Gran parte de su trabajo se ha dedicado a la economía del estado de bienestar. Nos gustaría empezar por conocer un poco más sobre lo que motivó su trabajo y cómo cree usted que nos ayuda a aumentar nuestra comprensión de las políticas sociales.

Mi motivación original era tratar de proteger el estado de bienestar de los ataques ideológicos, por ejemplo, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y del apoyo ideológico ciego como, por ejemplo, bajo el comunismo. El argumento central que presenté (basado en la entonces nueva literatura sobre la economía de la información) es que el Estado de bienestar que existe no sólo por razones de distribución conocidas, en particular para proteger a los pobres, sino que también tiene una función importante de eficiencia -el Estado de bienestar hace cosas que los mercados privados, por razones técnicas, harán mal o no harán en absoluto. Este último argumento era nuevo cuando lo utilicé por primera vez en la década de 1980.

Uno de los argumentos de su libro The welfare state as a piggy bank fue que el habitual equilibrio eficiencia-igualdad que es común en el debate público se ve muy diferente cuando se observa a través de la lente de la teoría de seguros y de economía de la información. ¿Cómo explicaría a nuestro lector medio su visión de cómo este equilibrio es modificado por su trabajo? The welfare state as a piggy bankThe welfare state as a piggy bank

El Estado existe para proteger el bienestar de los pobres. Pero también existe para hacer las cosas que los mercados privados harían mal o no harían. Los mercados privados funcionan bien cuando una serie de condiciones técnicas los sostienen. Entre esas condiciones se encuentran las siguientes:

Los consumidores deben estar bien informados. Esa condición se cumple, en términos generales, para cosas como la comida, pero no para, por ejemplo, los medicamentos. Así que si compramos alimentos en los supermercados a precios de mercado, el sistema de mercado funciona. Por el contrario, no se nos permite comprar cualquier producto farmacéutico que nos gusta, dado que la producción y venta de esas drogas están muy fuertemente reguladas.

Los vendedores de seguros deben saber qué tan arriesgado es el comprador del seguro. Esto funciona bien para cosas como el seguro del automóvil, pero mucho menos para los riesgos como el desempleo o la salud.

Así las cosas, como el seguro social y la asistencia sanitaria, el Estado de bienestar contribuye tanto a la justicia social como a la eficiencia.

Reforma de las pensiones

Su último libro, que fue traducido al español, trata sobre la reforma de las pensiones y ha sido escrito con el premio Nobel Peter Diamond. ¿Cuál diría usted que es el mensaje principal del libro acerca de las opciones que el bienestar se enfrentan los estados con el envejecimiento?

El libro consta de varios mensajes:

Primero, los sistemas de pensiones tienen múltiples propósitos, incluido el alivio de la pobreza, el seguro y lo que los economistas llaman la suavización del consumo, es decir, la redistribución en el tiempo, o de uno mismo en la juventud a esa misma persona en la tercera edad.

Segundo, un sistema de pensiones bien diseñado ha de tener en cuenta todos esos objetivos.

Tercero, la estabilización del consumo efectivo: se entiende que un sistema de pensiones tiene que ser (a) estable y (b) sostenible financieramente en el largo plazo.

Cuarto, para lograr la estabilidad y la sostenibilidad del sistema éste debe adaptarse a las tendencias a largo plazo, como la prolongación de la vida.

Y quinto, el ajuste al envejecimiento de la población puede tener lugar en diversas formas, pero es improbable que tenga éxito sin un incremento en promedio de la vida laboral.

Como usted sabe, la reforma de pensiones en España hará que las pensiones se actualicen en función del equilibrio a medio plazo del sistema, en lugar de acuerdo al poder adquisitivo. ¿Cuál sería su punto de vista sobre esta solución?

No hago ningún comentario sobre la propuesta específica, porque no sé lo suficiente sobre ella. Mi respuesta general es que si un sistema de pensiones no es sostenible en el largo plazo se producirá un error para lograr sus objetivos. Si un sistema de pensiones está gastando demasiado, entonces o bien (a) las contribuciones han de incrementarse o (b) los beneficios percibidos tienen que reducirse. Puesto que (a) probablemente no es una opción en este momento la opción que queda es la (b). Es posible reducir los beneficios ya sea mediante la reducción de lo percibido mensualmente (por ejemplo, al cambiar la fórmula de indexación) o empezando a pagar las pensiones a una edad más tardía. Muchos países han hecho ambas cosas. Teniendo en cuenta las tendencias en la esperanza de vida, el aumento de la edad de jubilación es un elemento esencial en la reforma de pensiones en casi todos los países.

En el debate sobre la reforma de las pensiones, algunas personas, incluso instituciones internacionales, a menudo sugieren que el envejecimiento es un problema en los sistemas de reparto que no existiría con un sistema de capitalización. Esta es una idea que ya contradecía en 1979 en su pieza Myths my Grandfather taught me, pero que muchas personas educadas encuentran intuitiva y atractiva. ¿Cuál es exactamente el problema?Myths my Grandfather taught me

La intuición es obvia y clara. Y es correcta si se piensa en las pensiones como el simple hecho de acumular dinero para el futuro. Si acumulo lo suficiente para el ahorro en mi vida laboral, la idea es que ese dinero proporcionará mi pensión, aunque no haya muchos trabajadores en activo después de que me haya retirado.

Pero el argumento es erróneo si estoy preocupado no por el mero dinero (por ejemplo, tener X euros al mes), sino por la capacidad de consumo después de haberme retirado. Si una generación de pensionistas tiene un gran montón de dinero va a poder gastar ampliamente, pero si no hay muchos trabajadores no habrá mucho que poder comprar para los primeros. Como resultado, los precios de los bienes van a subir, habrá inflación. Así, los pensionistas recibirán su dinero de manera segura, sí, pero no la capacidad de consumo.

Reforma de la educación superior

Un debate en el que estaba bastante activo fue el tema de la reforma de la educación superior en el Reino Unido. ¿Podría decirnos cuál fue su contribución al debate y las lecciones que España podría aprender del Reino Unido?

Mis principales argumentos son que en primer lugar, los países necesitan la educación masiva y de calidad superior para ser competitivos; pero los contribuyentes no pueden permitirse el lujo de pagar el costo total, por lo que el gasto público debe ser complementado por el gasto privado.

En segundo lugar, la financiación de la educación superior debe aumentarse mediante el cobro de derechos de matrícula. Sin embargo, los estudiantes generalmente no pueden permitirse el lujo de pagar los derechos de matrícula. Lo que se necesita es un sistema bien diseñado de los préstamos estudiantiles para cubrir gastos de matrícula y costos de vida. Una de mis contribuciones fue precisamente una propuesta de diseño para dicho sistema: los préstamos deben (a) tener pagos supeditados a los ingresos (es decir, la devolución del préstamo ha de consistir en reembolsos de x% de los ingresos del prestatario hasta que él / ella pague el préstamo); (b) cobrar una tasa de interés relacionado con el costo de endeudamiento del gobierno.

Al igual que con Myths my Grandfather Taugth Me, esta es un área con un resultado contrario a la intuición. Todo el mundo “sabe” que las tarifas en la universidad disminuyen la capacidad de acceso. Esto es, en realidad, erróneo. Varios países sin matrícula general tienen una baja participación de las personas procedentes de entornos desfavorecidos. Lo que perjudica el acceso es la falta de logros en la escuela, por lo general, por razones que se remontan a la primera infancia. El ministro de Educación británico dijo una vez: “Si yo fuera un socialista real, no gastaría un centavo en la educación superior-me gustaría pasar todo en la educación infantil.” Aunque no quiso decir eso literalmente, la declaración tiene un grano muy importante de verdad. Gastar dinero público en garantizar el acceso gratuito la educación superior no ayuda al acceso en sí, sino que lo perjudica al desplazar el gasto que debería hacerse en la parte del sistema correspondiente a las primeras etapas de educación, que es la verdadera manera de mejorar la movilidad social. La educación superior gratuita es políticamente popular como un subsidio de clase media, pero es política social regresiva.

Por último, un sistema de tasas y préstamos, si están bien diseñados, libera recursos para ampliar la participación en la educación superior de los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos, es decir, es posible argumentar a favor de tasas y préstamos como parte de la política social progresista (otra de mis contribuciones) .

El Gobierno español ha propuesto recientemente reforzar las condiciones de elegibilidad para becas en la educación superior argumentando que esto aumentará los incentivos y la eficiencia de los estudiantes. ¿Usted cree que esto es un argumento sólido?

Sí, especialmente si se combina con las políticas para mejorar la consecución anteriormente en el sistema.

Cuando las tornas no cambiaron

Un argumento común para atacar la idea del contrato único es relativizar la importancia que tienen los costes de despido sugiriendo que estos no son tan onerosos como se plantea a menudo. Los autores argumentan que, a pesar de que allá por los inicios de la crisis en 2008 y 2009 el número de empleos temporales destruidos fue mayor, hoy en día se destruyen más empleos indefinidos que temporales, por lo que las diferencias entre trabajadores y contratos no pueden ser tan grandes. Los números ofrecidos son, por desgracia, un efecto estadístico. Pensamos que lo que importa a la hora de analizar la desigual protección de trabajadores indefinidos y temporales no es la pérdida de empleos absolutos, sino la probabilidad de pérdida de empleo de cada trabajador. Y esta tasa apenas ha cambiado desde que comenzó la crisis, como se puede observar en el gráfico a continuación. De cada 100 trabajadores con contrato temporal en el primer trimestre de 2009, 14 habían perdido su empleo el trimestre siguiente. El número para indefinidos es 7 veces menor, un 2%. Los últimos datos que tenemos son aún peores. En el tercer trimestre de 2012, el 18% de los temporales perdió su empleo. Solo un 2% de los indefinidos perdió el suyo.

¿Cómo es posible entonces que hayamos pasado de una situación en que el 96% de los empleos destruidos sean temporales a una en que el número de indefinidos que pierden su empleo sea ligeramente superior? Imagínense una jarra de agua de 1 litro a la que se le retira el 15-20% de la cantidad en cada periodo. La cantidad de agua menguará rápidamente, de forma que en el 4º periodo solo quedará medio litro. De igual manera, la cantidad de agua que se retira en cada periodo menguará también, porque un 20% de 1 litro son 200ml y un 20% de medio litro apenas son 100ml. Este es el caso de nuestros trabajadores temporales, una rapidísima disminución del número de empleos, que no varía en porcentaje pero sí en términos absolutos porque cada vez quedan menos empleos. En cambio, los indefinidos son una jarra de 2 litros de la que apenas se retira el 2% de la cantidad cada periodo, unos 20ml. Como pueden imaginarse, llegará un momento en que la cantidad retirada en términos absolutos de la botella de 1 litro sea similar a la que retiramos de la botella de 2 litros, que es lo que ha ocurrido.

La razón por la que se destruyen más empleos indefinidos que temporales a día de hoy en España es que ya se han destruido la mayoría de empleos temporales. Las probabilidades de pérdida de empleo se mantienen más o menos constantes, pero en la jarra de los temporales quedan muy pocos empleos. Las tornas no se han cambiado; los temporales siguen en clara y evidente desventaja.

La fragmentación del ordenamiento jurídico laboral o los inesperados efectos del incrementalismo

La evolución de la legislación laboral en España se puede caracterizar por lo que en política públicas se denomina un patrón “incrementalista”. En la medida en que han ido apareciendo patologías, se han intentado solucionar con cambios marginales –típicamente creación de nuevos contratos y bonificaciones- pero nunca se ha tenido el coraje de tomar la distancia necesaria y enfrentar una reforma global en el marco de un contrato social más justo y más eficiente.

Casi tres décadas de incrementalismo se han traducido en un ordenamiento jurídico muy fragmentado que ha buscado cubrir con regulaciones ad hoc todos y cada uno de lso casos concretos. Así aunque las bonificaciones de los contratos y la precariedad son problemas diferenciados (aunque no independientes), las razones por las que las bonificaciones han resultado estar mal diseñadas reflejan una “filosofía” regulatoria similar a la que ha guiado la creación de contratos atípicos.

En efecto, ambas series de soluciones parten de la idea que es posible solucionar un problema (como el paro joven o la inserción en el mercado laboral) como si se tratara de un caso independiente, sin modificar el resto de la regulación. La problematicidad de querer regular exhaustivamente cada uno de los casos concretos proviene de la dificultad de enumerar de forma suficientemente exhaustiva todos y cada uno de los casos. Esto va a generar dos tipos de problemas. Por un lado, la creación de un estatus especial va a favorecer a unos grupos artificialmente frente a otros, creando los que los economistas llaman un “efecto sustitución”. El hecho de crear un contrato temporal para menores de 30 años, por ejemplo, hará que entre dos personas idénticas que difieran únicamente en su edad (mayor o menor de 30 años), el empresario se decida por el primero condenando al segundo al paro. De forma más realista, el hecho de que exista un contrato de obra que se extingue con el fin de un proyecto, va a favorecer que una empresa tienda a favorecer aquellas actividades de naturaleza “temporal”. El efecto sustitución afecta por tanto a la composición del empleo, no a su volumen y explica por qué a la hora de decidirse por una fórmula de contratación, las empresas se decidan por la que les otorga mayor discrecionalidad en detrimento de la alternativa.

En segundo lugar, una regulación “casuística” de este tipo es siempre, necesariamente, más difícil de hacer cumplir. Si el menú de contratos para elegir es más amplio, es más fácil para un empresario encontrar en el catálogo un caso que se adapte a su situación y le permita sortear la contratación indefinida. Del mismo modo que la creación de deducciones fiscales facilita su trabajo a los asesores fiscales creando oportunidades masivas para los arbitrajes regulatorios que no necesariamente son constitutivas de fraude (este es el caso de lo que en derecho tributario se llama “economías de opción”), los contratos atípicos facilitan el trabajo a los abogados de las empresas.

Naturalmente, se podría argumentar que esto no es un argumento para eliminar el casuismo, sino para hacerlo cumplir más enérgicamente. Es posible, tal vez, que la tasa de temporalidad en España no se explique por su ordenamiento jurídico que crea oportunidades para el abuso, sino por la tolerancia de este. Pensamos que existen motivos para dudar de esta explicación. Para ello podemos ver en el gráfico de abajo que España no es precisamente un país cuya inspección de trabajo tenga pocos recursos.

El argumento a favor del contrato único nace de la constatación de que el arte de hacer políticas públicas tiene mucho más que ver con lograr un objetivo mediante una legislación que los agentes implicados tengan incentivos para no eludir que con poner reglas especialmente duras, lo que los economistas llaman diseñar mecanismos que cumplan la condición de “compatibilidad de incentivos”.

Casuismo y causalidad en el despido

Una crítica que se ha dirigido a la idea del contrato único con indemnización creciente es que, al “descausalizar el despido”, esto abriría la puerta a la arbitrariedad empresarial y, además, sería inconstitucional. Pensamos que existen motivos para ser muy escépticos sobre esto.

En primer lugar, cabe argumentar que la mejor forma de proteger a los trabajadores frente al empresario no es necesariamente mediante la judicialización de la relación laboral, sino fortaleciendo la posición negociadora del trabajador al reducir su dependencia del empresario. Las socialdemocracias nórdicas han optado por esta avenida mediante un esquema de “flexiseguridad” muy similar al que aparecía en la propuesta original. Los pilares de esta estrategia son dos. En primer lugar, la “amenaza” de ser despedido es mucho menos efectiva cuando los trabajadores gozan de un seguro por desempleo generosa –una protección que por motivos políticos muy ligados a la dualidad en España ha evolucionado en un sentido restrictivo. La idea es por tanto no proteger los puestos de trabajo, sino proteger a la persona en sus transiciones entre puestos de trabajo con un seguro de desempleo generoso y políticas activas. En segundo lugar un efecto bien documentado de los costes de despido es el de reducir simultáneamente la destrucción y la creación de empleo a la vez, además de incrementar la duración media del desempleo, de modo que si realmente se volviera más barato despedir, el desempleo se volvería menos doloroso porque sería más fácil encontrar un empleo nuevo.

En segundo lugar, el efecto de obligar a justificar el despido es naturalmente el de convertir esa causalidad en contenciosa llevando a la judicialización del conflicto. Una legislación que genere contensiosidad no solamente genera costes procesales (tanto explícitos, como en términos de tiempo) de los que nadie se apropia (salvo los abogados), sino que además aumenta la incertidumbre sobre el verdadero coste del despido. La importancia de estos costes quedaba reflejada en que con anterioridad a la reforma, los empresarios preferían no ir a juicio y aceptar la improcedencia del despido (el llamado “despido express”).

Naturalmente, se podría argumentar que, aún pudiendo ser una medida efectiva, esto vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Ante esta crítica, cabría decir naturalmente que esto puede hacer la reforma política y legalmente inviable, pero no la convierte en inefectiva. Pero aún aquí pensamos que hay razones para el escepticismo (por ejemplo). El llamado despido express, cuya constitucionalidad nunca fue puesta en duda, permitía de facto sortear la causalidad en el despido, de modo que no es difícil pensar en que será posible diseñar algún mecanismo de este tipo con un recurso procesal dónde el papel del juez quede limitado a controlar casos de discriminación o vulneración de derechos fundamentales. Este mecanismo podría diseñarse, por ejemplo, mediante una redefinición suficientemente amplia de las causas de despido, de las reglas de prueba y una reforma que endurezca de las reglas de admisión a trámite del recurso.

El empleo temporal o el problema del huevo y la gallina

Otro argumento habitual en contra del contrato único es que la temporalidad en España no es fruto de nuestro extenso menú de contratos laborales y de las diferencias entre ellos, sino que viene determinada por nuestra famosa estructura productiva. Esta explicación parte de la constatación de la gran importancia que tienen en nuestro tejido industrial las PYMES o sectores como la construcción o el turismo para argumentar que existe una demanda natural de este tipo de trabajadores que el menú de contratos se limita a cubrir. Por lo tanto, se dice, unificar todos los contratos sería inútil, ya que el mercado se encargaría de reproducir los mismos patrones bajo la nueva legislación. Son las llamadas “explicaciones de demanda”.

Por suerte este es un problema, como tantos otros, que la evidencia empírica nos puede ayudar a solucionar. Y los datos apuntan en dirección contraria. En primer lugar, es importante subrayar que aunque observáramos una alta correlación entre determinados sectores y la temporalidad, esto no implicaría necesariamente que la causalidad vaya de la estructura productiva a la regulatoria: es perfectamente posible que vaya en sentido contrario. Precisamente, la evolución temporal del empleo en estos sectores dónde la creación de contratos temporales precedió al aumento del peso de los mismos indicaría que la causalidad va en la dirección contraria.

Un análisis detallado de la evidencia permite ver que el vínculo causal entre estructura productiva e instituciones es cuanto menos ambiguo. El sociólogo económico Javier Polavieja ha dedicado una buena parte de su carrera a analizar el problema de la precariedad laboral en España. Es posible encontrar un buen resumen de su pensamiento en un excelente artículo de 2005 de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas donde analiza de forma comparada la temporalidad y sus posibles causas. La conclusión es clara: una análisis estadístico riguroso revela que la tasa de temporalidad de España (la más alta de la OCDE) es muchísimo más elevada de lo que nos correspondería dada la importancia relativa de nuestros sectores temporales o volátiles. O, en otras palabras, nuestra estructura productiva no justifica nuestra elevada tasa de temporalidad. Por si fuera poco, esta temporalidad no es una característica exclusiva de nuestros sectores volátiles, sino que está presente en el resto de la economía. Tanto es así que nuestros sectores menos volátiles como las manufacturas o el transporte sufren una tasa de temporalidad mayor que la de los sectores más volátiles del resto de países. España es un campeón indiscutible en términos de precariedad.

Polavieja llega a un resultado similar comparando la importancia de los empleos de cuello blanco o el peso de las PYMES en el tejido industrial: tanto en las ocupaciones más cualificadas, como en la totalidad de nuestra estructura productiva, la temporalidad es mayor de lo que se esperaría.

En cambio, el análisis de Polavieja muestra que las instituciones sí que juegan un papel muy relevante; las leyes y regulaciones sobre la protección del empleo indefinido y la estructura de la negociación colectiva contribuyen a determinar los niveles de temporalidad que observamos hoy en día. En concreto, no se trata de que la protección del trabajo sea alta, sino de que el diferencial de protección entre contratos temporales e indefinidos sea tan abrumadora la que causa este problema. Además, el hecho de que los trabajadores indefinidos tengan más representación y poder de negociación en los convenios tiende a acentuar este problema. Estos dos factores, encuentra Polavieja, unidos a los grandes shocks de desempleo que vivimos de forma periódica en España, son los grandes culpables de la temporalidad.

Como venimos diciendo, muchas de las críticas dirigidas a la idea del contrato único no se sostienen.

En definitiva, estamos lejos de ser prisioneros de la temporalidad por nuestra naturaleza o la de nuestra economía. Es más, el castigo es autoimpuesto: estamos sufriendo las consecuencias de un mal diseño institucional y regulación de nuestro mercado laboral. Y creemos que es hora de cambiarlo.

Los jóvenes frente al sistema

Las causas de este estado de cosas son complejas. En el núcleo del problema se encuentran desarrollos sobre los que tenemos poco o ningún poder de acción tales como el cambio tecnológico, la globalización, la terciarización de la economía, las mutaciones demográficas y la trayectoria histórica de nuestro país están en el corazón del problema. Sin embargo, para que la evaluación del problema no sea estéril es necesario centrarse en las variables en las que se puede influir desde el punto de vista de las políticas públicas. Comparando el entramado institucional de distintos países es posible distinguir dos variables que explican por qué la situación de los jóvenes españoles es particularmente mala en comparación con la de los países de nuestro entorno: las instituciones del mercado laboral y las prioridades de gasto social.

Las instituciones laborales funcionan de tal forma que la dualidad entre trabajadores estables y precarios es inevitable. Existe un grupo, bien identificado y en el que los jóvenes están muy infrarrepresentados, que tiene un trabajo estable, en cuya formación los empresarios tienen incentivos para invertir y que está mucho menos expuesto al riesgo de desempleo. Frente a este, un segundo grupo de entre un cuarto y un tercio de trabajadores empleados, que no vive en la precariedad, que no es tenido en cuenta en la negociación colectiva y que está constantemente expuesto a las fluctuaciones del ciclo económico.

El Estado de Bienestar en España está intensamente sesgado en contra de los jóvenes. Como ha mostrado la politóloga Julia Lynch, las prioridades de gasto social en función de la edad varían considerablemente entre países y el nuestro destaca por ser uno de los países dónde los jóvenes son dados de lado. No es en guarderías, educación, prestaciones por desempleo y políticas activas en lo que se pone el acento sino que, a la hora de arbitrar entre partidas de gasto nuestros políticos consideran aceptable sacrificar estas políticas a cambio de no repercutir los ajustes en la tercera edad. Esta preferencia se ha puesto de manifiesto en la reciente política de recortes y hace que el Estado de Bienestar deje a las nuevas generaciones en el borde del camino.

Este estado de cosas es desastroso, no solo porque sea injusto, sino porque mina estructuralmente la sostenibilidad de cualquier proyecto socialdemócrata al dejarlo indefenso ante los retos económicos, sociales y demográficos del futuro.

Por qué la socialdemocracia debe invertir en los jóvenes

La razón por la que es urgente y necesario replantear las políticas públicas para orientarlas hacia los jóvenes no es que los estos supongan algún tipo de prioridad ética per se. Como autores como el premio Nobel James Heckman o el sociólogo Gosta Esping-Andersen han dedicado una parte importante de su carrera a demostrar, las razones están basadas en la eficacia: tanto en la eficacia redistributiva, como en la eficiencia económica; tanto en la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de justicia social con los mismos recursos, como en los beneficios que los jóvenes tienen para el funcionamiento de una economía moderna. Invertir en los jóvenes es por tanto una forma de superar la supuesta dicotomía entre justicia social y crecimiento.

Todo lo que sabemos sobre desigualdad nos hace pensar que cada euro gastado en reducir las desigualdades a edades avanzadas es menos eficaz que cuando se hace al principio del ciclo vital. Cuanto más tardía es la redistribución, menos eficaz. Existe una evidencia empírica cada vez más sólida que sugiere que la formación de la desigualdad se produce en edades tempranas. La razón para ello es que la familia es una fuente poderosa de transmisión de la clase social. Es mucho más eficiente gastar dinero en guarderías o en educación para aumentar la productividad de un individuo que está aún formándose y éste pueda ser valorado en el mercado laboral, que intentar redistribuir entre trabajadores más y menos productivos en edades posteriores. Dejar atrás el carácter marcadamente familiar de nuestro Estado de Bienestar mediterráneo es un paso obligado para desligar el origen social del éxito en la vida y garantizar así la igualdad de oportunidades.

Una razón adicional para priorizar la redistribución temprana es que periodo a lo largo del que se va a prolongar esa reducción de la desigualdad va a ser más largo. Es toda la diferencia que existe entre invertir en la educación de trabajadores que puedan disfrutar de sus rentas durante el resto de su vida, o gastar en el consumo de aquellos que están en el tramo final de sus ciclos vitales: simplemente, se trata de gastos que no pueden ser evaluados sin una ponderación que tenga en cuenta que el primero es una inversión y el segundo un gasto en consumo; que el primero se va a disfrutar durante un periodo mucho más largo que el segundo.

Además de servir para redistribuir mejor, priorizar a los jóvenes es una buena política económica porque invertir en las nuevas generaciones es construir el futuro. El gasto en primera infancia facilitaría la incorporación al trabajo de la mujer y aumentaría la natalidad, haciendo así viable afrontar el reto del envejecimiento que amenaza la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Los niños y jóvenes de hoy son los contribuyentes de mañana: aumentar el número de trabajadores de las cohortes venideras fomentando la natalidad y mejorar su productividad invirtiendo en su educación, garantiza ingresos fiscales en el futuro y hace viables las políticas redistributivas. En cierta medida, la inversión en los jóvenes es una política que se paga por sí misma. Si ser socialdemócrata tiene que ver, sobre todo, con la convicción racional de que justicia social y progreso son ideas que suelen ir de la mano, es urgente repensar el modo en que gastamos el dinero público.

Finalmente, es hora de que las personas con convicciones socialdemócratas reconozcamos que las instituciones del mercado laboral condenan a los jóvenes. Ningún joven puede permitirse el lujo de tener demasiadas esperanzas en llegar a tener un empleo estable de por vida a menos que decida trabajar en el sector público. La rotación laboral es un hecho que está aquí para quedarse. Sin embargo, el gasto por persona en políticas activas y prestaciones por desempleo es exiguo mientras que la brecha en la protección de trabajadores fijos y temporales es una de las más grandes de nuestro entorno. Plantear un modelo de mercado laboral viable pasa por eliminar esa brecha con un contrato único y reconocer que, si la pérdida del empleo es probablemente algo inherente a una economía capitalista, el papel del Estado es el de proteger a los trabajadores en sus transiciones entre puestos de trabajo con subsidios que mantengan su renta y políticas activas que les ayuden a reciclarse.

Los defensores del Estado de Bienestar nos enfrentamos hoy a dos retos: el de su sostenibilidad y el de su eficacia a la hora de lograr la justicia social. Mantener un modelo social que explota y condena a los jóvenes cediendo al peso político del envejecimiento es hipotecar cualquier proyecto de sociedad justa y viable y ceder a la peor especie de cortoplacismo político: el motivado por la miopía electoral.