Próximamente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América deberá pronunciarse sobre una cuestión crucial: si las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas de sexo diferente.

Aunque siempre es aventurado realizar pronósticos, creo que se puede anticipar el sentido de esta esperada decisión jurisprudencial a partir de ciertos datos: jurídicos, unos; y sociológicos, otros. Respecto de estos últimos, interesa destacar, sobre todo, uno: que, según indican las encuestas, a día de hoy, y a diferencia de lo que sucedía no hace mucho tiempo, ya existe una mayoría social en EEUU que apoya la igualdad de derechos de las personas homosexuales, incluido el matrimonio. Aunque las causas que explican esta evolución son variadas, es de justicia reconocer aquí el ingente trabajo desplegado a tal fin por el potente lobby en defensa de los derechos civiles.

La importancia de este dato sociológico radica en el hecho de que el matrimonio, como institución, ha experimentado una modificación sustancial en sus perfiles clásicos. La juez Ginsburg supo verlo claramente, y así lo manifestó en la fase oral de exposición de argumentos, celebrada el pasado 28 de abril, al sostener que “hubo un cambio en la institución del matrimonio para hacerla igualitaria cuando no lo era” (“There  was a  change in the institution of marriage to make it egalitarian when it wasn't egalitarian”), o que “hemos cambiado nuestra idea de matrimonio” (“We have changed our idea about marriage”), rebatiendo así los argumentos de quienes muestran su preocupación porque una institución milenaria como esta cambie su definición. De hecho, a lo largo de la historia, tal definición ha ido cambiando, por ejemplo, y hasta no hace mucho, en relación con la posición que ocupan las mujeres con respecto a sus maridos en el seno de dicha institución matrimonial, o por lo que se refiere a la posibilidad de las uniones interraciales, antes prohibidas. Si esto ha sido ya así, ¿por qué no va a poder volver a cambiar ahora esa definición de matrimonio en Estados Unidos, admitiendo la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraerlo, más aún cuando en numerosos países, pertenecientes al mismo ámbito cultural, esto ya ha sucedido con plena normalidad?

Con todo, estos datos sociológicos, por mucha importancia que tengan, que la tienen, sobre todo porque, según se ha señalado, ponen seriamente en duda que la definición del “matrimonio” como institución sea atemporal, en el sentido de que no haya experimentado evolución alguna, han de ser contrastados con los argumentos jurídicos, para descubrir, en primer lugar, si existe algún obstáculo normativo que impida aceptar la legalidad (en el sentido de constitucionalidad) de esta clase de unión, a fin de poder después indagar si de la propia Constitución es posible derivar la exigencia de tal posibilidad.

A tal efecto, hay que empezar reconociendo que en Estados Unidos la regulación del matrimonio es cosa de los Estados, no de la Federación. Ahora bien, inmediatamente después nos preguntamos: ¿Se agota ahí la cuestión? ¿Basta con reconocer que cada Estado miembro de los Estados Unidos, en tanto que es el competente para regular el matrimonio, puede hacerlo como desee? ¿Puede quedarse ahí el nivel de la argumentación, como pretende el juez Scalia, a fin de no entrar ya a dilucidar si se puede impedir a personas del mismo sexo contraer matrimonio?

Desde luego, si circunscribiéramos el análisis al nivel competencial, dejando al margen cualquier otra consideración, la respuesta parecería clara: Que cada Estado regule el matrimonio como mejor le plazca. Ahora bien, una vez aceptado que los Estados se encuentran vinculados por el mandato constitucional de igual protección, introducido por la Décimo Cuarta Enmienda, y teniendo en cuenta el uso que el Tribunal Supremo ha hecho del mismo, resulta difícil de imaginar que, a fecha de hoy, este va a desconocer que lo que se dilucida en el caso de que está conociendo es un problema de igualdad, y no de federalismo. En concreto, la igualdad de un grupo social, el de las personas homosexuales y, en su caso, bisexuales, que aspira a ver reconocido el disfrute de un derecho que todavía se le niega en algunos Estados de los Estados Unidos: el derecho a contraer matrimonio en iguales condiciones que las personas heterosexuales.

Esa es, en efecto, la gran cuestión de fondo. Y es que resulta imposible mantener, por un lado, que todas las personas son iguales, con independencia, entre otras cosas, de su orientación sexual, y defender al mismo tiempo que el acceso a la institución matrimonial puede encontrarse vedado a las personas homosexuales (o bisexuales) en ciertos Estados, justificando tal posibilidad en razones competenciales (federales). Si no cabe duda de que un Estado miembro de los Estados Unidos no puede prohibir el matrimonio interracial por razones constitucionales de igualdad, de igual modo que por las mismas razones tampoco puede excluir que dos personas incapaces de procrear puedan casarse, ¿qué razones se pueden esgrimir para que sí se permita una exclusión a tal respecto de las personas homosexuales (o bisexuales)?, se pregunta retóricamente, con toda razón, la juez Sotomayor, quien por otra parte dejó claro que el derecho al matrimonio se encuentra incrustado en el derecho constitucional estadounidense, como derecho fundamental que es (“The right to marriage is, I think, embedded in our constitutional law. It is a fundamental right. We've said it in a number of cases”).

El contenido del matrimonio, como institución, lo configura una serie de derechos (y de obligaciones) que surgen a favor de los casados. Excluir del disfrute de esos derechos (y de la asunción de esas obligaciones) a un grupo de personas por motivo de su orientación sexual carece de fundamento alguno, más aún, cuando, como es notorio, la inclusión de ese colectivo en nada perjudica la posición de que hasta el momento venían disfrutando quienes ya tenían acceso a la referida institución matrimonial.

En un Estado federal, como lo es Estados Unidos, hay que aceptar la existencia de diferencias de trato (y de determinados derechos) derivadas de la distribución de competencias entre el Estado central o Federación y los Estados miembros. Ahora bien, eso no quiere decir que no existan otros derechos o principios frente a los cuales el principio federal deba de ceder. El derecho a la igualdad es uno de ellos (seguramente, el principal). Si a día de hoy, nadie (sensato) duda de que el mismo constituye una barrera infranqueable ante cualquier intento de establecer diferencias de derechos constitucionales entre personas por razón de su origen étnico, ¿cómo es posible albergar esas dudas a causa de la orientación sexual?

Al Tribunal Supremo se le ofrece ahora la posibilidad de contribuir decisivamente a que en el día de mañana nadie (sensato) dude de que la orientación sexual de una persona (o su identidad de género) no puede ser utilizada como motivo que justifique la diferencia de derechos, la discriminación. Por eso, cabe esperar que, en línea con su mejor jurisprudencia sobre la igualdad, jalonada de hitos históricos, no desaproveche esta oportunidad, igualmente histórica, para escribir un nuevo capítulo con letras de oro.

"Si bien el artículo 15 de nuestra Constitución reconoce expresamente que “todos tienen derecho a la vida”, lo que hay que entender es que el mismo, en realidad, lo que protege y garantiza es el derecho a la vida “digna”", asegura Arroyo.

Si bien el artículo 15 de nuestra Constitución reconoce expresamente que “todos tienen derecho a la vida”, lo que hay que entender es que el mismo, en realidad, lo que protege y garantiza es el derecho a la vida “digna” de todos, de lo que cabría derivar la facultad del legislador de reconocer un derecho a la propia muerte en condiciones de dignidad. Me explico.

Como es natural, la vida constituye un presupuesto imprescindible para poder hablar de derechos. Por eso, en nuestro ordenamiento jurídico el “derecho a la vida” se presenta como una suerte de derecho fundamental primario a partir del cual podemos construir (o reconocer) los demás derechos fundamentales (libertad de expresión, derecho a la intimidad, derecho a la educación, etc.). Por otro lado, nuestra Constitución también reconoce en el artículo 10.1 CE que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Aunque sobre lo que sea la dignidad humana ha habido innumerables discusiones y una sobresaliente falta de acuerdo entre los filósofos, los médicos, y, en último término, los propios juristas, dada la indeterminación de una cláusula como esa y su dependencia del contexto histórico y cultural en que se cuestione, lo cierto es que en nuestro concreto contexto histórico, cultural y constitucional, de aquel precepto parece derivarse una conclusión clara: Que todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución están dotando de contenido a la “dignidad de la persona”. O, dicho de otro modo, una persona vive en condiciones de dignidad cuando tiene, en primer lugar, reconocido y garantizado su derecho a la vida (es decir, a continuar viviendo), pero también su derecho a expresarse libremente, al honor y a la intimidad personal, a profesar o no una ideología, etc. En definitiva, todos los derechos reconocidos en la Constitución están orientados a conseguir, de una u otra manera, que la vida de una persona sea digna.

Desde esta perspectiva, sería inimaginable que se produjera algún conflicto entre cualquiera de esos derechos y la cláusula “dignidad de la persona”. Sería un contrasentido que la Constitución amparase un derecho a la libertad de expresión en condiciones indignas, o un derecho de reunión o de asociación sometido a requisitos calificables igualmente de indignos. Y, lógicamente, aún menos concebible sería entender que el “derecho a la vida” que protege la Constitución fuese un derecho a la vida en condiciones indignas. O, visto desde otro ángulo, una obligación de seguir viviendo en condiciones penosas, degradantes o, en definitiva, indignas, teniendo que soportar, por ejemplo, medidas de “encarnizamiento terapéutico” orientadas a prolongar esa vida aun en contra de la voluntad de su titular (o de quien ejerce la patria potestad o tutela del mismo). No, no puede significar eso el “derecho a la vida” del art. 15 CE. Y que en 2002 se aprobara una ley básica reguladora de la autonomía del paciente que, entre otras cosas, venga a posibilitar la evitación de esas medidas que hemos caracterizado de “encarnizamiento terapéutico”, es una muestra más de ello. En definitiva, la Constitución –a mi juicio- el único derecho a la vida que garantiza es un “derecho a la vida digna”. Pero… ¿qué es una vida digna?

Antes de responder a esta pregunta lo primero que hay que decir es que la misma, seguramente, está mal formulada o, al menos, se trata de una pregunta incompleta. Y es que tan importante como preguntarse “qué es una vida digna”, es cuestionarse “quién decide que una vida es o no digna”.

En la Constitución, aparte del reconocimiento del derecho a la vida, y de la cláusula de la dignidad de la persona, se apela también, en el artículo 1.1, a distintos valores superiores del ordenamiento jurídico, entre los que se encuentra, en primer lugar, el valor de la “libertad”. Además, la Constitución, en el mencionado artículo 10.1, aparte de a la dignidad de la persona, se refiere también a otra cláusula (o derecho) que es igualmente fundamento del orden político y de la paz social: el derecho al “libre desarrollo de la personalidad”.

“Libertad”, como valor superior del ordenamiento jurídico, y “libre desarrollo de la personalidad”, como cláusula o derecho constitucional que sirve de fundamento del orden político y de la paz social, son dos ideas que apuntan hacia una misma realidad (tendencialmente ideal): cada persona, en ejercicio de sus derechos constitucionalmente reconocidos, puede por sí misma diseñar y ejecutar su propio proyecto de vida, de acuerdo con sus intereses, ideología, valores y aspiraciones, sin que el Estado pueda interferir en él, salvo en lo que sea preciso para salvaguardar los derechos de las demás personas o intereses generales superiores.

Ambas cláusulas, argamasadas en torno a la de la “dignidad de la persona”, son, por tanto, un freno al paternalismo del Estado. Con su inclusión explícita en el texto constitucional, el Constituyente vino a afirmar la prevalencia de la persona (el individuo) sobre el Estado (los poderes públicos) en cuestiones que solo afectan, de manera directa, a la vida de la propia persona; el Constituyente, en definitiva, vino a asumir la máxima moral de que nadie mejor que uno mismo sabe qué es lo mejor para uno mismo.

Así pues, la Constitución, considera la vida humana como un bien jurídico fundamental, merecedor de la máxima protección, pero ello no significa que la vida humana, o que el derecho a la vida, tenga un carácter absoluto, es decir, que deba ser protegido siempre y en cualquier circunstancia. No sucede así desde el momento en que el ordenamiento jurídico no prevé ningún tipo de sanción para quien ha intentado suicidarse. Y no lo hace no solo porque considere que sería algo contraproducente o carente de sentido, sino porque entiende que una persona no puede ser castigada por hacer uso de la libertad que la propia Constitución le reconoce.

En el conflicto que se plantea entre vida propia y libertad (para ponerle fin) es este último valor superior el que prima, porque para la Constitución una persona no lleva una vida digna si no es libre para tomar decisiones, incluso, sobre su propia vida.

En el ámbito de la eutanasia voluntaria, lógicamente, el problema se plantea en un nivel algo diferente, dado que aquí se requiere necesariamente el concurso de un tercero para poner fin a la vida de quien así lo desea. Es por eso que en este terreno no basta simplemente con acudir al valor “libertad” del artículo 1.1 CE o a la cláusula de “libre desarrollo de la personalidad” del art. 10.1 CE para encontrar una respuesta satisfactoria. En el llamado contexto eutanásico, al ser precisa la intervención de otro, resulta necesario, por un lado, introducir mayores niveles de garantía, a fin de evitar que se puedan cometer abusos, y, por el otro, dado que va a ser un tercero el que ponga (o ayude) a poner fin a la vida de una persona, esta vida ha de encontrarse en unas condiciones objetivas tales que permitan a su titular calificarla de “no digna”.

Quedan, por consiguiente, excluidas del contexto eutanásico aquellas situaciones en las que lo que se pretende es ayudar a poner fin a la vida de una persona sana, o que padece una enfermedad curable o transitoria, o que, por ejemplo, se encuentra simplemente deprimida porque ha acaecido un episodio pasajero. Por el contrario, cuando hablamos de eutanasia estamos pensando en una serie de condiciones objetivas que son las que permiten poner en marcha los mecanismos (subjetivos y objetivos) destinados a acabar con la vida de una persona. Tales condiciones, sin ánimo alguno de enumerarlas de manera exhaustiva, podrían ser las siguientes: Que la persona que desea poner fin a su vida se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales y se halle médicamente en una situación extrema, médicamente calificada de incurable, y susceptible de provocarle graves sufrimientos o dolores físicos o psíquicos. Decisión que podría ser sustituida por quien ejerce la patria potestad o tutela.

Si se dan esas condiciones objetivas, el ordenamiento jurídico debería estar dispuesto a aceptar que esa persona pueda entender que su vida ya no es digna y que, por tanto, puede ponerle fin. Porque la Constitución lo único que garantiza es un derecho a la vida digna, de modo que cuando esa condición ya no se cumple, se ha de permitir que, en ejercicio del valor de libertad y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, esa persona pueda, con el concurso de un tercero, poner fin a su vida.

¿Quiere esto decir que cabe derivar de la Constitución directamente un derecho a la propia muerte en el sentido de que una persona, que se encuentre en esa situación objetiva que valore como insoportable y que, en consecuencia, decida poner fin a su vida, pueda recabar de los poderes públicos la colaboración necesaria para lograr tal fin? Dicho de manera más breve: ¿El derecho a la vida comprende un derecho a la propia muerte con auxilio de un tercero en un contexto eutanásico?

No parece que algo así pueda derivarse directamente de la Constitución, aunque tampoco lo contrario: la prohibición de la eutanasia por la Constitución. En conclusión, queda en manos del legislador desarrollar, con todas las garantías necesarias para evitar abusos, la vertiente negativa del derecho a la vida, que no es otra que el derecho a morir dignamente de una persona que se encuentre en las condiciones objetivas señaladas y así lo decida libremente. ¿A qué espera?

Es difícil que una decisión política de entidad no suscite ningún tipo de duda o crítica. Muchos nos preguntamos desde hace tiempo por qué la dirección federal del PSOE parecía resignada, casi conforme, con la calamitosa trayectoria que el PSM había emprendido hacia la (¿definitiva?) debacle electoral. El portazo a la ciudadanía que supuso la celebración de unas primarias ‘fantasmas’ y la multiplicación de problemas que semana a semana iban minando el liderazgo tambaleante de un Tomás Gómez cada vez más encerrado en sí mismo, sólo rodeado de sus incondicionales, son buena muestra de ello. Pero, aunque debió producirse antes, la decisión de Pedro Sánchez de destituir al que hasta el jueves era secretario general y candidato de los socialistas madrileños en las próximas elecciones autonómicas merece un reconocimiento y puede marcar un punto de inflexión en la historia de este partido. En un triple sentido.

I. Son muy diversas las razones e intereses que explican la toma de esta inesperada decisión. Pero dejando a un lado las lecturas en clave interna, el mensaje que reciben los ciudadanos es que el PSOE adopta por primera vez en mucho tiempo –es importante resaltar esto– una medida que refleja una concepción mucho más exigente de la responsabilidad política. Quizá dentro del partido y de la propia dirección federal haya quien considere que lo importante era evitar una estrepitosa derrota electoral. Pero lo que muchos ciudadanos valoran es que un partido político tenga la capacidad de apartar de sus cargos a un destacado dirigente como responsable político de una mala gestión que ha llevado al Ayuntamiento de Parla a la quiebra técnica y de una trama de corrupción y corruptelas que, sin concernirle de forma directa, no se le pueden considerar ajenas.

II. Este ejercicio de autoridad (política y moral) da un vuelco al escenario autonómico ante las próximas elecciones, permitiendo a los socialistas atacar dos de los flancos más débiles del Partido Popular que la situación de Tomás Gómez bloqueaba: el despilfarro en la gestión del Ayuntamiento de Madrid y la connivencia –si no implicación directa– de Esperanza Aguirre e Ignacio González en los gravísimos casos de corrupción que afectan al PP en esta comunidad autónoma. Y con ello, quien finalmente sea candidato del PSM en mayo ganará ante la ciudadanía un plus de legitimidad para criticar un tercer flanco del principal rival a batir: los recortes sociales –en sanidad y educación, principalmente– que la citada Aguirre negaba con descaro en el programa de televisión “Salvados” hace unos días.

III. La crisis económica y la insoportable tasa de desempleo, la imposición de unas políticas erróneas e injustas y el afloramiento de escándalos de corrupción, son factores decisivos que han condicionado la relación de la ciudadanía con sus representantes y que han supuesto que la vida política de nuestro país haya cambiado seguramente para siempre. A lo largo de los últimos años el PSOE ha constatado, con tanta frustración como incapacidad y torpeza, el creciente desapego hacia sus siglas de unos ciudadanos que desde el 15-M piden a gritos otra forma de hacer política. Pues bien, el cese de Tomás Gómez representa probablemente la primera ocasión en la que la dirección del PSOE demuestra haber entendido ese mensaje de la ciudadanía. Un mensaje que en este caso se concreta en la exigencia de decencia y ejemplaridad en la vida pública, que Pedro Sánchez ha aplicado con una contundencia innegable y que sienta un precedente del que el PSOE, si quiere volver a ser un referente político, no deberá ya nunca desmarcarse.

Aunque está aún por ver cómo se resolverá definitivamente la transición socialista en Madrid, por el momento, y pese a las dificultades, todo apunta en la buena dirección. Recuperar la ilusión de los miles de personas que una vez se pudieron sentir identificadas o cercanas al PSOE no va a ser tarea sencilla. Pero, al menos, ahora se abre una gran oportunidad para dejar atrás lo peor de la vieja política. Son muchos los ciudadanos progresistas que están expectantes. Porque Madrid necesita una transformación profunda en las prioridades de las políticas públicas. Hay que aprovechar el momento.

Firman también el artículo Mario Campano y José María Clemen. Todos los firmantes son miembros de Líneas Rojas

"Nos resulta inasumible, nos repugna, que una de las cláusulas de ese pacto antiterrorista signifique asumir, aunque sea de manera vergonzante, la pena de cadena perpetua, que en breve la mayoría parlamentaria popular aprobará", afirman los autores

Somos militantes o simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) porque, entre otras cosas, estamos convencidos de la contribución que ha hecho esta fuerza política a la modernización de nuestro país, situándolo en el corazón de la Europa unida; contribuyendo como nadie a la construcción de un Estado social o de bienestar, por más que el mismo siempre se encuentre necesitado de ampliación y perfeccionamiento, sobre todo ahora, que se ve tan vapuleado; aportando estabilidad política a un país muy necesitado de ella. Un partido que se ha mostrado firme defensor de la Democracia; impulsor y artífice de la ampliación de derechos laborales y civiles, en particular, a favor de determinados colectivos que se habían visto privados de ellos, cuando no directamente discriminados (personas con discapacidad, inmigrantes, lesbianas, gáis, transexuales y bisexuales, etc.). Un partido que ha apostado y apuesta con convicción por la igualdad real de mujeres y hombres; comprometido en la lucha contra esa insoportable lacra social que es la llamada violencia de género; etc., etc.

Sin embargo, nuestra militancia o simpatía no es ingenua ni incondicional. No es ingenua porque somos conscientes de que en el camino se han cometido errores. Gobernar es acertar y errar. La toma de postura en lo público, incluso cuando no se gobierna, no es ajena a la posible equivocación. Y por eso hemos criticado, en ocasiones, esos errores. Sea como fuere, hemos entendido que el saldo ha sido positivo. Desde su posición como partido de gobierno o en la oposición, el PSOE ha rendido, en términos generales, un gran servicio a nuestro país.

Nuestra filiación o sintonía con el PSOE tampoco es incondicional, sino crítica. Así entendemos la lealtad. Lealtad crítica. Creemos que se le hace un flaco favor al partido, y, lo que es mucho más importante, al conjunto de la sociedad, cuando, pudiendo no hacerlo, se asume el papel del adulador. Los aduladores son incapaces de pensar en otro interés que no sea el propio. Nosotras, nosotros, no queremos concebirnos así.

Por eso nos cuesta entender ciertas derivas del PSOE. No entendemos, por ejemplo, la reciente firma del pacto antiterrorista entre el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. No lo entendemos porque, sin poner ni por un segundo en duda la necesaria unidad de los demócratas contra el terror, nos parece que este concreto pacto bilateral es innecesario e inútil, y que, sobre todo, contiene una condición que nos resulta inasumible, que nos repugna.

Es innecesario porque, tal y como está concebido, dejando fuera al resto de fuerzas políticas del país, pierde gran parte de su sentido simbólico. Y no debemos ignorar que este tipo de pactos lo que tienen, sobre todo, es un gran valor simbólico. Con pacto o sin él, no había dudas de que la práctica totalidad de los partidos políticos de la oposición, con el PSOE a la cabeza, están de acuerdo en condenar el terrorismo, del tipo que sea. Y el pacto no refuerza esa situación.

Pero es que además es un pacto ineficaz, porque el terrorismo internacional, quienes son sus brazos ejecutores, no se lo van a pensar dos veces antes de cometer algún acto violento en España por el hecho de que en nuestro país se haya firmado este pacto.

Y nos resulta inasumible, nos repugna, que una de las cláusulas de ese pacto signifique asumir, aunque sea de manera vergonzante, la pena de cadena perpetua, que en breve la mayoría parlamentaria popular aprobará. Que después se haga un esfuerzo ímprobo desde el propio PSOE por aclarar que el partido está radicalmente en contra de este tipo de pena, anunciando incluso un futuro recurso ante el Tribunal Constitucional, nos parece incomprensible e inexplicable. Y nos duele. Porque lo cierto es que se ha traspasado una línea roja.

Seguimos convencidos de que el PSOE está llamado a desempeñar un papel esencial en la futura vida política del país. Pero siempre y cuando, claro está, mantenga sus señas de identidad inequívocamente socialdemócratas. Creemos que este país necesita, hoy tanto como ayer, de una fuerza política que se reconozca de izquierda y actúe como tal, y que desde su firme compromiso con la Democracia y los derechos y libertades individuales, apueste nítidamente por fortalecer su alma social, tan necesaria en estos tiempos de crecientes desigualdades y fáciles populismos.

Firman también el artículo: Mario Campano, José María Clemen, David Corominas, Rocío González, Ferrán Martínez, Rosa María Navarrete y Erika Rodríguez

"El PSM necesita urgentemente un proceso de renovación profundo. Y debe empezar cuanto antes. Si no lo hace, se expone a que los comicios de mayo sean devastadores", afirman los autores

El Partido Socialista se enfrenta a un serio riesgo de fracaso electoral en Madrid en las elecciones del próximo mes de mayo. No sólo por la frustración de volver a perder de forma clara unos comicios que hace algún tiempo parecía en condiciones de ganar de la mano de otras fuerzas, sino también por la posibilidad –cada vez más cierta– de no alcanzar ni siquiera el 20% del voto y de verse relegado al tercero puesto.

Muchos factores explican tan negras perspectivas. Ciertamente algunos tienen que ver con la trayectoria del PSOE a nivel nacional. Pero ahora quisiéramos centrarnos en aquellos que afectan directamente al PSM, en un ejercicio de lealtad hacia votantes y simpatizantes socialistas en Madrid que encuentran en el silencio (al menos, público) de gran parte de la militancia un motivo más para dar su apoyo previsiblemente a otras fuerzas políticas.

Una primera razón de la debilidad del PSM es que se trata de una organización esclerotizada, y la mejor prueba de ello fueron las “primarias fantasmas” para la designación de candidatos al gobierno autonómico y al ayuntamiento de Madrid. Los síntomas patológicos que denota ese frustrado proceso ya fueron objeto de crítica en su momento. Por eso, nuestra atención se dirige ahora a un segundo factor: el liderazgo agotado y tambaleante de Tomás Gómez.

Elección tras elección los resultados del PSM-PSOE en los últimos años no han hecho más que reducirse. Lo sorprendente es que esta pérdida de apoyos no se corresponde sólo con un periodo en el que el PP incrementaba o, al menos, mantenía su fuerza electoral; sino que esta hemorragia de votos también se viene produciendo desde que los populares empiezan a sufrir un fuerte desgaste como consecuencia del afloramiento de gravísimos casos de corrupción en su seno y de la aplicación de recetas neoliberales que tanto sufrimiento han causado a los ciudadanos. Sería injusto atribuir a Tomás Gómez toda la responsabilidad por este progresivo e imparable retroceso socialista, que tiene, sin duda, una dimensión colectiva. Pero políticamente es él, como secretario general de la organización desde hace más de siete años, el principal responsable del fracaso de la labor de oposición de los socialistas madrileños.

Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta difícil negar a estas alturas que su pasada gestión al frente del Ayuntamiento de Parla amenaza también su candidatura. Más allá de que sea o no responsable jurídicamente de lo sucedido, Tomás Gómez debería ser consciente de que hay circunstancias de aquella etapa y de la que vino después que se convierten en poderosos instrumentos en manos de la derecha mediática y, en general, del resto de fuerzas políticas para lastrar irremediablemente sus resultados electorales. ¿O es que no queda seriamente tocada su credibilidad para criticar el despilfarro de Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid o para exigir responsabilidades a Aguirre/González por los casos de corrupción acaecidos en la Comunidad de Madrid siendo ellos presidentes?

El PSM necesita urgentemente un proceso de renovación profundo. Y debe empezar cuanto antes. Si no lo hace, se expone a que los comicios de mayo sean devastadores. Devastadores para el PSM y, lo que es más grave, devastadores para muchos ciudadanos de Madrid, que comprobarán, una vez más, entre atónitos y resignados, la imposiblidad de tener una alternativa electoral progresista, seria, viable y creíble. ¿Es que no hay nadie en el PSM y/o en el PSOE que se esté dando cuenta de ello?

Suscriben también el artículo Erika Rodríguez, Mario Campano y José María Clemen

"El PSOE debe atreverse a reconocer errores graves y liderar un proyecto de transformación social ambicioso y razonable a la vez. Hacerlo ya, sin perder un segundo más", afirman los autores

Sí, es urgente cruzar la frontera. Acompañar la música, por bien que suene, de iniciativas concretas y compromisos ciertos que los ciudadanos puedan comprender y defender, porque se identifican con ellos. El PSOE debe atreverse a ello. Como lo hizo en otras ocasiones. Reconociendo, en primer lugar, errores graves, y desmarcándose sin contemplaciones de sus cuadros y exdirigentes que siguen enrocados en esos errores y se empeñan, desde pedestales más o menos resguardados, en seguir marcando el paso al partido. Y debe hacerlo asumiendo riesgos. Liderando un proyecto de transformación social ambicioso y razonable a la vez. Hacerlo ya, sin perder un segundo más. Porque son muchas las personas que lo esperan, y que no pueden esperar más.

Tras tres años sufriendo el pernicioso e ineficaz (des)gobierno de Mariano Rajoy, en este país hay pobreza infantil; hay un desempleo descomunal y persistente; hay desigualdades crecientes de renta y de recursos económicos; hay mucha evasión y fraude fiscal; hay corrupción, insoportable corrupción; hay un enquistamiento de discriminaciones de diversa índole, que padecen señaladamente las mujeres; hay una crisis territorial agravada en los últimos años; hay un modelo de crecimiento económico agotado; hay, en definitiva, problemas graves, pero identificables, y, en esa medida, abordables. Entendemos, a este respecto, que el PSOE debería, de inmediato, asumir los compromisos y actuaciones que más abajo esbozamos. Lo ha de hacer por su propia supervivencia y, lo que es mucho más importante, por el conjunto del país, tan necesitado de una regeneración política, democrática e institucional.

RENTA MÍNIMA GARANTIZADA. La situación de emergencia social que vive nuestro país tiene su cara más dramática en la pobreza, muy en particular en la pobreza infantil. Este drama del que diversos informes recientes nos ofrecen una escalofriante fotografía actualizada es el reflejo –en parte, al menos– del fracaso de una política económica impotente ante unas cotas insoportables de desempleo, y que tiene como dos ejes de actuación destacados la devaluación salarial y la reducción del Estado de bienestar (recorte de la protección por desempleo, rebaja de las pensiones, desmantelamiento del sistema de dependencia, copago farmacéutico, etc.).

Este conjunto de actuaciones que devalúan la dimensión social y la misma condición de ciudadanía agravan seriamente los problemas de pobreza y exclusión que un Estado social en el siglo XXI no puede tolerar. Por eso, es imprescindible una actuación inmediata y contundente a través de la creación de una renta mínima garantizada para todas las personas sin recursos. Esta iniciativa, que es reclamada por los sindicatos desde hace tiempo, se ha de articular como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, cuya cuantía debe establecerse atendiendo a las cargas familiares de los beneficiarios para evitar algo tan odioso como que haya niños o mayores que pasen hambre y frío. La nueva prestación, que tiene perfecto encaje constitucional, debe ser financiada por el Estado: alrededor de 10.000 millones que la nueva política fiscal ha de estar en condiciones de conseguir.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El aluvión de escándalos de corrupción explica que en los últimos meses se hayan dado pasos en esta materia. La declaración de Valencia del PSOE recoge un catálogo de medidas importantes, y viene además reforzado por el compromiso firmado con una organización tan prestigiosa en la lucha contra la corrupción como Transparencia Internacional. Pero los dirigentes del PSOE deberían ser conscientes de que la sensibilidad e indignación de la ciudadanía con este asunto es tal que ese avance no es suficiente en absoluto. Como sucede en otros ámbitos, los socialistas sufren un grave problema de credibilidad. Lejos de errores garrafales como el pacto suscrito con el PP sobre los viajes de los diputados, la recuperación de la confianza de los ciudadanos pasa, a nuestro juicio, por dos tipos de actuaciones.

En primer lugar, el PSOE debería hacer un reconocimiento sincero de los errores cometidos en el pasado por no haber puesto celo suficiente en perseguir comportamientos delictivos y deshonestos que nunca debieron producirse y que, una vez descubiertos, no merecieron un reproche suficientemente contundente o, al menos, no tan contundente como el que merecían los de otros partidos. Hay que pedir perdón a los ciudadanos y compartir con ellos el estupor por la existencia de estas prácticas corruptas.

La segunda actuación consiste en reforzar la exigencia de ejemplaridad de los políticos y, en general, de los responsable públicos como manifestación de compromiso y de honestidad. Desde esa perspectiva, es evidente que en el actual contexto de descrédito un partido que tenga en sus filas a personas imputadas no es ejemplar; más bien actúa con poca sensibilidad hacia los ciudadanos. Es cierto que la imputación no significa que el afectado vaya a acabar sentado en el banquillo, pero no debe olvidarse que la imputación supone en sí misma la existencia de indicios racionales de delito y que, además, es lógico que una persona imputada concentre todos sus esfuerzos en su defensa lo que dificulta el desempeño de su cargo público. Los partidos deben ser conscientes de que esta situación produce un grave daño a las instituciones, que no son suyas sino de todos los ciudadanos.

REFORMA TERRITORIAL DEL ESTADO. Una reforma que, para ser efectiva, solo puede tener alcance constitucional. La crisis actual del Estado autonómico es casi tan evidente como el éxito que el mismo ha significado en la historia contemporánea de nuestro país; por eso ha llegado el momento de acometer su reforma. ¿Para qué? Para establecer, por fin, el mapa autonómico, identificando nominalmente a cada Comunidad autónoma; para mejorar la organización y funcionamiento de la totalidad del Estado; para corregir aquellas deficiencias que no se pudieron superar en 1978. La modificación constitucional debe de centrarse en tres aspectos principales: 1) el competencial, a fin de definir con precisión en el texto constitucional qué competencias legislativas son exclusivas del Estado, quedando las restantes en manos de las Comunidades autónomas, lo que significa, entre otras cosas, la supresión de la legislación básica, objeto de tantos conflictos competenciales, y de las leyes de transferencia y delegación, que contribuyen a lo peor que puede hacer una Constitución en materia de reparto del poder público: dejarlo eternamente abierto; 2) el financiero, a fin de establecer en la Constitución los principios básicos del sistema de financiación autonómica (corresponsabilidad fiscal, solidaridad interterritorial y ordinalidad), aplicables no solo a las Comunidades autónomas de régimen común, sino también a las que disfrutan de un régimen singular (País Vasco y Navarra); 3) el institucional, a fin de convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación de la voluntad de las Comunidades autónomas, al estilo del Bundesrat alemán, esto es, un órgano integrado por representantes de los Gobiernos de las Comunidades autónomas, de manera relativamente proporcional al número de habitantes de cada una de ellas, y con facultad de veto en la aprobación de aquellas leyes que les afecten directamente.

Esta reforma constitucional en clave federal, que va en la línea de la acordada por el PSOE en la “Declaración de Granada” de 2012, de plantearse seriamente, permitirá afrontar la llamada “cuestión catalana” en mejores condiciones, al introducir en el debate público una propuesta razonable y ponderada de organización territorial del Estado que apunta en la dirección correcta, porque se aleja de maximalismos rupturistas y de inmovilismos enojosos.

MEJORAR LA JUSTICIA DEL MODELO ECONÓMICO. En materia económica el PSOE está haciendo un esfuerzo notable por redefinir su estrategia y confeccionar un nuevo programa que rectifique errores anteriores y recupere valores tradicionales que nunca debieron relajarse. Sin embargo, también en este terreno está perdiendo, frente a otras formaciones con menores complejos, algunas banderas esenciales de la socialdemocracia. Y recuperarlas exige de un plus de atrevimiento. Varios ejemplos sirven para demostrarlo.

Primero, el PSOE debe situar el aumento de la capacidad redistributiva de los impuestos como un objetivo central, lo que exige una mayor progresividad del sistema fiscal en su conjunto. Sus propuestas ya van, de hecho, en esa dirección. Pero debe reafirmarse en ellas, frente a las voces que, desde sus propias filas, propugnan una pérdida de valor de la progresividad y ponen el foco en su lugar en lo que se ha dado en llamar la “predistribución”, que tiene que ver con un funcionamiento equitativo y eficiente de los mercados de todo tipo. Y no porque estas cuestiones predistributivas no sean relevantes, sino porque en absoluto son sustitutivas de la redistribución fiscal, sino complementarias. En este sentido cabría enmarcar el establecimiento de un tipo tributario muy elevado para determinadas rentas, medida que se pretende desacreditar por el escaso impacto positivo que parece haber tenido en Francia (donde se ha aplicado un tipo máximo del 75%), pero que sigue teniendo argumentos de peso que la justifican (Thomas Piketty propone un tipo del 82% como óptimo para ganancias superiores a 400.000 euros).

Segundo, en el marco de la reforma constitucional que propone, el PSOE debe incluir la modificación del artículo 135 de la Constitución que sacraliza el pago de la deuda ante cualquier otro objetivo de política económica. Si los dirigentes del PSOE ya han reconocido que aquella medida fue un error; si dicen que no les gusta; si son conscientes de que es una fuente de desafección importante entre sus potenciales votantes; y si saben que es un arma que utilizan en su contra todas las fuerzas políticas de la izquierda; resulta difícil comprender y justificar ese empecinamiento en preservarlo, por mucho que haya vías alternativas para paliar sus efectos más negativos.

Tercero, los socialistas deben desarrollar y difundir cuanto antes algunas novedosas propuestas que se incluyen en las conclusiones de la Conferencia Política que realizaron en noviembre de 2013, como la voluntad de introducir en el marco retributivo de todas las empresas la regla “12:1”, que supone que nadie pueda ganar más de 12 veces el salario del que menos gana, incluyendo todos los conceptos retributivos.

Por último, un ejemplo en positivo: hay que aplaudir su propuesta para aumentar progresivamente el salario mínimo (que es la mitad que en Francia, por ejemplo) hasta alcanzar en diez años el 60% del salario medio, nivel considerado como el umbral de pobreza. Un compromiso que debe ser sólido, por cuestiones económicas y sociales, a pesar de las presiones que deberá soportar desde las organizaciones y lobbies empresariales.

Así esbozadas, estas son algunas de las medidas que, en nuestra opinión, debería impulsar el PSOE con urgencia, si es que quiere volver a ser una formación política capaz de transformar el deseo de una amplia mayoría de españoles en realidad.

El auge de Podemos quizá haya servido para poner de manifiesto que si el Partido Socialista ha perdido apoyos no es por no contentar a los votantes de centro, sino por perder su identidad como referente de la izquierda democrática de nuestro país

El PSOE ya tiene nuevo Secretario General, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que tiene la responsabilidad de liderar una transformación radical del funcionamiento interno del partido, de sus formas de relacionarse con la sociedad y de su contenido programático, para volver a conectar con la ciudadanía y optar a gobernar de nuevo el país. Y entre esos cambios programáticos, los que se refieren a la política económica deben ocupar a nuestro juicio un lugar central. Porque una de las cuestiones que precisamente han propiciado de forma más evidente la pérdida de confianza de su electorado ha sido la política económica que ha desarrollado durante sus años de gobierno. Es una opinión bastante extendida que las diferencias entre PSOE y PP (los dos partidos, hasta ahora, con opciones reales de gobernar en España) han sido y son evidentes en materia social y de derechos ciudadanos, pero mucho menos perceptibles en materia económica.

Esta percepción no afecta solo al PSOE, sino al conjunto de la socialdemocracia europea, cuyas posiciones en materia económica se han visto contaminadas de los planteamientos del discurso neoliberal, aplicando cuando han gobernado políticas que, en sus rasgos esenciales, poco se han diferenciado de las realizadas por los partidos conservadores. El brusco giro dado a las políticas puestas en práctica en mayo de 2010 a nivel europeo, con la imposición de una agenda de austeridad a ultranza, aceleró este proceso de divergencia entre la política económica aplicada por los los grandes partidos de raíz socialdemócrata de Europa y los deseos de sus potenciales votantes, aumentando su desafección. La reciente actuación del gobierno francés de Hollande y Valls sirve para ejemplificar esta deriva.

En el caso del PSOE este proceso ha sido muy notorio y, sin duda, tiene mucha responsabilidad en el continuo desplome de sus apoyos electorales. El auge de Podemos en las últimas elecciones europeas quizá haya servido para poner de manifiesto, en contra de determinadas interpretaciones, que si el Partido Socialista ha perdido apoyos no es por no contentar a los votantes de centro, sino por perder su identidad como referente de la izquierda democrática de nuestro país, y con ello, su credibilidad como partido de gobierno que puede confrontar un programa de izquierda realista con el defendido por la derecha.

No se pretende en absoluto en estas líneas analizar todas las cuestiones que reflejan esa deriva liberal, sino tan solo apuntar algunos de los campos en los que la misma ha sido más visible, a nuestro juicio, para la ciudadanía:

Una rectificación en estos cuatro ámbitos económicos nos parece central para que el PSOE recupere la credibilidad perdida y desmonte con fundamento la dañina e injusta asimilación “PPSOE”, que ha calado entre muchos de sus potenciales votantes. La política tributaria y la laboral están bastante bien orientados en las resoluciones de la Conferencia Política de noviembre de 2013. Respecto al artículo 135 de la CE, el PSOE debería reconocer sin ambages su error de entonces y promover la reversión de esa reforma en el seno de un cambio constitucional de mayor calado. Por último, es también imprescindible dotarse de los equipos humanos y profesionales adecuados. En demasiadas ocasiones los responsables de Economía de gobiernos del PSOE han ejercido de poderosa oposición interna, mostrando una preocupante discrepancia ideológica. Esto no debería volver a pasar. De entrada, sería deseable que el candidato a Presidente del Gobierno diera a conocer de antemano la/s persona/s designada/s para dirigir el área económica.

En definitiva, se trata de demostrar con hechos que el PSOE tiene una política económica realista y alternativa a esta conservadora que desgraciadamente se ha adueñado de las respuestas a esta dolorosa crisis, en cuya génesis están precisamente las propias políticas neoliberales y su visión desreguladora de los mercados.

Ahora que el debate en torno a la Monarquía ha relajado la tensión de nuestro singular debate territorial, quizás no esté de más recordar, con el necesario sosiego, tres acontecimientos relativamente recientes sobre la ya conocida como “cuestión catalana” que van a servir de preámbulo a los venideros, inevitables, a fin de de extraer de ellos alguna lección valiosa.

El primero, la (excesivamente) celebrada sentencia del pasado 25 de marzo del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlament de Catalunya, que al tiempo que nos vino a recordar, con toda razón y claridad, lo que ya sabemos (que solo el pueblo español es soberano), se aventuró también a interpretar, introduciendo cierta confusión, el sentido de eso que se ha dado en llamar “derecho a decidir”, al concebirlo como “una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”.

Es confusa esta parte de la sentencia porque difícilmente puede ser algún día constitucional aquello que niega el fundamento mismo de la Constitución: la unidad del poder constituyente. Y eso y no otra cosa significa en términos constitucionales el llamado “derecho a decidir”: dejar en manos de un poder no constituyente (el Parlament de Catalunya y/o, en su caso, el “pueblo” catalán) una decisión intrínsecamente constituyente (la de la definición territorial de España), que, como tal, solo puede corresponder al Parlamento y pueblo españoles. En todo caso, al margen de estas cuestiones, lo importante de esta sentencia es que despeja cualquier duda posible sobre algo que a ningún demócrata puede sorprender: que en una Democracia el Estado de Derecho es un límite ineludible para el ejercicio de la Política.

El segundo acontecimiento tuvo lugar el pasado 8 de abril en el Congreso de los Diputados, con motivo del debate que allí se celebró sobre la proposición de ley orgánica de delegación en la Generalitat de Catalunya de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político (la independencia) de esta Comunidad autónoma. Fueron más de siete horas de intenso –y correcto- intercambio de opiniones sobre nuestra situación jurídico-política actual y su posible devenir, desde una perspectiva eminentemente territorial. Siete horas de debate que pusieron de relieve, sobre todo, la necesidad de continuar dialogando con el fin de alcanzar consensos acerca del modo de seguir adelante. Y ello pese a que las posturas de los favorables a celebrar la referida consulta popular y quienes se oponen a ello, hoy por hoy, parecen irreconciliables, porque unos hablan el lenguaje del Derecho (la Constitución como límite insoslayable) y otros el de la Política (la legitimidad democrática de un “pueblo” que quiere decidir su futuro), como si fueran idiomas opuestos. De nuevo, el falso dilema (muy similar, por cierto, al que padecimos recientemente con ocasión del demandado referéndum sobre nuestra forma de Estado).

El tercer acontecimiento arranca con la publicación, el pasado 14 de abril, por parte del Consejo de Transición Nacional, órgano de asesoramiento de la Generalitat de Catalunya, de un informe (“Las vías de integración de Cataluña en la Unión Europea”) que dibuja los escenarios posibles una vez que la independencia se ha conseguido. En él se sostiene que lo más probable es que Cataluña siga formando parte de la UE en condiciones similares a las presentes. Más allá del valor que puedan tener estos informes, elaborados por un órgano de perfil más político que técnico, dado su carácter instrumental, al servicio de los dictados del Govern de la Generalitat, lo verdaderamente relevante es que al cabo de pocas horas de su presentación un representante de la Comisión Europea vino a reiterar lo que esta lleva diciendo desde un principio: que el nuevo Estado que surgiese como consecuencia de la secesión de una parte de un Estado miembro de la UE sería considerado Estado tercero con respecto a esta, de modo que si quisiera integrarse en ella tendría que solicitar su adhesión, siguiendo los mismos pasos que cualquier otro país. Es decir, justamente lo contrario de lo que ha entendido el Consejo de Transición Nacional, aunque eso no parece importarle mucho al Govern del President Mas.

Es seguro que después de estos acontecimientos, como auguramos al comienzo, vendrán otros, de los que seguiremos hablando y escribiendo largo y tendido. Y es probable que los mismos surjan como consecuencia de los movimientos que acarrea el proceso iniciado en Cataluña desde hace ya algunos años. Un proceso que comenzó siendo fundamentalmente político, pero que de un tiempo a esta parte se ha transformado también en movimiento social, hasta el punto de que ni siquiera está hoy claro que el Govern lo controle plenamente.

Sea como fuere, lo cierto es que nos encontramos en mitad de un laberinto del que resulta muy difícil salir. Las voces más sonoras provenientes de Cataluña hablan un lenguaje, el de la política arropada por la legitimidad democrática (o la versión que de ella pretenden imponer), mientras que, fundamentalmente desde el Gobierno de España, se habla otro muy diferente, al tratar de contrarrestar ese envite autodeterminista poniendo como escudo a la Constitución. De esta forma, el dilema, por más falso que sea, está servido: el Derecho contra la Política. Como si el ejercicio de esta fuese lo único legítimo en Democracia, ignorando que, en realidad, es el respeto al Derecho lo que garantiza (en Democracia) que la Política se pueda ejercer libremente y con garantías.

¿Cómo romper esta espiral perversa? No es fácil ofrecer una respuesta clara y segura. Lo que sí parece innegable es que en un momento de crisis aguda como lo es este corresponde al Gobierno del Estado tomar las riendas y ejercer liderazgo. Eso significa, entre otras cosas, ofrecer un proyecto político atractivo y ambicioso, capaz de generar adhesiones amplias.

La solución para la encrucijada en que se encuentra el Estado autonómico no parece que pase por su destrucción, tal y como preconizan determinadas fuerzas políticas y sociales independentistas en Cataluña, pues ello acarrearía, entre otras cosas, una fractura social muy dolorosa y, por tanto, indeseable. Tampoco parece que la mejor alternativa sea mantenerse firme en la defensa de su incolumidad, tal y como hace el Gobierno de España, con la esperanza de que las aguas vuelvan a su cauce, pues, tal y como comprobamos una y otra vez, las aguas, más que calmarse, se revuelven y enturbian.

¿Qué, entonces? Encima de la mesa hay una propuesta, seria y bien fundamentada, de reforma de la Constitución en clave federal. Dejando de lado su procedencia partidista (PSOE), lo que interesa es ver si la misma, como parece, ofrece una respuesta adecuada a los problemas actuales de nuestra organización territorial, desde un punto de vista competencial, orgánico, financiero, etc. Si el Gobierno la hiciese suya, o propusiese otra de similares características, estaría en condiciones de liderar un proceso político de gran alcance, al que se podrían sumar otras muchas fuerzas políticas, que, en el peor de los casos, acabaría “solo” mejorando la organización y funcionamiento de nuestro Estado (algo, en todo caso, muy necesario), y en el mejor de ellos lograría además ofrecer una salida satisfactoria a las aguas cada vez más estancadas de la política en Cataluña. ¿A qué espera, Sr. Rajoy?

No son meros rumores. Ni vagas suposiciones o intuiciones. Es una cruda realidad. Aún hoy en día, avanzado el siglo XXI, en nuestros colegios e institutos siguen siendo muchos las/os adolescentes y jóvenes que, a causa de su orientación sexual o identidad de género, soportan una violencia física y psíquica intolerable. Más del 5% de las/os alumnas/os lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) afirma haber sido agredido físicamente (patadas, golpes, empujones, etc.) alguna vez en su Instituto por ser o parecer LGTB, y más del 11% reconoce haberlo presenciado.

Esto, junto con otras muchas cifras difíciles de digerir, es lo que nos muestra el último y más importante estudio de campo realizado hasta el momento sobre la situación en que se encuentran nuestros adolescentes y jóvenes LGTB en el ámbito educativo: “Investigación Homofobia en las aulas 2013. ¿Educamos en la diversidad afectivo-sexual?”, elaborado por el Grupo de Educación del Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM).

Se trata, en efecto, de una muestra muy representativa realizada en forma de encuesta a casi 5.300 alumnos, repartidos en 37 Institutos de Educación Secundaria (IES) de la Comunidad Autónoma de Madrid, que viene a confirmar datos ya adelantados por estudios previos como el realizado por el Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid: “Diversidad sexual y convivencia: una oportunidad educativa” (2013), o los llevados a cabo por el propio COGAM y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB): “Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB” (2012), y “Estudio 2013 sobre discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en España”.

De todos ellos se derivan conclusiones similares: pese a los avances experimentados en los últimos años en España en este terreno, con hitos tan transcendentales como las llamadas Leyes de matrimonio homosexual (2005) y de identidad de género (2007), la discriminación que padecen las personas homosexuales, transexuales y bisexuales continúa siendo muy elevada.

Entre la igualdad formal y la real sigue existiendo una brecha muy profunda. Por más importancia que tenga el reconocimiento legal de la primera, que lo tiene, no se puede generar la falsa apariencia de que ya está todo conseguido. El ejemplo de lo que sucede con las mujeres en nuestro país, iguales en la ley desde hace décadas, pero todavía lejos de la igualdad plena con los hombres en ciertos campos como el laboral, es bien significativo. No solo por lo que de por sí demuestra sino además porque de esta desigualdad de género derivan muchas otras discriminaciones, como la que se produce en el terreno que aquí nos ocupa, el de la aceptación de la diversidad afectivo-sexual en los centros educativos.

Los datos, en efecto, no dejan lugar a dudas: En el estudio sobre “Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio” ya se denunciaba que el 43% de los adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y bisexuales había pensado alguna vez en suicidarse, habiéndolo planeado el 81% de ellos; cifras que se ven confirmadas por el “Estudio 2013” antes citado sobre discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en España“, en donde se pone de relieve cómo el 76% de los encuestados reconoce haber sido objeto de discriminación por este motivo.

Por si no fuese suficiente con estos números, ciertamente muy preocupantes, la “Investigación Homofobia en las aulas 2013” revela la existencia de muchos prejuicios negativos hacia las personas LGTB, interiorizados en una parte muy significativa (más del 25%) del alumnado de la ESO, con independencia de cuál sea su orientación sexual, y derivados, en buena medida, del rechazo hacia la homosexualidad, transexualidad o bisexualidad que perciben en su entorno familiar, y de la injustificable pasividad de parte importante del profesorado ante las situaciones de discriminación que se dan en el ámbito educativo. Casi el 42 % de las alumnas y alumnos encuestados considera que el profesorado hace poco nada ante insultos homófobos en el aula.

Entre los prejuicios más extendidos, merece la pena destacar los siguientes:

Estos datos, junto con otros, explican que a pesar de que la tendencia a “salir del armario” ha aumentado en los últimos años, todavía hoy más del 80% de las/os jóvenes lesbianas, gais y bisexuales ocultan su orientación sexual en su Instituto. Esta invisibilidad, además, es significativamente superior en el caso de las chicas lesbianas, de las cuales sólo un 13% ha vivido o mostrado públicamente su orientación sexual en su Instituto. La razón de esta ocultación es clara: “salir del armario” aumenta considerablemente la exposición a sufrir agresiones físicas o verbales de otros compañeros. De hecho, entre quienes han salido del armario el porcentaje de alumnos que sufre violencia física es 3 veces mayor a la de quienes se encuentran dentro de él.

Conviene resaltar también que estas preocupantes dosis de homofobia se muestran mucho más acentuadas en el caso de los adolescentes y jóvenes varones, lo que nos debe hacer reflexionar sobre la vinculación existente entre la “cultura machista y patriarcal”, que todavía impregna en gran medida nuestro modo de concebir los roles y las relaciones de género en el seno de nuestra sociedad, y la violencia que se proyecta sobre quienes no se corresponden con los “valores” de esa “cultura”: las mujeres, las personas LGTB, etc.

El verdadero valor de esta investigación radica, por un lado, en su amplia representatividad, hasta el punto de que se puede considerar una radiografía muy fidedigna de lo que hoy en día sucede en nuestras aulas, y por el otro, en la multitud de datos y enfoques que ofrece respecto de la dura realidad que viven todavía hoy muchos adolescentes y jóvenes LGTB. Datos que deberían constituir una voz de alarma para la sociedad española, que no puede permanecer impasible ante lo que está sucediendo, y que, de manera muy singular, interpelan a las autoridades educativas para que adopten las medidas necesarias a fin de poner remedio a esta situación que tanto dolor y sufrimiento está generando en cientos y cientos de personas que se encuentran, por su edad, en pleno proceso de formación de su personalidad.

Aunque esta problemática, dada su complejidad, debe de ser abordada desde muy diferentes perspectivas, urge ya recuperar para el currículo docente la enseñanza de valores de convivencia que fomenten la igualdad de derechos de todas las personas, con independencia de cuál sea su sexo, origen étnico, procedencia, creencias o, por supuesto, su orientación sexual o identidad de género, al estilo de lo que sucedía con la desaparecida asignatura de “Educación para la ciudadanía”. La lucha contra los prejuicios que sostienen las conductas discriminatorias que se han descrito atañe de forma muy directa a los poderes públicos, en tanto que responsables de hacer realidad lo que nuestra Constitución les mandata: “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. No podemos esperar más. La felicidad, la salud e, incluso, en ocasiones, la vida de nuestros adolescentes y jóvenes está en juego.

Las grandes discusiones que desde hace años tenemos en este país sobre nuestra organización territorial del poder parten, casi sin excepción, de los llamados nacionalismos periféricos

PP y PSOE, y los demás partidos políticos de ámbito estatal o autonómico, deberían convencerse de que la reforma constitucional resulta insoslayable para mejorar la organización y el funcionamiento de nuestro Estado

Es preciso acometer reformas orientadas a distribuir y delimitar mejor las competencias del Estado central y las Comunidades autónomas

Artículo en colaboración con Líneas RojasLíneas Rojas

Acabábamos el fatídico 2012 con la noticia de que CIU y ERC habían llegado a un acuerdo para abrir un proceso pautado dirigido a la consecución de un fin claro: ofrecer una consulta al cuerpo electoral catalán sobre la autodeterminación de Cataluña, o, dicho menos retóricamente, sobre su independencia o secesión del Estado español. Eso y no otra cosa se esconde bajo el eufemismo “derecho a decidir”. Y comenzamos este 2013 de malos augurios con el anuncio de que el Parlamento catalán votará en el primer pleno de esta nueva legislatura, el próximo 23 de enero, una “Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán”, que –según todo indica- saldrá adelante gracias al voto mayoritario de los diputados elegidos por aquellos dos partidos políticos.

Así pues, CIU y ERC han tomado la iniciativa, su iniciativa, pero corremos el riesgo, una vez más, de hacerla nuestra. Es suya porque parte de un sujeto político bien identificado: dos partidos políticos nacionalistas catalanes que han obtenido, conjuntamente, una amplia mayoría de los votos emitidos en las pasadas elecciones y que sostienen al nuevo Gobierno de la Generalitat. Y lo hacen sobre la base de lo poco que les une (su voluntad independentista), dejando de lado lo mucho que les separa (en materia económica, fiscal, social, etc.). No hay nada como tener un destino común para transitar un mismo camino.

La iniciativa es suya pero corremos el riesgo de hacerla nuestra –de todos: nacionalistas y no nacionalistas; independentistas y unionistas, trabajadores y empresarios; alumnos y profesores; albañiles y arquitectos; fumadores y no fumadores; etc., etc.- porque es de prever que, otra vez, se hable de esto (en el parlamento; en la academia; en los medios de comunicación; en las tertulias; en los puestos de trabajo; en la calle), como si esto fuese lo único –o lo más importante- de lo que hablar. Con la que está cayendo.

Quien toma la iniciativa lleva mucho terreno ganado. Eso lo sabe muy bien quien desde hace tiempo está siempre tomando la iniciativa. Las grandes discusiones que desde hace años tenemos en este país sobre nuestra organización territorial del poder parten, casi sin excepción, de los llamados nacionalismos periféricos (el vasco y el catalán), y el nacionalismo españolista (con su gran aparataje mediático) les sirve de altavoz. Y ahí andamos, enzarzados en la disputa de las identidades, de las naciones, de las patrias, de las soberanías y las banderas; liados en lo simbólico, convirtiendo el sentimiento en razón de Estado y de gobierno; derrochando energías sociales, políticas y económicas, como si anduviésemos sobrados de ellas.

Este país, España, ha resuelto constitucionalmente muy bien su vieja disputa nacional, al permitir que en el marco de la nación española puedan convivir, pacíficamente y con pleno respeto de sus singularidades (particularmente, las lingüísticas y culturales, que son prácticamente las únicas relevantes a estos efectos), otras naciones, nacionalidades o regiones –es lo de menos cómo se denominen- que tienen y quieren tener instituciones de autogobierno, parangonables a las que existen en otros Estados también descentralizados.

El enfrentamiento al que se empeñan en llevarnos los nacionalistas irredentos de uno y otro signo debe de ser denunciado públicamente por quienes sentimos idéntica antipatía por las ideas nacionalistas de aquí y de allá. Quienes creemos en la utopía realizable de una Europa políticamente cada vez más unida, no podemos compartir ningún proyecto de construcción o reforzamiento (del sentimiento) nacional. Por el contrario, consideramos que las energías deberían de canalizarse hacia lo verdaderamente importante: la identificación de los problemas concretos que nos aquejan (que no son pocos) y su solución igualmente concreta (no retórica).

Ello requiere que las principales fuerzas políticas del país hagan lo que tanto les cuesta hacer: ponerse de acuerdo sobre qué modelo de Estado quieren; tomar la iniciativa y proponérselo al resto de partidos políticos y al conjunto de la sociedad. No es tan difícil, pues basta con ordenar mejor el Estado que ya tenemos, que, por más que ahora se cuestione, ha funcionado correctamente, deparándonos lustros de paz social y política, así como prosperidad económica (aunque recordarlo hoy a alguien le pueda parecer un sarcasmo).

PP y PSOE, en primer lugar, y los demás partidos políticos de ámbito estatal o autonómico, después, deberían convencerse de que, llegados a este punto, la reforma constitucional resulta insoslayable para mejorar la organización y el funcionamiento de nuestro Estado. Las grandes cuestiones seguramente no precisen de ningún retoque sustancial, en tanto en cuanto la democracia, aunque perfectible, está bien asentada, y los derechos fundamentales, aunque ampliables, son generosos y están bien garantizados en el texto constitucional.

En el campo territorial, que es el que nos ocupa y preocupa en estas reflexiones, los principios básicos también son válidos, dado que la unidad del Estado resulta perfectamente compatible con el respeto de la diversidad territorial. No obstante, el paso del tiempo ha puesto de relieve que en este ámbito resulta preciso acometer reformas serias, orientadas, en primer lugar, a distribuir y delimitar mejor las competencias del Estado central y las Comunidades autónomas, a fin de que las responsabilidades de uno y de las otras sean fácilmente identificables para los ciudadanos, tal y como es de recibo en una democracia avanzada.

En segundo término, no podemos continuar con un Senado como el actual. Se ha de reformar para convertirlo en una genuina cámara de representación de la voluntad autonómica, con amplias competencias legislativas cuando de aprobar leyes estatales con importante incidencia autonómica se trate. El mejor modelo seguramente sea uno bien conocido y contrastado: el del Bundesrat o Consejo Federal alemán, un órgano en el que se encuentran representados, de manera relativamente proporcional a su población, los Gobiernos de los Länder o Estados federados alemanes.

Y, en tercer término, la definición de un modelo estable de financiación que garantice recursos suficientes al Estado y a las Comunidades autónomas para el acometimiento de sus tareas, basado en el principio de corresponsabilidad fiscal, pues solo este garantiza adecuadamente que quien gaste conozca a la perfección lo que cuesta obtener los ingresos por vía fiscal o tributaria. En ese modelo, lógicamente, se ha de garantizar también una adecuada solidaridad interterritorial, a fin de que las Comunidades autónomas con menor capacidad financiera puedan acercarse a la media, gracias a las aportaciones provenientes del Estado y de las Comunidades autónomas más ricas, sin que ello implique, en ningún caso, que una vez establecida la compensación correspondiente se produzca una alteración del orden que ocupa cada Comunidad en lo que a capacidad financiera se refiere (principio de ordinalidad).

Hay más, pero estas son las tres cuestiones centrales necesitadas de reforma constitucional. Todas (o la mayoría) de las fuerzas políticas deberían ser capaces de ponerse de acuerdo sobre ellas. Y antes que nadie el PP, cuya mayoría parlamentaria sostiene hoy al Gobierno del Estado, y el PSOE, todavía hoy principal fuerza política de referencia para la ciudadanía que se identifica con los postulados socialdemócratas. El país lo necesita. Ya no valen excusas. Hay que tomar la iniciativa para abordar con seriedad lo importante y no marearnos en el tiovivo de las identidades nacionales, los separatismos disgregadores y la frustración colectiva.