“Solo sabemos lo que encontramos en las playas”. Quien habla es Alfredo López, biólogo de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) que tiene su sede en Nigrán. Desde hace en torno a una semana esta entidad y otras como la asociación ecologista Adega o el Grupo Naturalista Hábitat están recogiendo decenas de aves marinas muertas o dañadas, empapadas por una sustancia oleosa de origen desconocido, en prácticamente toda la costa gallega.

Los afectados por el vertido, del que se sabe muy poco, son fundamentalmente araos, pero también gaviotas. “Deducimos que es extendida porque los animales no aparecen en puntos localizados”, explica Alfredo López a Plaza.gal. Están documentados hallazgos de aves marinas afectadas por la misma sustancia desde Oia a Burela pasando por la Costa da Morte, el entorno de la Barbanza o la playa coruñesa del Orzán. Son más de cien.

María Canedo, de Adega, está trabajando estos días en la recogida de las aves afectadas por el vertido y en el traslado a centros de recuperación de aves -existe uno por provincia- en los casos en que aparecen vivas. En conversación con Plaza. gal, explica que por el momento la información con la que trabajan es escasa. Preguntaron en la Consellería de Medio Ambiente, pero por el momento sin respuesta, según han señalado en la tarde del jueves.

En Adega no tienen muchas dudas respecto a que el vertido es fruto de un “sentinazo”, es decir, de la salida intencionada al mar de sustancias contaminantes procedentes de un buque. Pero poco más, por el momento. “Aparentemente, apreciamos que no es fuel; no tiene color negro, sino naranja y textura pastosa”. Una de las hipótesis es que pueda ser parafina, pero nada es seguro “hasta que se hagan estudios técnicos”. Desde el Grupo Naturalista Hábitat no descartan la existencia de un segundo vertido que sí contendría fuel.

Aunque estas entidades muestran relativa sorpresa por la intensidad del vertido y desconcierto por no conocer su origen, sí aclaran que este tipo de prácticas no son, en absoluto, inusuales. “Ha ocurrido antes”, aclara Alfredo López y “suelen aparecer aves puntualmente” afectadas por vertidos, así como “manchas de petróleo” o “galletas de chapapote”. En este caso, además, “no sabemos si hay una mancha que sigue en el mar o está dispersa”, si bien “de momento, no nos consta que apareciera hidrocarburo en la costa”, explican desde CEMMA.

Consejos en el caso de encontrar un ave afectada

Mientras se espera a que se conozcan más datos -Praza.gal consultó este jueves a la Consellería de Medio Ambiente sin respuesta-, desde Adega hacen hincapié en los consejos a seguir en el caso de colaborar en la recuperación de aves afectadas, especialmente si continúan vivas. Lo más recomendable es usar guantes y poner una goma elástica en el pico para evitar que pique. “Si son grandes hay que tener más cuidado, porque podrían picarnos en los ojos”, advierte María Canedo.

La medida de precaución permite, además, que el ave “no siga ingiriendo la sustancia contaminante”. A continuación, hay que inmovilizarlos con un trapo viejo para que no pierdan calor e introducirlos en una caja, en la que no podrán mover las alas gracias a la protección. Lo indicado es llamar al 112 para avisar al centro de recuperación de fauna salvaje que corresponda, esperar al personal para la entrega o indicar, si procede, la calle para ir a recogerlas.

La Xunta pone cifras por primera vez al impacto en Galicia del recorte de personal sanitario acumulado durante el mandato del PP en el Gobierno de España. Pero lo hace para culpar de sus efectos al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. Son, según Alberto Núñez Feijóo, unas 2.500 plazas en diversas categorías del Servizo Galego de Saúde que, a cinco semanas de las elecciones gallegas, el actual presidente y candidato popular a la reelección dice estar dispuesto a convocar de un golpe hasta hacer “historia”. Pero no lo hace, se queja, porque el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no le deja.

Entre ecos de la movilización contra el cierre del paritorio de Verín y de la concurrida manifestación de SOS Sanidade Pública a principios de febrero, el argumentario desplegado por Feijóo esta semana se apoya en las restricciones fijadas por la tasa de reposición. Esto es, los límites que el Estado estipula cada año al conjunto de las Administraciones para reponer vacantes de personal como las generadas por las jubilaciones. Después de las dificultades económicas de los años 90 del siglo pasado, de 2003 a 2008 la tasa de reposición estuvo en el 100% y de este modo, servicios como el Sergas pudieron ofertar todas las vacantes en las sucesivas ofertas públicas de empleo. Pero todo comenzó a cambiar desde ese año, tras la caída de Lehman Brothers y el estallido de la crisis económica y financiera internacional.

En 2009, todavía con el PSOE de Zapatero en el Gobierno central, la tasa de reposición fue reducida al 30% -sólo se podían cubrir tres de cada diez vacantes- en el primer paquete de recortes y después descendió hasta el 10%. Tras su ascenso al poder en 2011, cuando Feijóo llevaba dos años en la Presidencia de la Xunta, el Gobierno de Rajoy mantuvo esa tasa en el 10% y no permitió que aumentara hasta el año electoral de 2015, cuando la elevó al 50% -autorización para cubrir la mitad de las bajas-. Desde 2016 vuelve a estar en el 100%

El relato trazado ahora desde la Xunta atribuye ese 10% a las “vacas flacas” que provocaron la “pérdida” de puestos estables en el Sergas. En el Gobierno gallego del PP quieren “acabar con los contratos temporales”, asegura Feijóo, pero esto no es posible si el Ejecutivo del PSOE y UP “no nos deja sacar todas las vacantes” ignorando la tasa de reposición del 100% que marca la ley.

El aspirante a la reelección defiende ahora que las 973 plazas que cubrirían ese 100% no son suficientes, sino que son necesarias unas 2.500 más. La OPE del Sergas “podría superar las 3.500 plazas si el Gobierno estatal elimina la tasa de reposición”, transmitió la Xunta a los medios en un comunicado que también actúa a modo de retrato robot de las protestas más recientes por las carencias en el Sergas, apelando a “atraer profesionales” a “medicina familiar y pediatría” o “potenciar la cobertura” de personal en hospitales comarcales -como el de Verín-.

Incluso en caso de prever autorizar la reposición de efectivos de personal público por encima de ese 100% -el Gobierno central ha mostrado disposición a flexibilizar esos límites-, esa modificación dependería de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, que acaban de superar su primer trámite -el techo de gasto- en el Congreso y que, en el escenario más rápido, no estarán aprobados antes del verano. Así, en ningún caso antes de las elecciones gallegas del próximo mes.

En cualquier caso, Feijóo deja entrever cuál es la intención última de este movimiento. Se trata de “aclarar la responsabilidad que tiene cada uno” y dejar claro que “los que crean los problemas” de temporalidad que están provocando intensas protestas entre personal del Sergas son, en realidad, los actuales gobernantes de la izquierda y no el Gobierno que ostenta el poder en Galicia desde hace 11 años.

Esta manera de presentar los problemas de personal que el Sergas arrastra en la última década se produce en un contexto en el que la Xunta en general y el presidente y candidato en particular está intentando aplacar conflictos sanitarios antes del 5A. Mientras colectivos como las enfermeras eventuales o los propios sindicatos sanitarios ponen el foco en la precariedad laboral derivada de la acumulación de contratos temporales y los efectos que esta tiene en la asistencia sanitaria, Feijóo mantiene que la responsabilidad al respecto ya no está en su Gobierno. “Sufrimos la normativa estatal que nos impide acabar con la temporalidad en el Sergas”, se queja.

Un alto cargo de la Xunta de Galicia nombrado por Alberto Núñez Feijóo ha trazado un plan en Venezuela para que una fundación pública cubra con fondos propios el agujero de 300.000 euros detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de las ayudas de emergencia a españoles en aquel país durante 2015 y 2016, dos años electorales.

El secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, un dirigente próximo a Feijóo, formuló esa propuesta en diciembre pasado durante una reunión en la embajada española a la que acudieron el embajador, Jesús Silva, y el cónsul general, Juan José Buitrago, según ha podido comprobar eldiario.es.

Todos los presentes en aquella cita son miembros del consejo de administración de la Fundación España Salud (FES), que tiene como objeto “prestar atención sanitaria, médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles”. Se trata de una fundación pública cuyo presidente ejecutivo es el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, después de una reforma de sus estatutos promovida por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, con el que el diplomático tiene muy buena relación.

La investigación del Tribunal de Cuentas activó en diciembre pasado a altos cargos y dirigentes cercanos al PP gallego para tratar de controlar las consecuencias del escándalo. Las fuentes consultadas sostienen que la voz de alarma la dio Aurelio Miras Portugal, un histórico dirigente del PP gallego que ejerció de Consejero de Emigración en los Gobiernos de Fraga y luego dio el salto al Gobierno de Rajoy. Este político, probablemente el que mejor conoce la comunidad gallega en el exterior, con la que lleva tratando más de dos décadas y organizando polémicos actos institucionales con dinero público en vísperas de las campañas, alertó a la Xunta de la conveniencia de solventar el asunto sin hacer mucho ruido. Según las mismas fuentes, la dirección del Gobierno gallego dio instrucciones a Rodríguez Miranda para que tratase de solucionar una crisis que apunta a un compañero de partido.

Según los informes en poder del embajador Silva y del Ministerio de Trabajo, de quien depende la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la embajada, fue el anterior responsable de este organismo durante los años 2015 y 2016, Juan de San Genero Santana, un dirigente del PP, quien gestionó la adquisición en el mercado negro de una cantidad indeterminada de dólares, producto de cambiar unos 300.000 euros, teóricamente destinados a ayudas de emergencia social para casos de extrema gravedad. Según figura en el informe del Tribunal de Cuentas, el importe correspondiente al cambio oficial en aquellos años (6,40 bolívares por dólar) fue entregado a la fundación para que se invirtiera en acciones sociosanitarias, pero el diferencial obtenido mediante el cambio en el mercado negro, que podría alcanzar hasta 40 veces más, se destinó al pago de actividades de marcado carácter electoralista. El dinero acabó dedicado al pago de reparaciones en sedes sociales de hermandades y hogares regionales, en reponer vallas de seguridad y hasta en la pintura de la carpintería exterior, y la cobertura de peticiones de diversa índole ajenas a las funciones propias de los organismos sociales adscritos a la embajada.

Todo quedó reflejado en un informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo redactado a raíz de que el último secretario de la consejería, José Manuel Gómez de Aranda, emitiera una denuncia al verse también involucrado en los repartos que hizo su titular hasta octubre de 2016, Juan de San Genaro Santana, antes de jubilarse. A partir de esos informes, el Tribunal de Cuentas abrió en 2018 su investigación y concluyó en noviembre de 2019 con un acta de liquidación que reflejaba la existencia de “hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad patrimonial”.

“Yo soy responsable de mis actos”

El principal encausado en ese expediente es quien fuera consejero de Trabajo y Seguridad Social de la embajada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Juan de San Genaro Santana Reyes, un ex legionario, dirigente del PP en la isla de Fuerteventura, que llegó a diputado regional. Santana guarda silencio desde su residencia familiar de Fuerteventura. “En estos momentos me debo a los tribunales de justicia, que han de valorar mis actuaciones. Yo soy responsable de mis actos, y por ellos espero que sea por lo que se me juzgue”, ha respondido a este periódico.

Hasta el momento se desconoce de modo oficial si alguien ha reintegrado al tesoro público esas cantidades reclamadas. Lo único confirmado es que no lo ha hecho la Fundación España Salud pese a los intentos del Partido Popular por que así fuera.

Una fuente oficial de la Secretaría de Emigración de la Xunta ha confirmado a este periódico que la reunión de diciembre pasado entre su titular, Rodríguez Miranda, el embajador y el cónsul general, efectivamente se produjo, pero negó que fuera convocada para abordar la búsqueda de una solución que evite que Juan de San Genaro Santana tenga que desembolsar esos 300.000 euros que le reclama el órgano fiscalizador. Una segunda fuente conocedora del encuentro sostiene que ese fue el motivo de la cita.

Durante esa reunión, el cónsul general, Juan José Buitrago, se mostró en completo desacuerdo con la fórmula escogida para devolver los fondos, mientras que el embajador no se manifestó abiertamente en contra. Pero ninguno de los miembros de la directiva de la fundación al tanto de esta operación la ha planteado a día de hoy a sus órganos para que se aborde en la próxima reunión prevista para la que todavía no hay fecha.

Otros integrantes de las FES conocedores de ese plan para tapar el agujero de 300.000 euros se han manifestado contrarios siquiera a su planteamiento y así lo han trasladado a la embajada, que mantiene congelada cualquier decisión. La oficina de comunicación de la legación diplomática española remite, cuando este medio pregunta por el asunto, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que tampoco ha contestado a eldiario.es.

Ha sido el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia el que se ha mostrado más proclive a una solución que evite a Santana, ex consejero y compañero de partido, el trago de responder en solitario por la sanción del Tribunal de Cuentas, según fuentes oficiosas de la embajada de España en Venezuela.

La Fundación España Salud tiene en su consejo de administración una mayoría de cargos orgánicos del PP en la diáspora, algunos de ellos en calidad de presidentes de hermandades, hogares y centros provinciales. También integran ese consejo el agregado comercial, el consejero de Trabajo y Seguridad Social de la embajada, el secretario de este órgano y el cónsul general.

La comunidad gallega en Venezuela fue la que más se movilizó en las elecciones generales de 2015 y 2016. Según datos oficiales, registró una participación por encima de la media, que superó incluso la de la colonia canaria, la más numerosa en el país.

Antonio Rodríguez Miranda (A Bola, Ourense, 1967) es un destacado dirigente del Gobierno gallego, desde hace al menos una década integrante del núcleo cercano al presidente Feijóo en el PP de esa comunidad. A él, antiguo candidato sin éxito del partido en la villa de Allariz, feudo histórico del BNG, recurrió el líder popular a principios de la década para actuar de contrapeso del aparato frente a la todopoderosa familia Baltar, en Ourense, sus únicos rivales internos en el PP gallego. A partir de ahí se ganó el puesto de número tres de la formación como portavoz del partido. Pero su carrera política se vio empañada de repente en 2010 también por un problema económico: el cobro presuntamente indebido de 26.000 euros en dietas de desplazamientos entre Ourense y Santiago que, en realidad, hacía en el coche oficial del entonces vicepresidente del Parlamento autonómico, José Manuel Baltar, cuando aún no se había roto la relación.

Tras su caída en desgracia, Miranda anunció la devolución “íntegra” de las dietas y el PP lo mantuvo un tiempo apartado de la primera línea institucional hasta que en diciembre de 2012 fue designado secretario general de Emigraciones de la Xunta. En 2015 volvió a verse envuelto en otro asunto de gran repercusión mediática, el de la presunta caja B del PP de Ourense que dio por acreditada la investigación de la Operación Pokémon.

Podemos Galicia, Anova y algunas de las principales mareas municipales gallegas, como Marea Atlántica y Compostela Aberta, apuran los plazos para negociar su posible confluencia en las elecciones gallegas del próximo 5 de abril. Este jueves, a apenas veinticuatro horas del cierre de plazo para la inscripción de coaliciones, que expira a las 23:59 del viernes 21, Podemos ha lanzado una consulta entre su militancia gallega sobre la alianza que está negociando.

“¿Crees que Podemos Galicia debe concurrir a las elecciones gallegas con la fórmula de una coalición con las organizaciones con las que lleguemos a acuerdo bajo la forma de Galicia en Común y la referencia estatal de Unidas Podemos?” es la pregunta que las personas inscritas en la formación pueden responder telemáticamente en la consulta lanzada a las diez de la mañana de este jueves. El plazo para participar finaliza este mismo jueves a las ocho de la tarde.

Esta votación exprés entre la militancia gallega de Podemos se ha puesto en marcha mientras, según fuentes de las negociaciones, la marcha de las conversaciones se ha encauzado notablemente después de que, en los primeros días, ninguna de las partes se atreviese a descartar una ruptura y dos candidaturas separadas, una de Unidas Podemos y otra, de Anova, las mareas y otras formaciones. Esta posibilidad no sólo restaría posibilidades a la izquierda rupturista a la hora de obtener representación, sino que aumentaría notablemente las posibilidades del PP de Alberto Núñez Feijóo a la hora de obtener una mayoría absoluta.

Este ha sido uno de los factores que está sobre la mesa de unas negociaciones en las que gran parte del peso ha recaído en Antón Gómez-Reino, secretario general de Podemos-Galicia y único aspirante a la candidatura a la Presidencia de la Xunta en las primarias del partido, y en Martiño Noriega, exalcalde de Santiago, líder de Compostela Aberta y responsable de relaciones políticas de Anova. Fuentes consultadas admiten, además, la existencia de negociaciones entre otros dirigentes y también al menos un contacto entre Pablo Iglesias y Xosé Manuel Beiras.

Más allá de la participación que esta rápida consulta interna pueda llegar a tener, en el entorno de las negociaciones es interpretada como una señal de Podemos a la hora de hacer valer su preeminencia en la eventual alianza. Así, mientras en 2016 los entonces alcaldes de las mareas y otras fuerzas lograron que la confluencia gallega se conformase bajo el paraguas de En Marea, ahora Podemos defiende su mayor fuerza electoral, especialmente desde su entrada en el Gobierno de España y la pérdida de las alcaldías de las mareas. De ahí su apuesta por que este espacio político vaya al 5A bajo las siglas de Galicia en Común y con el líder de Podemos Galicia como candidato a la presidencia.

Cuando, a principios de agosto de 2016, Luís Villares anunció su disposición a ser candidato de En Marea a las elecciones gallegas que Alberto Núñez Feijóo había adelantado una semana antes, su nombre llevaba meses circulando por los corrillos políticos de Galicia. Hacía meses que representantes de mareas municipales y de algunas de las fuerzas políticas implicadas en la confluencia habían pensado en Villares como posible figura de consenso para encabezar un espacio político que había salido con grandes expectativas de las municipales de 2015 y de los comicios generales de aquel mismo año.

Apenas tres años y medio después, este miércoles, Villares anunciaba su retirada de la vida política. Por el camino, una legislatura turbulenta para el que se ha querido llamar espacio de “unidad popular” pero que, paradójicamente, ha finalizado el cuatrienio electoralmente debilitado y organicamente, otra vez, en reconstrucción.

A Villares lo acompañaba su fama de juez riguroso, pero también comprometido en materia social y de marcado perfil galeguista. Como coordinador en Galicia de Jueces para la Democracia se había pronunciado abiertamente en materias como la defensa de la lengua gallega o contra los recortes sociales de los años de la crisis. Tanto en el campo académico como de los movimientos sociales, había adquirido una notable consideración por su conocimiento de la administración gallega o de la ordenación territorial.

Con estas credenciales, Villares dio el paso. Llevaba meses estudiando cifras y datos sobre el funcionamiento de la Xunta o el estado general de Galicia. “La razón de hacerlo es mi compromiso social”, explicaba en un contexto en el que, a apenas mes y medio de las elecciones, todavía era una incógnita cómo concurriría exactamente En Marea, que se acababa de constituir en partido “instrumental” en su asamblea de Vigo, quién estaría bajo su paraguas y si finalmente Podemos se uniría o no al proyecto, lo cual sucedió con la intervención directa de Pablo Iglesias a escasos minutos de que cerrara el plazo legal.

El partido existía como fórmula jurídica y paraguas de la confluencia, pero su estructura real era mínima, casi inexistente y absolutamente dependiente de lo que quisieran o no aportar a él cada una de las partes. Así, sin partido como tal y con escasos medios, Villares se lanzó a una campaña con escasa planificación en la que el único debate televisivo no supuso el revulsivo al que la formación aspiraba -más bien todo lo contrario- y en la que los concebidos como actos más masivos, con Villares compartiendo escenario con los alcaldes de las mareas, Pablo Iglesias o Xosé Manuel Beiras, quedaron mediaticamente opacados por el enfrentamiento abierto entre el líder de Podemos e Íñigo Errejón.

En aquellas elecciones la En Marea encabezada por Luís Villares logró 14 escaños y la condición de primera fuerza de la oposición. Una representación tan meritoria para el contexto de la campaña como escasa para un espacio político que apenas un año antes albergaba el convencimiento de poder encabezar una alternativa de izquierdas que desalojara de la Xunta al PP de Alberto Núñez Feijóo.

Con este telón de fondo, Villares se marcó desde el inicio de la legislatura el reto de impulsar el “despliegue territorial” de En Marea como “proyecto nacional” gallego. La articulación interna osciló, desde apenas dos meses después de las elecciones gallegas, entre las tensiones soterradas desde la propia campaña y el enfrentamiento abierto. Entre las diferencias ideológicas y organizativas hasta los desencuentros personales de difícil recondución. Mientras, los dirigentes que habían apostado abiertamente por Villares como candidato se alejaban notoria y definitivamente de él, que su vez exploraba otras vías y dirigentes para intentar reconducir y reconstituír el espacio, en el que a pesar de ganar las elecciones internas seguía, en gran medida, sin partido.

Tras todo esto llegó el nuevo ciclo electoral . Una vez pasadas las elecciones generales de abril y las municipales y europeas, donde la formación encabezada por Villares obtuvo unos pobres resultados, En Marea se rompía definitivamente en el único lugar donde permanecía unida, el Parlamento de Galicia. “No nos resignamos a dejarnos devorar por Podemos”, había afirmado entonces.

En el epílogo de la legislatura, Villares mostraba aún su esperanza en la enésima reconstrucción de En Marea. No obstante, no ocultaba su cansancio político y desgaste personal tras una batalla interna en la que según sus contrincantes, escogió mal las alianzas y a juicio de su partidarios, fue abandonado por quienes lo animaron a dar el salto. “Me sentí como un bicho raro”, confesaba este miércoles en la rueda de prensa de su despedida. “Vine con la ilusión de ayudar a construir una alternativa para que la gente viviera mejor”, aseguró visiblemente emocionado.

Villares se va de la política partidaria e institucional y regresa a la judicatura. En su adiós se mezclaron las palabras de agradecimiento con los reproches y en su entorno más próximo, el pesar y el alivio. Hay quien cree que el partido que encabezó hace tres años y medio, en realidad, nunca ha existido.

Como ya había sucedido en el inicio de las carreras electorales de 2012 y 2016, los servicios de comunicación del PP gallego se han visto obligados en los últimos días a salir al paso de comentarios, bromas y reproches sobre lo difícil que resulta encontrar las siglas del partido en sus primeras imágenes de la precampaña para los comicios gallegos del 5 de abril. No huyen de las siglas, aseguran. Mientas, su líder, Alberto Núñez Feijóo, mantiene que no es candidato “de un partido” y lanza su precampaña al margen de las consignas de la madrileña calle de Génova.

“No escondemos nuestras siglas, al contrario. Las defendemos”, reiteraron las cuentas oficiales del PP gallego para replicar a quienes identificaron con un cartel electoral -a pesar de no serlo- el fotograma final de su primer vídeo de precampaña. En él, como en el acto de proclamación de la candidatura de Feijóo y en prácticamente todos los materiales del partido desde el estreno de su nueva imagen corporativa para Galicia, en septiembre de 2019, el logotipo del PP queda reducido a la mínima expresión, a modo de pequeño superíndice sobre la palabra Galicia, escrita con una tipografía muy parecida a la de la marca que la Xunta utiliza desde 2011.

Porque, más allá de la aparición o no de las siglas en el cartel electoral en el momento en que el PP lo presente -en 2012 acabaron figurando en un lugar secundario bajo el lema Vota Feijóo y en 2016, en un minúsculo espacio en una esquina mientras el protagonismo era para las palabras Feijóo. En Galicia sí-, los mensajes del líder de los populares desde la convocatoria electoral van encaminadas a intentar hacer ver que no es candidato “de un partido”.

Cuatro años después de reiterar que en realidad, es “militante de Galicia”, Feijóo apuesta ahora por presentarse como sinónimo del Gobierno gallego. Más que el PP, viene a decir, quien se somete a las urnas es la Xunta. Y enfrente, diversos partidos políticos. El “multipartito”, en palabras de los populares, frente a un candidato sinónimo de “Gobierno” y de “Galicia”.

Estas son las ideas fuerza que el actual presidente y aspirante a la reelección expuso en la proclamación de su candidatura, un mitin en Vigo en el que el escenario representaba una enorme bandera gallega con un diseño prácticamente idéntico al utilizado por el BNG en la campaña de 2009, tras la que Feijóo consiguió acceder a la Presidencia de la Xunta por primera vez. Él es un candidato “libre”, no es “rehén de ningún partido”, proclamó desde el atril con el lema Galicia é moito [Galicia es mucho], el mismo que utilizó el pasado diciembre en un vídeo con el actor Luis Zahera difundido por el PP, también sin logotipos.

En ese atril se podía distinguir, además, el Galicia corporativo del PP, el que recuerda al de la Xunta. Las siglas del PP resultaban, una vez más, imperceptibles. Al acto no acudió ni Pablo Casado ni ningún otro miembro de la dirección estatal de la formación conservadora y en el discurso de Feijóo no aparecieron nin peticiones de dimisión de José Luis Ábalos ni alusiones hiperbólicas a la ruptura de la unidad de España. Sí se coló entre el público, no obstante, una bandera de Venezuela.

Veinticuatro horas después, en la Feria del Cocido de Lalín, el candidato profundizó en la idea. Lo que quería decir, explicó a preguntas de la prensa, es que no es “un candidato de un partido” y mucho menos “de un conjunto de partidos” porque es “un candidato de gobierno”. Resulta “lógico”, cree, que tras tres mandatos se presente como candidato “para gobernar” y no “de un partido”, reiteraba este martes en una entrevista en Telecinco.

Puestos para Ciudadanos en las listas, pero sin coalición

La tesis de no ser candidato “de un partido” ni responder ante partido alguno le sirve también a Feijóo para descartar la coalición con Ciudadanos que la formación reclama desde hace semanas para Galicia, Euskadi y Catalunya y que este mismo martes Inés Arrimadas defendía sin éxito ante  Pablo Casado en Madrid argumentando la necesidad de que haya una “papeleta constitucionalista” en los comicios gallegos. “No” a la coalición y “no” a la propuesta lanzada este mismo martes por la portavoz de C's en Galicia, Beatriz Pino: listas únicas con los dos logotipos y bajo el liderazgo de Feijóo.

Desde Ciudadanos, precisamente, apelaban a la cuestión de la aparición o no de las siglas en las imágenes preelectorales del PP gallego para reclamar una coalición en Galicia. “Feijóo renuncia a las siglas del PP en su cartel electoral”, señalaba el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, en referencia al fotograma final del vídeo del PPdeG. “Confío en que sea para apostar por una coalición que permita hacer frente al nacionalismo en Galicia. Todavía estamos a tiempo. Para que ningún voto constitucionalista se desperdicie”, afirmó en las redes sociales.

No obstante, cualquier posibilidad de confluencia entre organizaciones quedó también descartada en una reunión entre el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, y el exsecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas que, informa Europa Press, se celebró el pasado fin de semana en la localidad zamorana de Benavente. La posición de los populares sigue siendo a misma: sólo están dispuestos integrar a algunos miembros de C's en sus listas como “independientes”. Nada más. No darán su visto bueno a una coalición de partidos que el PPdeG no experimenta desde 1989, las primeras elecciones de Fraga, cuando se coaligó con los Centristas de Ourense de Baltar. Porque ahora por lo visto Feijóo no es candidato “de un partido”.

El gran rechazo generado por la decisión de la Xunta de cerrar el paritorio del hospital comarcal de Verín, tanto entre personal y vecindario de la propia villa ourensana como en el seno del PP provincial -muy especialmente después de que una concejala popular de A Gudiña diese a luz en la sala de partos clausurada- llevó al Gobierno gallego a rectificar apenas dos meses después. El Ejecutivo gallego dejó de lado las diversas versiones ofrecidas, de la supuesta falta de pericia del personal por el bajo número de nacimientos a las firmas de 44 médicos, y sólo admitió problemas de comunicación sobre la carencia de pediatras.

El conflicto de Verín ha tenido un impacto directo en el panorama preelectoral gallego incluso antes de la convocatoria de las elecciones del 5 de abril. Muestra de esto ha sido, por ejemplo, la multitudinaria manifestación de SOS Sanidade Pública que, el pasado día 9, tuvo en la lucha verinense uno de sus emblemas.

En este contexto, el actual presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha sido cuestionado al respecto en una de sus primeras entrevistas de la precampaña, este lunes en el periódico La Voz de Galicia. Su respuesta ha sido a regresar a la tesis de los errores de comunicación, a la que ha añadido otra: la sorpresa por la protesta vecinal.

“Nos confundimos claramente en la comunicación a los ciudadanos, en la prioridad del problema, que es que no había pediatras en Verín” y “pensamos que la gente lo sabía”, dijo sobre una carencia de personal de atención pediátrica que el hospital comarcal ha venido padeciendo durante años. “No dimos la información suficiente” y “nos sorprendió el interés de la gente por parir en Verín”, afirma.

No obstante, el cabeza de cartel del PP “resume” la cuestión en que “suspendimos 60 días los partos en Verín mientras no había pediatras” -realmente, hubo cuatro nacimientos en ese período-. E inscribe las protestas en un “lamento” por que se “haga demagogia con la sanidad pública”.

No es “candidato de un partido”

En otra entrevista concedida este lunes, en este caso a la Radio Galega, Feijóo ha insistido en el primer gran argumento de su precampaña, que pasa por alejarse de las siglas del PP. Así, como ya había hecho en el propio mitin de proclamación de su candidatura, el pasado sábado en Vigo, el aspirante a la reelección negó ser “candidato de un partido político” identificando su formación, el PP, con Galicia y con el Gobierno gallego.

En este sentido y en referencia a la posibilidad de que Galicia tenga un Gobierno apoyado por varias fuerzas políticas de izquierda, Feijóo señala que Galicia necesita “un Gobierno que no dependa de nadie”, sino “de sí mismo” y que sea “libre para levantar la mano” ante lo Gobierno central o, de ser el caso, “pactar” con él. Esta es la razón, según el jefe de filas del PPdeG, para rechazar también una coalición con Ciudadanos, a cuyos miembros, no obstante, sigue abriendo las puertas de las listas electorales de su partido para el 5A.

“Conviene aclarar que el acuerdo de Barreras y de los floteles [buques-hotel] de Barreras no fue acordado con este expresidente de Pemex, sino con el anterior. Está en todas las hemerotecas gallegas”. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró molesto esta semana cuando la prensa le preguntó por la detención en Málaga de Emilio Lozoya, el exdirector general bajo cuyo mandato fueron rubricados los negocios de la petrolera en Galicia que él mismo apadrinó. La respuesta fue, en esencia, desligar de tales negocios a Lozoya, desde el pasado jueves en prisión provisional por riesgo de fuga mientras México pide su extradición.

Los acuerdos con la petrolera mexicana que durante años el propio Feijóo presentó como una vía de salvación para el naval gallego en los años de la crisis económica gracias a su propia intervención dieron muchos menos resultados de los esperados. De la veintena de buques prometidos apenas se construyeron dos y además ahora, en plena precampaña, la detención de Lozoya devuelve al primer plano de la actualidad las zonas de sombras de aquellos tratos, toda vez que varios de sus protagonistas son señalados por las actuales autoridades mexicanas en varios casos de presunta corrupción. La aventura mexicana de Feijóo para el naval gallego se remonta a hace casi ocho años y llega hasta este propio 2020.

Mayo de 2012. Promesas millonarias en directo por la tele

“El señor Suárez Copell fue el que firmó el acuerdo conmigo”, reiteraba esta semana el presidente gallego y candidato a la reelección por el PP el próximo 5A.  Efectivamente, la primera firma de un documento con la petrolera mexicana se celebró el 24 de mayo de 2012, en un acto retransmitido en directo por la Televisión de Galicia en el que la compañía americana estaba representada por quien entonces era su director general, Juan José Suárez Copell. Lo prometido aquel día había sido la construcción de catorce barcos remolcadores –7 en Galicia y otros tantos en México– que, según había afirmado Feijóo, iban a suponer 2.500 empleos al sector naval.

Septiembre de 2012. Dos barcos bordeando la ley electoral

El 19 de septiembre del mismo año faltaba apenas un mes para las elecciones autonómicas y la Xunta bordeó la ley electoral para celebrar otro acto con representantes de Pemex. En él solemnizó un encargo que dio por seguro: dos buques-hotel, los famosos floteles, uno para construir en el astillero privado vigués Barreras y otro, en el público Navantia de Ferrol. El representante de Pemex en el acto de firma era José Manuel Carrera Panizzo, en ese momento consejero delegado de Pemex Internacional y ahora investigado por las actuales autoridades mexicanas por presuntos sobrecostes en la compra de una compañía de fertilizantes, Agro Nitrogenados.

Diciembre de 2012. Lozoya se pone al frente de Pemex

Cuando se celebró esa segunda reunión, ya había comenzado en México la transición presidencial: de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, ganador de las elecciones de julio de ese año. En el equipo que gestionó el traspaso de poderes estaba integrado Emilio Lozoya, encargado de coordinar los asuntos internacionales. Apenas tres meses después, el 3 de diciembre, Lozoya tomó posesión como nuevo director general de Pemex y a las pocas semanas la empresa advertía de que los encargos a Galicia todavía no eran seguros. La Xunta, por su parte, insistía en la existencia de los famosos contratos, pero matizaba que no podía mostrarlos porque “no los tenía”.

Abril de 2013. Lozoya “confirma los compromisos” a Feijóo

Al poco tiempo, en abril de 2013, cuando la política gallega se agitaba por la publicación en El País de las fotografías que acreditaban la amistad de Feijóo con el contrabandista Marcial Dorado en la etapa en que el actual presidente dirigía la sanidad pública gallega, la Xunta anunciaba un viaje del jefe del Ejecutivo a México. Allí, según divulgó el propio Gobierno gallego, uno de los primeros encuentros fue el mantenido con Emilio Lozoya para “hacer seguimiento” de la “alianza estratégica” de la Xunta con Pemex. “Feijóo –indicaba la nota oficial de la Xunta– agradeció al director de Pemex, que tomó posesión en el cargo hace poco más de cuatro meses, su receptividad y su interés en confirmar los compromisos conseguidos” y “darles continuidad para que los astilleros gallegos puedan seguir optando a las oportunidades que supone el proceso de renovación de la flota iniciado por la petrolera”.

Mayo de 2013. Pemex compra Barreras

Apenas dos semanas después del primer encuentro de Feijóo con Emilio Lozoya, el 30 de abril de 2013, Praza.gal adelantaba que Pemex se disponía a comprar el 51% de las acciones del astillero vigués Barreras, operación que se oficializó el 3 de mayo, cuando Lozoya llevaba seis meses en la dirección general de Pemex. Fue firmada en el correspondiente contrato en noviembre del mismo año en presencia del conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, del mencionado Carrera Panizzo y de Carlos Roa, jefe de asesores de Lozoya, que pasaría a ser vicepresidente de Barreras hasta 2016. Roa también está actualmente investigado por presuntas irregularidades en la compra de plantas de fertilizantes, en el conocido como caso Fertinal. La compra rondó los 5 millones de euros.

Enero de 2014. Pemex adjudica los 'floteles'

La compra de Barreras fue presentada como el empujón definitivo a la operación de los floteles: al pasar a ser propiedad de Pemex, ya no era necesario un concurso público abierto, habían explicado a grandes rasgos. De este modo, a finales de enero de 2014 la petrolera adjudicaba la construcción de ambos barcos, uno para Barreras y otro para Navantia. Casi al mismo tiempo, la entonces primera fuerza política de la oposición mexicana, el PDR, anunciaba que se disponía a llevar ante la Fiscalía del país ambas adjudicaciones. Pemex, advertían, estaba incurriendo en prácticas de “corrupción”.

Marzo de 2014. Feijóo agradece los contratos en persona a Lozoya

Poco después de la adjudicación, Feijóo volvía a México y mantenía un nuevo encuentro con Lozoya y en esta ocasión era el propio Gobierno gallego el que divulgaba fotografías de la reunión. Las mismas que en este 2020 incomodan al entorno del presidente y candidato del PP gallego. Según había indicado la nota oficial de la Xunta al respecto, en aquel encuentro Feijóo había transmitido a Lozoya “el agradecimiento del Gobierno gallego y del pueblo gallego con la concreción y la contratación de dos floteles”. También, afirmaba, habían tratado la construcción “de otros barcos adicionales” en Barreras –que nunca llegaron a encargarse–. Por todo esto, había subrayado, destacaba ante Lozoya “el reconocimiento del pueblo gallego y su propio reconocimiento como presidente de la Xunta por haber satisfecho y por haber honrado la palabra dada por Pemex a Galicia”.

Febrero de 2020. Feijóo niega tratos con Lozoya

A pesar de estos dos encuentros y aunque los tres acuerdos cumplidos –los dos floteles y la compra de Barreras– se produjeran bajo el mandato de Lozoya, Feijóo desliga al ejecutivo ahora detenido de todos ellos. El presidente de la Xunta niega también que estén entre los asuntos por los que Lozoya es investigado, porque “según sabemos, la investigación es relativa a algo relacionado con Brasil, no con Galicia”. No obstante, la Fiscalía mexicana también está investigando a Lozoya por la compra de Barreras, según ha admitido, si bien todavía no ha “judicializado” el asunto, han explicado esta misma semana.

En este contexto, Feijóo reduce las peticiones de explicaciones de la oposición y algunos medios por los tratos de la Xunta con Emilio Lozoya a una cuestión electoral. “Sé perfectamente que estamos en precampaña electoral y en precampaña electoral todo vale”, se queja. “En 2012 se dijo que eran unos barquitos y que no existían y ahora lo que se dice es que hay un directivo de Pemex que está siendo investigado por la administración de Justicia; que sigan investigando todo lo que quieran”, concluye el líder del PP gallego.

Como en 2012, cuando fue proclamado candidato entre comparaciones con Fraga y sin Mariano Rajoy, por ser “un acto para los gallegos”. O como en 2016, cuando fue aclamado en el Congreso autonómico del PP como aspirante a la segunda reelección otra vez sin presencia de Rajoy y reiterando “Galicia, Galicia, Galicia”. Y lejos de lo sucedido en 2009, cuando Rajoy sí había sido coprotagonista de la proclamación de Alberto Núñez Feijóo. Este sábado Pablo Casado no viajó a Galicia y la única referencia estatal del partido ha sido Ana Pastor.

Una vez completado, el pasado martes, el ritual de escenificar ante la Junta Directiva del PP gallego su intención de concurrir a las elecciones que él mismo había convocado veinticuatro horas antes para hacerlas coincidir con las vascas, este sábado Feijóo ha celebrado el primer mitin de su precampaña a modo de acto de proclamación declarándose “libre” de su propio partido. Por primera vez, en Vigo, rodeado de banderas gallegas al modo de su toma de posesión de 2016 -acto sí compartido con Rajoy-, con un par de banderas españolas y una de Venezuela agitadas desde el público y un montaje en el que, una campaña gallega más, resulta difícil hallar el logotipo del PP en un primer vistazo.

En la escenografía con la que el PP ha celebrado su primer acto desde la convocatoria electoral destaca la línea gráfica empleada por el partido en los últimos meses, con la palabra Galicia como protagonista, escrita en una tipografía muy parecida a la marca que utiliza la Xunta desde hace nueve años. Como primer lema, Galicia é moito [Galicia es mucho], el msimo que el partido utilizó en el vídeo de su candidato con el actor Luis Zahera a finales del pasado diciembre, cuando el PPdeG evidenció que la precampaña estaba en marcha.

Mientras la, este sábado, ausente cúpula estatal del PP continúa hilando sus alianzas con Ciudadanos para Euskadi y Catalunya, los populares gallegos han insistido en la idea de situar a Feijóo por encima de un esquema clásico de partidos. Feijóo no es un candidato de un partido y mucho menos de un “bloque de partidos”, sino de Galicia. Así lo ha querido hacer ver el aspirante a la reelección en su discurso.

Los restantes líderes sí representan a partidos pero él, no. “No soy rehén de ningún partido, ni siquiera del mío”, proclamó en un mensaje con destino tanto interno como externo. Un “candidato libre” y, de ser reelegido, un “presidente libre”, asegura.

Y mientras el electorado puede esperar “todo” del candidato -del PP- de Galicia, Feijóo proclama que de la izquierda, a la que ahora denomina “multipartito de la oposición”, no puede “esperar nada”. Tampoco del Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos, al que sitúa “contra los ciudadanos de un lugar”, de Galicia, “por no haberlos elegido a ellos”, afirmó aunque en las últimas elecciones generales socialistas y UP sumaron 12 escaños en Galicia y el PP, 10.

Con el Gobierno en pleno y su delegada viguesa, Corina Porro, en primera fila y con confetti al modo americano para cerrar el acto en el recibidor del Palacio de Congresos Mar de Vigo, que cargos y militancia popular han llenado sin problemas, Feijóo se lanza a intentar emular las cuatro mayorías consecutivas de Fraga. Él, asegura, es sinónimo de Galicia y de “estabilidad”.

Según el discurso del candidato popular, lo que está en juego el 5A es caer o no en el “enfrentamiento”, en las “imposiciones”, la “intransigencia” o la “inestabilidad”. O, por el contrario, si la candidatura que él encabeza logra un nuevo apoyo “extraordinario”, la mayoría absoluta, y queda así “preservada” la “normalidad”.

“Para Ourense sería letal tener a Jácome de alcalde”. “Voy a votar a Núñez Feijóo, porque es quien creo que mejor va a defender los intereses de Galicia”. La primera frase la pronunció Alberto Núñez Feijóo en declaraciones al diario La Región escasos días antes de las elecciones municipales del pasado 2019. La segunda es una declaración de Gonzalo Pérez Jácome, esta misma semana en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Ourense, cuya alcaldía ostenta tras aquellas elecciones, a pesar de haber sido la tercera fuerza de la corporación, gracias a un pacto de gobierno con el PP.

Poco más de nueve meses separan unas y otras palabras, pero políticamente ha transcurrido una eternidad. Todo cambió para siempre cuando el recuento definitivo de los comicios locales dejó sin mayoría absoluta al PP de Ourense en la Diputación provincial, obligando a José Manuel Baltar a buscar un pacto indispensable para no poner fin al poder institucional de su familia en la provincia en la que imperan desde finales de los años 80 del siglo pasado.

De inmediato, el baltarismo puso en marcha su maquinaria para cerrar el pacto con el líder de Democracia Ourensana, el partido localista que había crecido, en gran parte, a base de oponerse públicamente y con lenguaje grueso a los Baltar en general y a Baltar hijo en particular. “Psicópata de corbata”, “fantoche cacique”, “patético” o “cadáver político” son sólo algunos de los calificativos que el ahora regidor ourensano dedicó en los últimos años al heredero de una “saga tóxica”. “¡Fuera caciques!”, clamaba también desde su televisión, Auria TV, canal clave en su crecimiento.

Jácome decía todas estas cosas. Pero también que, de ser el caso, acabaría pactando “con el demonio” por lo que él interpretase como bueno para Ourense. Y fue el caso. El PP de Ourense, con el visto bueno de la dirección autonómica del partido, le entregó la alcaldía a Jácome sacrificando al mismo tiempo a su propio candidato y alcalde hasta ese momento, el exconselleiro Jesús Vázquez, y su doctrina de respetar el gobierno de “la lista más votada”, en este caso el PSdeG. A cambio, DO blindó a Baltar en la Diputación y constituyeron gobiernos bipartitos en ambas instituciones.

Tal y como reveló la edición ourensana de Faro de Vigo, el pacto entre ambas formaciones tenía más cláusulas que las que habían hecho públicas. DO se comprometió con Baltar a no volver a presentarse a las elecciones al Parlamento de Galicia, las mismas a las que habían concurrido con un número creciente de votos desde 2005 y hasta 2016, cuando no lograron representación, pero sí 7.723 votos y la condición de quinta fuerza política en la provincia, superando ampliamente a Ciudadanos. Eliminar a DO de la competición permite al PP controlar mejor el escenario del trascendental granero de votos ourensano, que reparte 14 escaños de los que los populares lograron 9 hace cuatro años. El noveno lo retuvieron por un margen de apenas 200 votos, que tras el recuento del voto emigrante se ensanchó un poco más.

Democracia Ourensana deja definitivamente aparcados, de este modo, los años en los que manifestaba su apuesta por llegar a sentar hasta tres diputados en el Parlamento gallego con la intención de ser “llave de la Xunta” y la advertencia de que no otorgarían su apoyo a ningún gobierno que no garantizara “2.000 millones extra para Ourense en cuatro años”. Los gobiernos gallegos, también el de Feijóo, habían sumido a la provincia ourensana “en una perpetua discriminación”, denunciaban en declaraciones públicas e ilustrativos vídeos electorales.

Pero todo ha quedado atrás. “Como alcalde de Ourense, prefiero que las cosas sigan como están y que gane el PP; tenemos que apoyar a quien nos apoya”, explicaba Jácome esta semana tras anunciar su voto a los populares para los comicios del 5A. En ellos, además, Baltar “no se cierra” a incluir a algún miembro de Democracia Ourensana en la lista del PP provincial, donde la dirección autonómica del partido tiene poco o nada que decir.

Esos apoyos mutuos permitirán, por ejemplo, sacar adelante los primeros Presupuestos municipales de Ourense de 2014 con fondos para sufragar un coordinador general del Ayuntamiento -“city manager”, en palabras de DO- que cobrará 86.000 euros anuales, más que los presidentes de la Xunta y del Gobierno central.

Jácome espera que sirvan también para hacer realidad algunos de sus proyectos, desde un centro de inteligencia artificial hasta un parque acuático -promesa clásica de DO, asumida por Feijóo hace ya cuatro años- pasando por el “mayor rascacielos de España”, con 80 plantas. Mientras esto no sucede, Baltar da por olvidados los insultos del pasado y DO hace que las relaciones fluyan mejor con medidas como la retirada del recurso judicial contra el Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad, que había presentado desde la oposición por verlo un plan concebido para los “pelotazos” urbanísticos.

Jácome admite que los cambios casi revolucionarios a los que aspira todavía no son visibles en la ciudad, pero porque aún no ha transcurrido ni el primer año de mandato, justifica. Para eso necesita apoyos y la mejor manera de conservarlos ahora es, considera, votar por Feijóo el 5 de abril.

“Y nosotros, con estos pelos”. Un buen conocedor de la vida interna de la izquierda rupturista gallega en los últimos años ironizaba de este modo, también con cierta amargura, poco después de que Alberto Núñez Feijóo anunciara la convocatoria de las elecciones gallegas para el próximo 5 de abril. Gran parte del espacio político que hace cuatro años concurrió bajo las siglas de En Marea, entonces como partido “instrumental”, negocia contra el reloj una compleja confluencia electoral que en su versión más amplia podría aglutinar a los socios de Unidas Podemos, Anova y a las principales mareas municipalistas. Que finalmente se pueda alcanzar un pacto con tan poco tiempo es, según todas las partes consultadas, muy complicado.

Los plazos fijados en la ley gallega de elecciones juegan en contra. Las fuerzas políticas que deseen concurrir en coalición deben formalizarla, como muy tarde, el 21 de febrero. De este modo, los potenciales socios cuentan con poco más de una semana para hilar unas negociaciones que, en su precedente más parecido, la incorporación de Podemos a las candidaturas de En Marea en 2016, se cerraron con la intervención directa de Pablo Iglesias prácticamente sobre la bocina.

Pero el panorama político poco o nada tiene que ver con el de hace cuatro años. Podemos Galicia acaba de abreviar el calendario de sus primarias -que se iba a extender hasta finales de marzo- y este mismo viernes, día 14, finaliza el plazo de inscripción de unas candidaturas que serán votadas del 21 al 25 de febrero, esto es, cuando ya esté claro si existe o no coalición. Fuentes de la formación liderada por Antón Gómez-Reino admiten conversaciones a varias bandas y afirman tener disposición al pacto más allá del que los une con Esquerda Unida.

Pero, advierten, en esta ocasión tienen claro que la posición de Podemos debe ser preponderante en una eventual alianza. El partido y su plataforma gallega, Galicia en Común, se ven especialmente rearmados políticamente tras la incorporación al Gobierno de España en coalición con el PSOE y consideran que ellos aportarían el principal impulso en las urnas. Y por eso, subrayan las mismas fuentes, su criterio debe ser determinante en la conformación de las candidaturas y, muy especialmente, en la elección de la persona que opte a la Presidencia de la Xunta, que prevén que comparta acto político masivo con Pablo Iglesias el próximo 29 de febrero.

Con este telón de fondo, las fuentes consultadas no descartan que el propio secretario general de Podemos Galicia, Gómez-Reino, inscriba su candidatura a las primarias mientras continúan los contactos con Anova. También con algunas de las principales mareas, como Compostela Aberta o Marea Atlántica. Son precisamente los exalcaldes de Santiago y de A Coruña, Martiño Noriega y Xulio Ferreiro, los designados por Anova y Marea Atlántica, respectivamente, como responsables de la interlocución con otras fuerzas a la búsqueda de potenciales alianzas.

Las opciones de Noriega o Ferreiro

Ambos nombres -especialmente el de Noriega- han sonado con fuerza en las últimas semanas como posibles candidatos a la Xunta por la eventual coalición. En el caso del exregidor compostelano, su condición de miembro de Anova hace, a priori, difícil su aceptación en Podemos como cabeza de cartel. La hipótesis de Ferreiro, dicen fuentes de varias partes de las negociaciones, encajaría con dificultad a causa del enfriamiento que han experimentado las relaciones entre Podemos y la Marea coruñesa. No obstante, sus respectivas formaciones ven sus perfiles más atractivos para la pugna electoral e incluso para la constitución de un eventual gobierno de coalición de izquierdas, en caso de que el PP no logre la mayoría absoluta y no tenga socios posibles por la derecha para retener la Xunta.

De este modo, los candidatos preferidos por Anova y las principales mareas encuentran recelos en Podemos, que esgrime su fuerza electoral. Desde la organización impulsada en su nacimiento por Xosé Manuel Beiras aseguran que prevén “trabajar con generosidad y altura de miras”, pero también advierten de que su intención es “estar presentes” en las urnas. En la Marea Atlántica, en una visión compartida por otras organizaciones municipalistas, apuestan por la “cooperación” para “derrotar a la derecha” en un espacio en el que “el municipalismo tenga un papel activo”. Lo ideal, mantienen, es “una única candidatura que permita el objetivo” de lograr “un gobierno progresista y galleguista”.

A los riesgos de la división electoral se refiere con especial énfasis Podemos, según fuentes de las negociaciones. Una candidatura de Galicia en Común separada de otra de Anova y miembros de las mareas supondría en el mejor de los casos, consideran, que esta segunda candidatura apenas pudiera aspirar a uno o dos escaños por las provincias atlánticas. Y en el peor, calculan, no pasarían el umbral del 5% para obtener representación y facilitarían una nueva mayoría del PP. Para ejemplificar esta segunda hipótesis apuntan a la reciente experiencia de Más País. Mientras, resaltan, la opción unitaria amplificaría las posibilidades de una opción electoral que no obstante, admiten desde todas las partes, partiría con unas expectativas notablemente por debajo de los resultados de En Marea en 2016, segunda fuerza política con 14 escaños.

En este punto, el fantasma de la división se sienta también a la mesa de unas negociaciones marcadas por los ajustados plazos que fija la ley, pero también por las alianzas frustradas en las elecciones generales de 2019, cuando el acuerdo de los socios de Unidas Podemos con Anova no llegó a cuajar. Todo, en un contexto en el que Luís Villares, portavoz de En Marea, admite estar meditando también la participación electoral de la formación y la manera de hacerlo en un contexto en el que el acuerdo con Podemos y EU es un escenario inconcebible tras las agrias relaciones que culminaron, a mediados de 2019, con la ruptura del grupo parlamentario surgido de las elecciones de 2016. Al mismo tiempo, una alianza con el BNG parece prácticamente descartada.

“O nosotros o el caos”, advertía aquel chiste del semanario Hermano Lobo en los años 70. Alberto Núñez Feijóo volverá a tirar del argumento para las elecciones gallegas del próximo 5 de abril. El actual presidente de la Xunta suele advertir que la única alternativa al poder del PPdeG es un “tripartito o cuatripartito” del PSdeG-PSOE con el BNG y el espacio de Podemos y las mareas. Frente a todo eso, el líder del PP que acumula tres mayorías absolutas desde 2009 y sobrevivió al naufragio de su partido, contrapone su “estabilidad”.

Salvo sorpresa mayúscula, este martes Feijóo ratificará que opta a un cuarto mandato como presidente de la Xunta. Lo hará en una junta directiva del PP gallego convocada de forma extraordinaria en el mismo hotel compostelano donde, en julio de 2018, anunció al borde de las lágrimas que renunciaba a dar la batalla para suceder a Mariano Rajoy.

El PP llega a la nueva contienda electoral en Galicia pocos días después de que los cuatro presidentes provinciales del partido volviesen a erigirlo en figura única e indiscutible. El único que puede aspirar a repetir las cuatro mayorías absolutas consecutivas de Manuel Fraga. Y también el único que podría frenar a las fuerzas progresistas y al mismo tiempo, pararle los pies a Vox. La entrada en el Parlamento gallego de la extrema derecha es considerada como improbable. Pero precisamente también por eso es un riesgo para los populares: el límite del 5% impuesto por Fraga en los años 90 podría dejar a Vox fuera de la Cámara y a la vez restar diputados clave a los de Feijóo.

Para justificar el adelanto electoral escasas semanas después de que el propio PP gallego afirmase su intención de agotar la legislatura, Feijóo también echa mano del dogma de la estabilidad. “Ni los gallegos ni la Xunta somos responsables de esta situación de inestabilidad”, proclamó. Ahí jugará sus cartas, llamando al voto útil, a la concentración de apoyos de todo el centroderecha. Y también jugando a la confrontación con el Gobierno central de Pedro Sánchez. La estrategia que tan buenos resultados le dio en tiempos de Zapatero. Todo, marcando perfil propio y sin excesiva presencia de los referentes estatales del partido. Casado necesita una victoria que el PP no va a tener ni en Euskadi ni en Catalunya, pero a la vez una cuarta mayoría absoluta de Feijóo reforzarían internamente al eterno barón gallego que sí gana elecciones.

El PSdeG confía en ampliar el 'efecto Sánchez'

Para el PSdeG-PSOE, la presencia de Sánchez en Moncloa es un impulso. En la dirección que encabeza Gonzalo Caballero, sanchista declarado y apoyo en Galicia del actual presidente del Gobierno en sus momentos más duros dentro del partido, se ve claro que desde la madrileña calle de Ferraz hay un aparato a disposición de su candidato. Como aquella vez, hace década y media, en que Zapatero, ya como presidente, dijo a Emilio Pérez Touriño aquello de “esta vez va en serio”.

Caballero apela a los resultados de los sucesivos comicios celebrados en 2019, cuando el PSdeG logró por primera vez adelantar al PP en las urnas, para afirmar que los socialistas están “preparados para darle a Galicia el cambio de gobierno que necesita”. Tras conocer el adelanto, el aspirante socialista a la Presidencia de la Xunta aseguró que la decisión de Feijóo no es más que otra evidencia de “que su palabra no vale nada”.

Liberado de la habitual conflictividad interna –excepto en algunos puntos a nivel local– y asentado como líder del PSdeG, el secretario general de los socialistas no duda en tirar de Pedro Sánchez y tampoco ahorra guiños al resto de la izquierda. En la dirección socialista se ve claro que un eventual gobierno progresista sería multicolor y por eso se deja ver con otras formaciones en temas claves como la sanidad, cuyos colectivos se han levantado en los últimos meses contra la gestión de Feijóo, o la educación. Saben, todos, que no hay alternativa. Y en cierto modo se han visto reflejados en las negociaciones que han terminado con la constitución del Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos.

También pesa en las filas socialistas gallegas la experiencia del Gobierno de coalición que compartieron con el Bloque hace ya una década. Pero con una diferencia: ahora, asumen, si el PP pierde la absoluta y no tiene socios por la derecha para sumar, la alternativa tendrá, como mínimo, tres patas.

Un BNG “al alza” y en paz interna

El BNG sería, a priori, socio imprescindible de ese eventual Gobierno alternativo. La formación que encabeza Ana Pontón llegará al 5A en su mejor momento durante la última década. Reforzado por el acuerdo de investidura con el PSOE a pesar de contar con un único diputado en el Congreso, en el Bloque se ven “al alza” después de años de división y escisiones que parecen haber terminado.

A Pontón, líder y candidata indiscutible, el adelanto electoral la obligará a reducir su baja maternal, ha admitido. “Parece que no podré estar tanto tiempo de permiso por maternidad como había previsto. Pero trabajaré, con más ilusión si cabe, para que mi hija, y los niños y niñas de este país vivan en una Galicia mejor”, dijo la líder del Bloque en sus redes sociales tras conocer el adelanto electoral.

Las escasas encuestas disponibles aseguran que el Bloque seguirá en su remontada y que podría recuperar la tercera posición, superando al espacio de Podemos, EU y las mareas. Ese conglomerado, que fue segunda fuerza en las últimas elecciones autonómicas bajo las siglas de En Marea, ha sufrido todo tipo de avatares durante la legislatura y llega a las elecciones rodeado de incógnitas.

Un rupturismo sin candidatura y pendiente de confluir

Con el adelanto electoral, Feijóo coge al espacio rupturista dividido y sin liderazgo claro para las elecciones de dentro de apenas cincuenta días. Los socios de Unidas Podemos, aliados bajo la marca Galicia en Común, mantienen en las últimas semanas contactos con Anova, la formación liderada por Xosé Manuel Beiras, y también con referentes de las mareas municipales como la coruñesa Marea Atlántica o la santiaguesa Compostela Aberta.

Las llamadas a la confluencia se suceden, pero fuentes de todas las partes admiten la dificultad de un acuerdo. Nombres como los de los exalcaldes de Santiago Martiño Noriega y A Coruña Xulio Ferreiro o el del secretario general de Podemos Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino, están sobre la mesa de unas conversaciones en las que no faltan los recelos organizativos e ideológicos y donde nadie, al menos de momento, se atreve a afirmar que no vaya a haber dos candidaturas diferentes de lo que, a priori, es un mismo espacio político.

En el tablero hay todavía una pieza más, la En Marea de Luís Villares, antiguo candidato de consenso que ha terminado con cinco escaños en el grupo mixto del Parlamento. Villares muestra disposición a presentarse en la que sería una cuarta opción por la izquierda. Por el momento, celebra que la ciudadanía “tenga la palabra” y, entre apelaciones a llegar a acuerdos, asegura que su decisión llegará “en breve”. De cómo se reorganice el espacio, y de la rapidez que tenga para hacerlo y elegir un líder, dependerá mucho un eventual cambio.

Ante una expectativa apretada, la mayoría y el Gobierno pueden jugarse en un puñado de votos. En el PP saben que la irrupción de Vox pondría en grave peligro su objetivo. En la izquierda conocen bien las consecuencias de la fragmentación con un sistema electoral, el gallego, en el que el umbral para conseguir representación sube al 5% por una decisión de Fraga que fue derogada.

Incógnita despejada. El electorado gallego estará llamado a renovar la composición de su Parlamento el próximo 5 de abril, según ha podido confirmar Praza.gal. Como en las dos anteriores ocasiones en las que le correspondió la responsabilidad de convocar los comicios, Alberto Núñez Feijóo acaba de secundar la fecha elegida por el lehendakari del Gobierno vasco y da por agotada la legislatura unos meses antes de lo previsto para coincidir en el 5A y pocas semanas después de que el PP gallego insistiese en que su intención pasaba por llegar al final del mandato, que terminaría en septiembre.

Con la cuestión de su cuarta candidatura a la Xunta todavía por despejar -si bien todos los mensajes que ha lanzado en las últimas semanas en clave interna y externa apuntan a que repetirá-, Feijóo lanza definitivamente una carrera electoral en la que el PP tiene el reto de retener el Gobierno. O, lo que es lo mismo, de mantener una hegemonía que en este 2020 supondría un fenómeno todavía más inédito en el contexto estatal del que ya lo fue en 2016.

Tras una segunda mitad de la legislatura marcada por el cambio de color político en el Gobierno de España y el fuerte declive del PP a nivel estatal, erosionado primero por Ciudadanos y después por la extrema derecha de Vox, el PP aspira a mantenerse en unos niveles de voto en elecciones gallegas que no han bajado del 45% desde hace tres décadas, cuando en la primera victoria de Manuel Fraga su ajustada mayoría absoluta llegó tras sumar un 44% de los sufragios.

Entre los múltiples interrogantes que se abren ahora destaca la vinculada a conocer si la fragmentación de la derecha que ha caracterizado los últimos comicios generales llega también a los gallegos. No en vano, la pérdida de apoyo ciudadano que el PPdeG ha padecido en las citas electorales de 2019 ha tenido mucho que ver con el trasvase de sufragios a Ciudadanos y Vox, aunque la formación entonces liderada por Albert Rivera perdiera en noviembre los dos escaños en el Congreso que logró en abril por A Coruña y Pontevedra y el partido de la extrema derecha no llegara a obtener representación.

Las formaciones de la izquierda, por su parte, aspiran otra vez a que el PP pierda la mayoría absoluta y ahora lo hacen con una prevención añadida: que esa eventual bajada del umbral de los 38 escaños no se vea compensada con la llegada de un socio por la derecha, Vox, que pudiera sustentar un nuevo Gobierno de los populares pero con un giro más conservador.

En lo que va de siglo, la mayoría de la izquierda en el legislativo gallego sólo se ha producido en una ocasión y por la mínima, cuando en 2005 el PP de Manuel Fraga bajó de los 41 escaños logrados en el 2001 hasta quedarse en 37, dando lugar al pacto de Gobierno de PSdeG y BNG. Cuando el Ejecutivo de coalición pasó por las urnas en 2009, el PP logró arrebatarle un escaño al Bloque en la provincia de A Coruña y esos 38 escaños eligieron presidente a Feijóo, que en 2012 y 2016 regresó a los 41 escaños de Fraga en el 2001 mientras las bancadas de la izquierda experimentaban sucesivas recomposiciones, pero sin aumentar su representación.

Como hace un año, Santiago se volvió a llenar en defensa de la sanidad pública. Miles de personas –incluso más que hace doce meses– han ocupado este sábado las calles compostelanas acudiendo a la llamada de SOS Sanidade Pública en una marcha “contra el deterioro” del sistema sanitario gallego. Lo han hecho en una movilización apoyada por toda la oposición, que ha vuelto a hilar un discurso unánime contra la gestión de Núñez Feijóo, a quien el conflicto sanitario se le ha vuelto a echar masivamente a la calle a poco de unas elecciones autonómicas.

Con el cierre del paritorio de Verín y su posterior reapertura todavía muy vigente, fue ese conflicto uno de los protagonistas en las pancartas y manifiestos. “Rubial dimision”, en referencia al gerente del Servicio Gallego de Salud (Sergas) en el área ourensana, “Feijóo dimisión” o “Feijóo, ruin, no vuelvas por Verín” han sido algunas de las consignas en una marcha que ha mostrado una indignación por el deterioro de la atención sanitaria en los últimos años, común en muchas comarcas de Galicia. “Zas sin recortes en pediatría”, “En defensa de la sanidad pública de A Mariña” o carteles por la atención en O Piornedo se han visto por las calles de Santiago, donde se han juntado jóvenes, mayores y familias.

“Contra el desmantelamiento de la sanidad pública gallega”, rezaba la pancarta tras la que se colocaron líderes o figuras relevantes de los partidos de la oposición y de los principales sindicatos gallegos en una marcha apoyada por montones de colectivos sociales, ciudadanos y en defensa del sistema sanitario. Todo marcado por un conflicto permanente, con las denuncias de los defectos en la atención pediátrica, de la precariedad del personal, de la falta de recursos o de la saturación de las Urgencias más vivas que nunca y, sobre todo, impulsado por el cierre del paritorio de Verín, con alusiones constantes en toda la manifestación, y la desatención acentuada fuera de las áreas urbanas. “La gente del rural también tenemos derechos”, se ha clamado varias veces.

En una plaza de la Quintana desbordada a pesar de la lluvia, en la lectura del manifiesto final, los organizadores advirtieron de que la “gran manifestación” de este domingo “debe ser el comienzo de una movilización continuada que conduzca a un cambio de gobierno, sin la cual la sanidad pública gallega está condenada al deterioro y posterior desaparición”.

Leído por Quico Cadaval, Lucía Aldao, María Lado y la portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Monterrei, Aurora Sola, el manifiesto destaca que la sanidad pública gallega “sigue en peligro”. “Están saltando todas las alarmas”, han dicho, tras recordar que hace un año la misma plaza se llenó también por los mismos motivos y contra la Ley de Salud.

“La Xunta de Feijóo sigue haciendo oídos sordos a este clamor y sigue empeñada en transformar el sistema sanitario en una oportunidad de negocio para las empresas multinacionales y los fondos de inversión”, advirtieron, tras señalar que “la universalidad, la equidad, la accesibilidad, y la eficiencia deben ser las señales de identidad de nuestro sistema sanitario público”.

Para los organizadores, son varios los motivos que sacaron a la calle de nuevo a miles de personas. Entre ellas, la decisión de la Xunta de “supeditar la Atención Primaria a las gerencias hospitalarias, controladas por burócratas al servicio de Feijóo y del PP” y que supusieron, dicen, “importantes recortes de personal, presupuestos y equipación, en los centros de salud, que perdieron calidad y capacidad resolutiva, mientras que la población enferma debe esperar días o semanas para ser atendida”.

“Por consecuencia lógica de este deterioro ha surgido la rebelión del personal de la Atención Primaria y el apoyo de la población”, explican, tras denunciar “la congestión de las urgencias, la presión irracional sobre las consultas hospitalarias, el crecimiento de los seguros privado y unas listas de espera que, aunque maquilladas, no dejan de crecer”, añaden.

“Llegó el momento de poner en el centro del sistema una Atención Primaria que cuente con los equipos de profesionales y de los recursos necesarios”, piden, tras reclamar también que se oferten “urgentemente” todas las plazas de todas las especialidades “que garanticen una Atención Primaria Integral y que responda a los problemas de salud de la población gallega”.

“El pueblo, cuando se une, es capaz de vencer al poder”

No faltó, por supuesto, la alusión al cierre del paritorio de Verín. Así, Aurora Sola recordó que se “suprimieron áreas sanitarias y se están desmantelando los hospitales comarcales, en los que se siguen cerrando servicios y en los que faltan profesionales, situación que está alejando la población rural de la atención hospitalaria e incrementando la desigualdad, en detrimento de las áreas más pobres, envejecidas y con problemas de comunicaciones y desplazamiento”. Para SOS Sanidad Pública, la supresión durante dos meses de la atención a los partos en la comarca de Monterrei fue “el ejemplo palpable de esta política”.

“Con el subterfugio de que faltan pediatras y desciende el número de nacimientos, se ha pretendido dejar a miles de mujeres del área rural sin un servicio que garantice dar a luz en condiciones de seguridad sin tener que desplazarse a kilómetros de su residencia”, explican, tras advertir que la decisión “puso en evidencia una política sanitaria que no tiene en cuenta las desigualdades de género”. Pero también dejó claro, recuerdan, “que el pueblo, cuando se une, es capaz de vencer al poder”. “Resultan patéticos los cambios de argumento de Núñez Feijóo a lo largo del conflicto para justificar el cierre, que muestran falta de solidez y de racionalidad de su política sanitaria”, han añadido.

Respecto a las listas de espera, los organizadores de la marcha censuran que el Sergas sigue sin publicar las “no estructurales” y denuncian que estas listas “sirven de justificación, para enviar, muchas veces contra su voluntad, miles de pacientes a hospitales personales concertados bajo la cínica Ley de Garantías”.

También pone el foco SOS Sanidade Pública en el “deterioro” de las condiciones laborales de los y de las profesionales del Sergas hasta “acabar en una contratación que se puede catalogar como basura”.

Desde la entidad destacan, a pesar de todo, “la entrega y la profesionalidad” de un personal “maltratado, descontento y frustrado” que “suple los problemas asistenciales generados por los recortes, mala gestión y privatización de esta administración del PP”. “Galicia necesita de unas autoridades sanitarias capaces de poner en práctica una política de personal incentivadora, basada en la racionalidad y en unas condiciones laborales justas”, remataron los organizadores, que aclaran que seguirán “negociando” pero también “en las movilizaciones”.

También han denunciado “la manipulación de la CRTVG en el tema sanitario”, antes de “saludar” a Defende A Galega, colectivo del personal movilizado en los medios públicos, a los que acusaron de colaborar, por ejemplo, en el “engaño” del conflicto del paritorio y de servir de “portavoz del PP”. Todo tras finalizar la marcha al grito de “sanidad pública y de calidad” y con dos comitivas, bien diferenciadas, casi en solitario cuando la plaza se vaciaba: las enfermeras de Eventuais en Loita y la ciudadanía de Verín.

“Que quede bien claro que, por mucho que digan, nada de esto se habría conseguido sin la movilización social”. Quien habla es Aurora Sola, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei y uno de los rostros de la movilización ininterrumpida que, durante dos meses, se ha opuesto al cierre del paritorio del hospital comarcal de Verín, el mismo que Alberto Núñez Feijóo había inaugurado en 1994 como máximo responsable del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a las órdenes del entonces conselleiro de Sanidade, el histórico del PP Jose Manuel Romay Beccaría.

Ambos, Feijóo y Romay, habían ensayado en este hospital comarcal el fracasado modelo de fundaciones sanitarias que después exportarían a otros puntos del Estado desde el Gobierno de Aznar. A esa experiencia como gestor sanitario suele apelar Feijóo para desacreditar las críticas de la oposición, sindicatos o plataformas vecinales en las diversas protestas que emergen en la sanidad pública gallega desde hace años.

“Hay gente que lleva veinte años deteriorando la imagen de la sanidad pública y diciendo que hay recortes, yo intento llevar veinte años protegiendo la sanidad pública”, afirmaba ante las críticas por unos conflictos que el propio Gobierno gallego está intentando aplacar a base de rectificaciones antes de las elecciones gallegas más inciertas de la última década. Rectificaciones ante movilizaciones sociales que tienen en Verín su caso más paradigmático, pero que van más allá del ámbito sanitario.

De la falta de “pericia” a la búsqueda acelerada de pediatras

A finales de noviembre de 2019 el propio Feijóo y otros cargos de la Xunta presentaron como prácticamente inevitable el fin de la atención a los partos en Verín. La caída de la natalidad en la comarca había provocado una pérdida de “pericia” al personal de modo que dar la luz en Verín entrañaba demasiado “riesgo”. Para avalarlo, aludían a guías clínicas que no recomiendan atender partos en hospitales con menos de 600 nacimientos al año, volumen que nunca se ha registrado en el hospital de Verín ni en ningún otro centro sanitario comarcal de Galicia.

“Un parto no es un infarto”, defendió el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para restar importancia a que las madres de la comarca de Monterrei pasaran a ser atendidas en Ourense para dar a luz, una “incomodidad” en palabras de Feijóo. Ambos pusieron el foco poco después, no obstante, en la falta de pediatras como causa del cierre. 

A mediados de diciembre y con las protestas arreciando desde fuera del PP, pero también desde dentro del propio partido en el trascendental granero de votos de Ourense, el presidente de la Xunta ya se mostraba dispuesto a “reabrir” el paritorio si aparecían pediatras. Esa búsqueda fue poco después encomendada a una doctora jubilada recuperada como gerente del hospital tras la dimisión del anterior responsable. Dos meses y muchas versiones después, esta semana el paritorio verinés volvía a estar oficialmente operativo y ya han nacido allí dos bebés sin que la Xunta haya aplicado, al menos de momento, el “consentimiento informado reforzado” que había anunciado.

Atención a infartos 24 horas una década después

La rectificación en Verín ha sido paralela a otra, también en la sanidad y también en la provincia de Ourense. A finales de enero el propio Feijóo acudió al hospital de la capital de la provincia para anunciar la apertura de la sala de hemodinámica del complejo con horario ininterrumpido. Es decir , que la atención a infartos y otras dolencias semejantes ha pasado a estar disponible las veinticuatro horas del día.

Culminaba así la rectificación ante una demanda que databa de una década antes, cuando el expresidente socialista Emilio Pérez Touriño había inaugurado el servicio prometiendo ampliar el inicial horario de oficina. Ese mismo horario, de 8 a 3 y de lunes a viernes, fue el implantado al abrir en 2014 la hemodinámica del hospital de Lugo, prometida por Feijóo para 2011. Tras ocho años de protestas, en febrero de 2019 comenzaba la atención veinticuatro horas a los infartos en Lugo, reavivando una reivindicación ourensana que finalmente ha sido atendida en 2020.

A pesar de la rectificaciones como estas y otras a nivel local de menor impacto, el Sergas sigue inflamado. Sucede en colectivos como el de las Enfermeras Eventuais en Loita, a punto de cumplir un año de movilizaciones, o entre personal de los centros de Atención Primaria, cuyo malestar la Consellería de Sanidad ha querido calmar en el último año proponiendo hasta tres planes distintos.

Casi tres años en la calle contra la mina de Touro

Los conflictos sanitarios se han echado a la calle en los últimos años y lo mismo ha sucedido con el movimiento vecinal y ecologista contra la mina de Touro-O Pino, una antigua explotación de cobre cercana a Santiago que funcionó con fuerte impacto ambiental entre los años 70 y 80 del siglo pasado y que la compañía Cobre San Rafael pretendía volver a explotar.

Movilizaciones locales de pequeña dimensión, pero también marchas multitudinarias como la del pasado 2018 en Santiago, reclamaron durante más de dos años a la Xunta no autorizar la mina de Touro. Estaban en peligro, alertaban, desde las explotaciones ganaderas y agrícolas de la zona más próxima a la explotación –todavía afectada por las operaciones mineras de hace cuatro décadas– hasta los bancos marisqueros de la ría de Arousa a causa de la contaminación que reabrir la mina provocaría en varios ríos.

La inquietud fue una constante en la zona hasta finales de enero, cuando la larguísima tramitación de los permisos de la mina culminó con una declaración de impacto ambiental negativa. El Gobierno gallego asegura que se ha limitado a cumplir la normativa ambiental; pero en la Plataforma Mina Touro-O Pino tienen claro que se trata de una rectificación en toda regla en la que la movilización social ha sido clave. “Ha sido un aviso a los gobiernos, hay que contar con quien vive en la tierra”, resumen.

La Xunta cierra así, en vísperas electorales, otro incómodo frente de protestas con epicentro en una provincia, la de A Coruña, que elige veinticinco diputados del Parlamento gallego, un tercio del total. El paso de un único escaño en esa circunscripción de la izquierda del BNG a la derecha del PP permitió a Feijóo en 2009 ser presidente de la Xunta por primera vez tras unos comicios que se presentaban con un resultado, al menos, tan incierto como los de este 2020.

El próximo julio comenzará en A Coruña el juicio por la propiedad del Pazo de Meirás, en el que la Abogacía del Estado intentará demostrar, con el apoyo de instituciones como la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Sada -personados en la causa-, que el histórico recinto es propiedad pública y por eso debe dejar de estar en las manos de los herederos de Francisco Franco. Los representantes de la familia del dictador han ampliado su catálogo de argumentos para intentar hacer ver que el pazo es suyo: Franco, dicen, pagó un seguro e impuestos por Meirás.

Como publica la Cadena SER, entre la documentación que los abogados de los Franco han aportado al proceso judicial para intentar acreditar la propiedad del edificio figura una póliza de seguros contra incendios datada en el 28 de abril de 1940 -dos años después de que el general golpista 'tomara posesión' de Meirás, pero un año antes de su supuesta compra- que cubría daños por hasta un millón y medio de pesetas de la época. La póliza implicaba el pago de 3.456 pesetas anuales a la compañía Covadonga -comprada por Aegón en 1999- durante una década y fue renovada en 1959, con más coberturas y cuota de 4.788,15 pesetas.

Según la documentación revelada por la SER, los abogados de la familia de Franco también han presentado justificantes de pago de impuestos vinculados al pazo para hacer ver que el dictador lo trataba como propiedad privada y no pública. Así, por ejemplo, aportan extractos de pago por rendimientos agrícolas de fincas pertenecientes a los terrenos de Meirás en 1958. También facilitan copias de impuestos de 1959, aunque según la misma información, en ese caso se indican propiedades en la provincia de A Coruña, ya sin especificar si se trata o no del Pazo.

Con estos papeles, los abogados de los Franco intentan contrarrestar los documentos aportados por la Abogacía del Estado. Entre ellos, un documento clave que permaneció archivado durante décadas en pleno centro de A Coruña, en el Archivo Histórico de Protocolos del Colegio Notarial de Galicia, de cuya existencia se sabía por diversas investigaciones históricas, pero que no se había llegado a hallar. Con él, la Abogacía estatal y el resto de instituciones que defienden la devolución del Pazo dan por acreditado que la supuesta compra por parte de Franco no fue más que un fraude.

Así, la denominada Junta Pro-Pazo, formada por figuras franquistas, se hizo con el edificio comprándoselo por unas 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán. La operación fue financiada mediante una recaudación poco después del golpe que incluyó desde deducciones en las nóminas de funcionariado de la provincia coruñesa hasta patrullas de falangistas por las casas.

La “donación” a Franco, que incluso había sido publicitada en la prensa de la época, se produjo en 1938 mediante un documento privado. Pero en mayo de 1941 se celebró un nuevo contrato de compraventa entre Franco -representado por Pedro Barrié de la Maza, propietario del Banco Pastor y activo colaborador con los franquistas tras el golpe- y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán.

Según la Abogacía del Estado, en esa escritura se creó “la apariencia de que Francisco Franco adquiría el mismo inmueble por 85.000 pesetas”, una cantidad que ven “irrisoria”. En ese momento, Franco ya ostentaba la condición de “Jefe del Estado” tras el triunfo del golpe y lo utilizaba con tal condición. No obstante, los abogados de los herederos pretenden demostrar que, en realidad, Franco lo financiaba todo de su bolsillo.

Fin de una era en la política y en la judicatura en Galicia. La jueza Pilar de Lara ya no es la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, desde el que instruyó durante la última década casos tan mediáticos como la operación Carioca, contra una red de explotación sexual, o causas de presunta corrupción que convulsionaron en estos años la política gallega como Garañón, Cóndor y, muy especialmente, Pokémon.

Coincidiendo con la reunión del Consejo General del Poder Judicial en Pontevedra, fuentes judiciales confirman que desde este 30 de enero es efectiva la suspensión de siete meses que el órgano de gobierno de la judicatura española ha impuesto a De Lara por “una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias”. La misma que el Tribunal Supremo descartó suspender hace pocos días y que implica la pérdida de su destino en Lugo por ser una sanción superior a los seis meses de duración.

De Lara se ve obligada a abandonar su plaza en Lugo apenas una semana después de haber rechazado la petición de la Fiscalía para dividir en hasta una treintena de piezas el asunto central del que fue uno de sus casos estrella, la Operación Pokémon, de cuyos primeros pasos se cumplirán nueve años el próximo abril. En un profuso auto de más de 500 páginas, la magistrada aseguraba estar, ahora sí, a punto de cerrar una instrucción que en estos años se llevó por delante a cargos políticos de colores diversos y que acumula más de doscientas personas investigadas. 

El último auto sobre Pokémon

En ese auto, al que ha tenido acceso Praza.gal, la jueza de día respondía a un escrito del hasta ahora último fiscal del caso Pokémon, Manuel Lamas. En él, el representante del Ministerio Público había solicitado esa división de la pieza central de la causa. Es la que afecta al grupo de empresas Véndex, al que De Lara sitúa en el centro de una presunta trama corrupta de adjudicaciones irregulares, comisiones ilegales o sobornos, entre otros delitos.

Para el Ministerio Público, no está “justificado” mantener una única causa que derivaría en un juicio “con unos 250 acusados” entre los que no ve conexión. De Lara respondió a esa petición en un auto tan amplio en extensión como duro contra los argumentos del fiscal, a cuya petición sólo accede en dos ramas del caso, las que afectan a un ayuntamiento catalán y a otro balear. En el mismo dejaba entrever su intención de enviarlo a juicio incluso antes de que fuera efectiva la sanción, algo que ya no sucederá, porque el caso ya no depende de ella.

Según ese auto, para De Lara los argumentos del fiscal “no dejan de ser sorprendentes” porque “suponen una desviación del criterio” sostenido hasta ahora “por los diferentes fiscales que han llevado la causa”, de “cuyo razonamiento uniforme se aleja radicalmente”, reprocha. Así, ejemplifica, cuando en el año 2013 emitió un auto desgranando los presuntos delitos ligados a Véndex dentro de Galicia, Fiscalía no había recurrido.

“No se acaba de entender -reprocha la jueza- en qué criterios fácticos y jurídicos se basa ahora el fiscal” para que “lo que según sus propios compañeros era 'organización' y 'concierto” entre los diferentes hechos atribuidos a Véndex, “ahora, deje de serlo”. Además, resalta, “resulta insostenible” que la Fiscalía “haya tardado tantos años en advertir una supuesta falta de conexidad entre los hechos investigados” agrega antes de atribuir al escrito del Ministerio Público diversos errores en la descripción de los hechos.

En este punto, De Lara dedica más de 400 páginas a “resumir, con el suficiente grado de concreción, la actividad investigada” de un caso que ocupa más de 100 tomos y en el que advierte hasta 17 conductas delictivas diferentes. Ella no duda de la “existencia de una auténtica organización que responde a una estructura jerarquizada y a una misma política empresarial consistente en la obtención de concursos de manera presuntamente ilícita en connivencia con autoridades y funcionarios públicos a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores” en múltiples ayuntamientos.

“No podemos analizar las conductas cometidas aisladamente” en un caso que “no puede separarse por tramas, como pretende el fiscal”, dice la jueza. En este sentido, recalca que “como es lógico y normal, para poder cometer delitos contra la administración pública, los empleados de Véndex recurren a distintos funcionarios y autoridades”. Pero esto no es suficiente, cree, para fragmentar el caso.

Además, considera, repartir la instrucción por hasta 32 juzgados de toda Galicia sería “injusto” para los acusados  y “abocaría a la impunidad” una de las acusaciones, la de “asociación ilícita” que atribuye a los responsables de Véndex. Además traería consigo nuevas “dilaciones” del proceso, cree. Esas dilaciones, precisamente, han sido uno de los argumentos del Poder Judicial para imponerle una sanción contra la que prevé interponer un recurso que, previsiblemente, tardará más de un año en resolverse.

“Qué morro, qué jeta y qué cara”. El pasado jueves el presidente de la Xunta se expresó de este modo durante la respuesta a un periodista que le había preguntado sobre los fondos de la financiación autonómica que el Estado no ha transferido a Galicia -198 millones bloqueados por la reforma del IVA aplicada por el Gobierno de Rajoy en el año 2017 y todavía no compensados-.

El tono de la respuesta, en la que Alberto Núñez Feijóo acabó mofándose de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descalificando como “gracietas” sus explicaciones al respecto, es un buen termómetro de los meses que faltan hasta que el propio Feijóo firme el decreto de disolución del Parlamento de Galicia y convocatoria de elecciones.

A la legislatura gallega le quedan, como máximo, unos siete meses. En los círculos políticos surgen cada semana los rumores de adelanto electoral -en los últimos días se ha hablado del 19 de abril o de varias fechas de mayo para la cita con las urnas-. También surgen reflexiones sobre una cuarta candidatura de Feijóo que parece inevitable y  composiciones de lugar sobre la manera en que se articularía una coalición de izquierdas en la Xunta si el PP pierde la mayoría absoluta y una eventual representación de la extrema derecha de Vox no le resulta suficiente para retener el poder.

De cualquier modo, la carrera está lanzada y la maquinaria partidaria más potente de Galicia, la del PP, ya está a pleno rendimiento y aferrada a una idea fuerza: el Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos castiga a Galicia y le resta inversiones para dárselas al independentismo catalán. Una -pequeña- muestra de esto es la jornada organizada por el PP el pasado fin de semana, en la que el partido propició encuentros de sus diputados y diputadas con los miembros del Gobierno gallego para que exalten las medidas del gabinete de Feijóo por toda la comunidad.

La parte pública del acto finalizó con un mitin de Feijóo a los suyos, un relatorio de lo que el PP señala como agravios del PSOE -pero también de Unidas Podemos y del BNG- a Galicia en materia de financiación u obras del AVE, entre otras. A saber: el nuevo Gobierno de España “ha perdido la dignidad con los independentistas y la vergüenza con los gallegos” y hace que “resulte efectivo cometer delitos” .

En clave interna, quien es presidente de la Xunta desde hace 11 años reiteró su apelación a la “moderación”. El PPdeG no está sometido a “imposiciones minoritarias” ni a las “posiciones extremas”, advirtió. Y además, “nuestra comunidad tiene su propia agenda y prioridades”, proclamó en un acto en el que la palabra “Galicia” era más visible que las siglas “PP” y tras el que el servicio de prensa de la formación distribuyó una imagen de su líder ante una pantalla gigante mostrando una enorme bandera gallega. Todo esto en un contexto en el que, no obstante, parece difícil que pueda evitar la presencia de Pablo Casado en Galicia a medida que se acerque la cita con las urnas.

Iniciativas parlamentarias dirigidas al Gobierno central

Muestra de la importancia que el PP otorga a la confrontación con el Gobierno central en su estrategia preelectoral son sus prioridades en el pleno que este martes comienza en el Parlamento de Galicia, el primero de 2020 y también el primero del que se presenta como último período de sesiones de la legislatura. En él, cuatro de las cinco iniciativas planteadas por los populares van dirigidas al Gobierno central y a ellas se añade una comparecencia del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dedicada explícitamente a desgranar peticiones al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

El PP defenderá proposiciones no de ley para “demandar al Gobierno central con el fin de simplificar el proceso de retorno de los españoles y de sus familias” y para “exigirle la convocatoria urgente de la Mesa de As Pontes” sobre el cierre de la térmica de Endesa en esa localidad. En el turno de preguntas al Gobierno, el PP propiciará que varios conselleiros se pronuncien sobre “lo anunciado por el Gobierno del Estado en materia energética” y con relación a la “decisión del Gobierno español de dejar sin servicio de venta de billetes presenciales” varias estaciones de tren.

La única iniciativa del PP en el pleno que no está vinculada al Gobierno de España es una pregunta destinada al conselleiro de Sanidade sobre uno de los principales focos de conflicto para la Xunta en los últimos meses, el hospital de Verín. La han concebido para que Jesús Vázquez Almuíña hable de la “previsión, por parte del Gobierno gallego, de actuaciones de mejora” en este centro sanitario de la comarca de Monterrei.

Los 198 millones de euros de la recaudación del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno de España no ingresó a Galicia por la aplicación en aquel mes de la reforma de la gestión del impuesto aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy está centrando la pugna del gabinete de Alberto Núñez Feijóo frente a la coalición del PSOE y Unidas Podemos. El hecho de que el Ministerio de Hacienda haya activado esta semana la financiación autonómica de 2020 -algo más de 7.000 millones para Galicia- sin compensar ese dinero perdido le sirve a la Xunta del PP para, a escasos meses de las elecciones gallegas, reforzar su discurso de un ultraje a Galicia por parte de los socialistas con independencia del origen de la deuda, toda vez que su resolución depende ahora de ellos.

En este escenario, y cuatro meses después de que el PP votara en el Parlamento autonómico contra una iniciativa en la que el BNG apostaba por reclamar en los tribunales todos los fondos estatales pendientes, el presidente de la Xunta ha amagado en los últimos días con hacerlo. “Cuando tengamos la decisión hilvanada, lo diremos”, “si está adecuadamente argumentada, la haremos pública de inmediato”, consideró este jueves tras advertir de que el actual Gobierno debe “pagar las facturas a las comunidades autónomas y no a los independentistas” y después de señalar que la justificación que ofrece para no completar el pago la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reduce a “gracietas”. “Qué jeta, qué morro y qué cara”, proclamó en su respuesta a la prensa tras el Consello da Xunta.

Feijóo subraya que Montero se “comprometió en agosto de 2018” a “arreglar en 2019” un agujero cuyo origen se remonta a julio de 2017. El entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, puso en marcha el conocido como Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, pensado para controlar en tiempo real los ingresos de este tributo por parte de grandes empresas. Entre las contrapartidas por ese mayor control estuvo que la recaudación por IVA pudiera ser ingresada hasta el día 30 de cada mes, y no con el 20 como límite, como hasta ese momento.

Esos diez días a mayores provocaron que el IVA de diciembre de 2017 llegara a las arcas estatales en enero de 2018. Esa es la razón por la que para computar la parte que corresponde a las autonomías (50% de lo recaudado) se tuvieran en cuenta sólo 11 meses y no 12, como correspondería en un año normal.

Medio año después de esa disfunción -que sólo sucedió ese mes-, la moción de censura desbancó al Gobierno de Rajoy y elevó a Pedro Sánchez a la presidencia. En el inicio del mandato, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que buscaría una solución al problema -que suma unos 2.000 millones para el conjunto de las autonómias- y así lo transmitió a mandatarios autonómicos como el propio Feijóo en unos meses en los que el PP gallego comenzaba a agitar el problema. Según el PPdeG, lo que sucedía era que Pedro Sánchez en persona “recortaba 200 millones a los gallegos para dárselos a los independentistas catalanes”.

La solución avanzada por Montero llegó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que, explicado en términos simples, computaban trece ejercicios del IVA en vez de doce para así compensar el mes perdido y hacerlo, además, en el plazo de dos años contemplado en el vigente sistema de financiación autonómica. Pero esos Presupuestos ni siquiera llegaron a debatirse en el Congreso porque triunfaron las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP, Ciudadanos, PDeCAT, ERC, Coalición Canaria y Foro Asturias.

De la técnica a la política en un sistema caducado

Las cuentas fueron tumbadas y el adelanto electoral se precipitó. Y los canales ordinarios para satisfacer la deuda, 198 millones en el caso gallego, entraron en el tiempo de descuento mientras se barajaban vías alternativas como un préstamo estatal sin intereses a las autonomías que después sería compensado. Pero esas alternativas no han llegado a concretarse y ahora la ministra Montero esgrime que la deuda ya ha caducado, porque “el daño de 2017 se tenía que haber reparado en 2019”, en las cuentas públicas que decayeron.

Es en este marco en el que una cuestión técnica, la repercusión en un único mes -diciembre de 2017- de un cambio de gestión del IVA para hacerlo más preciso, se ha convertido en política. El cambio de color político en el Gobierno de España ha permitido al PP gallego hacer bandera de la deuda sobre la teoría de que, en realidad, de lo que se trata es de los socialistas castigando a Galicia por tener un gobierno de signo conservador.

Esta disputa tiene como telón de fondo una cuestión mucho menos atractiva política y mediáticamente que el discurso de los agravios mutuos. Los ingresos por IVA y todos los demás recursos estatales que llegan a las autonomías se rigen por un sistema que lleva seis años caducado. Ahora, el nuevo Gobierno central dice tener entre sus prioridades concluir su reforma en un momento en el que, si el Gobierno de Rajoy hubiese cumplido la ley en este aspecto, tendría que estar concluyendo la revisión de la financiación autonómica del período 2015-2020, que nunca se aprobó.

Hace años que era más que una hipótesis de trabajo y el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, ya la había concretado durante las obras de restauración de la fachada de la Praza do Obradoiro: la pirotecnia de los fogos do Apóstolo que se lanzan en la noche de cada 24 de julio no iba a regresar “nunca más” al emblemático emplazamiento. Ese espectáculo se convirtió en tradición con el paso de los años e incluso de los siglos, pero también es una agresión al patrimonio con aún menos sentido, si cabe, tras unos millonarios trabajos de restauración financiados en gran parte con dinero público y concebidos para proteger todavía más el templo.

Con este telón de fondo, el Ayuntamiento de Santiago acaba de presentar su plan de Actuaciones urgentes en el entorno de la Catedral y zonas anexas de la Ciudad Histórica, un proyecto que tiene como horizonte el Xacobeo 2021 que abarca actuaciones que van desde la accesibilidad a la situación de paradas de autobuses. Pero que también incluye una decisión más inmediata: los fuegos del Apóstol salen definitivamente de la Praza do Obradoiro. No van a regresar a la Catedral tras el fin de las obras, donde la tradición de los fuegos se remonta a hace casi cinco siglos. Pero tampoco se van a repetir en el Pazo de Raxoi, sede del consistorio y de dependencias de la Xunta, desde donde han sido lanzados en los últimos años.

En la noche del 24 de julio seguirá habiendo espectáculos audiovisuales en el Obradoiro, pero sin pirotecnia. La razón la resume el propio plan: el lanzamiento de los fuegos “ocupando parte de la fachada occidental de la Catedral y las cubiertas del Pazo de Raxoi ha provocado daños en la fábrica de la piedra de la Catedral y también en los canalones y revestimientos de teja de las cubiertas” del Pazo. Según el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, sólo los fuegos de 2019 provocaron daños en Raxoi por importe de unos 700.000 euros.

“A efectos de garantizar la protección del patrimonio cultural resulta imprescindible eliminar la celebración de fuegos artificiales en la fachada de la Catedral y en las cubiertas del Pazo de Raxoi, trasladándola de lugar”, concluye el plan. El propio documento contempla “proponer otra localización” más “adecuada y respetuosa con el patrimonio”. Entre las opciones contempladas dos parques y zonas próximas a ellos “por tratarse de zonas verdes o espacios públicos situados en el entorno de la ciudad histórica y con buena visibilidad”.

Case cinco siglos de 'fogos do Apóstolo'

Las pesquisas históricas sobre el origen de los fuegos del Apóstol remontan la tradición a hace unos 475 años. Una investigación presentada por el Consorcio de Santiago en 2009, obra del profesor de Historia del arte de la universidad compostelana Miguel Taín, sitúa en 1545 la primera “noticia del alumbrado de la plaza” del Obradoiro “con candelas” en la noche del 24 de julio. “Tales luminarias son el precedente más antiguo de los hoy conocidos como fuegos del Apóstol”, explicaba, lo que acredita que tal celebración es incluso anterior a la ofrenda al Apóstol, que la Casa Real española comenzó en el siglo XVII.

Fue, no obstante, en los siglos XVII y XVIII cuando se “consolidó” esta celebración, que en ocasiones estuvo precedida de una corrida de toros en el propio Obradoiro, explica Taín en su trabajo. Ese “espectáculo de luces y fuegos artificiales” pasó a ser conocido como “la quema del castillo” mediante la instalación de recreaciones de una fachada alusivas a momentos históricos vinculados al Apóstol, que eran quemadas mientras se disparaban fuegos artificiales. Desde el siglo XIX el responsable del espectáculo dejó de ser el Cabildo de la Catedral y pasó a ser el Ayuntamiento, que incorporó nuevos diseños y medios. Así por ejemplo, documenta el historiador, en 1852 en el espectáculo ya hubo un foco de luz eléctrica.

Desde finales del siglo XIX y hasta el Xacobeo 1999 lo que se quemó fue “la famosa fachada neomudéjar” y del 2000 en adelante se recuperó el diseño de fachada gótica que había diseñado para el Año Santo de 1897 Daniel García Vaamonde, entonces arquitecto municipal del consistorio. Con independencia de los diseños, todos los espectáculos implicaron la abundante presencia de pirotecnia que, concuerdan todas las partes, resulta especialmente agresiva para el histórico complejo, que en los últimos años ya se ha librado de la pólvora gracias a las obras de restauración.

El anuncio de la decisión ha causado diversas reacciones en la capital gallega, si bien entre en el campo institucional no han surgido discrepancias, dadas las múltiples advertencias que, desde hace años e incluso décadas, existen a sobre  el impacto de la celebración en la Catedral y en Raxoi. En esas reacciones ha habido también lugar para la ironía de la mano del ex alcalde y portavoz de Compostela Aberta, Martiño Noriega. “No quiero ni pensar la de tinta que han ahorrado” algunos medios al no producirse la decisión durante su mandato, ha ironizado.