Muchas de las víctimas de la represión franquista siguen enterradas en cunetas y fosas comunes cuando están a punto de cumplirse noventa años después del golpe de Estado que provocó la Guerra Civil, pero su memoria no está solo en los camposantos, está también dispersa en numerosos archivos oficiales que restringen, cuando no prohíben, el libre acceso a la documentación que custodian. 

Las investigaciones policiales, las denuncias y delaciones, las torturas para conseguir declaraciones auto inculpatorias y los procesos judiciales sin garantías que permitieron al aparato represivo del franquismo condenar a largos años de prisión y a la muerte a quienes defendieron la legalidad republicana ganada en las urnas. Una verdad incómoda que desde hace años se escamotea del conocimiento público con una patulea de disposiciones legales que impiden su consulta. 

Hace poco más de un mes el Gobierno procedió a la desclasificación de una serie de documentos sobre el frustrado golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 al cumplirse su cuarenta y cinco aniversario. Es el plazo que establece la permanentemente pospuesta Ley de Información Clasificada para el acceso a la documentación catalogada como “alto secreto”; treinta y cinco en el caso de la “secreta”. Un proyecto de ley llamado a sustituir la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968. Se trata de una buena noticia, aunque el resultado de dicha desclasificación haya sido decepcionante al limitarse a este acontecimiento concreto. 

Las trabas para acceder a la documentación oficial sobre nuestro pasado más trágico no son achacables solo a la Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 es otro de los obstáculos a los que se enfrentan quienes intentan acceder a la verdad de los archivos. Esta ley establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a cualquier documento que contenga datos personales que la autoridad competente considere que afectan al honor de los aludidos, como es el caso de los procesos judiciales, pero ¿qué honor se mancilla al dar a conocer procesos judiciales instruidos sin las mínimas garantías que sirvieron para justificar la condena o el asesinato de los encausados? El de las víctimas, no.  

La verdad tiene enemigos, y frente al derecho al olvido que reclaman los verdugos y sus familias debe prevalecer el derecho a la información y a la investigación histórica. Cincuenta años para acceder a esta documentación es un plazo desproporcionado si lo comparamos con los que se aplican en otros países de nuestro entorno, que oscilan entre los veinte y los treinta años. Una realidad que hace necesaria una nueva Ley de Patrimonio Histórico si de verdad queremos conocer y divulgar nuestra historia más reciente.

Produce desasosiego ver el desconocimiento y desinterés hacia nuestro pasado más dramático de muchos jóvenes nacidos en una democracia ya asentada. Democracia que se ve ahora amenazada por los herederos de aquel tiempo sombrío que, envalentonados, se enseñorean brazo en alto y cara al sol por nuestras calles y se atreven incluso a ensalzarlo desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

A las interpretaciones restrictivas de las leyes se suma la ausencia de voluntad política para poner fin a esta realidad. El ejemplo paradigmático de ello es el Archivo General del Ministerio del Interior, un archivo de nivel ministerial que, por su propia normativa, no debería albergar ni un documento de su etapa de “Ministerio de la Gobernación”. Hace décadas que debería haber transferido esta documentación a los Archivos Históricos e Intermedios para su adecuada catalogación y el libre acceso de los investigadores.. El despropósito es tal que atesora documentación que se remonta a 1840. Una irregularidad palmaria porque no atesorar documentos con más de treinta años de antigüedad. Intentar acceder a sus fondos es una misión condenada al fracaso, como vienen denunciando desde hace años historiadores y estudiosos de nuestra historia.

De poco vale que la Ley de Memoria Democrática diga en su preámbulo que “la ciudadanía tiene el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión” si se impide el acceso a la documentación que custodian los archivos oficiales.

Su artículo 15, relativo al derecho de las víctimas a la verdad, recoge el compromiso de la Administración General del Estado con el impulso a la investigación de todos los aspectos concernientes a la guerra civil y la dictadura, y en el artículo 27 garantiza “el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre la guerra, la dictadura (…) y la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con independencia del tipo de archivo en que se custodien”.

Una parte de nuestra memoria democrática sigue enterrada en cunetas y fosas comunes, pero también en los archivos oficiales, que necesitamos abrir para acercarnos a la verdad, primer paso para la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias.

Polichinela es un personaje de la comedia del arte italiana que encarna a la plebe napolitana (quien viaje a Nápoles encontrará su figura a la venta en las tiendas de recuerdos), de aspecto barrigudo, con joroba y narizón, que oculta la mitad de su rostro con una máscara. Uno de sus defectos -o virtudes- es que no se calla nunca, de ahí la expresión “secreto de Polichinela” para referirnos a algo que todo el mundo sabe. Y eso es lo que me ha pasado a mí al consultar la documentación sobre el golpe de Estado desclasificada el pasado martes por el Gobierno y descubrir que los sacrosantos secretos del 23F son eso, un secreto de Polichinela. 

Vaya por delante mi reconocimiento a una decisión que debería haberse tomado muchos años atrás, pero bienvenida sea cualquier otra que nos ayude a arrojar luz sobre nuestra historia más reciente. Carece de sentido que los historiadores tengan que indagar durante años en archivos de otros países en busca de documentación que aquí se les niega. Quienes llevamos años buceando en archivos oficiales sabemos de las dificultades sin fin para acceder a información relativa a acontecimientos relevantes de nuestra historia, y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es uno de ellos. 

El anuncio de la desclasificación generó una enorme expectativa -¡por fin íbamos a saber lo que ocurrió aquel día!- que la portavoz del Gobierno se encargó de rebajar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, cuando dijo que se iba a “colgar” en la web de La Moncloa “toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”, dejando en el aire que haya documentos que no han aparecido o que se destruyeron en el pasado. Un detalle que el Ejecutivo debería aclarar. 

La documentación que se ha hecho pública tiene un interés indudable, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que apenas saben nada de un suceso que estuvo a punto de hacer naufragar nuestra joven democracia, pero es irrelevante para resolver las dudas sobre los meandros del golpe que arrastramos desde hace cuarenta y cinco años. La mayoría de los documentos desclasificados ya eran conocidos y están publicados. Me refiero, por ejemplo, a la transcripción de las intervenciones telefónicas en el domicilio del ultraderechista Juan García Carrés, que hasta su detención en la madrugada del día 24 mantuvo una comunicación fluida con el teniente coronel Antonio Tejero, y en el del propio golpista, donde su mujer, Carmen Díez recibió adhesiones de conocidos y amigos, a los que se quejó amargamente de que a su marido le habían dejado tirado como a una colilla.

Desconocemos el registro de documentos relativos al 23F clasificados como secretos y, en consecuencia, si los ahora desclasificados son muchos o pocos y cuáles faltan, pero conocemos de la existencia de algunos que no figuran entre los hechos públicos. No están, por ejemplo, las transcripciones de los “pinchazos” telefónicos de las líneas del Congreso de los Diputados que se dejaron abiertas, y que Francisco Laína ordenó intervenir al entonces delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas. Desde esos teléfonos el teniente coronel Tejero habló con el general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa Real, con Milans del Bosch, que tomó Valencia, con quien también habló desde la Cámara Baja el general Alfonso Armada para pedirle que convenciera a Tejero de que le dejara entrar en el hemiciclo para dirigirse a los diputados. Estas grabaciones existen, pero su transcripción no figura entre el material desclasificado. ¿Se destruyeron? No lo sabemos.

Tampoco figura el resultado de la investigación que equipos conjuntos de Policía y Guardia Civil realizaron en torno 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y 114 personas citadas en las conversaciones intervenidas para determinar su implicación en la asonada. Estas cifras las facilitó el ministro Alberto Oliart en el pleno secreto del Congreso celebrado el 18 de marzo de 1981, y así consta en las actas de aquella sesión, que pueden consultarse en la Cámara Baja. Incluso el juez instructor del sumario, José María García Escudero, escribió lo siguiente al dar por concluida su investigación: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejaran actuar contra personas civiles”. Ni la recibió, ni él la requirió. ¿Dónde está el resultado de dichas pesquisas? ¿Se destruyeron? Lo desconocemos.

Una de las características de la documentación desclasificada es abrumadoramente apócrifa, está censurada y las identidades de las personas a las que alude están tachadas. Son folios y folios sin membrete ni firma, cuya procedencia adivinamos por el epígrafe bajo el que ha sido incluida, que nos indica si la información procede del Ministerio del Interior, del de Defensa o del de Exteriores. Respecto a la información desclasificada de este departamento ministerial, difícilmente puede ser considerada secreta cuando cualquier ciudadano puede consultarla en el Archivo General de la Administración (AGA), al que fue remitida hace años. Como tampoco pueden considerarse secretos los 48 documentos que recogen el día a día de cada jornada de la vista oral según el punto de vista de los agentes del CESID que acudieron a la misma.  

Otra parte de la información desclasificada son informes de las jefaturas superiores de Policía dando cuenta de la situación en las distintas regiones policiales en las fechas posteriores al golpe, y valoraciones del CESID sobre el ambiente en los cuarteles tras la asonada, tras la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que juzgó a los 33 rebeldes encausados y sobre la decisión del Gobierno de recurrirla. Información de interés porque deja constancia del malestar existente en las Fuerzas Armadas y su amplia identificación con los golpistas. Una situación que conduciría a una nueva intentona golpista en octubre de 1982, el conocido como “golpe de los coroneles”, afortunadamente frustrado a tiempo.

El paso dado ahora por el Gobierno es positivo, pero insuficiente. La recuperación de la memoria histórica de este país sigue siendo una asignatura pendiente que no pasa tan solo por la derogación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y su sustitución por una nueva de Información Clasificada. Es necesario modificar también la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a documentos tan relevantes como el propio sumario del 23F.  

Que la muerte del ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina sea noticia se explica tan solo por su contumaz vocación golpista, que el 23 de febrero de 1981 estuvo a punto de devolver a nuestro país a sus tiempos más oscuros con el asalto al Congreso de los Diputados y la toma como rehenes del Gobierno en pleno y de los representantes de la voluntad popular. Su nombre se inscribe desde hoy en la historia no por sus actos de heroísmo o grandeza, sino por la infamia de sus acciones, de las que nunca se arrepintió. 

España intentaba dejar atrás cuarenta años de dictadura cuando este atrabiliario militar, al mando de trescientos agentes de la Benemérita, se encaramó en la tribuna de oradores de la Cámara Baja –que en ese momento votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno en sustitución de Adolfo Suárez– para vociferar su tristemente famoso “¡Quieto todo el mundo!” que puso en suspenso nuestra incipiente democracia.

Lo paradójico de su persona es que además de ejecutor del golpe, a la espera de que llegara la autoridad militar competente que se haría cargo de la situación, fue también el artífice de su fracaso, al negarse a que el general Alfonso Armada entrara en el hemiciclo para proponerse como presidente de un Gobierno de salvación nacional. Qué habría ocurrido si le hubiese permitido dirigirse a sus señorías es un ejercicio de historia contrafactual abierto a todas las hipótesis. 

Un gobierno en el que el único militar sería el presidente no era lo que le habían dicho que ocurriría en las reuniones preparatorias en las que participó. Tejero estaba convencido de que la asonada daría paso a una Junta Militar que pondría fin a lo que los golpistas consideraban los males fundamentales de la España democrática: el terrorismo, que había señalado al Ejército y a las fuerzas de seguridad como objetivos prioritarios de sus atentados, y la sacrosanta unidad de la patria, a su entender en peligro por el desarrollo del Estado autonómico.

El general Armada –junto al general Milans del Bosch, condenados como cabezas de la rebelión militar– le ofreció un avión y dinero para que él y sus oficiales salieran del país y eludieran sus responsabilidades penales, algo que rechazó. Una afrenta a la que Tejero respondió diciendo que no había protagonizado semejante “campanazo” para que todo siguiera igual. Le habían dejado solo. Cuando en una de las sesiones de la vista oral el fiscal le preguntó si se sintió utilizado por el general Armada para su propósito de ser presidente del Gobierno, Tejero contestó: “Mi general, lo que yo quisiera es que alguien me explicara lo del 23F, porque yo no lo entiendo”. No mentía.

En la última jornada del proceso, durante el turno de última palabra para los acusados, Tejero se puso en pie y mirando al presidente del tribunal resumió su sentir por la traición de la que sentía que había sido víctima: “Quiero que mis últimas palabras en este proceso militar sean para manifestar a gran parte de los mandos de los ejércitos mi más profundo desprecio por su cobardía, su entreguismo, su traición a la patria…”. No tuvo tiempo de decir más porque el presidente le retiró la palabra y le ordenó salir de la sala mientras agitaba la campanilla reclamando orden a quienes aplaudían entre el público.

Tejero fue condenado a 30 años de reclusión por un delito de rebelión como jefe de las fuerzas rebeldes, nada que ver con los siete meses que otro tribunal militar le impuso en 1978 por la Operación Galaxia, una intentona golpista previa que sus promotores consiguieron hacer pasar por una charla de café. Tras cumplir la pena, fue adscrito a la dirección general de la Guardia Civil, una canonjía sin funciones concretas que le permitió preparar el asalto al Congreso porque nadie, aparentemente, se preocupó de vigilar sus andanzas.

Fue el último de los condenados en quedar en libertad condicional, en diciembre de 1996, tras quince años de reclusión, aunque para entonces hacía tres que disfrutaba del tercer grado penitenciario y acudía a prisión solo a dormir. Desde entonces, ha vivido en un discreto segundo plano, a medio camino entre Torre del Mar (Málaga) y Madrid, entre homenajes de nostálgicos del franquismo y esporádicas apariciones públicas, la última de ellas en octubre de 2019 para participar en entierro de los restos del dictador Franco en el cementerio de Mingorrubio tras su exhumación de la basílica del Valle de los Caídos.

Desde hoy, Antonio Tejero se incorpora a la historia del oprobio de nuestro país junto a otros correligionarios que intentaron subvertir la democracia por la fuerza de las armas, como los generales Miguel Primo de Rivera, José Sanjurjo y el propio Francisco Franco, el único que lo consiguió.

El golpe de Estado del 23F no fue un hecho puntual, sino el desenlace trágico de la conspiración permanente en la que vivía España desde la muerte del dictador, con una incipiente democracia asediada por sectores militares, económicos, políticos y mediáticos que se resistían a que el país recuperara las libertades. El asalto al Congreso de los Diputados por tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, fue la puesta en escena de una asonada que se venía preparando desde hacía meses. 

Si para la historiografía oficial la transición fue un periodo modélico de nuestra historia, el golpe del 23F fue un “accidente”, un suceso aislado protagonizado por un grupo reducido de militares nostálgicos del franquismo, que fracasó gracias a la lealtad mayoritaria del Ejército y a la actuación decidida del rey Juan Carlos I. Sin embargo, las pruebas han acabado refutando el relato. 

Un documento hallado en el archivo personal de Alberto Oliart (ministro de Defensa entre 1981 y 1982) afirma que solo tres de los 11 capitanes generales se mantuvieron leales a la Constitución. El resto permaneció a la espera del discurrir de los acontecimientos y si, como estaba previsto, la División Acorazada Brunete (DAC) hubiese tomado Madrid, la mayoría se habrían sumado. Arribistas de la patria que se hicieron demócratas al fracasar el golpe.  

En cuanto a la actuación decidida del rey, su primera intervención pública en televisión para condenar el golpe se produjo a la 1.14 horas de la madrugada del día 24, siete horas después del asalto al Congreso. Minutos antes el general Alfonso Armada, desde hacía días segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, había abandonado la Cámara tras fracasar su intento de dirigirse a sus señorías para ofrecerse como presidente de un Gobierno de concentración. 

El general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, cargo en el que había sustituido precisamente a Armada, cuenta en sus declaraciones sumariales en la causa que a las nueve de la noche del día 23 el monarca habló con Armada, “y después de una conversación que dura varios minutos Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él”. Sabino revela que Armada le hizo partícipe de su disposición a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno para solucionar la situación. Una propuesta que él trasladó al monarca para, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre del rey (…) En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”.

Armada se reunió en el Congreso con Tejero, que al conocer la composición del Gobierno que el general pretendía proponer a la Cámara, integrado por representantes de todos los partidos salvo los nacionalistas, le impidió entrar en el hemiciclo. El teniente coronel esperaba que el golpe diera paso a una Junta Militar, se sintió engañado y, con su oposición y sin pretenderlo, hizo fracasar el golpe. 

Más allá de refutar los dos pilares sobre los que se sustenta aún hoy la versión oficial sobre el fracaso del golpe, el análisis de la investigación sumarial permite afirmar que la misma no tuvo nunca la intención de desvelar todos sus meandros. Se conformó con condenar a sus protagonistas televisivos, a los que los ciudadanos pudieron ver a través de la pantalla de televisión encañonando con sus fusiles al Gobierno y a los representantes de la soberanía popular, y tomando la capital del Turia en un tétrico desfile de carros de combate. 

Alberto Oliart, nombrado ministro de Defensa tras el golpe, da cuenta de ello en sus memorias cuando relata la visita que le giró a su despacho el juez instructor, José María García Escudero, de 64 años. “Me planteó que podía procesar a toda la División Acorazada Brunete (Madrid) y a toda la División Maestrazgo (Valencia), cerca de ocho mil hombres, o solo a los 33 jefes, oficiales y altos mandos que actuaron ese día. Sin dudarlo, le dije, mire usted, señor juez, lo que hay que hacer es procesar a la jefatura solamente. Bajo mi responsabilidad, tome esto como una orden”. 

Una decisión que Oliart asegura fue refrendada por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y por el propio rey, a quien acudió a ver a La Zarzuela. De manera que al arrancar la investigación y sin conocer el alcance del golpe ya había una decisión tomada: juzgar y condenar solo a los más significados y exonerar al resto. La obediencia debida y la excusa absolutoria fueron los argumentos jurídicos en los que el instructor sustentó su decisión.

Oliart compareció en un pleno secreto del Congreso de los Diputados tres semanas después del golpe para informar de la marcha de las investigaciones. Durante su intervención afirmó que 114 personas que eran citadas en las conversaciones telefónicas intervenidas y 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al margen de los guardias civiles que asaltaron el Congreso, estaban siendo investigadas por su presunta implicación en la asonada. Una investigación de cuyos resultados nunca se dio traslado al juez, que en el resumen de la causa al dar por concluida su investigación, tan solo cuatro meses después de iniciada, decía: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejen actuar contra civiles”. Claro, que tampoco él hizo requerimiento alguno sobre dichas pesquisas.

Escuchas selectivas

Uno de los asuntos más controvertidos de la instrucción sumarial son las intervenciones telefónicas que Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, ordenó aquella noche para intentar descubrir todas las implicaciones del golpe. La Policía “pinchó” los teléfonos del ultraderechista Juan García Carrés, a la larga el único civil condenado, del domicilio del teniente coronel Tejero, del general en la reserva Carlos Iniesta Cano, director de la Guardia Civil entre 1972 y 1974, y de otros integrantes del búnker de los que se sospechaban conspiraban contra la democracia. De todas ellas hay constancia documental en la causa, si bien las transcripciones aluden a conversaciones mantenidas a partir de la 1:14 horas de la madrugada del día 24, tras el mensaje televisivo del rey, sin que de las siete horas previas transcurridas desde el asalto al Congreso haya constancia alguna. 

Laína ordenó al delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas Fernández-Luna, intervenir también los teléfonos del Congreso para conocer las conversaciones que Tejero mantenía y recibía del exterior mientras mantuvo secuestrada a la Cámara. Pese a ello, estas grabaciones no existen oficialmente, aunque al menos una copia de ellas está en poder de la familia del entonces número dos del Ministerio del Interior. 

El juicio por el 23F se celebró un año después del golpe durante 48 jornadas que concluyeron con un indulgente fallo del tribunal militar, que condenó a 22 de los procesados y absolvió a los 11 restantes. El tribunal justificó su benévola sentencia aduciendo “las circunstancias personales de honorabilidad, cualidades de mando y espíritu militar; brillante historial y acreditado patriotismo y fidelidad a la Corona” de los condenados. Al día siguiente el Consejo de Ministros acordó recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, que terminaría elevando la mayoría de las penas.

El general Armada, condenado inicialmente a seis años por conspiración, lo fue como cabeza de la rebelión militar junto a Milans del Bosch y vio quintuplicada su pena inicial, hasta los treinta años de reclusión. Fue indultado en 1988 por el gobierno de Felipe González, tras ocho años de reclusión. El otro cabecilla del golpe, Milans del Bosch, obtuvo la libertad condicional en julio de 1990, tras nueve años encerrado, y Antonio Tejero fue excarcelado en diciembre de 1996, tras quince años en prisión, aunque desde 1993 disfrutaba del tercer régimen penitenciario, que le permitía ir a prisión solo a dormir. El resto de los golpistas no cumplió más de cinco años de prisión efectiva. 

Han transcurrido ya 44 años de los hechos y ninguno de los gobiernos del PSOE o PP ha tenido la voluntad política necesaria para hacer públicos los documentos que nos permitan conocer todos los extremos de lo ocurrido. Sobre el fallo judicial, elevado a la categoría de verdad irrefutable, se sostiene aún hoy el irrefutable relato oficial de lo ocurrido. 

Han transcurrido 45 años de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y los españoles seguimos sin conocer toda la verdad de lo ocurrido. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que enjuició a los golpistas fijó para la posteridad una versión oficial a través del fallo judicial, según el cual el golpe de Estado fue obra de un grupo reducido de militares que fracasó gracias a la actuación decidida del rey Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria del Ejército a la Constitución. La realidad es que los meandros del suceso más grave de nuestra democracia desde el levantamiento militar que en 1936 acabó con la Segunda República y dio paso a cuatro décadas de dictadura siguen siendo un secreto de Estado.

La justicia militar rechazó recabar la versión del monarca, siquiera por escrito, sobre lo ocurrido aquel día, privándonos del testimonio de quien la historiografía oficial señala como el hombre que salvó a nuestra joven democracia. Ha sido el propio interesado quien en un reciente libro de memorias (Reconciliación. Editorial Planeta, 2025) nos desvele el papel que jugó, autoerigiéndose en el artífice principal, si no el único, del fracaso del golpe. “Aquella tarde, MI proyecto político estuvo en peligro, y el destino de todos los españoles en MIS manos. ¿Sería capaz de salvar la democracia que habíamos construido entre todos con una esperanza de renovación?”, se pregunta el emérito.

El rey escribe que conocía el creciente descontento que existía en los cuarteles por la legalización del PCE, el enemigo declarado del Ejército durante la Guerra Civil; el desarrollo del Estado autonómico, que los militares interpretaban como una ruptura de su indisoluble unidad de la patria, y el terrorismo de ETA, que había señalado a los militares y las fuerzas de la Seguridad del Estado como objetivos prioritarios, pero que nunca sospechó que fuese a producirse un levantamiento militar. Consumado el golpe con el asalto del Congreso de los Diputados por más de tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por los tanques del teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la región, el rey refiere de manera somera su febril actividad de aquella noche, dando órdenes por teléfono para hacer fracasar el golpe. “Hablaba con aplomo y persuasión, porque sabía que estaba en juego el destino de la Corona y del país”, escribe.

En una de esas llamadas habló con quien había sido su preceptor, secretario general de la Casa Real y en aquel momento era segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Alfonso Armada Comyn, a la postre condenado como uno de los líderes de la asonada. Una conversación que resulta definitoria del papel del monarca. Juan Carlos I afirma que cuando Armada le pidió autorización para ir al Congreso a negociar con Tejero le contestó: “No te doy ningún permiso, y no vayas allí en mi nombre”, entrecomilla el monarca sus propias palabras.

No es eso, sin embargo, lo que sostiene el general Sabino Fernández Campo, sucesor de Armada como secretario general de la Casa del Rey, que vivió aquellas horas con él en el Palacio de la Zarzuela. En una declaración por escrito ante el juez instructor de la causa sostiene que sobre las nueve de la noche del 23F el monarca telefoneó al general Armada y que “después de una conversación que dura varios minutos, Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él. Armada me expone, para que se lo traslade al rey, que la situación es grave, más grave de lo que puede deducirse del estado de cosas en la III Región Militar (Valencia). Se refiere a otras regiones que pueden adoptar la misma postura, me pone de manifiesto la tensión que existe en el Congreso, que puede acabar en una verdadera masacre, y añade que es preciso evitar la división del Ejército. Para ello me sugiere trasladarse al Palacio del Congreso y, en nombre del rey, establecer las conversaciones y realizar las gestiones que conduzcan a la liberación del Gobierno y de los diputados”.

Sabino relata que trasladó a su compañero la dificultad que entrañaba su misión, a lo que Armada respondió que estaba dispuesto a intentarlo “sacrificándome si es necesario y ofreciéndome a ocupar la Presidencia del Gobierno a fin de buscar la forma de terminar con la tensión y evitar un final sangriento”. El secretario general de la Casa del Rey asegura que trasladó al monarca la propuesta de Armada y, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre de su Majestad” (Sumario 2/81, tomo 9, folios 2.281 a 2.301).

Aún va más lejos Sabino, que para que no queden dudas de que fue el rey quien autorizó a Armada a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno escribe lo siguiente en su declaración judicial: “En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera, pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”. La versión contraria a la dada ahora por el emérito en sus memorias.

Como apostilla, dos datos: El tribunal que juzgó a los golpistas no autorizó la comparecencia del general Sabino Fernández Campo como testigo en la vista oral, y la sentencia condenatoria atribuye al general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), la autorización al general Armada para acudir al Congreso, haciendo caso omiso del testimonio del primero.

El relato empieza a gestarse

Lo ocurrido después es conocido, el general Armada se presentó en la Cámara al filo de la medianoche para hablar con Tejero y pedirle que retirase a sus hombres del hemiciclo para dirigirse a los diputados sin la amenaza de las armas y proponerse como presidente del Gobierno. El teniente coronel de la Benemérita quiso saber la composición del futuro Ejecutivo, y al contarle Armada que de él formarían parte representantes de todos los partidos políticos, salvo los nacionalistas, le echó de forma destemplada por proponerle “una chapuza de categoría”, según palabras del propio Tejero. “Para cambiar el nombre de Calvo-Sotelo por el suyo no hacía falta el campanazo que he dado”, declaró ante el juez.

Él esperaba una Junta Militar y aquella componenda le pareció inaceptable. Fue su negativa a que Armada se dirigiera al pleno la que hizo fracasar el golpe. Y aunque sea un ejercicio de historia contrafactual, cabe preguntarse qué habría ocurrido si Tejero hubiese accedido a las pretensiones de Armada. El miércoles 25 de febrero, al día siguiente de la liberación del Gobierno y de los diputados, el pleno de la Cámara Baja continuó con la sesión de investidura interrumpida y eligió a Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, que en su alocución agradeció “el firme pulso de Su Majestad el rey de España, que ha garantizado el orden constitucional y ha asegurado nuestra liberación”, y alabó “la lealtad y disciplina del conjunto de las Fuerzas Armadas, que han obedecido con gran patriotismo a Su Majestad”.

Comenzaba a gestarse la versión oficial del golpe, en la que insistiría fechas después, el martes 17 de marzo, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, quien compareció ante la Cámara para dar cuenta de las investigaciones practicadas hasta ese momento, y cuantificó en un increíble 99,40% la lealtad y obediencia a la Constitución y al rey de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado. La sentencia judicial fijó definitivamente la versión oficial del golpe.

Ahora, 45 años después, el rey emérito reconoce que “de los 11 capitanes generales, calculo que la mitad apoyaba la rebelión, pero no se atrevían a desobedecer”, y un documento obrante en el archivo particular del ministro Oliart recoge que solo tres de los 11 capitanes generales fueron leales al rey y a la Constitución; el resto se mantuvo a la espera del discurrir de los acontecimientos. Hasta el propio general Alfonso Armada dijo años después que a sus compañeros de armas “lo que les importaba era si aquello (el golpe) iba para adelante o no. Lo que dijera el rey no les preocupaba, suponían que acataría lo que sucediera en esa primera hora. Los capitanes generales no preguntaban lo que opinaba el rey, sino: Oye, ¿esto tiene visos de salir adelante o no? (…) Mi impresión es que por lo menos una parte estaban felices de que el golpe triunfase”, según consta en El 23F. Conversaciones con Alfonso Armada, de José Manuel Cuenca Toribio (Actas Editorial, 2001).

Concluye Juan Carlos I en el capítulo de sus memorias dedicado al golpe de Estado que sigue teniendo “preguntas y dudas sobre la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y el papel que asumieron algunos”, aunque no dice quiénes, contradiciendo a quienes llevan años tratando de convencernos de que los hechos probados de la sentencia judicial son la verdad de lo ocurrido.

La historiografía oficial de los últimos 50 años de este país ha conseguido que el imaginario colectivo acepte de manera acrítica una versión edulcorada de la Transición, según la cual pasamos de una dictadura de 40 años a una democracia gracias a un proceso político pacífico liderado por dos hombres: el rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez. Un cambio personalista y “desde arriba” que poco tiene que ver con la realidad. Ni fue un proceso modélico, ni fue pacífico, ni la democracia fue otorgada: la conquistó la ciudadanía en la calle, en ocasiones a costa de la propia vida. 

Situemos primero el contexto. La Revolución de los Claveles de abril de 1974 en Portugal acabó con los 48 años de dictadura de Oliveira Salazar, prolongada desde 1968 en la persona de Marcelo Caetano, y en julio caía en Grecia la dictadura de los coroneles tras ocho años de tiranía impuesta por un golpe militar. Ambos acontecimientos convirtieron a España en la única dictadura de Europa, e impactaron con fuerza en nuestro país, donde las élites asistían con temor al progresivo deterioro físico de Francisco Franco. 

El caudillo no era inmortal y se hacía imprescindible preparar su sucesión con una apertura política controlada que nos homologara en apariencia con nuestros vecinos europeos. A diferencia de Portugal y Grecia, donde los tiranos fueron depuestos, en España el dictador murió en la cama y sus valedores se dividieron entre quienes defendían una evolución tutelada, los aperturistas; y quienes aspiraban a un franquismo sin Franco, el búnker. Ni unos ni otros creían en las libertades, pero el pragmatismo hizo que los primeros abrazaran la democracia con la fe del converso. 

La muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 dio paso al primer Gobierno de la monarquía restaurada en la persona de Juan Carlos de Borbón, a quien Franco había designado su sucesor a título de rey en 1969. Para ese primer ejecutivo, el monarca confirmó como presidente a Carlos Arias Navarro –ya lo era desde 1973–, que nunca tuvo la intención de transitar hacia la democracia. De su gabinete formaban parte cuatro tenientes generales que se habían sublevado contra la República, defendían a ultranza la memoria y la obra del Caudillo, y consideraban a las Fuerzas Armadas las garantes últimas del legado de Franco y del devenir futuro de España. 

Fue un Gobierno de vida efímera, hasta el 1 de julio de 1976, cuando el rey forzó su dimisión y designó a Adolfo Suárez como sucesor entre una terna en la que figuraban los exministros franquistas Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo. Su elección sorprendió por el desconocimiento de su figura entre la opinión pública y su perfil poco comprometido hasta entonces con el cambio democrático. Era un hombre joven, procedía del franquismo –hasta el mismo momento de su elección fue ministro secretario general del Movimiento– y no era sospechoso de defender cambios radicales.

La calle era un hervidero de huelgas y movilizaciones laborales de matiz económico –el número de parados en 1975 se había duplicado en relación con los tres años anteriores–que derivaban en reivindicaciones de democracia y libertad a las que se sumaron los movimientos vecinal y estudiantil. En este panorama el nuevo Ejecutivo se enfrentó a la tarea de desmantelar la dictadura. Lo hizo desde la legalidad franquista con la Ley para la Reforma Política, que derogaba los Principios Fundamentales del Movimiento. La norma fue votada favorablemente por los procuradores de las Cortes franquistas, que se hacían así el harakiri para dar paso a unas elecciones democráticas. Un proceso que Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino, definió como “de la ley a la ley, pasando por la ley”. Una manera de decir que el paso de la dictadura a la democracia no era de ruptura, como reclamaban algunos partidos de la oposición, sino de transición.

La convocatoria de los primeros comicios exigía la legalización previa de los partidos políticos, entre ellos el PCE, que para la cúpula militar representaba al enemigo derrotado en la Guerra Civil. Suárez la había reunido en septiembre de 1976 para convencerla de la necesidad de la reforma política, comprometiéndose a no legalizar a los partidos “revolucionarios”, entre los que los militares situaban al PCE. 

Su legitimación la noche del Sábado Santo del 9 de abril de 1977 fue recibida como una afrenta por el Ejército. El ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, dimitió en desacuerdo con la decisión, dando continuidad a la que meses antes había presentado el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa, en su caso por su oposición a la ley de Amnistía y al proyecto de reforma sindical, que preveía la legalización de todos los sindicatos. Años después, ya en la reserva, sería uno de los agitadores del golpe de Estado del 23-F. Manuel Gutiérrez Mellado, un militar reformista, le sustituyó como vicepresidente primero.

El 15 de junio se celebraron los primeros comicios democráticos desde 1936, que dieron la victoria a la plataforma creada por Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD). Un “invento” que aglutinaba a liberales, socialdemócratas, democristianos y personas procedentes del franquismo, los llamados azules, que habían medrado durante la dictadura y se sumaban ahora al proceso democrático. 

Ruido de sables

UCD ganó con 165 diputados frente a los 118 del PSOE, que se convirtió en el principal partido de la oposición. El PCE, que había liderado la lucha contra la dictadura, consiguió dieciocho representantes, dos más que la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, una federación de siete asociaciones abanderadas por ex ministros de Franco. Esa era la configuración del Parlamento en el arranque de la legislatura encargada de elaborar una Constitución.

Al “todo ha quedado atado y bien atado” pronunciado por el dictador al designar a Juan Carlos I como su sucesor, comenzaron a desatárseles los nudos y la jerarquía militar comenzó a conspirar contra la incipiente democracia en una estrategia de la tensión sostenida por el ruido de sables. Una primera reunión conspirativa tuvo lugar en septiembre de 1977 en la localidad valenciana de Xàtiva (en Xàbia según otras fuentes), donde un grupo de generales debatieron la posibilidad de dar un golpe de Estado que pusiera fin al proceso democrático. Los confabulados acordaron finalmente dirigirse al rey para trasladarle su lealtad e instarle a que, ante la, a su entender, “grave situación política” cesara a Suárez y designara a un teniente general al frente de lo que llamaban gobierno de salvación nacional, un término que sería habitual en las conspiraciones por venir. La Constitución aún no había sido aprobada y el monarca mantenía intacto el poder heredado de Franco para poner y quitar presidentes del Gobierno.

Cuadernos para la libertad

Nacida en octubre de 1963, ‘Cuadernos para el Diálogo’ fue un referente para los demócratas españoles en el interior. Su brillantez intelectual y su sensibilidad con los temas sociales durante la dictadura fue toda una gesta. Desapareció en 1978. Esta portada aborda un debate que sigue vivo: reforma o ruptura. Se puede consultar en la web de la Fundación Francisco Largo Caballero: https://fflc.ugt.org/org/

Al malestar del estamento militar se sumaron los empresarios, liderados por Carlos Ferrer Salat, presidente de la Confederación Españoles de Organizaciones Empresariales (CEOE), que se oponían a cualquier cambio en la legislación laboral que supusiera el reconocimiento del derecho de huelga. La patronal perdía los privilegios de que había disfrutado durante la dictadura y su inicial apoyo a UCD se iría decantando paulatinamente hacia AP.

La propia AP y algunos miembros de la UCD que no se identificaban con las reformas de Suárez se sumaron a la conspiración y comenzaron a reunirse en el otoño de 1977 a iniciativa del periodista Luis María Anson, presidente de la Agencia EFE. En uno de esos encuentros Anson propuso un plan, según el cual el rey debía citar un domingo al presidente del Gobierno para pedirle que presentara su dimisión, tras la cual el Consejo del Reino propondría como sustituto a un técnico sin compromisos con ningún partido. El BOE publicaría el lunes los ceses, el nombramiento del nuevo presidente y se declararía el estado de excepción. La situación se prolongaría durante dos años, transcurridos los cuales se convocarían elecciones. El periodista consideraba urgente la solución y sugirió como fecha más adecuada las navidades de ese mismo año. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse y la legislatura concluyó con la aprobación de la Constitución el 31 de octubre de 1978.

Dos semanas después, el 11 de noviembre, se abortaba un incipiente golpe de Estado que planeaba la toma del Palacio de la Moncloa y el secuestro del Gobierno aprovechando la reunión del Consejo de Ministros. La conocida como Operación Galaxia, por el nombre de la cafetería en la que conspiradores se reunían, se saldó con una levísima condena de siete y seis meses de prisión al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, y al capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Ynestrillas, que en la vista oral afirmaron que el plan no había pasado de ser una mera discusión teórica. Fracasada la asonada, la Carta Magna fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre y sancionada por el rey ante las Cortes Generales el día 27 del mismo mes. 

La aprobación de la Constitución dio paso a la disolución de las cámaras y la convocatoria de las segundas elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. Sus resultados fueron similares a los de 1977: volvió a ganar UCD con 168 escaños, tres más que en los anteriores comicios, el PSOE se consolidó como la segunda fuerza con 121 diputados, también tres escaños más, el PCE mejoró ligeramente sus resultados y pasó de veinte a veintitrés y la Coalición Democrática, nombre bajo el que se presentó la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga coaligado con otros partidos, perdió seis diputados y se quedó en diez. La extrema derecha, que concurría por primera vez en solitario, logró un único representante: Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva.

La nueva legislatura debía poner en marcha las instituciones previstas en la Constitución y el desarrollo normativo que diera cuerpo legal a la naciente democracia con iniciativas legislativas tan cruciales como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Libertad Religiosa, de Defensa, de Sanidad, de Autonomía Universitaria, o un nuevo Código Penal, entre otras, además de iniciar el desarrollo del Estado de las Autonomías con la aprobación de los estatutos vasco y catalán. 

La consolidación de la democracia avanzaba y con ella crecía el malestar de los sectores más inmovilistas de la sociedad y del Ejército, que veían en el proceso autonómico un ataque a la unidad de la patria. También ETA contribuía a la inestabilidad política con una actividad terrorista que situó a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y del Ejército entre sus objetivos prioritarios. En 1978 la banda terrorista asesinó a 67 personas, a 89 en 1979, y alcanzó la cifra récord de 97 en 1980. Una excusa más para el incesante ruido de sables. 

Intrigas y conciliábulos

Luis María Anson recuperó su actividad conspirativa contra el presidente Suárez y la, a su entender, política de centroizquierda del Gobierno. Los encuentros con líderes empresariales se sucedieron y empezó a hablarse de una alternativa al plan de 1977. Como ya no era posible que el rey depusiera al presidente, se hacía necesario forzar su dimisión para ir a un gobierno de concentración integrado por independientes. Entre los contertulios de aquellos encuentros estaban Carlos Pérez de Bricio, empresario y exministro con Arias Navarro y del propio Suárez, el banquero Carlos March Delgado, Carlos Ferrer Salat, José Joaquín Puig de la Bellacasa, secretario particular del rey hasta 1976, y los políticos centristas Arturo Moya y Rafael Orbe, entre otros.

Fue en estos conciliábulos donde comenzó a citarse el nombre del general Alfonso Armada, secretario general de la Casa del Rey, como candidato a la presidencia del Gobierno, y el aludido se dejó querer. La operación fue bautizada como golpe de Timón por el CESID, el servicio secreto militar, alguno de cuyos miembros asistían a las reuniones invitado por el propio Anson para que nadie pudiera calificarlas de clandestinas y, de paso, para que trasladaran a instancias superiores lo que allí se hablaba. 

Las intrigas estaban también a la orden del día en UCD, que aunque en 1977 se había convertido en un partido unitario, mantenía diferencias ideológicas internas entre sus familias, que comenzaron a enfrentarse con el Gobierno por algunas de sus reformas. Un ejemplo fue la Ley del Divorcio promovida por los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, a la que se oponían los democristianos. La lucha por el control interno del partido y el distanciamiento con Suárez llevó a algunos a plantear su sustitución por Landelino Lavilla.

El PSOE asistía gozoso al espectáculo, que le permitía vislumbrar por primera vez la posibilidad de llegar al poder. Su primer paso fue presentar una moción de censura en mayo de 1980 que, aunque sabía perdida, supuso un gran coste político para el presidente, zarandeado desde la bancada socialista por Felipe González y Alfonso Guerra. La iniciativa fue derrotada por 166 votos (todos de UCD) y 152 a favor (del PSOE y el PCE), 21 abstenciones y 11 ausencias. 

Suárez no se amilanó y cuatro meses después, el 16 de septiembre, se sometió a una cuestión de confianza que, de no prosperar, suponía su dimisión. Buscaba obligar a su grupo, en el que militaban sus principales detractores, a hacer público su apoyo o retirárselo y forzar un adelanto electoral. La apuesta resultó ganadora por una mayoría absoluta de 180 votos, los de su propio partido, la Convergencia i Unió, con Miquel Roca al frente, y el Partido Socialista de Andalucía (PSA) de Alejandro Rojas-Marcos, aunque también aumentó (164 votos) el número de detractores. 

Su triunfo parlamentario no impidió que los críticos de UCD continuasen conspirando para conseguir su caída con una segunda moción de censura pactada con los socialistas para la primavera de 1981. Su opción para presidir el gabinete era el democristiano Alfonso Osorio, que había abandonado el partido para integrarse en la Coalición Democrática de Fraga. El aludido negó siempre ser el promotor de esta operación, pero quienes avalaban su candidatura decían que era un político de la confianza del rey que contaba con el apoyo de sectores económicos, eclesiásticos y militares.

Para entonces, finales de 1980, eran numerosas las conspiraciones que se solapaban para acabar con el presidente. Un documento de autoría desconocida, aunque atribuido a los servicios secretos militares, con el título “Panorámica de las operaciones en marcha” enumera entre las civiles una protagonizada por los democristianos Miguel Herrero de Miñón, entonces portavoz parlamentario de UCD, José Luis Álvarez, ministro de Transportes y Comunicaciones, “y acaso Landelino Lavilla”, en ese momento presidente del Congreso de los Diputados, y otra liderada por Rodolfo Martín Villa, representante del sector azul del Gobierno. A los socialistas se les atribuía un plan para presentar una moción de censura pactada con los críticos de UCD en la que el candidato a la presidencia fuese un general de talante liberal que contara con el apoyo de la Corona. 

Enrique Múgica se reúne con Armada

En este ambiente de contubernio, el diputado socialista Enrique Múgica se reunió el 22 de octubre con el general Armada en el domicilio particular del alcalde socialista de Lleida, Antoni Siurana, y elaboró una minuta sobre el encuentro en la que relata que el militar le planteó dos salidas a la crisis política: la dimisión de Suárez o “un Gobierno de coalición a partir de un voto de censura”. Una solución que pretendía evitar un golpe duro encabezado por “un general en activo al frente”. 

El informe de los servicios secretos citaba también tres operaciones militares, designadas como la de los tenientes generales, la de los coroneles y la de los espontáneos. En la primera estaban implicados un grupo de capitanes y tenientes generales. La segunda la lideraban coroneles, a los que se calificaba como “fríos, racionales y metódicos”, dispuestos a esperar un año y medio o dos antes de intervenir, en el convencimiento de que la situación política del país sería límite y la propia ciudadanía pediría su intervención. Finalmente, la de los espontáneos representaba la continuidad de la fallida Operación Galaxia, y en opinión de los autores del informe “hay serios temores de que pueda ejecutarse”.

A estas operaciones de acoso y derribo del presidente Suárez se sumó la creciente desafección del propio rey, plasmada en un informe confidencial de los servicios de Información de la Policía. En este informe se constataban la opinión contraria del monarca a algunas de las decisiones del presidente, a quien no se recataba de criticar en público, incluso planteando la conveniencia de su relevo. 

Suárez se anticipó a todos cuantos conspiraban contra él y presentó su dimisión el 29 de enero de 1981 con una afirmación que parecía un dardo envenenado dirigido al monarca: “Me voy sin que nadie me lo haya pedido”, y un enigmático “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”, que parecía vaticinar el inminente golpe de Estado. 

El 23 de febrero, mientras el Congreso votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente, tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero Molina asaltaron el Congreso de los Diputados y secuestraron a los representantes de la soberanía popular. Al mismo tiempo, el general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, sacaba los tanques a la calle, tomaba Valencia y decretaba el estado de guerra. Los dos rebeldes estaban convencidos de que su acción provocaría una adhesión en cadena de las regiones militares, pero no se produjo. 

A esas alturas, el problema para los golpistas ya no era Adolfo Suárez, como decían quienes conspiraron durante años contra él, sino la propia democracia.

El golpe de Estado del 23F no fue un hecho puntual, sino el desenlace trágico de la conspiración permanente en la que vivía España desde la muerte del dictador, con una incipiente democracia asediada por sectores militares, económicos, políticos y mediáticos que se resistían a que el país recuperara las libertades. El asalto al Congreso de los Diputados por tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, fue la puesta en escena de una asonada que se venía preparando desde hacía meses. 

Si para la historiografía oficial la transición fue un periodo modélico de nuestra historia, el golpe del 23F fue un “accidente”, un suceso aislado protagonizado por un grupo reducido de militares nostálgicos del franquismo, que fracasó gracias a la lealtad mayoritaria del Ejército y a la actuación decidida del rey Juan Carlos I. Sin embargo, las pruebas han acabado refutando el relato. 

Un documento hallado en el archivo personal de Alberto Oliart (ministro de Defensa entre 1981 y 1982) afirma que solo tres de los 11 capitanes generales se mantuvieron leales a la Constitución. El resto permaneció a la espera del discurrir de los acontecimientos y si, como estaba previsto, la División Acorazada Brunete (DAC) hubiese tomado Madrid, la mayoría se habrían sumado. Arribistas de la patria que se hicieron demócratas al fracasar el golpe.  

En cuanto a la actuación decidida del rey, su primera intervención pública en televisión para condenar el golpe se produjo a la 1.14 horas de la madrugada del día 24, siete horas después del asalto al Congreso. Minutos antes el general Alfonso Armada, desde hacía días segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, había abandonado la Cámara tras fracasar su intento de dirigirse a sus señorías para ofrecerse como presidente de un Gobierno de concentración. 

El general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, cargo en el que había sustituido precisamente a Armada, cuenta en sus declaraciones sumariales en la causa que a las nueve de la noche del día 23 el monarca habló con Armada, “y después de una conversación que dura varios minutos Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él”. Sabino revela que Armada le hizo partícipe de su disposición a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno para solucionar la situación. Una propuesta que él trasladó al monarca para, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre del rey (…) En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”.

Armada se reunió en el Congreso con Tejero, que al conocer la composición del Gobierno que el general pretendía proponer a la Cámara, integrado por representantes de todos los partidos salvo los nacionalistas, le impidió entrar en el hemiciclo. El teniente coronel esperaba que el golpe diera paso a una Junta Militar, se sintió engañado y, con su oposición y sin pretenderlo, hizo fracasar el golpe. 

Más allá de refutar los dos pilares sobre los que se sustenta aún hoy la versión oficial sobre el fracaso del golpe, el análisis de la investigación sumarial permite afirmar que la misma no tuvo nunca la intención de desvelar todos sus meandros. Se conformó con condenar a sus protagonistas televisivos, a los que los ciudadanos pudieron ver a través de la pantalla de televisión encañonando con sus fusiles al Gobierno y a los representantes de la soberanía popular, y tomando la capital del Turia en un tétrico desfile de carros de combate. 

Alberto Oliart, nombrado ministro de Defensa tras el golpe, da cuenta de ello en sus memorias cuando relata la visita que le giró a su despacho el juez instructor, José María García Escudero, de 64 años. “Me planteó que podía procesar a toda la División Acorazada Brunete (Madrid) y a toda la División Maestrazgo (Valencia), cerca de ocho mil hombres, o solo a los 33 jefes, oficiales y altos mandos que actuaron ese día. Sin dudarlo, le dije, mire usted, señor juez, lo que hay que hacer es procesar a la jefatura solamente. Bajo mi responsabilidad, tome esto como una orden”. 

Una decisión que Oliart asegura fue refrendada por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y por el propio rey, a quien acudió a ver a La Zarzuela. De manera que al arrancar la investigación y sin conocer el alcance del golpe ya había una decisión tomada: juzgar y condenar solo a los más significados y exonerar al resto. La obediencia debida y la excusa absolutoria fueron los argumentos jurídicos en los que el instructor sustentó su decisión.

Oliart compareció en un pleno secreto del Congreso de los Diputados tres semanas después del golpe para informar de la marcha de las investigaciones. Durante su intervención afirmó que 114 personas que eran citadas en las conversaciones telefónicas intervenidas y 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al margen de los guardias civiles que asaltaron el Congreso, estaban siendo investigadas por su presunta implicación en la asonada. Una investigación de cuyos resultados nunca se dio traslado al juez, que en el resumen de la causa al dar por concluida su investigación, tan solo cuatro meses después de iniciada, decía: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejen actuar contra civiles”. Claro, que tampoco él hizo requerimiento alguno sobre dichas pesquisas.

Escuchas selectivas

Uno de los asuntos más controvertidos de la instrucción sumarial son las intervenciones telefónicas que Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, ordenó aquella noche para intentar descubrir todas las implicaciones del golpe. La Policía “pinchó” los teléfonos del ultraderechista Juan García Carrés, a la larga el único civil condenado, del domicilio del teniente coronel Tejero, del general en la reserva Carlos Iniesta Cano, director de la Guardia Civil entre 1972 y 1974, y de otros integrantes del búnker de los que se sospechaban conspiraban contra la democracia. De todas ellas hay constancia documental en la causa, si bien las transcripciones aluden a conversaciones mantenidas a partir de la 1:14 horas de la madrugada del día 24, tras el mensaje televisivo del rey, sin que de las siete horas previas transcurridas desde el asalto al Congreso haya constancia alguna. 

Laína ordenó al delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas Fernández-Luna, intervenir también los teléfonos del Congreso para conocer las conversaciones que Tejero mantenía y recibía del exterior mientras mantuvo secuestrada a la Cámara. Pese a ello, estas grabaciones no existen oficialmente, aunque al menos una copia de ellas está en poder de la familia del entonces número dos del Ministerio del Interior. 

El juicio por el 23F se celebró un año después del golpe durante 48 jornadas que concluyeron con un indulgente fallo del tribunal militar, que condenó a 22 de los procesados y absolvió a los 11 restantes. El tribunal justificó su benévola sentencia aduciendo “las circunstancias personales de honorabilidad, cualidades de mando y espíritu militar; brillante historial y acreditado patriotismo y fidelidad a la Corona” de los condenados. Al día siguiente el Consejo de Ministros acordó recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, que terminaría elevando la mayoría de las penas.

El general Armada, condenado inicialmente a seis años por conspiración, lo fue como cabeza de la rebelión militar junto a Milans del Bosch y vio quintuplicada su pena inicial, hasta los treinta años de reclusión. Fue indultado en 1988 por el gobierno de Felipe González, tras ocho años de reclusión. El otro cabecilla del golpe, Milans del Bosch, obtuvo la libertad condicional en julio de 1990, tras nueve años encerrado, y Antonio Tejero fue excarcelado en diciembre de 1996, tras quince años en prisión, aunque desde 1993 disfrutaba del tercer régimen penitenciario, que le permitía ir a prisión solo a dormir. El resto de los golpistas no cumplió más de cinco años de prisión efectiva. 

Han transcurrido ya 44 años de los hechos y ninguno de los gobiernos del PSOE o PP ha tenido la voluntad política necesaria para hacer públicos los documentos que nos permitan conocer todos los extremos de lo ocurrido. Sobre el fallo judicial, elevado a la categoría de verdad irrefutable, se sostiene aún hoy el irrefutable relato oficial de lo ocurrido. 

Si hay un adjetivo que define con precisión al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez es el de excesivo. El letrado, fallecido el pasado jueves, día de su 75 cumpleaños, fue toda su vida un personaje desmesurado que bordeó siempre la legalidad y la sobrepasó en no pocas ocasiones. Prepotente y sobreactuado cuando se ponía la toga, hizo de su profesión un escaparate que le convirtió en una socialité del mundo del hampa.

Lo conocí en la década de los 80 del siglo pasado, cuando yo iniciaba mi carrera profesional en el diario Ya como periodista de Sucesos y él era el asesor legal del entonces mayoritario Sindicato Profesional de Policía (SPP). Su entonces secretario general, Manuel Novás, fue detenido por varios compañeros de su ejecutiva acusado de apropiarse de 14 millones de las antiguas pesetas procedentes de la publicidad de la revista del sindicato, Policía del Estado, en una polémica operación a la que el letrado no fue ajeno.

Aquella fue su década prodigiosa, la que le llevó a las primeras páginas de los diarios como letrado en los casos criminales más mediáticos, siempre del lado de los acusados, por lo general casos perdidos. De aquella época es su defensa de Nieves Soldevilla, la Dulce Neus, condenada a 28 años de prisión por instigar a sus hijos a matar a su padre, un hombre tiránico que tenía sometida a la familia. Rodríguez Menéndez, que la defendió sin éxito en los tribunales, organizó también su fuga en 1986 aprovechando que su clienta disfrutaba del tercer grado penitenciario, en un ejercicio publicitario que llegó al extremo de que la revista Interviú la fotografiara desnuda –previo pago– en su escondite de un país sudamericano.

También huyó, en su caso a Brasil, otro de sus clientes, Dionisio Rodríguez, el Dioni, un vigilante de seguridad que en 1989 desvalijó el furgón blindado en el que transportaba 298 millones de pesetas. Tras ser extraditado a España y cumplir condena terminó convertido en tertuliano televisivo y actor porno.

Pasar en aquella época por el despacho que tenía en la calle Orense de Madrid era introducirse en un mundo surrealista. Allí convivían en perfecta armonía delincuentes de medio pelo, policías suspendidos de empleo y sueldo a los que daba trabajo, y letrados que iniciaban su carrera profesional y tenían prisa por alcanzar el protagonismo público de su mentor.

Nuestro hombre descendió también a las cloacas del Estado como abogado de Juan José Rodríguez Díaz, el Francés, un delincuente común acusado de vender las armas con las que un comando de los GAL asesinó en 1984 al dirigente de Herri Batasuna (HB) Santiago Brouard en su consulta de pediatría en Bilbao. Pero el caso más mediático y polémico de su carrera fue la defensa de varios agentes de la denominada mafia policial, integrada por agentes del grupo Antiatracos de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid responsables, entre otros delitos, de la desaparición en 1983 de un delincuente común, Santiago Corella, el Nani.

Produce pasmo repasar la encendida defensa que hizo de los policías en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid y, años después, verle contar ante las cámaras de RTVE, en el documental Pacto de Silencio, cómo la noche de la “desaparición” los agentes le llamaron para que se personara con urgencia en las dependencias de la brigada en la puerta del Sol. Allí le mostraron el cadáver de el Nani y le consultaron qué creía él que debían hacer. El letrado cuenta que les recomendó dar cuenta al juez de guardia. Los agentes declinaron su propuesta y decidieron deshacerse del cadáver simulando una fuga. Él, dice, se desentendió del tema y se volvió a casa. El paradero del primer desaparecido de nuestra democracia sigue siendo hoy, 42 años después, un misterio. 

José Emilio Rodríguez Menéndez fue también un personaje de vodevil, aunque su vida no haya sido una comedia frívola. Casado en cuatro ocasiones, en junio de 1999 sobrevivió a los disparos de un sicario contratado por la que entonces era su esposa. Años después dio con sus huesos en prisión tras ser condenado a un puñado de años por delitos contra la Hacienda Pública, contra la intimidad y estafa. Como años antes había recomendado a sus clientes, en 2008 aprovechó un permiso penitenciario para huir a Argentina, de donde no regresó hasta que sus penas hubieron prescrito.

Su forma de entender la abogacía, rayana con el delito, representa una época en la que un puñado de letrados compitieron por hacerse un hueco en las portadas de los medios de comunicación a cambio del secreto de los sumarios en los que estaban personados, más preocupados por ellos mismos que por los clientes a los que decían defender.

Las manifestaciones ahora conocidas del rey Juan Carlos I elogiando el silencio del general Alfonso Armada durante los siete años que permaneció en prisión por su implicación en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 no hacen sino avivar las dudas sobre el papel del monarca en la asonada. La versión oficial de lo ocurrido sostiene que el 23F fue obra de un grupo de militares exaltados y nostálgicos del franquismo, que fracasó por la actuación decidida del rey y la lealtad mayoritaria del Ejército a la Constitución. Una versión edulcorada de la Transición que se sostiene desde hace más de cuatro décadas gracias la censura institucional sobre la documentación existente en los archivos oficiales en torno a lo ocurrido aquellos días.

Lo grotesco es que las nuevas revelaciones no son producto de ninguna repentina voluntad de transparencia, ni de una investigación, sino de la filtración de una conversación mantenida en 1993 entre el hoy rey emérito y la que entonces era su amante, la actriz y vedette Bárbara Rey.  En esa misma conversación, Juan Carlos I critica por lenguaraz a quien era el secretario general de su Casa cuando se perpetró el golpe, el general Sabino Fernández Campo, a quien acusa de filtrar a la prensa informaciones negativas sobre su persona. Se da la paradoja de que fue el propio Armada quien propuso a Sabino para el puesto que él ostentaba desde 1975.

Lo que desconoce mucha gente son las revelaciones que Sabino Fernández Campo hizo al juez José María García Escudero, instructor de la causa por el 23F. En una declaración por escrito, Sabino cuenta que, hacia las nueve de la noche de aquel día, cuando el Gobierno y el Congreso llevaban ya dos horas y media secuestrados, habló por teléfono con Armada, que le propuso trasladarse a la Cámara Baja y ofrecerse como presidente de un gobierno de concentración que pusiera fin a la asonada. Fernández Campo asegura que trasladó la propuesta al monarca, que dio su visto bueno al plan a condición de que no se hiciera en su nombre. El entonces hombre de confianza de Juan Carlos I deja muy claro en el testimonio escrito que remitió al juez que “en modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera, pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de S.M. el rey” (causa 2/81, tomo 9, folios 2281 a 2301).

El Consejo Supremo de Justicia Militar que juzgó a los golpistas denegó la comparecencia de Sabino Fernández Campo en la vista oral, y los hechos probados de la sentencia ignoran por completo su declaración, hacen desaparecer al rey del relato y atribuyen al general José Gabeiras, inmediato superior de Armada como jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), la autorización para ir al Congreso, ofrecer al teniente coronel Antonio Tejero y sus hombres un avión para salir de España y, “si lo estimaba imprescindible”, la oferta para presidir un Gobierno de concentración.  

Como es sabido, el plan de Armada fracasó porque el teniente coronel Tejero esperaba que su acción diera paso a una Junta Militar y no a un Gobierno en el que Armada pretendía incluir a representantes de todos los partidos, salvo los nacionalistas. Su negativa a dejarle entrar en el hemiciclo para que presentara su propuesta a los diputados frustró el golpe. Armada abandonó el palacio de la Carrera de San Jerónimo minutos después de la una de la madrugada del 24 de febrero, y solo entonces, a las 01.14 horas, siete horas después del asalto, se emitió por televisión el mensaje del rey condenando la asonada.

El socialista José Bono cuenta en uno de sus libros de memorias que siendo presidente del Congreso, en marzo de 2009, Sabino Fernández Campo le reveló que fechas antes del golpe el general Alfonso Armada le había llevado a La Zarzuela un escrito de un famoso catedrático de Derecho que proponía que el rey se presentara personalmente en el Congreso de los Diputados y, después de un discurso en el que destacase la mala situación de España, propusiera un Gobierno presidido por un independiente, previsiblemente el propio Armada. El papel atribuido precisamente al elefante blanco, la autoridad militar que la noche del golpe debía comparecer en la Cámara Baja para hacerse cargo de la situación pero que nunca llegó.

La verdad sobre los dramáticos hechos ocurridos el 23 de febrero de 1981 sigue vedada al conocimiento público, y ni la Ley de Memoria Democrática ni la prometida modificación de la Ley de Secretos Oficiales franquista van a variar esta situación porque impiden el acceso a la documentación alusiva a la Transición y al golpe de estado. Tampoco han surtido efecto los reiterados intentos de algunos grupos parlamentarios por desclasificar los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al golpe y el papel jugado por el rey. Los sucesivos gobiernos del PP y PSOE se han negado sistemáticamente a ello. 

En este tiempo de noticias falsas que pretenden subvertir la verdad, nada sería más saludable que un ejercicio de transparencia con nuestra historia reciente. Evitaríamos así la proliferación de versiones interesadas o de parte. No se trata de ir contra nada y contra nadie, sino de conocer lo que ocurrió aquel 23 de febrero de 1981 que puso contra las cuerdas a nuestra recién recuperada democracia. Desgraciadamente, tendremos que conformarnos, al menos de momento, con que los secretos de alcoba del emérito iluminen nuestro pasado más cercano. Así se escribe la historia en nuestro país.

“La actuación de los procesados es reveladora de su plena y absoluta identificación con las doctrinas marxistas (…) de sobrada relevancia penal para definir su responsabilidad criminal como autores por participación directa y voluntaria de un delito de adhesión a la rebelión”.

Las líneas que inician este texto son parte de la sentencia del Consejo de Guerra celebrado el 3 de agosto de 1939 contra un grupo de militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) que dos días después serían fusilados en las tapias del cementerio del Este de Madrid. 43 muchachos y 13 chicas, que pasaron a la historia como Las Trece Rosas, fueron asesinados esa madrugada por el delito de ser “rojos”.

El delito atribuido a todos ellos, el de adhesión a la rebelión, es la demostración palmaria de la voluntad de convertir a las víctimas en verdugos. Pasaron así, de defender la legalidad republicana contra quienes se rebelaron contra ella con un golpe de Estado, a ser consideradas por los rebeldes como responsables del delito que ellos habían cometido. El mundo al revés.

Han transcurrido ya 86 años de aquel episodio, desconocido para muchos, que ha sido recuperado como símbolo de una generación de jóvenes que pagaron con su vida la lucha por las libertades de las que hoy disfrutamos. Esa consideración de símbolos llevó días atrás a Javier Ortega Smith, parlamentario del partido ultraderechista Vox, a acusar a Las 13 Rosas de “violar y torturar” en las checas de la República en el Madrid asediado de la guerra.

Miente. No existe en toda la causa instruida contra ellas, la número 30.426, que cualquiera puede consultar en el Archivo Histórico Militar, ni una sola referencia a las acusaciones del señor Smith. Me remito a las pruebas y cito algunas de las imputaciones que el tribunal hizo a las acusadas para incluirlas después en ese cajón de sastre que era el delito de adhesión a la rebelión, que lo mismo valía para fusilar que para condenar a largos años de prisión.

De Victoria Muñoz García dice la sentencia en sus “resultandos” que “formaba parte de los grupos clandestinos de las tan repetidas JSU”. Elena Gil Olaya “formaba parte en las actividades delictivas de las JSU”. Luisa Rodríguez de la Fuente “era jefe de uno de los grupos de la JSU”. De Martina Barroso García afirma que “tomaba parte en los trabajos clandestinos de las JSU, siendo después de liberado Madrid citada e invitada para trabajar en la clandestinidad”. El resto de acusaciones es similar.

Tampoco en la Causa General, instruida tras la guerra civil para depurar responsabilidades por “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”, consta denuncia alguna contra Las Trece Rosas. Quien lo desee puede consultar este documento histórico en el Archivo Histórico Nacional.

¿De dónde saca entonces el diputado Javier Ortega Smith tan graves acusaciones? El único capacitado para explicarlo es él mismo, y debería demostrar que sus palabras se sustentan en pruebas, o pedir disculpas a los familiares de estas jóvenes (solo una, Blanca Brissac, la mayor de ellas, de 29 años, estaba casada y tenía un hijo). Mentir no debería resultarle gratis a un representante de la voluntad popular. La ideología de cada cual, por abyectas que a algunos nos resulten las que hacen apología de las dictaduras y sus excesos, no lo justifica todo.

Las mentiras de Ortega Smith deben reafirmarnos en la necesidad de recuperar la memoria de quienes perdieron la Guerra Civil. Sin odios ni revanchas, pero con la voluntad decidida de colocar en el lugar de nuestra historia que les corresponde a quienes perpetraron un golpe de Estado contra la República y quienes la defendieron. No hay equidistancia que valga.

Dicen los apologetas del franquismo que en una guerra los bandos en contienda cometen atrocidades, y que también la República asesinó. Es cierto, y quienes nos identificamos con el bando perdedor no lo negamos, pero ello no justifica una falsa equidistancia. Ni el oro de Moscú, ni Paracuellos, ni otros episodios similares que la derecha enarbola sin desmayo, disculpan ni minimizan las atrocidades de la dictadura de Franco.

La guerra fue la consecuencia de un golpe de Estado fallido, que dio paso a 40 años de dictadura. Cuarenta años en los que prevaleció el relato de los vencedores sobre el de los vencidos. Cuarenta años en los que se aniquiló al disidente (en Madrid hubo fusilamientos hasta bien entrado 1944) o se les condenó a largos años de prisión. Cuarenta años en los que se glosaron las hazañas de los vencedores, se ensalzó a sus muertos y se mintió sobre el papel de los vencidos.

Nos falta recuperar la memoria de los vencidos para completar el relato de nuestra historia más dramática, sin que ello signifique abrir heridas, como pretende la derecha de nuestro país, sino ayudar a cerrarlas. Tuve el privilegio de poder hablar con algunas de las compañeras de Las Trece Rosas que compartieron militancia en las JSU y penalidades en la prisión de Ventas. María del Carmen Cuesta, Concha Carretero o Nieves Torres, todas ellas ya fallecidas, fueron algunas de ellas.

No encontré en sus palabras ni un ápice del odio o del rencor que destilan las recientes afirmaciones de Ortega Smith. Ellas, que sufrieron torturas y vejaciones, que en algún caso se negaron a relatarme por pudor, me trasladaron una voluntad inquebrantable de concordia. Su objetivo al recibirme en sus casas no fue otro que trasladarme la historia, su historia, tantos años silenciada, sin voluntad de revancha.

Un gesto que las honra y que eleva su categoría moral muy por encima de quienes desde la mentira pretenden mancillarla. Una de Las Trece Rosas, Julia Conesa, de 19 años de edad, modista, que durante la guerra trabajó como cobradora de tranvías, escribió a sus padres una sentida carta horas antes de ser fusilada que concluía con un ruego: “Que mi nombre no se borre en la historia”. Que así sea para ella y sus compañeras.

El anuncio de que ETA consumará el próximo 8 de abril su desarme unilateral e incondicional con la localización de los zulos en los que esconde su armamento es la decisión más trascendental desde que hace cinco años anunciara el “cese definitivo” de la violencia. El prolongado impasse de la organización terrorista no ha tenido otro objetivo que intentar involucrar en la operación a los gobiernos español y francés, en una especie de armisticio que otorgase cierto decoro a la evidencia de su derrota. Solo así se explica que una organización terrorista que decidió dejar las armas en octubre de 2011 haya tardado más de un lustro en anunciar su entrega. ¿Si no las iba a utilizar, para qué las necesitaba?

El Gobierno de Mariano Rajoy, que defiende a machamartillo la derrota policial de ETA, se ha negado desde entonces a aceptar una suerte de escenificación pactada del fin de la banda, y su homólogo galo ha refrendado sin fisuras las decisiones adoptadas desde Madrid. Así las cosas, la organización terrorista no tenía otra salida que prolongar sine die la situación de bloqueo, con riesgo de que fuese la propia policía la que incautara sus arsenales, o dar un paso al frente, como ha hecho. Una decisión a la que ha contribuido el Ejecutivo vasco, que, si en diciembre de 2014 se ofreció como dinamizador del proceso de desarme y recibió el desaire de la organización, ahora ha jugado un papel activo en el mismo. Las palabras del lehendakari Íñigo Urkullu, asegurando haber estado directamente informado de la iniciativa y haber colaborado en la misma dan cuenta de ello. La disposición de su gobierno a contribuir en el final ordenado de la banda es la constatación de su voluntad de implicarse en el paso definitivo que aún le queda por dar a ETA: el anuncio de su disolución.

El inmovilismo de Rajoy durante estos cinco años de ausencia de violencia se ha visto afianzado por relevantes operaciones policiales que se han saldado con la detención de los principales dirigentes de la banda (Izaskun Lesaka, David Pla, Iratxe Sorzabal y Mikel Irastorza, entre otros) y la incautación de importantes arsenales de armas (los últimos en octubre y diciembre de 2016 en Francia) cuando la organización terrorista preparaba la escenificación de su entrega. La última de estas operaciones, llevada a cabo el 16 de diciembre, concluyó con la detención de varios intermediarios civiles en quienes la banda había depositado el protagonismo de su desarme, uno de los cuales, Jean Noël Etcheverry, ha anunciado ahora la inminencia del mismo.

ETA tomó en 2011 la decisión de dejar las armas por simple necesidad estratégica y no guiada por una convicción de que la violencia era injustificable: diezmada por las fuerzas de seguridad en España y Francia, repudiada socialmente y presionada por amplios sectores de la izquierda abertzale, que habían llegado al convencimiento de que la violencia ya no sumaba, sino que restaba en sus objetivos políticos. Las elecciones autonómicas, municipales y forales celebradas desde entonces han confirmado lo acertado del análisis y convertido a los abertzales en la segunda fuerza política vasca tras del PNV. Su negativa a dar nuevos pasos hacia su disolución era un lastre para su mundo, que muestra también resistencias internas a desprenderse totalmente de la hipoteca de ETA y a reconocer públicamente que matar estuvo mal.

El desarme ahora anunciado debe ser el paso previo a la esperada disolución de la organización terrorista que ponga así fin a más de medio siglo de violencia. Un paso que se antoja complicado, también de manera unilateral e incondicional. Lo previsible es que ETA no se disuelva hasta que haya resuelto el futuro de sus presos, que pasa por la aplicación de medidas penitenciarias que favorezcan su paulatina excarcelación en función de la gravedad de los delitos cometidos. El acercamiento a cárceles próximas al País Vasco, una medida que respaldan todas las fuerzas políticas vascas salvo el PP, que no se opone a ella, pero a la que antepone la disolución, sería un paso en esa dirección. Se trata de aplicar la ley con la inteligencia suficiente para conciliar el irrenunciable derecho de las víctimas a la justicia y el de los victimarios a la reinserción.

Luis Bárcenas defraudó a Hacienda más de tres millones de euros en las declaraciones de la renta y del patrimonio sólo en el ejercicio fiscal de 2007, según un informe de la Agencia Tributaria con fecha de hoy y remitido esta misma mañana al juez Pablo Ruz. El extesorero del PP pagó 115.946 euros en su declaración del IRPF y 22.833 euros en la de Patrimonio, cuando debió abonar 2.015.463 y 1.133.344 euros más por cada uno de los conceptos antes citados.

El fraude ha quedado al descubierto gracias a los nuevos datos remitidas por las autoridades suizas sobre dos cuentas abiertas en el Dresdner Bank y el Lombard Odier a nombre de la Fundación Sinequanon, cuyo titular real es el entonces dirigente popular.

Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias Villar, presentaron ese año declaración conjunta por el IRPF en la que reconocieron rentas del trabajo por 263.609 euros y 760.000 euros de rendimientos del capital mobiliario, que en realidad ascendían a 11.884.627 euros entre ganancias patrimoniales y rendimientos del capital mobiliario (cuentas corrientes y otros productos bancarios). Con estos datos el matrimonio tendría que haber pagado los poco más de dos millones de euros antes citados una vez descontado el dinero ingresado a cuenta.

A 31 de diciembre de 2007 Luis Bárcenas tenía una cartera valorada en 22 millones de pesetas en el Dresdner Bank, la mayoría de ellas, exactamente 20 millones, en acciones. En el Lombar Odier disponía de 25 millones de euros más, 24 de ellos también en acciones. Con estas cifras el extesorero debería haber pagado a Hacienda 1.156.178 euros pero sólo ingresó los también citados anteriormente 22.833, con un saldo deudor 1.133.344 euros. En total, más de tres millones de euros de fraude a la Hacienda Pública, que sobrepasa con mucho los 120.000 euros de deuda a partir de los cuales se considera un delito.

El juez Pablo Ruz ha ordenado el ingreso en prisión del extesorero del PP al apreciar que existe riesgo de fuga ante el cúmulo de pruebas en su contra que han aportado las últimas comisiones rogatorias y los informes de la Policía y de la Agencia Tributaria. Éstos han puesto de manifiesto que Bárcenas está vaciando las cuentas abiertas en bancos de dicho país que aún no han sido bloqueadas.

El magistrado afirma en el auto de prisión que su encarcelamiento “es procedente para asegurar su presencia, evitando el riesgo de fuga y asegurando al mismo tiempo la preservación de fuentes de prueba relacionadas con los presuntos delitos objeto de imputación”.

El dinero de las cuentas que aún no han sido bloqueadas está siendo transferido a entidades financieras de EEUU y Uruguay. Un reciente informe de la Agencia Tributaria ponía de manifiesto que el extesorero podría ocultar más dinero del descubierto en los dos países antes citados y en las Bahamas. Para sorpresa de los presentes la fiscal fue más allá que las acusaciones y solicitó prisión incondicional. ADADE había reclamado previamente prisión eludible con una fianza cuya cuantía dejaba a la apreciación del juez.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía descubrió inicialmente cuentas de Bárcenas en bancos suizos por importe de 22 millones de euros. El propio Bárcenas reconoció posteriormente ante el juez que llegó a acumular una fortuna de 38 millones de euros, y el último informe policial elevó el importe hasta los 48,2 millones de euros.

Bárcenas compareció ante el juez Ruz por espacio de dos horas. Rompió así la advertencia de no volver a declarar que hizo la última vez que el instructor le citó, consciente de que hoy estaba en juego su ingreso en prisión, como finalmente se confirmó. Tras prestar testimonio aguardó en unas dependencias de la Audiencia Nacional a que se celebrara la vistilla solicitada por la acusación popular que ejerce ADADE para reclamar medidas cautelares que se ha demorado hasta siete de la tarde. La fiscalía ya solicitó el pasado miércoles una fianza de 28 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles. De no hacerla efectiva el juzgado procederá al embargo de sus bienes.

Después de Bárcenas declaró durante cuarenta minutos su esposa, Rosalía Iglesias, que abandonó las dependencias judiciales sin hacer ninguna declaración. El último en testificar fue Iván Yáñez, uno de los testaferros de Bárcenas, también imputado en la causa, que quedó en libertad.

PP: “Sin comentarios”

Nadie en el PP dará la cara esta tarde para valorar el encarcelamiento sin fianza decretado por el juez Pablo Ruz. Portavoces oficiales del partido que preside Mariano Rajoy han comunicado a la redacción el eldiario.es que no hay prevista la convocatoria de ninguna rueda de prensa ni valoración pública.

Jacinta Carmen García Paredes tiene 86 años y ayer vivió un episodio que nunca hubiese imaginado: compareció ante la titular del juzgado de Primera Instancia de Madrid número 63 como perjudicada por la compra de participaciones preferentes de Caja Madrid, la principal de las siete cajas fusionadas en Bankia. Como los cientos de miles de clientes atrapados por este producto financiero de alto riesgo, todos sus ahorros, 12.000 euros, se han quedado en 2.305,45 euros tras su conversión obligada en acciones de la entidad y su posterior venta en Bolsa. Carmen acudió al juzgado acompañada de uno de sus seis hijos y anda con la ayuda de un bastón para no perder el equilibrio. Está viuda y siempre ha sido, y es, ama de casa.

Cuando entra en la sala de vistas, una estancia minúscula en la que el letrado de Carmen está a un metro de distancia de la letrada que defiende a Bankia, y se sienta frente al micrófono que va a recoger sus palabras, la jueza le explica antes de comenzar la vista que esté tranquila, y que si no entiende algo lo diga par repetirle las preguntas las veces que haga falta.

Santiago Viciano, su letrado, inició el turno de palabra.

- Doña Carmen, ¿quién la atendió? (en la compra de las preferentes)

- Lucía González (una comercial de la oficina de Caja Madrid en la que Carmen guardaba sus ahorros desde hacía cuarenta años)

- Abogado: Estaba contenta con los intereses que le recibía cada tres meses?

- Pues sí.

- Abogado: ¿Presentó alguna queja?

- De momento no tenía ninguna.

- Abogado: Cuando compró las participaciones preferentes ¿recuerda si se le hizo hincapié en que no tenían vencimiento?

- Me dijeron que podía sacar el dinero cuando quisiera sin ningún problema. A mí me llamaron muchas veces por teléfono para que fuera al banco porque tenían una cosa muy buena y con la garantía de Caja Madrid.

- Abogado: ¿Le entregaron alguna documentación?

- A mí no me entregaron ni me explicaron nada; me dijeron que no tenía que preocuparme y que iba a ganar un dinerito.

La jueza hizo un inciso en la declaración para preguntar a Carmen dónde pensaba que metía el dinero y si quería arriesgarlo.

- ¡Cómo voy a querer eso, si yo me voy a comprar el pan donde cueste más barato!

El testimonio y la simple presencia de la perjudicada dejaron claro que Carmen no es el prototipo de inversor informado que había decidido apostar sus ahorros en un producto complejo en busca de una alta rentabilidad. El interrogatorio de la abogada de Bankia intentó demostrar que el banco la había informado correctamente, que el folleto por el que se ponían a la venta las preferentes había sido autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que si Carmen no había entendido lo que le decían podía haber insistido y preguntado, y que prueba de que la compra de preferentes fue una decisión exclusiva suya era que había firmado el test de idoneidad (cuatro preguntas sobre el producto financiero que el banco debe hacer para valorar si el cliente tiene los conocimientos suficientes para discernir que está haciendo una inversión de riesgo).

El relato de Carmen tuvo algún momento de sainete, como cuando la abogada de Bankia comenzó a preguntar si conocía el significado de una serie de palabras hasta llegar a “preferente”. Carmen contestó que no sabía qué era eso, si acaso de cuando viaja a Alicante en tren (lo hace en preferente). “¡Le juro, señoría, que yo he dicho la verdad!” dijo al final de su testimonio.

La siguiente en declarar fue Lucía González, la comercial de la entidad que Carmen asegura fue la persona que le insistió en la compra y finalmente le vendió las preferentes. Para sorpresa de los presentes, la empleada de Caja Madrid dijo que no sabía por qué estaba allí porque ella no había vendido preferentes a la perjudicada y tampoco sabía qué compañero lo había hecho. Lo curioso, es que Lucía González también había sido citada por la defensa de Bankia como presunta vendedora.

La testigo recurrió de manera insistente a que no recordaba muchas de las cosas que le preguntaban. No recordaba si había llamado en cuatro ocasiones a Carmen; no sabía quién era el compañero que la atendió pese a que le fueron mostrados los documentos de compra (no tienen la firma del receptor del banco). Lo que sí recordó fue que la clienta había retirado sin problema 6.000 euros de preferentes fechas atrás, la prueba de la liquidez del producto que ofertaban. Carmen ya había explicado antes que se hundió el techo de su casa y sacó ese dinero para arreglarlo. “Usted tiene preferentes”, le preguntó la jueza a la testigo. “Yo no, pero mi suegra sí”.

En el turno de conclusiones, Santiago Viciano, letrado de la perjudicada, acusó a la testigo de falso testimonio y ya fuera de la sala aseguró a este diario que presentará una demanda por ello (los testigos están obligados a decir la verdad o incurren en un delito penal). El defensor reclamó la nulidad del contrato de compra por “vicio de consentimiento” (su cliente firmó el mismo pensado que era un producto seguro y con liquidez inmediata), que muchos documentos carecen de firma, y que resultaba obvio que Carmen no tenía el perfil de un inversor con conocimientos financieros suficientes para discernir lo que estaba suscribiendo.

La letrada de Bankia se limitó a leer un alegato que llevaba previamente escrito y que sonó a un argumentario que la entidad hubiese dado a sus letrados para defender sus intereses en los tribunales. Fue una intervención muy dura con la demandante, a la que reprochó que no hubiese retirado la demanda y acudido al arbitraje. La abogada afirmó que la falta de estudios de Carmen “no supone que no tenga capacidad cognitiva. Si no tiene conocimientos puede preguntar hasta que lo comprenda”. También dijo que la información que se facilita a los clientes no es “definitoria de su decisión” de comprar. “Nunca presentó quejas y mientras cobró intereses no dijo nada (…) Su negligencia fue no haber preguntado por las dudas que le hubieran surgido”. Y recurrió a un ejemplo: Caja Madrid le entregó a Carmen un documento de tan solo ocho líneas en el que le advertía de que compraba un producto de riesgo. “Si se hubiese molestado en leer tan sólo ocho líneas –afirmó- se le debían haber encendido las alarmas”. Para concluir, una última precisión: nadie sabía que iba a ocurrir lo que ocurrió. En definitiva, que la culpa es única y exclusivamente de la crisis. La causa quedó vista para sentencia.

El que fuera presidente de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán, ha sumado su segunda condena mercantil por la quiebra del Grupo Marsans, que le obliga a pagar, junto a sus socios, el ‘agujero’ que quede tras restar de los 400 millones de euros de deuda la cantidad que se obtenga de la liquidación de la compañía. El expresidentes de la CEOE ya fue condenado el pasado mes de mayo a pagar otros 12 millones de euros por la quiebra de Seguros Mercurio, por la que también fue inhabilitado otros quince años. Sin embargo, Ferrán se juega su permanencia en prisión en cuatro causas que tiene abiertas en la Audiencia Nacional y los juzgados de instrucción.

Díaz Ferrán está acusado de un posible delito de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y apropiación indebida en el procedimiento abierto por el magistrado Eloy Velasco tras la quiebra fraudulenta del Grupo Marsans. El empresario y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, ocultaron de manera irregular la situación real de la empresa, que atravesaba dificultades desde 2008, para vaciarla antes de recurrir al concurso de acreedores en junio de 2010. Para entonces, los acusados ya habían alzado los bienes de la compañía, que habrían situado en paraísos fiscales para no hacer frente a sus deudas.

Ferrán fue detenido y encarcelado por esta causa el pasado 3 de diciembre de 2012, en la conocida como ‘Operación Crucero’, acusado de los delitos de blanqueo de capitales, alzamiento y ocultación de bienes. El juez está pendiente de recibir la documentación solicitada por comisión rogatoria a los paraísos fiscales de Chipre, Panamá y Suiza para conocer si dispone de patrimonio fuera de nuestro país.

Otro magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz tiene abierto otro procedimiento contra el empresario y su socio Gonzalo Pascual por la presunta apropiación indebida de 4,4 millones de euros de clientes que habían reservado viajes de vacaciones posteriormente cancelados, cuyos importes no se les devolvió.

El tercer sumario abierto en los juzgados centrales es por la compra de Aerolíneas Argentinas en 2002 (pagó un euro al Estado a cambio de hacerse cargo de una deuda de 300 millones de euros), en el que está acusado de un posible delito fiscal. La vista de esta causa se celebrará a finales de este mes de junio. Air Comet, la compañía del Grupo Marsans que hizo la compra, estuvo ocho meses sin pagar a sus trabajadores y dejó en tierra a miles de pasajeros que habían comprado sus billetes de avión.

En los juzgados de instrucción de Madrid, Ferrán está imputado por la concesión de un crédito de 26 millones de euros por parte de Caja Madrid, de cuyo consejo de administración formaba parte. Ante la imposibilidad de devolver el importe al vencimiento la caja lo renegoció para demorar el pago, pese a estar prohibido cuando los beneficiarios son los propios consejeros. En esta causa está imputado también el que fuera presidente de la caja, Miguel Blesa, actualmente en prisión.

José Luis Olivas, expresidente de la Generalidad Valenciana y exdirigente de Bancaja, tiene muchas explicaciones que dar. Por ahora, la Audiencia Nacional ya ha recogido su testimonio ante el fiasco de la salida a bolsa de Bankia, pero el político del Partido Popular aún se tendrá que enfrentar a lo tribunales por vaciar el Banco de Valencia, una entidad que según el ministro de Economía, Luis de Guindos, es el resumen “de todas las cosas mal hechas” de este país. A la espera de rendir cuentas por este caso, Olivas declaró ya sobre su implicación en las misteriosas cuentas de Bankia, la sociedad matriz que absorbió Bancaja, que pasaron en unos días de arrojar beneficios a dar pérdidas y sobre la decisión de sacar a bolsa la entidad. Como otros protagonistas llamados a declarar en este caso, Olivas le ha echó toda la culpa al Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Un paso más allá, Olivas le insinuó al juez durante la declaración que el gobernador prácticamente le había coaccionado, por medio a represalias en el ejercicio de la supervisión, para fusionar Bancaja con Caja Madrid. En su declaración, el exresponsable de Bancaja deja entrever que la entidad no tenía problemas y que estos afloraron tras el proces de integración. Olivas, explica también su relación con Rodrigo Rato, con sus “momentos mejores y peores” y reconoce ante el tribunal que en 2011 cobró 656.000 euros en el desempeño de sus tres cargos en la entidad. Esta es la transcripción íntegra de su declaración.

Fiscal.- ¿Nos puede decir cuál es su formación académica?

José Luis Olivas.- Soy abogado, aunque ahora no ejerzo, y he ocupado diversos cargos. Por ejemplo he sido teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, vicepresidente, presidente de la Generalitat, presidente del Instituto Valenciano de Finanzas, presidente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, presidente del Instituto Valenciano de Estadística y he sido también presidente de Bancaja y consejero de algunas empresas que cotizan en el Ibex35.

Fiscal.- ¿En qué fecha fue usted presidente de Bancaja?

José Luis Olivas.- Creo recordar que desde el 20 de enero del 2004 hasta finales de mayo de este año (2012) aunque ya no tenía capacidad para dar créditos y otras gestiones que quedaban en manos de Bankia y de BFA

Fiscal.- ¿Y sus cargos en el Banco de Valencia?

José Luis Olivas.- Fui Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración.

Fiscal.- ¿Durante qué fechas?

José Luis Olivas.- Desde la misma fecha. La Presidencia del Banco de Valencia la tenía Bancaja y yo era el representante legal de Bancaja en el Consejo de Administración.

Fiscal.- ¿Qué cargos tuvo en BFA?

José Luis Olivas.- Fui vicepresidente ejecutivo, responsable de las empresas del grupo.

Fiscal.- ¿Nos puede decir cuál era su remuneración?

José Luis Olivas.- En el año 2011 creo recordar que cobré 432.000€ en Bankia, 100.000€ como consejero de Bankia, y unos 124.000€ como consejero de BFA.

Fiscal.- ¿Ha recibido usted algún crédito de Bancaja, del Banco de Valencia o de BFA-Bankia?

José Luis Olivas.- No, no he recibido nunca ningún crédito.

Fiscal.- ¿Y algún familiar suyo, alguna empresa relacionada con usted o con su familia?

José Luis Olivas.- No.

Fiscal.- ¿Me puede contar cómo Bancaja empieza a negociar la entrada en el SIP, si ya estaban negociando en Madrid con otras entidades más pequeñas?

José Luis Olivas.- Sí; recibí la llamada del gobernador del Banco de España (Miguel Ángel Fernández Ordóñez) a fínales de mayo del 2010 para citarme a una reunión el día 24 de ese mes. En la reunión estaba el subgobernador y el director general de supervisión, y ahí me pidieron que me integrara en el SIP de Caja Madrid. Yome opuse, me negué, porque creía que la integración no era conveniente, que podría generar problemas y terminó la reunión de forma muy correcta, muy bien.

Fiscal.- ¿Por qué motivos no quería que Bancaja se integrara en el SIP de Caja Madrid?

José Luis Olivas.- Fundamentalmete porque los datos que teníamos del cierre del ejercicio de 2009 de Bancaja era con beneficios. Teníamos una morosidad que estaba por debajo de la media del sector. En cuanto a recursos propios, los ratios por capital estaban dentro de la media del sector. El ratio de solvencia estaba por encima de la media del sector. Yo entendía que en ese momento Bancaja no tenía ninguna necesidad imperiosa de entrar en ningún SIP. Además, el Banco de España estaba haciendo una inspección, que a mí me llegaba no estaba detectando ningún desfase significativo, ningún problema significativo en el balance, y el nivel de cobertura de la morosidad era el adecuado.

Fiscal.- ¿Quiere decir entonces que hasta ese momento Bancaja no había entablado negociaciones con ninguna otra entidad para…?

José Luis Olivas.- No. Había tenido una invitación con dos cajas de ahorros, pero fueron unas conversaciones preliminares, indagatorias, que no cuajaron en nada concreto.

Fiscal.- ¿Qué paso después de esa reunión del 24 de mayo?

José Luis Olivas.- Recibí una llamada de la secretaria del gobernador del Banco de España y me citó, no recuerdo exactamente, si para el 1 o el 2 de junio. Asistí a esa reunión, en la que estaban presente el subgobernador y el gobernador, que me conminó a entrar en el SIP. Bueno, hay que tener también en cuenta el escenario. Todo esto, si nos abstraemos del escenario en el que está, pues a lo mejor lo entendemos menos, pero en aquellos momentos se acababa de producir el rescate de Grecia y en los medios de comunicación españoles e internacionales se hablaba de la posibilidad de intervención de España. Había habido también información en cuanto a que la Unión Europea le estaba exigiendo al Gobierno de España que adoptara una serie de medidas para reducir el déficit con el fin de que los mercados financieros pudieran abrirse y financiar a las entidades financieras. Había temor a que se produjera falta de financiación de los mercados internacionales a la banca española y, bueno, se le había exigido al Gobierno que adoptara medidas. Una de ellas, como ustedes recordarán, era la reforma del sistema financiero o el saneamiento del sistema financiero -como lo queramos decir-, la reforma de las pensiones y la congelación de los salarios de los funcionarios. El escenario era un escenario agudo de crisis, de tensión. El gobernador por eso, en ese sentido, fue levemente exigiéndome la necesidad de que Bancaja se integrara en ese SIP, porque yo entendía, y de alguna forma en la conversación se deducía, que España necesitaba trasladar a la opinión pública internacional que estaba cumpliendo los deberes. Y, la prueba de que se estaba haciendo esa reforma financiera es que se iba a constituir una entidad que iba a ser una de las más importantes, de las más grandes de España en cuanto al volumen de activos. El gobernador, ya digo, me conminó a tomar esa decisión. Ustedes saben perfectamente que el sistema financiero, el sector financiero es un sector regulado. El regulador tiene mucho poder y yo entendía que estábamos, tanto ellos como yo, sirviendo y tomando una medida que era buena para España. No quiero ser pretencioso, pero del todo se decidió y del ambiente se deducía esta situación.

Fiscal.- Entre la primera reunión que ha mencionado usted a finales de mayo y esta de primeros de junio, ¿hubo algún contacto con el señor Rato o algún otro directivo de Caja Madrid?

José Luis Olivas.- No, nada. El señor Rato y yo nunca hablamos del tema de crear un SIP o fusionarnos. Nos veíamos en el Consejo de Administración de la CECA (la Confederación de las Cajas de Ahorros) y nos saludábamos y comentábamos algunas cosas de la situación internacional.

Fiscal.- ¿Es cierto que en esta reunión de primeros de junio en un determinado momento el Gobernador citó al señor Rato y acudió al despacho donde estaban ustedes reunidos?

José Luis Olivas.- Sí sí, correcto. Le llamó por teléfono. El señor Rato estaba en la entonces Torre de Madrid (la sede de la caja estaba en una de las torres KIO donde ahora está la sede de Bankia). Le dijo que estaba en una reunión conmigo y que se viniera, que quería hablar con nosotros. El señor Rato dijo que tardaba un cuarto de hora, 20 minutos, se presentó allí y estuvimos hablando, sí.

Fiscal.- Y por lo que hablaron ustedes en esa reunión, ¿el señor Rato dio a entender en algún momento que conociera ya esos planes de que Bancaja iba a entrar en el SIP?

José Luis Olivas.- No, yo no deduje para nada eso. Cuando llegó le explicaron la conversación que habían tenido conmigo, y ahí ya dijeron que ellos querían que nos integráramos también en el SIP y que debíamos empezar a negociar pronto porquequerían que el acuerdo se cerrase pronto. Dijeron: “si es necesario les dejamos un despacho aquí en la propia sede del Banco de España y empiezan ustedes a hablar y empiezan a avanzar en cuanto al proceso de negociación”. Pero yo no deduje en ningún momento que Rato supiera nada.

Fiscal.- El contrato de integración se firmó, si no me equivoco, en julio de ese mismo año, y tuvo que haber muchas gestiones en ese periodo…

José Luis Olivas.- Sí, inmediatamente empezamos a reunirnos, creamos una comisión técnica, y por parte del Banco de España tuvimos varias llamadas. Recuerdo una del subgobernador, creo que por el día 9 o el 10, diciéndome textualmente: “el Gobernador sale para Fráncfort, tiene una reunión, está muy preocupado por las negociaciones vuestras y quiere que lleguéis a un acuerdo. Él volverá el fin de semana y a principios de semana yo quiero que las conversaciones hayan avanzado y tengáis ya un principio de acuerdo”. Trabajamos contrarreloj para cumplir lo que nos pedía el Banco de España en cuanto a firmar el acuerdo de integración.

Fiscal.- ¿Cuáles son los principales puntos que se discutieron en esas negociaciones, los principales puntos en los que había que llegar a un acuerdo entre Caja Madrid y Bancaja?

José Luis Olivas.- La negociación fue muy compleja. Lo primero que había que hacer era una valoración de las entidades. Luego, trasladar esa valoración de las entidades a participación en el nuevo ente que se iba a crear, en el SIP. No había experiencia en cuanto a lo que era un SIP y se contrató al despacho de Uría para que nos asesorara. Ahí se creó ya la comisión más técnica, que empezó a trabajar más a fondo para llegar a ese acuerdo de integración. Y luego ya, por los temas obvios de mayorías cualificadas para aprobar determinadas cuestiones, mayorías simples para aprobar otras, y lo normal de una nueva sociedad, de un nuevo ente.

Fiscal.- ¿Y cómo se determinó el porcentaje de participación de…?

José Luis Olivas.- La valoración de Bancaja y de Caja Madrid se encarga a dos consultores importantes, a Deloitte y a Analistas Financieros Internacionales para determinar qué porcentaje correspondía a cada entidad.

Fiscal.- Y el resultado de estos asesores, ¿fueron aceptados sin discusión?

José Luis Olivas.- Sí, fueron aceptados sin discusión porque en realidad era muy similar al que ya habían planteado nuestros propios técnicos nuestros, y por otra parte, el Banco de España nos estaba conminando a que a finales de julio tuviéramos ya aprobado el contrato de integración.

Fiscal.- Ha mencionado usted que antes de iniciar las negociaciones para integrarse en el SIP, Bancaja estaba sometida a la inspección por parte del Banco de España. ¿Nos puede decir desde qué época más o menos?

José Luis Olivas.- Llevaban alrededor de 12 meses. El 27 de diciembre nos dieron un documento con los resultados de la inspección, y al día siguiente convoqué un consejo extraordinaria, leí la carta del Banco de España con el resultado del acta. Le trasladé la carta al presidente del Banco Financiero y de Ahorros, don Rodrigo Rato, con el fin de que se leyera luego en el consejo de administración de BFA. Luego, el 23 de abril del 2011, yo escribí al director general de supervisión que había firmado diciéndole que Bancaja y el grupo habían cumplido todos los requerimientos que nos habían hecho tanto de dotaciones y valoraciones de activos como los requerimientos que nos habían formulado para cambios materiales y de funcionamiento de determinadas áreas de la entidad. Es una carta que yo tengo aquí, y que puedo entregarle a su señoría si su señoría estima por conveniente. En ellase dice sustancialmente que no solo se hacumplido lo que el Banco de España exigía sino que en lugar de destinar a sanear el balance los 4.600 millones de euros que habíamos recibido del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancari,a que hace de accionista de la banca nacionalizada) habíamos decidido dedicarle 1.200 millones y encargamos, viendo el deterioro que la economía española estaba teniendo, otra auditoria a PriceWaterhouse para que nos hiciera un análisis más estresado de la situación de nuestro balance. Price nos dijo que podía haber un deterioro de en torno a 11.200 millones. Al Banco de España le pareció excesiva la cantidad de puesto que hasta hace unos meses se había dicho que eran 4.600 las necesidades que teníamos. Al final se llega a un acuerdo de sanear 9.200 millones, una parte de ellos con cargo a los recursos propios, a la reserva de la propia entidad.

Fiscal.- Le preguntaba si la inspección de Banco de España en Bancaja se extendía también al Banco de Valencia.

José Luis Olivas.- Eran distintas. El Banco de Valencia tenía otra inspección.

Fiscal.- Le voy a preguntar por la salida a Bolsa de Bankia. ¿Qué tipo de informe o asesoramiento se recibió (el consejo de administración)?

José Luis Olivas.- Bueno, la salida a Bolsa de Bankia se produce por la siguiente razón. A finales de enero la vicepresidenta del gobierno anuncia un cambio de criterio importante por parte del Gobierno, que hasta ese momento apostaba por el saneamiento del balance de las entidades, y dice que va a exigir mayores requerimientos de capital. Y entonces aprueba un decreto, el 2/2011, que básicamente dice lo siguiente: “las entidades que coticen en Bolsa o que tengan más de un 20% de inversiones institucionales en su capital, necesitarán un core-capital, capital principal del 8%; y aquellas entidades que no coticen en bolsa o que no tengan más de un 20% de inversores institucionales, necesitarán un capital principal del 10%. Y ese requisito se tendrá que cumplir el 30 de septiembre.” Como BFA había dedicado 4.600 millones de euros a sanear el balance, el capital principal de BFA era del 7,1%. Entonces se nos hizo un informe al consejo en el que se nos explicó las tres alternativas que había: la salida a Bolsa; buscar inversores institucionales que estuviesen dispuestos a comprar un 20% de la entidad, que venía a suponer 1.200 millones de euros o algo más, o que el FROB entrara y suscribiera su capital del 7,1 al 10%. El ambiente que había, los análisis que se hicieron, nos aconsejaba la salida a Bolsa.

Fiscal.- ¿Hubo algún consejero que opinara que era mejor alguna de las otras soluciones en lugar de la salida a Bolsa?

José Luis Olivas.- No, fueron decisiones que se tomaron después de un debate en el Consejo, pero se tomaron con unanimidad y estuvimoss todos de acuerdo en que la solución era la salida a Bolsa.

Fiscal.- ¿Cómo se fijó el precio de salida de la acción de Bankia?

José Luis Olivas.- Para la salida a bolsa BFA contrata a un asesor que era Lazard (el banco de inversiones donde anteriormente trabajaba Rodrigo Rato), a varias entidades como coordinadores que eran JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, y a Deloitte, el despacho de Uría y otros dos despachos ingleses de primera línea internacional para que nos asesoraran en cómo debíamos salir a bolsa. Los técnicos nos aconsejan segregemos una serie de activos, mantener a BFA con otros y que fuera el accionista de Bankia. La idea era que Bankia tuviera el negocio financiero y algunas participadas, pocas, y BFA fuera la cabecera donde estuvieran las cajas, las acciones de Bankia y luego una serie de activos que podían ser inmobiliarios que pudieran deteriorarse, pero también se dejan participaciones de entidades buenas como Iberdrola, Mapfre, Enagás… y además también deuda del Tesoro, una serie de activos para que estuvieran en BFA y que BFA generase recursos suficientes para tener su funcionamiento. Pero BFA no iba a salir a Bolsa, quien salía era Bankia. Lazard nos presentó un informe en el que nos decía que los bancos españoles y la mayor parte de los bancos europeos, los bancos más importantes, estaban cotizando en el mercado con descuentos del 60-70% del valor en libros y que nos teníamos que mover por esos niveles. Se contactó con varios inversores institucionales, y estoy hablando de algunos centenares, porque se recorrió una buena parte del mundo, y Lazard nos presentó un informe en el que nos decían que la media que habían calculado que los inversores estaban dispuestos a pagar estaba entre 4 y 5€ la acción. Finalmente, se decidió salir a 3,75€. Hay un Consejo de Administración a finales de junio en el que decidimos analizar la salida a Bolsa porque hay una convulsión tremenda en los mercados y corríamos el riesgo de que no se pudiera cubrir. Se necesitaba en torno a 3.000 millones de euros, y a la semana siguiente hubo otro Consejo en el que decidimos que era mejor salir en junio, que no salir luego en septiembre cuando la situación podría estar peor y podría ser más difícil conseguir los 3.000 millones de euros. Se decide salir a 3,75, que estaba por debajo de la horquilla de 4, con el objetivo de hacer la acción atractiva teniendo en cuenta que una gran parte de las acciones se iba a colocar en los mercados, en la propia red, en inversores particulares y no inversores institucionales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigió, creo recordar, que un 40% de la emisión se colocara en inversores institucionales y el 60% en inversores particulares. Bajando de esa manera la acción se estaba beneficiando a esa mayoría de inversores particulares que se iban a beneficiar de ese precio más bajo.

Juez.- Perdón, una aclaración. Lo que le ha preguntado el ministerio Fiscal es sobre la determinación del precio de la acción. Si no le entiendo mal, si no corríjame, os inversores internacionales les dan una horquilla y ustedes deciden bajar el precio respecto del mínimo de esa horquilla por la situación económica y coyuntural de ese momento. Es decir, son ustedes los que deciden establecer un precio más bajo del que en principio los inversores institucionales estaban dispuestos a establecer dentro de esa horquilla de 4 a 5 me ha señalado, ¿no?

José Luis Olivas.- Sí. Es el Consejo de Administración el que decide. Además, hay una comisión que está preparando la salida a bolsa, en la que estaba el presidente de la entidad, el consejero delegado, el secretario general y el director financiero, que lo proponen al consejo y éste lo aprueba. (Fiscal) El banco cuando se constituye, ¿qué cargo ocupa usted?

Fiscal.- Cuando se constituye el banco usted era Vicepresidente de BFA. Cuando se constituye Bankia. ¿ cuál es el cargo que ocupa?

José Luis Olivas.- Vicepresidente Ejecutivo, responsable del área de participadas.

Fiscal.- Le voy a preguntar ahora por la crisis del Banco de Valencia a partir de septiembre de 2011, ¿nos puede explicar qué es lo que sucede con el Banco de Valencia a partir de esa fecha?

José Luis Olivas.- El Banco de Valencia cierra el ejercicio del 2010 con beneficios, con unas cuentas sin salvedades que son auditadas por Deloitte, y el Banco de España autoriza que se reparta dividendo. No había ningún problema que se detectara ni mucho menos, en el Banco de Valencia. De hecho, en las propias cuentas del 2010, cuando toma posesión el FROP y aprueba las cuentas del 2011 no reformula las del 2010. Las cuentas del 2011 dan por buenas las cuentas del 2010. Luego, no había ningún problema en el Banco de Valencia que no fuera el que pudiera haber en el sector financiero español. Además, hay otro dato importante: el banco de Valencia tenía un peso en el grupo BFA pequeño. En BFA era un activo de 400 millones de euros, que en un balance del grupo de 320.000 es una cantidad pequeña. Pero al margen de eso, ya le he dicho que las cuentas eran normales. En julio de 2010 hay una visita con el consejero delegado al Banco de España para hablar del Banco de Valencia. Ahí, el director general de supervisión nos pide que preparemos un plan de estrategia para los dos próximos años. A primeros de septiembre llamo al director general de supervisión y nos reunimos con los dos técnico que han elaborado el plan, que contempla unos escenarios de posible reducción de morosidad, de posible deducción de márgenes, de cuentas contables, una propuesta de venta de participadas y una posible ampliación de capital. Bueno, pues todo eso lo ve la dirección general de supervisión y bueno, era una situación viable y el Banco de Valencia no tenía ningún problema adicional ni ningún problema que nos provocara mayor inquietud que la inquietud que había en esos momentos en toda España, y que sigue habiendo.

Fiscal.- Vamos a ver, usted como consecuencia de la situación del Banco de Valencia, acaba dimitiendo en BFA y en Bankia. ¿Nos puede relatar qué es lo que sucede hasta que usted decide tomar esa decisión tan drástica?

José Luis Olivas.- Sí, vamos a ver. El día 21 de noviembre, cuando se produce la intervención, había Consejo de BFA. Yo me dirigía en el coche al consejo y oigo por la radio que la Comisión ejecutiva del Banco de España había intervenido el Banco de Valencia, y yo inmediatamente, como me dirigía a la Sede de BFA y de Bankia, pedí que me recibiera el Presidente y le dije: “creo que por razones éticas no debo de seguir en el consejo de Bankia porque le puedo causar un perjuicio reputacional a BFA y a Bankia cuando hasta hacía un mes había sido presidente del Banco de Valencia. Le planteo la dimisión y renuncio a cualquier indemnización que me pudiera corresponder. Esa es la razón.

Fiscal.- Hasta ese momento, ¿había habido diferencia de pareceres entre el Señor Rato y usted acerca de cómo se tenía que afrontar el problema de la participación que BFA tenía en el Banco de Valencia?

José Luis Olivas.- No, no había habido, no había habido. El señor Rato y yo hemos tenido momentos mejores y momentos peores. Todo este proceso es complicado, pero no había habido una tensión especial. Además, el señor Rato dijo que sí había posibilidades de cubrir la ampliación de capital, que BFA iría por la parte que le correspondía. Evidentemente no podía cubrir el 100% de la ampliación de capital porque entonces se vería obligado a lanzar una OPA y lo que no estaba en condiciones BFA ni debía de hacer era lanzar una OPA suscribiendo una ampliación de capital. Entonces, ahí dejé yo mi situación en el Banco de Valencia y yo ya no sé cómo siguieron las conversaciones. Pero no había habido una discrepancia elevada. Además, el Banco de Valencia tenía en cuenta el que, al estar consolidado en el grupo, BFA, le amparaban los recursos propios del grupo, o sea, tenía un nivel de recursos propios suficiente para funcionar. No tenía necesidad imperiosa de aumentar los recursos, aunque está claro que era conveniente hacer una ampliación de capital y así lo pensaba el Banco de España y así lo pensábamos nosotros también.

Fiscal.- Y cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere, a los consejeros de Bankia o a todos los consejeros de BFA?

José Luis Olivas.- No, me estoy refiriendo fundamentalmente al señor Rato y a mí y a los consejeros del Banco de Valencia. Todos éramos conscientes de que había que hacer una ampliación de capital.

Juez.- Me gustaría volver al principio. Hay una cosa que no me ha quedado muy clara. Por lo menos, me gustaría que matizara en su respuesta. Se le preguntó por el motivo por el cual Bancaja entró a formar parte del SIP. Usted ha señalado que en esas reuniones que mantiene con el Gobernador a instancia, a requerimiento del Banco de España, del regulador, se le conmina a que participen en este SIP con Caja Madrid. La conminación, me gustaría que especificara concretamente a qué se refiere, es decir, ¿se le dirigió una orden o un mandato, se le amenazó, se le coaccionó de alguna forma, con que de no participar, habría alguna consecuencia respecto a Bancaja?

José Luis Olivas.- Bueno, se me dijo que podrían intervenir la entidad y que podrían, bueno...

Juez.- ¿Y en base a qué fundamentos, si me está diciendo que en ese momento precisamente usted no era partidario de entrar en el SIP porque Bancaja tenía una situación saneada?

José Luis Olivas.- Pero la situación había generado mucha tensión y yo entendía la posición el Gobernador también. El Gobernador tenía un mandato y tenía unas instrucciones. Y además, el regulador, señoría, tiene mucho poder en el sector financiero.

Juez.- Sí, pero no se pueden inventar castillos en el aire. Quiero decir, si a su entender Bancaja tiene una situación suficientemente saneada y no necesita entrar en integraciones con ninguna otra caja porque le puede causar un perjuicio ¿Cuál es la consecuencia que hubiera podido no haber accedido a la integración?

José Luis Olivas.- Había una inspección por medio. Su señorí,a supongo que habrá podido ver durante estos días los criterios de la aplicación de la circular 4-2004 en cuanto a créditos, que son subestándar, etc. Es decir, “si no hace usted esto va a tener unas consecuencias negativas para usted”.

Juez.- Para la entidad.

José Luis Olivas.- Sí, para la entidad, quiero decir. Me refiero a Bancaja, evidentemente.

Juez.- ¿Y en qué se le amenazaba, en utilizar los reales decretos como munición contra Bancaja?

José Luis Olivas.- Hombre, a mí más no me dijeron. Pero sí que me dijeron que podrían intervenir, que podrían llegar hasta intervenir la entidad.

Juez.- ¿Y en base a esa conminación es por lo que usted accede a apoyar la integraciópn?

José Luis Olivas.- Accedo por eso y también, sinceramente, porque entiendo que estamos en una situación muy compleja, muy difícil para el país, que estaban pidiendo una reforma del sector financiero, que de alguna forma esa reforma se iba a hacer, como se ha puesto de manifiesto.

Juez.- ¿Su criterio de no querer integrarse varía en virtud de la conminación, o en virtud de que usted considera que es mejor para la Caja que usted dirige?

José Luis Olivas.- Probablemente yo en unas condiciones normales no hubiera aceptado la integración del SIP. Y me hubiera esperado a cualquier otra solución o alternativa.

La magistrada Clara Bayarri ha emitido un voto particular al fallo de sus compañeros de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que ha dado al juez Pablo Ruz la competencia de los ‘papeles de Bárcenas’, en el que asegura que la decisión “redunda en un seguro entorpecimiento y obstrucción a una ágil conclusión” de la causa. La jueza discrepante sostiene que la acumulación de distintos procedimientos en uno solo es “la excepción en nuestro derecho”.

Bayarri argumenta también que no es razonable que el Partido Popular (PP) esté personado como acusación en el ‘caso Gürtel’ contra Francisco Correa, cerebro de la trama, y sea al mismo tiempo querellado por los ‘papeles de Bárcenas’ en la misma causa. Una circunstancia, dice, que es rechazada mayoritariamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS).

La magistrada recuerda en su voto particular que las acusaciones pretendieron durante varios meses que el juez Pablo Ruz se hiciera cargo de la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’, y que el instructor la rechazó al estimar que los hechos no guardaban relación con la trama Gürtel que instruía. También se opuso a la acumulación la fiscalía, que incluso llegó a plantear que no se admitieran a trámite.

Cuando Ruz cambia de opinión y decide abrir una pieza separada con los citados papeles lo hace por hechos distintos a los que instruía, y de ello deja constancia en un auto en el que delimita el objeto de la citada pieza a la posible existencia de pagos realizados por la tesorería del PP a dirigentes del partido mediante la entrega de sobresueldos sin aparente justificación legal y sin aparente reflejo en la contabilidad oficial del partido, ni en sus declaraciones tributarias.

El juez Gómez-Bermúdez, al que le correspondió por reparto la querella que IU presentó para que se investigaran los ‘papeles de Bárcenas’ desvelados por el diario El País, abrió diligencias previas para investigar no los sobresueldos, sino las posibles operaciones fraudulentas que dejaban en evidencia la coincidencia entre entradas de dinero procedentes de empresas en la contabilidad del PP y la adjudicación de obra pública o contratos de la administración. Razón por la que imputó a los extesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y a los empresarios que ‘donaron’ dinero al partido.

“Solo han de considerarse conexos, a los efectos de acumulación procesal, aquéllos casos que presenten una indudable e incuestionable relación, hasta el punto de que tramitarlos y enjuiciarlos por separado pueda dar lugar a la contradicción resolutiva de idéntica cuestión jurídica. Lo que no acaece en el caso”, defiende Claudia Bayarri. La magistrada considera irrelevantes las siete coincidencias entre los papeles de Bárcenas y otras tantas anotaciones del caso Gürtel en un sumario que supera los setecientos mil folios, que tanto Ruz como la fiscalía han utilizado para arrogar al juzgado central 5 la competencia de la investigación.

Con estos argumentos, la magistrada estima que la resolución de la Sala debió declarar la competencia de Gómez-Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que ha sido apartado definitivamente del caso al no admitir el fallo recurso.

El tribunal despacha en menos de una hora el conflicto de competencia con el juez Gómez Bermúdez.

Menos de una hora ha tardado la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional en conceder al magistrado Pablo Ruz la competencia sobre los 'papeles de Bárcenas' y apartar a su compañero Gómez-Bermúdez, que se hizo inicialmente cargo de la investigación al corresponderle por turno la querella presentada por IU y otros para que investigara la presunta financiación ilegal del PP. No ha habido unanimidad en la decisión. El resultado ha sido de dos a uno, con voto particular de la magistrada Clara Bayarri.

A lo largo de las tres horas de vista, las defensas de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta dieron una vuelta de tuerca al debate al reclamar la competencia de la investigación para el juzgado de instrucción nº 30 y no para la Audiencia Nacional (AN), donde los magistrados Pablo Ruz, titular del central nº 5, y Javier Gómez Bermúdez, del nº 3, han librado una batalla por hacerse cargo de ella.

La supuesta contabilidad B del PP recogida en los 'papeles de Bárcenas' recoge donaciones de empresarios a cambio de la presunta concesión de obras públicas a sus empresas, y el reparto de una parte de ese dinero en sobresueldos para altos cargos del partido. Eva Tomás, letrada de Bárcenas, ha afirmado que los papeles desvelados por el diario El País son falsos, pero que aún en el caso de que fueran ciertos los sobresueldos, lo único que demostrarían sería la comisión de un delito contra la Hacienda pública al no haberse efectuado la retención del IRPF, y que en ese caso la competencia no sería de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla, y más concretamente del 30, que fue el que instruyó las primeras diligencias tras la denuncia presentada en su día por Manos Limpias. En este supuesto, sólo los delitos contra Hacienda cometidos en 2007 y 2008 no habrían prescrito.

Javier Iglesias, defensor de Álvaro Lapuerta, ha ido más allá y ha recordado que el delito de financiación ilegal no existe, y que en el supuesto de que las donaciones recibidas por el PP hubiesen superado el límite legal establecido por la Ley General Electoral se trataría de una irregularidad administrativa castigada sólo con una sanción económica.

Los abogados de las acusaciones, encabezada por IU, han reclamado la competencia para el juez Bermúdez porque consideran que los 'papeles de Bárcenas' no tienen conexiones con la instrucción del 'caso Gürtel' , como así reconocieron en un principio tanto el juez Ruz como la fiscalía. Enrique de Santiago, letrado de IU, ha puesto de relieve que el pasado 5 de febrero el titular del juzgado central nº 5 rechazó en un auto hacerse cargo de la investigación, decisión en la que se ratificó en otro auto del 21 de ese mismo mes al no existir, en su opinión, indicios que permitieran vincular la contabilidad de Bárcenas el 'caso Gürtel'.

Sólo cuando IU presentó una querella el día 28 (que por reparto recayó en Gómez-Bermúdez), el magistrado Pablo Ruz pidió a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que buscara conexiones entre las anotaciones contenidas en los 'papeles de Bárcenas' y la documentación incorporada al sumario Gürtel. La Policía encontró tres y Ruz decidió abrir una pieza separada y reclamar a Gómez-Bermúdez que se inhibiera a su favor, lo que desató la guerra entre ambos magistrados, que la Sala debía ahora resolver.

Enrique de Santiago ha puesto de relieve la incongruencia procesal que en su opinión supone que el PP esté personado en el caso Gürtel como acusación y que al mismo tiempo esté acusado como responsable a título de beneficiario en los 'papeles de Bárcenas'. Es lo que Antonio Segura, en representación de la Asociación Libre de Abogados (ALA), denominó “ornitorrinco procesal, que no sabe si es acusación o defensa, defensa o acusación, o ambas cosas a la vez”.

Las acusaciones reiteraron que en Gürtel se investiga una red de financiación ilegal del PP, pero que no sería la única, y que los 'papeles de Bárcenas' corresponderían a otra trama. También sugirieron la existencia de interés partidista en que la competencia recayera finalmente en Ruz. Una hipótesis que el presidente de la Sala, Alfonso Guevara, cortó de raíz. “Está acusando al juez y al fiscal de prevaricación, de actuar a favor del PP, y eso no lo permito”, zanjó.

El fiscal reclamó una vez más la competencia del titular del juzgado central nº 5 y reprochó a Gómez-Bermúdez por haber imputado a los extesoreros del PP y a los empresarios que supuestamente habrían dado dinero al partido a cambio de favores en la contratación de obra publica, y no haber ido, en cambio, contra los dirigentes del partido que habrían recibido sobresueldos. “Los mismos papeles que le sirven para imputar a los empresarios no le sirven para hacerlo con los dirigentes del PP”.

El PP ya tiene imputados por blanqueo de capitales a los que fueron sus tres tesoreros hasta que estalló el escándalo de la trama Gürtel. El juez Pablo Ruz dio ayer un paso más y en un auto conocido hoy acusa a Angel Sanchis (extesorero de Alianza Popular e implicado en el llamado 'caso Naseir') de haber ayudado a Luis Bárcenas a ocultar la fortuna que tenía en bancos suizos. Junto a ambos está igualmente imputado Álvaro Lapuerta, de 85 años de edad, que ya declaró en la Audiencia Nacional el pasado viernes 22.

Sanchis ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 10 de abril.

El magistrado dice en su auto que Sanchis contactó con los bancos en los que Bárcenas llegó a ocultar hasta 38 millones de euros para transferir sus fondos a una cuenta de la sociedad Brixco S.A. en el HSBC Bank USA en Estados Unidos, que el juez ha acordado bloquear junto a todos sus activos financieros. De acuerdo con la documentación remitida por las autoridades estadounidenses, el saldo de Brixco en el citado banco dismunutó en 100.000 dólares la semana pasada. Brixco es una empresa uruguaya que gestiona las exportaciones de limones que produce la finca La Moraleja (Argentina), propiedad de Sanchis, que niega tener otra relación con ella más allá de la comercial. El extesorero reconoció fechas atrás a eldiario.es que puso en contacto a Bárcenas con Brixco porque la compañía necesitaba dinero y su compañero de partido se lo prestó.

Sanchis visitó el banco en el que Bárcenas ocultaba su dinero en Suiza el 20 de febrero de 2009, pocos días después de que el magistrado Baltasar Garzón, entonces instructor del ‘caso Gürtel’, detuviese a Francisco Correa y a los principales imputado de la trama de corrupción vinculada al PP. Según su versión, Bárcenas se enteró de su viaje a Suiza y le pidió que pasase por el banco para ver cómo estaban sus inversiones

Ruz ha decidido también bloquear los bienes de que dispone en la misma entidad la sociedad Rumagol S.A, y la de Hilgart Investments LTD en la oficina de Bancaja en Miami. Ésta cuenta tiene como beneficiario económico a Francisco Correa y se habría nutrido en gran parte de fondos procedentes de comisiones procedentes presuntamente de la adjudicación irregular de contratos públicos. Para ocultar el origen real del dinero se fraccionaron sus ingresos en distintas transferencias emitidas por distintas personas.

Sobre Rumagol, el instructor ha acordado ampliar la comisión rogatoria dirigida a las autoridades de Estados Unidos para que le facilite información detallada sobre Rumagol S.A., entre ella la identidad de sus titulares, apoderados y beneficiario último; préstamos e hipotecas; cajas de seguridad; bonos del Tesoro; tarjetas de crédito o débito; compras de cheques bancarios y cualquier otra información existente sobre acuerdos u órdenes dadas relacionadas con los activos de la empresa.

El conflicto está servido. El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de casación del etarra Germán Rubenach para que no se le aplique la ‘doctrina Parot’, lo que le permitiría recuperar la libertad de manera inmediata. Lo relevante la sentencia es que anticipa que un hipotético fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra la citada doctrina no supone su aplicación sin más “por la ausencia todavía de una normativa interna que prevea y regule la eficacia de esas decisiones emanadas de órganos supranacionales sobre sentencias firmes en el ordenamiento interno”.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, manifestó días atrás que habría que recurrir a “ingeniería jurídica” para intentar evitar que presos condenados a siglos de prisión por numerosos asesinatos sean puestos en libertad gracias a los beneficios penitenciarios a los que tenían derecho al haber sido condenados con el código penal de 1973. Al aplicarse éstos sobre la acumulación de todas las penas en una sola refundida de 30 años, reducía a 20 años su estancia efectiva en prisión.

El TS recuerda que la sentencia del TEDH de 10 de julio de 2012 que dio la razón a la etarra Inés del Río Prada contra la ‘doctrina Parot’ aún no tiene firmeza porque fue recurrida por la Abogacía del Estado. La Gran Sala celebró el pasado semana la vista del recurso y el fallo se conocerá en próximas fechas.

La confirmación de la sentencia condenatoria al Reino de España ‘tumbaría’ la citada doctrina y abriría la puerta para la excarcelación de 54 presos de ETA a los que se ha prolongado su estancia en prisión en aplicación de la misma. Una posibilidad que genera una enorme preocupación en el Gobierno por la respuesta de las víctimas del terrorismo.

El fallo del Supremo sostiene que el Tribunal Constitucional (TC) avaló la aplicación de la ‘doctrina Parot’ y hasta ahora ha rechazado anticipar la eficacia del fallo del TEDH de la que dice que no es “directa” y que “contradice el criterio de los órganos jurisdiccionales nacionales”, en alusión al propio TS y al TC. “No es éste lugar adecuado para entrar a dialogar con los criterios de tal sentencia no definitiva. La ratificación o apartamiento de sus criterios ha de debatirse en el marco procesal e institucional adecuado –dice el fallo-. Aquí nos corresponde otra tarea: decidir el recurso a la luz de la legislación vigente interpretada por el TC y esta Sala con criterios todavía no desmentidos definitivamente por ese tribunal supranacional”.

En línea con la versión que defiende Interior, la aplicación e la ‘doctrina Parot’ a partir de 2006 a presos condenados previamente por el código de 1976, que permitía redimir penas por trabajo o estudios, no supone la aplicación retroactiva de la misma, sino una “variación de la interpretación de una ley”. Según la citada doctrina, las redenciones se aplican sobre cada una de las penas impuestas, lo que anula de facto los beneficios penitenciarios y hace que el etarra permanezca entre rejas el máximo de 30 años, que una posterior reforma del Código Penal ha elevado hasta cuarenta.