Nos ahorraríamos muchos disgustos si la disciplina económica asumiera su incapacidad para predecir el futuro. Suficientemente complicado resulta ya explicar la realidad económica según acontece, o incluso la pasada, como para determinar con precisión lo que va a suceder. Pero también sería recomendable que, especialmente los organismos oficiales, no se obstinaran en obviar lo evidente cuando no es de su gusto: son varios los indicios que delatan que la débil “recuperación” que inició la economía española en 2014 podría verse interrumpida más pronto que tarde.

Para empezar, tengamos en cuenta que el crecimiento de los últimos años, además de modesto, se debió en gran medida a la confluencia de factores que no dependen de la gestión económica interna. Bajada del precio del petróleo, tipos de interés reducidos o las condiciones que desalientan destinos turísticos que tradicionalmente compiten con España, formarían parte de esos “vientos de cola”. Pensemos ahora, por un lado, que dichos estímulos comienzan a agotarse o ven ya muy reducidas su capacidad estimulante; y por otro, que aparecen nuevos factores externos amenazantes. Las hostilidades entre Estados Unidos y China, o el Brexit, por citar los más importantes, permiten prever complicaciones futuras en el ámbito del comercio internacional. El hecho de que nuestros principales destinos de exportación (Alemania, Italia, Francia o Reino Unido) estén aproximándose al estancamiento económico o incluso a la recesión, es otro indicador en la misma preocupante dirección.

De hecho, desde 2016 se aprecia un progresivo debilitamiento del crecimiento español, ralentización que se hace aún más notoria desde mediados de 2018. A partir de entonces, la demanda interna que dinamizaba el crecimiento previo va perdiendo fuerza, lo que es parcialmente compensado con una mejora en el desempeño de la demanda externa. Pero el mejor resultado externo no supone en realidad motivo de grandes alegrías, ya que se explica sobre todo por la caída de las importaciones, resultado de esa debilidad de la demanda interna mencionada. De recesión inminente a aterrizaje suave, las interpretaciones oscilan respecto a la gravedad, pero el cambio de tendencia parece claro.

Incluso los organismos oficiales, que nunca ven venir las grandes crisis, comienzan a corregir sus previsiones de crecimiento. Redondeando, si desde 2014 hasta el año pasado crecimos a un promedio un poco por encima del 3% anual, prevén que en los próximos años lo hagamos un poco por debajo del 2%. En definitiva, el debilitamiento de nuestra (ya frágil) dinámica de crecimiento es un hecho y hay factores externos que amenazan con agravar la situación. Sobran motivos para la preocupación.

Como advertía al principio, determinar con precisión la naturaleza, magnitud y cronología de una futura crisis escapa de las posibilidades del análisis económico. Pero una pregunta pertinente que sí podemos contestar es: ¿en qué condiciones se encuentra la economía española para encajar una probable crisis? Tengamos en cuenta que la dimensión del destrozo no sólo depende de la fuerza del golpe que impacta, sino también de la solidez del cuerpo que lo recibe. No es lo mismo enfrentarse al lobo con una casa de paja, de madera o de ladrillo. La referencia a la situación previa a la última crisis, resulta inevitable: ¿Es la economía española actual tan frágil como demostró ser la de entonces? ¿Han servido estos últimos años de crecimiento para mejorar nuestra situación de vulnerabilidad?

Lo cierto es que la llamada recuperación no ha colaborado en superar la precariedad de nuestra estructura productiva, porque el crecimiento ha sido más intenso precisamente en ramas que no emplean trabajo cualificado ni aportan altas productividades. Como consecuencia de la profundización de este modelo productivo precario, y en connivencia con un modelo laboral que lo favorece, nuestro panorama respecto al empleo tampoco ha mejorado. El crecimiento de estos años ha conseguido recuperar el nivel de PIB previo a 2008, pero no el empleo destruido desde entonces: según la EPA en el segundo trimestre de 2019 había aproximadamente unos 900.000 empleos menos que a finales de 2007.

Además, los (insuficientes) nuevos empleos son de peor calidad: los creados desde 2014 son en mayor proporción temporales y, en promedio, más cortos que los (ya de por sí precarios) empleos generados en el anterior ciclo expansivo. Tengamos además en cuenta que el proceso de devaluación salarial no se revirtió, sólo se suavizó, con la llegada del crecimiento económico: desde 2008 el sueldo medio ha crecido más o menos la mitad que la inflación, lo que supone pérdida de poder adquisitivo. La fragilidad laboral que se evidenció a partir de 2008, la facilidad con la que se destruyeron puestos de trabajo y las malas condiciones en que quedaron las personas desempleadas no ha mejorado durante la recuperación; ha empeorado.

Volver a enfrentarnos a un cambio de ciclo, aunque no sea tan abrupto como el anterior, con un mercado laboral tan marcado por el desempleo y la precariedad tiene consecuencias sociales pero también económicas. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2017 la renta media de los hogares todavía no había alcanzado el nivel de 2008 mientras su tasa de pobreza se situaba en el 21,5%, más de un punto porcentual por encima que la de aquel año. La desigualdad se ha agudizado, debido a que los hogares con menos renta son los que más perdieron durante la crisis y también los que menos han mejorado después: a partir de datos de Eurostat obtenemos que la participación en la renta total del decil [uno de los nueve valores que dividen a un grupo de datos en diez partes iguales] inferior ha descendido un 24% entre 2008 y 2017.

Precisamente sobre ese 10% de hogares con menos renta alertaba recientemente el Banco de España: hogares cuyos miembros adultos siguen en desempleo o que ocupan los empleos peor remunerados, apenas han reducido sus deudas desde 2008 y dedican más del 50% de su renta a pagar la hipoteca. Pero la precariedad financiera no es exclusiva de las familias con menos ingresos. La tasa de ahorro del total de las familias fue en 2018 el 4,9% del PIB, un mínimo histórico desde que en los años sesenta el Banco de España inició la serie estadística. Batíamos así el récord anterior (5,8%), precisamente de 2008. La situación financiera de las familias es por tanto muy frágil: ingresos que no se han recuperado, empleos que son igual o más precarios, un consumo que crece más que la renta dependiendo crecientemente del crédito y deudas todavía importantes; todo ello agravado según desciende el nivel de renta del hogar.

En definitiva, podemos decir que se está levantando viento, y si arrecia, España volverá a hacerle frente con una precaria casita de paja. Ante un futuro incierto pero preocupante la única certeza es nuestra gran vulnerabilidad; particularmente la de aquellos grupos sociales que fueron más golpeados en la crisis anterior. Los mecanismos de protección social, que haciendo honor a su nombre tendrían que protegerlos, ya se mostraron insuficientes entonces y ahora suman el lastre de una década de austeridad. Cabría lamentarse, con razón, de que estos años no se hayan aprovechado para avanzar en la superación de nuestras grandes vulnerabilidades. La experiencia traumática de la crisis de 2008 hubiera debido servir para extraer algunas enseñanzas. Pero aún más lamentable resultaría si finalmente dejamos pasar la oportunidad de que lo que viene sea al menos gestionado por un gobierno comprometido con los más vulnerables.

Más allá de la barrera psicológica de los seis millones de parados y la tasa del 27%, la letra pequeña informa sobre realidades específicas aterradoras.

Los resultados que publica hoy la EPA son desastrosos. Los eufemismos tradicionales, del tipo “la tasa de incremento del desempleo se modera”, no deben oscurecer la información fundamental. Nuestra economía destruye puestos de trabajo a un ritmo vertiginoso: en el último año se han ido al paro más de medio millón de personas (563.200, exactamente). Y el resultado acumulado de este proceso es insostenible desde el punto de vista social: son ya casi dos millones de familias (1.906.100) las que subsisten con todos sus miembros en paro.

Los titulares dan buena cuenta de la magnitud del desastre, pero más allá de la barrera psicológica de los seis millones de personas en paro y la tasa de desempleo por encima del 27%, la letra pequeña informa sobre realidades específicas aterradoras. Por ejemplo, no debería pasar desapercibido que desde el inicio de 2011 la tasa de actividad se viene reduciendo, y que este primer trimestre de 2013 registra su mayor caída hasta la fecha. En nuestro país, sólo durante último año, 235.300 personas han abandonado la aspiración de encontrar un empleo legal. En el caso de las mujeres, ni siquiera son ya un 54% (53,39%) las que persiguen este objetivo. Una tasa de actividad tan reducida y, lo que es más indicativo, en retroceso, señala un proceso generalizado de desesperanza, de pérdida de expectativas económicas y profesionales: el exilio económico, la dedicación a las tareas domésticas y de cuidados en el propio hogar, o la economía sumergida, son las alternativas laborales de nuestro tiempo para cada vez más población. Aunque “la tasa de incremento del desempleo” se esté moderando.

Lo que se dirime es si el impago será diseñado por los acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos recibidos) o si será usado como instrumento de legítima defensa por parte de los grupos sociales que están pagando la deuda.

En los últimos tiempos cada vez son más las voces que cuestionan la legitimidad del pago de ciertas deudas. La proliferación de plataformas que defienden la necesidad de una auditoría sobre la deuda pública, la reivindicación de anular parte de la deuda hipotecaria de las familias con dificultades económicas (dación en pago) o, más en general, la popularización de la consigna “No debemos, no pagamos”, son buena prueba de ello.

Sin embargo, el impago de la deuda suele presentarse como una opción descabellada, inviable más allá del ámbito de la propaganda. Por muy elevado que sea el coste social derivado de atender los compromisos financieros, se argumenta, seguir pagando deuda es siempre el “mal menor”. Dejar de hacerlo, condenaría a un escenario de exclusión financiera y aislamiento político mucho más gravoso. El impago no sólo supondría pérdidas para los acreedores sino, sobre todo, para la parte deudora, que a cambio del alivio inmediato perdería su acceso a nuevos recursos y quedaría estigmatizada de por vida.

Dejemos de lado el hecho de que el fundamento jurídico vigente ampara el impago de deuda bajo ciertas condiciones: el Derecho Internacional acuña el concepto jurídico de “deuda odiosa” para referirse a aquella que no se ha contraído a favor de quien finalmente ha de responder por ella. Los ejemplos más utilizados son el no reconocimiento en 1898 de la deuda del Gobierno cubano por parte de Estados Unidos, o la anulación en 2004 de la deuda iraquí contraída por el régimen de Sadam Hussein.

Obviemos también la cuestión, crucial, de la legitimidad de decidir sobre el uso que se da a los recursos propios. Es evidente, más allá de la legalidad, que existen principios y derechos de rango superior a un contrato privado de deuda financiera. Si no está permitido, por ejemplo, que una persona salde una deuda vendiendo un órgano de su cuerpo, ¿por qué habría de estarlo que un país la salde vendiendo su sistema sanitario?

Y hagamos un último esfuerzo por olvidar que, en flagrante contradicción con el discurso oficial sobre el “impago imposible”, la historia está plagada de episodios de impagos de todo tipo: desde los antiguos jubileos hasta las recientes quitas negociadas entre la troika y el Gobierno griego. Según atestiguan las hemerotecas y los libros de historia, la conclusión de estos episodios no concuerda con las amenazas previstas.

Así pues, centrémonos esta vez, exclusivamente, en un aspecto que atañe en la actualidad y de forma particular a los países de la Europa periférica, entre los que se incluye España: la cuestión no es si el impago de deuda es o no posible; porque lo cierto es que en las condiciones económicas actuales algún tipo de impago es inevitable. Y tanto los acreedores como la troika, por supuesto, lo saben.

Sintéticamente, la situación es la siguiente. Estos países acumulan volúmenes de deuda, mayoritariamente privada, desorbitados; deudas que multiplican varias veces todo lo que producen en un año (en el caso español se acerca al 400% del PIB). Por otra parte, su producción –de donde proceden los ingresos con los que habría que pagar las deudas- disminuye o, en el mejor de los casos, crece a un ritmo insignificante. Así las cosas, la fórmula a la que recurren para pagar la deuda es refinanciarla: es decir, contraer nuevas obligaciones para saldar las que van venciendo. Pero los tipos de interés que los mercados financieros privados exigen a los países de la Europa periférica para concederles nuevos créditos están muy por encima de su exigua capacidad de generación de ingresos con los que afrontar los pagos. Como resultado, su deuda acumulada registra una inercia de crecimiento imparable.

La secuencia, además, tiende a retroalimentarse convirtiéndose en una espiral perpetua, debido a que los acreedores imponen políticas de austeridad que profundizan la recesión (dificultando cada vez más la generación de ingresos), lo cual obliga a recurrir de forma creciente al mecanismo perverso de la refinanciación del endeudamiento a tipos de interés inasumibles. Bajo estas condiciones, como decíamos, saldar las deudas pendientes resulta imposible.

A primera vista parece absurdo: ¿Qué sentido tiene que los acreedores hagan del impago un tabú, si antes o después tendrán que avenirse a negociarlo? Precisamente, cuando se camina hacia un impago, convertirlo en un tabú es muy importante.

Una vez que una deuda se evidencia impagable el problema deja de afectar en exclusiva al deudor. La función del sector financiero es proveer de crédito, y el beneficio (interés) que obtiene por ello se supone correspondido por el riesgo que asume en su actividad. Son profesionales de la concesión de créditos. Siempre que alguien accede a crédito por encima de sus posibilidades hay una contraparte que está concediendo crédito por encima de las suyas. La pérdida en caso de impago, por tanto, está no sólo justificada sino “prevista” en la operación. Pero lógicamente, y en la medida en que sea capaz, la parte acreedora tratará siempre de minimizarla. Y en el contexto político actual, la capacidad de esta parte acreedora -el sector financiero- para conseguir lo que se propone es, según se ha demostrado, considerable.

Una vez que no se puede seguir ignorando que la parte deudora es incapaz de atender sus pagos, se inician las negociaciones en torno a la reestructuración de su deuda. Y ahí lo que se abre es una disputa distributiva fundamental: ¿Quién se hace cargo de los platos rotos? ¿Cómo se reparte la factura entre la parte deudora y la acreedora, si es que se reparte? Incluso si la reestructuración incluye impagos parciales, los resultados de esta negociación pueden ser escandalosamente desfavorables para la parte deudora. El diablo, como suele, está en los detalles.

En este sentido, resulta muy ilustrativo estudiar qué pasó con las renegociaciones de deuda en la crisis latinoamericana de los años ochenta. Ahora que ha pasado el tiempo y es posible realizar los cálculos, se constata que las reestructuraciones de deuda intermediadas por el FMI, incluso cuando incluían quitas que se vendieron como grandes concesiones, favorecieron enormemente a los bancos acreedores frente a los Estados endeudados. Esto se debió a dos razones fundamentales. Por una parte, porque al reprogramar los pagos los acuerdos priorizaban siempre el pago de intereses frente a la amortización del capital, que de esa forma no se liquidaba y seguía generando nuevos intereses. Así, según el nuevo esquema de pagos negociado, aunque se pagaba deuda, ésta no disminuía proporcionalmente. Y por otra, porque la reprogramación de la deuda suponía alargar los plazo y, por tanto, incrementar el pago final de intereses. Los cálculos señalan que en muchos casos ambos elementos compensaron de sobra las quitas concedidas.

El saldo de la negociación en torno a la reestructuración de la deuda (impago incluido) depende de la correlación de fuerzas entre deudores y acreedores. Y la posición de fuerza de la parte deudora radica, precisamente, en su capacidad de no pagar. De decidir no pagar. Fingir que la opción del impago no existe es la forma más efectiva de despojar a la parte deudora de su poder de negociación. Hay que recordar que la opción del impago unilateral existe, es la única forma de que los deudores cuenten con todo el poder que les corresponde. De nuevo América Latina, con los casos del impago unilateral argentino de 2001 y la política del gobierno de Correa en Ecuador a partir de 2007, puede ayudarnos a ilustrar la cuestión.

Lo que ahora está en juego en Europa no es si habrá o no impago. La cuestión política fundamental serán sus características concretas:

En definitiva, lo que se dirime es si el impago será diseñado por los acreedores de forma que sirva a sus intereses (maximizar los pagos recibidos), o si será usado como instrumento de legítima defensa por parte de los grupos sociales que están pagando la deuda. Una deuda que, es preciso recordarlo, no les corresponde.