres no se ve claramente porque la forma de medir el riesgo de pobreza toma en cuenta las rentas de las familias en su conjunto, y no a hombres y mujeres por separado. Ya no se trata ni siquiera de defender el derecho de las mujeres, sino de analizar la realidad con rigor y no con un sesgo mental que actualmente nubla la vista.

Es necesario que visualicemos lo injusto (y ridículo) del sistema, hoy. Nosotras lo hacemos entre otras cosas a través de este extra. Para que no sean nuestras hijas, sino nosotras mismas, las que podamos decir: eso pasaba antes.

[Este artículo es el prólogo del número extra Economía feminista publicado por la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Rebeca Grynspan ha logrado ser pionera: primera vicepresidenta mujer en su país, Costa Rica, y primera mujer que lidera la Secretaría General Iberoamericana (Segib), puesto que ocupa desde 2014 . Grynspan (San José, 1955), tiene una extensa trayectoria en organismos internacionales. Fue dirigente en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en otros órganos de la ONU. Es licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica y máster por la Universidad de Sussex. Fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Extremadura y por la Universidad Europea gracias a su trayectoria profesional. Responde a las preguntas de Alternativas Económicas en la sede madrileña de la Segib, entre viaje y viaje.

Pasan gobiernos e ideologías, pero parece que América Latina vuelve a caer una y otra vez. La pobreza, por ejemplo, parece ser endémica. ¿Es así?

No. De hecho, en los primeros 15 años del siglo XXI en la región de América Latina la pobreza y la desigualdad descendieron de una manera sustancial. Más aún, en el mundo entero bajó la pobreza; aunque no la desigualdad. América Latina logró bajar ambas. Esto fue producto de las condiciones del mercado, donde el comercio internacional se estaba expandiendo y los precios de las materias primas y los alimentos estaban muy altos. Ese viento de cola, positivo para un crecimiento económico más dinámico, acompañó a la región. Hemos tenido épocas de crecimiento económico sin una baja tan importante en la pobreza, y nunca habíamos bajado en desigualdad.

¿Por qué en este caso sí?

Se combinó ese crecimiento económico con políticas públicas que lo hicieron posible. La pobreza descendió en 60 millones de personas en América Latina. Y sucedió tanto en gobiernos de derecha como de izquierda. Fue producto de varios factores. En primer lugar, se extendieron fuertemente la educación y la salud. En ese crecimiento económico, las personas entraron en el mercado con mejores salarios. Por otro lado, hubo políticas importantes de redistribución. Por ejemplo, se hicieron pilares no contributivos de pensiones para los campesinos que nunca habían estado asegurados pero que siempre habían trabajado. Eso también produjo una baja de la desigualdad. Hay que entender que casi una quinta parte de la población latinoamericana está bajo algún esquema de lo que se llama Transferencias Condicionadas de Ingreso. Son transferencias a las familias pobres, a cambio de que los hijos vayan a la escuela y utilicen los servicios de salud.

¿Hoy se siguen reduciendo los índices de pobreza?

Desgraciadamente en los últimos años se ha revertido esta tendencia. Hasta 18 millones de personas han vuelto a caer por debajo de la línea de pobreza. Muchas de las personas que lograron salir todavía estaban en un alto grado de vulnerabilidad. No tenían servicios de protección social o todavía estaban en el sector informal. Pero lo más importante de esta experiencia es que demostramos que es posible vencer la pobreza y la desigualdad. América Latina tenía un 44% de su población por debajo de la línea de pobreza en 1990. Hoy es de alrededor del 28% o del 30%. Sin duda es un exceso, también originado por un exceso de desigualdad.

Otro de los temas que parece endémico es el de la corrupción. ¿Lo es?

América Latina ha tenido un tsunami de corrupción, y tenemos mucho que hacer para restituir la confianza en las instituciones. Eso es fundamental para la profundización democrática, porque parte de la desconfianza es con el sistema político, con las principales instituciones.

¿Cómo se recupera el buen hacer?

Hoy tenemos mecanismos que podrían darle mucha mayor transparencia al ejercicio público para que la ciudadanía pueda tener control. Hay un elemento que me da esperanzas, y que es que se ha expandido una clase media menos tolerante con la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción de las instituciones.

Es especialmente preocupante cómo ha habido movimientos de gobiernos en América Latina, como en Brasil, en Honduras, en Paraguay…

En muchos de los países tienen mecanismos de censura al gobierno en sus poderes parlamentarios. Hemos visto movimientos en ese sentido, pero no hemos visto golpes de Estado. Ahora, una puede pensar que el sistema político no está suficientemente maduro para usar esos instrumentos de una manera correcta, pero se ha dado en ese marco.

Ligado a esto está el tema de la inestabilidad política. No solo para la población, sino para cualquiera que quiera invertir dinero. ¿Cómo se gestiona?

Lo que llaman “inestabilidad política” en América Latina ha sido a través de elecciones. Eso no es inestabilidad; es alternabilidad. Es decir, en España acaba de cambiar el Gobierno en dos días. Y se ha hecho dentro de las líneas constitucionales. Eso no debe asustar a las inversiones internacionales, cuando hay un Estado de Derecho. La alternabilidad tiene que ser parte de la democracia. Y los cambios de los personajes y de algunas ideas del Gobierno son sanos. Ahora, la pregunta es el Estado de Derecho. Yo sí creo que tenemos un camino que andar para el fortalecimiento de Estado de Derecho. Aunque ha habido un avance respecto a lo que teníamos antes.

Hemos salido de las dictaduras y las guerras, pero queda la violencia callejera...

Esa es una preocupación muy grande. En América Latina están algunas de las ciudades más violentas del mundo. Hay una relación con la droga y con el crimen internacional organizado que afectan de manera especial a muchos de nuestros países. Y eso, unido a un trasiego de armas muy fuerte en la frontera entre México y Estados Unidos que afecta a toda la región, es una combinación letal para una región que tiene instituciones policiales de seguridad o de inteligencia muy débiles. Lo que hemos hecho en materia de narcotráfico y crimen internacional organizado y la cooperación entre nosotros en ese aspecto debería avanzar mucho más. En segundo lugar, hay que fortalecer el sistema policial. Tenemos policías muy débiles, mal entrenadas, poco profesionalizadas, y eso profundiza el problema. Y en tercer lugar, tenemos una juventud que creció en condiciones de pobreza, de marginalidad y de falta de esperanza muy fuerte, con una organización muy potente de bandas que los ha sometido a la violencia desde temprano. Otro tema es el de la violencia de género. Es muy triste que muchos países latinoamericanos hayan sido los que crearon la figura del feminicidio. Es triste pensar que la figura del crimen no era suficiente para describir lo que pasaba.

¿Hay más que antes?

No sé si hay más. La figura del feminicidio comenzó a darse con las mujeres de Juárez, en México. Se creó mucho empleo femenino sin servicios sociales, sin estructura alguna. Las mujeres migraban, pero tenían hijos, se emparejaban, y no había un sistema de apoyo público ni familiar. Nadie sabía que habían desaparecido las mujeres de Juárez, y nadie las reclamaba. Comenzó a haber conciencia social cuando empezaron a desaparecer las hijas de Juárez. Sus familias las reclamaron y las madres montaron un movimiento, haciendo visible un fenómeno que había permanecido invisible hasta entonces. Lo que se había montado era un sistema de impunidad, que se ha logrado desmontar. La violencia de género tiene otras causas estructurales. Y se ha legislado adecuadamente para desmontar este tema. Pero todavía existe el fenómeno.

Parece muy difícil ir en contra de patrones culturales tan arraigados...

Algo está cambiando porque las mujeres hemos llegado a posiciones de poder. Cambia el modelo de mujer que se presenta, a pesar de la propaganda y los anuncios que todavía tienen mucho de sexista. Es un proceso de educación muy largo, pero ya hay conductas que la sociedad no acepta. Hay una frase de Sabater que me gusta y que la usa para los derechos humanos. Él dice que en ese caso “la hipocresía es progreso”. ¿Por qué? Porque hasta que no hubo una declaración de los derechos humanos, se violaban abiertamente. No había que mentir porque era aceptado socialmente. Hoy, alguien que es abiertamente sexista, mejor que lo oculte lo que piense porque la sociedad no se lo aceptará. Hay una sanción social. Por eso son tan graves las violaciones en manada o las expresiones que estamos oyendo de nuevo en Estados Unidos. De alguna manera lo que hacen es evitar ese progreso. Vuelven a hacer aceptables cosas que la sociedad ya había decidido que socialmente eran inaceptables. Pero América Latina es una de las regiones que más ha avanzado en su legislación, en leyes de equidad, en leyes de cuotas, de representación, etc.

Pero todavía falta…

No estamos donde queremos estar, pero hay que reconocer el progreso porque eso nos dice que la sociedad sí se puede transformar. Vamos más lento de lo que quisiéramos, pero avanzamos.

¿Cuáles son los obstáculos más difíciles que usted misma tuvo que sortear?

Probablemente lo que me hizo sufrir más fueron los obstáculos para conciliar la vida personal y el trabajo. Eso me causó mucho dolor y angustia…

Yo no quería hacer la pregunta de si podía conciliar porque se le suele preguntar solo a las mujeres…

Porque las que sufrimos somos nosotras. Pero en el futuro la conciliación será fundamental para hombres y mujeres. Perderse el afecto y la vida de los hijos es una renuncia para cualquiera.

¿Hay que hacerlo para llegar a un puesto de responsabilidad?

Sí. Hay momentos en que yo por lo menos tuve que hacerlo. Renuncié a mi puesto de viceministra de Hacienda con 33 años porque tenía una hija muy pequeña y un hijo recién nacido. Cuando ya habían pasado dos años dentro del gobierno, un día, negociando con el FMI, renuncié. Era un domingo. Me llamaron para decirme que mi hijo había sufrido un accidente en la casa de los abuelos; que se había partido la frente y que había que llevarlo al hospital. Salí de la negociación y en el hospital decidí que lo dejaba. ¿Por qué? Porque la sociedad no participa en la corresponsabilidad. La disponibilidad exigida es como si no tuviera familia.

Y estaba en un lugar como Hacienda, tan importante para el Estado de bienestar.

Sí. Fue duro. Ser feminista no significa poner la carrera por delante, por encima de los afectos. Significa tratar de no tener que elegir. Pero yo no renuncié a seguir mi carrera. Renuncié a ese puesto. Ese es el mensaje que yo siempre les doy a las jóvenes: la vida no es lineal. Va a haber muchas idas y venidas.

Pero sí se da un paso al costado durante un tiempo otros llevan ventaja...

Tenemos que hacer mucho esfuerzo y ser muy perseverantes. Yo lo que quiero es que podamos contar con opciones en libertad: hombres y mujeres. Hay países que han legislado para que las mujeres no pierdan su lugar de trabajo por dedicarse durante un tiempo a la familia. Países donde los permisos por paternidad son mucho más largos y compartidos. Eso ha permitido cambiar la distribución de los roles, no solo en el interior de la casa, sino también en la corresponsabilidad social. No es solo una negociación de la pareja. También es la infraestructura de los cuidados que permite que la conciliación no sea no tener familia.

¿Se puede unificar América Latina, como existe la Unión Europea?

La Unión Europea ha sido posible porque pasaron por dos guerras que diseminaron su población y que causaron millones de muertos. Nace de la necesidad de construir una región pacífica. Esa necesidad histórica no está en nuestros países. Ahora, podríamos ser mucho más prósperos si tuviéramos más integración entre nosotros. Podríamos ser mucho más eficientes, competitivos y dar más posibilidades a nuestra gente. También creo en la integración de abajo para arriba, con una mayor movilidad entre universidades, entre científicos, entre personas. Ese debe ser nuestro camino. Hay experiencias. El Mercado Común Centroamericano es la institucionalidad más fuerte en la región. Está el Mercosur, está el Aladi...

¿Y una moneda común que no genere inestabilidad?

La estabilidad macroeconómica de América Latina es mucho mejor. No hemos tenido crisis bancarias y hemos pasado la crisis de 2008. Acordémonos de que la crisis económica, junto a la crisis bancaria, en los ochenta desarticularon los mercados. Desde entonces no es que no hayamos tenido problemas. Argentina específicamente tiene un problema de inflación y se han vuelto a abrir los déficit fiscales en la región. Habíamos tenido una gran disciplina y mejores instituciones macroeconómicas. Comienza a aparecer de nuevo el fenómeno de la brecha fiscal y de un aumento de la deuda. Hay que tener cuidado, pero no hay una crisis generalizada.

¿Cómo ve las relaciones de América Latina con Europa?

Europa y América Latina tienen una gran oportunidad. La visión proteccionista de Estados Unidos presenta una mayor posibilidad de integración entre América Latina y Europa. Se acaba de terminar la negociación entre México y Europa, y se acaba de comenzar la negociación por la modernización del acuerdo con Chile. Y se están negociando Mercosur y un diálogo político con Cuba. Esta es una gran agenda.

¿Cómo mantener la ecuanimidad en un lugar tan dispar como América Latina?

No hay que considerar el corto plazo como el único horizonte. Sucederán muchas cosas, pero si una cree que hay elementos suficientes para desarrollar una alternativa con la que una está comprometida, eso permite ver el presente con mayor ecuanimidad. Lo segundo que me da ecuanimidad es mi convicción de que la diversidad es parte de la riqueza social. El no pretender la homogeneización, la uniformidad. Es tener una convicción profunda de que la diversidad nos enriquece. Relacionarnos con las personas en múltiples dimensiones y reconocer nuestra propia complejidad también nos da un instrumento no solo de tolerancia sino de valorización de esas diferencias.

¿Cómo será el futuro del empleo en América Latina?

Todavía no sabemos cuál es el resultado de la cuarta revolución industrial sobre el empleo. Sabemos que va a haber un desalineamiento. Mucha de la gente que está trabajando hoy puede quedar desplazada. Tal vez muchos puedan reinsertarse, como ha sucedido en todas las revoluciones industriales. Pero ahí hay un problema que atender.

¿Necesitaremos una renta básica universal?

Yo creo que no. Los países más robotizados no son los países que tienen más desempleo.

Me refería no solo a las máquinas sino a la forma de entender el empleo. Ahora tenemos las ocho horas laborales. Eso está cambiando...

Va a haber mucho más empleo por cuenta propia y la gente va a cambiar muchas más veces de empleo. Existe el riesgo de que haya más desigualdad y cierta precariedad, si los sistemas de protección social no logran adaptarse. Ahí es donde deben concentrarse los esfuerzos. Si no intervenimos adecuadamente iremos hacia un mundo de mucha mayor desigualdad y con precariedad en las condiciones de protección social.

Siendo mujer y judía, ¿le ha costado llegar a donde está ahora?

Son dos elementos de discriminación. En lo personal tengo muchas experiencias de micromachismos. Las he enfrentado y a veces no ha sido fácil. Sobre todo, cuando una es joven se sorprende mucho más. Llegas a dudar de vos misma, de exactamente qué es lo que estás viviendo. La discriminación abierta solo hay que tener la fortaleza de enfrentarla; pero las discriminaciones invisibles, las sutiles, nos causan muchas más dudas sobre cómo enfrentarnos a ellas. De pronto, la gente nos dice: “estás inventando”, “te lo estás imaginando...” Los chistes sutiles… Eso es cierto tanto para la discriminación por ser mujer como por ser judía. Ahora, dicho esto, también es cierto que yo llegué a las posiciones más altas de poder. Es decir que la sociedad me dio esa oportunidad.

En Costa Rica…

Sí. Mi país le dio esa oportunidad a la primera generación nacida en Costa Rica de una familia migrante. Yo llegué a ser vicepresidenta electa. Costa Rica es una sociedad que a través de la educación ha permitido una enorme movilidad social. Le permitió a mis padres migrantes sin recursos, no solo mantener a su familia, sino dar una educación a sus tres hijas y permitirles puestos de relevancia. Llegaron en la primera mitad de los años cincuenta, una sociedad pobre, donde no había luz eléctrica en el área rural. Yo nací en 1955 y vi la evolución de esa sociedad que de niña conocí descalza. No en todos los países se ha dado eso.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]