El incremento en el uso de redes sociales ha generado grandes expectativas con respecto a su potencial para transformar la comunicación política y la relación de los representantes públicos con los ciudadanos. Sin embargo, el modo en que herramientas como Facebook o Twitter impactan en diferentes modos de participación política es un debate abierto a nivel académico. En los últimos años, se ha discutido ampliamente sobre cómo las redes sociales afectan la coordinación de protestas y revoluciones, hasta qué punto facilitan que las voces más débiles sean escuchadas, cómo incrementan nuestro acceso a una mayor diversidad de opiniones, o incluso si es posible utilizar estos datos para predecir eventos políticos como elecciones o manifestaciones.

Un elemento común en muchos de estos análisis es el argumento sobre el efecto democratizador de las redes sociales en el acceso a la comunicación pública. Al reducir de manera homogénea el coste de emitir mensajes en masa, independientemente de quién sea el emisor, con frecuencia se sostiene que las redes sociales deberían contribuir a una mayor calidad de la representación política. Sin embargo, como demostramos en un estudio utilizando datos de Twitter, recientemente publicado en la revista Social Science Computer Review, éste no es el caso. Por el contrario, los agentes políticos que son más oídos en el debate público “offline” siguen teniendo una mayor presencia en las redes, lo cual intensifica los sesgos que encontramos en la participación política. Este resultado también pone en cuestión la capacidad de esta fuente de datos para convertirse en una herramienta fiable de medición de la opinión pública.

El resultado que encontramos es intuitivo, e ilustra las dificultades que presenta el uso de este tipo de datos. Analizar Twitter no es diferente de entrar en un bar ruidoso. Escuchamos muchas voces pero tenemos poca información sobre los sujetos. Podemos oír a la gente hablar y podemos observar quién escucha y quién es escuchado por cada individuo, pero no podemos preguntar nada. Estamos rodeados de datos, pero como en casi todos los ámbitos de la investigación sobre política e Internet, todavía estamos en la infancia de entender cómo poder explotar la información a la que tenemos acceso. Nuestro artículo contribuye al desarrollo de herramientas que nos permitan entender mejor Twitter como paso previo a teorizar y estructurar relatos acerca del poder de los medios sociales en la arena política.

Nuestro análisis forma parte de un proyecto más amplio, tuitómetro.es, que pusimos en marcha en 2011 con el objetivo de medir el sentimiento en tiempo real de los tweets relacionados con diferentes eventos políticos. En concreto, en este artículo utilizamos una base de datos que incluye todos los tweets enviados en los 70 días anteriores a la elecciones generales españolas de 2011 y las presidenciales norteamericanas de 2012 que contenían referencias a alguno de los partidos o candidatos en cada elección, lo cual representa un total de 3 millones de tweets en el caso de España y 62 millones de tweets en Estados Unidos. Con el objetivo de analizar la desigualdad en la participación, estos datos son complementados con un análisis en profundidad de una muestra aleatoria de 12.000 y 50.000 usuarios que participaron de manera activa en la discusión política en Twitter en cada caso, para los cuales hemos estimado variables sociodemográficas y políticas de interés.

Nuestro estudio arroja cuatro conclusiones principales. En primer lugar, encontramos que una amplia mayoría de los usuarios que escriben en Twitter sobre política en ambos países son hombres. En segundo lugar, aunque la distribución geográfica de los usuarios de Twitter se acerca a la de los habitantes en cada región, existe un claro sesgo hacia las zonas urbanas. En tercer lugar, la discusión política entre los usuarios de Twitter está fuertemente polarizada, ya que son los ciudadanos con una identificación ideológica más fuerte los que monopolizan gran parte de la conversación. Por último, encontramos marcadas diferencias en la estructura de la conversación a lo largo del tiempo: en ambos países, ciertos eventos de campaña afectan la desigualdad en la participación en Twitter, haciendo que la discusión política esté dominada en mayor o menor medida por un grupo reducido de usuarios que son muy activos.

Quizás el resultado más interesante es el relativo a la relación entre ideología y participación, que mostramos en el gráfico bajo estas líneas. En lo que respecta a la distribución de los usuarios por orientación ideológica, los usuarios de Twitter se dividen en proporciones casi idénticas entre derecha e izquierda en ambos países. En segundo lugar, encontramos que la actividad de los usuarios con un marcado sesgo ideológico, en lo que respecta al número de tweets, retweets y “@-replies” publicados durante nuestro período de análisis, es significativamente superior a los usuarios con posiciones más moderadas. En otras palabras, este resultado sugiere que la discusión política en Twitter está protagonizada por aquellos ciudadanos con valores extremos en la escala de partidismo. Al dividir entre usuarios de derecha e izquierda (o conservadores y liberales), también encontramos importantes asimetrías. En el caso español, aunque el número de total de tweets enviado por cada grupo es similar, los usuarios en el primero de ellos envían significativamente más retweets, lo cual sugiere que la discusión política en la derecha está más jerarquizada y estructurada, con la mayoría de los tweets procedientes de un número limitado de usuarios. Por el contrario, en Estados Unidos sí encontramos diferencias significativas entre grupos ideológicos, y los usuarios que identificamos como conservadores tienden a ser más activos en Twitter.

Ideología y participación

Este resultado tiene una conexión directa con el hecho de que la desigualdad en la participación en Twitter varía de manera sustancial a lo largo de la campaña. En el caso español, estos eventos incrementan la desigualdad y hacen que el núcleo de usuarios activos en la discusión política en Twitter se muestre aún más activo. En Estados Unidos, el efecto depende del tipo de evento. Por un lado, los debates electorales atraen a un mayor número de participantes, lo cual genera una distribución de tweets enviados más homogénea; por otro, eventos como el ataque a la embajada en Líbia tienen el efecto contrario, posiblemente generando una respuesta intensa por parte de los votantes del partido Republicano. Con ello, nuestro resultado sugiere que cualquier tipo de análisis basado en datos provenientes de Twitter que no tenga en cuenta las distintas pautas de comportamiento en respuesta a eventos exógenos corre el riesgo de introducir importantes sesgos derivados de la participación desigual de diferentes tipos de usuarios.

Las consecuencias de nuestra investigación dependen en gran medida de la esfera en la que uno se fije. En sus efectos más prácticos, y pensando en la utilización de Twitter como fuente de datos para el análisis político y social, nuestros resultados apuntan hacia la paradoja de usar Twitter como fuente para el análisis de la opinión pública y la predicción del comportamiento electoral, cuando estamos observando una muestra sesgada de la población. Un análisis basado en el volumen de tweets o su “sentimiento” agregado estará inherentemente sesgado si no se estratifica o pondera para controlar por el efecto de los factores antes expuestos. En este sentido, nuestra crítica tiene un componente positivo ya que cuantifica las variables que requiren más atención, en un tratamiento estadístico de los datos, para poder usar Twitter para entender mejor las características de la población. A un nivel más general, nuestros resultados reflejan la idea de que Twitter, así como cualquier otro instrumento de comunicación refleja las desigualdades existentes. Twitter transforma pero no revoluciona.

A pesar de toda la actividad investigadora sobre redes sociales y política, todavía sabemos poco. Es posible que Twitter esté capturando la opinión de una minoría informada e influyente que causa trasvases en la opinión de los demás, incluso aquellos que no están presentes en las redes sociales. La investigación sobre la conexión entre comportamiento político “offline” y “online” está dando aún sus primeros pasos sólidos, pero es prometedora. Para analizar esta información de manera rigurosa, es necesario desarrollar nuevos métodos más sofisticados y fiables, a los que esperamos contribuir con nuestra investigación.

La corrupción política ha sido tema de portada en la mayoría de periódicos españoles de manera casi ininterrumpida durante las últimas semanas. El escándalo de los sobresueldos cobrados por miembros de la dirección nacional del PP se ha unido a una larga lista de casos de corrupción política destapados en los últimos años. De los EREs irregulares del gobierno andaluz a la presunta financiación ilegal de Convergencia i Unió, pasando por el caso Gürtel y los múltiples escándalos de corrupción a nivel municipal; los abusos de poder y el enriquecimiento ilícito por parte de nuestros representantes parecen extenderse por todos los niveles territoriales y partidos políticos. La percepción de la corrupción y el fraude como uno de los principales problemas de España ha sido documentada por Transparencia Internacional, cuyo último índice anual de corrupción sitúa a España entre Botswana y Estonia, lejos de la mayoría de países europeos.

Las causas de la persistencia de la corrupción en nuestras instituciones son múltiples. En nuestra opinión una de sus principales explicaciones se encuentra en la ausencia de un castigo en las urnas a aquellos representantes que incurren en comportamientos delictivos o, al menos, poco éticos. Evidencia de ello es que, en los dos últimos comicios locales, un elevado porcentaje de los alcaldes imputados en casos de corrupción fueron reelegidos: 70% en 2007 y 39% en 2011. A nivel autonómico, casos como los de la Comunidad Valenciana o Andalucía sugieren también que los votantes otorgan poco peso a la corrupción a la hora de decidir la orientación de su voto. Esta pauta contrasta con una visión normativa de la democracia en que esperaríamos que las elecciones sirvieran como mecanismo de control de políticos cuya actuación es perjudicial para sus votantes.

La paradoja existente entre la popularidad de los políticos corruptos y la impopularidad de la corrupción es el objeto de estudio de nuestro más reciente artículo de investigación. Utilizando datos electorales y de corrupción municipal, encontramos un interesante resultado: la magnitud del castigo electoral depende de manera muy significativa del tipo de corrupción de que ha sido acusado el alcalde. Aquellos casos de corrupción que produjeron, al menos en el corto plazo, un enriquecimiento del municipio no generaron ningún tipo de consecuencias electorales. Por el contrario, cuando el escándalo consistía en una merma del bienestar económico de los votantes, estos reaccionaron con un castigo electoral de 5 puntos porcentuales de media.

Para entender la diferencia entre estos dos tipos de corrupción política, vale la pena considerar dos ejemplos que ilustran, en nuestra opinión, la diversidad existente en España. El primero de ellos ocurrió en el muncipio de El Ejido (Almería), cuyo alcalde fue acusado de malversación y desvío de fondos públicos en 2011. Con la colaboración de varios miembros del gobierno local y la complicidad del alcalde, una empresa municipal cedió la prestación de servicios públicos a empresas políticamente cercanas que inflaron el importe de las facturas al municipio. Según la investigación judicial, el desvío de fondos alcanzó una cantidad cercana a los 150 millones de euros, el doble del presupuesto anual del municipio. La actuación del alcalde en este caso constituye una clara apropiación indebida de recursos públicos para su beneficio personal que esperaríamos que fuera castigada por los votantes, siempre que tengan información precisa sobre estos comportamientos.

Aunque la mayoría de escándalos de corrupción a nivel municipal está asociado a un enriquecimiento ilícito de miembros de sus consistorios, ha sido relativamente frecuente que la corrupción haya producido, a su vez, externalidades positivas a nivel económico en el electorado, al menos a corto plazo. Muchos de estos casos están relacionados con la burbuja inmobiliaria, que dio lugar a grandes plusvalías para propietarios de terrenos rurales recalificados y que, en general, supuso para muchas localidades un aumento temporal de la actividad económica impulsado desde el sector de la construcción. Un ejemplo de ello es Pastrana, en Guadalajara. En 2010, el alcalde este municipio de 1.200 habitantes permitió presuntamente la construcción de edificios de viviendas en suelo rústico de protección especial. En una localidad de este tamaño, este tipo de obras puede generar un impacto considerablemente positivo en la economía local, al crear nuevos puestos de trabajo y revalorizar las viviendas existentes. En este contexto, una amplia proporción de los votantes comparten los beneficios asociados con la acción irregular. Incluso si existe la sospecha de que esta decisión política es ilegal, los votantes pueden considerar que el flujo de ingresos para el beneficio “compensa” los perjuicios asociados al comportamiento corrupto del alcalde.

Estos dos casos representas únicamente un par ejemplos de una pauta generalizada a nivel municipal, y cuya validez se mantiene incluso tras descontar el efecto de otros factores que explican el voto en elecciones locales. El gráfico bajo estas líneas resume los principales resultados de nuestro análisis.

Como podemos ver, al considerar de manera agregada las consecuencias electorales de todos los escándalos de corrupción destapados entre 2007 y 2011 (primera fila del gráfico), encontramos que los alcaldes corruptos perdieron de media menos de 2 puntos en su porcentaje de voto, un castigo que estadísticamente es indistinguible de cero. Sin embargo, al diferenciar entre casos de corrupción que incrementaron el bienestar del municipio (segunda fila) y aquellos que lo disminuyeron (tercera fila), podemos comprobar el importante poder explicativo de este factor. Cuando la corrupción genera beneficios que revierten en todo el municipio, muchos electores parecen no tener problema en ignorar el comportamiento irregular de su alcalde y contribuir con su voto a mantenerle en el poder.

Los resultados de nuestro análisis son relevantes tanto para el diagnóstico de la corrupción en España como para el debate sobre las posibles estrategias a seguir para combatirla. En efecto, nuestras conclusiones contribuyen a cuestionar el lugar común según el cual la corrupción en España es endémica por razones de cultura política. Por el contrario, demostramos que los ciudadanos hacen dejadez de su capacidad de sancionar de manera racional: entienden que determinados políticos, aun dispuestos a actuar al margen de la ley, proporcionan resultados positivos para sus conciudadanos. En definitiva, no se castiga porque se tolere la corrupción en sí, sino porque se valoran los beneficios indirectos de la misma.

Este aspecto tiene consecuencias para cualquier programa de lucha contra la corrupción. Desde hace años, las instituciones internacionales han primado la transparencia y la difusión de información como vía para reducir los niveles de abuso por parte de los políticos. Sin embargo, lo que se deduce de nuestros resultados es que la disponibilidad de información creíble sobre las irregularidades cometidas por el alcalde no constituye una condición suficiente para asegurar la penalización electoral. De ahí que, aunque sea deseable, una simple mejora de la transparencia puede no ser lo bastante efectiva como mecanismo de control. Al menos no lo será en un nutrido grupo de casos en los que los votantes exculpan conscientemente a sus representantes en las urnas. Para esos casos, deberemos seguir confiando en sistemas de rendición de cuentas que hagan énfasis en la persecución judicial.