Artículo en colaboración con el Institut de Drets Humans de CatalunyaInstitut de Drets Humans de Catalunya

Ya en tiempos de la Comunidad Europea, de la “Europa de los 6”, los “9” o los “12”, tendían los funcionarios comunitarios y los medios de comunicación a referirse a ella simplemente como “Europa”. Con la ampliación hasta 28 Estados miembros y su transformación en Unión Europea, la sinécdoque ya es inevitable y parece que el continente se agote en la Unión. Sin embargo, la verdadera Europa, la Europa de los valores democráticos y de los derechos humanos, viene encarnada desde 1949 por el Consejo de Europa y su Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que acompaña la supervisión judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del que forman parte 47 Estados.

Hace décadas que se viene reclamando la adhesión de la Comunidad Europea (ahora Unión) al Convenio Europeo, y su consiguiente sumisión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sobre todo teniendo en cuenta que todos los miembros de la UE, de siempre, son miembros del Consejo de Europa y parte en el Convenio Europeo. En los años 1990, ese reclamo halló dificultades técnicas insuperables, pues ni el Convenio permitía la adhesión de entidades que no fueran Estados soberanos, ni la Comunidad/Unión estaba dotada de competencia para acceder a un instrumento de esa naturaleza. Ambos impedimentos se superaron hace un lustro, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009), por el lado comunitario, y del Protocolo nº 14 al Convenio Europeo, por el del Consejo de Europa (2010).

Las particular naturaleza jurídica y política de la UE han hecho necesarias largas negociaciones entre la UE y el Consejo de Europa para articular las especificidades que tendría el acceso de la primera al Convenio. El proyecto de acuerdo, alcanzado a mediados de 2013 se sometió por parte comunitaria al preceptivo dictamen vinculante del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que recién ha emitido su fallo el pasado 18 de diciembre de 2014. Pues bien, a pesar de la opinión favorable al acuerdo de todos los actores que participaron en el proceso ante el TJUE (la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y 24 gobiernos nacionales), el Tribunal de Justicia halla hasta diez razones para oponerse él, casi todas vinculadas a los presuntos riesgos que el control del TEDH genera para la salvaguardia de las características esenciales de la Unión y de su Derecho. Entre otras cuestiones, y sin ánimo de exhaustividad, el TJUE manifiesta:

En su conjunto, las objeciones del TJUE al acuerdo propuesto no son técnicamente insalvables. En algunos casos, el propio Tribunal de Justicia señala con claridad cuál debe ser el ajuste a operar y en otros casos, la modificación del proyecto de acuerdo viene implícita en su objeción. El TJUE, pues, no ha vetado ahora el acceso de la UE al Convenio Europeo como hizo hace casi veinte años. Sin embargo, impone unas condiciones draconianas que supondrán una situación de privilegio para la UE (y para su TJUE) respecto de los demás sujetos parte en el Convenio Europeo (y sus máximos órganos jurisdiccionales). Incluso, paradójicamente, la adhesión de la UE al Convenio Europeo puede suponer un menoscabo en las vías de protección de los derechos fundamentales en el espacio europeo, en la medida que acciones que ahora son viables, aunque infrecuentes, estarían radicalmente proscritas. Quizás es un precio demasiado alto.

El pasado 29 de enero de 2014, el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió sus conclusiones anuales sobre el grado de cumplimiento de la Carta Social Europea por sus Estados parte. En relación con el Reino de España, advirtió con contundencia que la normativa que impide el acceso de los extranjeros en situación irregular (salvo mujeres embarazadas, menores de edad y casos de urgencia) al Sistema Nacional de Salud constituye una vulneración del art. 11.1 de la Carta Social Europea. La nueva reprimenda a las políticas públicas del Gobierno del Partido Popular, que se añade a la que le infligió el informe que en octubre presentó el Comisario Europeo de Derechos Humanos, es una buena ocasión para recordar los límites y potencialidades de esta Carta Social.

Los Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron en 1961 la Carta Social Europea (CSE) o Carta de Turín, el segundo gran instrumento de derechos humanos de esta organización internacional después del Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950). Contiene una lista de 19 derechos sociales en el ámbito principalmente laboral y de la salud. En 1988 se adoptó un Protocolo adicional con cuatro nuevos derechos y en 1996 adoptó un nuevo texto, que ahora se llama Carta Social Europea (revisada), hasta alcanzar los 31 derechos sociales.

Aunque es un tratado internacional vinculante, la Carta Social, tanto en su versión original como revisada, tiene la particularidad de presentarse como un “menú” de derechos de entre los que los Estados parte pueden, con ciertas restricciones, elegir qué derechos aceptan y cuáles no.

En concreto, si nos referimos a la Carta Social Europea (revisada), del menú de 31 artículos se identifican nueve de entre los que los estados parte deben elegir como mínimo seis. Son: el derecho al trabajo (art. 1), la sindicación (art. 5) y la negociación colectiva (art. 6); la protección de niños y adolescentes (art. 7); el derecho a la seguridad social (art. 12) y a la asistencia social y médica (art. 13); la protección jurídica y social de la familia (art. 16); la protección y asistencia a los trabajadores migrantes y sus familias (art. 19); y la igualdad de oportunidades en la ocupación por razón de género (art. 20). Insisto: no hay que asumir necesariamente estos nueve derechos, sino un mínimo de seis entre ellos. Adicionalmente, en total, las partes deben aceptar un mínimo de 16 artículos completos o 63 párrafos (incluyendo los derechos del “núcleo duro”). Ciertamente, las aceptaciones de los Estados parte superan ampliamente estos mínimos, aunque hay algunos países con estándares de aceptación notablemente bajos. En cualquier caso, todos los derechos, incluidos los no aceptados, deben considerarse principios o aspiraciones de política pública que los estados parte tratarán de alcanzar en un futuro no demasiado lejano.

Respecto de la supervisión internacional de la CSE, es importante destacar que la violación de su articulado no da acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino a un órgano, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que a pesar de ser independiente y compuesto por expertos, no tiene la potestad de dictar sentencias vinculantes, sino únicamente recomendaciones y conclusiones. Este comité tiene dos tipos de competencias, si bien una es facultativa y muy pocos estados la han aceptado.

Veamos cuál es la situación de nuestro país en este entramado normativo e institucional. España es Estado parte de la CSE (1961) y de su Protocolo (1988), pero no de la Carta revisada de 1996. Eso sí, ha aceptado íntegramente los 19 preceptos de la CSE y los cuatro del Protocolo y está obligada por ellos. En cambio, no está obligada por artículos con enunciados tan significativos como: “derecho a la protección frente al despido”; “derecho de los trabajadores a la tutela en caso de insolvencia de su empleador”; “derecho a la dignidad en el trabajo”; “derecho de los trabajadores con cargas familiares a la igualdad de oportunidades y de trato”; “derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder”; “derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo”; “derecho a protección frente a la pobreza y la exclusión social”; y “derecho a la vivienda”. Aunque algunos de estos derechos son parte de la legislación española por la vía de los convenios de la OIT y, a pesar de que fuentes cercanas a éste y al anterior gobierno vienen afirmado que España “estudia” ratificar la CSE (revisada), lo cierto es que los tiempos que corren no permiten entrever un entusiasmo excesivo por asumir nuevas obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos sociales.

Cada año, en tanto que Estado parte, el Gobierno de España debe presentar un informe sobre un grupo de derechos predeterminado por el Comité Europeo de Derechos Sociales, de manera que cada cuatro años se da una “vuelta” completa a todo el articulado. En octubre de 2012 fueron los derechos vinculados a la salud (artículos 3, 11, 12, 13, 14 de la CSE y art. 4 del Protocolo), que el Comité ha revisado a lo largo de 2013. Son las conclusiones del Comité respecto de estos artículos lo que se ha dado a conocer en los últimos días.

En cambio, España no ha aceptado el mecanismo de reclamaciones colectivas de la CSE, que permitiría a sindicatos, entidades sociales u organizaciones patronales demandar al Gobierno de turno ante el Comité si sus leyes o políticas públicas fueran contrarias a la CSE. Lamentablemente, solo 13 estados parte de la CSE han reconocido la competencia del Comité para tratar esas demandas; y eso que no sólo la titularidad de la legitimación activa es colectiva, también lo es la naturaleza de la reclamación. Es decir, no se trata de reclamar en nombre de particulares, ni de la propia entidad reclamante, por vulneración de un derecho individual: se trata más bien de manifestar una oposición jurídica a una legislación, política pública o práctica administrativa que se considera atentatoria contra los derechos sociales aceptados por parte del Estado reclamado. El procedimiento es cuasi-jurisdiccional, pero con un innegable componente político (la resolución definitiva la toma el Comité de Ministros del Consejo de Europa) y no vinculante (ni el informe del Comité de Derechos Sociales ni la resolución del Comité de Ministros lo son).

En síntesis, el sistema de la Carta Social Europea adolece de una excesiva flexibilidad en la capacidad que otorga a los estados de asumir a voluntad compromisos jurídicos y ser objeto de supervisión. Un pragmatismo normativo que contrasta negativamente con la exigencia que tienen todos los estados miembros del Consejo de Europa de asumir el Convenio de Roma y su Tribunal de Derechos Humanos; tribunal cuyas sentencias, además, son vinculantes. Pese a estas indudables limitaciones, que vienen a demostrar la minusvaloración que tradicionalmente han sufrido los derechos sociales a escala europea, la CSE no deja de ser un tratado internacional válidamente celebrado por España y, en tanto que tal, vinculante para su gobierno, administración, jueces y ciudadanos. Las opiniones que vierte su órgano de control, el Comité Europeo de Derechos Sociales, tienen auctoritas y deberían servir como canon interpretativo de las disposiciones de la CSE asumidas por España.

Ya hemos explicado en otro lugar qué es la Carta Social Europea (CSE) y cuáles son las funciones de su órgano de supervisión, el Comité Europeo de Derechos Sociales. Señalábamos entonces que, de acuerdo con la obligación que tienen todos los estados parte en la CSE de elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de su articulado, España había presentado en octubre de 2012 el preceptivo informe sobre los derechos del ámbito de la salud y la protección social (artículos 3, 11, 12, 13, 14 de la CSE y art. 4 del Protocolo), que el Comité ha revisado a lo largo de 2013. Las conclusiones del Comité respecto de estos artículos se dieron a conocer el pasado 28 de enero y han causado cierto revuelo al constatar, como venían denunciando numerosas personas y entidades en nuestro país, que la exclusión de las personas extranjeras del Sistema Nacional de Salud por razón de su estatus irregular constituye discriminación y una violación de la CSE.

En realidad, un análisis pormenorizado de las conclusiones del Comité respecto del informe de España permite constatar que en ciertos aspectos nuestros estándares de derechos en el ámbito de la salud son satisfactorios. Así, el Comité valora positivamente nueve obligaciones concretas que se derivan de los artículos citados, como por ejemplo en lo relativo al contenido de la legislación sobre higiene y seguridad en el trabajo (art. 3.1), las medidas adoptadas para la prevención de las enfermedades (art. 11.3), el derecho a la seguridad social (art. 12.2) o la asistencia de urgencia para no residentes (art. 13.4), entre otros.

Ahora bien, el Comité también detecta seis violaciones específicas de la CSE, debidamente razonadas, aparte de solicitar información suplementaria al gobierno sobre algunos aspectos de su informe. Entre las vulneraciones más flagrantes de la CSE detectadas por el Comité vale la pena destacar las siguientes:

En primer lugar, como se ha dicho, el Comité considera que la exclusión generalizada de las personas migrantes en situación irregular del Sistema Nacional de Salud (con la sabida excepción de menores, mujeres embarazadas y urgencias) constituye una violación de su derecho a la protección de la salud (art. 11) en tanto que les impide acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones con las demás personas sometidas a la jurisdicción del Estado.

Esta observación no debería causar sorpresa entre nuestros responsables políticos porque el Comité ha interpretado reiteradamente que la obligación de los Estados expresada en la CSE de tomar “medidas adecuadas” para “eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente” implica asegurar que toda la población del estado tiene acceso al sistema de salud; y ello es así porque “la protección de la salud es un prerrequisito para la dignidad humana y la dignidad humana es el valor fundamental y el núcleo del derecho europeo de los derechos humanos”.

Además, el Comité no rehúye enfrentarse al manido argumento de la “crisis económica” como justificación áulica de todos los recortes sociales y afirma que esta crisis “no debería tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos reconocidos por la Carta” y que los gobiernos tienen la obligación de garantizar con efectividad los derechos de la Carta precisamente “en un momento en que los beneficiarios más necesitan la protección”.

Merece la pena subrayar que aunque el Decreto de “sostenibilidad” del sistema sanitario se adoptó en abril 2012 (y el período analizado por el Comité iba de 2008 a 2011) el Comité anticipa su opinión crítica para dar al gobierno la oportunidad de corregir su error lo más rápidamente posible. Técnicamente, pues, esta sección de las conclusiones del Comité no son tanto una “constatación” de una violación de la CSE cometida durante el período objeto de examen, sino un aviso a navegantes del que el gobierno debería tomar buena nota.

En segundo lugar, el Comité crítica duramente el alcance de algunas prestaciones sociales, cuya mísera cuantía y alcance resulta insuficiente para satisfacer algunos de los derechos contemplados en la CSE. Así, el Comité detecta una violación del compromiso de España de “establecer o mantener un sistema de seguridad social” (art. 12.1) no porque dicho sistema no exista, sino porque sus prestaciones son, en muchos aspectos, “manifiestamente inadecuadas”. Se refiere sobre todo a las prestaciones por enfermedad y a la prestación por desempleo, mientras que valora positivamente el nivel de las pensiones mínimas contributivas. Por cierto que también halla violación del párrafo 4 del mismo artículo 12, en lo que se refiere a la extensión de los beneficios de la seguridad social a los nacionales de los demás Estados parte en la CSE, por lo que respecta específicamente a países europeos no comunitarios.

También fuera del marco de la Seguridad Social se critica duramente las prestaciones sociales que se perciben en España. Conforme al art. 13.1 de la CSE, los Estados parte se comprometen a velar “porque toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguir éstos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado”.

El Comité de Derechos Sociales reitera lo que ya había manifestado en informes anteriores: que el sistema español de rentas mínimas en la mayoría de comunidades autónomas no satisface las exigencias de este precepto en la medida que está condicionado a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad). Por otro lado, el Comité reitera que las prestaciones son “adecuadas” siempre y cuando no se hallen manifiestamente por debajo del umbral de pobreza, lo que no se cumple en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas españolas (las excepciones son País Vasco y Navarra). Unas prestaciones que perpetúan la situación de pobreza y exclusión no alcanzan el estándar mínimo exigible a los derechos humanos del ámbito social.

Las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no tienen carácter vinculante, pero constituyen una interpretación técnica autorizada de primer nivel de un tratado internacional firmado y ratificado por España. Teniendo en cuenta que, conforme a la Constitución y al Código Civil, los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados en el BOE son fuente del derecho español y tienen rango supralegal, las distintas administraciones competentes deberían desde ahora mismo dejar de aplicar el Real Decreto 1192/2012 por inconformidad con la Carta Social Europea, como ya han hecho algunas comunidades autónomas. Y en aquellas comunidades en las que no ha habido insumisión al Decreto, deberían ser los jueces y tribunales quienes tomaran las acciones oportunas, a instancia de las personas perjudicadas por esta legislación contraria al derecho español e internacional, para garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Asimismo, las comunidades autónomas deberían revisar al alza las prestaciones sociales que prestan a sus ciudadanos más necesitados, sin restricciones injustificadas y durante el tiempo que sea necesario.

La semana pasada Aida Guillén explicaba en estas mismas páginas cómo el informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa le sacaba los colores al Gobierno de España en relación con el impacto en materia de derechos sociales que estaban teniendo los recortes presupuestarios en nuestro país, en particular por lo que se refiere a menores de edad y personas con discapacidad. El mismo informe, en su último tercio, abunda en otro de los grandes ejes de la regresión en derechos humanos que estamos sufriendo de un tiempo a esta parte: los abusos del Estado en el marco de su función represiva y la criminalización de la protesta. En particular, cuatro son los temas que preocupan al comisario.

El primero, en absoluto novedoso, es la práctica continuada de la “detención incomunicada”: la mayor parte de las demandas por torturas presentadas contra España en organismos internacionales, dice, “hacen referencia a los malos tratos infligidos por la Guardia Civil a personas que se encontraban bajo detención incomunicada”. En este sentido, el Institut de Drets Humans de Catalunya ha publicado un informe recientemente sobre distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan al Reino de España por falta de investigación de alegaciones creíbles de torturas.

Pero también el Comité contra la Tortura de la ONU ha determinado en un par de casos que España había vulnerado la Convención contra la Tortura debido a investigaciones inadecuadas tras alegaciones de tortura en la detención incomunicada. La preocupación del comisario es comprensible habida cuenta que el proyecto de enmienda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lejos de suprimir o al menos limitar en tiempo y alcance la figura de la detención incomunicada, podría ampliarla a nuevos supuestos.

En segundo lugar, el comisario se refiere a los malos tratos que sufren los migrantes tanto en los Centros de Internamiento de Extranjeros como durante los procedimientos de expulsión. También se refiere a sentencias y recomendaciones de organismos internacionales que critican la práctica de la policía de elaborar perfiles basados en el origen étnico y, si bien se congratula de la anulación del reglamento interno que lo permitía y su sustitución por una nueva circular de 2012 aparentemente más respetuosa con los estándares internacionales contra la discriminación, afirma, citando a la Defensora del Pueblo, que siguen produciéndose numerosas denuncias de profiling por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

El tercer bloque del informe es el más extenso y se centra en la protección de los derechos humanos en el contexto del mantenimiento del orden durante las manifestaciones públicas. Frente a las manifestaciones y acampadas derivadas del movimiento del 15-M y sus derivadas, el comisario habla de “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía, de palizas y de malos tratos, así como de la necesidad de revisar el uso de balas de goma. Uno de los párrafos del informe está dedicado íntegramente a la policía catalana y a los hechos del 27 de mayo de 2011 (evacuación violenta de la plaza de Cataluña) y del 15 de junio del mismo año (“Aturem el Parlament”).

Haciendo suyos los argumentos del Síndic de Greuges de Catalunya, el comisario deplora “la falta de planificación y coordinación adecuadas de la acción policial, la inexistencia de una labor de mediación con los manifestantes, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, y el comportamiento ilícito de los policías [...], ya que muchos de ellos no llevaban sus placas de identificación de manera visible”. Sobre este último particular incide el comisario en párrafos subsiguientes para hacer notar que esa falta de identificación no es un problema meramente administrativo, sino que supone un obstáculo para la detección de posibles abusadores de derechos humanos y constituye, por tanto, una violación del Estado de sus obligaciones positivas de protección y respeto de dichos derechos.

Por otro lado, preocupan al comisario ciertas prácticas administrativas y reformas en ciernes tendentes a restringir la libertad de expresión y de reunión pacífica. Así, las sanciones administrativas abusivas contra los participantes en manifestaciones no autorizadas (cuando las directrices de la OSCE en esta materia señalan que es innecesario exigir la notificación por adelantado de una reunión pacífica y que, además, es imposible solicitarla en el caso de reuniones espontáneas) y el proyecto de reforma del Código Penal para criminalizar los mensajes que inciten a “perturbar el orden público” o la “convocatoria de manifestaciones a través de medios de comunicación social” serían incompatibles con las normas internacionales sobre la libertad de expresión y con la jurisprudencia del TEDH.

El cuarto y último apartado del informe del comisario aborda la necesidad de combatir la impunidad de los miembros de las fuerzas del orden. Impunidad que se produce ex ante, con los obstáculos que impiden que las investigaciones sean eficaces (desde la citada falta de identificación de los agentes hasta la imposibilidad de acceder rápidamente a un letrado libremente designado o las brechas en el sistema de supervisión de detenidos por parte de los médicos forenses en la detención incomunicada), como ex post, con el abuso de la figura del indulto. Como no podía ser de otro modo, el comisario se hace eco del doble indulto a cuatro mossos condenados por malos tratos, en un fenómeno que, lejos de ser puntual, parece responder a una política pública de los sucesivos Gobiernos españoles, en contravención de la jurisprudencia del TEDH, lo que no hace sino fomentar la impunidad y menoscabar el Estado de derecho.

En suma, el informe del comisario europeo de Derechos Humanos supone la primera aproximación de un organismo internacional, con carácter sistemático y visión de conjunto, a un fenómeno que las entidades de derechos humanos vienen denunciando desde hace algún tiempo. Ante la crisis, los recortes y el consiguiente aumento de la conflictividad social (6.000 manifestaciones solo en 2012), la reacción del Gobierno es la represión y la regresión en algunos derechos civiles y políticos que parecían sólidamente anclados en la tradición liberal del Estado de derecho. Los derechos civiles y políticos se convierten así en víctimas colaterales de la vulneración de los derechos sociales en una prueba más de la interdependencia e indivisibilidad de unos y otros: de la misma manera que no se puede disfrutar de los derechos y libertades fundamentales sin unas condiciones materiales de dignidad, también esos derechos y libertades son instrumentales para exigir pacíficamente el pleno disfrute de los derechos sociales.

Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, pero no tiene derecho a la secesión conforme al Derecho internacional. Puede "decidir", pero sin romper la integridad del estado, salvo que sea mediante acuerdo.

La autodeterminación catalana no es ajena a la española y así se configura ese derecho en el marco internacional

Una declaración unilateral de independencia no vendría amparada por el Derecho internacional, aunque tampoco sería contraria a éste

La declaración institucional del Parlamento de Cataluña del pasado 23 de enero de 2013 da por supuesto el derecho del pueblo de Cataluña a “decidir”, pues lo que se aprueba es “iniciar el proceso para hacerlo efectivo”; el fundamento del derecho sería que, “por razones de legitimidad democrática”, dicho pueblo tiene “carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Dado el papel que la declaración otorga al “diálogo con la comunidad internacional” (punto cuarto) y al europeísmo (punto sexto) puede resultar interesante analizar el derecho a decidir desde la perspectiva del derecho internacional contemporáneo.

Empecemos diciendo que no existe tal cosa como un “derecho a decidir” en derecho internacional. Se trata de una expresión desconocida y, en consecuencia, sin contenido jurídico. Lo que sí existe es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es lo que supongo que el derecho a decidir quiere soslayar sutilmente. Se ha dicho hasta la saciedad, en distintas opiniones publicadas, que el derecho a la autodeterminación de los pueblos solo alcanza a los “pueblos y países sujetos a dominación colonial” [Resolución de la Asamblea General de la ONU 1514 (XV) de 1960], pero se olvida que la autodeterminación también se ha formulado como un pre-derecho humano de carácter colectivo [artículo 1 común a los Pactos de derechos humanos de 1966] y como un derecho de “todos los pueblos” [Resolución AG 2625 (XXV) de 1970].

Entonces, ¿tiene “Cataluña” derecho a la autodeterminación (o a decidir)? Sí, si aceptamos que es un “pueblo”. Aquí cobra importancia la afirmación que se hace en la Declaración del Parlament sobre el carácter de “sujeto político y jurídico” del pueblo catalán. Dejo de lado el polisémico término “soberano”, que ni pone ni quita nada a la categoría de sujeto. Desde mi punto de vista, parece innegable que “Cataluña” o “el pueblo catalán” puede considerarse un sujeto político titular del derecho a la autodeterminación; una caracterización que no tendrían la comarca y población del “Baix Llobregat” o la ciudad de “Barcelona” y sus habitantes, por poner dos ejemplos (aunque quizás sí el valle de Arán y los araneses). Cataluña tiene un territorio bien definido históricamente, con una población que se autoidentifica como catalana, gracias en parte a una lengua propia, aunque también comparte esta identidad buena parte de las personas que han llegado a este territorio en distintos momentos del siglo XX y para los que el catalán no es lengua materna. Si existe un “pueblo catalán”, tiene derecho a la autodeterminación.

Sin embargo, ese pueblo no está “separado” físicamente del pueblo español, ni puede decirse que la población española no pueda caracterizarse también como “pueblo” en el sentido del derecho internacional y que, en consecuencia, goce también del derecho a la autodeterminación. Además, la mayor parte de la población que habita en el territorio de Cataluña comparte un sentimiento de pertenencia simultáneo a España y a Cataluña. La autodeterminación catalana no es ajena a la española y así se configura ese derecho en el marco internacional.

En efecto, establecido el derecho a la autodeterminación: ¿a qué da derecho? En el contexto colonial, sin duda a la independencia, aunque no es la única alternativa de que disponen los pueblos y países coloniales. Cabe también la libre asociación, la integración a un estado preexistente “o cualquier otra forma libremente decidida por el pueblo” [Resolución 2625 (XXV)]. Pero Cataluña no es un pueblo sometido a dominación colonial, racista o extranjera y en este contexto la libertad de determinar su “condición política” tiene como límite el principio de “integridad territorial del estado”. Máxime al tratarse de un estado democrático o, en terminología de la 2625 (XXV), dotado de “un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”. Como señaló la Comisión africana de derechos humanos y de los pueblos, la autodeterminación “puede articularse a través de las siguiente fórmulas: independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, confederalismo, unitarismo o cualquier otra forma de relación conforme a las aspiraciones del pueblo, pero reconociendo los otros principios establecidos, como la soberanía e integridad territorial” (caso Katanga). Es decir, la independencia solo constituye una forma legal de ejercicio del derecho a la autodeterminación si se ejecuta sin romper el principio de integridad territorial de los estados, lo cual a su vez solo es posible en el contexto colonial (donde no hay integridad territorial a salvaguardar) o en caso de acuerdo entre las partes.

Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, pero no tiene derecho a la secesión conforme al Derecho internacional. Puede “decidir”, pero sin romper la integridad del estado, salvo que sea mediante acuerdo. Que es lo que decía también el Tribunal Supremo del Canadá (1998) y la subsiguiente “Clarity Act” (2000): la decisión “democrática” del Québec sería el inicio de un proceso de reforma constitucional –pactado- que podría llevar a la secesión.

¿Y si el acuerdo es imposible? Una declaración unilateral de independencia (por vía parlamentaria o popular), si bien vulneraría el ordenamiento jurídico español y no vendría amparada por el Derecho internacional, tampoco sería contraria a éste (caso Kosovo). Cosa distinta es que tuviera algún tipo de efecto útil. Solo si a esa declaración le sigue una situación de hecho en que pueda constatarse la presencia efectiva de los elementos del estado, en particular el ejercicio de la soberanía, podría entenderse que existe un estado realmente independiente; y solo en esa circunstancia tiene algún viso de probabilidad que la comunidad internacional procediera, aún en contra de la voluntad del Reino de España, a un reconocimiento generalizado del nuevo estado soberano.