La quiebra del régimen del 78 puede haberse convertido en el preámbulo de la primera crisis de Estado del siglo XXI español. Desde 2008, la quiebra del sistema político y económico no ha producido ninguna crisis de Estado sencillamente porque ninguno de los poderes institucionales ha desobedecido las órdenes emanadas de otro. Ni la destrucción de dos millones de puestos de trabajo entre 2011 y 2013, ni la Gürtel, la Púnica, Lezo, la trama valenciana, las basuras de Toledo, Bárcenas y Rato todos juntos, ni los más de 20.000 millones recortados a la sanidad y la educación, ni Espejel, López, Lesmes y Maza, ni el 40% de pobreza infantil, ni los 100.000 millones de euros para rescatar a los bancos, ni los aeropuertos sin aviones, ni las 400.000 familias desahuciadas desde 2008, ni Fernández Díaz y sus comisarios, ni el impuesto al sol. Nada. Nada de lo que ha provocado el mayor empobrecimiento de las familias españolas en los últimos 70 años y nada de lo que ha podrido los pilares básicos de las instituciones centrales de la democracia representativa, nada de eso ha provocado una crisis de Estado.

La crisis de Estado ha llegado a España de la mano de la cuestión nacional catalana con nombres, apellidos y fechas que ya forman parte de la Historia -con negras mayúsculas- de nuestro país. Como todos los grandes problemas, esta crisis no tiene una única causa. Es el resultado de una larga cadena de errores, manipulaciones e irresponsabilidades que inició el PP con su recurso contra el Estatut ante el Tribunal Constitucional en 2006, continuó la ignominiosa sentencia del Tribunal en 2010 y terminó por convertirse en un caudaloso río de gasolina gracias al inagotable manantial de desprecio, falta de respeto e inmovilismo que el Gobierno del PP ha emanado durante siete años. Pero no se me entienda mal. Que el Gobierno del PP, y muy particularmente el presidente Rajoy sean los principales responsables de esta crisis, no les convierten en los únicos. 

El Gobierno de la Generalitat ha mantenido la ruta unilateral hacia la independencia sabedor de que su mayoría parlamentaria no se correspondía con la mitad más uno de los votos de 2015, sabedor de que su propuesta no contaba con el respaldo de una amplia mayoría de la sociedad catalana y sabedor también de que, con el PP gobernando en España, llevar hasta el final la vía unilateral ponía en riesgo la integridad política del pueblo de Catalunya. No soy equidistante ni creo que ambos gobiernos tengan el mismo grado de responsabilidad. En absoluto. Pero los mejores gobernantes no siempre son los que quieren tener razón; la mayoría de las veces, los mejores gobernantes son los que quieren arreglar las cosas. Pienso, por poner un ejemplo, en Nelson Mandela.

En estos momentos, ninguno de los que detentan los poderes institucionales confrontados parece dispuesto a matizar para facilitar acuerdos. Antes al contrario, en su empeño por tener razón -o peor aún, por satisfacer a los suyos- gritan a las salas de máquinas de sus aparatos institucionales y mediáticos “más madera” sin calibrar la profundidad de las heridas que están asestando al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos de España. Como primera propuesta, por el bien de nuestra ya maltrecha memoria colectiva, el 1 de octubre de 2017 debería contar desde ya mismo con un calificativo que le acompañe siempre, algo así como un marco por defecto capaz de situar lo ocurrido inequívocamente.

Podría ser el domingo negro del 17, el ominoso 1 de octubre o el domingo de la vergüenza. El rey, conocedor de la fuerza mágica de las palabras, se cuidó mucho de mencionar la fecha en su incendiario discurso. Rajoy, más torpemente, declaró solemnemente que el 1 de octubre y el referéndum “no había existido”. Como quiera que sea, no me corresponde a mí buscar esa locución para las generaciones futuras, aunque considero imprescindible la tarea. Lo que sí me corresponde como diputada en el Congreso, a mí y a todas las personas que ocupamos los espacios de representación en los parlamentos catalán y español, es buscar caminos para frenar este destrozo y empezar a arreglar las cosas.

Comencemos por aquello en lo que las grandes mayorías estamos de acuerdo: paremos las máquinas. Si fuera por la accesibilidad a las vías de resolución de esta crisis, apelaría en primera instancia al presidente del gobierno de España para que echara el freno a esta deriva, pero visto lo ocurrido desde el pasado domingo no creo que quepa esperar soluciones de Rajoy. Así las cosas sólo resta apelar a las diputadas y diputados de los parlamentos español y catalán.

En nuestras manos, en las manos de las personas que constituimos el Congreso de los Diputados y Senado está frenar el proceso de judicialización de la crisis de Estado desplegada por el PP y abrir el debate sobre el cambio constitucional en España. Pero ambas son sendas abandonadas por la democracia española hace mucho tiempo y por eso ahora, precisamente cuando no hay tiempo, necesitamos desbrozar primero el camino para poder recorrerlo después. Frenar el proceso de judicialización de la crisis promovida por el Gobierno y el jefe del Estado sólo es posible con el concurso de todas las fuerzas parlamentarias de sincero arraigo democrático. Es obligación de todos impedir que Rajoy siga judicializando y confrontando policialmente a la gran mayoría de la sociedad catalana que quiere un referéndum.

Pero es también nuestra obligación evitar la detención de los miembros del Gobierno de la Generalitat, cuyas consecuencias políticas y sociales son incalculables, tanto para el pueblo catalán y como para el resto de los pueblos de España. A su vez, abrir un debate real sobre el cambio constitucional en España requiere apartar enormes zarzas del camino. Es imprescindible que hayamos modificado el art.166 de la LOREG relativo al sistema de elección de senadores en las provincias antes de que se convoquen las próximas elecciones generales. Si no lo hacemos no habrá cambio constitucional de ningún tipo. ¿Por qué? Porque ahora sí sabemos para qué sirve el Senado.

Cualquier cambio en la constitución española requiere para su aprobación una mayoría cualificada en el Senado. El tramposo sistema electoral le regala hoy al PP el 66% de los escaños cuando apenas ha obtenido el 33% de los votos. Es decir, un sistema diseñado para impedir que un acuerdo mayoritario de la sociedad española -incluso si representase al 66% de los votantes- pueda modificar la Constitución sin el visto bueno del PP.

En las manos de las diputadas y diputados del Parlamento de Catalunya está suspender la declaración unilateral de independencia. Suspender esa declaración incluso cuando se esté de acuerdo con ella porque el buen gobernante sabe que la integridad política del pueblo es más importante que la estructura institucional sobre la que se organiza el sujeto político. Incluso si el objetivo es formar un nuevo Estado, el camino siempre será más corto y seguro si previamente se ha salvaguardado la integridad política y física del pueblo, ambas desgraciadamente amenazadas hoy.

En este momento tan dramático como histórico, los protagonistas no pueden ser ni el coraje ni el patriotismo ni la biografía política de nadie. La épica es cualidad exclusiva de las derrotas del pasado, porque las derrotas del presente sólo son amargos fracasos cargados de injusticia y humillación para millones de personas. La integridad del pueblo de Catalunya está en juego y es obligación de todas y todos defender al pueblo, defenderlo antes que cualquier otra cosa.

Asumamos cada una, cada uno, nuestra responsabilidad, defendamos la integridad política de todos los pueblos de España y empecemos a desbrozar el camino para el cambio constitucional. La historia no nos absolverá.

Resolver las crisis que están teniendo lugar en nuestro país requiere más cabeza que tiempo y más propuestas que denuncias

Llegados a este punto, resolver las crisis que están teniendo lugar en nuestro país requiere más cabeza que tiempo y más propuestas que denuncias. Requiere un fuerte anclaje en la materialidad del presente concreto y fuerza para abrir nuevos caminos. En Podemos sabemos mucho de abrir nuevos caminos. Es duro pero su técnica es sencilla: desbrozar y avanzar a partes iguales.

Empecemos por desbrozar. La desobediencia del govern de la Generalitat a los mandatos del Tribunal Constitucional y al Gobierno de España ha transformado la crisis política en Catalunya en una crisis del Estado español. Muy astutamente, el govern de Junts pel Sí se ha encargado de denominar esta crisis como “crisis entre Catalunya y España” y el Gobierno del PP se ha dejado querer. Esta transmutación de las posiciones de los partidos en las posiciones de sus naciones constituye una de las toxinas ideológicas más nocivas del procés y cualquier propuesta de salida requiere su radical erradicación. Hay que repetirlo hasta el aburrimiento: ni todos los catalanes son de Junts pel Sí, ni todos los españoles somos del PP, o lo que es lo mismo, hay muchos catalanes que no son independentistas -incluso puede que la mayoría-, y muchos españoles que no somos del PP, en este caso con toda seguridad somos la mayoría. Aceptar esta subsunción está amenazando la cohesión social en Catalunya y en España porque nos deja sin nación ni patria a los catalanes no independentistas y a los españoles no setentayochistas –denominación a mi juicio más correcta que la de constitucionalistas- en una operación más propia del siglo XX español que del XXI. La crisis política en Catalunya no es un enfrentamiento entre Catalunya y España. Es un enfrentamiento entre dos amplios espacios sociales e ideológicos catalanes, aliados cada uno de ellos con el Govern de Catalunya y el Gobierno de España, y ha sido precisamente su enfrentamiento lo que ha provocado la primera crisis de Estado del siglo XXI. Dejar pasar esta burda manipulación cierra el camino a cualquier solución a la crisis catalana, pero también a la posibilidad de poner en pié el cambio político, económico y cultural que la gente activó en las calles y plazas de todo el país -incluida la plaza Catalunya- el 15M de 2011.

El segundo tóxico ideológico del que debemos desprendernos es el que naturaliza que hay una única crisis. Esto es histórica y políticamente falso. Hoy tenemos sobre la mesa territorial, como mínimo, tres crisis diferentes: la crisis política catalana, la crisis territorial española y la crisis de Estado nacida de la interacción de la crisis catalana y la crisis española.

La crisis política en Catalunya se gestó en el proceso de descomposición de CIU y el pujolismo y dio lugar a la reorganización de todo el sistema de partidos sobre el eje nacional catalán en 2010. Sin esa reorganización, CIU no habría sobrevivido ni estrenando el traje de PDeCAT ni vestido de lagarterana.

La crisis territorial española es también de largo aliento y tiene, como mínimo, tres grandes causas: 1) la Ley de Financiación Autonómica y la arbitrariedad con la que los Gobiernos de PP y PSOE la han aplicado, es decir, el partidismo y el pujolismo de CIU, PNV, CC, NC, etc. como realpolitik del régimen del 78; 2) la ausencia de un espacio institucional de representación y decisión de los pueblos, regiones y naciones de España; y 3) la oceánica y extravagante falta de respeto del PP por la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Dice el psicoanálisis que lo reprimido siempre vuelve. Hoy me asomo a la ventana de mi casa y creo que puedo escuchar aquel “Pujol enano, habla castellano” que Aznar tuvo que silenciar en 1996, apenas 48 horas después de bailarlo. Lo que ocurre en Catalunya forma parte de la crisis territorial española, pero no es, ni mucho menos, lo único que la conforma.

La tercera toxina ideológica afecta a la percepción de los errores de los adversarios. Hasta el momento, todo lo que uno hace mal es releído por el otro como fundamento legitimador de su siguiente movimiento. Cuando, según el PP, el Parlament quiso destruir España con la reforma del Estatut, legitimó a Rajoy para tumbarlo. Cuando el PP recurrió el Estatut, legitimó la vía unilateral del procés. La vergonzosa sesión parlamentaria del 6 y 7 de Septiembre legitimó la represión policial del 1 de Octubre. Y cuando el PP dio la orden de acabar a porrazos con el 1 de Octubre, legitimó la declaración unilateral de independencia. Y así y así y así. Así hasta que logremos parar esto, hasta que logremos desintoxicarnos individual y colectivamente. Desde luego que la aprobación de la Ley de Transitoriedad no justifica más de 800 heridos el 1 de Octubre, pero sin lugar a dudas -y esto es política e históricamente muy importante- lo ocurrido el 1 de Octubre no faculta ni legitima al govern de Juntx pel Sí para proclamar la independencia, ni por activa ni por pasiva-agresiva.

Después de desbrozar, toca avanzar. La única herramienta con la que empezar a resolver la crisis política catalana es una convocatoria electoral en Catalunya que, le guste o no al PP y a Junts pel Sí, será refrendaria, como seguramente lo serán todas las elecciones que se celebren en Catalunya en los próximos años. Lo reprimido siempre vuelve.

Ahora bien, unas elecciones refrendarias o un referéndum pactado permite resolver, al menos en parte, la crisis política catalana, pero no la crisis territorial española ni la crisis de Estado. La crisis territorial española (y Catalunya tiene ahí su parte) necesita un nuevo marco constitucional capaz de estabilizar la financiación autonómica, dar voz y voto a los pueblos de España y respetar. Respetar y querer al pueblo tal y como es. Respetar y querer nuestra pluralidad cultural, lingüística y nacional. No es un asunto menor que En Comú Podem haya ganado las dos últimas elecciones generales en Catalunya.

Lograr una España respetuosa con sus pueblos y naciones, financiada con equidad y justicia territorial y con una institucionalidad inclusiva territorialmente necesita cambiar cosas muy importantes. En primer lugar, la ley electoral del Senado que de manera tramposa le regala al PP la capacidad para bloquear cualquier cambio constitucional. Después será imprescindible un largo debate de país, un debate constituyente sobre cómo es la España que queremos. Se me ocurre acabar con el pujolismo del PNV, CC, NC, etc. con un senado nuevo, con una ley electoral nueva más justa, y una única competencia: organizar la financiación autonómica. Se me ocurre un fiscal general del Estado y un CGPJ independientes. Se me ocurre un Tribunal Constitucional conformado por juristas de prestigio. Se me ocurre un modelo económico, ecológico y laboral que blinde el compromiso con la transición energética, organice los sectores estratégicos e impulse el cambio de modelo productivo español. Y cuando tengamos algo así, preguntar a todos los pueblos, regiones y naciones de España si les parece bien.

En 1967 Américo Castro escribió: “Yo tengo fe en el porvenir, y pienso que cuando los españoles se den cabal cuenta de quiénes son y cómo han sido, y de a qué circunstancias históricas se deben sus desdichas, habrá de producirse una reacción de trabajo inteligente, original y creativo. Porque la verdad es que hoy en día no están habitando su propia historia, ni su propia ciencia, ni su propia técnica.” Ese porvenir lo trajo el 15M y no podemos dejar que se nos escape en este roto.

Si existe alguna certeza en relación al resultado de la próxima Asamblea Ciudadana de Podemos es que nuestro segundo congreso dejará en el seno de la organización una mayoría, más o menos mayoritaria, y varias minorías. Esto será así con independencia de que las candidaturas encabezadas por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón decidan no competir porque, tal y como aprendimos en el primer Vistalegre, la pluralidad y las diferencias no desaparecen por el hecho de que los compañeros y compañeras concurran bajo el paraguas de una única lista ni porque exista un candidato de consenso a la secretaría general. El principal reto de Podemos no puede ser superar las diferencias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entre otras cosas porque en una organización democrática las diferencias políticas entre compañeros y compañeras son siempre fuente de riqueza y no de problemas. Es opinión de muchas personas en Podemos que todo lo que desplace a un segundo plano los debates sobre cómo llevar a cabo los cambios políticos, económicos, institucionales y culturales que el 15M comenzó a exigir en 2011 y que han seguido reclamando desde entonces millones de personas en España es, como poco, un error que roza la irresponsabilidad. Podemos es la herramienta política más bella y poderosa que las grandes mayorías sociales de nuestro país hemos sido capaces de construir para transformar la enorme crisis económica, social, institucional y cultural que se desató en 2008, en una oportunidad histórica para la fundación de un nuevo país. Es obligación de todas y todos cuidar esa herramienta, porque Podemos es de todas y de todos.

En el próximo Vistalegre tendremos que decidir democráticamente cuál debería ser la agenda que queremos para España y cuáles serán nuestras propuestas para afrontarla. A nuestro juicio, la preparación para el proceso de cambio constitucional que se viene, la transformación del modelo productivo español y la lucha contra el machismo debieran conformar la columna vertebral del debate congresual. Pero existe un nivel cero, un punto anterior que debemos resolver y que condiciona todo lo demás: las reglas democráticas con las que Podemos se va a organizar y con las que trabajará cotidianamente. Los acuerdos del primer Vistalegre construyeron una estructura asombrosamente ágil, capaz de moverse a gran velocidad en escenarios muy complejos. Entonces lo definimos como máquina de guerra electoral. Sin embargo, ese Podemos tuvo una organización laxa, con atribuciones competenciales imprecisas, a menudo centralistas, disfuncionales y confusas, sin reglas claras sobre dónde y de qué manera se tomaban las decisiones y qué ocurría cuando los dirigentes o los órganos las ignoraban. Poner fin a la laxitud organizativa y competencial en Podemos es la tarea inaplazable que debiera presidir todas las negociaciones en curso entre los principales competidores en esta Asamblea. Porque si no se produce un acuerdo sobre la reglas, de nada servirán los procesos electorales o las negociaciones que definan quiénes serán mayoría y quienes minorías dentro de la organización. Es imprescindible que en estos debates precongresuales, el mayor número de compañeros y compañeras nos pongamos de acuerdo sobre qué decisiones corresponden a los círculos, a los consejos ciudadanos, a las ejecutivas y a las secretarías generales. Es imprescindible que nos pongamos de acuerdo sobre cómo y cuándo vamos a decidir el tipo de relación organizativa que queremos tener con nuestros aliados. Que acordemos qué órgano y en qué momento va a decidir el espacio político y jurídico desde el que queremos ganar los gobiernos municipales y autonómicos en 2019. Es imprescindible que decidamos los aspectos que deben ser votados en cada uno de los órganos de Podemos y qué mayorías –simples, absolutas, cualificadas- son necesarias para sacar adelante las principales decisiones a adoptar en cada uno de ellos. Es imprescindible que definamos un sistema electoral común a todos los procesos electorales internos y clarifiquemos cuáles son los órganos y los tiempos en los que pueden ser modificados. Es imprescindible también un consenso sobre la estructura organizativa interna, sobre los objetivos que guiarán la conformación de las nuevas áreas y secretarías de Podemos. Deberíamos ponernos de acuerdo sobre cuál debería ser el uso que los responsables políticos y cargos orgánicos de Podemos hacen de los medios de comunicación y de las redes sociales como Twitter. Es urgente, en definitiva, que acordemos el alcance efectivo de las decisiones orgánicas, cuáles son sus límites y qué hará la organización si una dirigente o un órgano decide ignorarlas o contravenirlas.

Desde el Colectivo Mayo-2011 queremos ayudar a construir acuerdos políticos y organizativos entre todas las personas que formamos esta organización y estamos tratando de hacer todo lo que está en nuestra mano para facilitarlos. Pero si en el correr de los días no fuera posible alcanzar esos grandes acuerdos políticos, promoveremos al menos la formación de acuerdos sobre las reglas del juego, sobre qué órganos y con qué reglas se tomarán las decisiones dentro de la organización después de Vistalegre, sobre qué instancias se ocuparán de qué cosas, sobre qué mayorías harán falta para tomar qué decisiones. Y estamos convencidas y convencidos de que para que Vistalegre sea el éxito que todas y todos queremos es casi necesario que seamos capaces de ponernos de acuerdo en el ‘cómo se hacen las cosas’ antes de que las inscritas y los inscritos decidan quiénes conformarán las próximas mayorías y minorías dentro de la organización. Sólo así, con ese acuerdo previo a Vistalegre, podremos tener la certeza de que, decidamos lo que decidamos con nuestros votos, el Podemos de Marzo 2017 será capaz de transformar, cooperativa y funcionalmente, la diversidad de análisis y propuestas en motores para la multiplicación de las fuerzas para el cambio.

Carolina Bescansa y Nacho Álvarez son miembros del Consejo de Coordinación Estatal de Podemos, promotores del Colectivo Mayo-2011, Pensando Vistalegre.

"Desde Podemos nos hemos propuesto elaborar un programa que se proyecte como la aspiración de una mayoría social para los próximos diez años", apunta Bescansa

Acometer una de las tareas fundamentales para cualquier proyecto de regeneración de la vida pública pasa necesariamente por recuperar el programa electoral como una herramienta democrática básica de comunicación entre los políticos y la ciudadanía. Conscientes de que las próximas elecciones de diciembre serán las más trascendentales de las últimas décadas, desde Podemos nos hemos propuesto elaborar un programa que se proyecte como la aspiración de una mayoría social para los próximos diez años.

El primer paso, por tanto, ha consistido en movilizar a toda la organización para llegar a esa gente; para convocarla al ágora pública que pretendemos construir, y escuchar sus intereses y sus propuestas. Las estructuras territoriales de Podemos han organizado más de 3.000 asambleas abiertas a lo largo de los últimos cuatro meses. Del mismo modo, los responsables de área han mantenido contactos y recopilado reivindicaciones proporcionadas por cientos de organizaciones; desde asociaciones de profesionales y pequeños comerciantes, hasta organizaciones no gubernamentales, pasando por sindicatos, asociaciones culturales y organizaciones empresariales. Por otro lado, el espacio virtual Plaza Podemos nuevamente ha jugado un papel central en la generación de ideas y debates para el programa. Desde el pasado mes de julio, miles de personas han propuesto iniciativas, las han discutido y las han votado. En virtud de ello, muchas de las mismas están siendo sometidas a votación de todas las inscritas e inscritos y, en función de estos resultados, conformarán la serie de prioridades, medidas y pasos concretos que se presentarán al electorado español, como propuesta franca para cambiar este país.

Confiamos en que esta nueva forma de hacer las cosas no solo ha dado como resultado el programa más participativo y de mayor vocación transformadora jamás realizado en nuestra historia democrática. Al mismo tiempo, es un programa riguroso y solvente, en la medida en que los equipos de área han sabido aprovechar el trabajo desinteresado de muchos expertos y expertas, que han afrontado con una gran ilusión la responsabilidad de convertir y aterrizar los sueños de tantas y tantos en medidas concretas y aplicables.

Después de todo este largo camino recorrido, el proceso de elaboración programática culminó regresando al punto de inicio: a los miles de personas que conforman y se sienten parte de este proyecto. Por eso, desde el sábado 31 y hasta el martes, 3 de noviembre, todas las inscritas e inscritos han podido en podemos.info y votar las medidas que componen el programa final, a ser presentado como compromiso frente a la ciudadanía.

Sabemos que el resultado final es extremadamente ambicioso. Y lo es porque emerge y acompaña el desbordamiento de las expectativas de cambio manifestadas por la gente; un desbordamiento que –estamos seguras- va más allá de la Constitución redactada en 1978. En este sentido, Podemos intuye esta vocación entre la ciudadanía, y está dispuesto a abrir la senda de la participación ciudadana, en la fase de reformas que necesariamente vivirá España a partir del 20 de diciembre. Por eso, hemos planteado cinco medidas clave, como desencadenantes de un nuevo marco constitucional y, por tanto, como las que harán posible la implementación del resto de medidas destinadas a recuperar la soberanía social, económica y política. Estas son:

Creemos que estas cinco aspiraciones se han instalado entre la ciudadanía española como parte de su sentido común contemporáneo. Sin embargo, somos conscientes de que solo pueden desarrollarse plenamente dentro de un nuevo marco constitucional. El proceso que nos llevará a un cambio de este calado no puede darse sin que esta misma ciudadanía se involucre de lleno. Precisamente, Podemos nació para facilitar y abrir esa participación. Llevamos casi dos años en esa tarea. Es la hora del examen final.

La ilusión abierta en amplios sectores sociales por el despertar juvenil durante el 15M parece estar disipándose a lo largo de los últimos meses, porque nada parece cambiar a pesar de intensas “mareas” de movilización que ya el conjunto de la sociedad está realizando para resistir el desmantelamiento del Estado de bienestar y de derecho.

La regeneración política se muestra compleja ante la ausencia de diagnósticos compartidos entre las diversas fuerzas políticas, enfrascadas en sus movimientos tácticos para sacar ventaja en los próximos comicios. La dificultosa colaboración de viejos aparatos partidarios y nuevas redes sociotécnológicas requiere de recursos humanos y materiales hoy comprometidos en penosas luchas intestinas. Los grandes se conforman con no perder mucho, los pequeños con ganar un poco y poder seguir manteniendo clientelas de supervivencia.

No obstante, con la gente insistentemente en la calle se ha iniciado una importante movilización cognitiva. Se han dado ciertas convergencias intergeneracionales entre despolitizados en diálogo con los politizados de diferentes tradiciones ideológicas, que incluso han rebasado el campo de identidades tradicionalmente etiquetado entre izquierdas y derechas. Lentamente se van perfilando unas mayorías sociales y morales que reclaman nuevas reglas del juego, tras haber sido estafados con sus viviendas, sus ahorros, sus impuestos y sus derechos.

¿En qué condiciones están las actuales élites políticas para promover unas nuevas reglas de juego creíbles para estas mayorías emergentes? En la derecha la corrupción gangrena velozmente sus filas superiores al tiempo que abre brechas en las inferiores con dimisiones, renuncias y posicionamientos críticos, también ya presentes en los medios de comunicación habitualmente afines. Se abre un nuevo juego de alianzas en el centro político.

En este sentido, es significativo que el partido que más adhesiones ha recogido del 15M en términos de militancia y simpatizantes esté siendo UPyD, que con su presencia en el caso judicial contra Bankia ha conseguido marcar distancias y evidenciar la subordinación de los principales partidos respecto a la viscosa banca madrileña. No obstante, su futuro electoral prometedor es muy probable que se vea lastrado por las prácticas parlamentarias de sus cúpulas, siempre dispuestas a encabezar iniciativas de impacto mediático pero aliadas de los grandes partidos en las formas “tradicionales” de relacionar cúpulas y bases, y también en el fondo de su concepción de la representación y del hacia dónde con la organización social.

El espacio de centroizquierda ocupado por el socialiberalismo del PSOE no parece dar señales de despegar por las dificultades derivadas tanto de su incapacidad de renovarse generacionalmente, que lo sigue sometiendo a las apariciones salvacionistas de la vieja guardia. Como de su falta de energía para renovar un programa y trazar algunas líneas rojas como reclaman buena parte de sus mejores cuadros intelectuales carentes de cualquier poder orgánico, cuestión evidentemente vinculada a su histórica falta de democracia interna y las hipotecas corporativas de sus más altos representantes en constante tránsito entre la política y consejos de administración.

Por su parte, en el espacio de la izquierda legislativa ocupado por Izquierda Unida, también se intensifica la guerra generacional y las distintas familias se rearticulan en espacios pretendidamente nuevos. La operación Izquierda Abierta liderada por Llamazares junto a eternos enemigos parece haber repescado al exjuez Garzón nuevamente para la política, aunque parecen dudar si disputarse un espacio organizativo siempre controlado por la geometría interna tan variable del PCE, o salir a la disputa electoral en solitario con su pretendido nuevo comodín.

El Frente Cívico impulsado por Anguita parece buscar una reflexión crítica apoyada por la militancia más abierta del PCE para intentar promover un nuevo espacio cívico-republicano de referencia para la izquierda ante las expectativas de descomposición organizativa de IU.

La Izquierda Anticapitalista que quiso aprovechar el coyuntural tirón electoral del troskismo francés carece de recursos para ganar la atención del electorado pese a su esfuerzo militante pegado a los movimientos sociales de base. Los espacios de la autonomía social ligados a centros okupas y núcleos activistas coquetean por vez primera con la idea de algún tipo de partido político tras el éxito de las Candidaturas d’ Unitat Popular en Cataluña, ayudados por sus capacidades en el manejo de las nuevas tecnologías.

Lamentablemente por separado, ninguno de estos vectores podrá aprovechar la coyuntura para impulsar el sujeto portador de un nuevo proyecto constituyente que logre definir el sentido ideológicamente otrora orientador de la izquierda, centro y derecha. Si en las próximas elecciones sus liderazgos se conforman con pequeños porcentajes electorales, la sociedad española no contará con ellos. De ahí la perentoria necesidad de apoyar los esfuerzos transversales lanzados desde diversos colectivos para una convergencia en un espacio político más ambicioso, favorable a la regeneración democrática, el relanzamiento productivo y de decidido apoyo mutuo hacia y con los sectores populares, acorde a la coyuntura que se avecina.

Es fundamental (in)formar ese espacio, en el sentido de conseguir información y datos para que su discurso y agenda ganen adhesiones sociales masivas. Y de formarlo organizativamente con una paciente pedagogía política que maneje las dos manos simultáneamente. La derecha, para promover una responsable disciplina con la que acumular recursos organizativos para crecer y poder ilusionar a la sociedad española. La izquierda, para generar los diálogos que se necesitan para cuidar y proteger tanto la diversidad ideológica interna, como la social externa hoy amenazada por la depauperación neoliberal. Ojalá Ada Colau, y las mujeres y hombres comprometidos como ella, ayuden también en este proceso.