La economía española crece desde 2014 a buen ritmo y las estadísticas muestran una notable creación de empleo y una fuerte reducción del desempleo, el problema más endémico de la economía española. Esto es indudablemente positivo, porque tenemos un déficit de empleo que lastra el bienestar de la ciudadanía y la salud de las cuentas públicas, al reducir simultáneamente los ingresos de familias y Estado. Es prioritario, por tanto, seguir creando empleo, pero igualmente importante es que ese empleo sea de buena calidad: estable, seguro, productivo y justamente retribuido. 

Y eso es lo que falla en el actual modelo de crecimiento: crea mucho empleo, pero esencialmente precario, lo que impide que se produzca una mejora del bienestar de la mayoría de los españoles. El 21,6% de la población está en situación de pobreza; el 26,6% si se añade el riesgo de exclusión social. El 14,1% de los ocupados es pobre (solo por detrás de Rumanía y Grecia en la UE), como el 44,6% de las personas en situación de desempleo. En el caso de los menores de 16 años, la tasa de pobreza alcanza el 28,1%. Son cifras muy preocupantes. 

Y esto es así porque trabajar ya no garantiza un estándar de vida aceptable. La precariedad laboral se ha extendido y amenaza con convertirse en estructural. La temporalidad del empleo crece con fuerza desde 2013 (ya es del 26,1%). Los contratos temporales, además, cada vez son más cortos (el 27% duran menos de siete días). El contrato a tiempo parcial gana terreno como modalidad laboral barata e hiperflexible, esencialmente involuntaria para el trabajador (6 de cada 10 lo aceptan porque no encuentran uno a jornada completa, véase gráfico). Los contratos indefinidos también son más inestables, al haberse abaratado su despido. Algunos se pueden rescindir a coste cero durante un año (contrato de apoyo a emprendedores). De cada 10 contratos indefinidos firmados, cuatro son a tiempo parcial. 

A este panorama de inestabilidad contractual (que penaliza especialmente a jóvenes y mujeres) se añade un emergente mundo de nueva precariedad, de contornos más difusos y amenazantes, porque se ampara en nuevas formas de relación laboral que generan condiciones de trabajo incluso peores, al burlar las garantías mínimas de los convenios colectivos. Es el caso de las empresas multiservicios, los falsos autónomos, la economía de plataforma… prácticas diseñadas para aumentar la capacidad discrecional del gran empresario, reducir las garantías del trabajador y la acción protectora de los sindicatos y presionar a la baja los salarios. 

Y eso que desde 2009 los salarios han perdido más de 7 puntos de media de poder de compra, y los niveles más bajos, cerca del 15%. La conjunción de sueldos reducidos e insuficiencia de horas trabajadas (tiempo parcial, rotación) hace que casi la mitad de la población asalariada cobre menos de dos veces el salario mínimo interprofesional en términos brutos. El salario más frecuente en España ronda los 16.500 euros anuales, lo que una vez descontadas las cotizaciones y retenciones del IRPF, deja un sueldo mensual neto inferior a 1.000 euros. 

Es cierto que el mercado laboral español ya tenía problemas antes de la gran recesión (señaladamente, la elevada temporalidad). Pero las reformas de 2010 y, sobre todo, de 2012 los han agravado, en un contexto global de expansión de un capitalismo feroz, que promueve incansablemente nuevas vías de flexibilidad del empleo a costa de aumentar las desigualdades y el empobrecimiento colectivo. Es una situación insostenible, por lo que urge adoptar medidas que hagan el crecimiento más inclusivo, generador de empleo de calidad y con salarios dignos. 

El nuevo Gobierno debe adoptar medidas que conduzcan a mejorar esa situación. Es preciso, por ejemplo, reequilibrar la negociación colectiva, recuperando la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa; eliminar el contrato de apoyo a emprendedores y el de primer empleo joven, ejemplos de figuras precarias; reformar el contrato a tiempo parcial para hacerlo verdaderamente voluntario, acotar mejor las causas de la contratación temporal, aumentar las sanciones para el fraude e incentivar el aumento de los salarios, sobre todo de los más bajos. 

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

A Ciudadanos le pasa lo mismo que a otras nuevas fuerzas políticas: quieren a toda costa parecer nuevas, tener caras nuevas y nuevas ideas. Y no cabe reprochárselo, a la vista de las preferencias de los electores, y de que las formaciones tradicionales de la política española parecen empeñadas en aparecer como viejas y caducas. Pero lo importante de las ideas no es que sean nuevas, sino que sean buenas. Y Ciudadanos ha “comprado” –como muestra de su bisoñez, quizá- una mala idea.

El “contrato único” o “contrato para la igualdad de oportunidades” se basa en premisas erróneas. La propuesta consiste en que no haya más que un contrato de trabajo igual para todos, como si todos los trabajos fueran iguales y todos los trabajadores fueran a ser tratados por igual en las empresas por el hecho de tener un mismo contrato. No se dejen engañar: aunque les ofrezcan un mismo contrato, no van a obtener una misma consideración ni estabilidad en el empleo si a la empresa no le interesa. Al contrario, con el contrato único muchos más trabajadores pueden ser más precarios aún, y ya es decir, porque lleva aparejada la reducción de las indemnizaciones por despido. Y si no fuera así, que lo desmientan. Por eso señaladas instituciones internacionales y economistas poco proclives a reforzar los derechos de los trabajadores, apoyan decididamente el contrato único. Con la ventaja de que, aunque no reduciría la dualidad, sí que la encubriría, dado que desaparecerían de las estadísticas las diferencias entre temporales e indefinidos: todos parecerían iguales.

Decía Luis Garicano, el economista que presentó esta medida en el acto de Ciudadanos, que se trata de derribar el muro que hace que los empresarios no conviertan los contratos temporales en indefinidos. Bonito símil; lástima que no sea cierto. El muro seguirá existiendo con el contrato único aunque lo quieran hacer invisible con ese subterfugio. Hay soluciones, pero no son estas. Expliquemos este enredo.

En España, de hecho, las empresas hacen contratos temporales para todo trabajo sea o no sea temporal, aunque eso es ilegal. Y esos contratos temporales los rescinden cuando quieren aunque no existan razones para ello. Lo cual también es ilegal: la normativa de despido establece que no se puede despedir a un trabajador temporal cuando uno quiera y sin que la causa que originó la naturaleza temporal del contrato haya finalizado (art. 8 RD 2720/1998). Luego no es que haya un muro que impida que los empresarios conviertan en indefinidos los contratos temporales. Es que, primero, nunca debieron hacerles un contrato temporal porque si el trabajo no lo es, se trata de un fraude. Segundo, como el trabajo no es temporal, el hecho de que no se les regularice la situación y se les haga un contrato indefinido es un segundo fraude. Y, tercero, la extinción arbitraria del contrato es también un tercer fraude.

Estamos, pues, ante una situación de fraude de ley generalizado en el uso de la contratación temporal. Un fraude tan extendido, que se beneficia de tal permisividad, que dispone de tan pocos instrumentos legales para corregirlo, y que ha durado tanto tiempo (más de un cuarto de siglo), que ya casi nadie recuerda que simplemente se trata de una conducta ilegal. Y que, por lo tanto, el problema (el “muro”) se resolvería si se restituyera la utilización legalmente adecuada de los contratos temporales.

Es el elefante en la habitación: todo el mundo sabe que está pero nadie quiere hablar de él, de que simplemente se trata de un fraude. En vez de solucionar el problema atajando ese fraude, el contrato único incrementaría de facto la dualidad, al convertir en legal y hacer más fácil y más barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente con los temporales; es decir, contrate usted como quiera, porque ya no existe distinción según las características del trabajo entre temporal y no temporal, y despida barato y cuando le parezca, porque el coste del despido en el contrato único, aunque creciente, es en los primeros años el mismo que actualmente tienen los contratos temporales, lo que permitirá despedir exactamente como ahora se hace con los temporales. En lugar de este subterfugio interesado, ¿no sería más lógico –e incluso más sencillo- adoptar medidas de verdad eficaces para que los contratos temporales se utilicen como señala la ley? Si fuera así, se reducirían drásticamente la tasa de temporalidad y la dualidad, porque no habría más empleo temporal que el verdaderamente exigido por las actividades temporales.

Esto es lo que pasa en todos los países de nuestro entorno. No existe ese grado de fraude general en la contratación temporal y en ninguno del mundo existe un contrato único. Cosa rara siendo tan bueno. Y sus tasas de temporalidad no son, ni de lejos, tan elevadas como las españolas, incluso teniendo en cuenta que sus legislaciones e indemnizaciones por despido en los contratos indefinidos son más severas que las nuestras.

La pregunta es por qué no intentamos parecernos a los demás países europeos haciendo que la ley sea eficaz y se cumpla, en lugar de inventarnos subterfugios con los que legalicemos el incumplimiento y consolidemos la dualidad laboral de forma encubierta. Estudios empíricos (Toharia y Cebrián) muestran que las empresas utilizan el fraude de ley en la realización de los contratos temporales, y en la rescisión de los mismos, más intensamente cuanto más baja es la cualificación de los trabajadores que van a contratar, y son por lo tanto más prescindibles. Este comportamiento, que permite a tantas malas empresas aprovecharse fraudulentamente de la inestabilidad laboral y de la rotación del empleo, no cambiará con el contrato único, porque precisamente el contrato está diseñado para permitir que se continúe haciendo igual que ahora, pero ya siendo legal.

“Bonita” solución. En un post de 2013, Garicano criticaba duramente a los sindicatos porque se negaban a aceptar un sistema de despido “sin causalidad” (o sea, despedir sin razones, arbitrariamente) como el que, según decía, existe en Austria. Pero eso no es así: según la OCDE, el despido en Austria –como en todos los países de nuestro entorno- necesita una causa, y las causas están tasadas en la ley, y son los jueces los que determinan si el despido está justificado o es abusivo, por lo que no está en manos de los empresarios, como sí sucede en España, adoptar la decisión irrevocable de realizar un despido aunque este sea injusto (véase el trabajo de Calvo Gallego en “La regulación del despido en Europa”, Tirant, 2012). Y, para rematar, si el despido es declarado injusto es el trabajador el que tiene el derecho a elegir si quiere o no volver a su puesto de trabajo (readmisión). Exactamente lo contrario de lo que sucede en España.

Bienvenidas sean las propuestas para resolver los problemas endémicos del mercado laboral español. Pero cuidado con el ansia y el exceso de originalidad; no vaya a ser que la supuesta solución se le atragante a los ciudadanos.

Es difícil que una decisión política de entidad no suscite ningún tipo de duda o crítica. Muchos nos preguntamos desde hace tiempo por qué la dirección federal del PSOE parecía resignada, casi conforme, con la calamitosa trayectoria que el PSM había emprendido hacia la (¿definitiva?) debacle electoral. El portazo a la ciudadanía que supuso la celebración de unas primarias ‘fantasmas’ y la multiplicación de problemas que semana a semana iban minando el liderazgo tambaleante de un Tomás Gómez cada vez más encerrado en sí mismo, sólo rodeado de sus incondicionales, son buena muestra de ello. Pero, aunque debió producirse antes, la decisión de Pedro Sánchez de destituir al que hasta el jueves era secretario general y candidato de los socialistas madrileños en las próximas elecciones autonómicas merece un reconocimiento y puede marcar un punto de inflexión en la historia de este partido. En un triple sentido.

I. Son muy diversas las razones e intereses que explican la toma de esta inesperada decisión. Pero dejando a un lado las lecturas en clave interna, el mensaje que reciben los ciudadanos es que el PSOE adopta por primera vez en mucho tiempo –es importante resaltar esto– una medida que refleja una concepción mucho más exigente de la responsabilidad política. Quizá dentro del partido y de la propia dirección federal haya quien considere que lo importante era evitar una estrepitosa derrota electoral. Pero lo que muchos ciudadanos valoran es que un partido político tenga la capacidad de apartar de sus cargos a un destacado dirigente como responsable político de una mala gestión que ha llevado al Ayuntamiento de Parla a la quiebra técnica y de una trama de corrupción y corruptelas que, sin concernirle de forma directa, no se le pueden considerar ajenas.

II. Este ejercicio de autoridad (política y moral) da un vuelco al escenario autonómico ante las próximas elecciones, permitiendo a los socialistas atacar dos de los flancos más débiles del Partido Popular que la situación de Tomás Gómez bloqueaba: el despilfarro en la gestión del Ayuntamiento de Madrid y la connivencia –si no implicación directa– de Esperanza Aguirre e Ignacio González en los gravísimos casos de corrupción que afectan al PP en esta comunidad autónoma. Y con ello, quien finalmente sea candidato del PSM en mayo ganará ante la ciudadanía un plus de legitimidad para criticar un tercer flanco del principal rival a batir: los recortes sociales –en sanidad y educación, principalmente– que la citada Aguirre negaba con descaro en el programa de televisión “Salvados” hace unos días.

III. La crisis económica y la insoportable tasa de desempleo, la imposición de unas políticas erróneas e injustas y el afloramiento de escándalos de corrupción, son factores decisivos que han condicionado la relación de la ciudadanía con sus representantes y que han supuesto que la vida política de nuestro país haya cambiado seguramente para siempre. A lo largo de los últimos años el PSOE ha constatado, con tanta frustración como incapacidad y torpeza, el creciente desapego hacia sus siglas de unos ciudadanos que desde el 15-M piden a gritos otra forma de hacer política. Pues bien, el cese de Tomás Gómez representa probablemente la primera ocasión en la que la dirección del PSOE demuestra haber entendido ese mensaje de la ciudadanía. Un mensaje que en este caso se concreta en la exigencia de decencia y ejemplaridad en la vida pública, que Pedro Sánchez ha aplicado con una contundencia innegable y que sienta un precedente del que el PSOE, si quiere volver a ser un referente político, no deberá ya nunca desmarcarse.

Aunque está aún por ver cómo se resolverá definitivamente la transición socialista en Madrid, por el momento, y pese a las dificultades, todo apunta en la buena dirección. Recuperar la ilusión de los miles de personas que una vez se pudieron sentir identificadas o cercanas al PSOE no va a ser tarea sencilla. Pero, al menos, ahora se abre una gran oportunidad para dejar atrás lo peor de la vieja política. Son muchos los ciudadanos progresistas que están expectantes. Porque Madrid necesita una transformación profunda en las prioridades de las políticas públicas. Hay que aprovechar el momento.

Firman también el artículo Mario Campano y José María Clemen. Todos los firmantes son miembros de Líneas Rojas

"Nos resulta inasumible, nos repugna, que una de las cláusulas de ese pacto antiterrorista signifique asumir, aunque sea de manera vergonzante, la pena de cadena perpetua, que en breve la mayoría parlamentaria popular aprobará", afirman los autores

Somos militantes o simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) porque, entre otras cosas, estamos convencidos de la contribución que ha hecho esta fuerza política a la modernización de nuestro país, situándolo en el corazón de la Europa unida; contribuyendo como nadie a la construcción de un Estado social o de bienestar, por más que el mismo siempre se encuentre necesitado de ampliación y perfeccionamiento, sobre todo ahora, que se ve tan vapuleado; aportando estabilidad política a un país muy necesitado de ella. Un partido que se ha mostrado firme defensor de la Democracia; impulsor y artífice de la ampliación de derechos laborales y civiles, en particular, a favor de determinados colectivos que se habían visto privados de ellos, cuando no directamente discriminados (personas con discapacidad, inmigrantes, lesbianas, gáis, transexuales y bisexuales, etc.). Un partido que ha apostado y apuesta con convicción por la igualdad real de mujeres y hombres; comprometido en la lucha contra esa insoportable lacra social que es la llamada violencia de género; etc., etc.

Sin embargo, nuestra militancia o simpatía no es ingenua ni incondicional. No es ingenua porque somos conscientes de que en el camino se han cometido errores. Gobernar es acertar y errar. La toma de postura en lo público, incluso cuando no se gobierna, no es ajena a la posible equivocación. Y por eso hemos criticado, en ocasiones, esos errores. Sea como fuere, hemos entendido que el saldo ha sido positivo. Desde su posición como partido de gobierno o en la oposición, el PSOE ha rendido, en términos generales, un gran servicio a nuestro país.

Nuestra filiación o sintonía con el PSOE tampoco es incondicional, sino crítica. Así entendemos la lealtad. Lealtad crítica. Creemos que se le hace un flaco favor al partido, y, lo que es mucho más importante, al conjunto de la sociedad, cuando, pudiendo no hacerlo, se asume el papel del adulador. Los aduladores son incapaces de pensar en otro interés que no sea el propio. Nosotras, nosotros, no queremos concebirnos así.

Por eso nos cuesta entender ciertas derivas del PSOE. No entendemos, por ejemplo, la reciente firma del pacto antiterrorista entre el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. No lo entendemos porque, sin poner ni por un segundo en duda la necesaria unidad de los demócratas contra el terror, nos parece que este concreto pacto bilateral es innecesario e inútil, y que, sobre todo, contiene una condición que nos resulta inasumible, que nos repugna.

Es innecesario porque, tal y como está concebido, dejando fuera al resto de fuerzas políticas del país, pierde gran parte de su sentido simbólico. Y no debemos ignorar que este tipo de pactos lo que tienen, sobre todo, es un gran valor simbólico. Con pacto o sin él, no había dudas de que la práctica totalidad de los partidos políticos de la oposición, con el PSOE a la cabeza, están de acuerdo en condenar el terrorismo, del tipo que sea. Y el pacto no refuerza esa situación.

Pero es que además es un pacto ineficaz, porque el terrorismo internacional, quienes son sus brazos ejecutores, no se lo van a pensar dos veces antes de cometer algún acto violento en España por el hecho de que en nuestro país se haya firmado este pacto.

Y nos resulta inasumible, nos repugna, que una de las cláusulas de ese pacto signifique asumir, aunque sea de manera vergonzante, la pena de cadena perpetua, que en breve la mayoría parlamentaria popular aprobará. Que después se haga un esfuerzo ímprobo desde el propio PSOE por aclarar que el partido está radicalmente en contra de este tipo de pena, anunciando incluso un futuro recurso ante el Tribunal Constitucional, nos parece incomprensible e inexplicable. Y nos duele. Porque lo cierto es que se ha traspasado una línea roja.

Seguimos convencidos de que el PSOE está llamado a desempeñar un papel esencial en la futura vida política del país. Pero siempre y cuando, claro está, mantenga sus señas de identidad inequívocamente socialdemócratas. Creemos que este país necesita, hoy tanto como ayer, de una fuerza política que se reconozca de izquierda y actúe como tal, y que desde su firme compromiso con la Democracia y los derechos y libertades individuales, apueste nítidamente por fortalecer su alma social, tan necesaria en estos tiempos de crecientes desigualdades y fáciles populismos.

Firman también el artículo: Mario Campano, José María Clemen, David Corominas, Rocío González, Ferrán Martínez, Rosa María Navarrete y Erika Rodríguez

"El PSOE debe atreverse a reconocer errores graves y liderar un proyecto de transformación social ambicioso y razonable a la vez. Hacerlo ya, sin perder un segundo más", afirman los autores

Sí, es urgente cruzar la frontera. Acompañar la música, por bien que suene, de iniciativas concretas y compromisos ciertos que los ciudadanos puedan comprender y defender, porque se identifican con ellos. El PSOE debe atreverse a ello. Como lo hizo en otras ocasiones. Reconociendo, en primer lugar, errores graves, y desmarcándose sin contemplaciones de sus cuadros y exdirigentes que siguen enrocados en esos errores y se empeñan, desde pedestales más o menos resguardados, en seguir marcando el paso al partido. Y debe hacerlo asumiendo riesgos. Liderando un proyecto de transformación social ambicioso y razonable a la vez. Hacerlo ya, sin perder un segundo más. Porque son muchas las personas que lo esperan, y que no pueden esperar más.

Tras tres años sufriendo el pernicioso e ineficaz (des)gobierno de Mariano Rajoy, en este país hay pobreza infantil; hay un desempleo descomunal y persistente; hay desigualdades crecientes de renta y de recursos económicos; hay mucha evasión y fraude fiscal; hay corrupción, insoportable corrupción; hay un enquistamiento de discriminaciones de diversa índole, que padecen señaladamente las mujeres; hay una crisis territorial agravada en los últimos años; hay un modelo de crecimiento económico agotado; hay, en definitiva, problemas graves, pero identificables, y, en esa medida, abordables. Entendemos, a este respecto, que el PSOE debería, de inmediato, asumir los compromisos y actuaciones que más abajo esbozamos. Lo ha de hacer por su propia supervivencia y, lo que es mucho más importante, por el conjunto del país, tan necesitado de una regeneración política, democrática e institucional.

RENTA MÍNIMA GARANTIZADA. La situación de emergencia social que vive nuestro país tiene su cara más dramática en la pobreza, muy en particular en la pobreza infantil. Este drama del que diversos informes recientes nos ofrecen una escalofriante fotografía actualizada es el reflejo –en parte, al menos– del fracaso de una política económica impotente ante unas cotas insoportables de desempleo, y que tiene como dos ejes de actuación destacados la devaluación salarial y la reducción del Estado de bienestar (recorte de la protección por desempleo, rebaja de las pensiones, desmantelamiento del sistema de dependencia, copago farmacéutico, etc.).

Este conjunto de actuaciones que devalúan la dimensión social y la misma condición de ciudadanía agravan seriamente los problemas de pobreza y exclusión que un Estado social en el siglo XXI no puede tolerar. Por eso, es imprescindible una actuación inmediata y contundente a través de la creación de una renta mínima garantizada para todas las personas sin recursos. Esta iniciativa, que es reclamada por los sindicatos desde hace tiempo, se ha de articular como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, cuya cuantía debe establecerse atendiendo a las cargas familiares de los beneficiarios para evitar algo tan odioso como que haya niños o mayores que pasen hambre y frío. La nueva prestación, que tiene perfecto encaje constitucional, debe ser financiada por el Estado: alrededor de 10.000 millones que la nueva política fiscal ha de estar en condiciones de conseguir.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El aluvión de escándalos de corrupción explica que en los últimos meses se hayan dado pasos en esta materia. La declaración de Valencia del PSOE recoge un catálogo de medidas importantes, y viene además reforzado por el compromiso firmado con una organización tan prestigiosa en la lucha contra la corrupción como Transparencia Internacional. Pero los dirigentes del PSOE deberían ser conscientes de que la sensibilidad e indignación de la ciudadanía con este asunto es tal que ese avance no es suficiente en absoluto. Como sucede en otros ámbitos, los socialistas sufren un grave problema de credibilidad. Lejos de errores garrafales como el pacto suscrito con el PP sobre los viajes de los diputados, la recuperación de la confianza de los ciudadanos pasa, a nuestro juicio, por dos tipos de actuaciones.

En primer lugar, el PSOE debería hacer un reconocimiento sincero de los errores cometidos en el pasado por no haber puesto celo suficiente en perseguir comportamientos delictivos y deshonestos que nunca debieron producirse y que, una vez descubiertos, no merecieron un reproche suficientemente contundente o, al menos, no tan contundente como el que merecían los de otros partidos. Hay que pedir perdón a los ciudadanos y compartir con ellos el estupor por la existencia de estas prácticas corruptas.

La segunda actuación consiste en reforzar la exigencia de ejemplaridad de los políticos y, en general, de los responsable públicos como manifestación de compromiso y de honestidad. Desde esa perspectiva, es evidente que en el actual contexto de descrédito un partido que tenga en sus filas a personas imputadas no es ejemplar; más bien actúa con poca sensibilidad hacia los ciudadanos. Es cierto que la imputación no significa que el afectado vaya a acabar sentado en el banquillo, pero no debe olvidarse que la imputación supone en sí misma la existencia de indicios racionales de delito y que, además, es lógico que una persona imputada concentre todos sus esfuerzos en su defensa lo que dificulta el desempeño de su cargo público. Los partidos deben ser conscientes de que esta situación produce un grave daño a las instituciones, que no son suyas sino de todos los ciudadanos.

REFORMA TERRITORIAL DEL ESTADO. Una reforma que, para ser efectiva, solo puede tener alcance constitucional. La crisis actual del Estado autonómico es casi tan evidente como el éxito que el mismo ha significado en la historia contemporánea de nuestro país; por eso ha llegado el momento de acometer su reforma. ¿Para qué? Para establecer, por fin, el mapa autonómico, identificando nominalmente a cada Comunidad autónoma; para mejorar la organización y funcionamiento de la totalidad del Estado; para corregir aquellas deficiencias que no se pudieron superar en 1978. La modificación constitucional debe de centrarse en tres aspectos principales: 1) el competencial, a fin de definir con precisión en el texto constitucional qué competencias legislativas son exclusivas del Estado, quedando las restantes en manos de las Comunidades autónomas, lo que significa, entre otras cosas, la supresión de la legislación básica, objeto de tantos conflictos competenciales, y de las leyes de transferencia y delegación, que contribuyen a lo peor que puede hacer una Constitución en materia de reparto del poder público: dejarlo eternamente abierto; 2) el financiero, a fin de establecer en la Constitución los principios básicos del sistema de financiación autonómica (corresponsabilidad fiscal, solidaridad interterritorial y ordinalidad), aplicables no solo a las Comunidades autónomas de régimen común, sino también a las que disfrutan de un régimen singular (País Vasco y Navarra); 3) el institucional, a fin de convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación de la voluntad de las Comunidades autónomas, al estilo del Bundesrat alemán, esto es, un órgano integrado por representantes de los Gobiernos de las Comunidades autónomas, de manera relativamente proporcional al número de habitantes de cada una de ellas, y con facultad de veto en la aprobación de aquellas leyes que les afecten directamente.

Esta reforma constitucional en clave federal, que va en la línea de la acordada por el PSOE en la “Declaración de Granada” de 2012, de plantearse seriamente, permitirá afrontar la llamada “cuestión catalana” en mejores condiciones, al introducir en el debate público una propuesta razonable y ponderada de organización territorial del Estado que apunta en la dirección correcta, porque se aleja de maximalismos rupturistas y de inmovilismos enojosos.

MEJORAR LA JUSTICIA DEL MODELO ECONÓMICO. En materia económica el PSOE está haciendo un esfuerzo notable por redefinir su estrategia y confeccionar un nuevo programa que rectifique errores anteriores y recupere valores tradicionales que nunca debieron relajarse. Sin embargo, también en este terreno está perdiendo, frente a otras formaciones con menores complejos, algunas banderas esenciales de la socialdemocracia. Y recuperarlas exige de un plus de atrevimiento. Varios ejemplos sirven para demostrarlo.

Primero, el PSOE debe situar el aumento de la capacidad redistributiva de los impuestos como un objetivo central, lo que exige una mayor progresividad del sistema fiscal en su conjunto. Sus propuestas ya van, de hecho, en esa dirección. Pero debe reafirmarse en ellas, frente a las voces que, desde sus propias filas, propugnan una pérdida de valor de la progresividad y ponen el foco en su lugar en lo que se ha dado en llamar la “predistribución”, que tiene que ver con un funcionamiento equitativo y eficiente de los mercados de todo tipo. Y no porque estas cuestiones predistributivas no sean relevantes, sino porque en absoluto son sustitutivas de la redistribución fiscal, sino complementarias. En este sentido cabría enmarcar el establecimiento de un tipo tributario muy elevado para determinadas rentas, medida que se pretende desacreditar por el escaso impacto positivo que parece haber tenido en Francia (donde se ha aplicado un tipo máximo del 75%), pero que sigue teniendo argumentos de peso que la justifican (Thomas Piketty propone un tipo del 82% como óptimo para ganancias superiores a 400.000 euros).

Segundo, en el marco de la reforma constitucional que propone, el PSOE debe incluir la modificación del artículo 135 de la Constitución que sacraliza el pago de la deuda ante cualquier otro objetivo de política económica. Si los dirigentes del PSOE ya han reconocido que aquella medida fue un error; si dicen que no les gusta; si son conscientes de que es una fuente de desafección importante entre sus potenciales votantes; y si saben que es un arma que utilizan en su contra todas las fuerzas políticas de la izquierda; resulta difícil comprender y justificar ese empecinamiento en preservarlo, por mucho que haya vías alternativas para paliar sus efectos más negativos.

Tercero, los socialistas deben desarrollar y difundir cuanto antes algunas novedosas propuestas que se incluyen en las conclusiones de la Conferencia Política que realizaron en noviembre de 2013, como la voluntad de introducir en el marco retributivo de todas las empresas la regla “12:1”, que supone que nadie pueda ganar más de 12 veces el salario del que menos gana, incluyendo todos los conceptos retributivos.

Por último, un ejemplo en positivo: hay que aplaudir su propuesta para aumentar progresivamente el salario mínimo (que es la mitad que en Francia, por ejemplo) hasta alcanzar en diez años el 60% del salario medio, nivel considerado como el umbral de pobreza. Un compromiso que debe ser sólido, por cuestiones económicas y sociales, a pesar de las presiones que deberá soportar desde las organizaciones y lobbies empresariales.

Así esbozadas, estas son algunas de las medidas que, en nuestra opinión, debería impulsar el PSOE con urgencia, si es que quiere volver a ser una formación política capaz de transformar el deseo de una amplia mayoría de españoles en realidad.

El auge de Podemos quizá haya servido para poner de manifiesto que si el Partido Socialista ha perdido apoyos no es por no contentar a los votantes de centro, sino por perder su identidad como referente de la izquierda democrática de nuestro país

El PSOE ya tiene nuevo Secretario General, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que tiene la responsabilidad de liderar una transformación radical del funcionamiento interno del partido, de sus formas de relacionarse con la sociedad y de su contenido programático, para volver a conectar con la ciudadanía y optar a gobernar de nuevo el país. Y entre esos cambios programáticos, los que se refieren a la política económica deben ocupar a nuestro juicio un lugar central. Porque una de las cuestiones que precisamente han propiciado de forma más evidente la pérdida de confianza de su electorado ha sido la política económica que ha desarrollado durante sus años de gobierno. Es una opinión bastante extendida que las diferencias entre PSOE y PP (los dos partidos, hasta ahora, con opciones reales de gobernar en España) han sido y son evidentes en materia social y de derechos ciudadanos, pero mucho menos perceptibles en materia económica.

Esta percepción no afecta solo al PSOE, sino al conjunto de la socialdemocracia europea, cuyas posiciones en materia económica se han visto contaminadas de los planteamientos del discurso neoliberal, aplicando cuando han gobernado políticas que, en sus rasgos esenciales, poco se han diferenciado de las realizadas por los partidos conservadores. El brusco giro dado a las políticas puestas en práctica en mayo de 2010 a nivel europeo, con la imposición de una agenda de austeridad a ultranza, aceleró este proceso de divergencia entre la política económica aplicada por los los grandes partidos de raíz socialdemócrata de Europa y los deseos de sus potenciales votantes, aumentando su desafección. La reciente actuación del gobierno francés de Hollande y Valls sirve para ejemplificar esta deriva.

En el caso del PSOE este proceso ha sido muy notorio y, sin duda, tiene mucha responsabilidad en el continuo desplome de sus apoyos electorales. El auge de Podemos en las últimas elecciones europeas quizá haya servido para poner de manifiesto, en contra de determinadas interpretaciones, que si el Partido Socialista ha perdido apoyos no es por no contentar a los votantes de centro, sino por perder su identidad como referente de la izquierda democrática de nuestro país, y con ello, su credibilidad como partido de gobierno que puede confrontar un programa de izquierda realista con el defendido por la derecha.

No se pretende en absoluto en estas líneas analizar todas las cuestiones que reflejan esa deriva liberal, sino tan solo apuntar algunos de los campos en los que la misma ha sido más visible, a nuestro juicio, para la ciudadanía:

Una rectificación en estos cuatro ámbitos económicos nos parece central para que el PSOE recupere la credibilidad perdida y desmonte con fundamento la dañina e injusta asimilación “PPSOE”, que ha calado entre muchos de sus potenciales votantes. La política tributaria y la laboral están bastante bien orientados en las resoluciones de la Conferencia Política de noviembre de 2013. Respecto al artículo 135 de la CE, el PSOE debería reconocer sin ambages su error de entonces y promover la reversión de esa reforma en el seno de un cambio constitucional de mayor calado. Por último, es también imprescindible dotarse de los equipos humanos y profesionales adecuados. En demasiadas ocasiones los responsables de Economía de gobiernos del PSOE han ejercido de poderosa oposición interna, mostrando una preocupante discrepancia ideológica. Esto no debería volver a pasar. De entrada, sería deseable que el candidato a Presidente del Gobierno diera a conocer de antemano la/s persona/s designada/s para dirigir el área económica.

En definitiva, se trata de demostrar con hechos que el PSOE tiene una política económica realista y alternativa a esta conservadora que desgraciadamente se ha adueñado de las respuestas a esta dolorosa crisis, en cuya génesis están precisamente las propias políticas neoliberales y su visión desreguladora de los mercados.

¿Qué consecuencias ha tenido la política de austeridad sobre la economía, el empleo y la cohesión social? ¿Cómo ha afectado a las capacidades del sector público como proveedor de bienes y servicios esenciales? ¿Cómo influyen estas consecuencias sobre las posibilidades de desarrollo económico y social futuras?

En mayo se cumplirán cuatro años desde la puesta en práctica de la estricta agenda de la austeridad impuesta por la troika (Comisión Europea, BCE, FMI) y auspiciada por Alemania, tiempo suficiente para analizar, en base a los datos disponibles, la efectividad de esa estrategia en los países que la han soportado de forma más cruda.

La puesta en marcha en mayo de 2010 de la política de ajustes en la zona euro frenó en seco una incipiente recuperación, y colaboró decisivamente a generar la segunda recesión de esta larga crisis. Un resultado previsible, conocido el efecto contractivo de los recortes de gasto público en un contexto de falta de crédito y endeudamiento agudos. Todo supeditado a la reducción de los déficit públicos. La recuperación se fiaba a dos caminos: de un lado, la mejora de la confianza de los mercados y de la inversión derivada de la consolidación fiscal; de otra, de una ganancia de competitividad exterior generada por una intensa devaluación salarial. Ambas cuestiones han resultado fallidas.

Actividad y empleo durante la crisis: políticas aplicadas

El déficit público se ha reducido cuatro puntos en cuatro años. Para 2013 se estima que se situará en torno al 7%, algo superior al objetivo de la Comisión (6,5%). Pero esto excluye la repercusión de los 41.000 millones utilizados del rescate financiero. El ajuste se ha hecho esencialmente reduciendo el gasto, y sobre todo las partidas básicas del Estado de Bienestar. También se han aumentado los impuestos, lo que ha permitido elevar algo la recaudación, que se había desplomado con la crisis, aunque de forma insuficiente, por dos razones: porque la situación recesiva contrae las bases impositivas y porque España tiene un nivel de fraude muy elevado, y mantiene un diferencial de presión fiscal respecto de la media de la eurozona de 9,2 puntos de PIB (unos 90.000 millones al año). Esta consolidación además ha actuado de manera procíclica, con lo que el impacto contractivo de las medidas ha anulado buena parte (si no todo) el ajuste.

La deuda pública ha seguido aumentando, hasta suponer casi el 100% del PIB, lo que ha supuesto al país un sobrecoste para su financiación en los mercados tremendamente oneroso. El descenso de la prima de riesgo desde julio de 2012 no es achacable a la política de austeridad, sino a la decidida intervención entonces del Presidente del BCE.

Por su parte, la devaluación salarial está siendo muy intensa, por la rebaja de retribuciones de los empleados públicos y el impacto de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Popular en febrero de 2012, que ha otorgado mucho poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales y ha abaratado y facilitado el despido. La caída salarial se aprecia en todos los indicadores. Un ejemplo: la caída de la remuneración real de asalariados en España fue del 14,8% en el período 2010-2012, la segunda mayor de la UE tras la registrada en Grecia (-30,9%).

Remuneración real de asalariados 2010-2012Tasas de variación porcentual acumulada

El efecto global sobre el crecimiento es, cuando menos, dudoso. Porque a las eventuales ganancias alcanzadas por el desplome de los costes laborales se contrapone el impacto restrictivo sobre la demanda de las políticas de ajuste y esos mismos recortes salariales. El saldo final apunta a que, sin una reactivación de la demanda interna, el despegue de la economía española resultará imposible.

En materia de empleo las estadísticas muestran nítidamente el fracaso de la reforma laboral. Desde su entrada en vigor se han perdido 610.000 puestos de trabajo, 9 de cada 10 de ellos indefinidos; se ha elevado el número de despidos; ha caído el peso de la contratación indefinida sobre el total; se pierde empleo a tiempo completo y solo crece el de jornada parcial; aumenta sin parar el paro de larga duración (ya es el 58% del total); y se ha paralizado la negociación colectiva. Resumiendo: menos empleo y más precariedad. El balance global de pérdida de empleo desde el primer trimestre de 2010 es tremendo: se han perdido 1,6 millones de empleos, un 8,5% de la ocupación total existente entonces).

Volumen de empleo (miles) y tasa de paro (%)

Con todo, lo más preocupante es el coste que está suponiendo la austeridad extrema en términos de cohesión social. Los recortes de gasto han afectado de forma crucial a los grandes subsistemas que sostienen el Estado de Bienestar. Además, se han aprobado reformas que intentan consolidar este ajuste de forma estructural por la vía de reducir la intensidad y cobertura de su acción, sin buscar mecanismos de mejora de su eficiencia.

En sanidad, los gobiernos regionales han reducido sus presupuestos un 13% de media, y los cambios legales realizados han reducido la asistencia a inmigrantes irregulares, instaurado copagos y excluido medicamentos de su cobertura. A ello se suman algunos intentos de privatización sin justificación económica. En educación, se han elevado las tasas universitarias, se han reducido las becas, se ha elevado la carga lectiva de los profesores y se ha aumentado el número de alumnos por clase. En materia de pensiones, la medida más trascendente ha sido la reforma aprobada unilateralmente por el gobierno del PP en 2013, que establece un nuevo sistema de cálculo de las pensiones que supondrá una rebaja de las cuantías medias futuras, y un nuevo sistema de revalorización anual que producirá importantes pérdidas de poder de compra. Por lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, el aumento del paro de larga duración y las medidas adoptadas en 2012 han reducido drásticamente la cobertura en 17 puntos porcentuales, pasando del 78,2% al 61,4%.

La caída de los ingresos familiares (más desempleo, menos salarios) y el recorte de las políticas sociales han aumentado los niveles desigualdad. El índice de Gini ha pasado en España del 31,9% en 2007 al 35% en 2012, mientras la media de la UE no ha crecido en esta etapa, y se sitúa en el 30,6%. Según este indicador, la distribución de la renta en España es la segunda más desigual de la UE, tras Letonia. Otros indicadores al respecto muestran una foto similar.

Desigualdad económicaIndice de GINI

Las transferencias sociales han reducido su capacidad para corregir estas desigualdades. Globalmente, el 50% de la población más pobre ha perdido peso en la distribución de la renta disponible (2 puntos); la mitad que más tiene se lleva ya el 73,5%. Todo ello ha conducido a un dramático crecimiento de la pobreza y la exclusión social. El porcentaje de personas en riesgo de exclusión ha aumentado en 3,8 puntos respecto al inicio de la crisis, alcanzando al 26,8% de la población.

Riesgo de pobreza y exclusión socialPorcentaje de la población total

El riesgo de pobreza se sitúa también en máximos, el 27%. El grupo más afectado está siendo la infancia, que representa ya casi el 30% de la población en riesgo de pobreza. Igualmente, está creciendo de forma muy aguda entre los jóvenes, sobre todo en los denominados “ni-nis” (sin empleo ni formación).

Por todo ello, y pese a la propaganda actual del gobierno, resulta más que dudoso que la puntual mejora de algunos indicadores macroeconómicos que ahora se aprecia sea realmente el preámbulo de un nuevo tiempo de prolongada prosperidad. La modernización que necesita la economía española no se ha abordado, y los recortes están desmantelando nuestro precario estado de bienestar. De continuar esta erosión de la cohesión social, puede terminar socavando la base democrática y social del Estado español. No es posible hablar de recuperación si no mejora la calidad de vida de los ciudadanos, y eso está muy lejos de suceder sin un cambio real en las políticas desarrolladas.

En colaboración con Economistas Frente a la Crisis y Líneas RojasEconomistas Frente a la CrisisLíneas Rojas

Tiempo habrá en las próximas semanas para analizar con detalle la propuesta del “Comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, su contenido y sus implicaciones. Pero se hace necesario ya al menos dar una respuesta clara a las tres preguntas que los propios expertos plantean en un ejercicio de retórica, más que de pedagogía, en las últimas páginas de su Informe.

¿Es necesario ahora el factor de sostenibilidad?ahora La propuesta de los “expertos” –de los once que la asumen, habría que matizar siempre– parte de la premisa de que la introducción de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones es necesaria y urgente para garantizar la sostenibilidad del sistema que, en otro caso, se vería amenazada ya en el corto plazo. Sin embargo, llama poderosamente la atención que precisamente un grupo selecto de expertos no explique –más allá de la manida e insuficiente referencia al envejecimiento de la población– ni aporte dato alguno acerca de las razones de esa urgencia. Máxime cuando el gasto actual en pensiones de jubilación en España es muy inferior al de la mayoría de países de la UE. Y cuando las proyecciones demográficas, económicas y de gasto a largo plazo del propio Gobierno español y de la Comisión Europea (2012 Ageing Report y Pension Adecuacy Report 2010-2050), que acreditan la sostenibilidad de las pensiones públicas, no han sido puestas por ellos en cuestión.

Establecer por anticipado un mecanismo de adaptación ante posibles desequilibrios del sistema de pensiones derivados de factores demográficos más intensos de lo esperado puede ser una medida razonable. De hecho, la reforma consensuada de 2011 –esa que sorprendentemente los “expertos” ignoran por completo– así lo contemplaba. Pero lo hacía en términos bien distintos a la propuesta de esta Comisión de expertos, pues sólo comenzaría a aplicarse en 2032, una fecha que no es caprichosa sino que coincide con el momento en el que se sabe que se intensificará el gasto en pensiones por la jubilación de la generación del “baby boom”.

Por todo ello, introducir ahora el factor de sostenibilidad de forma precipitada no sólo resulta innecesario, sino que, al hacerlo sin aportar argumentos que lo justifiquen, pone de relieve una estrategia de utilización de la coyuntura de crisis como coartada para el recorte de los derechos.

¿Es adecuado? Si de lo que se trata es de salvaguardar el sistema público de pensiones que hoy conocemos, el factor de sostenibilidad propuesto no es adecuado. Porque la doble fórmula planteada garantiza la pervivencia de un sistema público de pensiones, sí, pero de uno muy limitado respecto de los parámetros actuales, que no satisfaría el requisito de suficiencia y adecuación de rentas. Vayamos por partes.

En virtud del Factor de Revalorización Anual (FRA), se sustituye el mecanismo de actualización automática conforme al incremento del IPC por una nueva previsión que condiciona la revalorización de las pensiones a la situación financiera del sistema de pensiones. El crecimiento de su cuantía se hace depender de una favorable evolución del crecimiento de los ingresos, del número de pensiones, de la cuantía media y del equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Dos grandes objeciones cabe hacer a esta nueva definición del mecanismo actualización.

Primero, detrás de una apariencia técnica, objetiva, se esconde un planteamiento tramposo, en la medida en que hoy se sabe que en las próximas décadas dos de las variables que integran esa fórmula –el número de pensiones y la cuantía media– van a crecer necesariamente por la jubilación de los “baby boomers” y el efecto sustitución, lastrando así la posible revalorización hasta el punto de que sólo un aumento espectacular de los ingresos podría compensar los otros dos y garantizar lo que hasta ahora era un derecho de los pensionistas: que sus pensiones no perdieran poder adquisitivo. Segundo, el FRA, así definido, devalúa el derecho a la revalorización de las pensiones vulnerando el artículo 50 de nuestra Constitución en el que se garantiza a los ciudadanos durante la tercera edad la “… suficiencia económica…” a través de “… pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”. Es decir que –mal que les pese a los “expertos”– los poderes públicos tienen el deber constitucional de proveer los recursos necesarios para garantizar la revalorización, algo que resulta incompatible con una fórmula que pretende abocar a todos los pensionistas, actuales y futuros, a una pérdida constante de poder adquisitivo.

Por su parte, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) supone aplicar un descuento en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la esperanza de vida. Con ello se trata de mantener el equilibrio entre el tiempo de vida activa y el que se pasa como pensionista. Este objetivo, también en principio razonable, es de nuevo coincidente con la línea seguida por la reforma de 2011. Sin embargo, frente a la más prudente solución de entonces basada en un mayor esfuerzo contributivo, ahora se plantea una fórmula mucho más drástica y con un importantísimo impacto social. Porque se establece una corrección automática –a la baja por el alargamiento de la esperanza de vida– que desprecia el previsible incremento del nivel de riqueza de la sociedad en su conjunto. Quiere ello decir que los “expertos” desatienden flagrantemente una cuestión fundamental como es la equidad, pues difícilmente puede explicarse que una sociedad más rica, como será la española dentro de veinte años, esté abocada a pagar pensiones cada vez más modestas a sus jubilados marginándolos del progreso económico colectivo.

¿Es aceptable? Sorprende que el Informe de los “expertos” no ofrezca ninguna descripción de la realidad actual de nuestro sistema público de pensiones. A juzgar por la determinación con la que plantea una reducción importante de la cuantía de las pensiones actuales y futuras, cabe deducir que consideran que nuestras pensiones actuales son excesivamente generosas. Pero lo cierto es que no es así, ya que la pensión media apenas alcanza los 820 euros mensuales y más del 50% de todas las pensiones no llega a la cuantía correspondiente al salario mínimo interprofesional.

Por eso entendemos que condenar a los ciudadanos a unas pensiones menguantes en una sociedad que, una vez superada la crisis, recupere su capacidad de crecimiento, es una contradicción muy difícil de salvar sin tener presente la existencia de poderosísimos intereses financieros. Porque lo que la propuesta esconde –de manera consciente– detrás de fórmulas matemáticas es un cambio de modelo de Seguridad Social en el que la limitación de las pensiones públicas libera un amplio espacio a las pensiones privadas. Tal planteamiento podrá ser legítimo; pero lo exigible, en todo caso, es que se hable claro a los ciudadanos y se explique de forma meridiana quién pierde y quién gana con este cambio: perdería la mayoría que al llegar a la jubilación no posee más que un patrimonio social, la pensión pública, pues el recorte de su cuantía incrementaría el riesgo de pobreza y de desigualdad; ganaría el poder financiero que vería promocionado el acceso a un lucrativo negocio.

Desde nuestro punto de vista, este nuevo diseño del modelo de pensiones degrada el Estado de Bienestar que hemos construido en los últimos treinta y cinco años. Representa, en otras palabras, una ruptura del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático, y por ello resulta inadmisible.

La forma en la que se está vinculando la evolución de los ingresos del sistema público de pensiones, derivada de la crisis, y el desfase entre estos y el gasto en pensiones con una supuesta inviabilidad del sistema está plagada de errores conceptuales sobre los cuales se realiza una construcción argumental que carece de sustento para avalar un recorte.

Varios acontecimientos han reabierto en las últimas semanas el debate acerca de las reformas del sistema público de pensiones. La creación por parte del Gobierno de una Comisión de expertos que informe sobre la necesidad de las mismas. La llamativa insistencia de la Comisión Europea en la obligatoriedad de realizar nuevas y urgentes reformas en este campo. Y las reacciones que en los medios de comunicación ha provocado todo ello.

Sin embargo, el debate presenta, a nuestro modesto entender, algunos errores de concepto que distorsionan la cuestión, y adolece de los intentos de asentar sobre aquellos ideas que dan lugar a una percepción equivocada sobre las reformas presentes y futuras que pudiera necesitar el sistema público de pensiones español.

En todo caso, actualmente, el gasto del sistema público de pensiones español es, en relación al PIB, tan bajo cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno que no cabría hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%.

Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de poner los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otra fuente de ingresos. Luego el denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente sólo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase de este entre ingresos y gastos no es sino una componente de aquel, y no algo propio, ni diferente, ni específico ni con sustantividad propia.

Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una caída de ingresos por cotizaciones, carece tanto de sentido como pretender que fueran inviables por ese hecho, por utilizar un ejemplo exagerado y expresivo, las instituciones democráticas del Estado como el Parlamento o cualesquiera otra.

La voluntad de decidir en este momento si es preciso realizar o no y, en su caso, dónde y cómo, recortes de gasto público es solo una decisión política coyuntural que nada dice acerca de la viabilidad de nuestro sistema de pensiones (que, como hemos dicho, requiere menos recursos que la mayoría de los países de la eurozona).

De hecho, en un enfoque puramente macroeconómico, el mantenimiento de las pensiones cuando caen los ingresos por cotizaciones que habitualmente las financian, opera como un estabilizador automático de respuesta a los ciclos recesivos de una forma similar a como lo hacen las prestaciones por desempleo.

En general, se acepta que el Estado debe, en momentos de crisis, complementar los ingresos ordinarios (que también proceden de cotizaciones) del sistema de protección por desempleo, y nadie razonable plantea que por ello este sistema se convierta en inviable. Todo lo contrario, resulta útil y conveniente que esto sea así.

Si no existe déficit del sistema de pensiones, sino solo déficit del Estado, y si la caída de ingresos por cotizaciones debida a la destrucción de empleo durante la crisis no puede presentarse como algo que ponga en cuestión la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones, no llega a entenderse la impaciencia de Bruselas acerca de una supuesta lentitud en la forma en que se aborden unas reformas para las que aún no se ha ofrecido un solo dato acerca de su necesidad.

En definitiva, la forma en la que se está vinculando la evolución actual de los ingresos del sistema público de pensiones, derivada de la crisis, y el desfase entre estos y el gasto en pensiones con una supuesta inviabilidad del sistema público de pensiones está plagada de errores conceptuales sobre los cuales se va realizando una construcción argumental que carece de sustento, y sobre la que se pretende argumentar un nuevo y más grave recorte de las pensiones. Y la insistencia de la Comisión Europea en vincular la adopción de tales medidas con la flexibilidad (imprescindible, en todo caso, desde el punto de vista económico, especialmente después del gravísimo error cometido en los tres últimos años por la política económica auspiciada por la Comisión) en el programa plurianual de reducción del déficit público son, ambas, cuestiones que carecen de justificación.

Frente a ello, es preciso contemplar y analizar las decisiones de la Comisión y otras instancias europeas con una mirada política, entendiendo que las mismas derivan de la defensa de posiciones e intereses con claros componentes ideológicos. Lo mismo que deberíamos hacer con los editoriales de todos los periódicos.

A estas alturas ya todo el mundo sabe que el programa electoral del PP que votaron los ciudadanos el 20 de noviembre de 2011 y lo efectivamente realizado no tienen nada que ver

Nuestra solvencia financiera sigue en manos de las decisiones de otros, sin que el Gobierno haya mejorado en nada esta situación

No ha promovido un reparto de las cargas justo, sino tremendamente desequilibrado

Artículo en colaboración con Líneas Rojas Líneas Rojas

Con 2012 se ha ido casi de la mano el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy. A la consigna de “cada viernes, medidas”, este Ejecutivo nos ha obsequiado con tal número de actuaciones que hacer una valoración siquiera somera de las mismas es tarea muy ambiciosa que no se pretende en estas notas. Un posible guión lógico para valorar lo realizado por un gobierno debería ser cotejar su programa electoral con lo efectivamente realizado, comprobando el grado de cumplimiento o coherencia con lo allí expuesto. Pero a estas alturas ya todo el mundo sabe que el programa electoral del PP que votaron los ciudadanos el 20 de noviembre de 2011 y lo efectivamente realizado no tienen nada que ver. Si acaso, lo realizado es lo contrario de lo que se dijo.

Esto por sí solo debería bastar para desautorizar la acción de cualquier gobierno, sea del color que sea. El programa electoral debe entenderse como un contrato implícito con los ciudadanos, por cuyos incumplimientos debería darse cuenta y explicación pública e inmediata, y en caso de especial trascendencia de los mismos (como es el caso actual), someterlo a la opinión de los ciudadanos mediante los mecanismos de participación constitucionalmente previstos. De lo contrario, la pérdida de legitimidad social de las medidas ejecutadas pueden terminar generando grietas en la calidad democrática de las instituciones difíciles de reparar. Porque democracia es participación, y no solo votar cada cuatro años.

Descartado el programa como vara de medir, cabe acudir al discurso de investidura del Presidente, en el que se plantean las líneas maestras de la que será su acción de gobierno. Pero lo cierto es que, en este caso, también se ha quedado en un ejercicio de vacua retórica. No obstante, resulta irresistible destacar algunas de las frases que entonces pronunció Mariano Rajoy para apuntar, al hilo de las mismas, alguna consideración sobre su acción de gobierno.

Dijo Rajoy en aquel acto (19-12-2011) en el Congreso de los Diputados: “En la política, no existe la herencia a beneficio de inventario. Sabíamos –y sabemos- lo que nos espera y sabíamos -y sabemos- que se nos juzgará por lo que consigamos, y no por lo que intentemos, o por cómo nos hayamos encontrado las cosas. En el diagnóstico que expondré a continuación no hay ninguna voluntad de mirar atrás ni de pedir a nadie responsabilidades, que ya han sido sustanciadas por las urnas hace un mes.” Desde ese mismo momento, el Gobierno Popular no ha hecho otra cosa que culpabilizar de todo a la “herencia recibida”. Mal presagio, posteriormente confirmado. Dijo también: “Vamos a demostrar que los españoles somos capaces de crear empleos, pagar nuestras deudas y sostener una sociedad civilizada.” Veamos y juzguemos la acción del Gobierno en estas tres cuestiones clave, como decía el Presidente, por los hechos.

¿Somos capaces de crear empleo? En los últimos doce meses los afiliados a la Seguridad Social se han reducido en 717.000 y hay 487.000 parados registrados más. La tasa de paro ha subido 3,5 puntos hasta su nivel más alto de siempre, 25%. La respuesta a la pregunta anterior es, por tanto, “no”. Pero lo peor es que la dinámica ha empeorado, y no se atisba cuándo seremos capaces de hacerlo. Porque no hay crecimiento, ni medidas que lo impulsen. Porque el brusco ajuste del gasto deprime más la economía y genera más despidos. Y porque algunas actuaciones trabajan en sentido contrario. Por ejemplo, el recorte presupuestario de 3.500 millones (2012 y 2013) de las políticas de fomento del empleo, casi a la mitad. ¡En el país con la tasa de paro más alta de la OCDE! O la reforma laboral aprobada, que ya nadie duda que ha facilitado la destrucción de empleo, como era previsible. Todo ello aderezado con gestos como la ausencia de la Ministra de Empleo Fátima Báñez del Consejo Europeo de Ministros del ramo en Bruselas los días 6 y 7 de diciembre para asistir a una recepción el día de la Constitución, que es mucho más que una anécdota; es algo inexplicable para los casi 6 millones de desempleados de nuestro país, a los que se les está diciendo a la vez que es precisamente de Bruselas de donde emanan las políticas que aquí se aplican y que, por tanto, es allí donde hay que dar la batalla.

¿Pagamos nuestras deudas? Sí, pero con mucha dificultad y sin garantías de solvencia duradera. La prima de riesgo está en niveles similares a hace un año, en el entorno de los 400 puntos básicos, y la factura de intereses de la deuda presupuestada para 2013 es de 38.000 millones, 9.700 más que en 2012 (un 1% del PIB). Esto no responde evidentemente solo a la gestión de este gobierno, pero desde luego no ha sido ajena la falta de confianza que ha transmitido con sus bandazos, su falta de credibilidad y sus cada vez mayores muestras de inoperancia. Con todo, lo más preocupante es que para poder pagar las deudas y reducir la factura financiera de nuestro país es preciso que la economía crezca. Pero el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna medida destinada a impulsar el crecimiento, ni ha tenido la capacidad de encontrar aliados suficientes para promover una línea más acorde con esta estrategia en Europa. Y es esta la clave: los mercados (los inversores y prestamistas) castigan a España porque no ven cómo va a pagar sus deudas si no se recupera la actividad. Y por eso, pese a los avances en la intervención del BCE, nuestra solvencia financiera sigue en manos de las decisiones de otros, sin que el Gobierno haya mejorado en nada esta situación. Ni con los drásticos ajustes de gasto ni con las ineficaces reformas financieras realizadas.

¿Se sostiene nuestra “sociedad civilizada”? Así formulado, esto es difícil de ponderar en unas líneas. Pero hay escasas dudas de que los drásticos recortes realizados en todas las áreas clave del estado de bienestar y las contrarreformas de sus sistemas de funcionamiento (sanidad, educación, pensiones, desempleo, dependencia, servicios sociales) están afectando a la esencia de nuestro modelo social, con graves perjuicios en términos de equidad y cohesión, y provocando tensiones evidentes en nuestras pautas de convivencia. Las protestas sociales generalizadas en oposición a estas medidas son un indicativo del enorme grado de malestar ciudadano por la regresión en el bienestar social y en la calidad de vida que la política del Gobierno les está infligiendo.

Tres grandes objetivos programáticos, tres suspensos. Y sobre todo, tres muestras de incompetencia del Ejecutivo para afrontar la gestión de esta crisis. Si alguien aún mantenía la absurda idea de que el PP (la derecha, en general) gestiona mejor la economía y las dificultades económicas, este año de (des)gobierno debe haber bastado para desalojarla para siempre.

Otras afirmaciones del Presidente Rajoy en el debate de investidura permiten completar brevemente este balance parcial de su actuación. Dijo entonces: “Convoco a todos, y reclamo, con humildad, la ayuda de todos, al tiempo que ofrezco defender la unidad, dialogar sin cansancio, asegurar la justicia en el reparto de las cargas, y mostrar siempre la verdad traiga el color que traiga.” Pues bien, si en cuanto a eficacia de las políticas y resultados de las mismas el balance es desolador, en estos aspectos que tienen que ver con las formas de gobernar, con la calidad democrática de la actuación política, el Gobierno de Rajoy merece aún mayor reprobación.

No ha sido diálogante, sino todo lo contrario. El diálogo en el ámbito parlamentario ha sido muy reducido y ha dado nulos frutos, recibiendo la crítica casi unánime de la oposición en la gran mayoría de cuestiones. Pero sobre todo, ha despreciado el Diálogo Social con los interlocutores sociales, las organizaciones sindicales y empresariales, que ha sido durante muchos años un factor de estabilidad y avance en nuestro país, envidiado en Europa. Con la reforma laboral impuesta el Gobierno quebró el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para 2012 a 2014, firmado por la patronal y los sindicatos en enero, al afectar a su contenido esencial de forma unilateral. Y desde entonces, desprecio, gobernando a golpe de decreto-ley y absolutamente solo, precisamente en la etapa de nuestra historia reciente en que se requeriría la mayor búsqueda de consensos.

No ha promovido un reparto de las cargas justo, sino tremendamente desequilibrado. Son muchas las actuaciones que evidencian un trato preferente hacia las entidades financieras y las grandes empresas, a cuyo saneamiento y sostén ha destinado cientos de miles de millones directa o indirectamente, mientras ha aplicado los ajustes más duros sobre los servicios esenciales y sobre las rentas de empleados públicos, a la vez que la fuerte subida de impuestos acometida castiga en mayor medida a asalariados y rentas bajas y medias en general.

Por último, lo de decir la verdad… leído y oído ahora suena cínico, tras haber incumplido íntegramente sus compromisos electorales con desparpajo, premeditación y cálculo político. El último, el de actualizar las pensiones, en una actuación probablemente inconstitucional.

Resumiendo: incompetencia, impostura, parcialidad y una ausencia de diálogo irresponsable son las características que definen la acción de este Gobierno de Mariano Rajoy en su primer año, que se ha hecho muy largo. Y aún queda mucha legislatura. En su investidura, el ahora Presidente también dijo que “han de ser los españoles, y no el Gobierno, los motores del cambio, los protagonistas de la reforma, los agentes de la recuperación”. Aunque evidentemente no era esta la intención del Sr. Rajoy al pronunciarlas, cobran ahora un nuevo significado estas palabras al comprobar las movilizaciones ciudadanas, sindicales y profesionales que, cargadas de razones y de propuestas, están intentando frenar los desatinos de la acción de este Gobierno del PP.

• Al hilo del artículo publicado en eldiario.es el pasado 15 de diciembre por J. Ignacio Conde-Ruiz sobre el contrato único, somos muchos –entre ellos, expertos y académicos– los que creemos, sencillamente, que es una mala medida, ineficaz para lo que pretende y de resultados perversos.

El elevado desempleo es sin duda el principal problema económico y social de nuestro país, un desequilibrio que lastra nuestra capacidad de desarrollo, que es fuente de desigualdad y riesgo de pobreza, y que genera una dolorosa desesperanza individual y colectiva. Igualmente, la precariedad laboral constituye un mal endémico del mercado de trabajo español. Por eso, todas las propuestas que vayan encaminadas de buena fe a luchar contra ambos fenómenos merecen ser consideradas. Y es a este debate sincero y fructífero al que pretendemos contribuir con estas líneas, al hilo del artículo publicado en eldiario.es el pasado 15 de diciembre por J. Ignacio Conde-Ruiz sobre el contrato único.

El citado autor parte de un diagnóstico sobre la evolución del empleo que compartimos en términos generales, y que subraya la importancia de la temporalidad para explicar la acentuada pérdida de empleo de nuestra economía pese a registrar unas caídas del PIB relativamente moderadas. Cabe, sin embargo, añadir que, si bien la pérdida de empleo de carácter temporal ha sido mucho mayor desde el inicio de la crisis, en los últimos tres años la situación ha cambiado sustancialmente. En conjunto, en 2008 y 2009 el 96% del empleo asalariado destruido fue de carácter temporal. Pero a lo largo de 2010, 2011 y 2012 se ha perdido más empleo indefinido que temporal: del 1,26 millones de empleos destruidos en este periodo, el 63% era de carácter indefinido.

Una de las razones que explican esta evolución es, precisamente, que el ajuste drástico del empleo temporal se produjo ya en la primera fase de la crisis, dada la extrema facilidad de rescisión de tales contratos. Pero no sólo; la mayor destrucción de empleo indefinido en los últimos tres años también es indicativa de que el ajuste de este tipo de empleo no es tan gravoso como algunos quieren hacer creer; y menos aún tras la reforma laboral del Gobierno del PP que ha rebajado las indemnizaciones por despido y facilitado hasta el absurdo su justificación causal. El resultado es que el empleo indefinido es cada vez más precario y menos fijo.

Volviendo a la temporalidad, es evidente que la extrema facilidad de rescisión de los contratos temporales ha provocado una utilización abusiva de esta modalidad contractual en la medida en que muchos empresarios recurren a ella para cubrir puestos de naturaleza indefinida. Es, por tanto, el uso fraudulento de los contratos temporales –y no su diseño legal basado en la causalidad– lo que ha pervertido el funcionamiento del modelo y generado resultados muy negativos. Porque siendo cierto que la temporalidad afecta más a los trabajadores que ocupan puestos de baja cualificación y escasa productividad, también lo es que se trata de un fenómeno generalizado en todos los sectores, lo que revela que más que el objeto de negocio es el comportamiento abusivo de las empresas el factor “patológico” más determinante.

Lo curioso es que muchos de quienes ahora preconizan un “contrato único” se han opuesto con firmeza, a veces desde puestos de responsabilidad, a la introducción de medidas para restringir la utilización abusiva de la contratación temporal, argumentando que esa limitación supondría un sobrecoste para las empresas que desincentivaría la contratación y el empleo. La solución pasa, según ellos, por la implantación de un único contrato descausalizado –rescindible en cualquier momento– con una indemnización creciente en función de la antigüedad.

Sin embargo, esta propuesta tan radical e innovadora en apariencia es, a nuestro juicio, una mala solución por razones jurídicas y económicas de peso.

Como han defendido las voces académicas más autorizadas en el ámbito laboral, la propuesta de contrato único adolece de serios problemas jurídicos, de dimensión incluso constitucional.

Para empezar, la facultad empresarial de rescindir libremente el contrato no respeta el principio de causalidad del despido que deriva del reconocimiento constitucional del derecho al trabajo. y que se erige en elemento central de nuestro ordenamiento laboral conforme a la normativa europea e internacional y a la doctrina del Tribunal Constitucional. Es cierto que esa falta de causalidad podría ser compensada a través de una indemnización; pero ello exigiría que ésta desincentivara la resolución contractual y esto es algo que queda descartado en la propuesta de “contrato único” por la baja cuantía indemnizatoria que correspondería al menos durante los primeros años de contrato.

Además, esa ausencia de causalidad implica –y no es un asunto menor–que el trabajador carece de capacidad de reacción frente a la decisión extintiva del empresario, es decir, que se impide su control judicial atentando contra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

En todo caso, lo que subyace desde esta perspectiva es que el “contrato único” supone una entronización de la arbitrariedad empresarial que refuerza la prevalencia del interés del empleador, poniendo en riesgo la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Y en este sentido puede considerarse que lo que se propone es una recuperación del tóxico “despido exprés” –otra fórmula extintiva basada en la arbitrariedad– a un menor coste para las empresas.

Tan relevante como lo anterior es que el modelo indemnizatorio propuesto por el “contrato único” no ataca las causas de fondo de la temporalidad o –mejor– de la inestabilidad laboral. Por mucho que el nuevo contrato se llame “estable”, si su indemnización creciente parte de un nivel similar al actual para un contrato temporal, no ofrece un mayor incentivo que éste para que la empresa mantenga al trabajador en plantilla de forma prolongada. No se castiga la rotación, del mismo modo que no se hace ahora. Despedir un trabajador con poca antigüedad en la empresa costará más o menos lo mismo, y no habrá control judicial. A discreción empresarial.

Ello implica que se mantendrá la dualidad entre insiders y outsiders, si bien enmascarada formalmente. Ya no se podrá calcular la tasa de temporalidad, y no sabremos cuántos de esos trabajadores que han suscrito un contrato “único” no duran más de un año (o un mes, o una semana) en sus empleos. Pero, en la medida en que sigan existiendo empleos de escasa productividad, bajos salarios y condiciones laborales precarias seguirá habiendo trabajadores “no estables”, susceptibles de sufrir una elevada rotación y con muchas dificultades para acceder a una situación de estabilidad. Mientras, los trabajadores que tengan la fortuna de adquirir antigüedad en la empresa con ese contrato (que serán los mismos, más o menos, que lo consiguen ahora) tendrán derecho una indemnización más baja que la de los indefinidos actuales. Por eso, aunque los cálculos teóricos del nuevo modelo indemnizatorio se realicen para que el coste agregado del despido no se reduzca, lo cierto es que sí aumentará la facilidad para despedir. Y además se generarán incentivos para despedir a los trabajadores que ahora tengan un contrato indefinido y sustituirlos por otros con este nuevo contrato, garantizando siempre menores indemnizaciones. En suma, lejos de incentivar la flexibilidad interna, el modelo del contrato único promueve una trivialización del despido que servirá para precarizar más el empleo estable.

Por todo ello, somos muchos –entre ellos, expertos y académicos– los que creemos, sencillamente, que el “contrato único” es una mala medida, ineficaz para lo que pretende y de resultados perversos por mucho que ahora quieran denominarlo “contrato de igualdad de oportunidades” (sic). Suena bien; parece bonito; pero ¡cuidado! recuerden que eso casi lleva a la perdición a Blancanieves con aquella manzana. Y en el mercado laboral español, una vez mordida, no habrá príncipes salvadores.