“Un hombre de pelo revuelto, con los ojos muy azules”. Así describe la hija de Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 1944), Pilar Chaves Jones, al periodista sevillano. Figura clave de las letras españolas, autor de títulos como Crónicas de la Guerra Civil, Lo que ha quedado del imperio de los Zares, Juan Belmonte o El maestro Juan Martínez que estaba allí y que fue condenado al ostracismo durante décadas por ambos bandos por perseguir “la revolución del individuo”. “Lo veíamos poco. Mamá nos decía simplemente: 'Papá no está aquí'”, cuenta Pilar Chaves en el documental El hombre que estaba allí. Y es que su padre estaba en todo lo que sucedió en su tiempo.

500 pesetas le bastaron para recorrer Rusia en avión, contó las guerras coloniales de África, lo que vio en Casas Viejas, en la revolución minera de Asturias, presenció la gestación del nacionalsocialismo y entrevistó al mismísimo Goebbels, del que afirmó que era un personaje irrisorio. Andar y contar, esa era una de las máximas de un escritor olvidado al que intelectuales como la sevillana Maribel Cintas, profesora de la Universidad de Sevilla e investigadora incansable de la vida y obra de Chaves Nogales; Abelardo Linares, de la editorial sevillana Renacimiento, o Andrés Trapiello, entre otros, se han empeñado en reivindicar.

A su empuje decidido, sus años de investigación y rastreo de textos, artículos, su impulso a las reediciones de sus obras, se une ahora este mediometraje documental (29 min.), dirigido por los periodistas Luis Felipe Torrente y Daniel Suberviola, producido por Asma Films y La Claqueta PC y con patrocinio del Centro de Estudios Andaluces. Una película con testimonios y aportaciones de estas personalidades y otros tantos como el escritor Antonio Muñoz Molina o el periodista Jorge Pérez Reverte.

Para profundizar aún más en la figura de Chaves Nogales, tras la excepcional acogida del documental (próximamente se podrá ver en el Festival Iberoamericano de Huelva), estos dos periodistas apasionados de la persona y el personaje decidieron orquestar una campaña de financiación colectiva a través de la plataforma de crowdfunding Libros.com para que el documental se complete con la edición de un libro con las entrevistas íntegras y material recopilado durante el proceso de gestación del mismo.

“Ha sido una sorpresa ver la reacción de la gente. Primero, ver muchas de las aportaciones. Todas ellas de gente de perfiles muy distintos: desde Javier Marías a Eduardo Madina, Gumersindo Lafuente o Ignacio Escolar, pero también muchísima, la mayor parte de los hasta ahora 200 mecenas, es gente desconocida”. El libro incluye la transcripción íntegra de las entrevistas realizadas para el documental y una serie de documentos (cartas, fotografías, documentación oficial, textos originales) que contribuyen a trazar el perfil biográfico de Manuel Chaves Nogales. “Nos encantaría seguir trabajando y lograr hacer un largo documental”, concluye Torrente.

El bando de Chaves Novales

“Era un pionero del periodismo ciudadano. Estaba en el lugar, hablaba con los testigos, tomaba notas, se apartaba y entonces analizaba”, cuenta Luis Felipe Torrente. El documental, que se estrenó en la pasada Feria del Libro de Sevilla y ha recorrido con éxito festivales de reconocido prestigio como el de Astorga, narra desde sus comienzos en la prensa en su ciudad natal a los distintos acontecimientos a los que fue asistiendo y que plasmó con “una lucidez política inquebrantable”, en palabras de Muñoz Molina.

“La figura de Chaves Nogales ha estado guardada sesenta años en un cajón”, explica Torrente, codirector del documental El hombre que estaba allí. El hombre que estaba allí“Se debe a que mantuvo su postura hasta el final a pesar de las circunstancias. Era republicano y liberal convencido, pero no se alistó en ningún bando, tenía su propio bando. Previó que ambos bandos tenían planteamientos totalitarios de la vida común”, añade. “Estaba en la lista de fusilables de todos”, recalca. “Y murió enfermo y solo, porque estar con su familia los ponía en peligro, justo cuando se produjo el desembarco de Normandía, lo que para él era la victoria de la democracia, ver la consecución de sus objetivos vitales”, sostiene.

“Ocurrió que no le interesaba ni a la España franquista ni a los exiliados”, relata Torrente. “Descubrimos su obra, lo que representó la persona y casi sin financiación comenzamos a realizar entrevistas”. El hombre que estaba allí es un trabajo metódico de recopilación de cartas, periódicos de la época, fotografías y entre todo eso llegaron las ansiadas imágenes en movimiento.

“Ni nosotros ni nadie que estudiara su figura tenía noticias de imágenes suyas en movimiento”, afirma Luis Felipe. “Era la época del boom informativo en el cine, en el año 33 ó 34. Contrastamos coberturas e imágenes de la Filmoteca. Buscamos en los archivos británicos y alemanes. Y un día en Youtube encontramos una imágenes que habían sido distribuidos por el diario Público a sus lectores”, cuenta.

“Para encontrarlo hay que buscarlo entre la gente”

En plena toma de posesión de Niceto Alcalá Zamora, al fondo, casi fuera de plano, Manuel Chaves Nogales aplaude entusiasmado. “Él estaba allí, pero no como periodista, sino como ciudadano republicano convencido. Intuíamos que había que buscar en el público, entre los asistentes, porque él fue un testigo sin igual de la historia”, describe Torrente. “Era alguien discreto que no quiere decir la última palabra porque sabe que no hay una última palabra”, afirma Andrés Trapiello en la película.

El lugar que el Estado ha dejado de ocupar debe llenarlo la solidaridad, la beneficencia. Ese es el camino que han emprendido muchas universidades españolas, que apelan al mecenazgo de particulares e instituciones para contrarrestar el difícil panorama ante el que se enfrentan. Acuciadas por la merma en sus presupuestos y las deudas que acumulan, con el grifo de las subvenciones en mínimos, las ayudas y becas recortadas y miles de alumnos con serias dificultades para acceder a las aulas o permanecer en ellas, podría decirse que no les queda otra. En España 30.000 universitarios no pudieron pagar sus matrículas el curso pasado y en este 2013-2014; aunque aún no se han cerrado las matriculaciones, las cifras no se esperan más halagüeñas.

El nuevo decreto de becas del ministro José Ignacio Wert –este curso la nota necesaria para acceder a la gratuidad de la matrícula en la universidad continuará en un 5,5, tal y como fija el Real Decreto 1000/2012– y la subida de las tasas de matriculación han puesto a miles de universitarios ante un futuro incierto en el que no saben si podrán seguir pagando sus estudios.

De hecho, José Carrillo, rector de la Universidad Complutense, aseguró hace un par de semanas que en este curso se han matriculado 800.000 créditos menos y que el anterior se habían reducido en 400.000. Es decir, 1,2 millones de créditos menos se han dejado de matricular en los dos cursos desde que entró en vigor la subida de tasas. Similar panorama reflejó Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III. Este curso “por primera vez” ha bajado del 34 al 28% el número de alumnos provenientes de otras comunidades autónomas. Y ante la falta de becas y ayudas de la administración, la filantropía empieza a hacerse un hueco a la fuerza en la universidad pública.

Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga (UMA) y presidenta de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), puso el dedo en la llaga el pasado mes cuando propuso que se “apadrinase a universitarios”. “Igual que se apadrina a un niño, se podría apadrinar a un estudiante pagando una matrícula”, explicó al anunciar que el centro que dirige abriría una cuenta corriente a disposición de particulares y empresas para crear una especie de “bolsa de donaciones” que financiase las tasas del cada vez mayor número de estudiantes que se descuelgan del sistema universitario. La UMA, en poco más de un mes, ya ha reunido algo más de 10.000 euros, según confirman a eldiario.es fuentes del centro, procedentes de donaciones de particulares y organismos.

“Son donaciones que van desde 20 euros hasta el importe total de la matrícula, que puede rondar los 700 euros, pero también las ha habido de 1.000 euros”, explican. Una cifra que seguirá creciendo porque no hay plazo para realizar estas aportaciones de las que se benefician los alumnos que hacen su primera matrícula, con una nota de acceso a la universidad entre 5 y 5,4 puntos y que cumplan con los requisitos de renta establecidos. Pero además, De la Calle anunció ayer, para seguir impulsando este programa, que la UMA reconocerá a los mecenas tanto con beneficios fiscales como con libre acceso a los servicios universitarios.

A pesar de la polémica surgida a raíz de esta propuesta de De la Calle, que entre otras críticas cosechó las del Sindicato de Estudiantes, que tildó a la propuesta de “insulto” y de prácticas relacionadas con la beneficencia, la idea se ha ganado también los aplausos de voces del sector, como Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, quien afirmó que estas propuestas hacen “espabilar” a universidades y particulares. El mecenazgo universitario en España está en una fase embrionaria y va dando poco a poco sus primeros pasos. Uno de los primeros impulsores en el apadrinamiento de estudiantes fue la Universidad de Navarra, entidad de carácter privado. Desde 2003 convoca las becas Alumni. Durante el curso 2012-2013, la Agrupación Alumni concedió 267 becas por un total de 2.000.898 euros, lo que representa un importe medio por alumno de 7.494 euros anuales.

Francisco Guillén es uno de los beneficiados de este programa pionero. Es estudiante de 3º del Doble Grado de Derecho y Administración de Empresas. “Soy de Murcia y no hubiera podido estudiar lo que quería sin esta beca”. Según Guillén, “no tenemos un mecenas concreto. Las aportaciones van a un fondo común y debes cumplir unos requisitos académicos altos; estudian la renta familiar y te hacen una entrevista personal para adjudicártela. La cuantía de la ayuda no va en relación a la renta o al expediente, en la entrevista valoran tus ganas y tu capacidad”.

La Universidad de Deusto, también privada, ofrece este mismo programa de becas Alumni. Son fondos que sufragan antiguos alumnos, explican desde el centro, para ayudar a alumnos con necesidades económicas. “Se hace una donación por el importe que quieran, que va a un fondo con el que se pagan matrículas, pero no se dona a un estudiante concreto”, matizan. Además, en la propia universidad cuentan con un fondo de 9 millones de euros para los próximos cuatro años para becar a estudiantes de grado y posgrado en función de las notas y su situación económica. Desde 2009 y con las becas de ayuda económica, excelencia académica y de colaboración, para las que han tenido un presupuesto de 8 millones de euros, la universidad ha otorgado más de 4.100 becas. El curso 2011-2012, agregan, uno de cada siete alumnos disfrutaron de una beca.

La pública, a la caza de fondos propios y externos

La pública, a la caza de fondos propios y externosSi la universidad privada llevaba algunos años creando programas de becas para los alumnos con una peor situación económica, en la universidad pública comenzaron a aparecer el curso pasado. La crisis, los recortes de las becas, la subida del precio de las matrículas, el alto paro juvenil, que hace que más jóvenes vuelvan a las aulas, y la situación de paro que viven muchas familias es el nuevo y generalizado escenario al que tienen que hacer frente. De este modo, las ayudas llegan o combinan dos cauces. Por un lado, implementando y destinando fondos de los propios presupuestos universitarios a programas de becas y ayudas y, por otro, y al hilo de la propuesta de Adelaida de la Calle, buscando mecenas privados y particulares que ayuden a los jóvenes en su formación.

Los rectores de las universidades Complutense y Politécnica de Madrid ya han anunciado que van a crear planes de captación de capital privado para ayudar a los alumnos que no pueden pagar las matrículas. Aunque es un plan que aún está en estudio, han confirmado a eldiario.es desde ambas universidades que su propósito es firme. Eso sí, dejaron bien claro que la tarea de que ningún alumno se quede sin estudiar es competencia de la Administración Pública e instaron a la consejera de Educación, Lucía Figar, y al presidente de la región, Ignacio González, a cumplir el compromiso que adquirieron públicamente en este sentido.

En esta búsqueda de mecenas, la Universidad de León saltó a los medios de comunicación hace unos días por recibir 70.000 euros para pagar los estudios de los jóvenes con problemas económicos procedentes de un organismo privado. Desde la propia universidad confirman que este dinero ya se ha hecho efectivo para sufragar matrículas de estudiantes de este curso y también de universitarios que arrastraban alguna deuda del pasado. “Les ha venido muy bien”, confirman. Ahora están en el proceso de otorgar las ayudas pero, recuerdan, este caso ha sido algo puntual. El centro cuenta, eso sí, con un departamento de becas que ofrece hasta 900 euros de ayuda para los estudiantes con escasez de recursos, con un presupuesto de 15.000 euros.

Otros casos similares son el de la cofradía sevillana de El Cerro, que también ha anunciado recientemente que becará a sus hermanos universitarios que carezcan de recursos, o los cerca de 10.000 euros que ha recibido la Universidad Politécnica de Valencia de un ciudadano altruista de Alcoy. Con este dinero se van a pagar los importes pendientes de las matrículas del curso de un grupo de alumnos con buen rendimiento académico que “habían perdido la beca y, por motivos económicos, no podían continuar sus estudios”, informaron en agosto desde la propia universidad. Pero no fue esta la única iniciativa, ya que la Delegación central de Alumnos también decidió derivar 25.000 euros de su presupuesto a la universidad para aumentar la partida de becas de alumnos con circunstancias económicas sobrevenidas. Y la UPV también cuenta con unas becas de comedor consistentes en tickets para canjear por menús del día.

La Universidad Autónoma de Barcelona, además de sus programas de becas y el programa Ítaca en colaboración con el Banco Santander, que este curso tiene previsto otorgar 20 becas-salario por importe de 500 euros mensuales durante 10 meses para alumnos con buenos expedientes y una situación económica con dificultades, impulsó el curso pasado el programa Finestreta. Consiste en becas para alumnos con una situación sobrevenida que ha hecho empeorar la economía de la familia y que no dispongan de otro tipo de ayudas.programa Finestreta Los beneficiarios deben aprobar el 50% de los créditos matriculados para beneficiarse de esta ayuda, que se presenta en forma de beca en colaboración con la UAB y ayudas para los créditos de nueva matrícula, salvo recargos asociados a la morosidad económica de la matrícula o vinculadas a una estancia en práctica, entre otras. El curso pasado la Autónoma de Barcelona concedió 163 becas Finestreta a través de tres convocatorias en enero, marzo y julio, y el programa cuenta en este 2013 con un presupuesto de 300.000 euros.

En la Universidad de Cádiz existen dos iniciativas con semejanzas a la fórmula del mecenazgo o patrocinio privado, aunque no son exactamente lo mismo. CEMABASA, la empresa que gestiona el cemento mancomunado de la Bahía de Cádiz, convoca ayudas para estudiantes de la UCA cuyos progenitores hayan fallecido desde hace cinco años. Según la UCA, unos 121 universitarios ya se han beneficiado de estas ayudas. El presupuesto total de éstas fue de 8.400 euros el curso pasado, en el que se concedieron 16 becas, cuya cuantía oscila entre los 300 y los 600 euros. También en este centro, Renfe convoca unos premios anuales al mérito académico de los alumnos a través de los cuales se financia el transporte de los premiados durante el curso.

Sin incluir casos concretos como estos, la diferencia entre la propuesta de la presidenta de la CRUE y los programas ya existentes radica en dos cuestiones: en primer lugar, el dinero irá a parar a los estudiantes que se hayan quedado fuera de las otras ofertas de becas y, en segundo lugar, es una medida pionera en una universidad pública. Es decir, no son ayudas a la excelencia académica u otras fórmulas ya comunes en el sistema universitario español, como los patrocinios privados a cátedras, estudios posdoctorales o ayudas a la inserción laboral a través de prácticas.

Para Pedro Farias, vicerrector de Comunicación de la UMA, “el programa de mecenazgo es un proyecto incluido dentro de la Ayudas al Estudio que pretende canalizar las aportaciones individuales destinadas a estudiantes sin recursos económicos. Pueden acogerse a él los estudiantes que se matriculen por primera vez en estudios oficiales de Grado en la Universidad de Málaga”. Farias añade: “Ya se han puesto en contacto con nosotros tanto particulares como empresas, interesados todos ellos en participar en este programa. Hay diversas fórmulas de reconocimiento a los colaboradores. Tanto de naturaleza fiscal como social”.

La Universidad de Granada ha puesto en marcha su particular plan de mecenazgo, patrocinio y donación para fomentar canales de financiación privada que unan los beneficios fiscales al desarrollo de objetivos concretos, como becas, proyectos de investigación, equipamientos docentes, así como proyectos culturales y deportivos, entre otros, aunque por ahora ha descartado la fórmula del apadrinamiento al que hizo referencia Adelaida de la Calle.

En Huelva, el rector de la Universidad, Francisco Ruiz, ya ha anunciado que durante este curso académico desarrollarán el Programa Matrícula. Desde esta universidad afirman que ya se están estudiando los requisitos, las bases de la convocatoria y cómo captar fondos, aunque todavía está en fases muy preliminares; “en los próximos días” se publicará más información para el alumnado. Según Carmen Santín, vicerrectora de estudiantes, “esta iniciativa fue una propuesta de los propios estudiantes. La ciudad de Huelva ha cambiado mucho gracias a la presencia de la universidad y nos consta que es una institución muy querida por sus habitantes. Lo que queremos proponer es un micromecenazgo”. Santín abunda en la idea: “No queremos hacer un llamamiento tanto a las grandes empresas, que también, sino a la colaboración cotidiana de los vecinos, los pequeños empresarios. A lo mejor no se paga una matrícula entera, sino por asignaturas”.

Más común fuera de España

Más común fuera de EspañaMientras que en España se empiezan a ver tímidamente estos casos de mecenazgo, en Europa es una práctica bastante más común. De media, en la UE un 4% de los presupuestos de las universidades corresponden a la filantropía, también llamada fundraising, según datos de 2011 de la Asociación Europea de Universidades. En Reino Unido, la fórmula está más extendida: representa el 20% de los fondos.

Caso aparte es el de las universidades estadounidenses. Las universidades privadas gozan de mejor reputación que la públicas y la filantropía allí está a la orden del día y es asumida como un modelo normal de financiación. Grandes millonarios como Bill Gates donan enormes cantidades de dinero a las universidades para financiar estudios, becas de excelencia o programas de investigación. Uno de los últimos casos más sonados, aunque la lista es extensa y contiene donativos de vértigo, fue el de Michael Bloomberg. El alcalde de Nueva York estudió en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore) y la última donación que hizo en enero a su antigua universidad ha sido de 350 millones de dólares para becas, contratar profesores y potenciar la investigación en salud. Desde que se graduó en 1964 ya ha donado más de 1.100 millones de dólares y se ha convertido en el filántropo que más dinero ha dado a una universidad.

Pese a que el borrador de la nueva Ley de Parques Nacionales era mucho más permisivo en cuanto a las actividades lúdicas, recreativas, turísticas y cinegéticas que podrían realizarse en los quince parques nacionales españoles (los espacios naturales con mayor grado de protección y exponentes principales de la riqueza y la diversidad ambiental del país), finalmente el anteproyecto de Ley se aprobó hace un mes con muchas matizaciones. Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “lo primordial en esta ley es la conservación de estos espacios, por lo que no se va a permitir ninguna actividad que menoscabe los valores medioambientales de los parques nacionales”.

No están conformes ni un buen número de comunidades autónomas ni las principales organizaciones ecologistas. La reforma cuenta con dos grandes objeciones: en relación a las competencias en cuanto a la gestión de estos espacios protegidos y a los usos y aprovechamientos permitidos en los mismos. El sector conservacionista observa muchas ambiegüedades en la redacción del anteproyecto de Ley. “La figura de Parque Nacional es muy antigua y esta reforma no soluciona los problemas tradicionales de gestión y usos de estos espacios”, explica Juan Carlos Atienza, director de SEO-Birdlife.

Una “recentralización encubierta”

Según la norma, el Estado podría intervenir en los parques si considera que la “gestión es inadecuada o ineficiente”. Lo podría hacer porque tendría la potestad de declararlo parque en emergencia “si los mecanismos de coordinación no fueran eficaces para garantizar su convervación”. Desde el Gobierno aseguran que estas medidas se ajustarán perfectamente a la sentencia del Tribunal Constitución de 2004 en la que se fija que la gestión ordinaria de los Parques Nacionales es competencia de las comunidades autónomas. También en caso de catástrofes ambientales como incendios o vertidos podrá intervenir el Estado. “Está claro que los gobiernos autonómicos no recurrirán por cuestiones de protección ambiental, sino por cuestiones competenciales como ha ocurrido con otras leyes como la de Costas”, explica Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

Comunidades como Aragón, Asturias o Andalucía han criticado abiertamente el texto (sometido a información pública hasta el próximo 23 de octubre). Según la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, esto supondría una injerencia en las competencias autonómicas. La comunidad andaluza cuenta con dos parques nacionales de gran relevancia ambiental y símbolo del ecologismo andaluz: Doñana y Sierra Nevada, ambos gestionados por la Junta.

Para Serrano, “que se abra la puerta a actividades lúdico recreativas que en estos momentos están prohibidas, supondría dar marcha atrás en la protección de los mismos y en determinados consensos que hemos conseguido hasta ahora”. Serrano se pronunció al respecto en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la semana pasada en Madrid. La consejera del ramo apeló a que el Gobierno “reflexione y establezca” que este anteproyecto de ley debe ir primero al órgano de participación correspondiente, para que “allí se analice, debata y haya consenso”.

“Medias verdades” en torno a la caza

A pesar de que el ministro Cañete ha negado con rotundidad la posibilidad de autorizar la caza comercial dentro de las zonas de máxima reserva, lo cierto es que el anteproyecto de Ley permitiría ciertas actividades hasta ahora prohibidas. La caza es uno de los aspectos más controvertidos, ya que se sigue considerando una actividad incompatible con los usos de un Parque Nacional, pero se reserva la figura del control de poblaciones. Los ecologistas creen que esta opción puede ser un sumidero a través del que se permita de forma encubierta la caza en estos territorios. Organizaciones como Seo –BirdLife, Ecologistas en acción, WWF o Greenpeace reclaman que se especifique en el documento quién realizará ese control de poblaciones , ya que por ahora no prohíbe que lo haga un privado. “Las declaraciones de los políticos son tajantes, pero el texto no.”, sostiene Juan Carlos Atienda de SEO-Birdlife.

“El Ministerio juega con cuestiones muy técnicas. Hay una diferencia clara entre el plano jurídico y el real. La realidad es que se permitiría cazar en territorio de Parque Nacional; matar animales, aunque jurídicamente sea una actividad de control de poblaciones de determinados animales”, detalla Juan José Carmona, de WWF en Doñana. Mario Rodríguez, director de Greenpeace, afirma que “no puede haber manejo privado en las zonas de máxima protección ambiental del país”. Según Rodríguez, “la ambigüedad y la falta de concreción respecto al control de poblaciones, podría llevar a un concierto privado de esta actividad con las asociaciones de cazadores”. “Lo que hay sobre la mesa es una determinada visión de la conservación que pasa por la mercantilización de los recursos naturales. Incluso en la Ley se contempla la creación de la Marca Parque Nacional”, sostiene.

Hacia el modelo del Parque Temático

“Cañete suele comparar los grandes parques africanos con los de aquí. Y no son comparables”, explica Juan Carlos Atienza, de SEO-Birdlife. Allí tienen una superficie como la mitad de España y una presión humana muy inferior. Ellos quieren que se abra la puerta a actividades económicas para que se pueda autofinanciar un parque. Los parques son patrimonio público y no tienen por qué autofinanciarse. Eso no significa que no estemos de acuerdo con que los municipios desarrollen actividades ligadas al medio ambiente“, recalca.

La reforma del PP quiere dar mayor protagonismo a los propietarios de terrenos que forman parte de estos espacios protegidos. En el borrador, incluso, podían formar parte de los órganos de gestión de los mismos. El sector conservacionista teme desde entonces que ellos puedan ser los beneficiados de las actividades de índole empresarial. Según el texto, los particulares podrán “desarrollar actividades económicas y comerciales, en especial relacionadas con el uso público y el turismo rural”. “Ahí se ha dado cierta marcha atrás”, explica Mario Rodríguez. “Los propietarios podrán formar parte de los órganos consultivos, pero no de los gestores; los que toman las decisiones. La parte interesada no puede decidir sobre el futuro del patrimonio natural público”, afirma tajante.

Se da además la circunstancia de que el presupuesto de este año para las ayudas socioeconómicas que hasta ahora compensaban a estos propietarios por no poder realizar estos usos en sus tierras es de cero euros. Según Carmona, de WWF, “en concreto en Doñana esto no afectaría tanto porque el área de Parque Nacional no tiene mucha población. La mayor parte del territorio está en mano de instituciones: ya sean ayuntamientos, la Junta o la Estación Biológica de Doñana (EBD). Incluso WWF cuenta con unas 3.000 has que ha cedido a la EBD”, explica.

“Tenemos miedo a las enmiendas del Senado y que comience el mercadeo de las disposiciones adicionales a demanda de las comunidades autónomas. Una quiere navegación turística, la otra vuelo sin motor... Al final se convierten en Parques Temáticos. Y lo que no tiene claro la sociedad y el propio Gobierno es qué es un Parque Nacional y qué implica su grado de protección”, concluye Atienza.

Xavier Coller es sociólogo y periodista. Este Catedrático de Sociología es valenciano aunque vive desde hace años en Sevilla, donde investiga e imparte clases en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Coller ha estudiado y enseñado en las mejores universidades del mundo. Entre otras muchas cosas, es el séptimo Catedrático Príncipe de Asturias de Georgetown y director del grupo de investigación Democracia y Autonomías: Sociedad y Política de la UPO. Es, además, uno de los discípulos del recientemente fallecido Juan José Linz, uno de los principales exponentes de la investigación en las Ciencias Sociales españolas.

A lo largo de todos sus años de investigación ha desmontado muchos de los tópicos sobre la vida política española. La entrevista que concede a eldiario.es/andalucia con motivo de la presentación este viernes en la UPO de su estudio El perfil del poder. Radiografía de los parlamentarios andaluces (2008-2012), se convierte pregunta a pregunta en una lúcida disección de algunos de los prejuicios y estereotipos más consolidados en la opinión pública española y que, según muchos de sus estudios, no se corresponden con la realidad.

¿Existe verdaderamente esa “desafección política” que tanto espacio ocupa hoy en el debate público?

Hay mucho rechazo hacia los políticos, que aparecen en todas las encuestas desde el año 2009 como el tercer problema de España. Hay mucha preocupación por quiénes son los que nos están representando. Es decir, a la hora de votar, piensas “voy a votar a una serie de personas que yo no quiero en mis instituciones”. Entonces, al final la gente dice: ¿Para qué voy a votar?. Es una desafección hacia el juego político, pero no hacia el régimen democracia. La gente cree en la democracia y sus principios. Sí que hay un distanciamiento de los políticos y la política tal y como se maneja, como se está conduciendo. También hay que decir que, en la última encuesta del CIS, los políticos han pasado de ser el tercer problema al cuarto. No está mal... Han bajado un escalafón.

¿Y es España un país corrupto?

Esto es la profecía autocumplida, es un concepto que manejamos los sociólogos. Si dos personas creen que una situación es real, aunque no lo sea, será real en sus consecuencias. Eso pasa con la corrupción en España. España no es corrupta, pero sufre las consecuencias como si lo fuera. Los datos lo muestran. Hay corrupción como en todos los países. Hay más corrupción en el litoral, por la burbuja inmobiliaria, la liberalización del suelo, los ayuntamientos, la compra de favores. España no es corrupto en términos generales. Hay corruptelas múltiples, las de baja intensidad, siempre han existido. Ahora bien, en corrupción más grave de saqueo del dinero público estamos por debajo de Francia, al nivel de Italia.

Desde la esfera política en ocasiones han tildado al 15M y sus distintas manifestaciones y ramificaciones (asambleas, mareas) como un movimiento apolítico, ¿Cómo se marca qué es y qué no es política?

Son movimientos políticos claramente en la medida en que están preocupados por el bien común. Ellos aportan muchísimas ideas. Otra cosa es que esas ideas sean homogéneas o sean un batiburrillo de buenas intenciones. Son movimientos claramente políticos, pero no alineados con partidos. Están precisamente debatiendo sobre la gestión y el reparto del bien común: ya sea la educación, la sanidad, el agua, o las propias instituciones de representación.

Entonces, ¿se ha adelantado la ciudadanía a la política?

Totalmente, pero ha sido siempre así: en la Revolución Francesa e incluso el Ayatolá Jomeini. La ciudadanía siempre se adelanta. Pero hay otras cosas que son importantes. La gente está harta, por ejemplo, de la narrativa de la transición, pero yo creo que es un error este hartazgo. Ahora bien, están hartos. Lo acepto. Lo que hay es una brecha generacional. Muchos jóvenes están diciendo: a mí no me cuentes historias. Yo quiero ser protagonista de la historia. Lo que hay en realidad es un intento de superación del Edipo. Ustedes son los padres y los abuelos de lo que tenemos aquí. Ahora me los cargo y yo invento las cosas nuevas.

Esto es el gran problema que ha tenido España desde el siglo XIX. Aquí cada uno que venía inventaba la rueda de nuevo. Lo seguimos padeciendo. Cada vez que llega un ministro de Educación hay una nueva Ley. ¿Cuál es la gran diferencia respecto a otros países?. En otros países se han mantenido ciertas líneas de continuidad independientemente de los mayores o los jóvenes o los partidos en el Gobierno y ha garantizado que la sociedad pueda prosperar sin grandes sobresaltos.

El mayor período sin sobresaltos ha sido la Transición y cada vez son más las voces críticas respecto a la narración que se ha construído sobre él...

Mucha de esa reacción contra el relato de la Transición esconde un quitáte tú que me voy a poner yo. Que tú ya no me sirves, Víctor Manuel o Ana Belén. Y hay que pensar, ¿Qué has hecho para reclamar el derecho a ponerte?, ¿y por qué tú y no este otro?. Ahí se plantea el dilema de la legitimidad y con qué objetivo se quiere desmontar la narrativa de la Transición.

Si históricamente España no mantiene líneas de continuidad, ¿por qué ese recelo a la reforma de la Constitución?

Es que es muy díficil reformarla, pero alrededor del 80% de los parlamentarios están de acuerdo con que hay que reformarla. Ese dato es de un estudio nuestro. La Constitución en sí misma generó los mecanismos necesarios para su posible reforma y necesitaría un acuerdo, un consenso muy amplio en el espectro político.

Hay muchos motivos para reformarla. Eso está claro. Hay que mirarlo con detenimiento. Especialmente con el clima de desprestigio de la élite política hoy en día. Podría suponer un escenario de una cierta inestabilidad política. Desde una posición de responsabilidad de Estado, eso hay que medirlo muy bien. En estos momento, con una crisis económica, y sobre todo con el nivel de desatención que tienen unos partidos con otros.

¿Se gobierna hoy a golpe de decreto?

Son tics de gobierno. Esperanza Aguirre gobernaba así. Es una forma legítima, pero no conveniente porque hurtas al Parlamento una de sus funciones vitales: debatir y discutir las leyes. Forma parte de la tendencia moderna de la democracia parlamentaria: el ejecutivo quiere tener el poder sobre el legislativo. Ya sea gobernando vía decreto, o presentando proyectos de Ley que respalda su mayoría absoluta, se observa esa tendencia. También se le roba a la ciudadanía la posibilidad de escuchar a sus representantes, ver cómo debaten, cuáles son sus argumentos.

¿Un partido gobierna para sus votantes o para el conjunto de la ciudadanía?

Eso en Sociología se llama sesgo muestral. Los políticos conocen lo que conocen y lo que conocen es muy concreto. Han sido socializados en una familia muy concreta. Unos y otros, claro. Han ido a una escuela muy particular, han tenido experiencias de vida muy concretas. Conocen eso y desconocen muchísimas cosas. Entonces, cuando ellos gobiernan, lo hacen con el convencimiento de que gobiernan para el conjunto de la sociedad. El problema es que es sólo la sociedad que ellos conocen, no responde a un genérico. No suelen tener experiencias vitales trasversales. Su concepción de la sociedad es muy limitada.

Según sus estudios, ¿sirve el Senado? Su ineficacia es otra creencia muy extendida en las calles.

Claro que sirve. Los países unicamerales son muy pocos y pequeños. En un país como el nuestro con la diversidad geográfica, lingüística y cultural que tenemos, lo normal es que haya Senado. ¿El Senado actual cumple? A lo mejor no, pero es cuestión de plantearlo. En Irlanda se hizo un referendum para eliminarlo y al final han votado por su continuidad.

¿Se podrá llevar a cabo el referendum catalán?

Cuando se plantea un referendum de estas características hay siempre una batalla. La primera es ¿quién vota? Es decir, quién va a tener el derecho a votar. ¿Votarán los catalanes que viven fuera?, ¿los de padres y madres catalanes, pero que viven en el extranjero?, ¿los que viven en el territorio y no están regulados?. La primera lucha es el censo. La segunda lucha es la pregunta, ¿qué se les va a preguntar?, ¿usted quiere ser independiente: sí o no? Depende de eso pueden salir de una cosa u otra.

Los expertos son conscientes de esto. Ahí están los grupos nacionalistas que quieren la independencia luchando por la pregunta más simple. Cuando simplificas la realidad, las posturas más radicales son las que ganan. Las que consiguen generar masa crítica son las que ganan. La realidad desafortunadamente tiene muchos matices de grises. No es blanco o negro. La tercera lucha es la de la mayoría. ¿Con cuánto se va a adoptar, con el 51%?, ¿qué haces con el 49% restante?. Ya tienes a una sociedad dividida. ¿Con dos tercios? Empiezas a anticipar esas batallas y el asunto adquiere tal complejidad que muchas personas se preguntan ¿Merece la pena?

En 2012, unos 1400 estudiantes se doctoraron en las universidades andaluzas, según recoge un Estudio de la Situación Laboral de los Egresados realizado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). No obstante, en los últimos años realizar estudios de tercer ciclo se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchos de ellos. Un camino más largo (uno o dos años de máster más cuatro años de redacción de tesis), más caro y con continuos cambios en la normativa que regula estos estudios debido al proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

Aunque es pronto, algunas estadísticas ya reflejan datos significativos. Si hace dos años 1476 estudiantes se matricularon en estudios de tercer ciclo en la Universidad de Sevilla (Según su Anuario) , el curso pasado la cifra bajó hasta los 931 universitarios. Más desigual es el número de graduados: frente a los 573 del curso 2011/2012, el año pasado tan sólo leyeron su tesis doctoral 126 alumnos. Una cifra que no supone ni el 0,2% del total de los estudiantes matriculados en este centro. Inaugurado ya el curso académico, el propio rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, admitía que este año la matriculación total ha caído un 10%.

“Es probable que ahora comiencen a visualizarse los problemas para afrontar los pagos que ya hemos visto en los Grados”

“Muchos másteres no llegan al mínimo de nivel de excelencia que se presupone para un postgrado universitario”, apunta Manuel Asenjo, un estudiante del Máster de Relaciones Internacionales. “Un máster oficial debería ser mejor que cualquier otro. Yo creo que tienen un coste desproporcionado si lo comparamos con la calidad de la formación que estamos recibiendo. Lo que pasa es que con la reforma de Bolonia, la universidad tuvo que preparar los másteres rápido y mal”, añade.

La matrícula de Manuel el año pasado casi rozaba los 2000 euros y el endurecimiento de los requisitos del Ministerio de Educación para obtener una beca lo han dejado fuera: “Tengo un 6,4 de media en la licenciatura. Al final me la han denegado”, cuenta. Este abogado compagina su actividad académica con un trabajo a media jornada y explica a eldiario.es/andalucia que afrontar el pago del máster le ha supuesto un gran esfuerzo.

La historia de Manuel podría ser la historia de muchos otros universitarios. Pese a la bajada del 34% que anunció este verano la Junta de Andalucía, que está optando por la cifra más baja entre las horquillas ofrecidas por el Ministerio, y que se volvió a establecer un precio unitario del crédito, estudiar un máster oficial hoy en una universidad pública andaluza sigue siendo mucho más caro que hace dos años. En Andalucía, cuesta una media de 2490 euros (41,50 euros el crédito de todas las especialidades en primera matrícula). Una factura que prácticamente triplica la cuantía que tenían que pagar los universitarios que optaban por cursar los antiguos programas de doctorados. Y esto sucede en Andalucía, que es una de las comunidades donde va a resultar más económico estudiar en la universidad.

“La realidad es que ahora mismo un postgrado no es algo opcional. Es indispensable para ser competitivos en el mercado laboral”, afirma Frabricio Saquilán, vicepresidente de la Coordinadora Andaluza de los representantes de estudiantes. “Estos años va a haber un aumento de las matriculaciones porque están titulándose las primeras promociones de Bolonia y encima la falta de empleo invita a alargar los estudios. Es probable que ahora empiecen también a visualizarse los problemas para afrontar los pagos que ya hemos visto en los Grados”, añade. “Nosotros ya hemos pedido a la Junta que ante el aumento de las matriculaciones en los postgrados, impulse paquetes de ayudas específicas”, asegura.

Recortes en Becas

Las tasas relativas a la tutela académica de la tesis no son excesivamente cuantiosas, ya que ascienden a unos 60,30 euros el curso. No obstante, la culminación del doctorado supone un proceso de tres a cuatro años de investigación (tras haber cursado un máster de un año o dos según su carga lectiva), en los que, a juzgar por los recortes, son pocos los alumnos que pueden realizar estos estudios con beca. “Si hablamos de doctorados, todavía es pronto para analizar una bajada de egresados porque los que están leyendo su tesis probablemente vienen de las convocatorias de becas de 2008 y 2010. Queda por ver qué pasará con las promociones que empezaron con los recortes”, explica Jesús Cambrollé, miembro de la Asociación de Investigadores de la Universidad de Sevilla (ADIUS).

En 2012, Wert anunció la bajada de un 15% del presupuesto asignado a las becas predoctorales, las ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU), destinadas a “promover la formación en programas de doctorado de solvencia formativa e investigadora para aquellos que deseen orientar su actividad profesional hacia la investigación y a la docencia universitaria”. El año anterior ni se convocaron y muchos universitarios continúan a la espera de que salgan las de este curso académico. El presupuesto asignado en 2012 se redujo de 72 millones de euros a 59 millones.

Una suerte parecida han corrido las FPI procedentes del Ministerio (La Junta de Andalucía también tiene una convocatoria en esta modalidad). El pasado 14 de agosto se publicaba el en BOE la convocatoria de Ayudas para Contratos Predoctorales, una iniciativa similar a las tradicionales FPI, pero con una menor partida presupuestaria.

“El futuro pasa por la emigración o directamente dejar de investigar”

María Rodríguez es becaria del departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones de la Facultad de Económicas de Sevilla. Se licenció en 2003 y pudo acceder en 2009 a las ayudas para la Formación de Personal Investigador (FPI) de la Junta de Andalucía. “Es una beca de cuatro años: uno de estudio y tres de contrato”, afirma Rodríguez. Según la becaria, “Yo doy clases como un profesor más, pero a la vez tengo que investigar y cumplir con congresos y publicaciones. Realmente es difícil compaginar las dos actividades y entregar la tesis en el tiempo establecido”. A María lo que más le preocupa es su futuro más reciente. “Yo he tenido suerte y cuento con una beca, pero una vez termine no sé qué va a pasar con nosotros. En la Facultad hace falta gente, pero no salen los contratos”, cuenta.

José Ramón Moreno, Licenciado en Biotecnología por la Universidad Pablo de Olavide es becario FPU y afronta su último año antes de entregar la tesis. Investiga para el IRNAS, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, dependiente del CSIC. “Creo que opté a la última convocatoria sin problemas de las FPU. A partir de 2010, comenzarón a saltarse convocatorias, retrasarlas. A muchos compañeros hay meses que no les pagan y luego les llegan dos mensualidades de golpe”, explica. Y añade: “Algunas veces pasan cosas raras. Por ejemplo, yo pedí una estacia a Corea y como hubo menos solicitudes que plazas, decidieron en mitad de la convocatoria reducir el número de vacantes”, añade.

Según Moreno, “en España tu futuro depende del azar. El paso natural después de la tesis sería una beca o contrato postdoctoral. Para eso los laboratorios, las empresas, tienen que invertir dinero en proyectos y ellos también están recortando por todos lados”. “La gente que me rodea se plantea que su futuro pasa por la emigración o directamente dejar de investigar y dedicarse a otra cosa”, concluye tajante.

Con más de 167.000 ha, el Parque Natural Los Alcornocales es la reserva de Alcornoques más grande de Europa. La finca forestal La Almoraima, situada en los términos municipales de Castellar de la Frontera, San Roque, Los Barrios y Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, supone con sus 14.101 ha de extensión casi un 10% del espacio protegido. Es un lugar emblemático tanto por su valor ecológico (cuenta con uno de los últimos reductos de bosque tropical del continente y es una de las zonas fundamentales de refugio de alimentación de las aves en su paso migratorio) como por su importancia en la lucha agraria de la zona, ya que fue expropiada a Rumasa en el año 1983 dando fin a uno de los latifundios más grandes del pais.

“De todas las noticias nos hemos ido enterando por los medios de comunicación”, explica el alcalde de Castellar de la Frontera, Juan Casanova (IU). “La empresa que gestiona la finca redactó un Plan Especial de Ordenación de Uso con hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y un aeródromo. Incluso se ha barajado un precio de venta de 180 millones de euros. Todo esto nos hace pensar que se va a continuar con el modelo del ladrillo, que es precisamente el que nos llevó a esta crisis”, sostiene su alcalde. La Almoraima supone el 80% del término municipal de este pueblo gaditano.

“El Gobierno no está para cuidar vacas o extraer corcho”

La venta no entrañaría ningún problema legal. La Almoraima es una sociedad anónima cuyas acciones están en manos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con la sociedad gestora de la finca, Almoraima S.A, que ha admitido la existencia de ese plan. Su gerente, Isabel Ugalde, ha confirmado el proceso de venta, aunque admite que no será fácil encontrar un comprador. Según Ugalde, la sociedad perdió el año pasado 1,2 millones de euros. “La decisión de la venta existe, falta ponerla en práctica y la propia transacción. La idea del plan es fijarse en el desarrollo de provincias como Málaga, frente al subdesarrollo de la provincia de Cádiz”, afirma. En La Almoraima, además de cultivos y la explotación de Alcornoques, se construyó un hotel en un antiguo convento rehabilitado y se realizan actividades vinculadas a la cacería y el turismo rural. En total cuenta con 50 trabajadores fijos y 40 eventuales.

“Es importante aclarar que elementos como el hotel se contemplan en el plan, dentro de las 1.500 ha de la finca que no están dentro del Parque Natural”, explica Ugalde. “Todo está diseñado acorde a la legislación vigente: al POTA, a los PGOU a los planes subregionales, a la Ley del Suelo Andaluza”, añade. “Para llevar a cabo el plan no es estrictamente necesario la venta. Ahora bien, el Estado quiere vender porque hay que establecer prioridades, más en una época de austeridad como ahora, y un Gobierno no está para criar vacas o extraer corcho. La finca no se va a mal vender, la intención es conseguir un precio elevado y así beneficiar al conjunto de los españoles. ¿Qué se prefiere: pagar la deuda o las pensiones o cuidar vacas?”, recalca.

El Campo de Gibraltar se moviliza

Las primeras muestras de oposición han surgido en Internet. Una petición iniciada por un vecino de Castellar de la Frontera para reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “no venda el 10% del Parque Natural de los Alcornocales” ha reunido más de 30.600 firmas de apoyo desde el pasado día 15 de septiembre a través de la plataforma Change.org. La petición alojada en la plataforma social afirma que es “un escándalo para los habitantes de los pueblos vecinos, como aquí en Castellar, donde el proyecto se percibe como una amenaza para la forma de vida local”.

Las reivindicaciones ciudadanas han calado también en los distintos ayuntamientos, sindicatos y asociaciones de la comarca. Por eso, esta semana se creará una plataforma abierta para la defensa de La Almoraima. A ella se unirán los principales partidos políticos (entre los que se encuentra el PP del municipio) y el comité de empresa de la La Almoraima S.A, así como CCOO, UGT, el SAT, la CGT o la organización ecologista Agaden.

“Llevamos mucho tiempo viendo cómo en vez de invertirse en los aprovechamientos de la finca, en el mantenimiento forestal y en sacarle rendimiento agrícola, se invierte sólo en infraestructuras y se justifica que la finca sólo genera pérdidas”, afirma el alcalde de Castellar. Según Casanova, “nosotros propusimos la creación de una fábrica de transformación del corcho y una planta de biomasa que generara energía limpia. En proyecto podría suponer la generación de entre 40 y 100 puestos de trabajo directos”. Cifras muy significativas para un municipio como Castellar de la Frontera con una población de 3.200 habitantes y una tasa de paro superior al 30%.

Los ecologistas piden que la Junta intervenga

“Si nos fijamos en cómo se han desarrollado otras zonas cercanas como Sotogrande, en el que el precio de las casas está en torno a los 2.000 euros el metro cuadrado, no podemos pensar otra cosa más que se pretende construir y construir y fomentar el turismo de lujo sin fomentar el desarrollo sostenible de la zona y crear empleos relacionados con el aprovechamiento de los recursos que ofrece la finca”, explica Quico Rebolledo, presidente de la asociación ecologista Agaden.

“Según el Gobierno, la finca genera déficit y de ahí que quieran venderla, pero ¿cómo pueden generar pérdidas 16.000 ha? Es evidente que no se está gestionando adecuadamente”, recalca su compañero de Agaden, Juan Antonio Carrasco. “Una solución sería que la Junta declare esa zona Monte de Utilidad Pública. Así sería muy difícil la venta”, explica Carrasco. “También podrían ejercer su derecho de tanteo en la venta y comprarla”, añade.

“La bici ya no es una el medio de transporte de los tiesos”, con esa expresión ha comenzado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, la presentación institucional del Plan Andaluz de la Bicicleta, una herramienta de planificación de infraestructuras ciclistas y fomento del uso de la bici que supone un ambicioso paso hacia la consecución de un modelo de transporte público ambiental y económicamente sostenible, en el que “la bicicleta es el eje estratégido de su consolidación”.

Cortés ha reiterado que la consecución de este plan (hasta el próximo 26 de septiembre continúa en proceso de alegaciones) es una muestra más del compromiso del Gobierno andaluz por apostar por un sistema de transporte público coherente. “Siempre hemos apostado por un modelo de ciudad compacta, inclusiva y sin viviendas vacías. La mitad de los ayuntamientos andaluces forman parte de nuestro programa La Ciudad Amable y este plan es una aportación que se integra a estas políticas”, ha asegurado la consejera.

Hacia el 10% de la cuota modal

Según Cortes, “no hay inversión más asequible y sostenible que la bicicleta y no hemos desaprovechado absolutamente nada de las infraestructuras existentes. La bici se une al éxito del autobús metropolitano en la comunidad, con 41 millones de usuarios. Da impulso a los trenes de media distancia, tan afectados últimamente por los recortes del Gobierno central, y viene a consolidar el sistema de transporte público andaluz. El metro de Sevilla, por ejemplo, está demostrado que es el que mejor aguanta la crisis”.

José Antonio García Cebrián ha sido el encargado de explicar punto por punto el ambicioso plan que se sostiene principalmente en la idea de que “la migración del coche a la bicicleta en los desplazamientos diarios de los andaluces se convierta en realidad” y en “la consecución de un transporte público intermodal, que permita el cambio de transporte en un trayecto con facilidad y que conecte las áreas metropolitanas de forma útil y cómoda”.

Frente al 30% de la cuota modal del uso de la bici en países como Holanda o del 19% danés, el PAB pretende llegar al 10% en 2020, horizonte de aplicación de este proyecto. Partiendo de datos como el 9% sevillano que se reduce a escalas muy pequeñas en otras capitales andaluces, como el 0,4% granadino. “Estas infraestructuras impulsarán el uso de la bicicleta y generarán otros sistemas de bicis públicas en distintas ciudades. En Sevilla, por ejemplo, Sevici cuenta en relativo poco tiempo con más de seis millones de desplazamientos”, explicó García Cebrián.

Un ahorro de 413 millones de euros

El Plan prevé la creación de más de 1000 kilómetros de carril bici y calcula una inversión de 402 millones de euros. Según el viceconsejero: “Si realizamos cálculos del ahorro por emisiones de CO2, por consumo de combustible, reducción de importación de barriles de crudo, la inversión se amortizaría en un año y supondría el ahorro de 413 millones, por lo que no hay inversión más rentable”.

García Cebrián desveló provincia a provincia, aportando información técnica de los trazados, el número de kilómetros de amplicacion de carriles bici y su incorporación a las vías ya existentes. Destacó por ejemplo, el cambio que experimentará tanto la ciudad como la zona de la Bahía de Cádiz de la que afirmó que “problablemente será la vía ciclista más bonita del mundo”. En esta provincia el plan plantea unir la capital con los municipios costeros como Puerto Real y San Fernando e ir abriendo su abanico hasta otros como Chipiona. Además, esta red se unirá a las infraestructuras existentes de la red regional (en Andalucía existen más de 3000 kilómetros que gracias a este plan se equiparán y señalizarán).

Fomento de planes sectoriales

Fomento de planes sectorialesEste plan será financiado en un 75% por la Junta y un 25% por los ayuntamientos de las ciudades que se contemplan: las ocho capitales, Jerez y Algeciras. Según Fomento, ya se han iniciado los contactos en el marco de los convenios con los distintos municipios para ver cómo se van planificando todas estas medidas. Del acuerdo con las administraciones municipales dependerá su nivel de ejecución.

El viceconsejero de Fomento ha destacado también que el PAB “no es sólo la suma de infraestructuras”, ya que “supone una apuesta por la integración de distintos planes sectoriales con otras administraciones como puedan ser Turismo, Empleo o Sanidad, con las que ya hemos iniciado contactos también”. García Cebrián recalcó que estos planes “requieren una inversión mínima y generan un gran beneficio como el impulso del comercio local, la reducción del absentismo laboral, la reducción de visitas al médico, o el nacimiento de programas turísticos vinculados a la bicicleta”.

La Consejería de Fomento y Vivienda presenta este jueves el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), una herramienta de planificación para el desarrollo de las infraestructuras y el fomento de los hábitos ciclistas en la comunidad. Su objetivo primordial es crear una Red Andaluza de Vías Ciclistas impulsando el uso de la bici tanto a nivel autonómico como urbano y metropolitano. Como ya ha resaltado en varias de sus intervenciones la consejera del ramo, Elena Cortés, la intención es hacer de la bici una alternativa real como medio de transporte frente al coche en las ciudades andaluzas.

La apuesta decidida de la Junta por la bici pasa también por haber aprobado por primera vez una partida específica para este medio de transporte en los presupuestos andaluces. Diez millones de euros como un primer paso para desarrollar un nuevo modelo basado en la movilidad sostenible (ambiental y económicamente) y en el transporte público. El Plan Andaluz de la Bicicleta pretende conseguir desde 2014 a 2020 que la cuota de desplazamientos habituales en bicicleta en las ocho capitales de provincia más Jerez y Algeciras llegue al 10%, un 15% en el caso de Sevilla, ciudad con el porcentaje más alto de traslados habituales en este vehículo de dos ruedas.

Las cifras: 402 millones de euros y 1.000 kilómetros más de carril

Con una inversión prevista de 402 millones de euros, este presupuesto se repartirá entre las distintas infraestructuras necesarias para consolidar el nuevo trazado de vías ciclistas. Tanto a nivel de inversión como de construcción de estos carriles, el plan presta mucha atención al desarrollo de las áreas metropolitanas con núcleos de alta concentración de población y de cuya implantación depende el éxito del modelo y el desarrollo de un transporte que sea realmente intermodal. De esta inversión prevista, 177 millones se dedicarán a las redes urbanas, 156 millones a las áreas metropolitanas y 69 millones para las regionales.

A los 908 kilómetros totales de carril existentes ya en Andalucía, se sumarán los 1064 kilómetros nuevos de los cuáles se construirán 299 km en las redes urbanas y 764 en las áreas metropolitanas. A ellos hay que sumar 3.000 kilómetros de vías de carácter regional, en su mayoría ya existentes, en las que se trabajará en equipamiento y puesta a punto, además de en la señalización y conexión.

El caso sevillano, una referencia

El PAB toma como referencia el caso de Sevilla. Según el documento diagnóstico, “con una inversión de 30 millones de euros y un coste de mantenimiento mínimo, las vías ciclistas de Sevilla (considerada la cuarta mejor ciudad del mundo para la bicicleta por detrás de Amsterdam, Copenhagen y Utrecht) constituyen un caso de inversión pública óptima por su máximo rendimiento en la movilidad, comodidad, seguridad y ecología de la ciudad”.

El éxito sevillano viene respaldado por los datos: La capital ha desarrollando durante los últimos diez años una red de vías ciclistas de que permiten 72.000 desplazamientos diarios, más de 20.000 de los cuales son restados directamente al coche.

Un modelo participativo

El plan se ha realizado de forma participativa con asociaciones de ciclistas, expertos, consorcios y Administraciones que han ido dando aportaciones al documento. asegura el documento. En su proceso de redacción han participado además de los municipios, a través de la FAMP, y la Junta, colectivos destacados por su defensa de la bici, como Granada al Pedal, Ruedas Redondas, Al Pedal de Almería, la Plataforma Carril Bici de Córdoba y la asamblea ciclista de Sevilla A Contramano.

La coordinación con las diputaciones y ayuntamientos será esencial para el buen desarrollo del PAB, ya que son precisamente los ayuntamientos los que deberán aportar el 25% del coste de las infraestructuras. Además, según recoge el documento previo, la administración municipal “deberá poner a disposición de la Junta los terrenos donde se ejecuten las obras, sin exigir tasas, licencias u otros aranceles, y asumir la conservación de la red ciclista, una vez ejecutadas las obras y recepcionadas, al tratarse de espacios de titularidad municipal”.

Una apuesta por la intermodalidad

El proyecto establece redes en cada provincia (tanto en la ciudad como en las áreas metropolitanas) atendiendo a lo ya existente y a las necesidades de transporte de la población para crear un sistema de carriles que fomente la conectividad y el uso de distintos transportes para moverse, lo que los expertos llaman intermodalidad. Hasta ahora, la intermodalidad está poco desarrollada en la comunidad con escasas propuestas como pueda ser Bus-Bici del Consorcio de Transporte de Sevilla.

De esta forma, se planifican 90 kilómetros de vías en Almería; 148 en la Bahía de Cádiz; 107 kilómetros en el campo de Gibraltar (Algeciras y área metropolitana); 42,6 en Córdoba; en Granada, 110 km; en Huelva, 182 kilómetros; en Jaén 36,4; en Málaga, 154,9 y otros 190 kilómetros en la provincia Sevilla. Los nuevos trazados están planificados en las ocho capitales de provincia de Andalucía, más Jerez de la Frontera y Algeciras. En Málaga, se vincularán Marbella y Estepona; en Sevilla, se unirá la capital con Dos Hermanas y Alcalá; y en la Bahía de Cádiz, está prevista la conexión por carriles entre San Fernando y Chiclana.

Beneficios económicos sociales y ambientales

Según el documento diagnóstico del PAB, otro de sus objetivos es conseguir que se cumpla el derecho de los ciudadanos a la movilidad haciendo extensivo este medio de transporte útil y seguro. Este texto también señala los beneficios ambientales y para la salud del uso de la bicicleta. Pieza clave también para la reducción de la contaminación del aire y la contaminación acústica de las ciudades. Tomando como vara de medir el caso sevillano, anualmente se dejan de emitir unas 8.000 toneladas de CO2, lo que supone un ahorro de combustible de unos dos millones de euros.

Según los datos del informe de sostenibilidad realizado para el plan (elaborado con cálculos diarios de desplazamientos en bicicleta con una cuota del 10%), este plan lograría que se realizaran una media de 1,1 millones de desplazamientos diarios, suponiendo una reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera de 708,79 toneladas al día. El informe prevé, además, que Andalucía dejaría de importar 350.000 barriles anuales de petróleo, lo que equivaldría a un ahorro de 26,8 millones de euros al año. Esta reducción de emisión acarrearía a su vez un ahorro de unos 1,9 millones de euros al año.

Las cifras hablan solas: con 138 kilómetros de carril bici y 72.000 desplazamiento diarios (lo que ha supuesto una reducción de 20.000 desplazamientos en coche) Sevilla es la ciudad andaluza con más ciclistas urbanos. Los traslados en bicicleta suponen ya un 10%. En Granada, pese a no contar con una infraestructura tan potente, los números son también esperanzadores: el 53% de sus desplazamientos se realizan a pie y su comunidad universitaria se decanta por la bicicleta como el medio de transporte más utilizado (llega al 8% ya). “Está claro que el fomento de la bici en las ciudades repercute en la economía y genera actividad económica y empleo”, explica Gerardo Pedrós, miembro de la Federación Andaluza por la Bicicleta. Según Pedrós, “no sólo se crean tiendas, sino los talleres relacionados, los servicios de alquiler, actividades educativas y turísticas, e incluso a la hora de construir y mantener las infraestructuras se licitan a distintas empresas locales que antes no contaban con esos ingresos”.

En esta Semana Europea de la Movilidad se habla de infraestructura, y también del desarrollo sectorial de la misma. Un desarrollo que en los últimos años ha ido cobrando significado de la mano de distintos emprendedores que han centrado sus ideas de negocio en el mundo de la bicicleta. La mayoría de ellos, además, se decanta por modelos basados en la economía social. Como si estuvieran inspirados en el movimiento internacional Masa Crítica (marchas espontáneas en muchas ciudades del mundo para reivindicar el espacio de las bicis), estas jóvenes empresas tienen un punto fundamental en común: creen en la bici como el motor del cambio social y económico.

“Elegimos ser una cooperativa por la ideología que tenemos como empresa”

Tres socios, un ingeniero de electrónica, uno de mecánica y un Licenciado en Empresariales, fundaron recientemente en Córdoba La Vuelta al Mundo, una cooperativa que es tienda y taller de reparación, servicio de mensajería en bicicleta y servicio de asesoría y formación tanto para usuarios como empresas e instituciones. “Elegimos ser una cooperativa por la ideología que tenemos como empresa”, cuenta Andrés Raya, uno de sus socios. “No estábamos contentos con la vida laboral que teníamos y queríamos realizarnos”, añade.

Su vía de realización profesional está obteniendo desde el primer momento buenos resultados y, como muestra, recientemente han sido ganardonados con el Premio Arco Iris a la Mejor Experiencia de Cooperativa Juvenil. “En Córdoba el uso de la bici está creciendo mucho y hay un movimiento ciudadano grande en torno a él. Todo eso pese a la infraestructura obsoleta con la que contamos. Fuimos los primeros en tener kilómetros de carril bici a los que no se les dio continuidad ninguna”, explica. Para Raya, “la bici es una herramienta sostenible económicamente y ambientalmente, por lo que creo que tienes muchas posibilidades”.

Los datos le dan la razón a este joven cordobés. En España ya se venden más bicicletas al año, unas 780.000, que coches. La venta de este vehículo de dos ruedas supone el 4% del total de las ventas de la Unión Europea. Pero más allá de una visión empresarial, lo que le sobra a la mayoría de los emprendedores que se decantan por impulsar su negocio pedaleando es pasión y afición.

Recicleta: dale una segunda oportunidad a tu bici

Kike Casanova, otro de los socios de La Vuelta al Mundo lleva años desarrollando una labor totalmente altruista y que raya el voluntariado social con Recicleta. “Hace cinco años, un grupo de amigos decidimos darles salida a las bicis que estaban guardadas en casa, en los balcones. Empezamos en la cochera de uno de ellos, otros comenzaron a cedernos bicis viejas y nosotros las arreglábamos, dándoles una nueva vida y cediéndolas a personas que las necesitan durante un tiempo”, afirma. “En el mejor año hemos llegado a arreglar unas 30 bicicletas. La bici es un estilo de vida, necesitas menos para vivir”, apostilla. Casanova habla en pasado porque desde enero de 2013 no cuentan con local para desarrollar la actividad: “Ahora está en stand by, pero animo a la gente a que nos ceda un espacio y podamos seguir arreglando bicicletas”.

Salir de las filas del INEM pedaleando

Sevilla es probablamente una de las ciudades andaluzas con más empresas unidas al ámbito ciclista. Mama's Fruit, por ejemplo, es una empresa creada este mismo año. Se dedican a la venta de tarrinas de fruta cortada montados sobre triciclos y apuesta por dar empleo a personas con riesgo de exclusión social, por lo que al transporte sostenible y la dieta saludable, se une también la vocación de que se actividad repercuta positivamente en su ciudad.

Otro caso es el de Bici4city , una de las empresas pioneras en la capital andaluza tanto a la hora de ofrecer cursos de formación para adultos como tours turísticos en bicicleta por los principales monumentos de la ciudad y con audioguías que facilitan al visitante la información que necesita.

Veloces es una cooperativa que se creó en diciembre de 2012. Sebastián Miranda, uno de sus socios, comparte la visión de algunos de sus compañeros: “La forma de organizarse y la filosofía de las cooperativas se acerca a nuestro proyecto, de ahí que nos hemos decantado por esta fórmula jurídica”. “Creo que es un momento estupendo para desarrollar todas las ideas posibles en torno a la bici y para impulsar empresas jóvenes y con planteamientos sostenibles”, sostiene.

Según Miranda, “los clientes todavía no apuestan tanto por nosotros por la vertiente ecológica, sino por lo económico. Tenemos precios bastante competitivos”. Idea que no comparte Fran Verdugo que optó por capitalizar su prestación de desempleo y montar BiciCreando, una empresa de mensajería y publicidad móvil en bici. “Creo que cada vez más clientes me eligen porque su empresa va adquiriendo una responsabilidad con el medio ambiente y quieren ser coherentes”, subraya Verdugo. “Está claro que el precio tiene mucho que ver porque prestamos un servicio un 15% más barato que un mensajero en moto”, matiza.

Biciescuela pone el acento en la formación

Biciescuela pone el acento en la formación Jorge Tatay es miembro de la Biciescuela, un proyecto granadino que apuesta por lo que ellos llaman el bikehability. Es decir, dotar de herramientas y competencias a los ciclistas urbanos para que se sientan autónomos y libres a la hora de transitar por su ciudad. “En Europa, los programas de educación relacionados con la bicicleta son gratuitos y obligatorios en la educación secundaria”, afirma. Un ejemplo exitoso de los cursos que ofertan es el programa de movilidad sostenible que han desarrollando en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada: “Dimos clases de conducción a sus 200 trabajadores y colocamos aparcamientos seguros para generar confianza. El resultado es que el 5% de su plantilla ahora va en bici siempre a trabajar”, explica.

Tatay se muestra crítico con la forma en la que se está fomentando el uso de la bicicleta en Andalucía en los últimos años. “Se intenta exportar el modelo sevillano, pero las ciudades son muy distintas. Por su orografía y sus calles estrechasas, Granada tendría muchos problemas a la hora de construir un carril bici en condiciones. Al final sería incómodo, poco seguro y se colapsaría”, recalca. Según Jordi, “creo que es más rentable invertir en formación y asegurarnos de que la gente sepa conducir la bici en la ciudad, incluida la calzada, y no gastar millones de euros en infraestructuras, que siguen reproduciendo la cultura del cemento”. “Vitoria ha tenido que rectificar en sus políticas de modalidad al darse cuenta de que el 51% de los ciclistas invadían las aceras y está empezando a apostar por la formación”, concluye.

Ricardo Marqués es presidente de A Contramano, la asamblea ciclista de Sevilla que en 2009 recibió la Medalla de Oro de la ciudad por su larga lucha por el fomento del uso de la bicicleta y la conquista del espacio urbano por parte de los ciclistas. Catedrático de Electromagnetismo de la Facultad de Física, actualmente también es el director y principal impulsor del Servicio Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla (SIBUS), un sistema de préstamo pionero en España. Apasionado de la bicicleta (confiesa no salir de casa sin ella) es un convencido y firme defensor del vehículo de dos ruedas como la herramienta necesaria y fundamental para que los modelos de ciudad cambien, sean realmente sostenibles, más habitables y felices.

¿Cómo valora los avances en el uso de la bicicleta en las ciudades andaluzas?

El mayor logra a nivel andaluz es el caso de Sevilla y de ahí que esté siendo ejemplo en la comunidad internacional y recibiendo reconocimientos allá donde se conoce. Supuso la ruptura frente a ese viejo prejuicio español de que aquí no se podía usar la bici como en los países del centro y el norte de Europa. Y ahí estamos, el 10% del transporte urbano sevillano se realiza en este medio. Eso sí, tenemos muchos problemas. En Sevilla, por ejemplo, este éxito no llega a su área metropolitana.

Todavía hay muchas reticencias: problemas culturales, hacer frente al gran lobby de la automoción. El mismo Plan Andaluz de la Bicicleta que está desarrollando la Junta se enfrenta a las reticencias de los alcaldes y las diputaciones. Y a nivel español, el Gobierno se pliega constantemente a los lobbys, ya sea el automovilístico o el de las eléctricas en asuntos energéticos. La medida del casco obligatorio de la Dirección General de Tráfico está relacionada precisamente con las presiones de estos grupos empresariales.

¿Cree que hay un relación directa entre el desarrollo de las infraestructuras y el uso de la bici en las ciudades?

La hay sin duda. El ciclista, como el peatón o los coches, necesita su espacio. Y la bici debe conquistar el espacio urbano que le corresponde. Para eso volvemos a lo mismo, se necesita convencimiento y apoyo político. Se necesita un buen proyecto de red de carriles bicis que estén bien conectados, que tengan continuidad, con un diseño uniforme. Una vez se tiene eso, lo siguiente se va generando por inercia: los servicios de bicicleta pública, las posibilidades a la hora de que la ciudad sea de verdad intermodal.

Pero hay ejemplos de infraestructuras, como la de Córdoba, que no obtienen los mismos resultados, según recoge el último estudio de la OCU relacionado con el uso urbano de las bicicletas, ¿por qué fracasan otras redes de carriles bicis?

Si la red se hace de forma timorata, no funciona, está claro. Córdoba fue la primera que habilitó unos 100 kilómetros de carril bici, pero no hubo ni continuidad ni conectividad. ¿Por qué usar un carril que no te lleva a ningún lado?. En Cádiz y Málaga ha ocurrido lo mismo. La clave de Sevilla, además del trazado, fue hacerlo en tan poco tiempo. Yo siempre digo que la gente necesita levantarse una mañana y ver que puede ir a cualquier lugar de su ciudad con la bici. Si anuncias la construcción de 100 km en 10 años, el primer año te ocupan los primeros kilómetros existentes con veladores de los bares o una furgoneta de carga y descarga. Para cuando se termina la infraestructura, ya no te sirve lo anterior por deterioro o porque la ciudad se lo come. En Sevilla se hizo en dos años.

El Ayuntamiento de Sevilla no ha continuado con la Oficina de la Bicicleta, ¿cómo puede afectar eso al uso de la bici en la ciudad?

El sistema tiene ya una inercia difícil de parar. Desde la Dirección de Urbanismo se sigue realizando el mantenimiento del carril y del servicio público de bicicletas. Lo que no hay es un organismo que acelere e impulse el uso de este transporte. Estamos en un 10% de los desplazamientos, queda mucho para llegar al 30% de Holanda, por ejemplo, un país con infraestructuras parecidas a la de Sevilla, pero en el se cuenta con mucho más apoyo de las administraciones. El Ayuntamiento no creyó inicialmente en el proyecto, pero lo ha asimilado positivamente. No hay voluntad política de ir más allá, pero sí se muestra orgulloso con los resultados.

Si la Oficina de la Bicicleta continuara, seguiría el registro de bicicletas de la ciudad, que evitaría robos y daría mayor sensación de seguridad. Además, se pierden oportunidades de financiación de campañas y proyectos que podrían recibir fondos europeos. Campañas de fomento de los caminos escolares, campañas de turismo en bici, de realizar tus compras en el centro urbano en este transporte, etc.

¿Cuáles son los resultados del Sistema Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla?

La Universidad respondió a una demanda de sus estudiantes clara. Cuando empezó Sevici (El servicio público de bicicletas de Sevilla), la Universidad se convierte en fiadora solidaria de sus estudiantes y depositaba los 100 euros necesarios a modo de fianza para tener el carnet de Sevici. Lo pidieron 20.000 alumnos. De ahí surgió la necesidad de impulsar un servicio de préstamos. Tenemos más de 1000 solicitudes y por ahora cubrimos 400. Estamos negociando con la Junta la posibilidad de aumentar a 700. Contamos también con aparcamientos vigilados. Es un modelo de éxito que se puede exportar a las empresas, por ejemplo.

¿Qué le parece el Plan Andaluz de la Bicicleta que presenta esta semana la Junta? Plan Andaluz de la Bicicleta

A Contramano ha formado parte de la comisión de redacción y el equipo que lo impulsa fue precisamente el que desarrolló el carril bici sevillano. Eso es una garantía porque tiene una filosofía parecida y a la vista está que ha funcionado bien.

El problema ya lo apuntaba antes: puede ser de choque de competencia, compromisos y apoyos de los ayuntamientos y las diputaciones. Sin eso será difícil llevarlo a cabo. Si desde luego se logra acuerdo y coordinación, se van a desarrollar experiencias muy positivas y las ciudades andaluzas experimentarán grandes cambios.

¿Una ciudad cambia tanto realmente si sus habitantes apuestan por la bicicleta?

Cambia todo. El ciudadano percibe su ciudad de otra manera. Yo siempre repito la frase de un amigo que me dijo que la bicicleta devuelve a las ciudades su escala humana. Creo que resume muy bien el efecto que el uso de la bici tiene en los modelos de ciudades que desarrollamos. En Andalucía más, porque todas las ciudades se pueden recorrer casi en su totalidad en bicicleta. Entre el usuario y la ciudad se recuperan las relaciones cercanas: los sonidos, los olores, pararse con un conocido, una compra de última hora. Es una relación más sosegada con el entorno. Si se te olvida el móvil en casa ya no es una tragedia. Va más allá de la reducción de la contaminación, la congestión del tráfico o los ruidos. Es más, el ranking de felicidad de la ONU sitúa en lo alto de la tabla a los países ciclistas por excelencia.

¿También supone un impulso para el sistema de transporte público?

Claro que sí. Eso es lo que llaman la intermodalidad. De nuevo en Sevilla hay experiencias muy interesantes como el sistema Bus Bici de Consorcio de Transportes. En el norte de Europa están convencidos de que una buena red de transporte público no es rentable y no funciona bien sin la bicicleta. La bici es la garantía, sobre todo en las zonas de baja densidad de población. Sin intermodalidad, la bicicleta sólo funcionaría en zonas de mucha densidad de población, pero es que está probado que la bici aumenta el radio de acción de una estación de metro, bus o tranvía de 300 metros a tres kilómentros. Estamos hablando de ahorrarse 100 estaciones, diez líneas de transporte menos o diez transbordos. También es fundamental la existencia de aparcamientos seguros para que la persona que deja la bici y coge el autobús tenga confianza.

La crisis llevó al desempleo a las creadoras de estas marcas y sus aficiones, la mejor fórmula de recorversión profesional.

Desireé Ruíz cuenta que, aunque en su casa no hay tradición empresarial, siempre han sido muy artesanos. De ahí que cuando hace un año se quedó sin trabajo no dudara en unirse a su tío y crear Los Bolsos de Pepita. “Todo empezó cuando se presentó la necesidad de hacer bolsitos para los trajes de flamenca. Vimos la oportunidad y lo hicimos”, comenta. “Los bolsillos de los trajes son incómodos, al final las cosas chocan con las piernas y son díficiles de guardar”, explica. “Así que decidimos hacer bolsos para nuestro entorno más cercanos con la tela que sobraba o con los flecos, los materiales del traje”, sostiene.

Pero las ferias y romerías son temporales y Bolsos Pepita fue creciendo de manera natural. Algo en lo que Internet ha tenido mucho que ver. “Decidimos hacer un blog y mover nuestros bolsos por las distintas redes sociales”, afirma. “Cuando tienes una boda es muy difícil dar con el bolso que quieres, el bolso del estilo del traje, con los colores. El bolso que imaginas. Ese es el hueco que nosotros cubrimos”, añade.

Los bolsos de este proyecto familiar son únicos e irrepetibles y Desireé cree que esa es la clave del éxito que su idea ha tenido en menos de año y medio: “Ahora por ejemplo estamos haciendo cestas de rafia para el verano y gracias a las redes sociales, cada vez llegamos a más gente y nos salen más pedidos”.

No fue fácil iniciar un negocio de la nada y más sin experiencia. La creadora de estos originales complementos explica algunos de los problemas alos que se han ido enfrentando a lo largo de estos meses. Según Ruíz, “Al principio todo nos era desconocido y muy difícil, pero la verdad es que desde el CADE de Dos Hermanas nos han ayudado muchísimo con el papeleo. También ganamos un concurso empresarial del Ayuntamiento y la Junta que nos dio un buen empujón”, explica.

Del derecho a la repostería creativa y de diseño

La historia de Mar Jurado se acerca a la de Desirée. Es la de una abogada con experiencia que en 2009 se quedó en paro. “Empecé a echar curriculums, a que pasara el tiempo y no me llamaran de ningún sitio. Y lo de la repostería llegó de forma casual”, afirma. “Decidí apuntarme a un curso de repostería casera por gusto. Después le hice una tarta a mi sobrino, a un amigo. Me aficioné y comencé a perfeccionar la técnica, a hacer otros cursos”, sostiene.

Es así como incluso viajó a Reino Unido y realizó un máster de Sugar Cras. “Algo así como artesanía del dulce”, aclara la sevillana. “Aquí estudié módulo específicos de pasta de azúcar, que es la fondant, decoración de flores, etc.”, recalca. Tarta chic no sólo ofrece tartas y galletas por encargo, también cubre eventos de marcas, bodas y cumpleaños. En estos años, Mar incluso se ha dedicado a impartir cursos.

“Para que una empresa de estas características funcione es muy importante el boca oreja y las referencias. Un cliente de una boda o un alumno de un curso que queda satisfecho con el trato y el producto y te recomienda”, sostiene. Según Jurado, la repostería creativa está hoy muy de moda. “Cuando yo empecé prácticamente no había mercado. No había demanda porque la gente no sabía siquiera lo que era”.

Mar explica que este año ha notado la crisis y la generalización de estas técnicas de repostería: “Hago pastelería creativa, personalizada y de alta calidad. Se nota la crisis y se nota que hay más competencia, pero esto es como todo, que pase el tiempo, se estabilice la cosa y queden los profesionales serios”, pronostica.

Esta repostera se empeñó hace ya años en ser una verdadera profesional del sector y su afición por el dulce no ha impedido que se haya especializado en ser toda una empresaria. “Me he financiado con fondos propios, pero me he formado en creación de empresas en la Cámara de Comercio y recomiendo el curso porque sales con un plan de empresa claro e ideas sólidas de cómo emprender de forma fiable y autosuficiente”, señala.

“Aquí no nos educan para emprender. Mi padre era autónomo y me educó para estudiar y opositar. Estoy viviendo de esto desde 2010 y creo que montarse las cosas por sí mismo es la única forma de encontrar empleo con la crisis”, concluye.

Mucho antes de que miles de personas tomaran las plazas y comenzaran a articularse en comisiones de trabajo y mareas a través de las asambleas de los barrios surgidas a raíz del 15M, la plaza del Pumarejo ya acogía reuniones ciudadanas cualquier día de la semana y a cualquier hora. Comerciantes, miembros de distintas asociaciones del barrio y los vecinos de la plaza y sus calles colindantes empezaron a organizarse allá por el año 2000. Un rumor recorría el barrio, que por aquel entonces se sometía a un sinfín de cambios y los vecinos de toda la vida, en su mayoría jubilados y ancianos, se veían obligados a hacer las maletas y mudarse a las afueras debido a la presión de los grupos inmobiliarios. La casa grande del Pumarejo, emblema de la plaza, se iba a vender a una cadena hotelera.

“La asociación se creó en junio de 2000”, cuenta David Gómez, uno de sus vecinos. “Al parecer, una cadena hotelera iba a comprar la casa palacio para hacer un hotelito con encanto, de estos que ahora se estila tanto”, explica. “Efectivamente compró a dos de sus dueños -en total eran cuatro herederos- la mitad del edificio”. La casa de estilo mudéjar data del siglo XVIII y fue en su día la residencia del conde Pedro Pumarejo, durante más de 50 años fue el colegio de los Niños Toribios, una especie de hogar social, y en 1883 pasó a ser un corral de vecinos.

BIC desde hace diez años

En el año 2003, el palacio del Pumarejo es declarado Bien de Interés Cultural. “Tras muchas reuniones y mucha presión por nuestra parte, en el año 2004 el Ayuntamiento inicia el proceso de expropiación de un 50% y en 2009 la propiedad es totalmente municipal”, cuenta Gómez. Durante todo ese tiempo, la asociación ciudadana realizó peticiones formales por los cauces administrativos para la rehabilitación de un espacio con 19 viviendas, tres de ellas habitadas por inquilinos de renta antigua. “Una vez el edificio es de titularidad municipal, ellos tienen la responsabilidad de rehabilitarla”, apostilla.

El 21 de mayo de 2011, un día antes de las últimas elecciones municipales, el Ayuntamiento de Sevilla, aún gobernado entonces por PSOE e IU-CA, y la Asociación Casa del Pumarejo, rubricaron un convenio gracias al cual la organización social goza de los derechos de uso de varios espacios del edificio. Antes, los vecinos presentaron una propuesta de rehabilitación a los presupuestos participativos. “El Ayuntamiento tiene aprobado un proyecto de rehabilitación integral, cuya ejecución asciende a los 5,6 millones de euros. E incluso la Consejería de Cultura, al ser un BIC, dio su visto bueno”, relata David. “Ahora la excusa ya no es la titularidad del edificio, sino vaya...la crisis nos ha pillado. Ya no hay dinero. Mientras llegue o no el dinero, pensamos, al menos que se detenga el proceso de deterioro y de ahí que presentáramos la propuesta de presupuestos participativos”.

Urbanismo clausuró un 60% de la casa “por seguridad”

El proyecto de la asociación fue uno de los más votados y se destinaron 141.000 euros para mejorar el suministro y evacuación de agua, actualizar la instalación eléctrica, etc. Es así como en el primer trimestre de 2012 se procede a la impermeabilización del edificio y la restauración del tejado. No obstante, en noviembre del año pasado, la Gerencia de Urbanismo decide clausurar varias galerías por motivos de seguridad y ofrece viviendas sociales a sus vecinos. “Se clausuró casi un 60% del edificio y muchos vecinos se fueron, hartos de tantas obras y de la inseguidad de no saber cuánto tiempo podrían permanecer en su casa”, cuenta David.

Es en ese momento cuando la asociación decide impulsar la campaña de crowdfunding Lo hacemos nosotrasLo hacemos nosotras. Los espacios cedidos a las distintas asociaciones, organizaciones y entidades que dan uso al espacio no se resignan a esperar a que efectivamente se acometan las obras que llevan prometidas desde hace más de un lustro.

20.000 euros para una rehabilitación impulsada por los vecinos

20.000 euros para una rehabilitación impulsada por los vecinos

En estos ocho meses, la campaña Lo hacemos nosotras ha recaudado 20.000 euros. La intención es ir realizando “microproyectos de rehabilitación” para ralentizar el deterioro progresivo al que se somete este monumento alrededor del que se articula la vida del barrio. “Un coro francés que asistió al último encuentro de coros que se organizó donó 2.000 euros tras escuchar la historia de la casa”, explica David. “Ahora nuestro equipo de arquitectos y la comisión ciudadana estudia qué urge más rehabilitar. Por ejemplo, dentro de la protección de Bien de Interés Cultural también se protegen los usos sociales y la variedad de ellos en la casa, incluido el uso como vivienda, que es el que más peligro corre”, recalca. “No descartamos convocar un concurso público de ideas”, concluye el activista.

Según David Gómez, uno de los vecinos impulsores de la campaña, “nuestro soporte legal se basa en dos cosas. En la Ley de Arrandamiento Urbano, en la que se contempla que si un propietario no acomete las obras necesarias de rehabilitación las puede llevar a cabo el inquilino y derivarle el coste al dueño. Y sobre la base de una Orden de Conservación que el propio Ayuntamiento aprobó en marzo del año 2004. La Gerencia de Urbanismo de aquel momento ordenó a los dueños del edificio hacer una serie de obras valoradas en 1,5 millones de euros para sujetar bien la casa”.

La Asociación Casa del Pumarejo no para de trabajar: a las visitas guiadas al espacio, se unen sus constantes esfuerzos por difundir su valor patrimonial y etnográfico, los mercados sociales y culturales e incluso las reuniones informales de los vecinos para cocinar o hacer punto. “Muchas de las inquilinas se reúnen los jueves en uno de los espacios de la casa para coser y hay un intercambio de saberes e historias entre las personas mayores del barrio y los jóvenes”, cuenta David.

En el Pumarejo operan muy diferentes actividades vecinales. Algunos ejemplos son la Oficina de Derechos Sociales, la ONG Arquitectura y Compromiso Social, el grupo local de Ecologistas en Acción o la moneda social Puma, una de las iniciativas más jóvenes, pero que más impulso y dinamismo está dando al barrio. En la casa del Pumarejo se puede asistir tanto a un recital de poesía, como al cine de verano o a clases gratuitas de español para extranjeros. Todo esto ocurre mientras la amenaza constante de una suspesión del convenio de cesión del Ayuntamiento planea sobre un espacio y unos vecinos que no se resignan. Diez años de la declaración de BIC y trece años de una lucha vecinal que continúa.

Que el flamenco cura el alma es una frase recurrente entre los aficionados y amantes de este arte. La alegría y el dolor se ha canalizado a través del cante y el baile durante generaciones en Andalucía. Inma Lobato conocida como La Polvorilla siempre lo tuvo claro. “Yo estudié baile en Sevilla con Matilde Coral, pero siempre me gustó la vertiente más social del flamenco, esa que ayuda a los demás a sentirse bien con uno mismo y con los demás”.

Esta gaditana de Sanlúcar de Barrameda ha sido una pionera en toda regla. Hoy día la danza terapia ha abierto nuevas vías y los cursos de flamenco combinado con yoga o técnicas de respiración se van haciendo un hueco en el mercado. No obstante, Inma lleva más de viente años dedicándose a ello. “También me he formado en cuestiones terapeúticas y en cómo la respiración o los estiramientos pueden ayudar a las personas”, cuenta. Fundamentalmente trabaja con mujeres y niños y en Sanlúcar imparte sus clases a través de la escuela municipal: “Este es un proyecto personal y vital, pero cuando el ayuntamiento vio los resultados, el efecto que tenía en los vecinos, decidió apoyarlo”, añade.

Inma Lobato, que derrocha vitalidad y empatía, explica cómo llegan las personas a las que imparte sus cursos de danza terapia, “Yo no segrego a las mujeres en las clases. Llegan con todo tipo de problemas: depresiones, mujeres maltratadas, con cáncer o con el síndrome del nido vacío”, sostiene. Y abunda en este tema: “En los pueblos, las mujeres están acostumbradas a ser las que cuidan de la familia, las que se preocupan por todo. Y cuando se quedan solas, ya no se sienten útiles. Yo sólo hago que se abran al mundo, que se enfrenten a sus miedos y se sientan mejor”, remarca.

A la pregunta de si se siente emprendedora, esta bailaora, que es un firme defensora del flamenco como intervención social asegura: “Cuando a uno le sale de dentro algo, tiene un interés, se marca el camino, comienza a recorrerlo y busca lo que quiere en la vida. Eso es lo que he hecho”. Lobato cree que el flamenco tiene una fuerza, una energía y una vitalidad íntrinseca. “La gente entra en la clase y en cuanto suena la música comienza a sonreír. Al final la técnica es lo de menos”, explica.

Desde hace 11 años, a través de la Asociación La Argentinita, Inma Lobato viaja cada verano a Los Balcanes para dar sus clases con personas que han pasado por experiencias tan traumáticas como la guerra, la separación de sus familias o la pérdida de algunos de ellos. “Desde hace cinco años contamos con la subvención del Instituto Andaluz del Desarrollo Flamenco gracias al cual todas las personas pueden venir gratuitamente y nosotros podemos seguir impartiendo las clases”, afirma.

Según Lobato, “a mis clases puede venir todo el mundo. Muchas veces, y más en Los Balcanes, son personas que se encuentran mal, con traumas, han podido pasar por maltratos, vejaciones o violaciones. Yo siempre digo que yo no curo a nadie, busco que se sientan menos raros, que no sean enfermos”.

Jesús Pulpón, el director del documental Sin Ruido,contactó con Inma en cuanto conoció su trabajo y la labor que desempeñaba fuera de España. “Lo mejor del documental ha sido conocer a Jesús. Es un artista y una persona grande. Estuvo un año entero detrás de mí, hemos compartido la vida. De ahí que haya salido un trabajo sutil y hermoso. El objetivo no era el ego y la vanidad y creo que se ha conseguido”, sostiene.

Inma Lobato, La Polvorilla, sabe que su trabajo más allá de lo artístico tiene una utilidad y eso le hace feliz. “En las clases se crea una afectividad, una emotividad...Llegan sin tirar de su cuerpo y unas a otras se animan, hablan entre ellas, luego se toman un refrigerio y se sienten un poco más en paz”, concluye.

La publicación en el BOJA, este lunes, del documento definitivo del Plan de Protección del Corredor Litoral para que se someta a información pública, añade un instrumento más al frente abierto por la Junta contra la polémica Ley de Costas del Gobierno central; mucho más permisiva en cuanto a los metros protegidos en la franja litoral (20 m), y que prácticamente coincide en el tiempo con el recurso interpuesto por la Junta al Tribunal Constitucional por considerar que la ley de Cañete vulnera las competencias en relación a la ordenación del territorio del Ejecutivo andaluz.

El proceso ha sido largo y repleto de medidas transitorias para ir abonando el terreno en el que se moverá este plan. En mayo del año pasado, pocas semanas después de que se conociera el proyecto de urbanización de la playa protegida de Valdevaqueros, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas, anunció que la Junta iba a revisar el urbanismo en la costa andaluza que hasta ese momento venía rigiéndose por un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado en los años 90.

¿Por qué ahora?

En diciembre del año pasado, el Decreto de Protección del Litoral suspendía los planes de urbanización que afecten a los 500 metros del litoral de los municipios que no tengan actualizado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Planes que debían recoger los condicionantes del Plan Territorial de Andalucía (POTA), que pretendía controlar los desmanes en el litoral justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y que seis años después de su aprobación sólo han sido acatados por un 11% de los 771 municipios que debían cumplirlos.

De ahí la necesidad de intervenir. Tanto en la exposición de motivos del Decreto como en el documento previo del Plan, se pone de manifiesto que en apenas un 10% del territorio andaluz se concentra un 35% de la población de la comunidad autónoma. En los últimos cincuenta años se ha acelerado el proceso de crecimiento exponencial de la población de los 62 municipios costeros, lo que supuso que en esos primeros 500 metros de franja litoral (la franja que proteje el Plan) se haya modificado hasta un tercio de su territorio y, como recoge la memoria, esa superfice corresponde a “espacios en los que no es factible la edificación por protecciones ambientales, territoriales, dominios públicos de ríos, marismas, etc”.

¿Qué regula este Plan?

El Plan de Protección del Litoral es un documento sin precedentes ya que somete a control, bajo criterios de protección ambiental y paisajística, los proyectos urbanísticos que se han ido gestando y que permanecían ocultos en los planes municipales de hace diez y veinte años. Así se explica en el diagnóstico: “el escenario que dibuja el conjunto de planes es de grandes transformaciones a lo largo de todo el litoral sustentadas en modelos expansionistas a gran escala, que comprometen los recursos naturales y paisajísticos existentes”.

El proceso de redacción de este plan ha permitido cruzar los datos existentes y comprobar que en la actualidad existen unos 100 millones de metros cuadrados ya ordenados, lo que (antes de esta medida) permitiría la contrucción de unas 183.000 viviendas en la primera línea de costa. El texto final, que fue ratificado el pasado miércoles por la Comisión de Redacción, establece tres categorías distintas con diferente grado de protección. Es así como el plan ha ido estudiando sector a sector, y cuál es el grado de protección necesaria en cada una de ellos.

Por un lado, las zonas litorales de protección ambiental son aquellos suelos que ya disponen de un régimen de protección por la normativa ambiental. En segundo lugar, “las zonas litorales de protección territorial 1” que serán calificadas como “suelos no urbanizables de especial protección”. En estos espacios, se prohíbe cualquier tipo de construcción, salvo las vinculadas al uso público (accesos a las playas, senderos, pasarelas, centros de naturaleza e interpretación, etc.). Con esta protección se incluyen 18 sectores, entre los que se encontraría por ejemplo Valdevaqueros o Los Lances, en la provincia de Cádiz.

En último lugar, “las zonas litorales de protección territorial 2”, “terrenos que cuentan con valores naturales o paisajísticos, pero en los que ya se ubican usos de naturaleza urbana”. En esta categoría es donde cobra mayor importancia el plan, ya que este grado de protección afecta al grueso de los sector, un total de 47. En ellos, “se pueden autorizar construcciones necesarias para la explotación agraria, las vinculadas a actividades recreativas o de interés público para infraestructuras o instalaciones de ocio o turísticas siempre que sean compatibles con la preservación natural de los terrenos”.

¿Cuáles son las cifras clave?

Teniendo en cuenta que las competencias en urbanismo son competencia municipal y la ordenación del territorio, autonómica, aunque el Ejecutivo andaluz insiste en que este es un plan de protección y no de ordenación, el plan cobra fuerza en los sectores de la costa que aún no están ordenados urbanísticamente. Es decir, en aquellos suelos que, estando planificados para viviendas, aún se encuentran en fases iniciales de su tramitación y no han alcanzado la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado que recoge los planes de ordenación. De las 183.000 viviendas proyectadas en los distintos planes municipales, 92.426 no se podrán ver afectadas por las nuevas medidas de protección, dado que están programadas sobre suelo urbanizable ya ordenado al contar con un plan parcial de desarrollo aprobado; es decir, que jurídicamente están listas para su ejecución y se pueden construir.

Para la elaboración del Plan, la Secretaría General de Ordenación del Territorio ha revisado los 368 sectores de suelo urbanizable repartidos en los 62 términos municipales de la costa andaluza, su situación urbanística, sus condiciones naturales y ambientales y su papel en la escala territorial. Según la última información facilitada por la Junta, el Plan afecta a 67 de estos sectores en 29 municipios. Estos suelos urbanizables tienen capacidad para 43.500 viviendas, que representan la cuarta parte de las previsiones teóricas de los planeamientos urbanísticos de los municipios costeros. Por lo que, de las 183.000 viviendas previstas inicialmente, la cifra final oscila en las 140.000 construciones.

¿Hay excepciones?

¿Hay excepciones?Aunque el Plan sólo afectaba en principio a las parcelas en las que los ayuntamientos aún no habían aprobado los planes parciales, la nueva norma ha considerado oportuno incluir en la “zona litoral de protección territorial 1”, la más restrictiva, a varios municipios andaluces con planes sectoriales en marcha. Es el caso de Valdevaqueros y Los Lances en Tarifa, otras tres zonas en Torrox (Málaga) y varios sectores de las localidades almerienses de Pulpí, Carboneras y Cuevas de Almanzora. Estas medidas excepcionales paralizan la construcción de 4.400 viviendas previstas, por lo que la Junta deberá asumir el pago de las compensaciones económicas pertinentes a los promotores. En la memoria del mismo, la Junta justifica esta revisión debido a las “especiales características ambientales y paisajísticas y su posición”. El texto admite que “los municipios tienen clasificados suelos en exceso respecto a lo establecido en el artículo 45 del POTA”.

¿Cuáles son las provincias más protegidas?

Las provincias con más suelo protegido son Cádiz y Almería, con 19 sectores cada una; seguidas de Málaga (13) y Huelva y Granada (8 sectores en cada una). Son también “las de mayor longitud de litoral y las de mayor proporción de espacios de protección ambiental”, como recoge el documento diagnóstico. Cádiz es la más afectada, con diferencia, de las 43.500 construcciones bloqueadas, unas 16.000 se encuentran en esta provincia. Le sigue muy de cerca Almería con 15.673. En Málaga se paralizan unas 3.961 viviendas, frenta a las 6.000 de Huelva y las 1.600 de la provincia de Granada.

Los suelos protegidos en la costa andaluza por distintas figuras contempladas en la normativa ambiental o por los planes subregionales suman 18.000 hectáreas, un 36% del suelo del corredor litoral. Con el nuevo Plan, se incorporan 9.000 nuevas hectáreas, un incremento del 50%. De esta forma, se consigue que quede preservado más de la mitad del espacio de la franja de los primeros 500 metros de costa (55%). Según el documento, su objetivo es “ordenar el desarrollo para que la actividad turística e inmobiliaria no ponga en riesgo recursos que son esenciales para la actividad económica, la conservación del patrimonio natural y paisajístico y el bienestar de la sociedad”.

Tanto su proyecto empresarial como su filosofía de trabajo se centra en prestar atención jurídica a los movimientos ciudadanos y las asociaciones para velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Pastora Filigrana es mujer y gitana. Una cara visible de ese 1% de las personas de etnia gitana con estudios universitarios que, tras años de carrera en la abogacía, decidió emprender junto a dos socios y crear una cooperativa de abogados. “El abogado es el autónomo por excelencia y a nosotros nos gustaba la idea de crear una cooperativa porque nuestra filosofía de trabajo también lo es y queremos trabajar en esa dirección”. La crisis ha reformulado el mundo de la abogacía y en Andalucía poco a poco se van creando despachos de abogados bajo esta fórmula jurídica. “Creo que por ahora hay cuatro en activo. Dos en Sevilla, una en Granada y otra en Málaga”, apunta esta sevillana firme defensora de los derechos sociales y de la mujer.

“En mi familia, mi hermana y yo somos la primera generación con estudios superiores”, explica. “Nos han animado muchísimo y poco a poco hay más mujeres gitanas con estudios, el porcentaje es mayor respecto al hombre gitano”, apostilla. Un 80% de las personas de etnia gitana que acceden a la universidad son mujeres. Son datos de la Asociación de Mujeres Gitanas UniversitariasAsociación de Mujeres Gitanas Universitarias, entidad a la que Filigrana ha pertenecido. “Mi paso por la Federación me orientó quizás a elegir la vertiente más social del derecho”, afirma.

“Con el pueblo gitano sigo trabajando realizando asesoría jurídica para las asociaciones”, cuenta. Jarsia Abogados ha impulsado un proyecto innovador (cuenta con la categoría de I+E de la Consejería de Economía e Innovación) trabajando con asociaciones de vecinos, culturales y pequeños sindicatos. Según Filigrana, “nos centramos en la defensa del trabajador, aunque también llevamos casos penales, civiles y administrativos”. Algunos de los colectivos con los que trabajan son, por ejemplo, las unidades locales del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la CGT, la CNT o Ecologistas en Acción.

Antes de impulsar esta cooperativa, estos jóvenes abogados ya formaban parte de la Asociación de Juristas 17 de marzo, por lo que siempre han mostrado una especial sensibilidad hacia el compromiso político y social de su profesión. “Como creemos en la función social de la vivienda, que además es un derecho fundamental, hemos defendido los derechos de las familias de la Corrala Utopía”, cuenta. “Como observadores de los derechos humanos queríamos defender una causa en la que creemos y que visibiliza la situación en la que se encuentra ahora la ciudadanía para acceder a la vivienda”, añade.

Pastora abunda en un tema de especial trascendencia estos días, más si cabe cuando el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del Gobierno central que paraliza el Decreto antidesahucios impulsado en los últimos meses por la Junta de Andalucía. “Sólo en el centro de Sevilla hay 22.000 viviendas vacías. Eso nos da una pista de cómo la vivienda se está utilizando con fines especulativos”, explica. “El decreto no es la panacea porque realmente la solución tiene que llegar por los niveles legislativos más altos. El Gobierno central tiene la obligación política y social de legislar respecto a este tema”, remarca. Para Filigrana, “la salud o la alimentación, como la vivienda, no se pueden someter al poder adquisitivo”, sostiene.

Esta abogada admite que emprender no es tarea fácil: “Supone toda una labor de investigación burocrática. En aquel momento acababa de cambiar la Ley de Cooperativas y los mismos técnicos de los servicios de la Junta y el Ayuntamiento tenían dudas. Fue una decisión personal y estamos contentos porque, por ahora, hemos ido cumpliendo el plan de empresa que elaboramos con los servicios de emprendimiento de la Junta especializados en cooperativas”.

Cuenta Cristina Fernández, una de las impulsoras de la cooperativa La Herradura, que cuando fueron a pedir una subvención de la entonces Consejería de Innovación parecía que la habían diseñado para ellas. Entre los requisitos estaba utilizar recursos ociosos o infrautilizados y tener ideas novedosas en el entorno rural. Cristina, como las seis compañeras que originariamente formaron esta cooperativa especializada en temas equinos, se conocieron en un curso de terapia ecuestre organizado por el Servicio Andaluz de Empleo, financiado con dinero del Fondo Social Europeo y en el que colaboraba el ayuntamiento de Dos Hermanas. “Ninguna teníamos contacto con los caballos. Habíamos trabajado con menores, con discapacitados, en gabinetes psicopedagógicos”, cuenta. “Fue en las prácticas de este curso cuando nos dimos cuenta de lo positivo que era trabajar con caballos y los efectos que tenían en personas con necesidades especiales”, añade.

“Ninguna teníamos relación con el mundo empresarial. No teníamos recursos porque estábamos en paro. Así que presentamos un proyecto al Ayuntamiento de Dos Hermanas. Tardamos más de siete meses en terminarlo. Entre las cosas que pedíamos, nos dimos cuenta de que el hipódromo de esta localidad era inmenso y podían tener cabida otras cosas”, explica. La idea de crear su negocio poco a poco fue rondándoles la cabeza. Más si cabe cuando al llamar a las puertas de los despachos, “una asociación parecía que no tenía tanta credibilidad”.

Según Fernández, “adoptamos la fórmula jurídica de la cooperativa porque es la filosofía de trabajo que nos gustaba”. Y en los primeros años, algunas incluso abandonaron el barco: “Fue duro, trabajábamos todo el día y sin sueldo. La más joven de nuestras compañeras lo dejó en los primeros tres meses. Otra compañera se fue pasado unos años porque tenía otras miras profesionales”, cuenta con soltura. Cristina se sorprende al comprobar los años que han pasado desde que en 2007 iniciaran sus primeros pasos en el mundo de la terapia ecuestre.

“No paramos de formarnos según las necesidades de la empresa. Somos psicólogos y pedagogas, tenemos másteres de Terapia Ecuestre de la Universidad Pablo de Olavide y de Equitación Terapeútica de la Carlos III. Yo soy intérprete de lengua de signos, todas somos formadoras ocupacionales”, sostiene. Un rosario de títulos y cursos sobre los que han ido construyendo, y de la terapia han pasado a los cursos de formación, los campamentos con caballos, las clases de equitación, las excursiones escolares, etc.

Ese dinamismo les han valido un buen número de premios: “Hemos ganado tanto a nivel provincial como autonómico y nacional. El Premio Arcoiris a la Mejor Cooperativa Juvenil en el 2011 nos hizo especial ilusión. El premio de la Obra social Bancaja nos ayudó muchísimo para arrancar”, subraya.

Según Cristina Fernández, “el caballo te ofrece un buen número de posibilidades”. Con estos animales, los monitores de La Herradura trabajan tanto a nivel físico como emocional con las personas que requieren sus servicios. “El calor del caballo relaja los músculos, su marcha transmite patrones de locomoción, se puede controlar mejor el equilibrio”, explica. “A nivel social y emocional también es muy útil, es un animal gregario que no te juzga y requiere de cuidados que obliga a la persona a prestarle atención. Es realmente bueno para la autoestima”, concluye.

La Herradura, en estos seis años de vida, no ha parado de crecer, innovar en la actividad que decidieron emprender y establecer contactos y alianzas. “Nosotras nos apuntamos a todo lo que nos enteramos, creemos que el trabajo en red es fundamental”, sostiene esta treintañera que ha visto cómo la idea que un día visibilizaron ella y sus compañeras en un aula, hoy se ha materializado.

Tan sólo una letra separa la palabra artista de la de autista. La cercanía ortográfica es tan sólo uno más de los puntos comunes a través de los que se propicia el diálogo entre los artistas y las personas con diferentes grados de autismo y desde el que se generan las obras de esta exposición en la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla. En palabras de uno de sus ideólogos, Paco Pérez Valencia, comisario de la muestra: “Ésta no es una exposición de arte, ni tampoco sobre el autismo. Es un trabajo de vida en el que por una vez el creador puede pensar que su trabajo puede cambiar el mundo de otros sin que por ello medie nada bajo control”.

Las propuestas de los 27 artistas tratan de recoger “los anhelos, los miedos y las experiencias vitales” de las personas con autismo que han colaborado en su elaboración, realizando, en el proceso de trabajo de campo previo a la culminación de éstas, “desde dibujos hasta piezas volumétricas, pinturas u otras formas expresivas de comunicación tales como movimientos mecánicos, palabras memorizadas o sonidos realizados con la voz”. Estas primeras creaciones sirvieron para entrar en comunicación y conversación con las de la treintena de autores contemporáneos que han participado en Seré tu voz. Eres mi luz, cada uno de los cuales “ha apadrinado artísticamente” a una de estas personas dando lugar a “un trabajo dual que se expresa como un todo”.

Diálogos desde el autismo

Diálogos desde el autismoLaura Millán y David Pantaleón son dos de los artistas que han participado en este proyecto, que puede visitarse hasta mañana miércoles en la capital hispalense. Ambos, además, estuvieron intercambiando su visión y experiencia con los visitantes de la muestra dentro del programa de actividades paralelas. No es la primera vez que se enfrentan a la discapacidad desde sus respectivas disciplinas artísticas. Desde hace varios años, trabajan en el Centro Ocupacional de Valleseco (Gran Canaria) realizando talleres de cine con personas con discapacidad. “Trabajar con discapacitados siempre es un experiencia buena. Te dan más de lo imaginabas en un principio y los resultados son muy satisfactorios. En los talleres, piensas que de un año para otro no se van a acordar de nada, y al final están hecho todos unos directores de cine”, cuenta Laura. Precisamente, y entre las actividades paralelas a la exposición, se han presentado los cortos fruto de este trabajo, Cuentos de Cartón.

David Pantaleón es un cineasta inquieto con una dilatada carrera como cortometrajista. Él trabajó con vídeos en los que se muestran las conversaciones con Fede. “Una persona increíble que canta, dibuja y tiene muchísimo talento”, cuenta. “Estas conversaciones descubren el mundo más oculto de su protagonista y sus obsesiones”, sostiene. Laura es artista plástica y desde 2008 desarrolla su obra Miniencuadro: “Como diseñadora, me gustan mucho las tipografías y cuando conocí a José María y su madre y tuve acceso a sus libretas en las que se harta de escribir, e incluso su madre interactúa con él escribiéndole cosas, pensé que podíamos hacer algo a través de esos textos e ideé que se podía crear una pieza volumétrica. La escritura es su manera de expresarse y escribe mucho y de forma compulsiva”, explica. Asperger Font es otro de sus proyectos, en el que se pretende crear una tipografía que todo el mundo pueda utilizar a través de la caligrafía de los alumnos de este taller.

Las obras de estos dos artistas son sólo un botón de muestra de lo que Seré tu voz. Eres mi luz quiere transmitir al espectador. “El arte (toda manifestación artística) es algo inherente a nuestra condición y que forma parte de nuestro ADN, por muchas barreras que nos encontremos”, explica Paco Pérez Valencia en uno de los textos de presentación del proyecto. “El arte no puede ser ajeno al mundo y es a través del arte, precisamente, por el que personas que no pueden comunicarse en hábitos normalizados, pueden, sin embargo, encontrar los canales expresivos adecuados”, añade.

Cristina no podía imaginar hace unos 15 años que una idea como pintar acuarelas con vino podía convertirse en un medio de vida. “Durante más de diez años me he dedicado a la decoración. En los últimos cinco he estado plenamente dedicada a la pintura”, explica esta sevillana licenciada en Bellas Artes y a la que no se le resiste ningún campo pictórico. “Pinto tanto en el estudio, como al aire libre, y también hago grabados. Me presento a muchísimos premios de pintura rápida, aunque soy todavía novata. Hay gente que lleva años haciéndolo, pero no me ha ido mal y ya he ganado siete certámenes”, apunta.

Cristina Díaz es una pintora por vocación a la que le cuesta trabajo hablar de su propia pintura: “Creo que mi principal inspiración es el impresionismo. Creo, de todas formas, que mi pintura es realista, pero me gusta crear atmósferas distintas. Me dicen que tengo un halo romántico”, explica. Es quizás ese toque etéreo, paisajista y onírico el que llevo a un maridaje perfecto entre los vinos andaluces y sus cuadros.

“Todo fue fruto de la casualidad”, recuerda. “Unos amigos abrieron una tienda especializada en vinos de la tierra. Hacían catas, presentaciones y tienen un espacio expositivo”, afirma. “Me comentaron si me interesaría exponer y a mí se me ocurrió, ¿y si pruebo con los vinos?”. La experiencia fue un éxito y de una colección de diez acuarelas, la familia comenzó a crecer. “No sabía la repercusión que podía llegar a tener esto. Me consta que hay otra gente que pinta con vino. La particularidad de Tintorelas es que son vinos de aquí”, cuenta.

La marca Tintorelas también fue idea de esta sevillana que se revela como una amante de los caldos andaluces. “Utilizo, sobre todo, tintos y rosados, soleras... Probé con los blancos, pero no me gustó el resultado”, apostilla. Según Cristina, “la variedad de los vinos de aquí te permite probar distintas formas de hacer la acuarela e, incluso, con vinos de una misma bodega se pueden obtener muchísimos resultados diferentes”.

Fruto de la casualidad fue también la gran difusión de su obra por toda Andalucía. “En la primera exposición estaban los responsables de Relaciones Públicas de Canal Sur y les gustó tanto que la colección ha viajado a las sedes de la cadena pública de toda la región. Faltan Granada y Huelva”, sostiene. “Por ejemplo, también hay una exposición en una enoteca en Ronda y acabo de recibir el encargo de un hotel de esa ciudad para decorar sus paredes”, apostilla.

En honor a los vinos de la zona, Díaz centra sus “tintorelas” en los paisajes andaluces, “un homenaje a la tierra”. “También hago detalles de azulejos y cerámica, o por ejemplo, la aldaba de la Catedral de Sevilla”, cuenta. Muchos de esos encargos requieren un estudio previo tanto del vino a utilizar, como de los paisajes u objetos inmortalizados: “Me encargaron una colección de los 20 faros andaluces al vino. Tuve que hacer un estudio en profundidad”, afirma. “Mientras más química tengan los vinos, menos me sirven. Los buenos para pintar son los que dejan poso, los que tiñen la copa”, explica esta pintora.

Todos los detalles del vino son importantes según la experiencia de Díaz: “el tipo de uva, si son jóvenes o reserva, crianza, si son más naturales, ecológicos. Todas estas cosas condicionan el resultado. Te ofrece una paleta de colores muy variada”. Incluso el mismo vino, en función a la reacción con el lienzo, puede dar productos finales muy dispares. “El Beta de Arriate es uno de mis favoritos. Nunca es igual. Me encanta el resultado. Da un tono pálido precioso. También los de Montilla, con colores muy agradables”, explica. “Los más químicos tienden al gris y son más tristes”, concluye.

Esta pintora todoterreno es consciente de que sus tintorelas pueden llegar a generalizarse. “Ahora mismo, como es algo novedoso y poco conocido, sí es una actividad con la que se puede vivir, pero cuando se ponga de moda, haya más gente haciéndolo -aunque cada pintor es un mundo- se perderá el interés”, remarca. No obstante, Cristina sabe que su condición de artista hará que vuelva a innovar y seguir dedicando su vida a su gran pasión. “Los que pintamos, necesitamos hacerlo. Es nuestra forma de expresarnos y plasmar la realidad. Y esa realidad se convierte en un diálogo entre el artista y el que contempla la obra, que la reinterpreta y la hace suya”, recalca.

A lo largo de los últimos días, distintas comunidades autónomas han aprobado el Decreto de Precios Públicos del que derivan el coste de las matrículas universitarias. Un sistema de tasas que, tras las reformas del año pasado del Gobierno central, ha experimentado grandes cambios y ha creado una brecha en el modelo universitario en función de la comunidad autónoma en la que se estudie.

Las claves de estas desigualdades residen en varias cuestiones: en el lugar en la horquilla de precios medios en el que se colocan los distintos territorios, en el precio en función a los grados de experimentalidad establecidos, y en lo que pagan los universitarios en relación con el nivel de renta per cápita de sus regiones.

El curso pasado, el Ministerio de Educación estableció horquillas en las que deben moverse las comunidades en la fijación de las tasas universitarias. Esas horquillas se refieren al porcentaje que tiene que asumir el alumno del coste del servicio que recibe. La ley estatal establece que los precios de los créditos de las enseñanzas universitarias de grado deberán cubrir entre el 15 y el 25% de los costes en primera matrícula, entre el 30 y el 40% en segunda matrícula, entre el 65 y el 76% en tercera matrícula y entre el 90 y el 100% a partir de la cuarta matrícula.

Según datos facilitados por la Junta de Andalucía a eldiario.es/andalucia (elaboradorados a raíz de presupuestas ya cerrados en algunos casos y estimaciones respecto a la subida del IPC, en otros), estudiar en esta comunidad es un 30% más barato que el promedio del país (computando el total de los precios del sistema universitario: Grados, Másteres y Doctorados). Estudiar un Grado en Andalucía es un 41% más barato que el conjunto nacional. Tan sólo Canarias y Galicia ofrecen a sus alumnos tasas inferiores, aunque también son las que tienen una renta per cápita menor.

Los territorios con precios más altos son Cataluña, Madrid, Castilla León y Comunidad Valenciana. Estudiar un Grado o un máster en las universidades públicas catalanas cuesta un 87% más que la media española. En el caso de Madrid, el incremento es de un 43%. Las matrículas en Castilla León y Valencia son un 29% y un 14% más elevadas que la media nacional, respectivamente.

Es en estas comunidades también donde la factura universitaria supera con creces la renta per cápita de las familias. El desequilibrio asciende en el caso catalán al 60%. Es decir, el coste de las tasas universitarias de un estudiante medio supera en más de la mitad a la renta media que percibe.

Si por término medio un estudiante pagará el doble por estudiar una carrera en Madrid que en Andalucía, y en Cataluña casi el triple, en otras regiones ricas como País Vasco, La Rioja o Navarra el coste medio supera al andaluz en un 32%, 46% y 52% respectivamente. De la misma manera, en la España con menos recursos, los costes superan a los andaluces en Extermadura (16%) y Castilla La Macha (23%).

En Andalucía el crédito sube un 1%, frente al 20% madrileño

En el caso de Andalucía, la Junta ha acordado mantener la horquilla mínima establecida, que se sitúa entre el 12 y el 15% en primera matrícula. Por lo tanto, los alumnos tuvieron que asumir el curso pasado unos 200 euros más de matrícula de media y el precio del crédito era de 12,49 euros. Según anunció este martes el consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, el crédito del grado en Andalucía subirá el próximo curso académico un 1%, lo que supone una subida de 13 céntimos, una subida global en la carta de pago de los alumnos de unos 8 euros.

Andalucía se ha quedado siempre en los mínimos: 15% en primera matrícula, 30% en segunda matrícula, 65% en tercera matrícula y 90% en la cuarta. Las subidas de matrículas más importantes se dieron el curso pasado “de forma inevitable”, ya que según el Gobierno andaluz se aplicó el mínimo legal obligatorio impuesto por el Ministerio de Educación.

También hizo responsable al Gobierno central de las desorbitadas subidas de las tasas en Madrid, su consejera de Educación, Lucía Figar, que este miércoles adelantó que su Gobierno aprobará una horquilla de precios máximos con un alza de entre el 13,88% y el 26%, que cada una de las seis universidades públicas madrileñas podrá aplicar como considere en función de su autonomía. Por lo que el incremento medio del crédito se sitúa en 4,97 euros, lo que supone un 20% respecto al curso anterior.

Para hacerse una idea, un Grado de experimentalidad 1 (lo que en otras comunidades serían Grados de tipo A), es decir, Filología, Humanidades, Historia, Jurídicas, Económicas y Empresariales, costará en Andalucía una media de 775 euros en el curso 2013/2104, frente a los 1.620 euros que tendrán que pagar los estudiantes de las universidades de la comunidad madrileña.

Una brecha mayor según el grado de experimentalidad

Una brecha mayor según el grado de experimentalidadPor otro lado, Andalucía decidió aplicar el pasado julio el precio único por experimentalidad, por lo que las distintas disciplinas articuladas en cinco categorías cuestan lo mismo hasta la tercera matrícula. A partir de ahí, el precio del crédito deja de ser unitario y variará dependiendo del grupo al que pertenezca la titulación. Para las del grupo uno (Filología, Humanidades, Historia, Jurídicas, Económico-Empresariales) el crédito costará 48,13 euros. Para el grupo dos (Bellas Artes, Geografía, Matemáticas y Ciencias de la Educación) costará 50,84 euros, y por último, para los grupos tres (Ingenierías), grupo cuatro (Ciencias Experimentales) y grupo cinco (Ciencias de la Salud) el precio será de 54,71 euros.

Aquí radican las principales diferencias por comunidades autónomas. Según anunció este miércoles la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, las tasas se fijarán, en virtud del grado de experimentalidad de cada titulación, en tres niveles: la rama biosanitaria, con un tope de 33 euros por crédito; Arquitectura e ingenierías, con un máximo de 31 euros; y Derecho o Humanidades, con un límite de 27. Todo son cifras aplicables a las primeras matriculaciones. De estos datos se pueden sacar distintas conclusiones. Por ejemplo, frente a la carta de pago media de un estudiante de Medicina de universidades andaluzas, unos 775 euros, en Madrid su factura anual ascendería a unos 1.980 euros. Y estos son sólo los precios mínimos de un curso de 60 créditos.

Las desigualdades aumentan aún más si cabe según sube el grado de experimentalidad y de la mano del anuncio de la subida del precio medio del crédito en esas disciplinas. Pese al compromiso adquirido por la Generalitat catalana de congelar los precios de las matrículas, esta semana se ha anunciado un cambio de experimentalidad de las ingenieras, que en el caso de Cataluña se rigen por letras. Según informa eldiario.es/catalunya, las Ingenierías pasan así de la categoría B a la C y se equiparan a la rama sanitaria, la más cara del modelo universitario español. Esta decisión implicará un incremento de un 10,5% en el próximo curso, por lo que su carta de pago media se situará en torno a los 2.512, 23 (225,60 euros más que el curso anterior).

“Tanto la legislación ambiental, de aguas y tratamiento de residuos, como la tecnología minera han experimentado grandes avances”, afirma María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas. Una postura enfrentada a la de Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción: “La experiencia de la minería a cielo abierto ha sido catastrófica y demuestra, que pese a tener condicionantes ambientales restrictivos, es muy difícil de controlar”. Para el alcalde Aznalcóllar, Agapito Ramírez (IU), la noticia ha sido recibida como “un bombazo extraordinario”. Sean cuáles sean las posturas, lo cierto es que la carga simbólica del mayor desastre ecológico de Andalucía planea sobre el último anuncio de La Junta de Andalucía de reabrir la mina de Aznalcóllar.

¿Quien contamina paga?

Antonio Ávila, consejero de Economía, Empleo e Innovación de la Junta y Susana Díaz, consejera de la Presidencia, afirmaron el pasado jueves que podrá optar a la explotación de la mina cualquier empresa, menos “las que mantengan deudas con Andalucía”, un condicionante que apunta directamente a Boliden Apirsa, grupo empresarial al que la Junta reclama los daños por la rotura de la balsa y la inversión en la recuperación ambiental de la zona: unos 90 millones de euros.

Todavía hoy, el Gobierno andaluz no ha conseguido que “quien contamina, pague”, ya que el caso ha vuelto al Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla y prácticamente se encuentra en el mismo punto que hace 15 años. El grupo socialista defenderá este miércoles en el Pleno extraordinario del Parlamento una proposicón no de Ley en la que se insta a la Junta a articular los procedimientos administrativos necesarios para la reapertura de la mina. Un concurso que se realizará “atendiendo a los parámetros de máxima seguridad y de sostenibilidad económica, social y medioambiental”. A falta de la publicación de los pliegos, Ávila anunció que el concurso se resolverá el próximo otoño y se daría la licitación a partir de 2014.

15 años del desastre ecológico

15 años del desastre ecológicoProyectada en los años 70, en 1995 la explotación de la corta de Aznalcóllar pasó a manos de Boliden Apirsa. Una empresa que, como después quedó probado, realizó una explotación con un alto riesgo, ya que su proyecto minero contaba una balsa de residuos con capacidad para unos 40 millones de toneladas. La empresa sueco-canadiense realizó reformas en los muros de esta balsa de residuos para verter los de la corta de los Frailes, que suponía una explotación de otros 40 millones de toneladas. Es decir, el doble de lodos que la balsa podía recoger. El vertido de lodo tóxico, más de siete millones de toneladas, afectó a unas 4.600 hectáreas del entorno natural del río Agrio y el río Guadiamar, afluentes del Guadalquivir y área de influencia de Doñana.

Al desastre ecológico, se unió el económico. Agapito Ramírez (IU), que trabajó como operador de planta en la mina durante más de 20 años, recuerda que antes de la catástrofe de 1998, en la mina trabajaban “450 personas fijas y más de 700 eventuales”, con lo que la “decisión política” de cerrar la mina constituyó “un palo muy duro” para el municipio de Aznalcóllar y el conjunto de localidades del Corredor de la Plata.

Hacia una minería sostenible

Según datos de la Junta, desde que se produjo el vertido tóxico de 1998, Andalucía ha sido escenario de una “renovación minera”. Hay nuevos complejos, como Cobre Las Cruces (en la localidad sevillana de Gerena) y Aguas Teñidas (Almonaster la Real, Huelva), que se ajustan a unos condicionamientos ambientales muy rectrictivos.

Manuel Toscano, profesor del departamento de Geología de la Universidad de Huelva, explica algunos de estos procedimientos: “Antes, los lodos se vertían en una balsa con agua. Ahora, se retira la balsa y al lodo se le añaden una serie de aditivos por los que se convierte en una especie de cemento. Es decir, son balsas de lodo seco que tienen mucha menos peligrosidad de deslizamiento”, apunta. “Esas mismas balsas sirven para sostener las galerías, por lo que funcionan como mecanismos de seguridad minera”, añade.

“A raíz de la rotura de la balsa, los mecanismos de control ambientales sobre los vertidos y el agua son muchísimo más exigentes”, explica María José Asensio. “La minería es con diferencia la actividad más intervenida en la actualidad”. Según Asensio, “existen herramientas muy poderosas para que la administración pueda controlar las explotaciones. Por ejemplo, antes de aprobar el proyecto, la empresa tiene que presentar un plan de restauración prespuestado y realizar un ingreso de ese dinero como aval”, sostiene.

Una medida que acabaría con lo que los ecologistas han denunciado como “el neocolonialismo minero”, y que fue lo que ocurrió con Boliden Apirsa que, tras esquilmar los recursos mineros de Aznalcóllar y producirse el vertido, desmanteló la explotación y no se hizo responsable de ningún plan de viabilidad posterior. “Andalucía tiene un pasivo minero, instalaciones antiguas, muy grande. El impulso de estos proyectos permite que estas infraestructuras, una vez se finalice la actividad, se queden en mejores condiciones incluso que las originarias”, cuenta Asensio. “No hay que demonizar una actividad con grandes posibilidades en la comunidad por el pasado. Precisamente estaremos más vigilantes, si cabe”, concluye.

80 millones de Tonelas de mineral en reserva

80 millones de Tonelas de mineral en reservaOtra de las razones en las que la Junta apoya su decisión es que el complejo minero no parte de cero. En Aznalcóllar hay unas reservas por explotar de entre 30 y 35 millones de toneladas de mineral complejo. Además, se cree que a mayor profundidad podría haber en torno a otros 45 millones de toneladas. Es decir, el antiguo complejo de Aznalcóllar, de casi 950 hectáreas de superficie, cuenta con unas reservas constatadas y recursos probables de alrededor de 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata). La mayor infraestructura,la corta minera, ya está construida. La Corta de Los Frailes está inundada y requeriría inversión para su desagüe, tratamiento de esas aguas y su posterior eliminación a través de una autorización de vertidos.

“Existen dos tipos de proyectos mineros: los nuevos, en los que las empresas pueden pasar de 3 a 8 años investigando, realizando sondeos para estudiar si hay posibilidades de extraer mineral y si es rentable, como fue el caso de Cobre las Cruces; o los antiguos, en donde la información anterior te permite prever cuánto mineral hay, qué tecnología necesitas, y en el que el proceso es mucho más rápido, este sería el caso de Aznalcóllar ”, explica María José Asensio.

Los ecologistas no creen en la minería sostenible

Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, se muestra tajante: “No estamos de acuerdo con la reapertura. La experiencia demuestra los efectos contaminantes que estas prácticas mineras causan”, explica. “En Cobre Las Cruces se ha demostrado que hay una extracción ilegal de agua de un millón de metros cúbicos desde que se abrió”, cuenta. “La realidad es que hay tres cargos imputados por inyectar arsénico en el acuífero”, sostiene. “Sin conocer el proyecto, es difícil de analizar y se necesitan más datos. Todavía hay grandes incógnitas. No sabemos cómo se va a hacer. Por ejemplo, qué se va a hacer con los lodos tóxicos que se depositaron allí tras recogerlos después del vertido, qué cota se va a explotar”, sostiene. Según Albarreal, “los sistemas de seguridad de los acuíferos son díficilmente controlables, aunque nosotros estaremos vigilantes”, concluye.

Desde la organización ecologista WWF denuncian la progresiva “burbuja minera” que se está produciendo en Andalucía, ya que a Cobre las Cruces, Aguas Teñidas y Lomero Poyatos (en el Cerro del Andévalo, en Huelva), se une la concesión a través de concursos de “parcelas de investigación” a distintas multinacionales o los trabajos de preparación de EMED Tartessus en Río Tinto. Una reactivación del sector que el Gobierno andaluz achaca a “renovación de las prácticas mineras” en un momento en el que “ha aumentado la demanda de metales y se ha producido un resurgimiento de la minería metálica, aumentando los precios del material”.