Que más de un millar de puestos de trabajo se salven en la sangría de empleos en la que se ha convertido el mercado de trabajo español debería ser una gran noticia y, en efecto, lo es. Si estos trabajos hubieran surgido como consecuencia de alguna inversión extranjera que atraída por el descenso de los costes laborales decidiera abrir una explotación industrial en España, sería difícil encontrar un hueco en la inauguración de la nueva fábrica. Pero si, como ha sucedido en Madrid, los empleos se han mantenido gracias a una huelga de los trabajadores frente a los intentos empresariales de despedir a una parte significativa de la plantilla, la foto ya no es tan concurrida y amenaza con quedar desierta o incluso podría ser que alguien no la considere deseable.

Esta paradoja es una muestra más de la incomodidad que tradicionalmente causa la huelga en el poder y sus aledaños, molestia que, conviene no olvidar, pretendió evitarse durante una buena parte de nuestra historia más reciente haciendo de aquélla un delito.

Justo las antípodas de lo que ahora sucede una vez que la Constitución dio cabida a la huelga entre sus artículos y la rodeó de las más amplias garantías, convirtiéndola ni más ni menos que en un derecho fundamental. Esto, tantas veces repetido, tan sabido, no consigue, sin embargo, calar en el poder político, especialmente cuando es él quien, de una u otra forma, se ve afectado por el conflicto laboral que adopta la huelga como forma de expresión. Tampoco lo hace en el poder económico que no se deja impresionar por la retórica de los derechos humanos.

Los ejemplos podrían multiplicarse y van desde la manipulación informativa de la huelga y su seguimiento (condena a RTVE como consecuencia del tratamiento dado a la huelga del 20 de junio de 2002) a los frecuentísimos supuestos en los que el conflicto se pretende invisibilizar imponiendo abusivamente el mantenimiento de la actividad con la excusa de los servicios mínimos o recurriendo directamente al esquirolaje tradicional o tecnológico. Televisiones emitiendo programas previamente grabados y sin contenido informativo, directivos sustituyendo a redactores en un periódico, transportes con una frecuencia cercana a la habitual en las horas punta, servicios más dotados de personal en caso de huelga que en los días normales. Todo ello en detrimento del derecho de huelga y su capacidad para paralizar la producción y todo ello normalmente considerado contrario a la Constitución por los Tribunales, el Constitucional entre ellos, años después cuando ya no queda del conflicto más que un leve recuerdo.

El conflicto en la limpieza de Madrid es un nuevo ejemplo de este accidentado camino por el que el derecho de huelga parece resignarse a transitar. Contratar con empresas externas, empresas de trabajo temporal incluidas, o a trabajadores para que sustituyan a los huelguistas es un comportamiento opuesto al derecho constitucional. No en vano la denominada prohibición de esquirolaje es una consecuencia obligada del reconocimiento de la huelga como derecho, precisamente porque ha sido la forma históricamente más común de dejar vacío de contenido el paro de los trabajadores. Esta prohibición sólo cede en contadas y excepcionales circunstancias que, en todo caso, requieren ser fehacientemente acreditadas, y no puede basarse en suposiciones o afirmaciones retóricas, sobre todo cuando quien las hace es una de las partes del conflicto. Mucho menos puede adoptarse un comportamiento tan drástico simplemente porque el servicio, el de limpieza en este caso, no se desarrolle con normalidad, pues precisamente este es un efecto ineludible de la huelga.

Los servicios mínimos que se imponen en aquellos casos en los que las huelgas afectan a servicios esenciales de la comunidad no son, insiste desde hace años el Tribunal Constitucional, un instrumento para mantener la normalidad productiva como si nada acaeciese. Su función es la de, afectando lo mínimo imprescindible al derecho de huelga, garantizar otros derechos o bienes constitucionales pero no la de mantener el servicio como si la huelga no se estuviera produciendo. Adviértase también que desde bien temprano el Tribunal Constitucional negó la posibilidad de que el Gobierno impusiera la reanudación del trabajo, permitiendo tan sólo, en caso de huelgas que causan un perjuicio grave de la economía nacional, lo que no parece ser el caso de Madrid, el sometimiento del conflicto a un arbitraje obligatorio y siempre y cuando el árbitro designado sea imparcial.

Es llamativo, además, que de todas la actuaciones que el Ayuntamiento de Madrid podría haber desplegado para evitar o atenuar las consecuencias del conflicto se haya decantado por aquella que cuestiona de manera más severa el ejercicio de un derecho fundamental. Un golpe de autoridad, como la ha calificado laudatoriamente el Ministro de Justicia, que parece también olvidarse de que el respeto a los derechos fundamentales y la garantía de su ejercicio constituyen una obligación para los poderes públicos, incluso cuando ese derecho sea uno tan incómodo como el de huelga, de cuya conculcación no se debería presumir y mucho menos empeñarse en reprimir.

Por curioso que parezca, ahora que surgen voces por doquier pidiendo una ley de huelga, es precisamente la regulación actual, nada favorable al ejercicio del derecho sino todo lo contrario, la que permite estas agresiones cotidianas a los paros laborales por parte del poder público y da lugar a una verdadera anomalía jurídica.

Un derecho, el de huelga, mal regulado, difícil de ejercitar en el mar de precariedad en el que se ha convertido el mercado de trabajo español por el temor a sufrir represalias, a perder el puesto de trabajo. Un derecho asediado por todo tipo de conductas empresariales y políticas empeñadas en dejarlo sin efecto. Un derecho, en suma, que exigiría una urgente atención legislativa destinada a tutelarlo, poniendo freno eficazmente a las vulneraciones de las que suele ser objeto. Pero incluso así, rodeado de alambre de espino, el derecho de huelga consigue en ocasiones componer bellas sinfonías de solidaridad y resistencia, recordándole al ciudadano aplastado por el fatalismo que se puede romper con el “es lo que hay”, como advertía estos días un veterano sindicalista. Una lección que algunos parecen empeñados en borrar del temario, incluso pese a la Constitución.

Conviene recordar en este 1º de Mayo que las “reformas estructurales” que van desmantelando el Estado social tienen en el mundo del trabajo a su principal destinatario. Y debe tenerse muy presente que estas reformas, emprendidas con el supuesto fin de ganar competitividad y generar crecimiento, además de desigualdad económica y precariedad laboral, están mermando la ciudadanía de los trabajadores, devolviéndolos a la sujeción al poder privado y discrecional de su patrono

Por las venas de eso que hoy llamamos Derecho del trabajo transcurren más de un siglo de primeros de mayo, fecha que inicialmente se consagró a la lucha por la limitación de la jornada, uno de los contenidos más clásicos y relevantes de la legislación laboral. Una legislación en la que confluyen las siempre difíciles conquistas del movimiento obrero y también, lo que hoy parece olvidado, el intento de las clases poderosas de evitar lo que los clásicos de la reforma social en España denominaron “lo violento de las revoluciones”.

Con esta ambivalencia congénita, el más contemporáneo de los instrumentos jurídicos y quizá la muestra de legislación social más avanzada y desarrollada se empeñó en apartar, aunque sólo fuera un poco, el mundo del trabajo del mercado y en abrir espacios de ciudadanía allí donde no había más que la nuda arrogancia del propietario, del jefe de empresa. La OIT pretendió sintetizarlo en el lema que aún hoy adorna una de sus declaraciones más decisivas y que forma parte de su constitución, la de Filadelfia de 1944: el trabajo no es una mercancía.

Pero quedar parcialmente al margen del mercado no es tarea fácil en un mundo donde el capitalismo ha logrado imponer sus reglas y no se siente ya amenazado. El acoso al Derecho del trabajo viene de antiguo y pretende legitimarse sobre todo en una premisa no demostrada e incluso negada por la tozuda realidad: la creación de empleo exige acabar con los derechos de los trabajadores. Este discurso, de granítica persistencia, ha sometido a la legislación laboral a un chantaje permanente, manifestado en un torrente incesante de reformas que primero se dijeron meramente provisionales y ahora, cuando ya no parece necesario guardar las apariencias, se llaman a sí mismas estructurales. La crisis y la política antisocial que la acompaña han incrementado hasta límites inasumibles el ritmo de los cambios. Un informe de la Fundación Primero de mayo contabiliza en 34 las reformas laborales llevadas a cabo desde febrero de 2012 hasta febrero de este año e incluso desde entonces el BOE no ha parado de escupir nuevas alteraciones.

Reformas por lo general hurtadas al debate parlamentario, ajenas a cualquier fórmula de diálogo social y amparadas en la excepcionalidad del Decreto-Ley. Impuestas desde instrumentos dudosamente democráticos como las recomendaciones que surgen de la burocracia europea, los memorándums de “entendimiento” en los países formalmente rescatados o, para no entretenerse en sutilezas, desde cartas “estrictamente confidenciales” que conminan a los países a reformar el mercado de trabajo en clave neoliberal y que más tarde, fieles a la lógica de la mercantilización, han servido para adornar las memorias de algún expresidente. Mecanismos espurios de toma de decisiones que, en nuestro país y por lo que al Decreto-Ley se refiere, han sido avalados por la mayoría del Tribunal Constitucional que envuelta en un lamentable autoritarismo interpretativo ha considerado, ni más ni menos, que notoriamente infundados los argumentos discrepantes de un juez, a pesar de que venían avalados por una parte importante de la doctrina laboralista.

Pero desde luego que no sólo son las formas las que abochornan. Todo este aluvión reformador ha alterado de forma tan significativa el Derecho del trabajo que, prescindiendo de su función equilibradora, lo ha puesto al servicio de la empresa, como un instrumento más de expresión del poder privado, en lugar de una forma de contenerlo. Olvidándose de los trabajadores y sus derechos, la legislación laboral se ha transformado en una fórmula para degradar las condiciones de empleo: bajar salarios, dejar sin efecto los convenios colectivos, distribuir la jornada al antojo del empresario, generar mecanismos de trabajo a llamada (job on call), imposibilitar la conciliación de la vida laboral con la privada, despedir rápido y barato o incluso gratis y sin argumento alguno. Hacer en definitiva de la precariedad la única forma posible de habitar el mercado de trabajo. Y si ni así se logra franquear la ciudadela del trabajo asalariado, la ocurrencia de la política de empleo no es otra que la del emprendimiento, lo que para la mayoría no pasa de ser una especie de castigo autoimpuesto, aunque, eso sí, cargado de retórica aventurera y envuelto con el papel reluciente del self-made man. A veces no es más que una burlona forma de nombrar al falso autónomo o de insistir en la ineficacia de los derechos de los trabajadores de las pequeñas empresas, que se hacen más vulnerables frente a los privilegios que la ley concede a sus empresarios-emprendedores.

La legislación laboral es así una de las víctimas más prominentes de la crisis, invadida y colonizada por el pensamiento económico neoliberal, que ha mercantilizado el trabajo hasta tal extremo que permite hacer con él piruetas difíciles de comprender incluso desde la ortodoxia de otros contratos distintos al laboral. Cobrarse una pieza tan codiciada exige zarandear al representante más conspicuo de la fuerza de trabajo: el sindicato y tensar, en ocasiones hasta romper, la lectura de las constituciones y de los tratados internacionales. Buena parte de los sindicatos europeos han emprendido una hábil batalla jurídica que paulatinamente ha ido dando sus frutos en forma de declaraciones de inconstitucionalidad, reproches de la OIT o condenas del Comité de Derechos Sociales de la Carta Social Europea. Estamos pendientes además de que el Tribunal de Justicia de la UE nos aclare si este desmantelamiento de la protección laboral en el sur de Europa es compatible con la rimbombante Carta europea de los Derechos Fundamentales y su garantía del derecho a trabajar en condiciones que respeten la salud, la seguridad y la dignidad (Asunto C-264/12). O si en cambio el derecho al trabajo de algunos europeos es como aquel que, según Walter Benjamin, reclamaban las industrias y la fundiciones del siglo XIX para seguir succionando trabajo vivo durante la noche: el derecho al trabajo nocturno de la fuerza de trabajo. Es la hora de comprobar si los derechos laborales reconocidos al más alto nivel son algo más que fuegos de artificio o ensoñaciones. También la de corroborar si la hasta hace poco buena hoja de servicios del Tribunal Constitucional en esta materia no empieza a poblarse de borrones.

Pero más allá de la batalla jurídica y de las características concretas de los cambios normativos, el asalto descarnado a los ya de por sí frágiles equilibrios laborales tiene un efecto global mucho más pernicioso que impide siquiera vislumbrar una recuperación del empleo. Aunque en las condiciones actuales parece poco probable que el paro se reduzca con intensidad, lo cierto es que los nuevos puestos de trabajo, si así cabe llamarlos, no serán otra cosa que tristes sombras de un empleo. Privados de estabilidad y gobernados autoritariamente por el empresario impedirán cualquier rastro de ciudadanía en su interior y quizá no logren tampoco su función primigenia: garantizar el sustento del trabajador y de las personas a su cargo. Una recuperación que en el mejor de los casos será de cartón piedra.

Sin embargo no es admisible entender que las reformas que han asolado la legislación laboral constituyan una necesidad. Antes bien, lo necesario e inaplazable es revertir estos atropellos, negar la modernización decimonónica y garantizar la ciudadanía a los trabajadores dentro y fuera de sus empleos. No hay otro camino para salir de la crisis. La historia del Primero de mayo nos enseña que los dogmas, como aquél que consideraba un atentado a la libertad limitar la jornada, se derrumban, y que no hay razón para resignarse a ver en el trabajo un espacio de sufrimiento y mera supervivencia como quieren los mercaderes que atenazan a Europa. Quizá hoy las avenidas y las plazas del continente les recuerden aquellas palabras que Augusto Spies, uno de los mártires de Chicago a los que el Primero de mayo está indisolublemente unido, dirigió al tribunal que lo condenó a muerte: ¡Mi defensa es vuestra acusación!

Por extraño que resulte esta aspiración a un único contrato ha estado siempre presente en los ordenamientos laborales europeos, entre ellos el nuestro

Como por arte de magia los modestos derechos de los insiders se convierten en privilegios egoístas que condenan a los débiles outsiders

Una vez más se ofende a la lógica propugnando el despido fácil como solución a la crisis de empleo y a la precariedad

Las medidas que se proponen para poner remedio a la dramática situación laboral que vive España nunca acaban. No hay paz para los derechos de los trabajadores. Que si un fondo austríaco, una reducción de jornada subvencionada con el desempleo, un contrato de emprendedores, otro de jóvenes con salarios de hambre… Rara vez, sin embargo, la receta consigue otros propósitos que los de devorar los derechos laborales. El fracaso en verdad es perfectamente lógico pues los resortes de la creación de empleo quedan muy lejos de las prensas del BOE.

Cada reforma infructuosa es, para el pensamiento económico hegemónico, la constatación de su insuficiencia y de la necesidad de profundizar en los cambios. Y así se insiste desde hace ya tiempo en la más rutilante de las medidas estrellas: el contrato único. La propuesta tiene el valor de su sencillez, al pretender acabar con los distintitos modelos de contratos que existen en nuestra legislación laboral y sustituirlos por uno solo de despido fácil e indemnizado de forma creciente en función de la antigüedad del trabajador. Se acabaría así, dicen, con la brecha que separa en nuestro país a los trabajadores temporales y a los indefinidos, generando una composición laboral más equilibrada y un sistema de contratación y despido más fácil.

Por extraño que resulte esta aspiración a un único contrato ha estado siempre presente en los ordenamientos laborales europeos, entre ellos el nuestro. La creación de un contrato fijo, protegido frente al despido injustificado y del que sólo cabe escapar en situaciones tasadas y excepcionales es una de las construcciones más prominentes del Derecho laboral, comúnmente resumida en el principio de estabilidad en el empleo y que todavía hoy puede escucharse en las aulas de nuestras facultades. Incluso, y sin necesidad de acudir a la prueba del carbono-14, podemos toparnos con trabajadores, sobre todo industriales, que pasaron casi toda su vida laboral bajo el amparo de un único contrato que se jubiló con ellos.

Sin embargo, corrientes de opinión no muy lejanas a las que ahora preconizan el contrato único consiguieron, con el paro como telón de fondo, incorporar a las leyes laborales todo un rosario de contratos de trabajo que hacían de la precariedad su principal atractivo empresarial. La justificación era posibilista —recuerden la indiferencia hacia el color del gato siempre que cazara ratones— y se decía que en la crisis económica lo importante era que se contratara, con independencia de cómo se hiciera: un mes, unos días, algunas horas, con poca protección social, bajos salarios… todo vale. De ahí arranca la insensibilidad de nuestras relaciones laborales hacia la calidad del empleo y un culto empresarial por la temporalidad del que no hemos logrado escapar. Los receptores de estas formas precarias son sobre todo jóvenes, mujeres e inmigrantes que conforman un mercado de trabajo de segunda clase en el que los derechos no son más que un espejismo.

Lo más sorprendente de esta segmentación, tan perjudicial para todos, es la interpretación que recibe por el pensamiento liberal. En lugar de revertir los efectos de una política de empleo miope, volviendo a la configuración tradicional del derecho del trabajo y su preferencia por el contrato indefinido, achacan la responsabilidad de la precariedad a los trabajadores que todavía consiguen tener un empleo estable. Como por arte de magia los modestos derechos de éstos (insiders) se convierten en privilegios egoístas que condenan a los débiles (outsiders) a malvivir en los arrabales del mercado de trabajo. La parada y el precario ya saben quién tiene la culpa, no desde luego un sistema empresarial obsesionado con la explotación intensiva y a bajo coste del trabajo, sino los trabajadores con derechos y sus sindicatos a los que es preciso arrebatar sus prebendas, aun cuando, tras la última reforma laboral, tampoco haya ya espacios excesivos para la depredación de derechos a los trabajadores estables.

Para los teóricos del contrato único el problema no parece ser que existan trabajadores sin derechos, sino que hay quienes sí los tienen.

Esta burda reconducción del conflicto social a un peculiar enfrentamiento entre trabajadores pobres y menos pobres está en los cimientos ideológicos del contrato único. Un solo vínculo que elimine las diferencias entre temporales y estables, convirtiéndolos a todos en precarios. Una equiparación a la baja que pretende hacer de la precariedad una característica estructural del entero sistema de contratación laboral, evitando la segmentación por la vía rápida de eliminar la posibilidad de comparación.

El contrato único, como casi todo en la delirante política laboral española, es una vía, propia del reino del eufemismo que tanto gusta a los recortadores de derechos sociales, para debilitar todavía más la protección de los trabajadores frente al despido. Se trata de banalizarlo, convertirlo en un acto cotidiano de gestión empresarial, sólo susceptible de ser revisado por un juez en los casos más graves y aberrantes, pero normalmente resuelto con el pago de una indemnización modesta y no disuasoria. Un trasunto del ansiado despido libre que para colmo se disfraza socialmente como un modo de proteger a los trabajadores más débiles o, en el extremo de la deformación del lenguaje, de avanzar en la igualdad de oportunidades.

Se evita así discutir sobre otros remedios más evidentes y destinados a combatir las raíces de la precariedad: poner coto a las becas y a los falsos autónomos; impedir que la práctica totalidad de los contratos que se celebran en España sean temporales; evitar que el cumplimiento de la legalidad en materia de modalidades contractuales sea, por decirlo de forma suave, escaso; frenar las practicas empresariales de encadenamiento de contratos fugaces; penalizar económicamente y de forma más intensa el recurso caprichoso a vínculos laborales precarios; revisar los modelos de contratación que han acabado por imponerse en el universo cada vez más extenso de las empresas subcontratistas y auxiliares, etc. Resolver el problema en lugar de generalizarlo.

Pero no, una vez más se ofende a la lógica propugnando el despido fácil como solución a la crisis de empleo y a la precariedad. Y se hace además sin reparar en que el modelo constitucional de despido y nuestros compromisos internacionales quizá no consientan semejante devaluación de las garantías laborales.

Ahora que muchos disfrutan con las versiones cinematográficas de la obra de Tolkien, la propuesta de este contrato solitario recuerda al poema del anillo: un contrato para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.