La Ley integral contra la violencia de género (LIVG) fue aprobada en 2004 con el apoyo de todo el arco parlamentario.  Esta imagen de consenso hoy resulta impensable, pero entonces ponía de manifiesto el reconocimiento de un problema grave y persistente que en su versión más extrema acaba aún hoy con la vida de mujeres a manos de sus parejas o exparejas con una frecuencia semanal.

En estos años de vida, la ley ha sido criticada por muchas razones. Por un lado, ha sido acusada de insuficiencia o ineficacia, al no haber resuelto el problema de la violencia machista, y no proporcionar ayudas a todas las mujeres que las necesitarían para librarse de ella. Por otro lado, se ha llegado a decir que la ley penaliza injustamente a los hombres, pone en riesgo presunción de inocencia, o promueve las denuncias falsas. Muchas de estas críticas se pueden contestar rápidamente de manera solvente (por ejemplo aquí). Es curioso por ejemplo que el argumento de las denuncias falsas se sustente sobre la base del número significativo de casos que terminan en absolución, que se dan justamente porque opera la presunción de inocencia, y olvidando que la ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. Vamos, que se acusa a ley a la vez de no haber sido suficiente, y de haber ido demasiado lejos, con críticas que entran en contradicción unas con otras. 

La cuestión es que parece que hemos girado de un paisaje de apoyo relativamente generalizado, a uno en el cual la ley se cuestiona con relativa dureza. La lucha contra la violencia machista es además instrumentalizada por un partido político de cuyo nombre no logro acordarme que decía que “la violencia no tiene género”. Lo que me interesa analizar aquí si las percepciones de la ciudadanía se han movido de manera paralela a este cambio en el escenario político hacia posiciones más polarizadas y constreñidas por factores como la ideología o la simpatía partidista.

Con este fin podemos comparar datos de opinión pública recogidos en 2018 (septiembre, N=3.031) y 2022 (marzo, N=2.904) por el grupo de investigación DEC de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nos gustaría tener datos cercanos al año aprobación que se hubieran replicado con la misma formulación recientemente, pero lo que tenemos disponible se refiere a estos dos momentos, eso sí, separados por un elemento crucial que es la entrada de Vox en las instituciones y en el debate sobre esta cuestión.

En la formulación de la pregunta, que como sabemos puede condicionar fuertemente la distribución de la respuesta, hemos querido reflejar el debate social. Este a menudo se plantea en el contexto español en términos que oponen el reconocimiento de la violencia de género bien como un instrumento de protección de las mujeres contra la violencia que sobre ellas ejerzan parejas y exparejas, o bien como un agravante penal que perjudica a los hombres. Ofreciendo estos dos enunciados pretendemos reflejar interpretaciones social y mediáticamente visibles para captar las posiciones de la gente en relación con estos debates. Para ello pedimos a los encuestados que elijan con cuál de esas dos visiones están más de acuerdo, y posteriormente, que indiquen la intensidad de dicho acuerdo (un poco, bastante, o mucho).

Observamos así que, según muestra la Figura 1, en 2018 nada menos que el 80% de los encuestados está de acuerdo con que el reconocimiento de la violencia de género protege a las mujeres (el 40% apoya esta afirmación con la máxima intensidad). En 2022 el acuerdo con esta afirmación apenas había descendido 4 puntos porcentuales. Se mantiene por encima del 75%, eso si, con una intensidad más matizada (el 40% se ha trasladado al nivel de acuerdo más bajo). El cambio se ha producido, por lo tanto, en la intensidad, más que en la visión de los ciudadanos, que en 2022 tienen más dudas que en 2018. Al menos hasta 2022, no se aprecia un cambio hacia una distribución polarizada bi-modal sobre la cuestión.

Si observamos como varían las posiciones en función del sexo, la edad, el nivel de estudios, la ideología y la simpatía partidista de los encuestados, la situación ha cambiado notablemente. Como acabamos de ver, en 2018 la percepción de la ley como medida de protección era amplísima, pero estaba fuertemente condicionada por factores como el sexo y especialmente por la ideología: las mujeres, y las personas de izquierdas mostraban una fuerte percepción de la ley como protectora. Los hombres y las personas que se situaban ideológicamente a la derecha también la percibían así mayoritariamente, pero en menor medida.

En 2022 las diferencias por sexo e ideología se atenúan mucho, y el efecto de la simpatía partidista se ha organizado de manera más coherente que en 2018. Aparece claramente el apoyo a Vox como el predictor más importante. La simpatía con este partido reduce significativamente la visión de la ley como protectora. Son los simpatizantes de Vox los únicos que consideran en promedio que el reconocimiento de la violencia de género perjudica a los hombres. Sin embargo, al mismo tiempo, la aparición de Vox como elemento constreñidor de estas actitudes ha conseguido que la visión de la ley como protectora sea incluso más transversal de lo que lo era en 2018.

No es que la opinión pública sea inmune a los debates políticos y mediáticos, ciertamente, y no puede decirse que la LIVG esté exenta de limitaciones que pueden generar dudas. La persistencia e incluso el incremento de algunos indicadores de violencia lo atestigua. Pero sí parece que, en todo caso, la ciudadanía valora de forma mayoritaria y transversal el reconocimiento de la violencia de género como algo que protege a las mujeres, incluso en un contexto en el que los partidos muestran niveles crecientes de polarización sobre la cuestión. Esta valoración era en 2022 relativamente independiente del sexo, la edad, y el nivel de estudios y estaba relativamente poco condicionados por la ideología y las preferencias partidistas, con la excepción de la simpatía por Vox.  

Además de poner de manifiesto el apoyo social al reconocimiento de la violencia de género, estos datos también dan cuenta de la dificultad de establecer relaciones directas entre la polarización de los debates político-mediáticos, y la de las actitudes de los ciudadanos. No todo lo que parece muy polarizado lo está.

La conexión de los partidos de ultraderecha con el antifeminismo es algo muy estudiado. Partidos como Vox suelen desplegar discursos y políticas en los que no solo se oponen al avance en cuestiones que creíamos ya superadas (como los derechos reproductivos de las mujeres), sino que ni siquiera reconocen la discriminación y la violencia específicas que estas aún sufren.

Sin embargo, el efecto del sexismo y en general de las actitudes hacia la igualdad entre hombres y mujeres en el voto es algo sorprendentemente poco estudiado, entre otras razones porque los datos sobre este tipo de actitudes en las principales encuestas de referencia son bastante escasos, por no decir inexistentes. Sabemos, por ejemplo, que las actitudes autoritarias y el rechazo a la inmigración, a los partidos tradicionales o a la Unión Europea suelen ser importantes, pero ¿cuánto importa el sexismo en el voto a la ultraderecha?

Para contestar a esta pregunta analizamos las actitudes de sexismo moderno, una forma sutil de prejuicio que se caracteriza por la negación de la discriminación de las mujeres, y por el rechazo de protestas y políticas cuyo objetivo es corregir tal discriminación (es decir, por el rechazo al feminismo como movimiento social y como principio orientador de políticas). Nota: El concepto y los indicadores de sexismo moderno fueron definidos por Janet Swim y sus colegas a mediados de los años 90 en Estados Unidos, pero hay que decir que han viajado y envejecido con admirable frescura.

De un montón de variables utilizadas para predecir el voto a Vox (ideología, actitudes populistas y autoritarias, preferencias sobre la organización territorial del estado, actitudes hacia la inmigración, estudios, ingresos, sexo, edad, estado civil o interés por la política), el efecto del sexismo es solo superado por el efecto de la auto-ubicación ideológica (los análisis más detallados se pueden consultar aquí). El sexismo supera en importancia tanto a las actitudes hacia la inmigración como a las relativas al conflicto territorial, las dos principales explicaciones alternativas del voto a Vox. Las personas con niveles muy altos de sexismo (percentil 95) tenían en 2019 una probabilidad de votar a Vox 10 puntos porcentuales mayor que las que tenían un nivel muy bajo (percentil 5). También constatamos que el sexismo observado en 2017 predice la intención de votar a Vox dos años más tarde. 

En el gráfico 1 podemos observar que los niveles medios de sexismo moderno en España disminuyen ligeramente tras las movilizaciones feministas de 2018, suben con posterioridad a la aparición de Vox y se estabilizan a partir de 2021. Lejos de ser una actitud cristalizada, el sexismo parece bastante sensible al contexto político. No podemos asegurar que estos cambios sean la consecuencia de acontecimientos concretos (en esos años pasan muchas otras cosas), pero sí podemos analizar las consecuencias de variaciones individuales, porque estos valores promedio en realidad ocultan bastante movimiento.

Gráfico 1. Niveles medios de sexismo moderno en España. Fuente: Panel POLAT, @dec_gr

Entre 2017 y 2018 hay gente que reduce sus niveles iniciales de sexismo siguiendo la tendencia de la media, pero también gente que los aumenta (aproximadamente se observa algún aumento en el 38% de las personas, y de éstas el 16% aumenta en más de 10 puntos porcentuales). Estos incrementos en el nivel de sexismo que suceden en un contexto de altísima movilización feminista podrían considerarse cambio actitudinal reactivo o de backlash. Este backlash actitudinal tiene consecuencias electorales: incrementa la intención de votar a Vox. 

Entre 2018 y 2019, tras la entrada de Vox en el parlamento, se produce un aumento en el nivel de sexismo. Un incremento del sexismo que sucede en un contexto de visibilización de la ultraderecha (y su discurso sexista) se podría denominar de normalización (es decir, consistente con la tendencia general). Este cambio actitudinal es más acusado que el de backlash, pero no parece tener consecuencias electorales, al menos pasadas las elecciones de noviembre de 2019. 

De todo esto se desprenden varias conclusiones. La primera es que el sexismo es sensible al contexto político: así como puede reducirse, también puede aumentar. Nada debe darse por conseguido. Además, el sexismo es un factor explicativo fundamental del voto a Vox. Sin embargo, no importa siempre lo mismo: puede activarse o desactivarse y, por lo que hemos visto, se activó especialmente cuando la fuerza del feminismo se hizo más visible. 

La segunda conclusión es que parece que ha habido un cierto backlash actitudinal (aumento del sexismo en contextos de movilización feminista) y que este ha tenido consecuencias electorales. Esto quiere decir que las personas a las que nos preocupa la igualdad debemos ser conscientes de que nos enfrentamos no solo a una situación de desigualdad y discriminación presentes, sino a también al riesgo de que las manifestaciones de fuerza feminista generen reacciones con implicaciones electorales.

A esta reflexión habría que añadir inmediatamente que el hecho de que haya backlash actitudinal no debe llevarnos a estirar el concepto en exceso. Usar de manera simplificadora la narrativa del backlash corre el riesgo de situarnos en una lógica de acción/reacción, buenos/malos, progreso/retroceso muy limitada, tanto a la hora de explicar el voto a la extrema derecha como a la hora de analizar los pros y contras de las políticas y estrategias que se proponen desde el feminismo. Hace falta reconocer estas dinámicas, pero también hilar más fino. 

La convocatoria del 8M de 2018 movilizó casi el equivalente a la participación en protestas sobre todos los temas en todo un año

Las actitudes políticas y el grado de exposición a medios digitales son las principales explicaciones de la participación

Participar en las protestas afectó al grado de identidad feminista y a la probabilidad de votar a Ciudadanos

No cabe duda de que el 8 de marzo de 2018 fue una jornada histórica para el movimiento feminista en España. La cuestión de la discriminación de las mujeres articuló una de las protestas más importantes de nuestra historia democrática. Hoy, un año después, nos preguntamos quiénes participaron entonces, por qué lo hicieron y cómo han cambiado sus actitudes a raíz de estas protestas. Para ello utilizamos datos de una encuesta panel en la que entrevistamos a las mismas personas en mayo de 2017 y en mayo de 2018, es decir, antes y después de esta protesta feminista.

Un 23% de nuestros entrevistados declaran haber participado en las manifestaciones que se produjeron en toda España en 2018. Es un dato importante, teniendo en cuenta que la participación en protestas en España según la Encuesta Social Europea suele estar entre el 20 y el 35% de la población mayor de edad. Aunque seguramente estos datos reflejan una cierta deseabilidad social de la participación, parece que una sola convocatoria movilizó casi el equivalente a la participación en protestas de cualquier tema en un año. La participación también fue significativa en la huelga (17%) o a la hora de invitar a otras personas a participar (28%).

Como cabría esperar la participación fue mayor entre las mujeres, los menores de 30 años, las personas con experiencia previa de participación en manifestaciones, y las que tenían un buen conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el feminismo (sabían qué era el #metoo, el caso de “la manada”, o quiénes eran Leticia Dolera o Barbijaputa). Las diferencias por nivel de estudios e ingresos fueron muy pequeñas, lo que indica que la participación fue relativamente transversal.

Podemos distinguir tres tipos de características que explican por qué una persona decide participar en estas acciones. En primer lugar, la gente puede participar porque tiene valores y actitudes que le acercan a los objetivos que buscan estas protestas. Predisposiciones como la auto-ubicación ideológica y las actitudes sexistas tienen el peso más grande a la hora de explicar la participación. Las personas que en 2017 tienen actitudes marcadamente sexistas muestran una probabilidad de participar en el 8M del 10%, mientras que entre las personas con niveles mínimos de sexismo esta probabilidad es del 60%. La auto-ubicación ideológica es un factor igualmente importante. Considerarse nada o totalmente feminista, en cambio, tiene un efecto adicional muy limitado.

En segundo lugar, la gente participa porque recibe estímulos de su entorno para hacerlo, por ejemplo, a través de internet o redes sociales. Estos elementos tienen un efecto menor que las predisposiciones, aunque no despreciable. Haber seguido con asiduidad la información política a través de internet en 2017 incrementa la probabilidad de participar en las protestas de 2018 en más de 40 puntos porcentuales. Las personas que comenzaron a usar Twitter entre 2017 y 2018 participaron más (un efecto que no encontramos para Facebook).

En tercer lugar, los factores biográficos también podrían explicar la participación. Por ejemplo, quienes tuvieron una hija en el último año muestran una probabilidad de participar casi 30 puntos porcentuales mayor, un efecto de igual magnitud entre padres y madres. Tener hijas (junto a otras experiencias vitales) puede incrementar el grado de preocupación por la discriminación de la mujer.

¿Cambiaron en algo las actitudes de la gente por el hecho de haber participado en estas protestas?

La respuesta es sí. Por un lado, la participación incrementó significativamente la probabilidad de considerarse feminista. En general, en 2018 nos consideramos a nosotros mismos un poquito más feministas que en 2017 (la posición media en la escala de 0 a 10 sube de 5.4 a 5.8). Esto también puede considerase, al menos parcialmente, un efecto del 8M. Pero ese aumento es mucho mayor entre los que tomaron parte en las protestas. Así, el feminismo es una explicación menos importante que las actitudes sexistas o la ideología, pero el refuerzo de una identidad colectiva feminista parece ser una consecuencia clara de la participación en las protestas. Las actitudes sexistas, en cambio, parecen ser más estables y no se ven muy afectadas.

Por otro lado, los datos también indican que participar en estas protestas de momento no parece haber afectado a la intención de voto al PP, PSOE, o Podemos, pero sí a la de Ciudadanos (en mayo de 2018 la intención de voto a Vox era marginal). La probabilidad de votar a Ciudadanos partido es, en nuestra muestra, algo mayor en 2018 que en 2017. Sin embargo, este incremento solo se produce entre las personas que no participaron en las protestas. La probabilidad de votar a Ciudadanos no crece entre las personas participantes en el 8M.

El efecto del 8M va mucho más allá de las actitudes individuales que aquí podemos abordar. Los contextos de realineamiento electoral han sido considerados condiciones favorables para la movilización política de las mujeres, pero la movilización en torno a la cuestión feminista también incidirá sobre la suerte electoral de nuevos y viejos partidos, y sobre sus márgenes para establecer alianzas.

Los participantes en el 15M son un grupo de electores con predisposiciones políticas previas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de estimar las consecuencias electorales de las protestas

La participación en el 15M no afectó a la participación electoral en las elecciones generales de 2011, ni movilizó ni desmovilizó a los electores

Participar en el 15M sí redujo significativamente la probabilidad de votar a partidos grandes

La pérdida de votos del PSOE benefició a IU, y la pérdida de votos del PP se hizo a favor de UPyD

Uno de los aspectos más sorprendentes del 15M o movimiento de los indignados ha sido la enorme atención que éste ha prestado a las elecciones. Las protestas ciudadanas pueden centrarse en cuestiones muy diversas, pero no suelen articular mensajes electorales tan claros como el conocido “No les votes” (en referencia a los partidos mayoritarios PSOE, PP y CiU). Tampoco es habitual que se discuta en torno a las consecuencias del sistema electoral (que justamente beneficia a PP y PSOE) o sobre aspectos realmente sofisticados como las implicaciones que el voto nulo, el voto en blanco y la abstención tienen para la aplicación del umbral electoral y la representación de los grandes partidos (recuérdese por ejemplo esta web).

Si estos debates calaron entre la población, el 15M debió tener consecuencias electorales, reduciendo el voto a los grandes partidos. En un reciente post Kerman Calvo argumentaba que el “voto indignado” no encuentra expresión en ninguna opción política. Sin embargo, un análisis detallado del estudio post-electoral del CIS permite concluir que la participación en el 15M perjudicó al PSOE y al PP en beneficio de IU y UPyD respectivamente.

Para estimar las consecuencias electorales del 15M no basta con fijarse en lo que votan los que participan en esas protestas, porque estos ya traen consigo predisposiciones políticas distintas a las de los no participantes. Como podemos observar en la tabla 1, entre los participantes hay más jóvenes y más personas con estudios superiores. Los participantes se consideran mejor informados sobre política, desconfían más de los partidos y especialmente del parlamento, y se sitúan ideológicamente más a la izquierda que los no participantes. Sin embargo, los datos muestran también que los participantes tienen una opinión sobre los políticos muy similar a la de los no participantes, y que, contrariamente a lo que podríamos pensar, entre los participantes hay más personas cercanas a un partido que entre los no participantes.

Tabla 1. Diferencias entre participantes y no participantes en el 15M

No es de extrañar pues que participantes y no participantes tengan opciones de voto muy diferentes, como se ve en la misma tabla. Los no participantes votaron en gran medida al PP, mucho menos al PSOE, y poco a IU y a UPyD. Sin embargo entre los participantes el voto al PP es mucho menor, y el voto a los pequeños partidos (UPyD y especialmente a IU) bastante mayor.

Pero ¿es la participación en el 15M lo que explica estas diferencias en el comportamiento electoral, o son las características y predisposiciones previas de los participantes (con más estudios superiores, más politizados y ubicados más a la izquierda)? Para responder a esta pregunta necesitamos “limpiar” el efecto de participar en el 15M del de otros factores (edad, estudios, ideología, actitudes) que también inciden en el voto y diferencian a participantes de no participantes.

La respuesta es que haber participado en el 15M sí tuvo un efecto propio sobre la decisión de los votantes. No afectó a la probabilidad de abstenerse, pero sí redujo la probabilidad de votar a un partido grande (PP, PSOE, CiU) en más de 15 puntos porcentuales. Podemos afirmar con cierta seguridad que este efecto es consecuencia directa del 15M, porque no es achacable a ninguna predisposición previa que tengan quienes sienten simpatía hacia el 15M o participan en sus actividades (se tienen en cuenta edad, estudios, sexo, ideología, situación ocupacional, tamaño de municipio, tamaño de distrito electoral, y recuerdo de voto en 2008). Los detalles del análisis multivariable pueden consultarse aquí.

¿Qué partidos se beneficiaron de este efecto negativo sobre el voto a los partidos grandes? Claramente, IU y UPyD. La probabilidad de votar al PSOE (respecto a votar al IU) baja algo menos de 15 puntos porcentuales como efecto de haber participado en el 15M. Por su parte, la probabilidad de votar al PP (respecto a votar a UPyD) baja también de manera significativa.

Obviamente no podemos saber cómo habría sido el 20N si no hubiera habido 15M. Pero sí podemos afirmar que participar y simpatizar con el 15M tuvo consecuencias con respecto a decisión de los electores, y que estas consecuencias fueron en la dirección de erosionar a los grandes partidos (PP, PSOE, CiU) y beneficiar a los pequeños.