Este 5 de noviembre, las instituciones europeas consiguieron pactar la creación de un mecanismo que castigará a los países donde se violen o pongan en peligro las normas del Estado de Derecho, con la suspensión de los fondos comunitarios. Un éxito que dota de un efectivo incentivo y amplía al Artículo 7 del Tratado de Europa.

Es significativo que Europa alcance este logro, mientras al otro lado del Atlántico asistimos al bochornoso espectáculo del presidente norteamericano, que se niega a reconocer su derrota electoral.  

La protección de la democracia y el Estado de Derecho también cuenta con un potente instrumento en América: la Carta Democrática Interamericana. Su objetivo es la “defensa activa de la democracia representativa”, y es un pilar del sistema interamericano.

Esta Carta puede invocarse, bien por los gobiernos o bien por el propio Secretario o el Consejo General de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando consideren que está en riesgo el proceso político institucional democrático. Es reconocida como uno de los instrumentos interamericanos más completos, promulgada para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas entre los Estados de las Américas.

Hasta ahora, la Carta se ha invocado en una docena de ocasiones, la mayor parte de ellas a petición de los propios gobiernos. Una vez se invoca, la OEA autoriza al secretario general o al Consejo Permanente a disponer visitas y otras gestiones con el consentimiento del gobierno del país afectado.

Por tanto, si el presidente de un país firmante de la Carta, como los Estados Unidos, enfrenta un intento de amaño de las elecciones como el que Donald Trump denuncia, cuenta con un mecanismo para poner en marcha instrumentos multilaterales para respaldarlo. Pero Trump no invocará la Carta, irá a los tribunales y, sobre todo, a las redes para ventilar su enfado.

El problema es que ni Trump cree en el multilateralismo, ni se considera parte de ningún sistema interamericano que implique igualdad entre los miembros; ni la Carta Democrática Interamericana se firmó con capacidad para actuar al norte del Río Bravo, donde se suponen estaba el ejemplo a seguir; ni el presidente en cuestión tiene ningún interés en la democracia, es más, le sobra si no le favorece. Más grave aún, el actual presidente de los EEUU no pretende preservar la estabilidad y contener disturbios o brotes de violencia: con total impunidad llama a los sectores más radicales a tomar las calles.

Trump ha renegado del destino autoelegido de promotor mundial de la democracia de los Estados Unidos, que habían promocionado republicanos y demócratas, y en el que se excusaron tantos desmanes. ¿De qué sirve una Carta Democrática si el presidente del país que la respalda con más celo la desprecia?

Donald Trump, el canalla audaz, lenguaraz y desvergonzando, es el síntoma de un país en crisis, que tras cuatro años protagonizando una parodia de gobierno no recibe un estrepitoso castigo. Probablemente, de no ser por la COVID-19 habría sido reelegido. Mas aún, cuando se conozca el resultado definitivo habrá que desplegar una lupa sociológica para analizar dónde fue castigado y en qué nivel.

En 1998, el filósofo Richard Rorty, en su libro Forjar nuestro país, 'pronosticaba' que el electorado no suburbano decidiría que el sistema ha fracasado y buscaría un hombre fuerte por quien votar. Un voto que reflejaría el rechazo a élites sofisticadas que imponen las normas. Algo se rompería, y “los logros obtenidos en los últimos 40 años por los estadounidenses negros, las minorías raciales y los homosexuales serán aniquilados. Mientras que el desprecio jocoso por las mujeres volverá a la moda”.

El tiempo dio la razón a Rorty, la sociedad se rompió, como se rompieron todos los límites que se suponía debía preservar un presidente. Sin embargo, la profecía se queda corta en dos aspectos: en primer lugar, la ruptura va mucho más allá de la América profunda y la emergencia de grupos de derecha nacionalista y radical es noticia en casi todo el mundo. En segundo lugar, el problema no es solo la incapacidad de las élites ilustradas para conectar con esa entelequia del “hombre común” (que no la mujer), sino en la total falta de voluntad de las élites conservadoras en plantear reformas que profundicen la democracia, o que puedan alterar la distribución del poder que la sustenta.

EEUU tiene dos grandes rupturas, la desigualdad económica y la racial. La desigualdad en el acceso a los beneficios de la economía de mercado ha dado al traste con el sueño americano, que es, y seguirá siendo, un sueño blanco. Es tal la desigualdad, que al nacer un estadounidense negro tiene más del doble de posibilidades de morir antes de cumplir un año que uno blanco, y el doble de posibilidades de ser pobre toda su vida.

Las élites de derecha radical no tienen un proyecto para resolver la desigualdad en el escenario de muerte por éxito del capitalismo financiero ultraliberal. Agitan entonces todo tipo de banderas para salvar una brecha, abriendo otras, la nación, la religión, negros contra latinos, todo vale.

Las redes sociales se disparan para reconstruir un “ellos contra nosotros”, aunque esto implique desdecir lo que hasta hace poco se llamaba progreso social y ahora desdeñan como “socialismo”. La política está en crisis, es cierto hoy y hace 20 años, es su naturaleza. Sin embargo, no vale la equidistancia para juzgar a los que han alentado la peligrosa radicalización social en Occidente.

Muy a pesar de Trump, EEUU sigue teniendo instituciones fuertes. El Partido Republicano tendrá que elegir entre seguir a su actual líder antisistema o recuperar su tradición conservadora pero institucional.  Los demócratas tendrán que hacerse mirar su incapacidad para arrasar entre los que se suponen ganadores con su propuesta, incluidos los latinos. Quizás el beneficio no es tan obvio para muchos y la confianza está muy lastrada por su falta de audacia al gobernar.

Mas allá de EEUU, donde las instituciones no son tan fuertes, ni los sistemas de check and balance operan, el legado de Trump va a pesar aún más. Crecen liderazgos autoritarios, los instrumentos de protección de la democracia como la Carta Interamericana se debilitan, y los que cuestionan el progreso cosmopolita, envalentonados, ya no tienen ninguna cortapisa en lanzar su veneno. Valga entonces volver a resaltar de nuevo el logro de la Unión Europea, la defensa de la democracia y del Estado de Derecho necesita herramientas efectivas ante el embate de los radicales. El proyecto común es una inversión costosa para todos sus miembros, pero no puede ceder en sus principios. Más aún, en la reacomodación del sistema internacional Europa tendrá que elegir su papel, y más le vale que haya una consistencia entre las líneas rojas en las que opera su modelo interno y las que va a plantear en su presencia internacional, mientras los Estados Unidos se hunden en las arenas movedizas de sus propias inconsistencias. 

Se produce política social progresista debilitada desde su base pues en lugar de pagarse con impuestos que favorezcan la equidad, se paga con los excedentes de una actividad económica extractiva

El debate de las ideas progresistas tan en boga tiene por delante el reto de enfrentar el gran problema de la región: la desigualdad

Más allá de las pasiones que susciten unos y otros líderes, el verdadero campo de juego del progresismo está en la capacidad para transformar crecimiento en equidad

América latina es desde hace poco más de una década escenario de un renovado debate que atañe a la ideología, la política, la ética y la economía por partes iguales en el marco de una situación de crecimiento económico en casi todos los países, lo cual marca una distancia considerable frente al actual escenario europeo.

Ahora bien, las etiquetas para el susodicho debate son difíciles de asignar, son tantos los matices que hace imposible generalizar bajo un calificativo común.

Para hacer un acercamiento a tal diversidad, el análisis de la penetración del progresismo puede dividirse en dos partes, por un lado las ideas y por el otro los estilos políticos. Marcando así una diferencia entre la importancia que han ganado ciertos cuestiones públicas, antaño relegadas e invisibilizadas, dentro de las agendas publicas y por el otro el papel, también muy relevante, del estilos y carisma de los lideres.

En materia de ideas progresistas la agenda pública latinoamericana ha dado la bienvenida a temas de urgente relevancia. La mayor parte de la región está combatiendo la pobreza, a través de políticas focalizadas, subsidios a la demanda y transferencias condicionadas, obteniendo avances notables. La Comisión Económica para América Latina y Caribe de las Naciones Unidas señala que la tasa de pobreza de la región es la más baja de las tres últimas décadas.

Asimismo, otros asuntos se hacen lugar. A pesar de que la ya señalada CEPAL afirma, con total veracidad, que la pobreza en la región tiene rostro de mujer indígena. Lo cierto es que las agendas públicas han dado pasos en el reconocimiento de la diversidad cultural, la equidad de género, y se está incorporado el reconocimiento de la población LGBT.

Otro tema que empieza a hacerse lugar en el debate político es la sostenibilidad, la conciencia de vulnerabilidad de la región al cambio climático han impulsado a los gobiernos regionales a clamar por estos temas con relativa unidad en foros como Rio+20.

Un renovado sentido de independencia y unidad regional, remplaza la mera diatriba anti-imperialista. Con variada intensidad, la región reclama su independencia para tomar decisiones o por entablar diálogos de iguales con EEUU. Asimismo, aunque con exasperante lentitud, los procesos de integración avanzan, la Unasur ha conseguido posesionarse en Suramérica como espacio de solución de controversias por encima de la misma OEA y en Centroamérica el proceso integrador ya deja varios resultados satisfactorios. La expectativa sobre CELAC es amplia y positiva entre la mayoría de los líderes.

En el caso concreto de la integración y la consolidación de la identidad regional ha jugado un papel importante la presión de las empresas que empujan el comercio regional a la vez que los medios de comunicación se han encargado de generar un espacio de identidad latinoamericano que pese a provenir de la iniciativa comercial tiene un impacto positivo.

Pero estas quizás son las dos excepciones entre la dinámica de las ideas progresistas en el discurso y la realidad. El modelo económico que tanto está beneficiando a la región es inconsistente con los temas que emergen en la agenda pública y es su principal detractor, no ya la derecha política, sino la necesidad de mantener un crecimiento económico basado en la producción primaria, o la bien llamada “reprimarización”.

Así pues los empoderados pueblos indígenas se ven en guerra contra la explotación minera y petrolera en sus territorios ancestrales; el reconocimiento de espacios ambientales protegidos choca con la concesión de permisos de explotación comercial de los recursos, las mujeres centroamericanas siguen atadas a la maquila, hay signos de una preocupante reconcentración de la tierra, en algunos casos en manos extranjeras, los medios de comunicación son blanco de diversas “iras” presidenciales y el grueso de la política macroeconómica se destina a mantener la condiciones de competitividad para las empresas multinacionales.

América latina habla de progresismo pero en sus facultades de economía se sigue enseñando economía clásica. Se produce política social progresista, debilitada desde su base pues en lugar de pagarse con impuestos que favorezcan la equidad, se paga con los excedentes de una actividad económica extractiva que además deja poco empleo de calidad. El debate de las ideas progresistas tan en boga tiene por delante el reto de enfrentar el gran problema de la región: la desigualdad.

Por el otro lado está el debate de los estilos de la política, que está marcado no solo por la forma en la que se construye la agenda publica, sino y especialmente por la forma en la que los mandatarios desarrollan su papel. Esta es una importante consideración a la hora de analizar el debate ideológico en la región. A grandes rasgos se encuentran tres estilos el radical de Venezuela, los demás países del Alba, y Argentina. El moderado y convertido en patrón por excelencia de política social, de Brasil, y Uruguay. Finalmente los presidentes “liberales pragmáticos” de Colombia, México y Chile y el “socialista pragmático” de Perú. Los primeros caracterizados porque a pesar de su tendencia de base, han aceptado bien la inclusión de las basas del debate progresista en su agenda, o bien por su intento de ser de izquierda sin espantar a los inversores, equilibrio al que juega continuamente Ollanta Humala.

Es importante resaltar la diferencia entre el progresismo Europeo y latinoamericano, mientras en Europa el progresismo es un corpus político, en América Latina aparece desmigado en diferentes políticas publicas que van abriéndose paso en el debate regional por sí mismas, no como un conjunto. Asimismo difiere el estilo político, los partidos se tornan en movimientos en los casos más radicales, y el personalismo cobra una importante cuota de la estructura política.

Más allá de las pasiones que susciten unos y otros líderes, el verdadero campo de juego del progresismo no está en ser como Chávez, como Dilma, o como Calderón. Sino en la capacidad para transformar crecimiento en equidad y política en democracia, ahí, y no solo en mantenerse en el poder es donde se gana la partida.