Para millones de ciudadanos europeos y de otros países occidentales vivimos tiempos de gran pesimismo y turbulencias, dominados por el malestar social, la incertidumbre por el futuro y el auge de los populismos. En este panorama tan incierto y poco estimulante que domina los medios de comunicación, a menudo se olvidan acontecimientos importantes y positivos que ocurren más allá de nuestras fronteras. Hay uno en particular  que merece la pena destacar, lo que el periodista del NYT Nicholas Kristof calificó en 2016 como “La mejor noticia desconocida”: en los últimos 30 años el porcentaje de personas en el mundo que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad. No solo eso, el planeta tiene hoy al alcance y por primera vez en su historia, la eliminación de la pobreza extrema, definida como un nivel de ingresos inferior a 1,9 dólares diarios. El objetivo es erradicarla en 2030, la meta fijada por Naciones Unidas como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que sustituyeron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y han sido suscritos por prácticamente todos gobiernos del mundo.

¿Es factible lograr el objetivo en la fecha señalada?, ¿de qué depende?. El último Informe sobre Pobreza y Prosperidad Compartida, publicado en octubre de 2016 por el Banco Mundial, muestra que el número de personas en el mundo viviendo en extrema pobreza ha disminuido en 1.100 millones en las últimas dos décadas y media, período en el que la población mundial creció casi 2.000 millones (ver gráfico). Esta disminución se ha producido en todas las regiones en desarrollo con excepción de África subsahariana, donde a pesar de la reducción del porcentaje de pobres extremos, el número absoluto ha subido debido al fuerte crecimiento poblacional y se ha estancado en el último lustro.

A nivel global, los números dejan poco espacio para la duda: la pobreza extrema ha descendido dramáticamente y de forma efectiva de los 1.900 millones de 1990 a menos de 800 en 2013, una reducción de casi 50 millones de pobres menos por año, equivalente a la población de Colombia o Corea del Sur.

Además, la reducción de la pobreza se mantuvo incluso en medio de enormes crisis internacionales, entre ellas la llamada Gran Recesión que comenzó en 2007. La única excepción fue la crisis asiática de finales de los 90, que provocó un aumento de la pobreza por un corto periodo de tiempo, tanto en términos relativos como en números absolutos.

A la vista de lo anterior, las perspectivas parecen muy positivas y, sin embargo, conviene ser cautelosos respecto al futuro. En efecto, si se mantuviera la pauta actual la pobreza extrema se eliminaría en el mundo antes del objetivo fijado de 2030. Pero se trata de un ritmo que es difícilmente sostenible, pues está muy condicionado por las tasas de crecimiento extraordinarias experimentadas por China y otras grandes economías emergentes, que en unos años prácticamente habrán eliminado su pobreza extrema. De hecho, es muy posible que ya no queden pobres extremos en China gracias al trepidante progreso de las últimas décadas, mientras que en el caso de Indonesia las últimas cifras resultan en unos 25 millones de pobres, por lo que las reducciones futuras tendrán que venir de otros países. Por otro lado, India todavía alberga unos 215 millones de pobres extremos y su capacidad para reducir esa cifra será fundamental para llegar al 2030.  

En este contexto, el gran desafío para lograr el objetivo en 2030 radica en los países más frágiles y en la reducción de la desigualdad. Los primeros se caracterizan por conflictos bélicos recurrentes, mala gobernabilidad, economías poco diversificadas, corrupción sistémica y gran vulnerabiblidad al cambio climático. Son los países que Paul Collier llamó el Bottom Billion, los que albergan a los mil millones más pobres. Las estimaciones del Banco Mundial muestran que no es realista pensar que el crecimiento económico por sí mismo podrá acabar con la pobreza extrema. Y es que la economía internacional continúa mostrando síntomas de raquitismo económico y los países más pobres se enfrentan a circunstancias muy difíciles, incluso después de demostrar una considerable resiliencia durante la crisis global de 2008-09.

Desde 2014, con el fin del ciclo de los altos precios de las materias primas, el crecimiento económico se ha ralentizado en todas las regiones en desarrollo y hay pocos motivos para esperar que esto cambie a corto plazo. Por tanto, la clave para lograr el objetivo de eliminar la pobreza en 2030 reside en una mejor distribución de los beneficios del crecimiento en los países donde esta subsista, es decir, en la puesta en marcha de políticas efectivas de desarrollo inclusivo.

De hecho, los últimos cálculos indican que solo se puede llegar al objetivo de eliminación de la pobreza extrema mundial en 2030 a condición de que la desigualdad disminuya de forma importante en aquellos países que albergan un gran número de pobres. Contrariamente a lo que muchos piensan, las dos últimas décadas han sido testigo de importantes reducciones de la desigualdad en países no industrializados. Mientras en los países industrializados la desigualdad ha tendido a subir, en los países en vías de desarrollo las medidas estándares de desigualdad muestran en general cambios progresivos de la distribución de ingreso (aunque esto puede ser compatible con una creciente polarización del ingreso en favor de las élites económicas). Los últimos datos alrededor del periodo 2008-13 señalan que en el 60% de los países para los que hay datos, y que representan más del 80% de la población mundial, el ingreso del 40% más pobre de la población creció por encima de la media.

La buena noticia es que hoy sabemos con bastante certeza lo que funciona y lo que no en este campo. Los avances en el conocimiento y la evidencia empírica sobre cómo reducir la pobreza extrema en el mundo han sido enormes. Así, más allá del tan discutido papel que la globalización ha jugado en esta evolución, positiva en promedio pero con importantes impactos negativos en ciertos grupos que resultan perdedores netos, la disminución de la pobreza global se ha apoyado en buena medida en el desarrollo y elaboración, desde principios de los 90, de encuestas de hogares. Estas han permitido un estrecho monitoreo y la aplicación de políticas bien enfocadas y dirigidas, al proveer información muy valiosa de la situación de bienestar material de las personas más allá de indicadores nacionales como el crecimiento del PIB.

Las causas de la reducción de la pobreza no son exactamente las mismas en cada región, pero sí que existe un amplio consenso en torno a tres políticas básicas que deben sustentar cualquier estrategia para lograr un crecimiento económico inclusivo:

Inversión masiva en capital humano y en infraestructura de los países, con especial énfasis en los grupos más desfavorecidos, para que tanto las personas, como las economías sean más competitivas y diversificadas;

Puesta en marcha de políticas efectivas de protección social de las poblaciones vulnerables, que impidan reversiones de los avances logrados. Se trata de establecer redes de protección y aseguramiento frente a todo tipo de riesgos, como la enfermedad, el desempleo, desastres naturales, o sequías. En Europa, este tipo de políticas está asociado a los Estados del Bienestar, mientras en otros países se han seguido estrategias mixtas con mayor participación del sector privado.

Es decir, diferentes países han avanzado en la prosperidad inclusiva por caminos diversos, con diferentes grados de liberalización económica, apertura comercial o presencia del Estado en la economía. Pero en todos los casos considerados exitosos de reducción sustancial de la pobreza, las tres políticas mencionadas arriba han jugado un papel central, y que se ha venido a llamar como “crecer, invertir y proteger”.

Por último, merece la pena destacar que lograr la eliminación de la pobreza extrema no es ni de lejos tan caro como algunos pensarán. El coste real es probablemente imposible de estimar con precisión, pero un simple cálculo de los ingresos totales necesarios para cerrar la brecha de la pobreza extrema hasta proveer el umbral mínimo de 1,90 diarios para todo el mundo, resulta en una cifra sorprendemente baja: el 0,15% del PIB mundial o unos 150.000 millones de dólares al año. Se trata de una estimación bruta, que no tiene en cuenta los costes administrativos, ni las necesarias voluntades políticas, ni el desafío de mantener a millones de personas fuera de la pobreza en el futuro. Pero es una cifra que desmiente el gran mito de que terminar con la pobreza es una quimera imposible e inasumible de financiar por su altísimo coste.

Es más, esa cantidad representa aproximadamente la mitad de los ingresos tributarios que se estima que se evaden cada año en paraísos fiscales, o menos de la mitad del dinero perdido anualmente en juegos de azar en sólo diez países de todo el mundo.

En definitiva, acabar con la pobreza extrema es tan solo uno de los 17 ODS establecidos para avanzar hacia un desarrollo global sostenible y ni siquiera implica erradicar la pobreza, pero sin duda se trataría de un importantísimo hito para la humanidad, que está a nuestro alcance. Quedan tan solo 13 años para esa fecha. Sabemos cuáles son los desafíos que tenemos por delante y dónde, así como las políticas que se necesitan para lograrlo. Ojalá que la comunidad internacional esté a la altura del reto y nuestro país juegue el papel que le corresponde por su peso.

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*Manuel de la Rocha Vázquez, economista de la Fundación Alternativas y Director del Grupo de Estudios sobre los Desafíos de la Globalización de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

*Mario Negre es economista senior del Instituto Alemán de Desarrollo y Consultor del Grupo de Investigación del Banco Mundial. Co-director del Informe del Banco Mundial “Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality”.Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality

Han ganado los que se aprovechan del malestar que ha dejado la crisis económica más dura que hemos vivido desde la gran depresión

El Brexit debe quedar como un hecho absolutamente excepcional, que no puede repetirse. El proyecto europeo hoy tiene más sentido, si cabe, que en ningún momento de su historia

Hoy es un día triste para Europa. Con el resultado del referéndum los ciudadanos británicos renuncian a seguir formando parte del corazón de Europa y optan por un salto al vacío, lleno de incertidumbres y riesgos. Es evidente que estamos ante un momento histórico, pero muy doloroso. Los británicos han formado parte de la Unión desde hace más de 40 años y es la primera vez que un país decide salirse usando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Desde su fundación y hasta hoy, el proyecto europeo se ha ido construyendo en base al esfuerzo y la generosidad de todos sus miembros, que desde su diversidad han compartido siempre el objetivo de una Europa en paz, fuerte y cada vez más unida. De una Europa del bienestar, de progreso, democrática, basada en el estado de derecho y los derechos humanos. Porque ha sido la Unión Europea la que ha posibilitado las mejores décadas de un continente inmerso durante siglos en interminables y devastadores conflictos bélicos.

Desafortunadamente, ganaron los que se aprovechan del malestar que ha dejado la crisis económica más dura que hemos vivido desde la gran depresión. El resultado del referéndum es un grito de la clase trabajadora británica contra un capitalismo global que las empobrece y las aliena. La crisis financiera que se inició en 2008 y sus efectos posteriores revelaron la peor cara de una globalización económica y financiera que genera tanta desigualdad e inseguridad económica para millones de trabajadores. Este contexto se ha convertido en terreno abonado para los populistas y nacionalistas, dentro y fuera de Europa, que expanden un relato simplista del miedo frente a un enemigo común que se erige en fuente de todos los males, ya sea la UE, el Estado Español, la clase política, los inmigrantes o el comercio internacional.

Sin duda, ganaron los que proponen soluciones demasiado fáciles y con argumentos falsos para problemas demasiado complejos, los que abogan con romper con todo lo construido hasta ahora, sin tener en cuenta las conquistas históricas que ha supuesto la construcción europea. Solo desde la falsa promesa de una arcadia feliz de que fuera de la UE el Reino Unido será más independiente y libre se puede entender que los británicos, gente tradicionalmente cauta y prudente, hayan podido dar este salto a la oscuridad e incertidumbre más absolutas. A ello también han contribuido unos dirigentes políticos irresponsables y carentes de cualquier tipo de liderazgo y pasión europeísta. Porque es difícil que un Euroescéptico tradicional, como es Camerón, o el mismo Corbyn que desde siempre ha visto a la UE como un gran proyecto neoliberal, pudieran generar gran entusiasmo a favor de la causa europeísta.

La salida del Reino Unido es evidentemente un gran revés para todos los europeístas y para el ideal europeo. La pérdida de los británicos se dejará notar, no solo por enorme su peso económico y militar. Sino especialmente por su influencia importante a favor de una Europa menos burocrática y más cercana a los ciudadanos, abierta al comercio y ferviente defensora de los derechos humanos, la expansión de la democracia y la ayuda al desarrollo.

Pero Europa no debe dejarse arrastrar por las lamentaciones ni por la frustración. El Brexit debe quedar como un hecho absolutamente excepcional, que no puede repetirse. El proyecto europeo hoy tiene más sentido, si cabe, que en ningún momento de su historia. La globalización y los desafíos globales que ella genera –como el cambio climático, la crisis de los refugiados, el terrorismo, las crisis financieras o la lucha contra la evasión fiscal- son asuntos a los que los Estados no pueden enfrentarse en solitario. Además, aunque un país decida irse, otros muchos como Albania, Serbia, Bosnia o Turquía siguen llamando a las puertas de la UE, conscientes de que sus intereses están mucho mejor defendidos bajo el abrigo comunitario.

Por tanto, es fundamental reforzar el compromiso del resto de estados miembros con la integración europea e impedir que los populismos de uno u otro signo empujen a ningún otro país fuera. Muy al contrario, la salida británica bien puede representar una oportunidad de impulsar y profundizar en el proyecto europeo, aprendiendo de los errores recientes.

Si algo nos puede enseñar el resultado del referéndum es que necesitamos recuperar la idea de Europa con mayúsculas, pero también acercarla a los ciudadanos, mejorando sus mecanismos democráticos y de rendición de cuentas. Necesitamos una Europa que defienda más los derechos ciudadanos que las patrias, que se preocupe más de la generación de empleo y se obsesione menos por la austeridad. Que mire al mundo proyectando su modelo social en la globalización económica. Es el momento de rescatar y poner en valor los mejores ideales europeos, como la paz, la solidaridad o los derechos sociales.

La salida del Reino Unido puede ser una oportunidad para todo lo anterior y también para avanzar decididamente en una mayor integración en políticas que eran una y otra vez bloqueadas por los británicos. En este sentido, los líderes de la zona euro deberían aprovechar para dar un paso adelante decidido y completar la Unión Económica y Monetaria, culminando la Unión Bancaria, poniendo en marcha la Unión Fiscal y la armonización de nuestros estándares sociales, y avanzando en una unión política cada vez más estrecha.

En definitiva, el resultado del referéndum británico coloca a la Unión Europea en una gran encrucijada histórica. Pero el futuro no está escrito y dependerá de la capacidad y liderazgo de los dirigentes europeos el que esta fecha sea recordada como el gran revulsivo que impulsó el fortalecimiento y consolidación de una Europa Federal.

Acabar con el fraude y la economía sumergida es una tarea de todos, que exige medidas concretas y voluntad colectiva firme de considerar el fraude fiscal, como lo que realmente es: un inmenso robo perpetrado por unos pocos sobre los bolsillos de todos

El fraude fiscal forma parte cada vez más de las grandes preocupaciones de los españoles. Las filtraciones de los Papeles del Panamá o las revelaciones publicadas por eldiario.es  en los Papeles de la Castellana sobre personalidades que se acogieron a la amnistía para blanquear sus patrimonios en paraísos fiscales, dejan en la sociedad una sensación de profunda injusticia. Los ciudadanos sienten que tras el lema “Hacienda somos todos” convive un escenario dual: por una parte una mayoría de trabajadores cumple escrupulosamente sus obligaciones con Hacienda, mientras al otro, en el backstage, un conjunto de élites con la ayuda de grandes despachos de asesoría fiscal y financiera escapan de las normas fiscales con relativa impunidad.

Si a este contexto le añadimos la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, de la que se beneficiaron miembros destacados, amigos y familiares del partido del gobierno, entonces la preocupación se transforma en indignación absoluta. Esta situación debilita nuestro sistema democrático al disolver como un azucarillo el pacto social entre gobernantes y gobernados, alimentando la desconfianza y desafección de muchísimos ciudadanos con nuestras instituciones y la política en general.

España, con un nivel de ingresos públicos ocho puntos de PIB por debajo de nuestros vecinos del euro, no puede permitirse este nivel de fraude fiscal. Ni nuestras arcas públicas, ni la moral de los ciudadanos que cumplen, ni la competitividad económica. Porque la economía sumergida también distorsiona la competencia, haciendo muy difícil la subsistencia de empresas que cumplen con sus obligaciones en sectores donde anida el fraude.

Desde el Partido Socialista queremos plantarle cara al fraude, y por eso hemos planteado una estrategia integral con 70 medidas concretas con las que esperamos registrar un incremento de ingresos públicos adicionales de 9.500 millones de euros al final de la próxima legislatura. Y es que esta lucha y la economía sumergida necesitan de una estrategia clara, sostenida en el tiempo y con un enfoque estable que huya de los efectismos cortoplacistas o electoralistas. Las razones son obvias y los resultados de un año son producto del trabajo de muchos años anteriores. Pese a la propaganda gubernamental, buena parte de los resultados de esta legislatura han sido consecuencia de actuaciones de anteriores, como por ejemplo, los casos en los que se logran cobrar contenciosos tras muchos años de pleitos en los tribunales. 

Entre las medidas que proponemos destaca en primer lugar el fin de la instrumentalización política por parte del Gobierno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la aprobación de un nuevo estatuto que le otorgue verdadera independencia. La pasada legislatura hemos asistido atónitos al uso partidista e interesado de información tributaria por parte del Ministro de Hacienda y otros miembros del gobierno. Esto es inaceptable y debe terminar para recuperar el prestigio y credibilidad de una institución como es la AEAT, vital para el funcionamiento del Estado. Además, se incrementarán en 5.000 los efectivos (empleados públicos) en la lucha contra el fraude fiscal y laboral, se crearán juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, con su fiscalía especializada correspondiente con medios adecuados. Y las acciones de la AEAT se concentrarán en el gran fraude cualificado, como parte de  una estrategia a largo plazo que supere el establecimiento de objetivos recaudatorios inmediatos.

En el ámbito de las medidas legales, endureceremos la Ley para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves y nos comprometemos firmemente a acabar para siempre con las amnistías fiscales, incluso prohibiéndolas por Ley. Si llegamos al gobierno cambiaremos la Ley tributaria para conocer el nombre de todos los  defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal, siempre  dentro de los límites constitucionales. Y exigiremos los 2.800 millones de euros que el anterior gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%), remitiendo a los tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía con indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales.

En el campo de la lucha contra la elusión fiscal internacional, España debe ponerse a la cabeza de las diferentes iniciativas, que desde la UE, la OCDE o el G20 se están desarrollando para acabar con esta lacra. Sin duda, la erradicación de los paraísos fiscales es una tarea global, en la que el éxito solo llegará si hay una voluntad decidida y sostenida en el tiempo de la comunidad internacional. Pero esto último no significa que países individuales no puedan tomar medidas domésticas, como están haciendo la mayoría de los países más avanzados y comprometidos con esta causa. Por ello, al calor de los recientes escándalos, hemos incorporado nuevas medidas para dificultar el uso y abuso de las jurisdicciones más opacas por parte de ciudadanos de nuestro país. Esto ha mostrado las fisuras de la posición europea y la necesidad de reemplazar las listas nacionales de paraísos fiscales por una lista común europea de carácter público, mucho más exigente y que incluya a aquéllos territorios clasificados como paraísos fiscales en virtud de una serie de criterios objetivos y comprehensivos establecidos a escala comunitaria. Pero mientras no se acuerde esta lista europea, España debe actualizar su lista nacional de territorios no cooperativos, basada en criterios más exigentes que los vigentes.

También proponemos endurecer las consecuencias para los ciudadanos, bancos y empresas que operen con los territorios considerados paraísos fiscales. Así, entre otras consecuencias, introduciremos un gravamen especial sobre todas las operaciones de empresas o particulares destinadas a estos territorios o procedentes de ellos, se prohibirá a la empresas establecidas en paraísos fiscales acceder a la contratación pública de bienes y servicios en España y la denegación a las mismas de la concesión de ayudas públicas. Obligaremos a todas las entidades financieras a identificar a los clientes de filiales y sucursales de entidades españolas radicadas en paraísos fiscales. Aquellas entidades que incumplan podrán perder sus licencias bancarias.

En definitiva, acabar con el fraude y la economía sumergida es una tarea de todos, que exige medidas concretas y voluntad colectiva firme de considerar el fraude fiscal, como lo que realmente es: un inmenso robo perpetrado por unos pocos sobre los bolsillos de todos. Por tanto, ha llegado la hora que desde la política se tomen las medidas para acabar con esta lacra.

"Superar la recesión no significa que el crecimiento sea sostenible, ni inclusivo, ni vigoroso en el futuro", defiende de la Rocha.

La próxima legislatura España nos enfrentamos al reto de crear empleo de calidad, impulsar un cambio del patrón de crecimiento y reducir la enorme desigualdad existente en nuestro país.

La economía española está superando la mayor recesión de su reciente historia democrática, en gran medida gracias a un contexto externo favorable que comienza a nublarse por las turbulencias en los mercados internacionales. Superar la recesión no significa que el crecimiento sea sostenible, ni inclusivo, ni vigoroso en el futuro. Para que sea así necesitamos una nueva estrategia de política económica, un proyecto de país de largo aliento que conteste a las preguntas claves para el futuro de España ¿de qué quiere vivir España?, ¿Qué sectores van a generar empleo y crecimiento en el futuro?

De cara a las próximas elecciones generales, el Partido Socialista ha presentado un gran programa modernizador y reformista que persigue impulsar aquellas transformaciones económicas que elevan la productividad, respetan el medioambiente, generan cohesión social y eliminen privilegios. Un programa que nos vincula directamente con los mejores modelos de la socialdemocracia moderna.

La economía 4.0 es la plasmación del cambio de modelo de crecimiento que los socialistas queremos ofrecer. Se trata de una economía que pone al conocimiento en el centro del modelo productivo, un modelo más global, más internacionalizada, con mayores niveles de inversión en I+D+i, con empresas más grandes y una mayor absorción tecnológica de las mismas. Un cambio que tiene como primer objetivo mejorar la productividad de la economía e impulsar los sectores industriales y sectores avanzados de alto valor añadido.

Para avanzar en este cambio de modelo de crecimiento se necesita la implicación de los poderes públicos. No queremos un gobierno pasivo ante los retos del futuro. Apostamos por un gobierno emprendedor, que ayude a las empresas en los procesos de innovación, que comparta riesgos con el sector privado, que estimule nueve servicios y productos con compra pública innovadora.

Por ello proponemos por ejemplo, duplicar los fondos en I+D+i, reforzar el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) con mayores competencias y recursos, o impulsar la compara pública innovadora hasta el 3% de todas las licitaciones.

Y necesitamos dar pasos firmes para la transformación digital de España. Hay que acelerar la digitalización para que saquen todo su provecho las empresas, los consumidores y por supuesto los ciudadanos. La digitalización como catalizador de la democracia política y económica, aquella que iguala oportunidades entre los agentes económicos.

El cambio de patrón de crecimiento no puede obviar la necesaria transformación de nuestro modelo energético. Vamos a definir, forjando amplios consensos, una política  energética de largo plazo que asegure a los ciudadanos el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, impulsando la eficiencia energética y el autoconsumo, fortaleciendo la seguridad de suministro, y luchando eficazmente contra el cambio climático.

Muchas de las medidas de nuestro programa económico no requieren más gasto, son cambios normativos para reescribir las reglas de juego y facilitar un campo económico más inclusivo, rompiendo oligopolios e intereses  particulares, en favor del bien común.

Pero hay otras medidas que exigen recursos públicos. Y ningún país que quiera avanzar en el progreso social puede hacerlo si no es capaz de controlar el endeudamiento público, que en España se ha vuelto un lastre para la sostenibilidad del Estado del Bienestar y una rémora para el crecimiento futuro.

Por eso, los socialistas adquirimos el compromiso de reducir el déficit público hasta dejarlo en el entorno del 1% del PIB al finalizar la próxima legislatura, y estabilizar el nivel de deuda pública para terminar con una senda descendente, cumpliendo así con los acuerdos y compromisos firmados con la UE. Pero la consolidación de las cuentas públicas no puede pasar por dejar nuestro nivel de bienestar en los niveles de los países menos desarrollados de la Unión Europea.

Necesitamos una nueva política fiscal que aumente su progresividad para que pague más quien más gana. Lograr una mayor equidad del sistema tributario, implica luchar de forma decidida contra el fraude y la evasión fiscal y diseñar una nueva política fiscal para que las grandes empresas no vacíen sus bases imponibles, refundar la imposición de la riqueza para que de verdad pague más quien más capacidad económica tiene y reformar la fiscalidad medioambiental para acercarla a los niveles de la Unión Europea.

Ello ayudará a un reparto más justo de las cargas, a la estabilidad del Estado del Bienestar, a la sostenibilidad medioambiental y a una mayor competitividad de la economía española y a la creación de empleo de calidad.

La reducción del déficit público debe también poner el foco en la eficiencia y evaluación del gasto público, para que cada euro de gasto público se dirija a obtener la máxima rentabilidad social posible.

El margen para ampliar el gasto es limitado y por lo tanto es imprescindible establecer prioridades. Para el Partido Socialista los incrementos de gasto público en España no deben dedicarse a aumentar el gasto recurrente, sino a inversión y enfocados a dos grandes objetivos: reducir desigualdades e impulsar el crecimiento potencial de la economía.

Tenemos las prioridades claras, los recursos necesarios, la voluntad firme y el liderazgo y experiencia adecuadas para dar un salto modernizador, sostenible y justo de la economía española. Los españoles reclaman un cambio político y por eso confiamos que el próximo año todos juntos, empecemos a trabajar en esta apasionante tarea.

"Desde el PSOE hemos propuesto esta el establecimiento de un Ingreso Mínimo Vital que persiga dos objetivos principales: Proporcionar a las familias en situación de exclusión un ingreso mínimo para dar respuesta a las necesidades más básicas y erradicar la pobreza infantil"

El desarrollo del Estado de Bienestar en España tuvo un nacimiento y desarrollo muy tardío respecto al resto de los países europeos. Se inició en la década de los 80 con la universalidad de la educación y la sanidad. Posteriormente, en los 90 se universalizan las pensiones para mayores de 65 años. En 2007 la Ley de la Dependencia, dio impulso y solidez al llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar. Junto con esta ley, los complementos a las pensiones mínimas y la firma del Pacto de Toledo en 1995, han permitido prácticamente erradicar la pobreza entre los mayores de 65 años.

Desde sus comienzos el Estado de Bienestar español se ha caracterizado por su estrecha vinculación con la historia laboral de los ciudadanos. Es decir, las políticas sociales se han centrado tradicionalmente en proveer de prestaciones monetarias a quien está o ha estado recientemente en el mercado de trabajo. Esta situación no tenía consecuencias tan graves durante la expansión económica, dado que la entrada al sistema era sencilla. Sin embargo, desde el comienzo de la crisis el acceso al mercado de trabajo se ha vuelto extremadamente complicado, agravando la situación de desamparo de millones de personas. Aparte del desempleo, la precarización del mercado laboral por las políticas del PP, ha provocado la aparición del fenómeno de la pobreza laboral; según el INE el 14,2% de los trabajadores que no consiguen superar el umbral de la pobreza.

A las razones de índole económica se le suman necesidades derivadas de las características de la sociedad actual, ocasionando los llamados nuevos riesgos sociales (familias monoparentales, migraciones, minorías, etc.) que requieren un rediseño del sistema de protección social. La caída de las rentas por el paro o la precariedad laboral en familias con niños ha provocado un insoportable incremento de la pobreza infantil. España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado solo por Rumanía. Según UNICEF un tercio de los niños españoles, unos tres millones, está en riesgo de caer en la pobreza.

La escasez de prestaciones familiares, junto al debilitamiento de los servicios públicos esenciales impacta de forma muy intensa en estos niños. El drama de la pobreza infantil no solo significa una desoladora ausencia de justicia social y un fraude al pacto intergeneracional, es también una clamorosa pérdida de potencialidades humanas, lo que tendrá consecuencias negativas para la competitividad futura del país.

Por eso, desde el PSOE hemos propuesto esta el establecimiento de un Ingreso Mínimo Vital que persiga dos objetivos principales: Proporcionar a las familias en situación de exclusión un ingreso mínimo para dar respuesta a las necesidades más básicas y erradicar la pobreza infantil.

El Ingreso Mínimo constaría de tres pilares:

La extensión de la protección por desempleo, una vez finalizada la prestación contributiva, vinculada a un itinerario personalizado de inserción laboral y la formación.

Un Ingreso mínimo para personas o familias sin ingresos y que no perciban la protección por desempleo. Esta renta iría también acompañado de itinerario de activación laboral y formación, adaptado a la situación personal y familiar.

Una prestación por hijo a cargo, destinada a las rentas familiares por debajo del umbral de la pobreza, que se incrementan en tres tramos según el nivel de renta.

Dicho ingreso mínimo beneficiaría a unos 740.000 hogares que actualmente carecen de ningún ingreso, mientras que la prestación por hijos podría llegar a unos 2,3 millones de menores. Según nuestras estimaciones el coste total estaría en el entorno de los 6.500 millones de Euros, una suma perfectamente asumible para la décima economía mundial, y cuarta de la Eurozona.

La propuesta socialista busca poner orden y llenar los huecos del sistema de protección social en manos de las CC.AA., caracterizado por su fragmentación y heterogeneidad, y desconectado del sistema de protección de la Seguridad Social. La situación actual requiere de un sistema de ingresos mínimos a nivel estatal, que respete las competencias autonómicas pero también asegure la cohesión territorial y la reducción de la desigualdad regional.

Además, nuestra propuesta pretende articular de modo fluido la garantía de rentas con la formación y el apoyo de los servicios sociales para la reincorporación al mercado laboral y con el acceso al empleo. Es decir, se trata de integrar de forma coordinada, las políticas activas y pasivas de empleo, con las políticas sociales contra la exclusión tal y como hacen los países más avanzados. El establecimiento de una ventanilla única buscaría así facilitar el acceso a los ciudadanos, asegurando que no haya familias sin ingresos mínimos, al tiempo que se incentiva la entrada al mercado laboral.

En definitiva, la aceleración de los cambios sociales y económicos, genera nuevas formas y riesgos de exclusión, que obligan a la revisión constante de los sistemas de protección públicos para abordar las situaciones de necesidad emergentes y prevenir nuevas brechas en la cohesión social.

En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital supone una mejora considerable de la protección a la infancia y familia, estableciendo una última red de protección contra la pobreza infantil, que aparece actualmente como el grupo de mayor riesgo.

Es un ejercicio de justicia social, pero también de activación económica de las familias. Contribuye a romper el círculo de las desventajas en los niños, avanza la igualdad de oportunidades y el pacto entre generaciones.

Desde el Partido Socialista ni somos negacionistas, ni catastrofistas

Hemos asistido esta semana al debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, que el Gobierno llama de la consolidación de la recuperación, pero para la mayoría de los españoles, lo único que se consolida son la desigualdad, la precariedad laboral, la pobreza infantil, o la exclusión social.

La machacona propaganda gubernamental no deja de insistir que hemos superado la crisis, que ya estamos en plena recuperación, rumbo a una nueva era de prosperidad. No deja de ser sorprendente tanta algarabía si tenemos en cuenta que casi tres años después de la llegada de Rajoy al Gobierno, hoy hay más paro y menos empleo en España. Incluso, si se cumplieran sus optimistas previsiones macroeconómicas a fines de 2015 terminaríamos la legislatura con 400.000 empleos menos y una deuda pública de 30 puntos adicionales, de los que había a fines de 2011, cuando el entonces líder de la oposición, decía que España estaba en la quiebra y la tasa de paro era insoportable.

Desde el Partido Socialista ni somos negacionistas, ni catastrofistas. No hay duda que la economía se ha estabilizado, que este año acabará con algo de crecimiento económico en términos anuales, y en 2015 posiblemente incluso algo más. Si esto ha ocurrido se debe fundamentalmente a factores externos, como la suavización de la austeridad fiscal y la intervención del BCE, que ha estabilizado la prima de riesgo y devaluado el Euro.

El crecimiento es necesario, pero ni de lejos suficiente para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Un ejemplo; mientras el Gobierno alardea de sus perspectivas económicas, se ha publicado el Indice Europeo de Justicia Social, que muestra que en 2014 España cae al puesto 21 de los 28 en Justicia Social. Por primera vez nuestro país no alcanza el aprobado. Desde 2011, el riesgo de pobreza en nuestro país se ha incrementado casi 3 puntos a nivel general, pero es especialmente elevado en el caso de los niños, llegando al 32,6%, el peor después de Rumanía.

Es decir, la recuperación de raíces vigorosas de la que habla el Gobierno parece que no está alcanzando a todos, sino más bien al contrario. Las grandes cifras macroeconómicas esconden una realidad de enorme sufrimiento para millones de ciudadanos.

Y la política fiscal que ha llevado a cabo este Gobierno el primer día, incluidos los presupuestos que se debaten estos días en el Congreso, ahondan en el mal reparto de los sacrificios. Los presupuestos de 2015 esconden una gran transferencia de renta de las clases medias y bajas a las rentas altas, y lo hacen a través de los impuestos.

Este Gobierno ha subido más de 50 impuestos (incluido el IVA), copagos, tasas y precios públicos a lo largo de la legislatura por valor de unos 28.000 millones de Euros, que afectan a todos los ciudadanos. Ahora, un año antes de las elecciones, Montoro baja impuestos por valor de 9.000 mil millones de euros, beneficiando de forma muy desproporcionada a las rentas altas y las grandes empresas. De forma electoralista a las clases medias les ofrece una rebaja media de 50€ mensuales, que no compensa ni de lejos las subidas de la luz, de los libros de texto, la bajada de las becas, de los bonos de comedor escolar, los copagos, etc.

Lo que es peor, se inflan los ingresos para así esconder posteriores subidas de impuestos indirectos o lo que es peor nuevos recortes sociales. Los PGE prevén subidas de la recaudación fiscal por valor de casi 10.000 millones de euros en 2015, cuando la reforma fiscal hace un mes y medio estimaba una caída nominal de ingresos debido a las rebajas impositivas por valor de unos 4.000 millones de euros. Difícil de creer. Menos aún que el IVA crecerá un 7,3% cuando el consumo lo hará solo en un 2,7%. O un crecimiento de las cotizaciones sociales del 6,8%, cuando el empleo crecerá un 1,4% y el salario medio el 1%. La falta de rigor económico de estos presupuestos es notoria; más que flexibles, estos presupuestos parecen “elásticos”.

Al tiempo que se inflan los ingresos, el Gobierno exige recortes a las administraciones que asumen el gasto social más intensamente, como son las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Por el lado de las Comunidades Autónomas, el ajuste estará en el entorno de los 7.000 millones, que tendrá que ser realizado con nuevas subidas de impuestos o recortes, en Sanidad y Educación que son las dos grandes partidas de gasto autonómico.

Además, según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, los ayuntamientos tendrán que hacer un nuevo ajuste de 5.000 millones de euros, con un recorte de gastos 3.721 millones de euros y subidas de impuestos municipales por 1.200 millones de Euros. El Gobierno llama ¨servicios impropios¨ al recorte de gastos locales, entre los que se encuentran por ejemplo, cosas tan ¨impropios¨ como atención domiciliaria a los mayores, gastos en escuelas infantiles de 0 a 3, gastos en comedores escolares

Es decir, más recortes sociales y sacrificios para los de abajo. Y si los sacrificios son injustos y mal repartidos, son además inútiles, pues no están arreglando los problemas estructurales de nuestro país, como el altísimo desempleo, alto endeudamiento privado y baja productividad. Ninguno se ha resuelto, pero se han añadido otros: desigualdad inadmisible y deuda pública preocupante.

La prueba de que esta política económica basada en devaluación salarial permanente y austeridad compulsiva no está solucionando los problemas estructurales lo muestra el incremento exponencial de la deuda externa del país, y la vuelta al déficit comercial.

La supuesta mejora en la competitividad de nuestra economía no parece que sea tal. Solo hay que fijarse en los principales indicadores internacionales; por ejemplo entre 2011 y 2014 España ha caído 8 puestos en el Indicador de Entorno de Negocios o ¨doing business¨ del Banco Mundial del 44 al 52 (de 189 países), y ha avanzado escasamente un puesto, del 36 al 35 en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (sobre 144 países).

En definitiva, la realidad a día de hoy es que en España, con el Gobierno de Mariano Rajoy, tiene más paro, menos gente trabajando, más deuda pública y más endeudamiento externo. No se ha solucionando ningún problema, tenemos algunos más.

El PP se presentará a las elecciones diciendo que los sacrificios han valido la pena, pero a los ciudadanos no se les puede engañar dos veces.

Artículo en colaboración con Economistas Frente a la Crisis y Líneas RojasEconomistas Frente a la CrisisLíneas Rojas

Se abren las puertas y entran los tres jueces con sus togas y gorros rojas. Los abogados, fiscales y los testigos se preparan mientras el acusado observa en la distancia: no es un criminal común, es el Banco Central Europeo. Esta escena no pertenece a una película de Hollywood. Es real y ocurrió los días 11 y 12 de junio en el Tribunal Constitucional Alemán, en la localidad de Karlsruhe. Se trataba de la vista oral por una demanda colectiva interpuesta en ese país contra el BCE por extralimitarse supuestamente en su mandato. Aunque en España ha pasado casi desapercibido, es un juicio trascendental y en juego está nada a más y nada menos que el papel del Banco Central como prestamista de última instancia, es decir su capacidad para salvar al euro haciendo “whatever it takes”.

No deja de sorprender que, pese a lo aparentemente técnico del asunto, haya habido ¡35.000 demandantes! Hay que imaginarlos a todos ellos, manifestándose ante la sede del BCE en Frankfurt, con sus trajes elegantes y sus maletines negros. En efecto, en lugar de perroflautas son seguramente banqueros, financieros, especuladores, extesoreros de algún partido. Indignados, alzan unidos sus pancartas “¡Acabemos con las compras de bonos del BCE!”, “¡No al rescate de países!”.

El juicio comienza y el abogado acusador realiza su exposición de motivos: el Tratado de Lisboa prohíbe al BCE salir al rescate de gobiernos en apuros, no puede pagar las deudas de griegos, italianos, españoles. Su mandato es claro y único: mantener la inflación baja. Según estos nuevos indignados el programa de Operaciones Monetarias Directas o OMT, que el gobernador del BCE, Marió Draghi anunció en septiembre pasado, implica la posibilidad de compras ilimitadas de deuda pública de países en dificultades violando así el Tratado. Culpable, claman.

Jens Weindmann, presidente del poderoso Bundesbank y miembro díscolo del Consejo del BCE declara como testigo de cargo de la acusación. Es contundente: “la compra de bonos por parte del BCE supone una peligrosa mezcla de política monetaria y fiscal, libera a los gobiernos de la necesidad de reformarse y podría poner en riesgo a los contribuyentes alemanes”. E insiste, el OMT “amenaza con anular el papel disciplinador de los tipos de interés de los mercados, debilitando así la responsabilidad financiera”. Más claro, imposible.

Para Weindmann y sus seguidores las reformas acometidas, los enormes recortes al gasto público producidos en muchos países no significan gran cosa. Da igual que el gobierno de Merkel no les apoye en su demanda. Tampoco parece importar que el BCE no haya tenido que soltar ni un solo Euro, o que gracias al OMT se hayan calmado los mercados financieros, alejando el fantasma de la ruptura del Euro y reduciendo las primas de riesgo que asfixiaban las arcas públicas de varios países. Ni siquiera son coherentes, pues el BCE ya se ha extralimitado en su mandato en el pasado, o ¿acaso enviar cartas a gobiernos conminándolos a cercenar derechos laborales y a recortar pensiones está en sus Estatutos? Eso no pareció molestar a estos indignados. Para ellos, lo verdaderamente grave es rescatar a gobiernos derrochadores, y atreverse a cuestionar las reglas del mercado.

Evidentemente la mayor estabilidad y menores tipos de interés han reducido substancialmente las posibilidades de ataques especulativos contra el Euro. Quizás sea esto lo que les tiene tan alterados; sus enormes ganancias financieras han caído y creen haber encontrado un resquicio para que las cosas vuelvan a ser como antes.

La sentencia se conocerá en unos meses, después de las elecciones alemanas. Lo lógico sería que se desestime o se remita al Tribunal de Luxemburgo, el único que puede juzgar al BCE, que es un organismo independiente de los gobiernos e instituciones nacionales. Poco importa, los 35.000 indignados ya han ganado. Con esta tragicomedia nos recuerdan quien manda en Europa, su tribunal constitucional juzga nuestras instituciones europeas. Un intento a la vuelta de la Europa Alemana que tanto teme Ulrich Beck.

Lo que subyace a esta contienda son dos formas de entender Europa; los ortodoxos ordoliberales alemanes para quienes solo el sometimiento a las reglas y disciplina de los mercados nos sacará de esta crisis, frente a los que pensamos que la UE es algo más que una gran plaza financiera, y que la solidaridad entre pueblos y ciudadanos forma parte del ADN europeo. Hasta ahora los primeros han llevado la voz cantante, pero el viento de los tiempos está cambiando.

Quizás algún día a esos falsos indignados alemanes que claman rabiosos contra el BCE, les hagan frente no 35.000, sino decenas de millones de ciudadanos europeos, quienes también se unan en una demanda colectiva contra las políticas neoliberales seguidas por la UE, y lideradas por Merkel y su gobierno. Las pruebas contra este “austericidio” está vez sí serán sólidas, millones de nuevos parados, estados rescatados y quebrados, pensionistas empobrecidos, jóvenes sin futuro. No nos resignemos, otra Europa es posible.

La falta de equidad del sistema tributario español hace recaer el 90% de la recaudación sobre las rentas del trabajo medias y bajas

Aumentar la tributación a la riqueza no solo es una cuestión de recaudación, sino también de equidad y justicia social

El gasto público en España reduce el riesgo de pobreza en un 28%, comparado con un 50% en Suecia o un 35% de media en la UE

Artículo en colaboración con Economistas Frente a la Crisis y Líneas RojasEconomistas Frente a la CrisisLíneas Rojas

Estos días atrás se han desvelado las proyecciones económicas del FMI y la CE para España. Habrá un año más de recesión y mínimo crecimiento en el 2014. Con estas cifras, la reducción del déficit público se antoja una gesta altamente complicada, incluso si Bruselas concede uno o dos años más para alcanzar las metas establecidas.

Las opciones políticas para sanear nuestras cuentas públicas reavivan el debate sobre la fiscalidad, totalmente relevante pues, pese a lo que creen muchos ciudadanos, España no tiene un problema fundamentalmente de excesivo gasto público – se encuentra 5 puntos por debajo de la media europea – sino de insuficientes ingresos. La llegada de la crisis y el desplome espectacular de la recaudación fiscal vinculada a la construcción nos obliga arevisar en profundidad nuestro sistema tributario, adaptando su estructura al nuevo escenariopara cubrir esos 2-3 puntos de PIB que se han volatilizado.

En este contexto, el pasado 13 de abril el PSOE desveló las bases de su propuesta de reforma fiscal. Se trataría de una reforma de calado, nítidamente socialdemócrata y valiente, pues representa un giro a la izquierda significativo respecto de las políticas tributarias de Zapatero. Con ella se espera recaudar 40.000 millones de euros adicionales, acercando así el nivel de recaudación pública a la media europea.

La propuesta socialista persigue corregir las cuatro grandes carencias de las que adolece el sistema tributario español: su falta de equidad que hace recaer el 90% de la recaudación sobre las rentas del trabajo medias y bajas, mientras los contribuyentes más pudientes, las rentas del capital y las empresas solo aportan en conjunto el 10% restante; inestabilidad de la recaudación en el tiempo; insuficiencia de ingresos y; poca eficiencia para combatir el fraude.

Para lograr estos objetivos, la propuesta socialista coloca la lucha contra el fraude como un prioridad política y no evita mentar la bicha; habrá subidas de impuestos, pero enfocadas en los grandes patrimonios y fortunas que en España apenas contribuyen, así como las grandes empresas y la banca. Para ello se plantea la integración del IRPF y el impuesto de patrimonio en una figura tributaria única, siguiendo el modelo holandés, que permita capturar y gravar la capacidad global de cada contribuyente. Además, se equipararía la tributación de rentas del capital con las del trabajo, la revisión de las SICAV, reintroducción del impuesto de sucesiones y donaciones, o la eliminación de las deducciones regresivas del IRPF, entre otras medidas.

Por el lado de las empresas, el PSOE quiere acercar la tributación real a la tributación nominal, con la introducción un tipo efectivo mínimo compensable del 15% sobre el beneficio contable y eliminando de forma permanente el grueso de deducciones y exenciones que benefician sobre todo a las grandes empresas. También se introducirán dos impuestos a la banca -para que contribuya a sufragar los costes de una crisis provocada en gran parte por su comportamiento irresponsable- inspirados en las recomendaciones del FMI poco sospechoso de izquierdoso radical, ¿o es que ahora sí lo es?.

Aumentar la tributación a la riqueza no solo es una cuestión de recaudación, sino también de equidad y justicia social, puesto que la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta; el 10% de los individuos más ricos acumula un patrimonio 135 veces mayor que el 20% más pobre, mientras que en renta la diferencia es de 13 a 1.

Los socialistas también han puesto encima de la mesa el debate sobre la eficiencia del gasto público. Y lo hacen desde la perspectiva de la capacidad redistributiva y de reducción de desigualdades del presupuesto, que es muy mejorable comparado con otros países europeos, como revela el 1er Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas. Por ejemplo, el gasto público en España reduce el riesgo de pobreza del 30 al 22%, es decir en un 28%, comparado con un 50% en Suecia (28 al 14), o un 35% de media UE (datos 2011).

Ya era hora de que la izquierda abordara el asunto de la eficiencia y la calidad del gasto, pues la defensa firme del Estado del Bienestar y de los servicios públicos gana mucha legitimidad, cuando va acompañada de denuncias igual de enérgicas contra los abusos, el despilfarro o el fraude.

La propuesta del PSOE ha generado dudas entre algunos sectores, ¿por qué no lo hicieron antes mientras gobernaban? Sin duda, a la luz del pasado reciente, el escepticismo de muchos ciudadanos está justificado, pero hay razones para pensar que el PSOE va en serio en su giro hacia una fiscalidad más progresiva: primero, la severa derrota electoral que sufrió el Partido Socialista le obliga a reaccionar, y es precisamente en la fiscalidad donde muchos simpatizantes de izquierdas percibieron la política de Zapatero como claramente alejada de los principios socialdemócratas. Además, la imperiosa necesidad de reducir los desequilibrios de las cuentas públicas españolas en el medio plazo, sin provocar un deterioro mayor de los servicios públicos a base de recortes o sin golpear a las clases medias, como hace el PP, obliga a pensar en aumentar los ingresos de los mejor situados, que hasta ahora han salido casi indemnes de la crisis.

En definitiva, se trata de un debate muy saludable para la política española. Si la fiscalidad es un reflejo del modelo de sociedad a la que se aspira, los ciudadanos deben saber que pese a todo existen diferencias importantes entre las propuestas fiscales y tributarias del PP y del PSOE. Rajoy prometió que no habría subidas de impuestos, pero al llegar al poder, alegando desconocimiento de las cuentas, aumentó el IRPF e IVA y golpeando a las clases medias. Además, ha llevado a cabo una amnistía fiscal a los grandes defraudadores, no solo profundamente injusta, sino que apenas ha recaudado una fracción de lo esperado. En contraposición, el PSOE plantea una reforma fiscal profunda, haciendo de la lucha contra el fraude la prioridad más absoluta y que no suponga mayores esfuerzos para las clases medias, sino basada en subidas de impuestos para el 10% más pudiente. Son dos formas diferentes de aumentar la recaudación y reducir el déficit. Los ciudadanos deben tomar nota y cuando llegue el momento decidir por cuál prefieren.

La realidad es que España está perdiendo presencia en Europa a gran velocidad

La fractura Europea es entre los países Triple A, en alusión a su máximo rating crediticio, y el resto de países liderados por los periféricos, con Francia, España e Italia a la cabeza

Parece evidente que los países Triple A, seguros de su dominio económico, no tienen empacho en repartirse los resortes de poder de las instituciones de la zona Euro

En colaboración con Economistas Frente a la Crisis Economistas Frente a la Crisis

El pasado 21 de enero, en su última reunión el Eurogrupo eligió a un nuevo Presidente en el Ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem sustituye a Jean-Claude Junker el Primer Ministro de Luxemburgo que ha ocupado el cargo durante 8 años. El Ministro holandés le ganó el pulso al candidato francés, Pierre Moscovici.

Hasta el Tratado de Lisboa las reuniones del Eurogrupo no eran mucho más que encuentros informales de los ministros de economía del Euro. Con el Tratado el Eurogrupo ha quedado establecido de manera formal como una institución dentro de la UE. En la práctica, es en este foro donde se toman las grandes decisiones relacionadas con la crisis en la Zona Euro, que luego son ratificadas por el resto de la UE.

La agenda del Eurogrupo en los próximos meses está realmente cargada, con algunos temas de la máxima importancia: la negociación del posible rescate a Chipre por unos 17.000 millones de Euros, la puesta en marcha de la Unión Bancaria, las políticas de austeridad impuestas en la UE pero especialmente en la Eurozona.

Especialmente delicado en la agenda del Eurogrupo es la gestión de los rescates a Grecia, Portugal e Irlanda; en la última reunión se acordó extender los plazos de la deuda otorgada a Irlanda y Portugal. Se trata de concesiones similares a las realizadas para Grecia hace mes y medio, que permitirán aliviar la carga de la deuda de los dos países.

España sabe bien de la importancia del Eurogrupo y se abstuvo en la elección de su nuevo presidente holandés, rompiendo el tradicional consenso que caracteriza los acuerdos en el seno de esa institución. La ¨protesta¨ española no hace sino reflejar las diferencias crecientes y profundas entre los países del norte de Europa, liderados por Alemania y la periferia, en torno a la dirección de la política económica europea para salir de la crisis.

La realidad es que España está perdiendo presencia en Europa a gran velocidad. Lejos quedan los tiempos cuando Solana era el influyente Mr. PESC, Almunia era el Comisario de Asuntos Monetarios y Rodrigo Rato dirigía el FMI (institución no europea pero muy influyente en Europa). La pérdida de influencia es particularmente aguda en la Zona Euro, vital para nuestros intereses en esta crisis. Desde hace unos meses ningún español ocupa un asiento en el consejo de gobierno del BCE, y prácticamente todos los puestos importantes de la Eurozona han ido a parar a países del norte: además del holandes Dijsselbloem, un alemán al frente del ESM o fondo de rescate, un luxemburgués al Consejo del BCE, un Austriaco como presidente del grupo de trabajo del Euro. La excepción más notable, no menor, es sin duda la de elección el año pasado de Mario Draghi al frente del BCE. Destaca la caída de Francia, quien desde la pérdida de la Triple A y la ruptura del eje Merkozy, se va arrimando a ojos de muchos al grupo de los periféricos. Desde la salida de Trichet del BCE, Francia no detenta ninguno de los grandes puestos de responsabilidad en la UE, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.

El reparto de puestos mayoritario entre Alemania y sus amigos muestra el dominio de estos países en la crisis actual. La fractura Europea va más allá de la tradicional división izquierda –derecha, -recordar que el primer ministro holandés es socialdemócrata, apoyado firmemente por el gobierno conservador de Merkel pero rechazado por el de Rajoy. La división creciente y preocupante es entre los países Triple A, en alusión a su máximo rating crediticio, y el resto de países liderados por los periféricos, con Francia, España e Italia a la cabeza.

Parece evidente que los países Triple A, seguros de su dominio económico, no tienen empacho en repartirse los resortes de poder de las instituciones de la zona Euro. Esto les permite controlar a su gusto los resortes de la política económica europea, marcando la agenda e imponiendo las políticas de austeridad máxima sobre el sur.

El cisma más reciente se centra sobre quién debe pagar y hacerse responsable de la factura de los rescates bancarios, si los gobiernos nacionales o el fondo de rescate europeo, dotado de más de 500 mil millones de Euros. Las posiciones son claramente divergentes; por un lado Merkel, metida ya en la lógica electoral, está obsesionada con reducir el riesgo de cualquier coste adicional para su país de mayores rescates, tan impopulares entre sus ciudadanos; por otro, Francia quiere asegurarse que el fondo esté bien dotado de recursos e instrumentos ante la eventualidad de tener que acabar utilizándolo para recapitalizar alguno de sus bancos.

Para España este es un asunto clave, pues afecta a la posibilidad de una recapitalización directa de nuestros bancos por el fondo de rescate, lo cual eliminaría de la carga de la deuda los cerca de 40.000 millones del rescate bancario, y del déficit público los intereses que genere, unos 4 puntos del PIB. No olvidemos que tras el Consejo Europeo de junio se aprobó la recapitalización directa, para que semanas después Alemania y sus aliados más cercanos se desdijeran sin vergüenza y la pusieran en cuarentena. Un caso más de que en Europa de la letra a la acción a menudo no hay un trecho, sino un universo.

Hace pues bien el gobierno Español en quejarse del dominio cada vez mayor de los puestos importantes por los países Triple A, y reclamar un mayor equilibrio de una Zona Euro, que como la propia UE es diversa. El problema es la falta de credibilidad y de coherencia del gobierno ante los zares europeos. Al malestar causado por la arrogancia ibérica de Rajoy en febrero declarando las metas de déficit como un asunto nacional, se sumó la incompetencia manifiesta en la gestión de la crisis de Bankia y el subsecuente rescate financiero. En Europa no se fían. Además, si Rajoy es el adalid de la austeridad por qué le molesta tanto que Merkel y los suyos defiendan exactamente eso, recortes masivos para salir de la crisis. Los ciudadanos se preguntan cuál es el verdadero Rajoy, ¿el que reclama insistentemente estímulos a Alemania para reactivar el crecimiento?, o ¿el que declara día tras día que la austeridad, los recortes son la solución a todos los problemas y traerán el crecimiento?. La respuesta es que posiblemente los dos, o quizás ninguno de ellos, como él mismo diría.