La conciliación entre la vida personal y la profesional está en boca de todas las empresas, pero todavía son escasas las que tienen un plan efectivo de medidas para compaginar la esfera privada con la laboral, y que además las apliquen completamente. Solo el 18% de las compañías han aplicado totalmente programas que busquen corresponsabilizar a mujeres y a hombres para que la flexibilidad y la conciliación no se queden en simples buenos deseos. Así lo refleja el II Barómetro Factor Humano, elaborado por la Fundació Factor Humà, según el cual la mitad de las empresas carece de programas que posibiliten el teletrabajo.

El barómetro es un instrumento que la fundación puso en marcha en 2017 con la finalidad de que las organizaciones evaluaran sus fortalezas, sus principales áreas de mejora y también las acciones que deberían llevar a cabo para avanzar en la gestión de personas. En esta segunda edición, con resultados obtenidos entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, han participado un total de 110 organizaciones de toda España, pertenecientes a nueve sectores de actividad y que emplean a 194.000 personas.

Uno de los sectores en los que la flexibilidad y el equilibrio entre las esferas privada y profesional flaquea más es el tercer sector, que, en cambio, despunta en igualdad de oportunidades, diversidad, transparencia y corresponsabilidad en las relaciones laborales.

Igualdad salarial

Al tratarse de la segunda experiencia del barómetro, puede constatarse cierta evolución. Por ejemplo, a la hora de potenciar la igualdad de oportunidades y la diversidad en las empresas, las organizaciones han ido incorporando mecanismos específicos —el 63% de las encuestadas así lo ha hecho—. En especial, se vigila la relación de igualdad en la remuneración total entre hombres y mujeres en las distintas categorías laborales. Bien parados salen en el campo de oportunidades el sector educativo y también los servicios profesionales y consultoría y los servicios tecnologías de la información.

Pero, además de la conciliación, si hay un campo donde queda mucho por hacer es la innovación. A pesar de que el 41% de las compañías destina un presupuesto específico a desarrollar proyectos de innovación —no se llega, así, ni a la mitad de la muestra encuestada—, la mayoría de las empresas no estima cuál es el impacto de la innovación y de su gestión en la empresa. Seis de cada diez organizaciones no miden el impacto de la innovación ni registra su gestión en la empresa. La innovación es un área de mejora en sectores como la sanidad, la Administración pública, los transportes e infraestructuras y la educación.

En este sentido, el presidente de la consultora Lead to Change y profesor de la BSM-Universitat Pompeu Fabra, Xavier Marcet, pide un ejercicio de “autocrítica” en relación con la innovación, “que se ha puesto a la cabeza del management”. El consultor distingue entre negocios y empresas: “Un negocio hoy se puede llevar a cabo solo con tecnología, pero una empresa significa construir una comunidad de personas que creen valor, y que afronten, por ejemplo, de modo distinto una crisis. Tener una empresa y tener éxito a largo plazo pasa por asumir que el reto no va solo de rentabilidad, sino que el crecimiento comporta un compromiso social proporcional”. La cuestión es cómo las empresas dan las herramientas internas que estimulan y reconocen el esfuerzo del conjunto, añade.

En materia de formación, el 69% de las empresas entrevistadas por la fundación que dirige Anna Fornés demuestra su compromiso con ella con programas que contribuyen al crecimiento profesional de las personas trabajadoras, mientras que otro 19% ha empezado ya a desarrollarlos. Esta apuesta por el desarrollo del talento se acompaña de medidas para fomentar espacios comunes para la comunicación y la participación, el intercambio y la relajación, con la finalidad de reducir el estrés y favorecer el espíritu de equipo. La retribución equitativa y justa es una asignatura pendiente en sanidad, la Administración, el comercio y las tecnologías de la información.

[Este artículo ha sido publicado en el número 76 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Se acerca el ocaso de plataformas digitales como Uber, AirBnb y Deliveroo, que ponen en contacto a personas que prestan servicios con usuarios que los requieren. Se acerca su ocaso, al menos tal como las conocemos ahora: ofreciendo conductores sin tener vehículos propios, pedidos transportados en bicicleta sin tener bicicletas y casas donde alojarse sin la necesidad de una sola casa. Es el pronóstico del académico canadiense Nick Srnicek, profesor de economía digital en el londinense King’s College, quien augura en su libro Capitalismo de plataformas que este tipo de empresas sin activos fijos, a las que considera una especie de burbuja.com. Mutarán o morirán porque quienes trabajan a través de ellas se organizarán para defender sus derechos, porque los jueces van a darles la razón y porque los gobiernos les pondrán barreras. 

No sabemos si esta profecía se cumplirá, pero sí que en el último año han sucedido algunas cosas. La empresa danesa Hilfr.dk, que conecta a 450 personas que limpian y más de 1.700 usuarios, ha sido pionera en cerrar un acuerdo colectivo, el primero del mundo de la economía de plataforma. A quienes completan más de 100 horas de trabajo les reconoce una retribución mínima por hora, cotizaciones para las pensiones, pagos por vacaciones y prestaciones por enfermedad. Apoyados por el mayor sindicato de Europa, el alemán IG Metal, un puñado de youtubers están desafiando nada menos que a Google con reivindicaciones a través de la nueva organización The YouTubers Union, después de que el gigante digital cambiara las reglas de juego sobre el número de visualizaciones de sus vídeos a partir del cual se les retribuye con dinero. El pasado verano, riders de Glovo protestaron simultáneamente en Madrid, Barcelona y Zaragoza contra su situación laboral, que denuncian precaria. La empresa colombiana de reparto Rappi montó vía Whatsapp la primera huelga contra una plataforma en América Latina. 

En el flanco de la justicia, llueven sentencias contradictorias sobre la naturaleza de la relación entre quienes trabajan y la plataforma donde encuentran clientes. Los expertos cuentan los fallos —falso autónomo o verdadero autónomo, resumiendo— como si fuera un partido, aunque detrás están en juego vidas en duras condiciones y a la vez la viabilidad de empresas exitosas y populares entre los consumidores que inventaron un modelo de negocio sobre un modelo hiperflexible, recurriendo a prestadores de servicios a los que describe como libres para rechazarlos o aceptarlos. 

Algunos fallos han marcado la pauta. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó que Uber fuera una mera plataforma intermediaria y la consideró una compañía que ofrece servicios. En el macrojuicio de los repartidores de Deliveroo de julio, un magistrado de Madrid falló contra la empresa al considerar que 529 repartidores son falsos autónomos, asalariados. Sobre el modelo de Glovo, que defiende que sus riders son trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE); las sentencias van a la par. Y las dos más relevantes que la conciernen chocan igualmente entre sí: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) concluía en agosto que el contrato entre esta compañía y sus repartidores incluyen cláusulas características de una relación laboral —que eran asalariados—, y en octubre, en cambio, la corte homóloga de Madrid, el TSJM, le dio la razón a Glovo.Las empresas que hay tras las plataformas digitales reclaman regulación a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo que zanje la cuestión y que, según fuentes jurídicas, no llegará antes de un año. A través de la asociación Adigital, reclaman una reforma legal que califique “expresamente a estos usuarios proveedores de servicios como trabajadores autónomos”. A partir de su encaje en el régimen de autónomos (RETA), las empresas prometen incorporar mejoras en el modelo para ofrecer “una mayor protección social”.

Lo que muchos llaman camino del medio, o figura del autónomo digital, es el gran debate. Porque bajo este paraguas podrían entrar (o no), las promesas de mejora formuladas desde distintas instancias. El nuevo comisario europeo socialdemócrata luxemburgués, Nicolas Schmit, ha asumido como parte de su misión “vigilar de cerca y hacer cumplir la normativa europea en esta área, así como mirar las vías para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataforma”. No solo  va por los riders, pero sobre todo por ellos, ya que se han convertido en la cara más visible de las economías de plataforma. Schmit también pide más diálogo social, un salario mínimo justo para cada trabajador de la Unión y colocar arriba en la agenda europea la actualización de las competencias que escasean en la actual transición hacia el futuro del empleo. 

Ante las sentencias “contradictorias” sobre los repartidores, la ministra en funciones de Empleo, Magdalena Valerio, ha apostado por “algún tipo de reforma previa a esta reforma más estructural y amplia del nuevo Estatuto de los Trabajadores” adaptado a los desafíos del siglo XXI.

¿Regulación o trampa?

“¿Por qué no dice [la ministra] que se obligará a las plataformas a reconocer a sus trabajadores, más que a mejorar sus condiciones? Una regulación específica es una trampa. Los deportistas profesionales, los toreros, los trabajadores del hogar, la alta dirección… entre otros, tienen regulaciones específicas, pero en las plataformas no hay ninguna situación que lo justifique. El elemento novedoso afecta solo a una herramienta de trabajo, una aplicación, que se está utilizando para vaciar de contenido la relación laboral”, enfatiza Nacho Parra, abogado laboralista del Col·lectiu Ronda, convencido de que todo empresario, más allá de las plataformas, afronta el riesgo de las fluctuaciones de la demanda. 

En la conferencia Reshaping Work, celebrada en septiembre en Barcelona, la economista Lucía Velasco, miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre el Futuro del Trabajo, formulaba esta reflexión: “A veces se plantea la regulación como enemiga del emprendimiento y la inversión. Los inversores son la seguridad jurídica. Pero todo depende de qué empresas y qué inversores queramos. El éxito de las empresas no puede darse a cualquier precio”. Aludía a la rentabilidad por la vía de eliminar los costes laborales.

¿Podría existir una empresa como Glovo si la obligaran a reconocer como trabajadores a todos los repartidores que cargan la mochila amarilla de la marca? El presidente de la compañía, Oscar Pierre, aseguró en el mismo foro que, en ese caso hipotético, “se adaptaría a las circunstancias”.  Pierre manifestó que Glovo podría añadir ventajas sociales, como formación en seguridad vial, descuentos y mayor cobertura, además de actuar contra el despilfarro de alimentos, pero que no puede hacerlo con la actual normativa. “Cuanto más laxa sea la regulación, más cosas nos permiten hacer con los trabajadores”, apuntó el emprendedor de una industria que, calcula, aumentará más del 20% anual. La exigencia previa es que los riders sean autónomos; con más derechos, pero autónomos. Pierre también sugirió la posibilidad de distinguir entre quienes trabajen más horas y el resto. 

Todas las partes pugnan por el relato. El relato de Glovo aduce que saca del paro a personas en exclusión social: un tercio de los riders estaba en paro, y muchos son inmigrantes. Además, se dinamiza la actividad económica local, pues más y más restaurantes reciben pedidos a través de apps.

El investigador en Dimmons (Internet Interdisciplinary Institute) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ricard Espelt, replica esta visión: “la economía de plataforma aporta nuevos inputs al trabajo. Es positiva y hay que desarrollarla. Y sí, seguro que genera actividad. Pero no puede hacerlo a costa de modelos de negocio que crean precariedad absoluta bajo el pretexto tecnológico. Y en este momento, la mayoría de plataformas no son económicamente sostenibles”. Según un estudio de Dimmons sobre las condiciones laborales de trabajadores de 15 plataformas de envío en 10 ciudades europeas, incluidas Barcelona, Madrid y Valencia, se distinguen claramente dos perfiles: estudiantes que buscan complementar sus ingresos, y que en cuanto la retribución baja lo dejan correr, y trabajadores que están en serio riesgo de exclusión social, muchos de los cuales inmigrantes y algunos, sin papeles.  

En este sentido, el proyecto de investigación europeo Platform Labour in Urban Spaces (PLUS), que analiza cómo el trabajo de plataforma, tiene impacto sobre los espacios urbanos, busca modelos alternativos de economía digital, para conseguir un sistema laboral “sostenible y responsable”.Las ciudades, pese a sus escasa competencias regulatorias, intentan coordinarse para hacer presión. Una de las vías es incidir en la contratación pública, o promoviendo cooperativas de plataforma como Mensakas, nacida a partir de la batalla de Riders por Derechos y del sindicato IAC. Fuera de nuestras fronteras, destacan dos modelos: el de Francia y el del Estado de California. El primer modelo, híbrido, pone el acento en la protección social de quienes trabajan mediante plataformas, al margen de la calificación jurídica de la relación con ellas. El segundo presume que existen vínculos laborales, salvo algunas excepciones que permitan desvirtuarla; por ejemplo, dedicarse a un negocio similar al que presta para la plataforma.

En el corazón del relato, las plataformas esgrimen que los trabajadores no son tales porque son libres de rechazar un pedido. Sin embargo, la nueva directiva comunitaria sobre condiciones laborales, que en España se tiene que transponer en 2021, determina que rechazar un servicio es un derecho. “Las empresas manejan estimaciones de pedidos. A lo mejor las estimaciones significarían poder contratar a 100 riders. Pero tienen en danza a 300 y quien rechace un servicio, pues fuera. No son realmente libres de rechazarlos. Es aprovecharse de su necesidad”, dice Parra.

No todo el mundo ve las cosas igual. “Formas de trabajar que hace 20 años hubieran sido sentenciadas como no laborales ahora se consideran laborales. Ha habido un cambio de criterio, se va por detrás de la realidad”, opina David-Isaac Tobía desde el bufete Sagardoy, quien habla de “un achicamiento del espacio no laboral”.  En la sentencia de Deliveroo se utilizaron argumentos esgrimidos en 1986 en la sentencia sobre los mensajeros (que concluyó que debían ser reconocidos como trabajadores). “Una de las claves por las que deciden los jueces es si el autónomo tiene una estructura empresarial propia. Si no la tiene y presta su servicio a otros, hay laboralidad”, añade Tobía, convencido de que “no se trata de que todo el mundo esté en nómina”. Y pone sobre la mesa la figura del TRADE, el autónomo dependiente, que ha fracasado porque las empresas no han querido reconocer la relación de dependencia de sus autónomos, mediante un contrato.

El supuesto encogimiento del espacio de la no laboralidad no vale solo para los riders. Importante fue también la sentencia del Tribunal Supremo sobre Ofilingua, en 2017.  Se refiere a las personas que ofrecen servicios de traducción e interpretación en procedimientos judiciales. Mediante licitación pública, Ofilingua obtuvo el servicio. Es una empresa tradicional que funcionaba con una amplia red de colaboradores por cuenta propia. Los contactaba cuando surgía una tarea, desde hace un tiempo vía plataforma. Si la persona contactada no podía, se buscaba a otra. A una de esas personas se le comunicó que no contarían más con ella y planteó una demanda por despido. El proceso judicial culminó en el Supremo. Y este dictó que era asalariada.

Expertos jurídicos como Adrián Todolí coinciden en apuntar, a partir de estos pronunciamientos, hacia “una ampliación del ámbito de aplicación del derecho del trabajo a toda prestación personal de servicios”. El abogado Nacho Parra, en cambio, no ve cambio de criterio. “No se ha encogido el espacio de laboralidad, lo que hay es un uso de la tecnología para la utilización fraudulenta y masiva de los falsos autónomos”. La Inspección de Trabajo ha optado también por seguir la línea de declarar que los trabajadores de plataforma son asalariados.

¿Qué hacer? La profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luz Rodríguez, plantea tres opciones: “No hacer nada y esperar a que sean los jueces del Supremo los que decidan, regular en línea de Francia o de California o pensar en rentas que garanticen una calidad de vida mínima. No hay más”.

Pero algo hay que hacer. España destaca en Europa en uso del trabajo en la economía de plataforma. Según la asociación Adigital, hablamos de un 17% del total de trabajadores. De acuerdo con el informe Colleem para varios países la UE, si la media es del 9,7%, España es el país más importante de la eurozona, con un 11,6%, solo por detrás del Reino Unido (aunque solo el 2% del total vive solo de plataformas). En el 17,6% de los casos esta es la vía para obtener más de la mitad de sus ingresos. 

Lo que nadie niega es su potencial. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las plataformas son “uno de los cambios más importantes acontecimientos en el mundo laboral en los últimos 10 años”. Hay centenares de plataformas de todos los niveles, cualificación, sectores y alcance, más allá de los riders. Pero en los eslabones más débiles de la cadena, la cuestión es cómo los sistemas de Seguridad Social podrán garantizar a los trabajadores una protección mínima. Fue uno de los temas abordados en el Foro Mundial de la Seguridad Social celebrado en octubre en Bruselas. “Una deficiente definición (de la prestación sel servicio) y la demora de su clarificación jurídica pueden provocar deficiencias en la financiación de los sistemas, especialmente en el caso de los contributivos. Hay que prevenir asimetrías por falta de cotización o infracotización por una indeterminación de las obligaciones de las plataformas y de los trabajadores”, según la ponencia presentada en este foro por Javier Aibar, de la Tesorería General de la Seguridad Social.

[Este artículo forma parte del dossier Plataformas digitales, publicado en el número 75 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El universo del crowdfunding, constituido por microdonaciones y préstamos colaborativos de particulares dispuestos a financiar proyectos a través de plataformas digitales, se ha normalizado en España. De hecho, no para de crecer. En 2018, el incremento de esta actividad respecto del año anterior fue del 62,12%, hasta sumar una cantidad de 159,69 millones de euros, según un estudio de Universo Crowdfunding en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Pero la composición interna de este universo es heterogénea. Tras los préstamos, las aportaciones de carácter inmobiliario, las plataformas de inversión y las de recompensa o preventa, han ganado también su espacio las donaciones, que el año pasado sumaron 9,26 millones. En este último ámbito, que supone el 5% del conjunto de actividad, se mueve Goteo, fundada en 2011 después de que sus impulsores detectaran la necesidad de herramientas que ayudaran a tomar forma y convertirse en sostenibles muchos proyectos sociales. Es su modelo: ayudar a costear iniciativas de carácter social, sobre todo en las primeras fases de gestación. Goteo, tras la que se encuentra la Fundación Goteo, vehiculó la financiación para el Sindicato de Inquilinos (recaudó 36.051 euros) y una cooperativa de antiguos topmanta (obtuvo 67.184).

Olivier Schulbaum es, junto con Susana Noguero, fundador de la plataforma. La lanzaron después de que sus caminos se cruzaran en Berlín y de que impulsaran el proyecto Platoniq, que aúna proyectos culturales en los que intervienen las nuevas tecnologías. Schulbaum, francés de 47 años afincado en Mallorca, es también miembro del consejo de la fundación Civio. Su tema es contribuir mediante técnicas y procesos creativos al empoderamiento ciudadano, diseñando herramientas digitales y metodologías de participación comunitarias con impacto en las políticas públicas, la cultura y los valores democráticos.

¿Hoy resulta más fácil que hace 10 años obtener recursos para proyectos sociales?

Hoy es más fácil ser filántropo de un modo más efectivo y que tenga más en cuenta cuál es el criterio de la ciudadanía, sin supuestos expertos de por medio que digan dónde no conviene o sí conviene invertir. Son los propios activistas quienes autogestionan la red. Cuando Goteo nació, en el año 2011, empresas sociales que antes de la crisis obtenían 50.000 euros para un microcrédito ya no los podían obtener. Antes de la crisis sí era más fácil. En cuanto a hoy, puedo afirmar que podría volver a ser más fácil si integramos el criterio de la ciudadanía. Por ejemplo, para un banco ético trabajar con nosotros es un modelo fantástico: nosotros detectamos proyectos, hacemos el llamamiento a financiarlos, los formamos y garantizamos al banco ético que la ciudadanía cree que ese proyecto tiene valor. Así, al proyecto no tienen que pedirle avales. El aval se lo da el crowdfunding. Si la ciudadanía da 25.000 euros de entrada, tiene posibilidades claras de crecer.

¿Cómo distingue a un filántropo de un inversor?

¡Hay trucos para distinguirlos! Aunque los filántropos disponen de buenos asesores, muy espabilados. Conozco fundaciones muy carcas que nunca entenderán el matchfunding [combinar apoyo empresarial o de instituciones con apoyo ciudadano a través de la financiación colectiva] porque quieren controlarlo todo ellas. En cambio, hay fundaciones jóvenes que confían en el criterio ciudadano, y que tienen recursos para financiar un activismo directo y que no heredan un modelo hecho. En Platoniq a veces tenemos dilemas al elegir con quién trabajamos. La clave es valorar si la parte positiva de la inversión acaba pesando más que la parte negativa. Por ejemplo, hemos trabajado para la red pública de 500 bibliotecas que dependen del Ministerio de Cultura en Colombia. El proyecto buscaba crear una historia común de las diferentes regiones del país, tratando el conflicto a través de algo narrativo, mediante la digitalización de álbumes de fotos. Había que ensamblarlos y crear colecciones. Creamos una metodología para que se implementaran esas dinámicas en grandes ciudades y también en las zonas más remotas, formando a personas que explicaran la dinámica y la metodología. Quien financiaba el proyecto era la Fundación Gates, que, además, realizaba una donación de tabletas y ordenadores. Nosotros valoramos que reforzábamos el discurso de comunidad y una historia común, frente a una donación de tabletas que en unos pocos años iban a dejar de funcionar. Teníamos claro, porque podíamos medirlo, el valor que aportábamos.

Hoy todo el mundo habla de la necesidad de empresas con propósito. ¿Qué piensa?

Puede ser un lavado de cara, como ha sucedido con el greenwashing [presentarse como empresa verde por una cuestión de mercadotecnia]. Pero si se lo toman en serio, pues qué se le va a objetar. Lo que hace falta es conocer sus datos antes de poder opinar. En nuestro caso, muchos de los proyectos que recibimos renuncian porque la gente se asusta cuando la aprietas y le preguntas sobre su compromiso social. Hemos incorporado como criterios los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Cuando pedimos que concreten cómo ayudan a cumplirlos, muchos no pueden hacerlo. A veces reorientamos los proyectos hacia otras plataformas.

¿Usted es crítico con la financiación colectiva vía Kickstarter o Verkami?

Hay proyectos socialmente útiles en esas y otras plataformas, pero es cierto que existe poca conciencia. He visto proyectos muy buenos que por alguna razón no se preguntan por los valores de la plataforma a través de la que recaudan dinero, porque ven en la recaudación de dinero un hecho puramente económico. Con lo que sí soy muy crítico es con la preventa de productos que no sean de carácter ecológico. Porque no veo que se genere una relación de los micromecenas con la causa que se persigue. Es gente que, por ejemplo, quiere un libro y lo obtiene más barato. No hay tanta diferencia con un Amazon. Lo que a nosotros nos importa es la causa que hay detrás. Lo vimos con el proyecto Top Manta: no solo se apoyaba una marca real, sino un reclamo de que las personas del colectivo migrante tienen derecho a ser representadas y a ser también emprendedoras. Nosotros nos proponemos recompensar a la gente por su activismo social. Con cada aportación se obtiene un certificado de donación que desgrava.

En todo caso, el crowdfunding no para de aumentar.

No estamos pendientes de este tipo de datos. En realidad, que una plataforma como Kickstarter esté en España no nos afecta. Son proyectos distintos. Aunque es verdad que la comunidad recurre a herramientas capitalistas para apoyarlos, porque coge una tarjeta de crédito, paga desde su cuenta del banco y no se hace preguntas.

El modelo abierto como el suyo, ¿cree que puede llegar a ser troncal en el sistema o siempre se mantendrá en los márgenes como algo complementario?

Según en qué ámbitos, como el de la participación ciudadana, ya se convierte en algo central. Ser abierto implica que la gente vea y pueda comprobar que lo que se ha creado tiene valor. Comentaba antes que hemos integrado los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La ciudadanía no los tiene muy interiorizados, pero a escala institucional sí están muy integrados. Así que hemos creado un modelo para medir si se cumplen y cómo se medirá en 2030. Para que la gente lo entienda mejor, en lugar de hablar de los ODS como tal, utilizamos conceptos con los que la ciudadanía sí puede relacionarse más fácilmente: dejar huella ambiental, huella democrática y huella social. De esa triple huella van los indicadores que hemos creado.

¿Y eso en qué se concreta?

Relacionar la huella democrática, social o ambiental con los ODS nos permite, por ejemplo, analizar todos los proyectos financiados desde 2011 en la ciudad de Barcelona y cómo se posicionan con relación a los objetivos de Naciones Unidas.

¿Y qué seguimiento dan a los proyectos? ¿Está protegido el donante/inversor?

Realizamos un seguimiento interno al año, ya que en Goteo hay un contrato en este sentido con las iniciativas financiadas. Pero lo más relevante es que la propia comunidad está muy pendiente del ciclo de vida de los proyectos, en tanto que es la primera interesada en que las cosas se hagan bien. Las alertas surgen por sí mismas. Hay pocos datos de proyectos que no se hayan llevado a cabo. De entrada, les pedimos a los proyectos que demuestren con datos su impacto social, que no solo enseñen fotos o postales, como hacen algunos bancos y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG). Lo importante es que el impacto sea medible. Pocas ONG tienen aplicaciones de datos que permitan al donante comprobar adónde va el dinero. Demostramos que vale la pena invertir en él, porque el proyecto tendrá apoyo. Los Riders X Derechos, por ejemplo. Estamos ahí sobre todo para apoyar el momento fundacional. Aunque otros puedan repetir campaña para crecer.

¿La gente en general diría que es solidaria? ¿O es cosa de un pequeño grupo muy activo?

La gente es solidaria. Si no, ni nosotros ni otras plataformas podríamos existir. Cuando empezábamos nos preguntábamos si la solidaridad se podía reproducir a escala digital. Nos lanzamos por intuición, pero sobre todo porque sabíamos que existía una necesidad grande de proyectos de cambio, sociales y culturales, que aportaban mucho valor en el ámbito la economía social y en el de empoderamiento ciudadano.

¿Qué tipo de proyectos arrastran más?

La recompensa que más éxito tiene en Goteo es la pestaña de “renuncio a la recompensa”, sobre todo en el caso de proyectos de denuncia pública. Tienen mucho éxito los proyectos de open data [datos accesibles a todo el mundo], y también proyectos periodísticos independientes que se traducen en valores más intangibles.

La comunidad tiene la oportunidad de ofrecer dinero o bien otro tipo de ayuda. ¿Qué tiende a ofrecer?

La gran mayoría da dinero; de media, unos 50 euros. Pero es verdad que los proyectos pueden pedir aportaciones voluntarias en forma de servicios. Pero cuidado: lo que no se puede hacer es pedir que un diseñador voluntariamente te haga un trabajo gratis. Hay personas que aportan datos de su comunidad para contribuir a la transparencia. O prestar la furgoneta para ayudar a un traslado cuando una cooperativa cambia de sitio. Tenemos registrados a 119.798 donantes únicos, de los cuales 19.819 han repetido. La fidelidad de los donantes es muy elevada. Confían más en proyectos porque están en Goteo, porque saben de nuestro compromiso.

¿Cómo ha evolucionado Goteo desde su nacimiento?

Hemos aprendido mucho desde entonces, pero nuestros valores centrales no han cambiado. No somos escaparates de proyectos. El modelo fue diseñado, codiseñado, pensando en el beneficio de la comunidad, más que de la organización. Es una elección. Nos hemos comprometido con ese modelo. Si renunciáramos a algunos valores, creceríamos más económicamente, pero no queremos ir por esta vía. El hecho de que asumamos más responsabilidades sobre los proyectos implica tener más recursos humanos que los competidores. Tienes que generar un proceso de investigación y desarrollo constante, que a su vez también nos da un know how que nos permite crecer. Crecemos y nos reforzamos con otras tendencias y plataformas. Por ejemplo, trabajamos con la economía social. Hemos crecido en datos muy ricos, que nos permiten aportar al diseño de programas de emprendimiento social de instituciones públicas y privadas.

Goteo se han convertido en herramienta de las instituciones para financiar proyectos de impacto social.

No, no. Nosotros preferimos hablar de crowd advocacy (defensa de la multitud, de la comunidad). Ayudamos a implementar políticas públicas. Seguimos dirigiéndonos al ciudadano. El acuerdo entre nuestra fundación y las instituciones supone una colaboración innovadora para ambas partes. Hay instituciones que confían en nuestro proyecto y quieren ser el paraguas de iniciativas que lleguen a través de Goteo. La Junta de Andalucía, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Barcelona, Zaragoza y Madrid han abierto lo que llamamos un canal.

Cuando un donante pone dinero, ¿la Administración multiplica la inversión?

Sí, exactamente. Cada proyecto tiene su propio algoritmo, programado para que cuando un donante da dinero vea cómo se multiplica su aportación. Si este año la tasa de éxito [proyectos que logran la financiación que se pide] es del 76%, en el caso de los proyectos de mano de las instituciones, la tasa alcanza el 86%.

¿Y qué tipo de iniciativas buscan las instituciones vía microdonaciones?

Las instituciones buscan proyectos correspondientes a su ambito de actuación. Donde he visto una influencia más clara por nuestra parte ha sido en formación y transparencia, tras seis años de trabajo conjunto y tras haber realizado una quincena de programas. Cuando la Administración apuesta por un proyecto y tiene que elegir qué priorizar, nos ven como filtro y sello de calidad sobre lo que interesa a la ciudadanía. Trabajamos con canales. Por ejemplo, con universidades, para vehicular la financiación de proyectos para participar en un encuentro de jóvenes investigadores. El potencial es enorme, para las Administraciones y para las fundaciones privadas. Todavía arriesgan poco.

¿Entiende el temor ciudadano sobre los datos anonimizados?

Es un tema realmente complejo y, además, las leyes van cambiando en los distintos países. Es un mundo difícil, y más por las implicaciones legales. Uno de los temas que nos lleva más tiempo y energía es el legal design: simplificar los términos y condiciones y también hacer la información más amena y empática. La gente no sabe lo que implica lo que firma.

¿Qué otros ‘Goteos’ hay en el mundo?

Como el código de Goteo está publicado, podemos saber que hay 270 réplicas. Eso no significa que funcionen todas. Tenemos referentes claros como Yokohama, en el campo de la ecología urbana, donde hemos aportado formación en financiación alternativa. En realidad, estamos satisfechos porque con los datos de Goteo podrías comparar índices de solidaridad por kilómetro de una región respecto a otras. Muchos investigadores estudian con nuestros datos.

Goteo es un híbrido de red social, de comunidad... ¿En qué se diferencia de una plataforma tipo Change.org?

Cada plataforma tiene su modelo. No creo que una aportación económica o una contribución a un proyecto de activismo tenga el mismo valor que una firma de una petición en Change.org, a parte que su modelo de negocio es muy discutible. Prefiero comparar Goteo con plataformas de participación ciudadana como Decidim Barcelona o Decide Madrid. Pero fijémonos en la gestualidad del activismo de participación, que en el caso del crowdfunding consiste en sacar la tarjeta de crédito y pagas porque no te puedes permitir no apoyar un proyecto. El modelo de una plataforma de participación ciudadana de un gobierno local es diferente, pero parte del mismo tipo de gestualidad. Pagar con una tarjeta o aportar tu Documento Nacional de Identidad es un paso muy delicado hacia el activismo de plataforma. Ello nos lleva a hablar de cómo mejorar la experiencia de la persona usuaria. A mí me gustaría, aunque pueda sonar a locura, es que las empresas tuvieran una bolsa de horas en que sus trabajadores invirtieran en voluntariado, a través de Goteo o de otras plataformas. Y que las horas que repercutieran en proyectos sociales desgravaran ante Hacienda. Eso sería justo.

¿De qué proyecto financiado por Goteo se siente más orgulloso?

Top manta, una iniciativa del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Ha sido un modo de dar voz a un colectivo. Es una iniciativa de las que te hacen sentir que ayudamos a lograr cambios palpables y consistentes. Quiero destacar también 15MpaRato, aunque no es responsabilidad directa de Goteo. Pero fue la primera causa judicial financiada por la ciudadanía a través del crowdfunding.

¿Cuán grande es su comunidad?

La comunidad de Goteo está conformada por 80.000 personas usuarias activas de habla hispana que reciben un boletín nuestro cada 15 días. En realidad, hay más usuarios, pero hace dos años partimos casi de cero por la ley de protección de datos. Personas usuarias suman 168.243. Lo que aún estamos intentando mejorar y comprender es cómo toda esta gente se relaciona entre sí.

¿Qué comisión toman por donación?

El 5%. Es un porcentaje estándar.

¿Cómo ha evolucionado el nivel de éxito en la financiación de proyectos?

El nivel de éxito, que supone obtener el dinero o los recursos solicitados a la comunidad, es del 78%. Este año vamos por el 92,12%. Cuando empezamos en 2011 era del 42%.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 73 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El paisaje tras la última gran crisis de 2008 y la precarización laboral dejó claro como nunca hasta qué punto la inserción social depende hoy de la vivienda. Con esa idea en mente, la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales presentes en Cataluña, impulsó a finales de 2014 una fundación que intentara resolver la paradoja que suponía la existencia de pisos vacíos en paralelo a los desahucios. Quería aumentar el escaso parque de vivienda social —el 2%, del total frente al 15% de media de la Unión Europea y que, para alcanzarlo en la comunidad, supondría conseguir 230.000 viviendas más de alquiler social respecto de los 60.000 existentes—, pensando en las personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Transcurridos cinco años de trabajo ingente, la fundación Hábitat 3, presidida por Carme Trilla y dirigida por Xavier Mauri, gestiona en total 463 viviendas y prepara ya un proyecto para habilitar 17 más en el mismo recinto donde tiene su sede, en la Casa Bloc de Sant Andreu, en Barcelona, un proyecto de viviendas obreras diseñado por el grupo de arquitectos del colectivo GATCPAC e impulsado en su momento por la Generalitat durante la Segunda República y recuperado tras el franquismo.

La fundación —que no es la que elige a las familias que habitan los pisos, sino que los pone a disposición de distintos programas de vivienda tanto de entidades sociales como de las Administraciones— batalla por conseguir vivienda de donde sea, pero los gestores tenían, sobre todo, en la cabeza el stock inmobiliario de la banca. Se trataba de replicar la obtención de cesiones de más de un centenar de viviendas por parte de la Fundación Fomento de la Vivienda Social promovida por Cáritas cuando la propia Trilla trabajaba en ella. A la banca se le ofrecía una interlocución única y garantías de pago. Sin embargo, las cosas se torcieron.

“Nuestras expectativas con la banca no se cumplieron y, al no disponer de la primera fuente de viviendas que preveíamos, ha habido que cambiar de planes”, explica el director general de Hábitat 3.  En algunos casos, bancos como el Sabadell han creado su propia gestora para casos similares (Sogeviso); en otros, han vendido sus carteras a grandes fondos o a sociedades familiares con elevada capacidad de inversión.

De los pisos que gestionan, la mayoría (350) son propiedad de ciudadanos privados que aceptan un alquiler asequible y que ceden a la fundación y la búsqueda del inquilino, la relación con este, y también la de este con la comunidad de vecinos. La fundación, que también ofrece ayudas a la rehabilitación de las viviendas que lo requieren, garantiza el pago sin retrasos y un seguro. Habitualmente, los inquilinos pagan una cantidad simbólica (150 o 200 euros), y se subvenciona la diferencia con ayudas de los ayuntamientos. La tasa de renovación de los propietarios privados está siendo del 80%. “La subida de alquileres en ciudades como Barcelona de estos últimos años no ayuda”, explica Mauri.  Después de tres años de precios congelados (no se les sube la inflación), el incremento establecido para las renovaciones ha sido del 11%. En Barcelona, los precios de mercado han aumentado un 37% entre 2013 y principios de 2019, según el Incasòl.

Otras 80 viviendas han sido cedidas para alquiler social por el Gobierno catalán, que en 2015 creó la figura del “tanteo y retracto”, consistente en que cuando un banco o un gran tenedor de pisos vende, la Administración tiene derecho a quedárselo para gestionarlo ella, o ayuntamientos y entidades sociales.  Pero la nueva vía, no prevista en los inicios de la fundación, ha sido la adquisición de viviendas por parte de la propia fundación, que ha recurrido para ello a préstamos, principalmente del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y a Caixabank. Suman 33 las promovidas, a las que se sumarán las mencionadas 17 en la Casa Bloc.

[Este artículo ha sido publicado en el número 73 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La empresa B. Braun, proveedora de productos sanitarios, lleva tiempo promoviendo que las personas integrantes de su plantilla se junten para ir al trabajo. Les da la opción de registrarse por grupos y reservar una plaza de aparcamiento si comparten coche privado, y el año pasado amplió rutas y horarios del sistema de transporte colectivo organizado por la propia compañía. Según informa el plan de movilidad de B. Braun en su planta de Rubí (Barcelona) —tiene otros centros en Alcobendas (Madrid), Jaén y Santa Oliva (Tarragona)—, la opción vehículo de alta ocupación (VAO) supone un ahorro diario de 6,4 euros al día por ocupante —o 1.440 euros al año— además de ayudar a evitar la emisión de 8 kilos de CO2 a la atmósfera cada día. Subirse al autobús corporativo significa ahorrar siete euros al día y equivale a 3 kilos menos de dióxido de carbono.

No son muchas las empresas que en España planifican una movilidad sostenible, aunque algunas grandes compañías radicadas en polígonos facilitan medios de transporte colectivo. Sin embargo, la implantación de una empresa en un lugar determinado, sus turnos de trabajo y las zonas de aparcamiento son factores que inciden en la movilidad cotidiana, en la contaminación, la congestión, la conciliación, el impacto ambiental y la salud.   

Las empresas son parte de la solución para crear una nueva cultura de la movilida sostenible. No solo porque el transporte representa el 42% del consumo de energía final de la economía española.  Casi un tercio de los desplazamientos realizados en días laborales son trayectos in itinere, de ida y/o de regreso al trabajo. El último censo (2011) apuntaba que el 61,5% de los desplazamientos a la oficina, tienda o fábrica se realizaban en coche o en moto. Y resulta difícil cambiar las cosas porque se da la circunstancia de que, en el conjunto de España, el 37% de los centros habituales de trabajo se encuentran en un municipio distinto al de residencia. Todos estos datos están incluidos en el informe La movilidad al trabajo: un reto pendiente, elaborado por el experto en movilidad Manel Ferri para la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). 

La dispersión de actividades económicas en el territorio, el encarecimiento del precio del suelo urbano y la tendencia de muchas localidades a desarrollarse como ciudades difusas —frente a las urbes compactas— contribuye a ello. Urbanismo, transporte y actividad empresarial no van de la mano. Prueba de ello es, según el mismo estudio, que en más de 5.000 polígonos industriales los servicios de transporte público son “prácticamente inexistentes o muy reducidos”.

Las consecuencias directas e indirectas pueden ser sociales, medioambientales y económicas. Por ejemplo, en materia de accidentalidad laboral, el 10% de todos los accidentes con baja laboral suceden durante desplazamientos al trabajo (o de vuelta). La exposición a la contaminación acústica, los embotellamientos de tráfico, las emisiones de gases de efecto invernadero y la emisión de partículas especialmente nocivas para el sistema respiratorio y cardiovascular son otras de ellas. Pero también se puede plantear la pérdida de oportunidades laborales por falta de coche o moto, la pérdida de tiempo en la congestión, el tiempo de desplazamientos que se resta a la conciliación familiar... Según la consultora Infras, el impacto de la movilidad insostenible en Europa se estima que equivale a un 4% del producto interior bruto (PIB).

Planes del Transporte al Trabajo

Así las cosas, el informe de Ferri propone que los centros de trabajo de las administraciones con más de 100 trabajadores propios o externos y las empresas privadas con más de 200 trabajadores, también propios o externos, incorporen los llamados planes de transporte al trabajo, los PTT, que deberían formar parte de la negociación colectiva. Estos planes dibujan una foto sobre los hábitos de desplazamiento de la plantilla y de los impactos que generan, sopesan posibles medidas de actuación, con su correspondiente presupuesto, y requieren mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Hace ya cuatro décadas que, en Estados Unidos, se empezaron a implantar algunos planes de este tipo. Posteriormente, planes parecidos se empezaron a aplicar  en países europeos como Holanda, y también en Francia, Bélgica y el Reino Unido. 

Según la guía de PTT del IDAE, en Italia los municipios pueden sufragar hasta el 50% del coste de las medidas incluidos en estos planes en algunos supuestos. En Francia, las empresas de más de 11 trabajadores deben contribuir a través de sus bases de cotización a la Seguridad Social en la financiación de los servicios de transporte público, y pueden pagar los gastos de empleados que viajan en bicicleta al trabajo. En Bélgica, el empresario está obligado a pagar un 60% de los abonos de tren a la plantilla. En Reino Unido, existe un impuesto sobre plazas de aparcamiento para coches en centros de trabajo para la plantilla, la dirección y  la clientela. Y, al igual que en Irlanda, se consideran préstamos e incentivos fiscales para que los empleados opten por la bicicleta.

La implicación de las Administraciones en el impulso de los planes de transporte al trabajo es crucial; de entrada, ahondando en el marco legal actual en los planos fiscal, normativo o de planificación. 

En España las empresas no están obligadas a redactar PTT, algo que intentaron sin embargo promover tanto la Ley de Economía Sostenible de 2011 y como la Estrategia de Movilidad Sostenible de 2010. Ese año se propuso una exención al IRPF en relación a las cantidades pagadas por las empresas para el transporte colectivo de sus trabajadores. La excención se aplicaba también si se entregaban tarjetas u otro medio electrónico de pago para comprar títulos de transporte, con un tope de 1.500 euros anuales por trabajador. No se ha desarrollado una ley de movilidad sostenible a escala estatal, aunque comunidades como la valenciana, la catalana y la asturiana han dado pasos en este sentido y contemplan planes de transporte al trabajo en algunos casos.   

Fomento de la bicicleta

Pero cada vez hay más experiencias y buenas prácticas en empresas, como la citada de B. Braun, o los planes de movilidad de la Diputación de Barcelona. Entre las medidas pueden incluirse el fomento de la bicicleta y los desplazamientos a pie, la introducción de servicios de transporte de empresa y autobuses lanzadera, el impulso del coche compartido, planes de comunidación y gestión de plazas de apartacmiento. Son algunas de las ideas que  ya se están llevando a cabo “con resultados positivos”, según Ferri, junto con opciones sobre la mesa como los peajes de acceso a centros urbanos, las tasas sobre aparcamientos, el abaratamiento de los billetes del transprote público o la promoción de la bicicleta. 

Reducir el número de plazas de aparcamiento libres y gratuitas en las empresas, por coherencia, y liberar suelo “no productivo” para otros usos es otra de las ideas estudiadas. Pero, sobre todo, apuesta por crear un organismo público que unifique estrategias —en las que participen las empresas en favor de la movilidad sostenible— y que promueva, asesore, controle y registre las nuevas prácticas. Por su parte, el Idea apuesta por campañas de información y concienciación y por iniciativas como el cheque transporte público —remuneración parcial en especie libre de impuestos para abonar el transporte público— adelantar dinero para la compra del abono anual de transporte público para poder optar a mayores bonificaciones, lanzaderas de empresa que conecten el centro laboral con nodos de transporte público e incluso subvencionar el coste del uso de un aparcamiento disuasorio cerca de la vivienda del empleado para que use el transporte público.

[Este artículo ha sido publicado en el número 72 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Buena parte de su vida, Max Terbeck trabajó como asalariado en varias empresas hasta que, remarca, “por vocación y por elección”, se convirtió en freelancer. Instalado en Barcelona desde 2001, en pleno auge de lo que entonces se conocía como nueva economía de las puntocom, de un tiempo a esta parte ha encontrado una especie de escaparate digital que, asegura, “ha cambiado mucho su vida” como autónomo. Se trata de Malt, una plataforma digital nacida en Francia en 2014 y aterrizada en España hace poco más de un año, donde cerca de 100.000 freelancers han creado un perfil, ofrecen sus servicios, indican su tarifa y esperan que la potencial clientela escoja. Los desarrollos web y el asesoramiento sobre opciones de negocio son la baza de Terbeck, quien destaca algunas de las ventajas que le ha proporcionado este tipo de intermediación: aumentar los ingresos al no tener que ir buscando clientes, facilidades de facturación y “una solución al quebradero de cabeza de cuando no te pagan por un proyecto realizado”. Al aceptar el presupuesto, el cliente deposita ya el dinero en la plataforma, pero el pago llega al freelancer a las 48 horas de la finalización del servicio. La plataforma se queda una comisión del 10%, impuestos aparte, del pago por un servicio que el cliente puntúa. La elección de proveedor se realiza entre los perfiles más adecuados que proporcionan los algoritmos para resolver las necesidades requeridas.

Malt es una de las plataformas de trabajo que casan oferta y demanda y que muestran una cara distinta de la intermediación vía plataforma digital que ha acaparado la atención, ya sea por las condiciones de trabajo precario o por los choques regulatorios en sectores específicos como el reparto —Glovo, Deliveroo— o el transporte —como Uber y Cabify—. Porque las plataformas no dejan de expandirse, sofisticarse y especializarse a una velocidad pasmosa.

“Los avances tecnológicos permiten que las empresas hagan cosas que antes no podían hacer y ahora sí: disponer de una fuerza de trabajo extendida. Quieren estructuras ágiles y flexibles en un entorno donde el negocio es cada vez menos estable y la tecnología reduce los costes de transacción”, explica Jordi Serrano, socio fundador del Future for Work Institute. Además de ventajas para las empresas, la comodidad para el usuario, la concepción de modernidad y las oportunidades laborales para personas en situación de necesidad influyen en esta expansión de las plataformas, en un contexto de individualización del trabajo y del paro a la que no es ajena la ideología.

Las plataformas digitales de trabajo no conforman un paisaje homogéneo. Cada una tiene su modelo de funcionamiento y su nivel de tarifas —por día, hora, proyecto fijado por el freelancer o bien el que propone el cliente—. Se mueven, además, en mundos distintos. UpCounsel, por ejemplo, ofrece solo juristas y Field Engineer, ingenieros. Domestika está enfocada a creativos. En Clintu se ofrecen servicios de limpieza y planchado. En Cuideo, personas que cuidan. En TechBuddy se puede contratar una persona que asista en casa a los poco duchos en tecnología. Otros proyectos como GLG y Toptotal se presentan como punto de encuentro de la cima del talento y los ingresos elevados, ya que en ellas se ofrecen, entre otros, personas expertas en ciberseguridad, servicios financieros, inversión en capital riesgo, científicos, académicos o exresponsables de gestión pública.

“Son realidades paralelas que forman una pirámide, en cuya base y escala más baja encontramos microtrabajadores como los que trabajan para Amazon Mechanical Turk y Clickworker, y en cuya cúspide del trabajo de cuello blanco encontramos los encargos muy especializados de alto nivel. Hasta la firma PwC ha creado su propia plataforma para consultores externos, Talent Exchange”, explica Albert Cañigueral, conector de la plataforma Ouishare y fundador de consumocolaborativo.com.

Sgún Judith Carreras, consejera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, se estima en 300 la cantidad de plataformas digitales de trabajo que existen en el mundo, clasificables en función de criterios distintos. Uno puede ser el nivel de cualificación de los perfiles de usuarios. Otro, quién impone las condiciones de trabajo. O bien la localización del servicio, pues este puede prestarseallí donde está el cliente o bien puede realizarse en cualquier punto del planeta. Hay, además, plataformas que publican ofertas de empleo y otras que se comportan como auténticas empresas de trabajo temporal (ETT). Hay cooperativas de plataforma para intentar unir lo mejor del cooperativismo de trabajo y del mundo digital. Y también empresas clásicas que ofertan nuevos servicios, como academias de idiomas que subcontratan a profesores para ofrecer cursos por Internet vía una plataforma... en la que también se anuncia parte del profesorado que habitualmente trabaja para el centro.

Es difícil saber exactamente cuántas personas viven de su trabajo en plataformas. El estudio Platform Workers in Europe, publicado en julio pasado por la Comisión Europea, concluye que España es el país de la UE con una mayor proporción después del Reino Unido, pues un 11,6% de los adultos ha obtenido alguna vez ingresos por esta vía. Pero no pasa del 2% la cantidad de personas que dedican más de 20 horas a la semana, o que obtienen al menos la mitad de sus ingresos, a través de plataformas. “La cuestión no es tanto su peso, sobre todo en comparación con su peso mediático, sino cómo la dinámica de las plataformas puede permear a otros sectores, explicaba Carreras en un encuentro organizado el pasado marzo en Madrid por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para abordar la parte de oportunidad y la parte de precariedad que conllevan las plataformas.

Interrogantes múltiples

Se plantean múltiples interrogantes sobre las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellas —de media, 4,5 dólares por hora—, las formas de negociación colectiva que pueden garantizarse, las dudas sobre quién paga la Seguridad Social en el caso de las plataformas internacionales, sobre quién proporciona formación en prevención de riesgos laborales, qué sucede con los impagos por trabajos realizados o cuáles son los mecanismos de vigilancia y control.  Pero la principal inquietud es el subempleo, como derivada de los ingresos irregulares. Según Carreras, el 88% de gente conectada querría trabajar 11 horas más de las que trabaja, que son 24 a la semana. De acuerdo con un informe de la Universidad de Leeds para el Parlamento Europeo de 2017, 7 de cada 10 personas que prestan servicios en plataformas digitales como Uber y Glovo están fuera de esquemas de protección social europeos.

De momento, el mercado ofrece sus propias respuestas. La proliferación de plataformas ha hecho que empiece a surgir toda una industria de servicios digitales que vende soluciones para las personas trabajadoras vía plataformas. Pueden ser seguros por baja o incapacidad temporal (Muno) o seguros bajo demanda por actividad (Zego). Pueden proporcionar herramientas para trabajar (LiquidSpace), o bien servicios financieros personalizados (Hurdir), beneficios sociales cuando existen varios empleadores (Alia), ayudar a gestionar la propia reputación en Internet (Credly) o apoyar la creación de mecanismos de organización y representación colectiva y de apoyo mutuo (Organise, Riders xDerechos, Asociación de Personal de Plataformas). También actúan para el mantenimiento de comunidades (DNX Hub). Y hay muchas más que trabajan en el apoyo en la búsqueda de oportunidades laborales, la formación y la puntuación de las plataformas por las personas que trabajan en ellas.

“La propia tecnología puede ayudar a cubrir necesidades personalizadas de los profesionales para evitar su desprotección, con prestaciones a escala masiva y a bajo coste”, apunta Cañigueral, autor de El mercado laboral digital a debate, proyecto seleccionado por el Programa de Innovación Abierta (PIA) de la Fundación Cotec, que ahonda en la realidad abigarrada de las plataformas y que recoge toda esa oferta de nuevos servicios, bautizada como workertech. El punto de partida del concepto es que cada persona pueda acceder a beneficios y protecciones “sin laboralizar su relación con la plataforma”, apunta el informe. Son “beneficios portátiles”, asociados al individuo y no a un contrato de trabajo, de modo que lo que asumía tradicionalmente la empresa lo asuma la persona que trabaja por su cuenta. Sin embargo, se plantean soluciones con recargos a los clientes. El modelo que se suele poner de ello es el Black Car Fund, fondo de compensación para conductores del Estado de Nueva York.

Con la idea de combatir que la intermitencia de ingresos tenga que significar precariedad nació Smart, una cooperativa de impulso empresarial que asocia a profesionales de la cultura. En teoría, ofrece servicios mutualizados, asesoramiento para proyectos y formación a toda la red de profesionales que la conforman.

La protección social es el eje en torno del que gira el debate sobre el futuro del trabajo, que se vislumbra cada vez más flexible y marcado por la digitalización, la automatización, la robotización y también por retos como la globalización, el envejecimiento y la emergencia climática. La profesora de Derecho del Trabajo Luz Rodríguez habla de “arbitrar una protección social para un trabajo atípico cada vez más frecuente, independientemente del estado jurídico”. 

Para responder a los retos del trabajo y, en particular, de la economía de las plataformas, la OIT ha planteado una Garantía Laboral Universal en su documento Trabajar para un futuro más prometedor. Se trata de asegurar “un nivel básico de protección para todas las personas trabajadoras, con independencia de su acuerdo contractual o de su situación laboral, que pueda complementarse por regímenes contributivos de Seguridad Social que proporcionen niveles mayores de protección”. También pide un sistema de gobernanza internacional de plataformas. 

El nuevo pilar social de la UE plantea igualmente el derecho a “una protección social adecuada”, al margen del tipo de relación o contrato que se dé, tanto para asalariados como para trabajadores por cuenta propia “en condiciones comparables” a los primeros. La cuestión es quién asume ese coste.

A la espera de sentencia en el marcrojuicio de los repartidores

Hasta ahora, la cuestión de la protección social de las personas que trabajan para plataformas como Glovo y Deliveroo la han dirimido tanto los juzgados como la Inspección de Trabajo, con pronunciamientos contradictorios (en España y en distintos países europeos) sobre los indicios de relación laboral existentes entre trabajadores y plataformas digitales. En abril, las últimas sentencias corroboraban que eran trabajadores de Glovo o autónomos dependientes. Para los próximos días se espera la sentencia del primer juicio colectivo sobre el modelo laboral de Deliveroo.

La nueva directiva europea sobre condiciones de trabajo aprobada este año por el Europarlamento exige garantías mínimas para los trabajadores de las plataformas, en condiciones transparentes y previsibles. Pero empresas como Glovo aducen que no se les puede aplicar, porque la norma concierne a los trabajadores por cuenta ajena con determinadas horas de jornada o sin tiempo garantizado y excluye a los autónomos sin exclusividad que se supone que son libres para determinar su tiempo de trabajo.

Según Pau Hortal, emprendedor y experto en recursos humanos, en el caso de los repartidores estamos ante “un caso claro de capitalismo del siglo XIX, y tenemos que ser capaces de dar salida a la gente que se ve obligada a aceptar trabajos propios del siglo XIX”. Hortal es uno de los principales impulsores de la Fundación Ergón, que busca aunar esfuerzos de las Administraciones, empresas, sindicatos, ETT e instituciones educativas y expertos para dinamizar las políticas activas de empleo, superar el actual desajuste entre oferta y demanda y mejorar la inserción sociolaboral.

[Este artículo ha sido publicado en el número 69 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Lantegi Batuak es la iniciativa empresarial de mayor dimensión que existe en Bizkaia en el ámbito de la discapacidad y, especialmente, en la discapacidad intelectual. En ella trabajan 3.100 personas. Pese su carácter marcadamente social, también opera en el mercado. El 80% de la actividad de sus 25 centros de trabajo es industrial. Entre facturación y algunas subvenciones, anualmente mueve más de 100 millones de euros. Desde hace ocho años, la organización funciona con una doble contabilidad: la de carácter económico-financiero y la de carácter social. Y ambas comparten la misma unidad de medida: el dinero. Eso, medir las cosas en euros, todo el mundo lo entiende.

Y es que cuando una compañía contrata, por ejemplo, a 200 personas, en sus cuentas computa en negativo, como un gasto, lo que no deja de resultar paradójico considerando las consecuencias positivas, sociales y también económicas, en múltiples aspectos, de crear empleo. Más aún se da esta contradicción si hablamos de personas con discapacidad. De ahí la necesidad de medir otros parámetros.

Son cada vez más las empresas que realizan balances sociales que recogen su comportamiento ante determinados indicadores. Pero no estamos hablando de eso. Hablamos de poder comparar los resultados económico-financieros con los resultados sociales, con los mismos parámetros.

“Estamos ubicados en un territorio pequeño como Bizkaia. Se puede recorrer en coche de punta a punta en una hora, así que bastarían un par de plantas que agruparan a los trabajadores. Sin embargo, operamos con 25 centros de trabajo, porque eso evita que personas con discapacidad tengan que desplazarse, evita que alguien tenga que acompañarlos al trabajo. Y, además, al año generamos un ahorro en transporte estimado en 100.000 euros. Ahora bien, la puesta en marcha de cada centro requiere una inversión media de seis millones de euros”, explica Ramón Bernal, director financiero de Lantegi Batuak. La contabilidad de la organización arroja 6,7 euros de retorno a la administración por cada euro que percibe de subvención. “Si presentamos nuestros datos a terceros, por ejemplo, si nos dirigimos a la Administración y tiene que valorar concedernos una ayuda, es importante que tengan delante la foto global que refleje lo que hacemos, no solo si la cuenta de resultados arroja beneficios”, añade Bernal.

¿Pero quién valora en dinero lo que supone cada política aplicada por una organización? “Los criterios y el valor social los definen los grupos de interés o stakeholders [principalmente empleados, sus familiares, clientes, accionistas, Administraciones y proveedores] a partir de lo que consideran que aporta la organización o la empresa, y es lógico que las variables de valor sean comunes entre empresas de un mismo sector o entre las que compartan un mismo modelo de negocio”, explica el profesor de la Universidad de Deusto José Luis Retolaza. Este académico es el principal impulsor de una metodología que mide y visibiliza el valor social generado por las organizaciones a lo largo de su proceso productivo, con la aspiración de que se traduzca en “normas necesarias, es decir, obligatorias, y también internacionales”. Y a quien le llame utópico le replica que, al fin y al cabo, hasta el crash de 1929 la contabilidad económico-financiera no era obligatoria de forma universal.

Mejorar la gestión

Las universidades públicas catalanas, empresas como Euskaltel, la Fundació Formació i Treball (FiT) y las mayores cooperativas del Grupo Clade se han sumado a la propuesta metodológica de Global Economic Accounting, una agrupación de interés económico sin ánimo de lucro que teje lazos entre una comunidad de usuarios interesados en la contabilidad social. Los miembros interactúan a través de una plataforma común, y participan además de las actividades de investigación, formación y congresos. GE Accounting, además, certifica cálculos de valor social, como si fuera una auditora. “Los modelos de algunas consultoras nos parecen opacos. Claro que cada cual puede realizar una estimación del valor, pero la gracia es que te lo certifiquen con criterios homologables”, añade Bernal.

¿Para qué una contabilidad social? “Igual que en el caso de los datos económicos y financieros: para gestionar mejor la organización, ya que la empresa habla en un mismo lenguaje que da lugar al valor social integrado”, responde Retolaza. “Al final del ejercicio, la contabilidad financiera es instrumental e interesa a los accionistas, pero la social es de propósito, que interesa a todo el mundo, incluidos los accionistas”.

En la medición, las condiciones laborales desempeñan un papel importante, como el transporte, el comedor, el salario, la estabilidad y la flexibilidad. Para valorar la creación de un puesto de trabajo de una persona en riesgo de exclusión, GE Accounting se basa en el valor que estima el Ministerio de Empleo: 45.000 euros.

En realidad, el profesor de Deusto prefiere hablar de “modelo”, más que de contabilidad, porque “podría haber distintas metodologías”, precisa. La que comparte la comundidad de usuarios GE Accounting es una propuesta del Grupo de Investigación ECRI, de la Universidad del País Vasco. Hasta 100 entidades están trabajando en ello. En teoría, dicha metodología vale para cualquier gran corporación cotizada, para cooperativas, fundaciones, instituciones y entidades de voluntariado. Si predomina el criterio mercantil en la gestión, el valor social integrado (VSI) —el beneficio social saldrá más bajo.

Por ejemplo, la Fundació i Treball (FiT, que se dedica a la inserción laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, y que fue pionera en Cataluña, obtuvo un valor social integrado de 16,68 millones de euros cuando lo calculó por primera vez, en 2013. El retorno a la Administración —dinero público ahorrado, según se mire— que generó su actividad ascendió a 3,91 millones, superior a las ayudas públicas obtenidas (1,20 millones), según el análisis realizado en 2015. El resultado puramente económico era, en cambio, de 182.878 euros.

En enero del año pasado se impartió el primer curso universitario sobre contabilidad social, a cargo de ESCI-UPF (Universidad Pompeu Fabra) en colaboración con GEAccounting, para formar a personas expertas en la medición de aspectos sociales.

Por ahora, en la contabilidad no se han incorporado criterios medioambientales, a falta de expertos para realizar cuantificaciones precisas y homologables.

El reto de los impulsores de la contabilidad social es incorporar el VSI entre los criterios de adjudicación en la licitación pública. Los promotores de la herramienta piensan que podrán usarla como un modo de captar inversores. Están convencidos de que muchos lo tendrán en cuenta al decidir dónde poner su dinero.

La experiencia del Grup Clade

“Queríamos ir más allá de las típicas memorias de responsabilidad social corporativa (RSC), queríamos un cálculo más explícito del impacto social de nuestras organizaciones”, cuenta Ramon Roig, director general del Grup Clade, el mayor grupo empresarial de la economía social en Cataluña. Tras valorar distintas opciones, en el camino de Roig se cruzó José Luis Retolaza. Y han empezado ya a aplicar la metodología de GE Accounting sobre varias de las cooperativas del grupo, cuyo volumen de negocio conjunto ascendió a 330 millones de euros en el año 2017, y que incluye, entre otras, a la cooperativa Abacus, una comunidad de personas con sumidoras de productos culturales, educativos y de ocio, y a Suara, cuya actividad se centra en servicios de atención a las personas. Clade ha empezado por las cooperativas más grandes, con la idea de extender la práctica al conjunto del grupo empresarial, que emplea a un total de 6.000 personas, y que cuenta con 1.415 socios trabajadores y 900.000 socios consumidores.

“Sobre el papel, cualquier organización puede sumarse a la contabilidad social, pero no tiene mucho sentido hacer un triple salto mortal y querer pasar del cero al 10 de golpe, Es importante haber trabajado previamente con RSC, el valor social integrado es una evolución de la RSC”, explica Roig.

Tras los primeros cálculos, el valor social de las empresas que han participado en este proyecto asciende a 453 millones de euros. Esta cifra supone multiplicar por 135 el resultado económico obtenido, según informa Clade. “Ello pone de relieve la gran capacidad de generar valor del grupo, en comparación con la capacidad de generar excedentes, factor más propio de las empresas de la economía social”, añade.

De las cooperativas del grupo, es Suara la que arroja un valor social integrado (VSI) bruto más elevado: 185.720 euros. Le siguen, por este orden, Abacus, con 145.380 euros, la Fundació Blanquerna (107.630), Escola Sant Gervasi (20.385,1 euros) y Lavola (14.619,8). El gráfico —elaborado con los últimos datos de cada empresa— permite contrastar esta aportación con relación al resultado económico-financiero, así como el retorno que supone para las Administraciones.

El enfoque del negocio y el sector son los factores que determinan qué se valora en cada organización, a partir de la opinión de los stakeholders. Por ejemplo, en el caso de un centro de educación de enseñanza superior como Blanquerna o en Escola Sant Gervasi, el valor social se focaliza en la formación impartida; en el de Suara, en el valor ligado a su propia actividad de servicio a las personas; en el de Lavola, en los resultaods de sus procesos de asesoramiento (y cómo este ayuda a mejorar el medio ambiente). En el caso de Abacus las principales variables de valor son el importe del retorno cooperativo a los socios y socias de consumo, la capacidad de generar empleo estable, la no discriminación salarial entre hombres y mujeres y la dinamización del territorio con actividades culturales y educativas.

A partir de un marco de variables sectorial común, cada organización batalla para que se tengan en cuenta prácticas propias. Para la cooperativa Abacus, era importante que se tuviera en cuenta una diferencia de abanico salarial máximo de 1:7 entre quien cobra más y quien cobra menos.

[Este artículo ha sido publicado en el número 68 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La Fundación Surt, que preside Fina Rubio, lleva más de un cuarto de siglo trabajando en la inserción laboral de las mujeres, especialmente las que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Rubio es una destacada feminista y activista social. Licenciada en Antropología Social y Cultural, pilota una institución con un centenar de trabajadores y por la que, de media, al año pasan entre 800 y 1.000 personas. Su campo de trabajo es la inserción laboral y el empoderamiento de las mujeres. Como la mayoría de las entidades sociales, su financiación es principalmente pública y parcialmente privada. En esta entrevista, realizada en su casa, Rubio reflexiona sobre los límites de los avances de las mujeres, y también sobre la dura realidad laboral actual. 

Después de estos más de 25 años, ¿sigue siendo más difícil que la inserción de los hombres?

Hoy la inserción de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo infinitamente más difícil que la de los hombres. Es evidente que en estos 25 años hemos avanzado en la conquista de algunos derechos, traducida en leyes en materia de igualdad, violencia machista o dependencia. Pero estas leyes son conquistas que no están bien cerradas. En la realidad, y también en la realidad del mercado laboral, la posición de las mujeres ha variado muy poco en este tiempo. Los cambios son mínimos. 

¿También para las generaciones más jóvenes?

Mi afirmación vale también para las jóvenes. Las mujeres jóvenes están más formadas que los chicos, pero su nivel de paro es más elevado. La clave es la persistencia del dominio del sistema patriarcal. Ya sé que parece un discurso hecho, pero lo cierto es que este sistema de desigualdad está tan arraigado que sigue determinando qué lugares ocupan las mujeres en el mercado laboral y en la sociedad.

¿El género determina más en la desigualdad que otros factores, como el origen o la falta de formación?

Existen desigualdades múltiples que configuran situaciones diferentes. Pero el género determina mucho la posición de una persona, y sí, la determina más que la educación. Recuerde que las mujeres somos el 60% de universitarias y licenciadas. Pero las catedráticas universitarias suponen un porcentaje muy inferior, y lo mismo sucede con las decanas. El sistema patriarcal crea un embudo, y ahí sigue por mucho que ampliemos la base de mujeres. 

Sí hemos asistido a la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral...

En el mercado laboral, seguimos en los sectores feminizados con los empleos más precarios, con mayores niveles de contratos a tiempo parcial y con brecha salarial. Y las desigualdades de género se dan en todos los estratos sociales, también en los lugares de dirección. En la práctica, no estamos tan lejos de la situación de hace 25 años. La igualdad es formal, aunque, como decía, hemos avanzado en muchas leyes.

Durante la crisis, el paro entre los trabajadores superó el de las trabajadoras...

La crisis tuvo efectos contradictorios. Los grandes sectores productivos de este país se desplomaron, empezando por la construcción. Y también de rebote, la industria. Pensemos en el automóvil. Son sectores muy masculinizados. La lectura que se hizo, muy androcéntrica, era que las mujeres resistían mejor la crisis, como si la situación laboral respecto de los hombres se estuviera equiparando, pero era un espejismo. Pasado el primer momento, el paro entre las mujeres volvió a incrementarse. En seguida volvió a haber menos contrataciones entre mujeres y más precariedad, más paradas de larga duración. El impacto de la crisis ha sido brutal, fortísimo, en detrimento de las mujeres.  

¿En qué medida los recortes afectaron de distinto a modo a hombres y a mujeres?

En 2009 y 2010 la Fundación Surt hizo un informe sobre esta cuestión, porque nos dimos cuenta enseguida de que la precarización provocaba que el gasto familiar se retrajera. A resultas de ello, las mujeres cargan aún más con las tareas de mantenimiento de la casa y de cuidados. Muchas mujeres que externalizaban estas tareas ya no se lo pudieron permitir. Ello se ha visto de forma muy clara en el caso de los recortes a la dependencia.

Externalizar tampoco indica avances en la corresponsabilización en materia de cuidados. ¿Tampoco aquí hay avances?

Hay datos interesantes que reflejan lo que pasa. Entre chicos y chicas jóvenes, la diferencia es escasa, de apenas una hora a la semana. Queda claro que están en una fase de la vida en la que ni  unos ni otras dedican mucho tiempo a los cuidados o al hogar. Más tarde, la cosa cambia si hablamos de personas solas. Las mujeres solas dedican ya más tiempo a estas actividades que los hombres solos, pero la diferencia no es abismal. Ahora bien, cuando observas las familias con hijos pequeños, las mujeres le dedican 36 horas a la semana, cifra que baja a 19 horas en el caso de los hombres. Es decir, que cuando se es joven se dedica poco tiempo a los ciudados, pero cuando se tiene la responsabilidad, la diferencia es abismal, y más cuando las criaturas tienen entre 0 y 12 años. Eso no ha cambiado. Vamos, ha cambiado cinco minutos de diferencia en los últimos 15 años.

Entonces, ¿la movilización del 8 de marzo para qué sirve?

El 8 de marzo del año pasado marcó un cambio de ciclo, además de ser un subidón de energía. Expresa la toma de conciencia de las mujeres, a través de un movimiento que es muy transversal, que se escenifica entre las mujeres jóvenes y mayores, de distintos estratos sociales. Veníamos del #metoo, de las protestas contra el juicio la manada. No se soporta la violencia machista y la falta de respuesta de los jueces. Las denuncias en los juzgados a menudo se desestiman y la posición de la judicatura no es favorable a las mujeres. El sistema judicial está atravesado por el sistema patriarcal. Nos matan. Y la extrema derecha dice que la violencia machista nos la inventamos con denuncias falsas. La estructura social no ha cambiado, aunque por suerte algunas mentalidades, sí.

Si las leyes no acaban de cambiar las cosas, el arma principal es la educación.

La vacuna es la educación, sí, pero hay que tomar la calle y decir basta contra la desigualdad. Soy demasiado mayor para pensar que puedo esperar 100 años más para ver la igualdad real. Y las jóvenes no pueden esperar más de 100 años para ver acabar la brecha salarial.

El empleo ha dejado de ser garantía para salir de la precariedad y aumenta el porcentaje de población trabajadora pobre.

El trabajo ha sido hasta hace un tiempo la fuente de una vida digna en la sociedad. Esto se tambalea. Hoy puedes tener un empleo pero no poder acceder a una vivienda, ni tener confianza o seguridad, ni tener garantizado que alimentarás a tu familia. Eso es un problema tanto para hombres como para mujeres, claro. Pero los procesos de inserción tienen sus particularidades.

La inserción laboral para personas víctimas de violencia de género debe ser especialmente delicada...

Lo es. Por eso en la Fundación Surt nuestro enfoque pasa por el empoderamiento económico y personal de las supervivientes. La intervención se basa es que se sientan fuertes.

¿Cómo se trabaja para lograr esa autonomía? Va más allá de un empleo, entiendo.

Las personas analizan su situación y trabajamos con ellas para que identifiquen, tomen conciencia y valoren sus competencias, de las capacidades y fortalezas que tienen pero que no saben que tienen, y las ponemos en valor. Muchas mujeres supervivientes de violencia machista pueden creer que no saben hacer nada. Pero salir de esta situación implica una enorme fuerza de voluntad que les ha ayudado a ser supervivientes. Y, además, ha sabido gestionar una logística, un sistema de organización, una familia. El reconocimiento de las propias capacidades, y también de los puntos débiles que pueden ayudarlas a mejorar, es clave para poder definir un proyecto personal propio, sabiendo qué quieren hacer, qué pueden hacer y qué van a hacer. Son procesos que pueden durar meses. No somos un servicio de empleo al uso. Trabajamos en procesos integrales que suponen un trabajo personal para definir un proyecto propio. 

El mercado laboral impone ciertas limitaciones a esos proyectos...

Los proyectos también deben ser realistas. Es importante analizar el mercado para valorar qué estrategias se deben utilizar. Sirve para conocerlo, y también para para desculpabilizar a las mujeres, porque es segregador, penaliza a las mujeres. 

 ¿Y las empresas ayudan a la inserción de mujeres supervivientes de violencia?

La tarea de sensibilizar a las empresas es importante, porque si salir de la precariedad es difícil para todo el mundo, cuando se sale de la violencia machista aún lo es más. Es una situación muy dolorosa, y a la vez hay que rehacer toda una vida, romper con todo, dejar una casa. Se necesita un entramado de apoyos, no solo apoyo emocional. También medios económicos para salir adelante. Apoyo laboral y una vivienda. La persona lo ha dejado todo, y eso la afecta en muchos ámbitos. Hace falta vivienda para mujeres que salen de violencia machista, apoyos laborales y recursos económicos para sostener a sus hijos. Hace falta todo un sistema de apoyo institucionalizado. Las mujeres que salen demuestran que son muy valientes, que tienen muchas capacidades. Sí que encontramos empresas dispuestas a incorporar a supervivientes, pero su incorporación laboral no es automática. No se trata solo de ofrecerles un lugar de trabajo.

Cada vez se incide más en las carencias personales para ser o no empleable. ¿El paro sigue siendo un problema colectivo?

La ideología ultraliberal se traduce en el ultraindividualismo en el terreno personal. El paro es un problema social. El mercado marca el paso, es una base que te coloca en una posición. A partir de aquí, puedes tener más o menos estudios, mayor o menor capacidad. Es importante conocer el contexto externo. Porque la gente cree no tener trabajo es culpa suya. Pero, por supuesto, es conveniente realizar un trabajo personal para mejorar las competencias técnicas y, sobre todo, las cosas que sabemos hacer y que no sabemos que las sabemos hacer. 

Ponga un ejemplo.

Cuando empezamos a trabajar con el sector de la hostelería, nos sorprendió el hecho de que hicimos dinámicas de trabajo y vimos las competencias que se valoraban tanto por parte de las empresas como de las personas trabajadoras. Estas últimas nos decían, por ejemplo, que lo más importante para una camarera era ser capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando en una sala con solo echar un vistazo. Pero curiosamente, eso era también lo que señalaban las empresas como más importante. En la Fundación Intermedia, que coimpulsa Surt con la Fundación IRAS y con la cooperativa Suara, aparejamos a personas con ofertas [como agencia de colocación] por competencias.   

Si tuviera que elegir la competencia más importante para este siglo, ¿con cuál se quedaría?

Quedarse solo con una no se puede, pero si tuviera que elegir diría que la capacidad de aprendizaje. Estar abierto a aprender es crucial ante nuevas situaciones. Pero también importan la capacidad relacional, que tiene que ver con el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales y la gestión del estrés. Y aunque el carácter y la personalidad influyen, son competencias que pueden desarrollarse. No son algo genético. El contexto social tiene que ver con el modo en que te has manejado en la vida en distintas situaciones. Se pueden cambiar muchas cosas, muchas vidas. 

¿Qué opina del emprendimiento?

En la Fundación Surt tenemos un servicio de emprendimiento y funciona bien. Es positivo potenciarlo, porque moviliza muchas capacidades. Pero tiene límites. No todo el mundo puede ser emprendedor. No porque personalmente unos puedan y otros no. Montar una empresa cuesta mucho, es algo complicado. El sistema habla mucho de emprendimiento, que se presenta como algo fácil, como si bastara una idea genial, pero no lo favorece tanto como dice. En medio hay una cantidad de gente que nunca llega. Y el tejido empresarial de aquí está hecho de microempresa. Sostenerlas en el tiempo es muy difícil. No hay apoyos, el contexto económico es muy competitivo. Las posibilidades reales de emprender son pocas. Emprender no es la gran solución. Hay cierto abuso en el discurso. El autoempleo suele ser superprecario y muy duro. 

¿Todo el mundo es insertable? Hay políticos que opinan que más de la mitad de parados no volverán a trabajar.

Si estamos construyendo una sociedad en la que dos tercios de los parados son desechables y los consideramos excluidos para siempre, yo me apeo. Cambiemos de sociedad. Porque no puede ser. Es cierto que algunas personas será difícil que puedan trabajar, que no encuentren opciones en el mercado. Pero ¿no es cierto que hemos creado empresas para personas con discapacidades y que hacen algo importante? Pues si el sistema no funciona pensando en cómo solventar las necesidades de las personas, sino solo en cómo generar el máximo del beneficio, cambiemos el modelo. Merece la pena. Como se apunta desde la economía feminista, pongamos a las personas en el centro. Si no, quizá sobrará mucha gente.

¿Apuesta por la renta básica universal?

Soy partidaria de una renta garantizada para todo el mundo, y creo que, al menos en las sociedades del bienestar, es posible y necesario. Tal vez no sea posible en sociedades ultraliberales.  Debería sustituir a sistemas que generan dependencia y relaciones, digamos, de caridad, paternalistas. Debería ser un derecho inherente a la persona, y es lógico pensar, a partir de aquí, que mucha gente quiera realizar actividades y ganar más dinero. En Cataluña no acaba de funcionar la renta mínima de ciudadanía. Los mecanismos institucionales no están bien engrasados. Pero no es lo mismo que la renta universal. Es la renta garantizada para los pobres.

¿El teletrabajo ayuda a conciliar?

Es cierto que el teletrabajo facilita la conciliación. Es más cómodo trabajar en casa. Pero entraña riesgos para las mujeres: quedarse en casa y seguir encargándose de los cuidados. Sería más interesante trabajar en casa si las condiciones de igualdad fueran las mismas para hombres y mujeres. Prefiero hablar de corresponsabilidad que de conciliación. Las mujeres tenemos que imponer la corresponsabilidad. Porque conciliar significa que las mujeres tenemos que hacerlo todo compatible. Si somos corresponsables estaremos en igualdad de condiciones. En el teletrabajo, escribes y paras para poner la lavadora. Trabajas y paras para cuidar al niño. Pringas seguro. Trabajas muchas más horas para hacerlo todo compatible. Tras la revolución industrial y las grandes conquistas obreras, la visión de ocho horas para el ocio, ocho para el trabajo y ocho para el descanso era muy androcéntrica. Era una distribución de tiempo pensado para los hombres. ¿Dónde metes los cuidados? Significa menos descanso y menos ocio para las mujeres.  Sería interesante analizar las diferencias entre las circunstancias del teletrabajo en el caso de hombres y mujeres. 

¿Pero qué oportunidades presenta la industria 4.0 para las mujeres?

Para que la industria 4.0 sea una oportunidad para las mujeres, debería cambiar la estructura social. Porque los avances tecnológicos pueden ayudar a mejorar la vida de las personas. Pero sin ese cambio, puede ser una trampa. A priori puede ser una gran mejora, pero en el marco de un modelo productivo machista y androcéntrico, acabará de ser una vuelta de tuerca para las mujeres. La tecnología en sí no es mala, es buena. 

¿Trabajan con otros colectivos?

A las entidades que trabajan con personas con alguna discapacidad no les preguntan si se plantean trabajar con personas no discapacitadas. Tienen un foco de acción. Pues Surt, como opción, trabaja prioritariamente con mujeres, porque queremos corregir desigualdades específicas que requieren acciones específicas. Pero tenemos otra dimensión comunitaria, en actividades en las que hay mujeres y hombres, desde la perspectiva de género. Y tenemos una parte de consultora y procesos de formación.

¿Cómo miden el éxito de la inserción?

Los procesos de empoderamiento son muy personales y difíciles de evaluar. Un proyecto vital va más allá de la inserción laboral inmediata. Pero en el caso de personas con un proyecto profesional la inserción es un indicador. En algunos programas es del 50% y hasta el 60%. En otros, del 30%. 

¿Eso es mucho o poco?

¡Es mucho, muchísimo! Hablamos de personas con dificultades de inserción. Pero insisto, valoramos el proceso de empoderamiento personal, y eso se refleja en la percepción de las propias mujeres. La gran mayoría siente que al final del proceso ha aumentado sus capacidades y su empoderamiento, y eso nos llena de satisfacción.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 68 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La imagen de una sociedad posindustrial caracterizada por una población trabajadora de cuello blanco altamente cualificada nos persigue en el imaginario colectivo, a lomos de los avances tecnológicos, desde hace más de medio siglo. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. ¿Cómo está evolucionando la estructura sociolaboral en realidad? El resumen simplificado es el siguiente: se están generando más empleos considerados cualificados, sí, y, al mismo tiempo, se están generando también más empleos entre los considerados menos cualificados. Es decir, se crean puestos de trabajo en ambos extremos. En cambio, se hunde una parte importante de los empleos intermedios, principalmente los relacionados con la industria y que requieren cierta cualificación. No está sucediendo tanto lo mismo con los de carácter administrativo, a diferencia de lo que sí sucede en otros países de la Unión Europea.

Esta es la foto de lo ocurrido en España entre los años 1993 y 2013, según un trabajo realizado por el sociólogo Camille Peugny, que analiza la evolución de la estructura laboral de 15 países europeos entre los años 1993 y 2013 para constatar hasta qué punto se produce la polarización y para identificar qué factores explican esta evolución y, en particular, el papel que tiene en ella la tecnología. 

El estudio concluye que no es ninguna excepción que se esté creando empleo por arriba y por abajo —la polarización es “incontestable”, escribe—, pero a la vez remarca que la tendencia adopta distintas formas según los países analizados. 

Además, el estudio recurre a una metodología menos habitual con relación a la empleada en la mayor parte de estudios que tratan el futuro del empleo. El sociólogo rechaza el enfoque en términos de una “calidad del empleo” medida esencialmente por el salario —determinar la mediana y medir cómo evolucionan los diferentes percentiles superiores e inferiores—. El investigador aduce que, como está evolucionando el mercado de trabajo, y en especial para buena parte de empleos poco cualificados, la escasez de horas de trabajo constituye un elemento nuclear.  Se ve, por ejemplo, en actividades como los servicios de atención a las personas o en la limpieza doméstica, donde se puede trabajar apenas 20 horas a la semana o bien horas indeterminadas al cabo del día. La expansión de los servicios ha contribuido a aumentar con rapidez la cantidad de empleos considerados poco cualificados, en los que, además, suelen estar sobrerrepresentadas las mujeres.

Hilar más fino

Peugny opta, en cambio, por clasificar a la población trabajadora por categorías socioprofesionales —con el fin de hilar, apunta, “más fino”— con datos de las encuestas trimestrales de las instituciones comunitarias (European Union Labour Force Survey). Los países considerados son, además de España, Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Portugal, Grecia, República Checa, Rumanía y Hungría.   

Que España sea, entre los países analizados, donde más ha aumentado el peso de los servicios explicaría en buena parte el hecho paralelo de que el país destaque también por los empleos menos cualificados (un 26% de incremento en los 20 años estudiados). En menor medida, también han visto incrementarse los empleos en el sector servicios en Dinamarca, Francia, Reino Unido y Suecia, pero no en todos los casos se da la misma polarización que en España (véase gráfico). Y de hecho, en Dinamarca y Finlandia la actividad de atención a las personas se considera trabajo de calidad, lo que la autora relaciona, siguiendo la tesis del sociólogo Esping-Andersen, a la municipalización de los empleos. Así, más del 80% de los asalariados concernidos se benefician de un convenio del sector municipal que evita lo que Pugny denomina “desmoronamiento” observado en Francia y España. 

Por arriba, entre 1993 y 2013, la categoría de “cuadros”, que incluye directivos, cuadros cualificados y personas expertas, aumentó en todos los países salvo en Finlandia, donde la proporción se mantuvo relativamente estable. El aumento sucedió tanto en los países del Norte como en los del Sur, aunque en diferentes proporciones —hablamos de un avance del 35% en el Reino Unido, y del 15% en Rumanía, por ejemplo—. 

En 11 de 15 países aumenta también el porcentaje de empleos poco cualificados, y en ocasiones de forma muy palpable, como en Grecia, Francia, Italia, Austria, Alemania. Más aún en España. Hablamos aquí de empleos con condiciones laborales difíciles y salarios muy bajos, sobre todo en el sector servicios, aunque no siempre, y a los que el estudio relaciona más con los contratos a tiempo parcial con relación a la industria. 

“El aumento de empleos menos cualificados da cuenta de la profunda transformación que se está produciendo en el reparto del trabajo entre los asalariados subalternos. De hecho, en todos los países salvo Hungría, la proporción de obreros cualificados, de los cuales el 80% trabajan en la industria o en la construcción, ha disminuido, y a veces en proporciones impresionantes”, afirma el autor. En España — pero también en Alemania, Austria, Francia Portugal y Holanda—, dicha proporción de obreros cualificados ha disminuido entre 8 y 10 puntos porcentuales en 20 años, algo que no se ha producido tanto en los países del Este, en comparación. Aun así, Alemania mantiene una proporción de empleo industrial superior a la de sus vecinos. En cambio, en España, igual que en Italia y los Países Bajos, la disminución en los empleos intermedios ha sido mucho más suave, por lo que respecta al empleo administrativo. 

En general, donde menos polarización se ha producido en los años considerados ha sido en Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Portugal y Países Bajos.

La cuestión es si todo se debe a la tecnología. Para el autor, no es el caso. “Los efectos del cambio tecnológico no permiten explicar correctamente la dinámica de la evolución de las estructuras sociales. Se trata de un elemento importante que debe tenerse en cuenta, pero también hay que considerar las políticas de empleo de los distintos gobiernos y la evolución de las relaciones sociales, sobre todo las relaciones de fuerza en el mercado laboral. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 67 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Sandra y Rosa serán vecinas a partir de finales de año. Se las ve visiblemente emocionadas, mientras enseñan sus respectivas viviendas, a falta del último empujón para poder trasladarse, y del alta de los servicios básicos. “Aún quedan cosas como el comedor y la lavandería comunitarios”, dicen, señalando los espacios aún vacíos. Llevan seis años con el proyecto de casa en la cabeza. Cada una vivirá en su piso, pero compartirán espacios, servicios y, si lo desean, actividades comunes en uno de los inmuebles que encarnan ya un nuevo modelo de acceso a la vivienda ensayado en otros países como Dinamarca y Uruguay y que rompe la disyuntiva entre comprar un piso o alquilarlo. Hay más opciones: la propiedad colectiva en manos de una cooperativa en régimen de cesión de uso que, tras años de intentos, se impulsa ya oficialmente desde algunos poderes públicos como el Gobierno balear y el valenciano, así como desde el Ayuntamiento de Barcelona. En Madrid, la cooperativa de vivienda ecosocial Entrepatios ha iniciado ya las obras del primer edificio ecológico en derecho de uso en la ciudad.

Igualmente sostenible, el edificio en el que Rosa y Sandra residirán es de la Cooperativa La Borda, de la que son socias y que es la dueña del edificio donde podrán residir de por vida. Cada unidad de convivencia ha aportado de entrada 18.500 euros, y según los metros cuadrados de la vivienda, paga una cuota de alquiler —350, 450 o 690 euros mensuales—. El Ayuntamiento de Barcelona le ha cedido a la cooperativa una parcela destinada a vivienda protegida durante 75 años, así que su titularidad seguirá siendo pública, a cambio de un canon anual.

Los proyectos de las cooperativas de vivienda suponen procesos largos, sobre todo en el caso del derecho a uso. “No existen referentes ni facilidades administrativas, y mucho menos de financiación, porque la cesión de uso está incluida por ley pero supone un cambio de paradigma y la banca no suele entenderlo”, explica Elena Trias, técnica de Sostre Cívic. Esta cooperativa ha sido la primera —en julio pasado— en tener ya un edificio bajo este régimen habitado por las personas que lo impulsaron, en la calle Princesa de Barcelona. En este caso, el Ayuntamiento no aportó suelo, sino un edificio que Sostre Cívic se ha encargado de rehabilitar. El coste del proyecto ha sido de 280.00 euros. Cada vivienda aportó inicialmente 9.000 euros. Con cinco viviendas y tres espacios comunes, se trata de un proyecto más pequeño que el de La Borda, donde vivirán 50 personas y cuyo coste asciende a tres millones de euros.

No es la única diferencia. La Borda, con 150 personas socias, empieza y acaba con su edificio, mientras que en el caso de Sostre Cívic, que tiene 750, la cooperativa impulsa otros proyectos. De entre los socios surgen “grupos impulsores” de otras viviendas que se encuentran en distintas fases, aunque la figura del socio colaborador que solo desea mostrar su apoyo al proyecto también existe.

Al tratarse de una cesión de uso de activos municipales, las personas que viven en estos nuevos edificios deben cumplir los requisitos de renta para el acceso a la vivienda de protección social y no disponer de otro piso. En ambos casos se ha contado con el apoyo —vía préstamos y vía títulos participativos de Coop57—, con el apoyo de particulares.

Financiación ética

La financiación es la clave. La cooperativa madrileña EntrePatios, que tiene ya las obras iniciadas para un edifico con 17 viviendas en cesión de uso en el distrito de Usera, firmó en verano un acuerdo de financiación con Triodos Bank y Fiare Banca Ética por importe de 3,3 millones. Los socios prevén poder trasladarse allí en 2019, después de años de sueños y trabajo. En Vallecas, donde se proyectan 10 viviendas, el suelo ha sido comprado a un propietario privado, para aplicar también el régimen de cesión de uso, como también ha hecho Sostre Cívic en algunos proyectos, como el que impulsa en la localidad de Cardedeu (Barcelona). En este caso, se prevé que nueve de los 39 pisos serán de protección oficial y el resto, libres. Pero la filosofía no especulativa es la misma.

“Ojalá pudiéramos esperar a que las Administraciones destinaran rápidamente solares disponibles para cooperativas de vivienda, pero mientras, mucha gente no puede esperar, y si un grupo de personas detecta una oportunidad, puede intentar comprar una parcela o un edificio”, explica Joana Puig, vicepresidenta de la cooperativa Cohousing Barcelona. La entidad ha lanzado una emisión de 1.600 títulos de 500 euros para ayudar a financiar con 800.000 euros un edificio de covivienda que se levantará en un solar del Poblenou de Barcelona ya reservado con el pago de arras a un privado, pero cualificado para destinarse a vivienda social. Solo el coste del solar sube a 1,3 millones, y cuanto mayor sea la financiación que se cubra con la emisión menor será la deuda que se contraiga con la banca, y puede también incidir en la aportación de cada socio. Cohousing aspiraba a un solar público en el mismo barrio que fue adjudicado finalmente a Sostre Cívic.

La propia Puig fue objeto de un desahucio y desde entonces su batalla ha sido sumarse a iniciativas que frenen la especulación. “El cohousing es otra forma de vivir. En el grupo impulsor hay quien sabe de arquitectura, leyes o ingeniería, lo que abarata los costes, y el grupo decide sobre el uso de los espacios comunes, que además queremos que estén abiertos al barrio”, explica.

La filosofía comunitaria es similar: se negocia en común con la banca, las viviendas no se pueden vender ni alquilar, los requisitos de acceso también son de VPO y si una persona se acaba retirando del proyecto recupera inversión inicial más el IPC, y se la queda la cooperativa, encargada de vigilar contra la especulación. Cohousing ha puesto en marcha un fondo de solidaridad por si hay vecinos que no puedan pagar su cuota, y ha reservado un 10% de sus 27 viviendas a alquiler social. La licencia de obras se espera para mayo próximo. En una asamblea informativa en octubre, Cohousing llamó a la participación y también a la formación de grupos en Barcelona y otras localidades como Arenys de Mar y Vilanova i la Geltrú.

Puig elogia la actitud de gobiernos como el de Baleares. “Ojalá todos ayudaran igual”, dice. El Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) ha lanzado el programa Cohabita, que prevé la cesión de solares públicos a cooperativas para que autopromuevan vivienda protegida en cesión de uso. Además, aporta un 10% de financiación de la promoción y facilita apoyo técnico, legal, financiero y arquitectónico. El IBAVI pide a los cooperativistas que aporten otro 10%—el capital inicial va de 15.000 a 20.000 euros—.

También se muestra activa la Generalitat Valenciana, que ha lanzado un plan en siete ciudades de su comunidad para que cooperativas sociales sin ánimo de lucro construyan hasta 180 viviendas protegidas: Alcoy, Gandía, Alzira, Torrent, Alicante, Sant Joan y Torrevieja. La Administración ha anunciado que cederá siete solares a cooperativas para que la comunidad construya viviendas para su domicilio habitual. La covivienda avanza.

[Este artículo ha sido publicado en el número 63 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

No transcurre mucho tiempo sin que surja un nuevo estudio que se permita estimar cuál será el alcance de la automatización y la robotización sobre el empleo remunerado.  Los resultados no permiten extraer conclusiones claras, más allá de que las máquinas acelerarán la destrucción de tareas, especialmente las más rutinarias, y de que buena parte de los nuevos empleos que se crearán ni siquiera existen hoy. 

El último de los informes de este tipo difundidos ha sido el de Foro Económico Mundial The Future of Jobs 2018, un compendio de opiniones de responsables de recursos humanos de multinacionales, según el cual en un futuro próximo (2022) las máquinas se encargarán, de media, del 42% de las horas dedicadas a tareas en 12 sectores elegidos, frente al 58% de horas que seguirá recayendo en los seres humanos. Hoy, la proporción es de un 29% frente a un 71% humano. Si la perspectiva de los ejecutivos sondeados no yerra, la automatización acabará con 75 millones de empleos sin que deba cundir el pánico, puesto que se generarán 133 millones de nuevas ocupaciones, de modo que el saldo neto (58 millones) será positivo.

“Pienso que no debemos caer en el determinismo tecnológico, porque somos dueños de nuestro destino y los efectos de la tecnología serán los que decidamos que tengan”, opinaba al respecto la profesora de Derecho del Trabajo María Luz Rodríguez, en el acto de presentación del Libro Blanco del Futuro de los Trabajos, de Barcelona Activa, celebrado el pasado septiembre.

En la misma línea, el profesor de Economía Aplicada Antón Costas enfatizaba: “No conozco ninguna ley de la economía que diga que los cambios tecnológicos son necesariamente destructivos con respecto al empleo, ni tampoco que conlleven la precarización del empleo. El progreso tecnológico no lleva en sí mismo progreso social, pero, claro, las cosas no se hacen solas”.  

De hecho, en dos de los países donde se da una mayor producción y difusión de la tecnología, como son Japón y Estados Unidos, el nivel de paro es comparativamente muy bajo, pues no alcanza el 3% y el 4%, respectivamente. 

La Comisión Europea, califica de “récord” el nivel de ocupación alcanzado en 2017: 234,2 millones de personas trabajan a cambio de un salario, y confían en que en 2020 se cumpla el objetivo de que al menos un 75% de personas en edad de trabajar lo hagan.  Sin embargo, el 20% de puestos de trabajo en la UE son considerados de baja calidad y países poco protectores con el empleo como el Reino Unido han encargado un informe para estudiar cómo mejorar la vida de la ciudadanía con relación al trabajo y la calidad de los empleos, el Informe Taylor.

En paralelo, las nuevas industrias solo ocupan el 0,5% de la fuerza laboral de EE UU y, según afirman Nick Srnicek y Alex Williams en su libro Inventar el futuro, de media, la creación de un negocio nuevo en EE UU supone ahora generar un 40% menos de empleos en relación con hace 20 años.

Existe cierto consenso entre los estudiosos del trabajo consultados para la elaboración del citado Libro Blanco en que la modalidad de trabajo estable a tiempo completo, que ya lleva tiempo reculando, dejará de ser la norma y el modelo, lo que no significa que no siga representante una porción importante de empleos, y lo que plantea la necesidad de innovar en materia de protección social para garantizar que los nuevos empleos no acaben derivando, por el tipo de condiciones laborales que se exigen, en una merma de derechos sociales. “Debemos elaborar nuevos catálogos de derechos y de protección social, porque los actuales no incluyen las nuevas formas no clasificables como modelo estándar de trabajo”, añade Rodríguez. 

La frontera entre quien está ocupado y quien está en paro cada vez se vuelve más porosa —para empezar, los contratos de menos de siete días de duración se han duplicado a lo largo de la última década en España—, circunstancia que no casa con las políticas de empleo y los servicios de empleo, concebidos para situaciones claras de paro o de empleo. De modo que el debate sobre algún tipo de renta básica parece cada vez más difícil de eludir, aunque parece complicado lograr un consenso al respecto.

Mercado polarizado

Otra línea pronunciada que los expertos ven difícil evitar es la desalarización, que supone el predominio de la relación mercantil sobre la laboral entre la persona que trabaja y la empresa. “Es una tendencia que ciertamente facilitan las plataformas digitales”, apunta el profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi) del Banco de España Samuel Bentolila, quien, en cambio, ve perfectamente evitable la precarización actual que supone el abuso de los contratos temporales. 

“La tendencia que sí veo clara es la de la externalización. Se trabaja con empresas que tienen diferentes circunstancias, diferentes convenios y condiciones y ello comporta condiciones de trabajo más precarias”, señala el economista Albert Recio, crítico con la visión tecnocrática sobre el fin del trabajo. La persona externalizada, además, ve mermada su capacidad de negociar condiciones con la empresa madre. De ahí que Costas subraye la necesidad de que las empresas “asuman como propias la responsabilidad de formar a personas y de darles una carrera profesional”. Sería la pata concerniente a las empresas en el nuevo contrato social que debe reconstruirse tras las cenizas del capitalismo financiarizado de las últimas décadas. 

El mercado laboral corre igualmente el riesgo de polarizarse —aún más, pues el fenómeno no es nuevo— entre una élite muy cualificada y adaptable al nuevo entorno y una significativa porción de personas trabajadoras sin muchas posibilidades de reenganche o de acceso, y no son pocas las voces, como las de Eurofound, que insisten en que se generará ocupación en ambos extremos. Uno de los extremos claros es el aumento de tareas relacionadas con los cuidados. La socióloga Sara Moreno Moreno llama, en cambio, a prestigiar trabajos que cada vez serán más necesarios debido a los cambios demográficos y sociales en curso —envejecimiento de la población y cambios en el modelo de familia— y que mayoritariamente recaen sobre las mujeres, sin remuneración o en condiciones precarias.  

[Este artículo forma parte del dossier El futuro del trabajo, publicado en el número 62 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

He aquí un libro imprescindible para concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene el modo en el que cuidamos. Cuando alguien sufre un problema de salud, deseamos que se restablezca lo antes posible. Pero sabemos que si no hay curación en perspectiva, empieza una fase difícil en el que los cuidados adquieren una especial relevancia. La tesis de Ana Urrutia Beaskoa, directora de la Fundación Cuidados Dignos y reconocida como “emprendedora social” por la Fundación Ashoka, es, en esencia, que la formación, la actitud y el método por parte de los profesionales de los cuidados marcan la diferencia en la atención a las personas más vulnerables, en especial aquellas que viven en centros residenciales.

En su libro Cuidar (Ariel), Urrutia afirma sin ambages que la falta de trabajadores en un centro con relación a la cantidad de personas de las que deben ocuparse no es la única causa del problema de las carencias de la atención actuales. “Tenemos menos medios que otros países, pero, sobre todo, tenemos menos carácter innovador y nos cuesta situarnos en la mejora continua”, afirma la gerontóloga. No se trata de que no haya que luchar por aumentar el número de profesionales cuando haga falta, ni por luchar por mejorar sus condiciones laborales, pero poco cambiarán las cosas, insiste, si ese personal no se compromete con un cambio. Y al revés. Mucho compromiso con el cambio sin suficiente personal tampoco sirve.

Las nuevas prácticas de cuidado, para empezar, pasarían por enterrar la sujeción, que continúa estando arraigada en España, a diferencia de otros países como el Reino Unido, Japón, Suecia y Francia. En teoría, se inmoviliza a personas dependientes ‘por su propio bien’, porque cuando se agitan pueden caerse y hacerse daño. Las prácticas paternalistas y la protección excesiva, sostiene, tienen mucho que ver con no aumentar el estrés de los propios profesionales de los cuidados.

El libro está escrito a partir de la propia vivencia de la autora, pues durante muchos años, como había visto hacer siempre en su entorno, también ella sujetaba a pacientes cuando consideraba que existía un riesgo real de que se cayeran y se rompieran la crisma o el fémur. Nadie pregunta a los pacientes, y las familias, en realidad, no quieren oír hablar de fracturas sobrevenidas por accidente.

A través de un colega que trabajaba en el Reino Unido, la directora de la Fundación Cuidados Dignos descubrió que la sujeción no está incluida en ningún protocolo internacional.

La pregunta de naturaleza ética que lanza la autora es la misma que en su momento se formuló a sí misma: ¿acaso se puede privar de derechos y libertad a un paciente dependiente, tratarlo como un ser cosificado, solo en nombre de la insuficiencia de recursos?

Urrutia propone una elección entre seguridad y dignidad, sabiendo que una vida con dignidad, mediante la humanización de los cuidados, a veces entraña riesgos. La dignidad pasaría por mantener en lo posible la autonomía. Es muy subjetivo qué es una vida con calidad que merezca ser vivida, pero es difícil argumentar que una persona prefiera vivir atada.

Las estadísticas que presenta la autora demuestran que la cantidad de caídas es similar en las organizaciones donde se sujeta y donde no. Otra cosa es enseñar a un paciente a caerse de la manera menos mala posible, y crear “entornos seguros” para la persona. Evitar la sobremedicación es otra de las vías por las que apuesta la gerontóloga.

Según su experiencia, se puede “trabajar de otra manera” con una inversión “razonable”. Ese empeño pasa por preparar a profesionales comprometidos que trabajen diferente, y también por centros que decidan gastar dinero de otro modo; por ejemplo, en sensores que avisen de cuando alguien se ha levantado, en lugar de comprar cinturones de sujeción.

A través de las historias de Mauro, Alba, Laura, Tomás, Ramón, Martina, María, Reyes, Aurelia, Josefina y una larga lista de personas con las que ha lidiado en su quehacer cotidiano y a los que dedica cada uno de los capítulos, la traducción de tan encomiables principios se comprende mejor. Es el valor de la experiencia vivida lo que confiere al libro su interés.

El modelo de cuidado centrado en la persona y sin sujeción pasa por conocerla a fondo, por entender de dónde puede venir su estado de agitación e incluso de agresividad. Pasa por escuchar al paciente e ir pactando acuerdos con él, soluciones específicas para cada caso. No resulta sencillo con pacientes complicados que, además, suelen estar ya estigmatizados, pero los resultados que presenta en Cuidar son visibles.

Como resumen, critica que en medicina a menudo se olvida el care (prodigar cuidados) a favor del cure (suministrar determinado tratamiento). Debe pesar como mínimo igual lo humano que lo sanitario.

[Este artículo ha sido publicado en el número 62 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Anna Fornés lleva toda la vida ligada de una forma u otra al desarrollo de personas. Pedagoga de formación, ha trabajado en centros de menores y con personas con alguna discapacidad. Se le nota que le gusta enseñar y ha ejercido de formadora de formadores para una multinacional de la gran distribución. Con ese bagaje llegó hace dos décadas a la Fundació Factor Humà. No es sencillo explicar a qué se dedica la entidad que dirige y que impulsó la economista y política Mercè Sala, fallecida en 2008, con la finalidad de mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. La fundación, apoyada por cerca de 70 empresas e instituciones, se define como “una comunidad de conocimiento” comprometida con las personas que ofrece un espacio de “intercambio e interrelación”. A través de la investigación, la formación, los seminarios, los premios y nuevas medidas de evaluación como el Barómetro Factor Humà, quiere ayudar a construir organizaciones “humanas”.

Suena elevado, utópico e idealista...

Si no fuéramos elevados, utópicos e idealistas, probablemente no existiríamos. Y más después de una crisis como la que acabamos de pasar, que nos ha hecho pasar por situaciones críticas y alguna crisis organizativa fuerte. Sabemos que hay gente que nos mira como si fuéramos una anécdota, o por encima del hombro. Nuestro propósito es no dejarnos influir por los escépticos. Pero, al fin y al cabo, llevamos 21 años al pie del cañón. Acabamos de reformular nuestra visión, misión y valores. Y decimos que sin perder la esencia de lo que somos vamos a fomentar el desarrollo de organizaciones con una visión más humana.

¿Qué balance haría del papel de las empresas españolas en la última crisis y en la promoción de la desigualdad?

El papel de las empresas debería ser más ejemplificador. Creo que muchas no son conscientes de la importancia de su papel. La mayoría de empresas siguen pensando poco en la vida de las personas. Y las empresas que piensan poco en la vida de su gente nos parecen poco éticas. Nosotros pensamos que es posible hacer compatibles los intereses de las empresas con los de las personas que las integran.

Hace unos años, usted perdió su empleo a resultas de la maternidad. ¿Hasta qué punto han cambiado las cosas después de dos décadas?

Desgraciadamente, estas cosas todavía ocurren. La maternidad hace que se esté perdiendo el 50% del talento: el de las mujeres. Hombres y mujeres siguen una misma trayectoria hasta la edad en que se tienen hijos, a partir de los 25 años de edad. Entonces baja la curva de ocupación de las mujeres. La mayoría de ellas optan por contratos de jornada a tiempo parcial, que dificultan tener una carrera profesional. Las mujeres cobran menos y en las decisiones familiares siempre acaba primando quién tiene el salario más elevado. Tener hijos en este país no es fácil, falta apoyo de guarderías, y no hay más que ver el drama de las vacaciones de verano: el momentazo del año. Cuando pienso en por qué le echo tanta pasión a este proyecto me digo que tiene que ver seguramente con el hecho de que viví una situación personal que me gustaría que ninguna otra persona tuviera que vivir. Cortar la relación laboral por causa de la maternidad es una mala praxis profesional.

Eso significa que la ley de igualdad se incumple.

La ley es de 2007, y en 2008 empezó la crisis, y más a partir de 2010. Y la crisis ha hecho que las empresas crucen unas cuantas líneas rojas en muchos aspectos. Uno de ellos es el de no facilitar la implantación de la ley de igualdad. Hoy, en España, únicamente el 4% de las empresas disponen de planes de igualdad. El tejido empresarial de este país es el que es. Predomina la microempresa y la empresa pequeña y mediana, y la ley solo obliga a partir de los 50 trabajadores. Y no existe suficiente sensibilidad sobre la cuestión.

¿Por qué cree que ocurre?

Confluyen múltiples factores. Pero creemos que uno de los elementos esenciales, que como fundación nos preocupa, es que muchos hombres no se sienten interpelados en el debate sobre la brecha de género. Los hombres no están entrando en el terreno de los cuidados. Por razones culturales, por estereotipos que se mantienen. Nosotros organizamos un montón de jornadas, y según el título que le pongamos el público se llena predominantemente de mujeres. En la última, que titulamos Ganemos talento y productividad a través de la equidad, el número de hombres no llegaba al 8%. Y eso que evitamos a propósito hablar de “brecha” o de “igualdad”. Los hombres tampoco están aprovechando los permisos de paternidad, salvo en entornos más protegidos como el sector público. Cuando se pregunta en la Encuesta de Población Activa por qué razones se renuncia a la actividad, el 32,4% de las mujeres da como principal razón los cuidados, cuando en el caso de los hombres el porcentaje es del 4%.

¿A qué conclusión llega?

Tenemos que descubrir por qué los hombres no se sienten interpelados. Me temo que los hombres consideran que las cosas ya están bien, que en las empresas ya existe igualdad. Pero la presión es elevada. Porque también conozco el caso de algunos hombres que han querido tomarse unos meses de permiso de paternidad y su empresa se lo ha, digamos, desaconsejado. Y las empresas deben facilitar que hombres y mujeres puedan ejercer de padres y madres.

Las empresas suelen preferir la autorregulación y las recomendaciones que la obligación legal, sobre todo las pequeñas. ¿Basta con ello?

Sinceramente, creo que hemos llegado a la conclusión de que para lograr cambios sin tener que esperar 200 años para que las mujeres lleguen a la igualdad con los hombres, obligar es más importante. Ahora estamos en un momento muy interesante. Es ahora o nunca. O nos juntamos todas las personas que compartimos esta sensibilidad o pasará el momento. Debemos ser capaces de aprovecharlo.

Usted critica el uso del concepto “Recursos humanos”. ¿Por qué dejar de usarlo?

No debe usarse porque las personas no somos recursos. Es una terminología que nos llega por influencia de Estados Unidos. Durante estos años, bajo el pretexto de la crisis, muchas empresas buscaban killlers [asesinos, en sentido figurado]. En la sociedad, se asocia recursos humanos con despidos, con una escabechina. Ahora que ha pasado la crisis, en el mundo empresarial ya no se buscan killers, sino perfiles que promuevan el desarrollo de las personas, justo lo que nosotros buscamos desde hace 21 años. Hay empresas de la fundación que ya hace años que hablan de departamento de personas.

Pero lo importante es lo que se hace, se llame como se llame, ¿no?

Evidentemente. Y los directivos lo saben. Pero no podemos obviar la influencia que tiene el lenguaje, porque las palabras crean realidades. Y las personas no son números, ni máquinas, ni recursos. Cuando una empresa despide a una persona, es una experiencia muy dura para la persona afectada, además de que para muchas empresas también lo es. No conozco a nadie a quien no le haya tocado tomar decisiones difíciles en estos años, desde recortes de plantillas a bajadas de salarios. Pero lo peor es cómo se ha despedido.

¿Quiere decir que hay maneras menos malas de despedir?

Pues sí. Un despido inevitable se puede hacer teniendo en cuenta la situación de la persona, con el máximo apoyo. Lo que es inadmisible son los despidos del viernes por la tarde y los del mes de julio. O que te digan: “Ve a tu ordenador y recoge tus cosas ya”.

Los márgenes de beneficio crecen en general muy por encima de los salarios. ¿Qué han aprendido las organizaciones de la crisis?

Cuando las empresas han actuado mal con sus empleados, el compromiso de la plantilla queda muy tocado. Y esta situación se ha dado y se está dando. Hay empresarios que quieren que quienes estén subidos al barco den lo mejor de sí mismos, pero no lo consiguen. Las empresas no pueden pedir compromiso si por el otro lado machacan a su gente. Hay que saber con quién trabajas, cuál es su situación, qué necesita y apoyarle. Si aún existimos es porque pese a todo hay organizaciones que entienden de lo que estoy hablando.

¿No temen que las empresas y entidades que se acercan a su fundación lo hagan como un mero acto de responsabilidad social corporativa (RSC)?

Me gusta pensar que nuestras socias hacen las cosas lo mejor que pueden hacerlas. Me gusta pensar que compañías que tal vez hace un tiempo no eran un buen ejemplo ahora quieren mejorar. No nos interesan las empresas que no sean éticas ni mucho menos las que se suman a nuestro proyecto para hacer greenwashing [lavado de cara].

Apoyan la fundación ayuntamientos, universidades y cooperativas, pero entre sus impulsores figuran también grandes empresas como CaixaBank, Agbar, Abertis, Everis y Randstad. ¿Cómo controlan que cumplan con el Manifiesto Factor Humà?

Es un tema muy complejo. No podemos pretender que las empresas sean perfectas y no se equivoquen, pero si hacen algo que no nos gusta nos incomoda. Cuando una empresa se nos acerca, le mostramos nuestro manifiesto, que supone un compromiso, y les decimos que intenten cumplirlo. A lo largo de nuestra historia hemos tenido entradas y salidas, pero las empresas más grandes que tenemos como patronas están muy comprometidas. No es fácil, porque el mundo es muy cambiante. Una empresa puede estar muy comprometida y, de pronto, en su accionariado entra un fondo de capital riesgo y entonces hay que estar vigilante. Hay excepciones, pero normalmente el sentido que mueve a un capital riesgo es una elevada rentabilidad por encima de otras prioridades.

¿Qué opina de la reforma laboral y de sus consecuencias?

La reforma laboral ha acrecentado las desigualdades en el mercado laboral, porque ha derivado en una mayor temporalidad. La dualidad del mercado laboral español no tiene comparación. Se mantiene un segmento muy protegido y otro del que es muy fácil prescindir cuando vienen mal dadas. La desigualad es cada vez mayor. Por eso decidimos crear el Manifiesto Factor Humà, al que las empresas tienen que adherirse si son socias. Tocar los salarios con un acuerdo entre las partes para evitar recortes de plantilla puede estar bien, pero cuando las cosas vuelven a ir bien los salarios deben poder recuperarse. Es flagrante que en muchas organizaciones no sea así.

Habla de empresas y organizaciones, pero parece que vamos cada vez más hacia individuos sueltos, más que a organizaciones que puedan decidir cómo tratan a personas.

Sí, y eso nos lleva a abordar la descentralización y la subcontratación. Las organizaciones pueden descentralizar algunas áreas y decidir trabajar con freelancers. Pero estos años se han adoptado decisiones relacionadas con la externalización que no han ayudado. Como decía antes, es difícil que las personas se sientan comprometidas con un proyecto si no articulas una relación laboral con ellas.

Se presenta como una manera de emprender un negocio propio.

¡Por supuesto! Parece que la receta general para todo el mundo que se queda sin empleo sea el emprendimiento. Es lo que se ha vendido. Y emprender puede ser una opción siempre que sea fruto de una elección real. Conozco a unos cuantos emprendedores muy felices porque son sus propios jefes. Pero no es lo más corriente. Se suele esconder la parte oscura del emprendimiento: quién puede permitírselo, el endeudamiento, la tasa de fracaso, la situación en la que uno se queda... Del mismo modo se tiende a esconder la parte oscura de lo que sucede con el trabajo supuestamente colaborativo. La legislación siempre va por detrás. Y en parte es normal, porque el mundo cada vez va más deprisa. Lo que sucede en la economía colaborativa es la flexibilidad mal entendida. Según en qué condiciones se haga, un trabajo puede ser un tipo de esclavitud.

¿Qué hacer frente al paro de larga duración, que se enquista?

Cuando una persona está fuera del mercado de trabajo después de dos o tres años, subirse al carro de nuevo es muy difícil. Y más con el proceso de automatización y robotización en marcha. Lo más importante y preocupante del futuro de trabajo es la carga de desigualdad, la polarización que se va a producir. Ni siquiera sé si es ya una cuestión de formación. Lo que está claro es que este colectivo debería beneficiarse de más políticas de apoyo.

¿Qué cree que se puede hacer desde la economía social y solidaria frente a la precariedad?

La economía social tiene un importante papel en el futuro. Varias empresas cooperativas de trabajo forman parte de la fundación y vemos las cosas que hacen. Las cooperativas tienen un modelo interesantísimo. No es el más fácil, pero el hecho de que los trabajadores sean dueños de la empresa facilita cuestiones como un funcionamiento participativo y democrático. También estoy pensando en iniciativas como la covivienda o cohousing. Porque muchas personas no podrán vivir en pisos solas. Y se abren paso nuevas formas de vida. La comunidad es el nuevo mundo. La comunidad... es la única manera.

¿Hasta qué punto las empresas incurren en la discriminación por una cuestión de edad?

El edadismo nos preocupa especialmente. Debemos intentar persuadir a las empresas de que no sean excluyentes con las personas a partir de cierta edad. Ya no cuentan con las personas de más de 50 años, e incluso con las mayores de 40. Yo acabo de cumplir 51 y sé que estoy en mi mejor momento vital. Pero el mercado está siendo durísimo. Se prescinde de los senior por los jóvenes, en esencia porque a las empresas les sale más barato, es una cuestión de costes. Los jóvenes tampoco lo tienen fácil. Pero ¿sabe? Uno de los grandes retos de los directivos de empresa es gestionar la generación millenial.

¿En qué sentido?

Si escucha las conferencias de Simon Sinek sobre por qué los millenials no son felices lo entenderá. Son jóvenes criados en la abundancia y la protección. Llegan al mundo laboral con las ganas de inmediatez que les han enseñado a poder obtener los teléfonos inteligentes. A muchos les irrita que hablemos del valor del esfuerzo. Pero la necesidad de inmediatez y de no profundizar en las cosas puede plantear problemas. Lo mismo que la necesidad de opinar sobre todo. Creo en las estructuras menos jerárquicas y en implicar a la gente en las decisiones, pero al final, las organizaciones hay que dirigirlas.

¿Por qué cree que la reforma horaria tiene resultados pobres?

Porque vivimos en una cultura presencialista. Los horarios de este país son un drama. Calentar la silla importa más que ser productivo. A partir de las 40 horas, el trabajo tiene consecuencias para la salud. Si se trabaja bien la flexibilidad, el absentismo puede disminuir un 30% en las organizaciones.

El sector de la hostelería parece complicado para implantar medidas de conciliación. ¿Por qué han premiado al Celler Can Roca?

En este sector los horarios son difíciles a la hora de compaginar la vida y el trabajo. Pero este celler, al que llevábamos tiempo siguiéndole la pista, ha implantado un doble turno para facilitar que la gente de sala y de cocina pueda tener vida personal. Directamente han duplicado la plantilla. Ha renunciado a ganar mucho más dinero para que las personas que trabajan con ellos quieran quedarse. Han renunciado a la facturación de los domingos y los lunes, y además también los martes al mediodía porque lo dedican a formar a la plantilla en temas emocionales.

Supongo que hasta que no tuvieron éxito habría sido muy difícil para ellos tomar una medida como esta.

Seguramente. Pero podrían no haberlo hecho ahora. Y mucha gente se mataría por trabajar allí de todas formas. Cuando recogió el premio, Joan Roca dijo en su discurso que la próxima revolución en la cocina será humanista. Desde luego, no es lo habitual. En el sector al personal se le trata muy mal. Hay casos de abusos. Hay casos flagrantes, sobre todo con quienes están en prácticas.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 61 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Tal vez de aquí a 50 años nuestras hijas quizá leerán estas líneas —que prologan el número extra de Alternativas Económicas dedicado a la economía feminista— y no se lo puedan creer. Con suerte, dirán: “¿De verdad que la situación de las mujeres en 2018 era esa? Algunas de las reivindicaciones de la economía feminista parecen tan de cajón que no se entiende que hoy, en pleno siglo XXI, cuando se han conquistado tantos derechos, las políticas vayan tan rezagadas en tantos temas.

A quienes hemos crecido con la posibilidad de comprar un piso, o conducir, o trabajar sin el permiso de un hombre, o separarnos cuando nos dé la gana, nos resulta inconcebible que estos actos no fueran posibles para nuestras madres. Y si analizamos las políticas actuales con calma, persisten las desigualdades. ¿Cómo es posible que el peso de los cuidados permanezca todavía mayoritariamente a cargo de las mujeres? ¿Por qué el Estado se lava las manos —sin servicios de guarderías universales, sin servicios a la dependencia— sobre algo tan importante como la crianza y las necesidades de las personas mayores, de las que se encargan las mujeres en un 80% del tiempo sin ningún reconocimiento? Es más, no solo no es reconocida esta actividad, sino que cualquier aspecto relacionado con el tiempo dedicado a cuidar de los que necesitan ser cuidados o cuidadas será castigado por las empresas. Y a nivel público el castigo se traduce, entre otras cosas, en una reducción de las pensiones. Hoy, por ejemplo, tal como está pensado este sistema, puede suceder que si la mujer muere antes que su marido, este pueda obtener una pensión de viudedad mayor de la que ella misma podría obtener si viviera.

Sucede que el sistema público todavía está muy teñido de unas leyes y normas planteadas en un mundo donde los hombres eran quienes se ocupaban del sustento y ellas quienes se encargaban de los cuidados, quedando 100% a expensas de su esposo.

La economía feminista plantea que se utilice la lógica de la igualdad. Pide cambiar aspectos ridículos de la realidad social, política y empresarial que afectan especialmente a los derechos de las mujeres que deberían ser obvios y efectivos, pero que en la práctica no lo son.

El sistema no toma verdaderamente en cuenta a las familias monomarentales (formadas en mayoritariamente por mujeres) ni tampoco da a los hombres solos con hijos los pocos beneficios que se llegan a dar a las madres solas. No toma en cuenta, en definitiva, otras posibilidades que no sean una familia tradicional, a la vieja usanza.

Las leyes y las normas fueron hechas mayoritariamente por hombres, y se nota. Por ejemplo, el sistema considera que los servicios de primera necesidad, como puede ser la leche, los huevos y las frutas, tengan un IVA superreducido del 4%. Pero no se acuerda de los productos de primera necesidad que son específicamente femeninos, como las compresas y las toallas higiénicas, que pagan el 10%. En el IRPF son las rentas bajas, mayoritariamente femeninas, las que se ven más perjudicadas. Esto sucede también cuando la pareja hace una declaración conjunta.

Hay ejemplos a raudales. Tantos como propuestas de cambio por parte de la economía feminista. ¿No es ridículo, por ejemplo, que los horarios de las escuelas sean tan diferentes de los horarios laborales de los padres y las madres? ¿Quién se va a ocupar de esos niños y de esas niñas? Mayoritariamente las madres (cuando no las abuelas), porque ganan menos y porque contratar a alguien para cuidar, en muchísimos casos, no sale a cuenta. Esta situación perpetúa la condena de las mujeres a vivir en un estado de mayor vulnerabilidad y dependencia. ¿Por qué vivimos en un sistema que pasa de largo algo tan visible, tan claro y tan común como esto?

Las mujeres españolas dedicamos cada día tres horas más que los hombres a tareas relacionadas con el hogar y la familia. Vivimos agotadas. La última huelga del 8 de marzo y las últimas movilizaciones de las mujeres pusieron entre otras cosas estos temas en el candelero. Es importante que la presión continúe. Que se dé visibilidad a las tantas injusticias que se dan con las mujeres en tantos sectores de la sociedad. Para ello, es trascendental que incluso la estadística, la forma de entender la realidad en los estudios analíticos, pueda incluir a las mujeres. Debe incluir la “perspectiva de género”. Otra vez, no se pide más que lo obvio. Es como debería ser un estudio de calidad. Actualmente, por ejemplo, la pobreza de las mujeres no se ve claramente porque la forma de medir el riesgo de pobreza toma en cuenta las rentas de las familias en su conjunto, y no a hombres y mujeres por separado. Ya no se trata ni siquiera de defender el derecho de las mujeres, sino de analizar la realidad con rigor y no con un sesgo mental que actualmente nubla la vista.

Es necesario que visualicemos lo injusto (y ridículo) del sistema, hoy. Nosotras lo hacemos entre otras cosas a través de este extra. Para que no sean nuestras hijas, sino nosotras mismas, las que podamos decir: eso pasaba antes.

[Este artículo es el prólogo del número extra Economía feminista publicado por la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Este verano no es posible viajar a Boracay. El Gobierno de Filipinas ha restringido el acceso a esta pequeña isla habitada por 12.000 personas y visitada el año pasado por casi dos millones de turistas. El agua de sus playas está contaminada a resultas de vertidos incontrolados, el desborde de sistemas de desagüe y la acumulación de basura. Tampoco Maya Bay, la famosa playa de Phi Phi Leh, en Tailandia —donde Leonardo Dicaprio rodó La Playa—, está accesible, al menos hasta el mes de octubre. Objeto de un febril desarrollo inmobiliario tras el tsunami de 2004, la isla acoge más de 300 lanchas rápidas al día que cargan y descargan más de 5.000 turistas, algunos de los cuales arrancan o pisotean corales. Dos tercios de la Gran Muralla de China está llena de brechas y de graffiti, en buena parte por el desembarco de excursionistas. AENA requisa cada semana, por motivos de seguridad, cerca de 500 kilos de piedras volcánicas que los viajeros pretenden llevarse de Lanzarote como recuerdo de su estancia. Y como los turistas no caben —literalmente— en las estrechas calles de Venecia, las autoridades municipales han empezado a experimentar con puntos de control que regulan la entrada de visitantes. La policía municipal tiene órdenes de cerrar la entrada al centro histórico de la ciudad de los canales en caso de exceso de llegadas, como ocurrió ya en el pasado carnaval.

No hace falta seguir. Basta con saber que el turismo mueve una cantidad ingente de personas y de dinero, y que además de gente y dólares, deja una huella social y ecológica profunda.

Empecemos por la primera parte. El año pasado, el número de personas que viajaron por el mundo ascendió a 1.323 millones, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). La traducción económica de este desplazamiento masivo, en un 77% de casos por razones de ocio, es un 10,2% del producto interior bruto (PIB) mundial. Uno de cada 10 empleos tiene relación con la actividad turística. El sector está creciendo más deprisa que el ritmo al que progresa la propia economía: en 2017, lo hizo a un ritmo del 4,6% frente a un crecimiento del PIB del 3,1%. La tendencia va a más, pues las proyecciones globales de la OMT para 2030 hablan de 1.800 millones de viajeros y de casi un 12% del PIB. Transporte a bajo coste, sobre todo aéreo, emergentes clases medias de países como China e India y plataformas digitales de alojamientos turísticos son combustible para la gran boca de los viajes.

Pero luego viene la segunda parte. El World Travel & Tourism Council (WTTC), presidido por Gloria Guevara, identifica la saturación como uno de los problemas que sobrevuela la actividad turística, junto con las amenazas terroristas y desastres naturales como los huracanes. En la última década, los 20 mayores mercados han ido acaparando cada vez una cuota mayor del PIB global del sector viajes y turismo, hasta llegar al 72%. El pronóstico de la organización es que, en dos años, esos 20 países agreguen a la tarta más visitantes que el resto del mundo. En lugares como Macao, se contabilizan 28 visitantes por cada residente. Y en Islandia, desde 2012 la proporción de viajeros extranjeros por habitante ha aumentado de dos a siete. Son solo un par de ejemplos. “Sin una fuerte administración de destinos, las elevadas cifras de visitantes pueden crear presión adicional a los recursos locales y una infraestructura sobrecargada. Esto puede, a su vez, causar tensión entre residentes y turistas y a veces, una experiencia degradada para los visitantes”, afirma el WTTC en su balance Viajes y turismo: impacto económico y asuntos globales 2018. La redistribución de viajeros hacia distintos destinos es una de las vías de actuación hacia las que apunta.

Las Naciones Unidas defienden que el turismo implica crecimiento. No son tan concluyentes sobre si el turismo garantiza desarrollo. En países como Tailandia, “el boom del turismo ha incrementado los niveles de desigualdad”, apunta en el reciente estudio Turismo y Desarrollo de la propia OMT. En Indonesia también se detecta un “incremento en la desigualdad de ingresos en áreas rurales y urbanas” vinculado a la actividad. En Brasil, el impacto económico del turismo ha sido positivo para todos los grupos sociales, pero “los grupos con ingresos más bajos son los que menos se han beneficiado”.

El turismo contribuye a mejorar las infraestructuras, el saneamiento del agua, los transportes y el acceso a Internet. Pero la conclusión de la organización enfatiza “la necesidad de poner en marcha políticas y actuaciones que se focalicen en la inclusividad y la sostenibilidad del desarrollo ligado al turismo”, “una distribución justa de costes y beneficios” y un empleo digno.

Cambio climático y despilfarro

Uno de los grandes problemas que plantea el turismo masivo es su contribución al cambio climático, justo cuando los gobiernos de todo el mundo se han comprometido por primera vez a combatirlo. En la última conferencia internacional celebrada en Kazajistán en verano pasado sobre turismo y energía, los expertos presentes estimaron que el turismo era culpable de un 5% de las emisiones globales de efecto invernadero a la atmósfera, sobre todo procedentes del transporte y el alojamiento. El pasado mayo, la revista Nature Climate Change publicó el informe The Carbon Footprint of Global Tourism, cuyos autores elevaron el porcentaje al 8%, tras estudiar los datos de 183 países entre 2009 y 2013. Pero desde esa fecha han seguido aumentando, y la previsión es que se pase de 3,9 a 6,5 millones toneladas de gases en 2025. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el porcentaje es incluso superior, del 12,5%, si se tiene en cuenta la energía que se emplea en los hoteles, el transporte de la comida y los productos de higiene.

España, en tanto que potencia turística mundial junto con Francia y Estados Unidos, no ha realizado ningún estudio que mida la huella de carbono desde 2007, según el Instituto de Sostenibilidad Turística. El resultado fue entonces del 10,6% de emisiones.

Otro aspecto a considerar son las estimaciones de pérdidas y desperdicio alimentario de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR): los restaurantes, servicios de catering y las cafeterías acumulan más de 63.000 toneladas de comida sobrante a lo largo del año que acaban en la basura, un despilfarro que le cuesta al sector 255 millones de euros. La cifra de excedente se ha duplicado en dos décadas. Un restaurante tira a la basura 2,5 kilogramos de comida al día.

“Es cierto que en los últimos años empieza a haber más conciencia y existen iniciativas nacionales e internacionales contra el desperdicio”, admite Vilma Sarraff, directora del Instituto de la Sostenibilidad Turística. Sarraff considera “urgente” una apuesta por la sostenibilidad porque “España evoluciona en este ámbito más despacio que países como Italia y Francia, donde los viajes responsables representan el 30% del mercado”. Y añade que, en 2017 [con 82 millones de visitantes extranjeros] el turismo ejerció de motor de la economía española todavía en función de políticas y modelos de gestión en las que se alienta a conseguir nuevos récords de afluencia sin tener en cuenta los impactos negativos“.

“En España no nos hemos tomado en serio la sostenibilidad y mi experiencia demuestra que todo lo que se habla al respecto es de cara a la galería”, corrobora José María de Juan Alonso, socio director de Koan Consulting. Lleva dos décadas trabajando en el campo del turismo responsable y en 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible, fue llamado a pronunciar decenas de conferencias por toda España. “Sin embargo, proyectos de trabajo de verdad, ni uno”, lamenta. Reconoce que el sector no empezó a tomar en serio el cambio cultural... “hasta que llegó la crisis, pues con la crisis los hoteleros pensaban en llegar a final de mes”. Koan Consulting se ha volcado durantes de la crisis en otros destinos como Nicaragua y Bolivia. Ahora trabaja para convertir Teruel en un “destino responsable”.

La esperanza está en parte en la evolución de los propios turistas. El 13% de los viajeros de EE UU asegura haber elegido un hotel específicamente por consideraciones medioambientales“, según el retrato de estos viajeros publicado por MMGY Global. Es un 11% más que 2014. The New York Times publicaba hace unas semanas historias de hoteles que proponen al cliente no limpiarle la habitación a cambio de un cupón.

La sostenibilidad sí está presente en los discursos de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). El propósito existe. Según la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Mar de Miguel, el gasto energético de los establecimientos se ha triplicado en siete años, cuando el potencial de ahorro del sector es más de un 18% de su consumo actual. El ecoturismo y los nuevos hoteles sostenibles son un goteo.

Ciudades contra el turismo masivo

Los residuos y la contaminación son los problemas que más inquietan a las ciudades más saturadas de turismo, donde el malestar es patente. Antes del verano, entidades y colectivos de distintos puntos del sur de Europa —Venecia, Valencia, Sevilla, Pamplona, Palma de Mallorca, Lisboa, Málaga, Malta, Madrid, Girona, Donostia, Camp de Tarragona y Barcelona— difundieron un manifiesto fundacional de la Red Sur ante el nuevo palabro: turistización.

Sus inquietudes se resumen en la dificultad de acceso a la vivienda por la subida descontrolada de los alquileres, el encarecimiento y la transformación del comercio local, la saturación de la red pública de transporte, la masificación de calles y plazas, el uso desmesurado de infraestructuras, la precarización de las condiciones laborales, la banalización de los entornos urbanos y naturales y, de nuevo, la contaminación.

En Barcelona, la Asociación de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) se muestra especialmente sensibilizada con el impacto de los cruceros. La ciudad recibió un récord de 2,71 millones de cruceristas en 2017. Según la Universidad de Barcelona, cada crucerista deja 518 euros por día en la ciudad. Pero los megacruceros generan gran controversia. María García, miembro de Ecologistas en Acción y de la Plataforma por la Calidad del Aire, alerta sobre todo del combustible de los barcos, que contiene azufre, prohibido en tierra. “Un crucero mediano emite lo mismo que una planta térmica”, compara. García reclama un cambio de regulación que obligue a emplear combustible limpio como en el Mar Báltico y el Mar del Norte. En Barcelona se han cerrado dos terminales cercanas a la ciudad, pero hay una nueva terminal, la E, para megacruceros y se planean otras dos, F y G, “que nos colocan en un escenario de 3,3 millones o hasta 4,4 millones al año”.

Desde la asociación, Josep Maria Soler, resume la situación: “No estamos contra el turismo. El turismo es una faceta humana. Todos somos, hemos sido o seremos viajeros. Pero sí estamos contra la masificación. El lobby turístico es muy fuerte, pero la conciencia en los barrios es cada vez mayor”.

[Este artículo forma parte del dossier Turismo sostenible, publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La ciudadanía, las comunidades de vecinos, cooperativas, empresas e instituciones que quieran producir su propia energía para consumirla, almacenarla o vender la que les sobre vertiéndola a la red de distribución cuentan con el apoyo de la Unión Europea. Su derecho a hacerlo ha quedado blindado, lo que supone un primer paso en la revolución hacia una economía basada en energías renovables como la solar y la eólica. Y hay una importante novedad que afecta directamente a España: al ejercer este derecho, no podrá haber recargos de por medio, al menos hasta el año 2026, con independencia de la potencia que se tenga instalada. Un acuerdo entre las tres instituciones pilares de la UE —el Parlamento de la UE, que ha desempeñado un papel clave en favor de las energías renovables, la Comisión y el Consejo— colocaba a mediados de junio en el punto de mira el llamado impuesto al sol vigente en España para las instalaciones de más de 10 kW de potencia y que satisfacía a las eléctricas.

Pero no habrá que esperar el tiempo máximo que existe hasta la entrada en vigor de la nueva directiva de energías renovables (hasta 2021). El pacto europeo sobre la nueva directiva prácticamente ha coincidido en el tiempo con el cambio de Gobierno en España. El PSOE es contrario a los recargos sobre el autoconsumo eléctrico y es partidario del autoconsumo compartido. Ha coincidido, además, en el tiempo con la reedición del frente contra el impuesto al sol en el Congreso de los Diputados, que reúne a todos los grupos de la hasta hace poco oposición (todos menos el Partido Popular, Ciudadanos y Foro Asturias), que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez disponen de suficientes votos para promover un tipo de generación de energía renovable que ayuda a reducir los costes de producir energía y a disminuir también su impacto medioambiental. También Ciudadanos, que en su momento se posicionó junto al PP contra la iniciativa, ha presentado ahora la suya, favorable a la generación distribuida.

Tanto el texto de las proposiciones de ley como los documentos del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE) del PSOE ven en el autoconsumo el modo de involucrar a la población en la transición energética hacia una economía descarbonizada necesaria para combatir el cambio climático.

El sector fotovoltaico, las ONG medioambientales como Greenpeace y Ecologistas en Acción y las entidades sociales que han estado batallando contra el impuesto al sol se muestran satisfechas con este nuevo marco favorable. Las cooperativas de energías renovables reunidas en EScoop.eu han celebrado “el reconocimiento del empoderamiento de la ciudadanía en la política energética europea”.

“Lo más importante de la directiva es que establece el derecho de los ciudadanos a consumir y a almacenar su propia energía o energía autogenerada y recibir retribución por su excedente, tanto a nivel individual como colectivo”, señala José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Para la industria, “el impacto de este cambio es positivo, reactiva el sector y supone la realización de nuevos proyectos fotovoltaicos”. Sin peaje de respaldo y una agilización de trámites, UNEF prevé la instalación de alrededor de 300 MW de autoconsumo al año en España. Según sus cálculos, dicha instalación podría ayudar a evitar la emisión de más de tres millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Posible revisión

A partir de 2026, los países europeos podrán reevaluar qué hacer con los recargos, pero las condiciones para que puedan hacerlo son exigentes: la revisión únicamente se podrá hacer si se puede demostrar con un análisis coste-beneficio el impacto negativo de la exención de los peajes sobre el sistema eléctrico, y si, además, el autoconsumo alcanza un 8% del mercado —hoy apenas supera el 1%—. Esta posible revisión no podrá afectar, además, a instalaciones de autoconsumo de una potencia inferior a los 25 kW, que se mantendrán exentas de peajes.

En España, poner unas placas solares en una casa y consumir la energía generada ya era legal y no había que pagar impuesto. Así que para casas y pequeñas granjas aisladas que tienen luz gracias a la energía solar de sus placas no va a cambiar gran cosa, salvo por la tranquilidad de que lo que hacen tiene apoyo institucional y político. La potencia que necesita un hogar normal no alcanza más de 3 o 4 kW. También hasta ahora era posible tener el suministro eléctrico habitual y, además, instalar placas solares, siempre que la instalación no vuelque energía a la red eléctrica. El impuesto al sol en España entraba en juego, al menos sobre el papel, en instalaciones con una potencia a partir del 10 kW, aunque fuentes del sector indican que a los pequeños productores apenas se les ha aplicado, y que se iba a por potencias de más de 100 kW, a por grandes instalaciones.

La última norma que ha regulado la cuestión hasta ahora es del año 2015 y distinguía dos modalidades de autoconsumo: la primera, en la que la instalación no se conecta a la red de distribución, de modo que no comercializa la energía generada; y la segunda, aquella en la que la energía excedentaria —si se genera más de la que se consume— se vuelca a la red. En este último caso, es necesario inscribirse en un registro como productor de electricidad y si tienen más de 10kW de potencia sí que tenían que pagar dos peajes de acceso.

Raquel Paule, responsable de Proyectos de la Fundación Renovables, explica que el primer peaje es un cargo fijo que se aplica a las baterías en las que se almacena la energía destinada al mantenimiento de la red, y el segundo cargo, llamado transitorio, se aplica a la energía generada y la cuantía varía en función precisamente de esta.

Bajada de costes

La idea de que estos cargos hacían inviables las inversiones en energía solar para el consumo propio ha calado en la opinión pública. Como suele ocurrir a menudo con la tecnología, los costes se abaratan con el tiempo. “La caída de precios ha sido tal que las instalaciones son viables incluso con los cargos, aunque puede que el plazo de amortización de la inversión se alargue un tiempo”, explica Paule. La Fundación Renovables lleva tiempo exigiendo la derogación del Real Decreto de 2015 y confía en que la generación distribuida alcance el 10% de la cobertura de la demanda de electricidad en España en el año 2030.

Según el informe sobre la situación del autoconsumo en España difundido en marzo, los costes de instalación solar se han reducido un 76% durante el periodo que va de 2010 a enero a 2017. El año pasado, la inversión media de la instalación realizada en clientes residenciales es de 4.000 euros y la amortización promedio, de 7,5 años. Según los cálculos de SotySolar, el ahorro medio de una instalación de autoconsumo acaba siendo del 34%.

La Organización Europea de Consumidores BEUC apunta: “Los costes de instalación aún pueden ser bastante altos para parte de la población, pero las energías renovables compensan [la inversión] a largo plazo”.

Por otra parte, los miniproductores han estado lidiando con trámites administrativos largos y laboriosos, y con precios cambiantes. “Además de la inmoralidad, el problema ha estado aquí, en los trámites administrativos, y en el hecho de que, como las cargas figuran en la disposición transitoria del real decreto, los peajes pueden ir cambiando y ello no da seguridad”, añade Raquel Paule.

Los jueces han ido rechazando recursos contra los peajes, salvo en el caso del Tribunal Constitucional (TC). En verano pasado, el TC tumbó el artículo que prohibía el autoconsumo compartido —placas solares en una comunidad de vecinos que quieran compartirlas—, una prohibición que había recurrido la Generalitat catalana por razones de competencias. El fallo ayudó al cambio de criterio de Ciudadanos. La directiva europea, por otra parte, permite el autoconsumo compartido, aunque deja su concreción en manos de los Estados miembros.

El anterior Gobierno del PP justificaba la regulación por razones económicas: supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

[Este artículo ha sido publicado en el número 60 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Hace unos meses, el Gobierno polaco lanzó una controvertida campaña para fomentar la natalidad que, además de ayudas a las familias, llamaba a la población a “reproducirse como conejos” en un vídeo en el que aparecían ejemplares de estos animales. En un país marcadamente católico, el Ejecutivo de Varsovia se decía preocupado por la baja tasa de fertilidad de la población (1,32 criaturas por mujer).

En realidad, el indicador de la fecundidad en España es muy similar al polaco: 1,33 hijos, según Eurostat. Y en caída: en el año 1960, en España las mujeres tenían, de media, 2,86 descendientes. La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral sin que se produjera en paralelo una reorganización social de los cuidados, la precarización del trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda son algunas de las causas de esta evolución.

Una baja tasa de fecundidad, combinada con una igualmente baja llegada de población inmigrante, y sumada sobre todo a la mejora (alargamiento) de la esperanza de vida, han llevado al Instituto Nacional de Estadística (INE) a proyectar que, dentro de 50 años, España habrá perdido al menos 5,4 millones de habitantes.

La población española actual (46,55 millones a junio de 2017) se había ido incrementando durante décadas: durante último medio siglo, ganó 13,6 millones de personas. Esta tendencia al alza se truncó en el año 2011. Desde entonces, la cifra de habitantes va a menos.

Aunque proyecciones a tan largo plazo siempre deban abordarse con prudencia, en la última estimación a futuro que ha realizado el INE (de 2006 a 2066) se prevé una reducción de la población incluso en un escenario en que la fertilidad y la inmigración sean más elevadas. En el escenario contrario —baja fecundidad y baja inmigración— la caída podría situar a la población en 38,46 millones de personas. Sería como volver a la década de 1980.

¿Cómo será la población dentro de medio siglo? Economistas y demógrafos llaman la atención sobre el peso creciente de las personas mayores en la sociedad. La proporción de mayores de 80 años se multiplicará por tres, hasta el 18,1%, y la de quienes superen los 65 se duplicará, hasta representar un 35,7% del total. Según el informe de 2017 World Population Prospects, de Naciones Unidas, en el año 2050 solo Japón superará a España en envejecimiento de la población. La edad media de la población española, que es de 43,2 años, pasará a ser de 52, 3 en 2050.

Más recursos para dependencia

“Las previsiones señalan el aumento del subgrupo denominado sobreenvejecimiento [personas de más de 80 años de edad], con un gran incremento de dependencia, soledad y pobreza, y escaso apoyo social”, subrayaban en plena crisis la doctora en Investigación en Cuidados de la Salud Mercedes Abades y la profesora de la Facultad de Enfermería de la Complutense Esperanza Rayón en su trabajo El envejecimiento en España: ¿un reto o un problema social? Ambas defienden la necesidad de “más recursos sociales y centros sociosanitarios” para cuidar a las personas mayores, así como de “profesionales sanitarios con mayor sensibilidad y un alto compromiso ético y moral, y con mejor formación en geriatría para proporcionar cuidados de calidad”.

Las mujeres, que de media viven más años que los hombres, también viven más años con discapacidad: a partir de los 80 años, uno de cada dos mayores declara una discapacidad, proporción que aumenta al 75% a partir de los 90. Según el catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia José Viña, en 2020 un tercio de los mayores de 65 años será dependiente y en 2050 se llegará a la paridad entre personas que ofrezcan cuidados y personas que los necesiten. 

Pese a esta realidad, organizaciones empresariales como el Círculo de Empresarios abogan por alargar la vida laboral para evitar que una persona pueda vivir más de 25 años jubilada, sin trabajar. Y ha puesto sobre la mesa la necesidad de políticas natalistas, que empiezan a entrar en el discurso público. En su informe anual de 2017, el Banco de España habla igualmente de incentivar la permanencia en el mercado laboral de los mayores, compatibilizando el cobro de la pensión con un empleo, y de fomentar los nacimientos favoreciendo la conciliación laboral y familiar y reduciendo la inestabilidad laboral durante los años de mayor fertilidad de las mujeres.

El demógrafo Julio Pérez Díaz, del CSIC, alerta en su blog Apuntes de demografía cómo “se viene elaborando hace tiempo un discurso sobre la demografía basado en la ideología de los afines, compañeros de partido y correligionarios en la fe”. “Todos —añade— pretenden aplicar las mismas recetas: menos protección social, más patriotismo, más natalismo, menos extranjeros. Ahora ese discurso está suficientemente asumido también en España, tanto como para fundamentar la política demográfica que ya se había decidido de antemano. No va a cambiar la demografía, (en realidad no saben cómo hacer eso) pero va a ser la coartada para legislar convenientemente sobre la familia, la pareja, el trabajo, la sexualidad, el asilo, el aborto, los derechos sociales, las pensiones y las migraciones”.

Más inmigrantes

Pero ciertamente, la inmigración —según el INE, en 2017 residían en España 4,46 millones de inmigrantes, de un total de 46,5 millones de personas—toma protagonismo en el discurso. El supervisor bancario español apunta en su último informe anual lo siguiente: “Se deberían revisar periódicamente las restricciones asociadas a la política migratoria para tratar de acompasarlas a las necesidades del mercado de trabajo”, tras alertar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, para ampliar la base de cotizantes. A finales de 2017, el mismo Banco de España difundió un estudio según el cual Alemania, Francia, Italia y España “acapararían el mayor flujo de inmigrantes entre los países desarrollados”, que según sus cálculos se duplicará entre 2010 y 2050.

Este abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha pronunciado en términos parecidos: “La inmigración puede aliviar la presión del envejecimiento de la población y contribuir a otros beneficios a largo plazo, como un mayor crecimiento y productividad”, apunta en sus Perspectivas de la economía mundial, como estrategia para paliar el envejecimiento. Alemania ya juega esta baza.

La población extranjera no llegaba al 1% a principios de la década de 1990. Durante el boom económico español de 2002 a 2008 llegaron al país casi 5 millones de personas, y colocaron el porcentaje por encima del 12%. Con la crisis, muchos de ellos regresaron a sus países. Con la recuperación, vuelven a venir más que los que emigran. Los últimos datos corresponden al primer semestre de 2017. El saldo migratorio fue positivo en 52.926 personas. Logró compensar el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) negativo del semestre (-31.905).

[Este artículo forma parte del dossier 'Los límites del planeta', publicado en el número 59 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

A algunas personas les encanta pensar que un país se puede gobernar como un consejero delegado gestiona una empresa. Donald Trump, por ejemplo. El presidente de Estados Unidos ha planteado en infinidad de ocasiones que a la política le hace falta pragmatismo en lugar de ideología. En los tiempos neoliberales que corren, la supuesta falta de ideología se identifica con “el sentido común”.

Quienes cultivan la comparación entre gobernar y gestionar aluden a menudo a la necesidad de ser eficientes (léase lograr unas cuentas públicas saneadas) o a la accountability (rendir cuentas en las urnas como quien se presenta ante la junta general de accionistas, siempre que los principales dueños de la corporación no aplasten a los minoritarios, como suele suceder). Suelen obviar una misión fundamental del gobernante: cuidar del interés general, más allá del suyo propio. Si un gobierno no comprende que lo más importante es garantizar el bienestar de la comunidad, más vale que se marche.

Puesto que no van a cambiar la opinión, no está fuera de lugar recordar que no todas las empresas son iguales. Algunas empresas se rigen por principios y valores que tienen en cuenta lo común.

La inspiración de la economía social

La inspiración puede encontrarse en la ley que regula la economía social, del año 2011. Nos habla de cosas como “la primacía de las personas y la finalidad social sobre el capital”, que tras la modificación del artículo 135 de la Constitución ya no podemos decir que se cumpla en España.

La necesidad de una gestión “transparente, autónoma, democrática y participativa” se reconoce como parte del ADN de este tipo de iniciativas (cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales, fundaciones, mutualidades o empresas de inserción, entre otras), y se confronta con una democracia ciudadana a menudo puramente formal.

“Aportar los resultados obtenidos de la actividad económica en función del trabajo aportado o de la actividad realizada por los miembros (…) y siguiendo la finalidad social objeto de la entidad” se parece a lo que debería ser el diseño de una fiscalidad justa, instrumento capital para combatir la desigualdad.

Por no hablar de la “promoción de la solidaridad interna”. Porque la tendencia a mirarse el ombligo y fijarse en lo propio, mezclada con un creciente individualismo, destruye la cohesión social y nos lleva a un enfrentamiento abierto de pronóstico pesimista.

Hola, escépticos

Los escépticos se reirán, claro. No solo porque reírse es lo fácil, sino porque la inspiración de un sector que todavía es comparativamente muy pequeño parece la utopía máxima. Es posible que entiendan antes los grandes inversores que los gobiernos que los tiempos están cambiando (otra vez, Dylan).

La economía social y solidaria es pequeña en dimensión, aunque no en ciudades como Bolonia, pero lo que hay detrás de ella, lo que la mueve, empapa muchas de las tendencias que emergen en paralelo con una enorme fuerza: las economías feministas, la economía circular, la economía del procomún o los movimientos agroecológicos y favorables a la soberanía alimentaria.

“Sería interesante un proceso de confluencia entre todas estas economías transformadoras”, comentaba esta misma semana Mayo Fuster, directora de investigadora de la UOC y colaboradora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona en un debate organizado por Alternativas Económicas y el propio IGOP, que versaba precisamente sobre el papel de la economía social y solidaria en el contexto de la nueva economía.

Pese a las discrepancias, todas las personas que participaron en la discusión coincidieron en la necesidad de sumar fuerzas para dar un salto. “Solo podemos hacer frente al mercado internacional si reforzamos la economía social, y si esta es precaria y pequeña, la única solución es reforzarla, con estrategias para dar un salto al 20% y, después, al 50%”, apuntaba Sara Berbel, directora de la empresa municipal Barcelona Activa. Miguel Ferrer, jurista y asesor en políticas públicas relacionadas con la tecnología y la economía digital, abogó por un mayor “entendimiento entre este modelo [economía social] y el mundo digital”. “A veces en la economía social nos quedamos en nuestro mundo, cuando hace falta establecer puentes”, coincidía Alicia Trepat, conectora de la asociación Ouishare.

Una oportunidad

Todas las intervenciones incidieron en la “oportunidad” que puede suponer la emergencia de plataformas digitales para redimensionar la economía social, pese al “mal  uso” que de la herramienta puedan realizar algunas corporaciones con mentalidad extractiva, en palabras de Trepat, que citó a Uber. También, en los límites de la autorregulación. “Sería naíf decir que la autorregulación es viable en terrenos como el alojamiento turístico o la movilidad”, señalaba Ferrer, quien, sin embargo, se mostraba descreído con la efectividad de la regulación según cómo se planteara. Fuster apostó por soluciones poco administrocénticas y más colaborativas con los actores implicados, o lo que es lo mismo, por políticas públicas innovadoras.

“Las líneas rojas” de las economías de plataforma que están ganando terreno, son, para Berbel: “No queremos economía sumergida, ni evasión fiscal, ni desregulación y sí defensa de los derechos sociales que tanto nos ha costado conquistar”. Aunque corran el riesgo de quedar en un brindis al sol, los 20 principios que incluye el nuevo pilar europeo de derechos sociales planteados por Bruselas van en esta dirección. 

No sabemos cómo será la economía (las economías) que viene(n). Sí sabemos que, como recordó Fuster, no hace tantos años, abundaban los escépticos con el software libre frente a la imponente Microsoft.

Gigantes corporativos, muchos de los cuales tecnológicos, también piensan que se puede gobernar la sociedad global como se gestiona una multinacional que ya forman parte de miles de millones de vidas. El reciente escándalo de Facebook es un ejemplo de ello. Y en este caso ha quedado claro que, cuando se adquiere tanto poder, si regular es difícil, peor es dejarlo en manos de la autorregulación. 

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Seguramente abomina del término, pero, para entendernos, Alfons Cornella es un gurú de la innovación. Cuando se le pregunta a qué se dedica, lo resume diciendo que vive de hacer que se entiendan cosas que inicialmente parecen complejas. Como físico teórico que es, busca un modelo más o menos accesible y sencillo que ayude a explicar la estructura que hay detrás. Ha escrito una veintena larga de libros relacionados con ciencia, tecnología, internet y, el último, sobre cómo innovar en la educación. Llena auditorios con sus conferencias y ayuda a personas a mejorar sus organizaciones a través de la innovación de proyectos y de equipos. La sede del Institute of Next, donde se desarrolla esta entrevista, en el Poblenou de Barcelona, no solo está decorada como un taller: es un taller, lleno de herramientas y, sobre todo, de ideas. A a lo largo de la conversación no para de formularse preguntas, de sugerir, de atisbar. En plan esto es lo que hay.

Todo el tiempo oímos hablar de la importancia de la innovación. Tanto es así que lo repetimos de forma acrítica sin saber muy bien qué significa. ¿Qué hay de blablablá al respecto?

La sensación de que es necesario hacer cosas nuevas es generalizada, porque, ya sea desde un punto de vista económico, social, político o empresarial, el modelo actual no funciona. Así que tiene sentido apostar por la innovación.

¿Pero qué significa innovar? ¿Hacer cosas nuevas?

Innovar no es hacer cosas nuevas, sino hacer cosas nuevas que aporten valor. No es decir: “Se me ha ocurrido algo”. Es: “Se me ha ocurrido, pero también sé cómo lograr que a alguien le interese, que alguien me lo compre y que lo utilice”. En este sentido, la innovación es perpetua. No se trata de que ahora, de pronto, le demos mucha importancia. Cuando aparece un modo de cruzar el Atlántico en unas pocas horas y antes se tardaba semanas en hacerlo, cuando se introduce un procesador de textos que nos permite correcciones en lugar de tener que reescribir a mano, cuando se vuelve posible operar para curar una miopía... Siempre se han ido produciendo cambios. La innovación es un fenómeno de la Historia. Es lo que ha permitido a la humanidad ir avanzando.

En el pasado, sin embargo, la innovación parecía ligada a cambios que nos llevaban a adquirir más derechos sociales y democracia. Cada vez parece más un modo de obtener más beneficios...

Es cierto que la innovación se ha convertido en un mecanismo competitivo. No se habla de innovación en un sentido de progreso social. Recuerdo muy bien una portada de The Economist en la que aparecía un váter, con un título que decía: “¿Por qué no volvemos a inventar cosas tan útiles como esta?” Era un modo muy ilustrativo de castigar la innovación inútil, sobre todo en el campo digital. ¡Existen tantas aplicaciones que no sirven para gran cosa! Como el mercado se ha abierto al mundo, una empresa de un pueblo pequeño ya no compite con la empresa del pueblo de al lado, sino con un país del otro lado del mundo. Todos presionan a todos, y en este contexto, la innovación es un mecanismo de funcionamiento, sobre todo de las empresas, que proporciona opciones para competir en el mundo. Dejemos de lado la innovación anecdótica de las apps y enfrentémonos a los problemas reales y graves de la sociedad. Estamos rodeados de ellos. El váter sí que fue un invento importante. Supuso un cambio radical para el saneamiento de las ciudades. Hemos trivializado la palabra innovación inventando cosas que no necesariamente suponen una utilidad. La innovación es un mecanismo para minar problemas. El sistema educativo, la Administración de justicia, el propio sistema político... Muchos ámbitos de nuestra vida necesitan una transformación radical y eso requiere muchas mentes activas en marcha.

Entre esas transformaciones en marcha destacan las que afectan al trabajo. Parecemos estar atrapados entre autónomos y robots. ¿Qué visión tiene al respecto?

Sinceramente, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. Y quien diga que lo sabe tampoco tiene ni idea de cómo serán los próximos 20 años. Todo es especulación. Puede que la promesa de las máquinas inteligentes sea excesiva, pues podríamos encontrarnos con que las podamos aplicar solo en tareas programables, muy procedimentales, muy rudimentarias. O puede, en cambio, que se produzca una expansión de la inteligencia artificial que haga que los diagnósticos ya no los realicen los médicos, sino máquinas. La incógnita sobre el futuro es enorme. Ahora bien: sea lo que sea lo que venga, será una multiplicación de humanos por máquinas.

¿Y eso qué quiere decir exactamente?

No hay que luchar contra los robots, sino con ellos. La lucha contra los robots no tiene sentido. Sin tu mente y tus manos, la grabadora no sirve. Pero al revés, tampoco. De igual modo que una llave inglesa te permite hacer cosas que no puedes con las manos. El futuro de seres humanos multiplicados por máquinas parece irrefutable.

Como siempre, el mundo se divide entre los fans entusiastas y los horrorizados.

Creo que la lectura de que el humanismo de las ideas está haciendo sobre las implicaciones de la automatización no tiene en cuenta que somos una especie tecnológica, en el sentido de que utilizamos herramientas para hacer cosas. Es verdad que ahora las máquinas tienen un componente de inteligencia añadido. Pero tengo la convicción de que el futuro pasa por aprender a trabajar con las máquinas.

Eso suena a reto mayúsculo, pensando en el conjunto de la sociedad. Suena a que no todo el mundo se podrá subir al carro. Suena a más polarización laboral.

Hay gente que sabe mucho y otra gente que sabe poco. Y un espacio en el medio. La mayoría de la gente está hoy en el centro, pero se está produciendo un split, un espacio cada vez mayor, con personas a ambos lados. Las primeras, superformadas en el conocimiento más sofisticado. Las segundas, en la ignorancia absoluta. En el siglo XX podías ser un buen profesional e ir tirando con tu formación mediana. Pero en el mundo que viene, para estar en el primer lado, se necesitarán conocimientos más elaborados. Habrá que estar aprendiendo constantemente. Y si uno se queda al otro lado, le puede resultar muy difícil conseguir un trabajo. Porque hoy, los nuevos metros que se ponen en operación circulan sin conductor. Es posible que muchas personas abdiquen de aprender, o no tengan la oportunidad. Y lo tendrán complicado.

Estamos programados para trabajar. Pero tal vez vayamos a otro tipo de sociedad.

Pues eso. ¿Y si nos hemos comido la cabeza durante dos siglos convenciéndonos de que la principal función del ser humano es trabajar y resultara que no? ¿Y si resultara que podemos dedicar mucho más tiempo al ocio en otro sistema social y económico? Aprender a disfrutar del ocio será uno de nuestros grandes retos. Y por ocio no me refiero a matar el tiempo o dar de comer a las palomas. Estoy hablando de un ocio no pasivo, de aprovechar el tiempo para hacer cosas creativas y útiles. Estoy hablando de la muerte del trabajo considerado como un curro.

En todo caso, a día de hoy, no tener un trabajo aboca a la exclusión y a la desprotección social, aunque ya no garantice salir de la pobreza.

Totalmente. La verdad es que nadie puede decir que tiene resueltas las incógnitas laborales que se abren. Puede que me equivoque, pero temo que la promesa que se nos formula de que todos tenemos capacidad de realizar una tarea creativa que aporte a la humanidad es ilusoria. Habrá gente que deberá seguir trabajando para la inclusión económica y trabajará de lo que pueda.

Antes hablaba de la necesidad de formarse de manera permanente. ¡Pero tampoco sabemos en qué! ¿Ir empalmando carreras y másteres?

Cuando se habla de formación permanente no nos referimos a una formación que empaquete conocimientos en bloques de cuatro años, como las carreras universitarias. Hablamos de competencias transversales. Hablamos de una visión del mundo.

¿Para eso dónde hay que apuntarse?

Como símil, podemos decir que, más que literatura, habrá que aprender sintaxis. Aprender a usar herramientas, a hablar, a construir, a utilizar herramientas, a hacer proyectos... más que un conocimiento acumulado. La educación de hoy debe cambiar radicalmente. Hoy una persona puede haber invertido muchas horas en una universidad en aprender un software que en breve tendrá que desaprender porque aparecerá otro. Cada seis meses aparece un nuevo software. Lo importante será la capacidad de aprender y desaprender un software o cualquier otro instrumento con rapidez. Pero claro. Somos personas, no máquinas de quitar y poner. Necesitamos un modelo del mundo, una base humanista, tecnológica, matemática, instrumental.

Muchas voces resurgen en defensa de los estudios de Humanidades.

La solución para la educación no es el humanismo en el sentido tradicional de estudiar unas disciplinas concretas. El destino de la educación es formar humanos, en el sentido de estimular al máximo los aspectos de un ser humano que no son replicables por parte de una máquina. Justamente he escrito ahora un libro sobre las transformaciones que requiere la educación en un mundo marcado por las máquinas inteligentes. Y la solución, fácil de decir y no tan sencillo de hacer, es reforzar la capacidad creativa, la empatía, la improvisación, la inspiración. El cerebro humano tiene características de conectividad no programadas que dan resultados no esperados. Hoy el cerebro humano es el único en el universo conocido que puede generar una idea de forma no programada. Esta característica de los humanos es nuestra salvación.

¿Cómo gestionar todo esto? Precisamente en un momento de desconfianza creciente entre la ciudadanía respecto de las instituciones.

Vivimos en una gran paradoja: la democracia, como se suele entender, que se limita a que la población vote cada cierto tiempo y ya está; interesa más a quienes pueden manipular a la sociedad que a quienes no pueden. Quiero decir que, si tienes capacidad y mecanismos para manipular los medios de comunicación y la población, te interesa la democracia. Por eso, de algún modo el modelo de democracia tal como se entiende hoy entra en crisis. Están empezando a aparecer ideas nuevas, como la delegación de voto en personas que específicamente conozcan el tema sobre el que se vote en cada ocasión.

¿Cómo dice?

Existe un modelo muy elaborado llamado epistocracia según el cual una persona puede llegar a delegar el voto en otra a quien le supone un criterio mejor formado que el suyo.

¿No se trataría de elevar el nivel de formación de la población?

Se trata de tener criterio y criterio no se puede tener en todos los temas. Si te piden que votes sobre, pongamos por caso, el tranvía de la Diagonal de Barcelona, la transformación tiene un impacto importante económico, ambiental, urbanístico. No se puede votar porque te caiga bien o mal quien mande. Hay cuestiones técnicas que pesan y que requieren conocimiento. Yo he estudiado sobre múltiples temas en mi vida, pero en una votación sobre las decisiones que deben tomarse para resolverse el problema no me siento capaz de decir cuáles deben adoptarse. Pero hay personas que han pasado años estudiando la cuestión desde distintos ángulos.

¿No sería el fin de la democracia?

Yo no estoy diciendo nada de eso. Ni estoy defendiendo que haya que relevar la democracia por otro modelo. Lo que estoy diciendo es que, en esta etapa de la historia, surgen modelos que ni siquiera nos habríamos imaginado hace un tiempo. Necesitamos ser atrevidos y ampliar nuestro ancho de banda, pensar de forma más creativa.

Lo curioso es que son tiempos en los que a todos nos gusta opinar de todo.

El fenómeno que hay detrás del problema, que es lo que a mí me interesa, es por qué las personas no consideramos necesario aprender sobre la cuestión sobre la que votamos. Y la razón por la que eso ocurre es porque damos por hecho que nuestro voto es minúsculo, que nuestro voto no servirá de gran cosa, que en el fondo no cambiará nada. No nos ponemos a investigar porque creemos que nuestro voto es inútil. Así que votamos por si me caen bien o me caen mal. El resultado, multiplicado por millones de personas, es un voto irracional y poco instruido. El voto es de una trascendental importancia, pero se hace de forma muy poco instruida. Si ves que alguien sufre un ataque en la calle no te atreves a tratarlo, llamas a una ambulancia. Al final lo que más abunda son los fans o los hooligans políticos, más que personas instruidas con criterio.

En todo caso, la ciudadanía tiende a sentirse poco representada.

Porque no vota a sus representantes, sino a construcciones ideológicas que no necesariamente responden a sus necesidades. Hay un debate muy interesante sobre la participación ciudadana. Vemos que donde la gente obtiene soluciones reales a sus problemas es a través de las ciudades.

¿Por una cuestión de dimensión?

En parte, sí. Pero no solo. Los modelos del mundo son similares. En la ciudad, conoces a la gente, conoces a la gente a la que votas. El poder pasa de grandes estructuras a estructuras próximas a la gente. Además, las ciudades son más fáciles de reorientar, y de convertir en polo de atracción de inversiones y talento.

¿Sobre qué escribiría hoy un visionario como Julio Verne?

No podemos saberlo con seguridad, pero seguramente Julio Verne hoy tendría en cuenta algunas cuestiones: cómo repensar la movilidad, cómo conectar el cerebro a Internet y cómo descontaminar la atmósfera.

En sus conferencias menciona la agricultura como un sector de futuro, cuando a priori a uno no se le ocurre. ¿Por qué?

La agricultura es un sector con gran potencial. Por una parte, una tercera parte de los alimentos que se producen se pierden en la cadena alimentaria, luego es cierto que existe un importante derroche. Pero por la otra, incluso si no se produjera ese derroche, el incremento de la población que se está produciendo obligará a producir más. Además, nos guste o no, existe una correlación directa entre el desarrollo económico de países que llamamos emergentes y el consumo de proteína animal. Debemos poner en cuestión si tiene sentido el mundo al que vamos, con una población de 9.000 millones de personas en 2050 que consumen cosas como vacuno, que no es precisamente ecológico...

¿Y en su opinión le parece que tiene sentido?

Yo no lo sé, no me posiciono. Lo que digo es que he ido por el mundo y esto es lo que he visto: que muchas grandes corporaciones y fondos se interesan por la producción de alimentos que no son sustituibles. Podríamos dejar de usar el teléfono móvil, aunque nos costara, pero no podríamos dejar de comer. Veo un interés creciente de los inversores en invertir en tierras donde poder cultivar. La producción de alimentos atrae a muchos inversores.

¿De la crisis se sale a través de proyectos pequeños, de iniciativas muy ‘micro’?

Donde se producen las ideas más interesantes es en las empresas más pequeñas. Es más fácil innovar en un entorno pequeño y exploratorio. Hay un componente de pasión importante, así como de riesgo. Y, además, en ellas se da otro elemento: si hablas con muchos de los millenials, a diferencia de la generación anterior, tienen ganas de no depender de nadie desde el punto de vista laboral. Pero, como comentábamos antes, otra cosa distinta es lograr que esas ideas se traduzcan en ideas aceptadas por el mercado. Creo que esto no se está produciendo.

¿Se innova más en las grandes?

Las empresas grandes es muy difícil que innoven. Tienen protocolos que impiden la exploración de cosas nuevas, que impiden el riesgo. Los mecanismos de reconocimiento, retribución y recompensa en las grandes organizaciones están muy basados en no mover demasiado las cosas respecto de cómo están ahora. Pero empresas grandes que tengan la innovación dentro de su mecanismo de funcionamiento no hay tantas. Hay Facebook, Google y cuatro más. Sin embargo, las grandes sí que tienen algo clave: mercado. Lo que sería ideal sería un maridaje o una coordinación entre empresas pequeñas que tienen ideas y empresas grandes que tienen mercado.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número 58 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La oleada de protestas protagonizadas por pensionistas expresa malestar porque los beneficios de la recuperación no les alcanzan (se mantendrá la revalorización del 0,25% desde 2014, pese a que la economía está creciendo a un ritmo del 3,1% y los precios, un 1,1% interanual el año pasado). Reclaman que los nuevos cambios en el sistema que entrarán en vigor el año próximo no mengüen aún más la capacidad adquisitiva de las pensiones y han forzado un debate sobre cómo puede garantizarse la cobertura para las próximas generaciones. Pero, sobre todo, ha ayudado a aflorar una realidad que a menudo queda oscurecida por las medias estadísticas.

La pensión media en España asciende a 932,99 euros, según los datos de la Seguridad Social de febrero pasado. En el caso de la jubilación (puesto que existen otras pensiones, como las que perciben las personas viudas, huérfanas o con alguna incapacitación permanente), la cuantía media es de 1.077,52 euros. Sin embargo, poco más de 3,75 millones de los 8,69 millones de pensionistas que constan en los datos de la Seguridad Social como perceptores de pensiones contributivas cobran al mes 735,89 euros (el salario mínimo) o menos, y en un 65% de estos casos son mujeres. Si analizamos las cifras, no de total de perceptores, sino del total de pensiones (se pagan 9,57 millones de ellas a 8,69 millones de personas), hay 4,96 millones por debajo del salario mínimo: el 51,8%.

Por cuantías, el tramo de personas más nutrido es el de quienes cobran una cantidad por debajo de este listón: entre 600 y 650 euros. Suman 1,86 millones de personas. Y, entre las mujeres, más de 573.000 apenas alcanzan los 500 euros mensuales.

Ninguno de estos pensionistas podrá beneficiarse de una rebaja del impuesto sobre la renta (IRPF) que ofrece el Gobierno, y que prevé elevar a 17.000 euros al año el tope de ingresos por debajo del cual no será necesario que los pensionistas presenten la declaración de la renta. Ni siquiera sin elevar ese límite les afectaría, puesto que, si una persona jubilada carece de ingresos ajenos a su pensión, el tope es de 12.000 euros.

Durante el debate sobre pensiones que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sugirió mejoras de las pensiones mínimas y de viudedad, sin concreción y ligadas a la aprobación de los Presupuestos del Estado. La posición del Ejecutivo —que en 2013, en plena crisis, rompió el consenso político en la materia con una reforma que desligó definitivamente la evolución de las pensiones de las subidas o bajadas de los precios—, elude el reto de fondo: garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, incluido en el artículo 50 de la Constitución.

Estos son algunos conceptos útiles para seguir el debate:

Sistema de reparto

En España existe el sistema de reparto que consiste en que las pensiones de hoy las sufragan los trabajadores de hoy mediante sus cotizaciones. Expresa un compromiso de solidaridad entre las distintas generaciones, diferente del modelo de capitalización, en el que cada persona ahorra para su pensión futura, según sus posibilidades. La clave de los ingresos reside, pues, en la calidad del empleo.

España está creando empleo a un ritmo de medio millón de empleos al año, pero, pese a que tres cuartas partes de los contratados son fijos, nueve de cada 10 nuevos empleos son temporales, muchos de menos de tres meses, mientras aumenta la proporción de empleos a tiempo parcial involuntarios. Según UGT, las cotizaciones de los nuevos trabajadores que entran en el mercado laboral son entre un 40% y un 50% más bajas que las de las personas que se jubilan. La tendencia se ha agudizado tras la reforma laboral de 2012. Fruto de años de mayor estabilidad laboral y de mayores bases de cotización), los nuevos pensionistas, en cambio, han contribuido a elevar la pensión media poco más del 3% anual en la última década.

Años de cotización

Para cobrar la totalidad de la pensión contributiva, una persona que se jubile en diciembre de este año tendrá que haber cotizado por lo menos durante 35 años y seis meses. Lo que cobrará se estimará en función de sus últimos 21 años de aportaciones.

A partir de 2022, para calcular cuánto dinero percibirá un pensionista se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años, porque ahora se está aplicando un régimen transitorio en el que, además, se combinan el año de nacimiento de la persona y el número de años que ha cotizado para estimar la edad de retiro. A partir de 2027, la jubilación acabará siendo a los 67. Salvo que se haya cotizado 38 años y seis meses: entonces será posible a los 65. Estos cambios son fruto de la reforma de 2011 realizada por el Gobierno de Zapatero, que congeló las pensiones al estallar la crisis.

Para acceder al derecho a pensión de jubilación hay que haber cotizado al menos 15 años. A una persona con este mínimo se le aplica una reducción a la mitad en la base reguladora. Si el resultado está por debajo de un mínimo (8.950 euros al año, sin cónyuge), se le complementa hasta alcanzarlo.

Además, hay que sumar cerca de 455.000 perceptores de pensiones asistenciales para personas que no han cotizado lo suficiente, que no superan los 369,9 euros.

Gasto en pensiones

De todos los gastos de la Administración pública, se destinan a transferencias corrientes para pensiones 138.560 millones, según el presupuesto de 2017, lo que equivale al 29% de los presupuestos. Hace una década, la cuantía representaba el 21,6%. El grueso son para pensiones contributivas (122.777,1 millones). Desde 2011, el gasto se ha incrementado en 2.000 millones cada mes. Según el Gobierno, los nuevos pensionistas este año requieren 3.800 millones al año (sin revalorización), de modo que el crecimiento anual es del 3%. Según Eurostat, el gasto en pensiones en España ha pasado del 8,8% en 2007 al 12,6% en 2015, aunque sigue por debajo de la media de los países de la eurozona (13,6%).

Seguridad Social

En 2017, por primera vez desde el inicio de la crisis en 2008, el incremento de las cotizaciones superó en 2017 el aumento del gasto en pensiones. El primero aumentó un 5,36%, mientras el segundo lo hizo un 3,15%. Pero la Seguridad Social cerró en 2017 con un déficit de 18.800 millones, un máximo. Los ingresos por cotizaciones sociales suman, según el presupuesto de 2017, 110.560 millones (según la ministra Fátima Báñez, finalmente suben a 109.166 millones). Solo en 2008 se le habían acercado.

Se arrastra déficit desde 2012. Pero la crisis y el paro no son la única razón. El Gobierno ha seguido una política de bonificaciones generalizada para incentivar la contratación por donde se le escapan ingresos. Los sindicatos son muy críticos con esta política de ayudas a las empresas.

El Gobierno ha ido vaciando el Fondo de Reserva de las pensiones, que heredó en 67.000 millones, y del que quedan poco más de 8.000 millones. No lo ha gastado todo, pero el año pasado pidió un préstamo de 10.192 millones para afrontar el gasto y este año ha avanzado que pedirá otro al Tesoro por importe de otros 15.000 millones.

Uno de los temas sobre la mesa es desligar hasta cierto punto el trabajo de la pensión: es decir, no basarlo todo en la relación entre número de cotizantes y pensionistas, sino partir de la base de que el Estado debe cubrir una necesidad recurriendo a las vías a su alcance, con cargo a los presupuestos, vía impuestos. En este sentido, el PSOE ha propuesto un impuesto a la banca y las transacciones financieras.

‘Destopar’

El 28,30% del salario va a cotizaciones por contingencias comunes (el 4,7% lo aporta el trabajador y el 23,6%, la empresa). Y las bases de cotización (que se encuentran entre una base mínima y una máxima) van evolucionando cada año, dependiendo del salario. Sin embargo, la máxima no varía a partir de una renta salarial de 45.014 millones de euros al año. Si alguien gana 50.000 cotiza lo mismo que si gana 100.000 (tampoco se puede percibir más de 2.580,1 de pensión al mes). De ahí surge la idea de subir ese tope de cotización para las pensiones máximas. Según CC OO, la cuantía de los salarios que queda exenta es de 30.479 millones de euros, lo que beneficia a 1,46 millones de cotizantes.

Tasa de sustitución

Es la proporción del último salario antes de la jubilación que supone la cuantía de la pensión que percibe una persona cuando se retira. En España, la proporción es más elevada que la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): el 72,3% frente al 52%, respectivamente. Sin embargo, los salarios en España son más bajos.

Factor de sostenibilidad

A partir del año próximo, las nuevas pensiones se recalcularán en función de la evolución de la esperanza de vida, que afortunadamente aumenta. La aplicación de este factor supone corregir el efecto del aumento de la esperanza de vida en el gasto por pensionista. La reforma de 2011 lo recogía a partir del año 2027, pensando en la jubilación de la nutrida generación de baby boomers. La del 2013 lo reguló y avanzó a 2019. Estimaciones precisas sobre el impacto que tendrá la aplicación de este factor son imposibles. El Ejecutivo calcula un recorte del 0,45% en las nuevas pensiones, partiendo de las proyecciones de mortalidad de Eurostat, lo que encoge las nuevas pensiones un 14% en tres décadas.

Envejecimiento demográfico

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de población de 65 años y más pasará del 19% al 25,6% en 2031 y al 34,6% en 2066. Pero está por ver la evolución de cuestiones clave como la población inmigrante y la natalidad, cuya tasa está en mínimos, y la población inmigrante (el saldo migratorio es positivo desde 2016), así como el impacto de la automatización sobre el empleo.

Las cifras

4,96 millones

Es el número de pensiones inferiores o equivalentes al salario mínimo interprofesional, de 735,9 euros. El tramo más extendido, con 1,86 millones, es el de los perceptores de 600 a 650 euros mensuales. El 65% de ellos son mujeres.

639,3 y 2.580,1 euros

Pensión contributiva mínima y máxima. Así quedan las cuantías mensuales mínima y máxima tras la revalorización del 0,25% aprobada por el Gobierno también para este año.

650 euros

Es la pensión media de viudedad. La mayoría de las pensiones de viudedad las cobran mujeres, pero una enorme mayoría de ellas vive con ingresos inferiores.

18.800 millones de euros

Es el déficit que tuvo la Seguridad Social en 2017. La caja común que se nutre esencialmente de las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores arrastra déficit desde 2012

15.000 millones de euros

Es el nuevo préstamo del Tesoro a la Seguridad Social que pedirá el Gobierno este año para pagar pensiones. El año pasado pidió uno de más de 10.000 millones. Da este paso después de haber ido vaciando el Fondo de Reserva o hucha de las pensiones, que de 66.815 millones ha quedado ahora en 8.095 millones.

[Este artículo ha sido publicado en el número 57 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]