Los dueños piensan que no sirven, pero la vida de los ordenadores es mucho más larga de lo que les gustaría a las grandes compañías. “Hasta 15 e incluso 20 años si se sabe mantener ”, afirma Juan Julián Melero, director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada (UGR). El profesor del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores asegura que “lo que para una empresa se queda obsoleto en cuatro o cinco años, para un usuario medio puede durar hasta tres veces más”. El secreto está en contar con un software libre y mantener sus componentes.

La Universidad de Granada se ha convertido desde hace un par de años en el modelo a seguir para reducir costes en material informático. Lo que comenzó siendo una pequeña campaña basada en el eslogan “Portátiles por camisetas” es actualmente uno de los centros de reciclaje de material informático más importantes de Andalucía. Cada año este centro recoge aproximadamente 300 ordenadores, más otros cien objetos entre impresoras y proyectores. La mayoría de sus donantes son las facultades, que ven como su material se queda antiguo en despachos y oficinas, pero que puede tener aún utilidad para otros menesteres. “Ahora mismo”, dice Melero, “tenemos en el almacén unos 200 ordenadores, de los cuales 80 son aprovechables”.

Así, siguiendo esta filosofía, la Universidad de Granada ha estrenado este curso su Instituto de Matemáticas, un referente en la materia a nivel europeo, que está equipado con 25 ordenadores reciclados y de software libre. “Necesitaban herramientas y la orden es reducir costes por lo que era la solución perfecta”, explica el profesor. En total, en dos años, esta oficina universitaria ha entregado gratuitamente a diferentes colectivos 230 ordenadores de sobremesa, 25 portátiles, 20 proyectores y 113 impresoras.

Cada dos meses aproximadamente la Oficina de Software libre abre una campaña de donación en la que pueden participar todo tipo de asociaciones. “Con el entorno Linux puedes tener acceso a aplicaciones de ofimática, navegadores, dibujo… Hemos preparado equipos con programas para estimulación cognitiva para gente con Alzheimer, clases de ofimática para parados, temas de accesibilidad… Se pueden cubrir todas las necesidades y no estás encadenado a entornos como Windows, que te obligan a comprarlos y actualizarlos cada cierto tiempo con el coste que ello supone”. El software libre además evita, según el experto, “el problema de los virus y permite arranques más rápidos”. La Universidad completa la entrega de material con un taller de sobre este sistema, cómo hacer tareas básicas o instalar programas.

Mantenimiento gratuito

La asociación Pides está encantada. “Hemos recibido 10 ordenadores, un proyector y un portátil que se están usando en la prisión de Albolote para dar apoyo a talleres de inserción laboral, en la biblioteca, para la elaboración de la revista de los presos…”, explica Antonio Pérez, coordinador de los proyectos. “Consideramos”, continúa, “que es un material básico al que de otra forma no hubiéramos podido acceder y que funciona perfectamente”. María Jesús García, trabajadora social de Aldaima, entidad que gestiona los Programas de Acogimiento Familiar de Menores de la Junta de Andalucía en Granada, explica como con los ordenadores que recibieron abrieron las puertas a la informática a los niños y a los entornos con los que trabajan. Al igual que en Calor y Café, que calculan que, de los dos ordenadores y las dos impresoras que han recibido, se beneficiarán los cien usuarios que semanalmente atienden en sus instalaciones.

“Nunca sabes exactamente cuánto va a durar el material que entregamos, pero entre cuatro o cinco años con un uso normal”, apunta Manuel Cogolludo, uno de los técnicos de esta oficina universitaria, que también ofrece un servicio de reparación y mantenimiento gratuito. “La verdad es que es muy ilustrativo ver como con las piezas de elementos, que supuestamente no sirven, construimos ordenadores perfectamente utilizables durante años”. La próxima convocatoria será en abril.

La Justicia, además de tratar de poner freno a la corrupción, de condenar actuaciones ilegales o de hacer cumplir el marco jurídico, a veces también es solidaria. Y eso lo saben bien los menores del centro educativo y residencial Ciudad de los niños, en Granada, que este año estrenarán ropa gracias a la Policía Local y al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital. Una sentencia del magistrado Miguel Ángel del Arco permite que los cerca de quinientos niños que acuden a diario a las instalaciones de los Hermanos Obreros de María puedan vestir las 459 prendas que fueron incautadas por los agentes municipales en un operativo.

La decisión de este juez, conocido principalmente por sus resoluciones relacionadas con el urbanismo como la paralización de las obras del centro Comercial Nevada en Armilla o el juicio que sentó en el banquillo al empresario Tomás Olivo, del 'caso Malaya', hace posible la reutilización del material en una época en la que los menores pagan la crisis de sus mayores.

El lugar fue el conocido mercadillo de Almanjáyar. Allí, una patrulla de la Policía Local tuvo constancia de que en uno de los tenderetes se estaba vendiendo ropa de marca falsificada. Tras el decomiso de las prendas y la puesta a disposición del juzgado, los agentes solicitaron al magistrado entregarlas a alguna entidad benéfica. Era la primera vez en Granada que el titular de un juzgado ha atendido el ruego. De este modo, uno de los jueces más mediáticos de Andalucía se ha convertido, junto con el Ayuntamiento, en el benefactor de los Hermanos Obreros de María.

La entrega del material (423 sudaderas, 5 jerséis y 31 bolsos deportivos de diversas marcas, todas falsificadas) fue recibida con una inmensa alegría. En el centro educativo y residencial, un total de 300 menores están escolarizados y 120 en régimen interno. Según su director, Juan Molina, “la ropa es un regalo para los chavales que cada día acuden a la institución procedentes de familias desestructuradas y en riesgo de exclusión social”.

Hasta ahora, todo el material confiscado por la Policía era destruido. Esta, medida, según la alcaldesa de Granada en funciones y concejal de Protección Ciudadana y Movilidad, Telesfora Ruiz, “puede abrir la puerta a futuras entregas” ya que en las dependencias municipales hay varios alijos esperando sentencia. No en vano, sólo el año pasado en Granada, se incautaron 57.148 piezas por delitos contra la propiedad industrial en más de un millar de intervenciones policiales. El juez Miguel Ángel del Arco ya ha marcado el camino. Ahora sólo hace falta que otros lo sigan.

La plaza de Bibatuabín, en Granada, parece estar condenada a albergar una estatua del artista Francisco López Burgos, Premio Nacional de Escultura en 1954 y afín al régimen franquista.

Cuando los familiares de los miles de fusilados tras el alzamiento en armas contra la II República parecían haber ganado la batalla de la retirada del monolito en memoria de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, la historia ha dado un nuevo giro. El Ayuntamiento y la Diputación, ambas instituciones dirigidas por el PP, han acordado la cesión de una estatua del mismo artista llamada 'La Soledad'.

La donación, aprobada este jueves por la Diputación y que podría ser ratificada probablemente este viernes en el Pleno municipal, se realiza horas después de que Juan Antonio Mérida, alcalde de Granada en funciones, anunciara que antes de finalizar el mes de agosto el monolito desaparecería de la céntrica plaza.

Francisco Puentedura, portavoz municipal de IU, ha sido el primero en dar la voz de alarma sobre “la posible jugada de instalar en este lugar la imagen de una virgen obra del mismo autor, en vez de una estatua que llame al consenso”.

La rocambolesca historia se tuerce aún más si se tiene en cuenta que el Consistorio se escudaba, para no retirar el monolito, en un supuesto valor artístico que el TSJA echó por tierra hace tres meses al ordenar su eliminación de la ciudad. Esto, unido a que la institución que realiza la donación está presidida por el también responsable del PP en la provincia, Sebastián Pérez, quién refirió hace unos días que “la Memoria Histórica nace del odio y el rencor”, ha provocado que Puentedura vea “la mano negra de Sebastián Pérez en todo este entresijo”.

La nueva escultura, una incógnita

La nueva escultura, una incógnitaEl rechazo por albergar otro espacio más en recuerdo de López Burgos es compartido por Francisco Cuenca, portavoz municipal del PSOE, quien alude a la “existencia de muchos escultores con gran valor artístico y de concordia que los relacionados con otros tiempos”.

Mientras este acuerdo entre instituciones gobernadas por el PP parece no gustar a nadie más, desde la Diputación dicen no saber qué representa la imagen de 'La Soledad' de López Burgos. “Parece que es una niña, pero no sabemos más”, explicaban fuentes de la institución.

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan García Montero, también coincidía en no tener claro qué representa la figura. “Sólo sabemos que es de este escultor”, reiteran fuentes de ambas instituciones. El Consistorio, además, desconoce qué hará con la figura. “Aún no hemos decidido dónde ponerla. Puede ser allí (refiriéndose a Bibataubín), Puerta Real, Plaza Bib-Rambla o Plaza Nueva”, según Montero, quien ha aprovechado para recalcar la valía del artista de las dos obras.

Así, cuando el Ayuntamiento aún no ha hecho efectiva la sentencia de retirar el monolito colocado en los años 70 en la capital granadina, la tensión sigue creciendo. Rafael Gil Bracero, representante de la Asociación Granadina para la Memoria Histórica, ya ha anunciado que los familiares de las víctimas del franquismo están “completamente en contra de que se instale nada que no sea una alegoría a la unión o la Constitución”, además de mostrarse completamente en contra de “colocar otra escultura de López Burgos en la ciudad, que representa unos valores con los que no estamos de acuerdo”.

Para Gil Bracero, la donación y recepción de una imagen de este escultor “parece un gesto con la familia para reparar su posible malestar por quitar el homenaje a Primo de Rivera”. La ciudad de Granada ya cuenta desde 2011 con una calle en su memoria, por decisión del equipo de gobierno del alcalde, José Torres Hurtado.

Hasta ahora, lo que parece seguro que sucederá en los próximos siete días es que la escultura de los cinco brazos extendidos sujetando un águila y con la inscripción 'Granada a José Antonio' será, por decisión del equipo municipal, entregada en depósito durante los próximos 50 años a la familia del artista. No sin el temor de las asociaciones memorialistas de que estos a su vez lo donen a Falange y “convertirse así en un símbolo fascista”.

La Alhambra, la Mezquita, la Giralda… El potencial turístico de Andalucía más allá del sol y la playa es único, pero está aún poco explotado en los mercados más emergentes como el islámico, donde el gasto de los turistas musulmanes aumentará un 52% hasta 2020. El porcentaje es sólo un pequeño apunte de lo que significa este tipo de viajeros, que sólo el año pasado movieron en todo el mundo 140.000 millones de dólares, una cifra que crecerá cerca de un 5% anualmente, según se desprende del informe de la agencia de calificación Crescent Rating.

España recibió en 2013 algo más de sesenta millones de turistas internacionales (60,6), situándose como el tercer país más visitado tras Francia y Estados Unidos. Conocer cuántos de ellos son musulmanes es complicado ya que los registros de Turespaña no se realizan por creencias religiosas, sólo marcan los lugares de origen como los 81.000 del año pasado procedentes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. “El número sin embargo es mucho mayor porque hay que añadir los de Malasia, Singapur y Brunei, por ejemplo, más los 14 millones de musulmanes que viven en Europa”, matiza Hilene Galán, directora comercial del Instituto Halal en Córdoba. De este modo, aunque no hay un dato oficial los expertos calculan “que un 10% de los extranjeros que llegan a Andalucía son islámicos”, explica la responsable de la institución.

Esto significaría que de los aproximadamente 8,2 millones de turistas extranjeros que el año pasado eligieron la comunidad andaluza, 820.000 eran musulmanes. Estos turistas, además, añade Tasneem Hahmood, cofundador de Creative Minds Media, empresa londinense encargada del primer Congreso Internacional de Turismo Halal, “realizan cada uno de ellos un gasto de 145 entre 120 y 150 euros por día (el turista medio, unos 69 euros), regalos y excursiones a parte”. Si a todo esto le sumamos que la estancia en la región es de entre tres y siete días, se podría decir que sólo en Andalucía el dinero que dejan supera los 387 millones de euros al año. “Todo ello sin contar”, matiza, Galán, “que vienen en familias con seis o siete miembros y no suelen reparar en gastos”.

“Este 10% de visitantes, sin embargo, no es nada con el potencial que podría tener Andalucía si se quisieran hacer bien las cosas”, afirma Flora Sáez, directora de Desarrollo y Comunicación de Nur & Duha Travels, el único turoperador con certificado halal de Europa. Los turistas islámicos “buscan la Alhambra, el Albaicín y los pueblos de la Alpujarra en Granada; la Mezquita de Córdoba, Sevilla, la Costa del Sol, Toledo, Madrid y Barcelona”, asegura Hahmood. La historia y los monumentos en estas ciudades son heredados, pero las condiciones idóneas para recibir más turistas hay que crearlas.

Sin instalaciones

Sin instalaciones “El halal va más allá de la comida”, dice el empresario londinense, “es una forma de vida”, que necesita de algunas pequeñas cosas como señalizar hacia dónde está la meca, no vender alcohol o cerdo, información en árabe, zonas de oración en los aeropuertos… Pero en toda Andalucía nada de esto se ha cuidado y sólo hay un hotel que cumpla estos requisitos, según la Marca de Garantía Halal de la Junta Islámica, más dos restaurantes en Málaga y Córdoba que están en trámites. “Así”, argumenta Sáez, “es complicado seguir creciendo en este mercado”. La directora de Nur & Duha explica que lo más difícil al montar la empresa hace dos años fue contar con una red de proveedores “que nos dieran garantías suficientes donde poder llevar a comer o dormir a nuestros clientes. Porque puestos de kebab hay en todas partes, pero cuando los turistas vienen quieren sentarse en un restaurante y probar la dieta mediterránea o la paella”.

Alanda Hotel Marbella (Málaga) es el único hotel andaluz con Certificación Halal. La empresa saudí Fawaz Al Hokair lo compró a NH hace poco y esta temporada se estrena con la mirada puesta en otro tipo de turista. “No vendemos alcohol, ni derivados del cerdo, hemos señalizado donde está la meca y adaptado nuestros menú de restaurantes, entre otras medidas”, señala Fernando Portal, director de la instalación. Sus doscientas habitaciones situadas en la llamada milla de oro de Marbella y a escasos metros de la Mezquita del Rey Fahd seguro que le garantizan el éxito “porque la inversión ha sido importante con una renovación completa hasta convertirlo en un cuatro estrellas con todas las comodidades”. La compra por la empresa saudí tenía un objetivo claro: “dirigirnos a un tipo de público con un poder adquisitivo que claramente es más alto y hasta la fecha el resultado es positivo e ilusionante”.

La medida probablemente será seguida por otros establecimientos. Esto es lo que piensa Rafael Piñar, vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Hotel y presidente en Andalucía, “porque sólo en Granada cada día hay un millar de visitantes islámicos y creciendo”. Así que el futuro pasa por “ponerse al día”. La Fundación Legado Andalusí lo hace desde hace 15 años potenciando y creando rutas turísticas culturales para recuperar la cultura hispano-árabe. El último paso ha sido su colaboración en la celebración del Seminario de Turismo Halal que tuvo lugar en mayo en Granada y que fue organizado por el Patronato Provincial de Turismo. “Esencial para asesorar al sector turístico sobre las necesidades específicas de este turismo ”, afirma Marina Martín, directora de la Fundación.

La experiencia, pero a nivel internacional con la presencia de más de quinientos comisarios de diferentes países, se repetirá entre el 23 y el 25 septiembre en Granada con el primer Congreso Internacional sobre Turismo Halal organizado por la empresa Londiense Creative Minds Media, que eligió Andalucía para este evento “por su rica herencia islámica y por contar con lugares mundialmente conocidos como la Alhambra y la Mezquita de Córdoba”. La oportunidad para aprender sobre este mercado y tomar posiciones ya ha llegado.

Granada rinde homenaje hoy viernes a sus más de cuatro mil fusilados por los franquistas y arrojados a fosas comunes en el cementerio de Granada. En esta fecha tan dolorosa para muchos, Sebastián Pérez, presidente del Partido Popular en la provincia y de la Diputación, ha asegurado que “la Ley de la Memoria Histórica de Andalucía nace desde el odio, desde el rencor y desde el resentimiento. Desde los que miran al pasado buscando abrir heridas y enfrentamientos”. Con estas palabras el máximo representante de los populares se reiteraba en una idea ya expresada el pasado sábado a la agencia Europa Press.

Una semana después y coincidiendo con la concentración en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil en la capital, Sebastián Pérez no sólo no se ha retractado, sino que al ser preguntado por la prensa ante una posible malinterpretación de sus palabras ha contestado: “no, no lo entendió mal, quizás no entendió la frase completa, yo se la repito”. Así al odio, al rencor y al resentimiento que, según Sebastián Pérez, son las semillas del nacimiento de la Ley de la Memoria Democrática (que no histórica), ha añadido que nace “desde los que miran al pasado buscando abrir heridas y enfrentamientos”. Por eso su partido, aclara, “mira al futuro y quiere resolver los problemas que hoy tienen los ciudadanos”. Para el popular los verdaderos asuntos son otros y asegura que “no hay ni un solo ciudadano que haya parado a mis compañeros en ningún pueblo, en ningún anejo, en ninguna comarca a decirle que tiene un gravísimo problema con la Ley de la Memoria Histórica”.

Este proyecto dice Pérez, “es la estratégica de una izquierda sectaria, partidista que no asume que en el año 1978 una Constitución de la Concordia nos puso en marcha nuestra Democracia, nuestro Estado de Derecho y que hoy lo que pretende es volver a tiempos pretéritos, que yo respeto para ellos, pero yo no los quiero”.

Las declaraciones de presidente de la Diputación y del PP en Granada tienen lugar no sólo en el escenario más doloroso para los familiares de los asesinados (hoy 18 de julio tuvo lugar el alzamiento militar contra la República) también hace referencia a la polémica suscita entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía por el monolito homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

Sentencia judicial

Sentencia judicialEsta escultura, ubicada en pleno centro de la ciudad, debió ser retirada hace tres meses tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obligaba a su eliminación de las calles. Desde entonces hasta hoy, el Consistorio se ha escudado en una supuesta catalogación como Bien de Interés por parte de la Junta de Andalucía, algo que el Gobierno andaluz siempre ha negado. En la Junta de Gobierno de esta mañana, el equipo municipal, que encabeza José Torres Hurtado (PP), ha acordado entregarlo a la familia del escultor, Francisco López Burgos. Por lo que una de las principales reivindicaciones de las asociaciones memorialistas como era su desaparición se cumplirá en breve. No así la que esta figura sea entregada a un museo y no a la familia del artista ante el temor de que sea a su vez donada a la Falange y convertirse, de este modo, “en un emblema o apología del fascismo”, según denuncia Francisco Vigueras, representante de la asociación Verdad, Justicia y Reparación.

En este delicado momento en el que al presidente de la Diputación de Granada le “preocupan el presente y el futuro” de su provincia, miles de granadinos están convocados a las ocho de la tarde a llorar y dignificar a sus muertos en el cementerio de la capital. “Porque”, para la delegada del Gobierno Sandra García, “no se trata de rencor, pero sí de la memoria colectiva de los andaluces que debe ser fuerte por una necesidad de salud ética”.

La explicación de Sebastián Pérez sobre los orígenes de la Ley de Memoria Democrática se ha realizado durante la reunión que ha mantenido con todos los parlamentarios y diputados granadinos para elaborar la estrategia de actuación ante las próximas elecciones y definir el trabajo a realizar en las 169 localidades de la provincia. “Lo demás”, ha apostillado el responsable político, “pues insisto, lo que he dicho”.

La campaña para obtener abonados del equipo de fútbol reproduce los estereotipos del hombre amante de fútbol y de la mujer adicta a las rebajas.

La dirección del club pide perdón a las personas que se hayan podido sentir ofendidas y dice que su intención era "hacer una parodia simpática".

“Se acaba el fútbol, aparecen las rebajas y con ellos los hombres aparcados”. Con esta frase arranca el nuevo spot realizado por la prestigiosa agencia de comunicación Sra. Rushmore para el Granada Club de Fútbol. El equipo deportivo, que pretendía, según el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Pedro González, “hacer una parodia simpática”, ha provocado una reacción en cadena en las redes sociales.

El anuncio es una sucesión de imágenes de hombres arrastrándose como almas en pena por un devenir de tiendas y centros comerciales, donde se sienten abandonados y gobernados por las mujeres, sin poder de decisión mientras sufren las consecuencias de ir con sus parejas de rebajas. Así son, literalmente, “aparcados en línea, batería o en doble fila”, se encuentran olvidados e incluso, según el anuncio, “maltratados”, una palabra que ha levantado los comentarios más incendiarios en las redes sociales al insinuar que cargar con bolsas o esperar a que una mujer salga del probador es un tipo de maltrato.

Los detractores de este anuncio, con el que el equipo granadino pretende llegar a los 18.000 abonados esta temporada, ven en el spot un toque machista al clasificar a las mujeres como amantes de las rebajas y a los hombres como personas “vacías, sin rumbo” cuando se termina el fútbol. Dos estereotipos clásicos que han provocado la aparición de voces discordantes en redes como Twitter, donde los internautas tachan de “muy malo” o “fuera de tono” al anuncio, junto con otros a los que la iniciativa les resulta “fantástica” e “ingeniosa”“.

La campaña, tal y como explica la propia web del club, va acompañada de una aplicación para el móvil, “un juego tan sencillo como adictivo pensado para esos momentos de desesperación dentro de los centros comerciales en los que los 'hombres aparcados' sacan su móvil para olvidarse de que están en un centro comercial”.

En toda esta polémica, la directiva del club deportivo quiere permanecer al margen y pide disculpas, dice González, “a todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos, porque nos han comentado que alguna agrupación de mujeres quiere denunciar el anuncio, cuando nuestra intención no era la de herir sensibilidades”. El portavoz del Granada asegura que cuando la empresa les presentó el vídeo les pareció “una cosa simpática y a todos los que lo vieron les gustó”.

“Simplemente -matiza- nos dejamos aconsejar por los expertos en comunicación, que son los que saben de esto”. Así las cosas, este anuncio dirigido, por lo que refleja su argumentario, sólo a lograr más abonados masculinos, no ha dejado indiferente a ninguno de los dos sexos. Todo parece indicar que, si el objetivo del club, que comenzará su cuarta temporada en el Primera División, era captar la atención, sin duda lo ha logrado. Eso sí, el spot sólo permanecerá en la portada de la web oficial “unos días”, afirma González, “luego se quitará y ya está. No creo que sea para tanto”.

Su compañero de juicio Carlos Cano, con igual condena, ingresó voluntariamente en la cárcel este lunes.

Carmen Bajo, leonesa de 56 años y afincada en Granada desde hace décadas, ingresará en prisión dentro de 15 días por participar en un piquete informativo en la huelga general de 2012. Parada desde hace dos años y sin ningún tipo de prestación desde hace once meses, tiene un hijo de 18 años al que deja en casa. Estas dos últimas semanas “de empaquetar una vida” las vive en una contrarreloj “apurando hasta el último minuto de libertad”. Por delante le esperan tres años de cárcel y una multa de 3.655 euros a la que no puede hacer frente y que sumaría a su condena seis meses más en caso de no pagarla. Pese a todo, asegura que sigue saliendo a la calle para luchar por los derechos de los trabajadores. Su compañero de juicio, Carlos Cano, entró este lunes en prisión voluntariamente para aguardar la resolución de un posible indulto que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dijo que estudiaría.

¿Cuáles son sus primeras impresiones tras la entrada en prisión de su 'compañero' Carlos Cano?

Carlos es mi 'compañero' en este viaje de la vida. El titular del juzgado número 1 apremió su ejecución de sentencia y tenía que ingresar para que el fiscal pudiera valorar el indulto. Era una condición sine qua non.

Pero en el caso de reconocidos empresarios o representantes públicos no ha sido siempre así.

Bueno, cuando el Ministerio Fiscal habla de condenas ejemplarizantes o valoraciones normalmente se refiere a dar lecciones de política que no se deben hacer nunca desde un juzgado.

Parecía que este momento no iba a llegar, que Alberto Ruiz Gallardón iba a estudiar el indulto.

Creo que todo era de cara a la galería, decir que va leer algo no significa que vaya a hacerlo. Además, considero que todo estaba dictaminado de antemano. El reparto de temas en los juzgados no es casual y el juez de lo Penal Número 1 de Granada es bastante conocido por sus autos.

Entonces, ¿no tiene confianza?

Estoy en un compás de espera. En lo que decimos una calma chicha hasta el 31 de julio, pero cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar.

Le quedan quince días de libertad. ¿A qué los va a dedicar?

Apurar el tiempo hasta el último minuto de libertad que tenga. Sigo intentando luchar contra el tiempo, pero no sé si lograré mis objetivos. Para ello tengo el apoyo de mi hijo, para hacer frente a la ley.

¿Cómo se le dice a un hijo que se va a estar en la cárcel durante tres años?

Pues hay cosas que aunque uno esté preparado intelectualmente no puede comprender. Porque una cosa es el intelecto y otra las emociones y el ámbito espiritual. Son niveles de conciencia y realidad muy diferentes. Es complicado. De momento, el día 31 me presentaré en la cárcel de Albolote. Tengo tanto por hacer… porque ¿cómo se empaqueta una vida? Si una madre que se marcha un fin de semana deja a su hijo comida en la nevera, ¿cómo dejo yo al mío tres años? ¿Cómo le resumo todas las recomendaciones sobre la vida en dos semanas?

¿Volvería hacer lo mismo?

No. No volvería a esperar a que la Policía me identificara, una aprende de sus errores. Pero sí a salir a la calle a luchar por nuestros derechos. Eso es algo que he seguido haciendo durante todo este tiempo y que siempre haré.

Los sindicatos hablan de una persecución a los trabajadores que protestan públicamente. ¿Pertenece a alguna organización?

Cuando me detuvieron estaba como autónoma y durante un tiempo estuve afiliada a UGT, pero no en aquel momento y tampoco ahora. Sin embargo, cuando me detuvieron supe que necesitaba su apoyo porque solo no se puede. Desde la Subdelegación del Gobierno existen directrices sobre cómo se debía de comportar la Policía con los piquetes informativos del 15M, del movimiento de indignados. Da igual si tienes siglas o no, ellos piensan 'arrieros somos y en el camino nos encontraremos'.

En cambio, el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, dijo hace unos días que nada de esto es cierto y que el trato con los sindicatos es exquisito.

Debe ser que no todos tenemos el mismo lenguaje o no todos participamos de los mismos códigos de comunicación, quizás se refería a los sindicatos y no a otros grupos. A lo mejor cuando se habla de sentencia ejemplarizante debería revisar el diccionario. Está claro que no hablamos de lo mismo.

¿Siente qué algo está cambiando?

Antes de nosotros se libraron los trabajadores de la Rober (empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en Granada) y otros compañeros de La Coruña. Están machacando a la gente, enviándola a la cárcel por salir a la calle. Se trata de nuestro derecho de expresión.

En el caso de Carlos, él ha saldado la indemnización. ¿Cómo se encuentra su situación?

Carlos pagó los 767 euros de indemnización e incluso los propietarios de local pidieron retirar la denuncia. La condena es de tres años y un día de prisión, más una multa de 3.655 euros cada uno, junto con la indemnización impuesta a mi 'compañero'. Si no pagamos esos 3.655 euros tendremos seis meses más de cárcel. En mi caso ni me lo planteo. Es imposible, no tengo ese dinero, no tengo ni un euro. Estoy en paro desde hace dos años y sin ningún tipo de prestación desde hace once meses. Así que no pienso en algo que no puedo hacer aunque quisiera. Esta situación es algo que me desborda.

¿De qué vive entonces?

De la ayuda de familia, amigos y el apoyo de uno de los comités sindicales de CC OO que han hecho llegar una cantidad de dinero para afrontar lo que se viene encima. Stop Represión también abrió una cuenta en Unicaja donde recaudan fondos para la representación legal.

El apoyo de la sociedad española en general también ha sido importante, ¿la ha notado?

Sí, claro, siempre ha estado presente. Pero considero que el PP al verse derrotado de cara a las próximas elecciones se está aprovechando para arrasar con todo lo que puede. Sólo espero que los ciudadanos aprendamos.

En la emisora de radio La Voz de Granada ha comentado usted que quería dar el mismo mensaje que dio Unamuno frente a José Millán-Astray. ¿Por qué?La Voz de Granada

Creo que este tipo de sentencias ejemplarizantes nos obligan a volver la mirada a la historia y recordar el “venceréis, pero no convenceréis”. Tal y como dijo Unamuno “Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España”.

Carlos Cano se ha entregado en prisión por voluntad propia este lunes en Granada, tras la providencia que emitió el pasado viernes el Juzgado de lo Penal nº1 apremiando la ejecución de su sentencia, por su participación en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Así lo ha hecho saber a través de una nota de prensa durante esta madrugada.

La condena impuesta a Carlos Cano (Castro del Río, 1989) y a Carmen Bajo (León 1958) es de tres años y un día de prisión, más una multa de 3.655 € a cada uno. Además se le impuso a Carlos una indemnización de 767 euros, que ya ha pagado a los propietarios del local en el que fueron identificados.

Carlos ha ordenado sus asuntos personales y se ha despedido de sus seres queridos más cercanos. Sus padres y algunos amigos lo han acompañado junto con su abogado hasta la misma puerta del centro penitenciario.

“Mis padres, mis hermanos, toda mi familia y amigos han estado a mi lado en todo momento. Veo que hay un enorme apoyo social, que la gente entiende que esta medida es injusta. Siento que no estoy solo, me da fuerza ver personas de todo color político apoyándome. Es ese apoyo lo que me salva de lo que significa la cárcel. En quien confío es en la gente y lo que espero es que se haga justicia”, dice Carlos.

En el comunicado, su familia agradece todo el apoyo recibido para evitar el ingreso de Carlos en prisión. “Incluso con todo el aliento que nos da saber que está tan entero y que hay tanto apoyo ciudadano, se trata de un trance agotador, en muchos sentidos”, dice su hermano Pedro.

Judicialmente, tanto por parte de Carlos como de Carmen, hasta ahora se ha recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial, que la ratificó el día 20 de mayo. Además, se presentaron sendas apelaciones de incidente de nulidad de actuaciones que fueron inadmitidos a trámite. Carlos y Carmen aún están a la espera de la aceptación a trámite del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que reclamaban medidas cautelares de suspensión a la ejecución de su condena hasta finalizar el tramite. Y, si agotan todas esas vías judiciales posibles, recurrirían a la petición del indulto.

La zumba, la zumi, la starky, la hudson o la silvia: todos estos nombres conforman, durante julio y agosto, el mundo de los vecinos de Güéjar Sierra (Granada), una localidad que apenas supera los 3.000 habitantes y que se ha convertido en un referente nacional en el mundo de las cerezas con variedades como 'La Urbana', que espera contar el próximo año con el sello de Denominación de Origen de Andalucía, según cuenta su creador Juan Manuel Martín, de Cerezas Sierra Nevada.

Granada, además de tener las cerezas de más altura de Andalucía, es una de las mayores productoras de cerezas de la comunidad autónoma con más de tres millones de kilos (el 52% de la producción regional) que cada año se venden en los mercados españoles y portugueses. La cosecha de Güéjar Sierra es la estrella indiscutible a finales de verano porque sus cultivos a más de mil metros de altitud hacen que la maduración sea tardía y que sus frutos soporten mejor los largos traslados. En Güéjar “todas las familias tienen algo que ver con las cerezas y sacan un buen sobresueldo de esta fruta”, explica Estela González, teniente de alcalde la localidad. “Las fiestas del pueblo giran en torno a la cosecha y si el año ha sido bueno, se nota mucho”, apostilla Juan Manuel Martín, quien asegura que “la temporada pasada la cereza dejó aquí 2,5 millones de euros”.

El presidente de la empresa Cerezas Sierra Nevada presume de que su tierra no es la que más produce de Granada (algo más de un millón de kilos), pero sí la de mayor calidad, “la que antes desaparece en las subastas para los hoteles de la costa de Málaga, Cádiz o Valencia y la de un sabor más particular por su clima de altura con cambios bruscos de temperatura que potencian los azúcares”. También “por el agua del deshielo de Sierra Nevada”, añade la concejala, “además de por unos terrenos que no han sufrido contaminación al estar enclavados en el Parque Natural”.

La temporada de la cereza es una fiesta en Güéjar Sierra. “En la plaza del pueblo a las doce del mediodía”, relata Martín, “sólo se ve a los abuelos”. Un lugar que a las cinco de la mañana “está lleno de gente esperando trabajo y para los que siempre hay. Mujeres, niños, hombres… En esta época todo el mundo saca algo. De las 400 familias que estamos, en cada una entran aproximadamente unos 4.000 ó 6.000 euros, entre jornales y venta de fruta”. Y es que la cereza es esencial para esta economía local que cayó en picado con la construcción.

'Las Urbanas'

'Las Urbanas'Ascensión Salmerón es una de las agricultoras que al heredar “un terrenillo” de su suegra se lanzó a la aventura del cultivo. “Al principio todo eran gastos, pero ahora ya tenemos unos 8.000 kilos de producción y estamos investigando para montar una especie de invernadero y plantar una variedad nueva que se recoge en abril”. En esta familia, los 16.000 euros anuales que les deja la cereza “ayudan a las pagas que tenemos” y además, permiten la contratación de otras cuatro personas en temporada.

“Este año”, sonríe Martín, “ha habido cerezas hasta en el tronco de las higueras”. La superproducción no tiene gracia porque “hace que baje el precio y nos están pagando a dos euros el kilo”. Sin embargo, la alegría del agricultor viene por otro lado. “Cuando se hayan terminado en el Valle del Jerte y en otras zonas de España, ”nosotros empezamos a recoger las más tardías, y ahí es cuando nivelamos los precios, porque para mediados de agosto somos de los pocos que tenemos cerezas“. El padre de 'Las Urbanas' por el apodo 'Los Urbanos', como se conoce a la familia en el pueblo, está contento. ”Mi padre“, cuenta, ”nos dejó un cortijo con cerezos que ya tenían cincuenta años y que daban unos frutos únicos: hemos ido dando e injertando y ahora estas cerezas son las que esperamos tengan la denominación de origen para la próxima temporada“. El orgullo se le escapa entre las palabras, ”porque de estas ya tiene todo el pueblo y ahora las van a reconocer“.

La cereza de Güéjar ha cogido tal altura que este año sus Jornadas Gastronómicas cumplen cuatro años con actividades durante las tres primeras semanas de julio que van desde conciertos hasta cursos de cocina y menús especiales en los restaurantes. De este modo, en Sierra Nevada la estrella hasta el 20 de julio son platos como arroz con leche y cerezas, carnes con salsa de cereza, pato confitado a la cereza, mermeladas… Y hasta gintonics y mojitos de esta fruta. “Por eso aquí”, concluye la responsable política, “siempre decimos que de esto sabemos mucho”.

Mario Blancke decidió construirse su propia vivienda en 2002 y para ello solicitó una licencia al Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga). “Todo perfecto. Presenté mi proyecto a través del arquitecto, me dieron permiso y pagué mis impuestos”, relata. Pero a los cuatro años, este ciudadano de procedencia belga y con 24 años de residencia en España, descubrió que su casa era ilegal. “En un principio pensábamos que era un error, que eso les pasaba a otros porque tenemos luz, agua y pagamos alcantarillado”, recuerda. Desafortunadamente la noticia era cierta y su casa puede ser derribada en cualquier momento.

La historia de los Blancke no es un hecho asilado, entre 15.000 y 18.000 familias viven en viviendas ilegales en la Axarquía de Málaga y cerca de 13.000 en la zona del Valle de Almanzora en Almería. Cádiz, otra de las provincias más castigadas por este fenómeno, tiene 30.000 construcciones irregulares en Chiclana y otras 14.000 en Conil. La situación, asevera Alicia Martínez, portavoz de Urbanismo del PP en el Parlamento de Andalucía, está presente en toda la comunidad autónoma: “Sólo en Marbella hay unas 20.000 viviendas ilegales”.

El boom inmobiliario, el deseo de recaudar y las ansias de hacer dinero fueron en muchos casos los que promovieron este desaguisado urbanístico “en el que la inmensa mayoría de los actuales propietarios compraron de buena fe”, según la popular. “En total estaremos hablando de entre 300.000/400.000 viviendas en toda Andalucía”, asegura.

La Junta de Andalucía intentó solucionar el problema hace dos años con la puesta en marcha del Decreto 2/2012 de Regularización de Viviendas Ilegales en Andalucía por el que las administraciones locales voluntariamente pueden hacer un diagnóstico de su municipio. La medida, hasta la fecha, ha sido seguida por 271 municipios, de los 771 existentes en Andalucía, y de ellos sólo el 14% cuenta con documento de avance aprobado por el que 154 viviendas han sido declaradas AFO (asimiladas fuera de ordenación). “Lo que es nada en dos años”, denuncia la parlamentaria.

Este arreglo, dice Gerardo Manuel Vázquez, portavoz y asesor de la Asociación de Abusos Urbanísticos en el Valle de Almanzora (AUAN), “no sirve porque lo que nos dan es una carta de ilegalización permanente, pero sin reconocimiento patrimonial por lo que no podemos vender o pedir un crédito”. Los afectados piden un cambio excepcional en la legislación que permita anular el artículo 185.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que el otro remedio existente de intentar arreglar el problema con los planes generales de ordenación urbana de los municipios, aseguran, es un proceso muy lento y complicado que cada consistorio debería iniciar y que duraría unos ochos años.

“La mayoría de estas casas no están en zonas especialmente protegidas por lo que no dañan el medioambiente, simplemente se quedaron fuera de los planes urbanísticos”, subrayan. Una solución para ellos sería dar legalidad a las que no se encuentran en espacios naturales y que “de facto ya están integradas en las localidades, algo relativamente sencillo con un cambio en la legislación”.

La vía de presentarse a las elecciones

Lo que han hecho las autodenominadas víctimas del urbanismo es presentarse a las elecciones municipales, para al menos “saber qué ocurre y qué podemos hacer”, según explica Mario Blancke, vocal de la asociación SOHA (Save Our Homes in Axarquía). El colectivo ya tiene dos representantes municipales en Alcaucín y uno en Biñuela.

En temporada de elecciones el tema urbanístico vuelve a estar en el candelero con muchas promesas en el aire. AUNA, tuvo recientemente un encuentro con Esteban González Pons, número dos del PP a las elecciones europeas, al que se unió su vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas. El acto, además, contó con la participación de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística de la que forman parte siete asociaciones más de Jaén, Córdoba y Cádiz. SOHA, por su parte, buscó contactos con el PSOE.

La modificación de la LOUA planeó en todas estas reuniones. Mientras María Jesús Serrano, consejera de Medioambiente y Ordenación del Territorio, ya anunció que desde la Junta de Andalucía seguirán trabajando para “incorporar soluciones”, Alicia Martínez habla de “una ley de regularización excepcional parecida a la que se puso en marcha hace varios años en Madrid”.

Las becas para los alumnos de enseñanza no obligatoria cada vez son menores y esto ha convertido las aulas de algunos institutos en mercadillos improvisados. Según los últimos datos aportados por la Consejería de Educación, en los últimos años, los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy han supuesto un 10% menos de ayudas en Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. “Más gastos para los padres, que han decidido copiar las iniciativas de otras comunidades autónomas con más experiencia en el intercambio de libros”, explica Silvia Alcalde, presidenta de FAPA Alhambra.

Lo que hasta ahora quedaba relegado a algo anecdótico entre familias o compañeros, asegura la representante de las madres y padres granadinos, “se ha convertido en algo habitual que va tomando forma con tenderetes instalados en los vestíbulos de los institutos”. Éste es el caso del IES Arabuleila de Cúllar Vega (Granada), donde los padres se han unido al Consistorio (PSOE) para poner en marcha un banco de libros de segunda mano. “Consiste”, explica Olivo De la Rosa, concejal de Bienestar del municipio, “en reutilizar los libros de textos que puedan ser útiles para otros alumnos”. De este modo, “por un lado, unas familias recuperan parte de lo invertido en su compra y otras se pueden beneficiar de un precio más barato”.

La idea es que los 300 euros de media que se desembolsan por hijo en la compra de libros en Bachillerato se reduzcan exactamente a la mitad, ya que los volúmenes se venden al 50% del precio original. “No hay límite para la venta, pero sí para la compra. No se pueden adquirir dos libros de la misma asignatura y del mismo curso para evitar especulaciones”, puntualiza. Esta semana es la recogida de material y la que viene tendrán lugar las transacciones gracias al trabajo voluntario de los padres que están seleccionando los libros y realizando una lista de propietarios a los que entregar después el dinero.

La iniciativa, dicen, se repetirá en septiembre siempre que haya familias interesadas. “Que probablemente”, anuncia la concejala, “habrá”, aunque Andalucía y Navarra son las únicas comunidades autónomas que mantienen un programa de gratuidad de libros en primaria y enseñanza secundaria obligatoria (ESO). En la enseñanza no obligatoria, cuando el Bachillerato o la Formación Profesional llega, toca pagar, “sin que a veces se tenga ni para poner un plato de comida en la mesa”, argumenta Mercedes Juárez, secretaria de la confederación de asociaciones de padres y madres de Andalucía (Confedampa).

Cada vez más organizados

Las familias de Cúllar Vega han sido unas de las primeras en buscar alternativas a la difícil situación que les ha provocado la crisis, pero no las únicas. En Montequinto (Sevilla) las AMPA de los cuatro institutos de este barrio de Dos Hermanas, con más de 2.700 estudiantes, se han unido para organizar un mercado en una de las plazas principales, “la situada tras el centro educativo Mariana Pineda”, relata María José Martínez, coordinadora. La intención “es facilitar las cosas porque hemos visto que hace falta, que la gente lo está pidiendo y que es algo que se hace ya en las aulas a nivel particular”. Por eso estos padres se preguntaron “¿por qué no organizarlo bien y dar la oportunidad a la gente de vender lo que otros necesitan a un precio razonable?”. En este caso, el mercado se abrirá también a libros de lectura obligatoria y se realizará la primera semana de septiembre.

Los programas municipales en solitario de intercambio de libros de segunda mano también están empezando a aparecer en algunos municipios andaluces como es el caso de Armilla (Granada), donde por primera vez se ha puesto en marcha un banco de libros de texto para que las familias de aquellos que no utilicen y los servicios sociales puedan entregarlos al inicio del curso a quienes sí los necesitan.

Andalucía este año ya está copiando formalmente fórmulas existentes en otras regiones para hacer frente al pago de libros en enseñanza no obligatoria, donde no se incluye la entrega de libros en ninguna de los ciclos formativos. El más veterano es el Ayuntamiento de Gijón con 15 años de experiencia. Torrejón de Ardoz (Madrid) o Langreo (Asturias) son otros dos ejemplos del lado solidario que la crisis ha despertado en los padres. Las plataformas de AMPA en internet para este fin como Bookint.eu y Bolsadelibros son también buen ejemplo de ello.

El 19% de las aguas que se devuelven al medio hídrico, según reconoce la Junta de Andalucía, no está debidamente depurada, así que la sanción por parte de la Unión Europea cada vez está más cerca. España tiene hasta 2015 para alcanzar los objetivos marcados por Europa, en los que se exige a todos los estados miembros cumplir con un estricto control en contaminación. “Y no vamos a llegar”, anuncia Antonio Amarrillo, responsable andaluz de Aguas de Ecologistas en Acción. ¿Los culpables? En principio los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias en materia de saneamiento y depuración, pero que a la vez no cuentan, en muchas ocasiones, con capacidad económica para realizar esta labor.

En 2010, esta realidad y la presión de Europa llevó a la Junta a actuar de manera subsidiara cobrando un canon en los recibos para realizar las infraestructuras necesarias y comenzar 2015 con los deberes hechos. Todo ello apoyado por el Gobierno central, que también se comprometió a destinar parte de su presupuesto a esta materia. Sin embargo, cuatro años después, con 133 millones recaudados a través del impuesto de mejora de infraestructuras hidráulicas buena parte del agua que se vierte sigue contaminada.

“La cifra del 19% ya de por sí negativa, tiene muchas matizaciones y no siempre coincide con la realidad”, explican desde la Diputación de Granada. Los técnicos de este organismo han realizado un exhaustivo estudio en los pueblos de la provincia para comprobar el estado de su red hídrica y han descubierto “graves deficiencias en la inmensa mayoría de los municipios”. Tanto es así, aseveran, “que el 45% de los 168 pueblos granadinos no tienen depuradora y cerca de la mitad del 55% restante están en mal estado”. Granada es uno de los peores casos, dicen, “porque tiene además más de 500 núcleos de población muy pequeños por lo que los consistorios no pueden asumir el gasto que supone construir y mantener una depuradora”.

“Los ayuntamientos no pueden con todo, muchos de ellos destinan el 60% de lo recaudado al pago de nóminas, ¿cómo van a hacer frente al mantenimiento de unas depuradoras antiguas que funcionan con electricidad?”, se pregunta Amarrillo. En Sevilla, comenta, “el 36% de los pueblos o no tienen depuradora o no funcionan”. En la zona de la Campiña, asegura, “la única forma de depurar, por el alto costo que tiene, es con el almacenamiento en balsas y cuando toca un invierno de lluvia, pues todo se desborda y a los arroyos”.

Costa e interior

Costa e interiorLa situación es parecida en Huelva, donde aún no tiene datos porcentuales cerrados, según Iñaki Olano de Ecologistas en Acción. “Pero sí sabemos que en las zonas de costa estas infraestructuras son muy antiguas y funcionan mal como es el caso de Matalascañas o Isla Cristiana”, aquí las mareas, explica el experto, “hacen que los niveles de contaminación no salgan muy elevados porque hay corrientes fuertes, a diferencia del Mediterráneo que es más tranquilo”. Esto los salva en las clasificaciones de playas limpias. Sin embargo, en el interior, ya es otra cosa, “como en Palos de la Frontera, cuya depuradora no funcionaba el año pasado. Aquí todos los vertidos van las cabeceras de ríos y arroyos con un impacto medioambiental muy fuerte”.

Ninguna provincia se salva y hasta las zonas más turísticas como Níjar (Málaga) son ahora noticia por las denuncias ante la Fiscalía por supuestos vertidos continuados de aguas residuales “porque la depuradora de Lagunas de Genival está colapsada y tiene un inexistente mantenimiento”, explica Alexis Pineda de IU.

Con estas noticias y porcentajes, aunque la Consejería de Medio Ambiente tenga previsto en los próximos meses “licitar los proyectos pendientes más urgentes” y haber invertido hasta diciembre del año pasado 201 millones de euros en obras de depuración y tener comprometidos para este, conjuntamente con el Estado, 257 millones para el mismo fin, la realidad es que en Andalucía el 81% del agua que se devuelve está debidamente depurada.

Las dehesas, los antiguos sistemas de regadío o las cañadas reales deberían estar especialmente protegidas. Esto es lo que opina el grupo de investigadores andaluces que ha elaborado la Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario. El documento, que se presenta este jueves en Granada en el Palacio de la Madraza, defiende “la creación de un nuevo bien universal denominado Patrimonio Agrario”, según José Castillo, uno de sus redactores.

Los dieciséis científicos que firman el informe llevan varios años trabajando en un proyecto para proteger y potenciar lo agrario. Según afirma Castillo, miembro de la Unidad de Cultura Científica (UCC) de la Universidad de Granada, “es lógico que espacios que tanto han aportado a la historia, como pueden ser los cortijos andaluces, cuenten con una protección similar a la de Bien Etnológico o Industrial, e incluso una Carta como la de los Derechos Humanos”.

El acto institucional de este jueves es el lanzamiento público elegido para dar a conocer algo que se lleva fraguando en los despachos de las universidades de Córdoba, UNED, Internacional de Andalucía (UNIA) y el CSIC desde hace tiempo. Un paso definitivo para, según Castillo, “dignificar la figura de muchas personas que han luchado por este patrimonio que no debe perderse”. De este modo, la Carta de Baeza pretende convertirse en una normativa internacional regida desde la FAO o la UNESCO. La meta no parece tan lejana y podría conseguirse en relativamente poco tiempo, ya que José Castillo, junto con algunos de sus compañeros, forma parte de la agencia ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), encargada de asesorar a la Organización de las Naciones Unidas.

La apuesta decidida que los científicos andaluces han realizado, y que beneficiaría a centenares de pueblos en España, es considerada “un acierto” por Eugenio Domínguez, rector de la UNIA, “puesto que permite recoger, de forma global e integrada, todas aquellas manifestaciones culturales materiales o inmateriales generadas o aprovechadas por la actividad agraria”.

“Una figura de amparo”

Sin duda, coincide María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol, es “un impulso para muchos municipios.” La regidora de la llamada puerta de la Contraviesa granadina, con varios kilómetros de costa y montaña, califica la iniciativa de positiva “porque para nosotros contar una figura que de amparo a los cortijos centenarios que tenemos o a nuestra historia de cultivo significa traer riqueza a la localidad”. No en vano, en este municipio decidieron dedicar ya hace cuatro años su entrada principal a la figura de los molineros.

Si todo marcha como los investigadores esperan los sistemas de regadío del litoral Mediterráneo, la arquitectura rural de la Sierra de Cádiz, los abrevaderos dispersos de toda Andalucía o las fiestas tradicionales tendrían cabida esta nueva declaración “que podría estar aprobada en un plazo no superior a los dos años”, asegura Castillo.

Los expertos, además, van un paso más allá en sus intenciones, ya que el futuro reconocimiento internacional regularía aspectos relacionados con el uso de tecnologías invasivas o alejaría el fantasma de la especulación urbanística en zonas como La Vega de Granada. “Así” -dice el profesor universitario- “las acciones en estas áreas tendrían siempre un sentimiento de respeto a los valores tradicionales”. Para logarlo, los investigadores andaluces no piensan parar y su siguiente escenario oficial será el próximo octubre en Florencia para presentar a la comunidad internacional esta Carta de Baeza, llamada así en agradecimiento al Campus Antonio Machado, donde se gestó la revolucionaria idea de Patrimonio Agrario.

Algunas cosas no cambian. Las comuniones siguen siendo el gran evento del mes de mayo para miles de familias en España y también para algunos ayuntamientos que han decidido destinar parte del dinero de las arcas municipales a premiar a los menores que reciben por primera vez el Cuerpo de Cristo.

Gádor y Pechina, en Almería, y Güéjar Sierra, en Granada, son tres ejemplos andaluces “de este agravio comparativo con los niños, junto con la vulneración del artículo 16 de la Constitución en el que se recalca que España es un Estado aconfesional”, denuncia Rodrigo González, secretario de Organización de Izquierda Unida en Almería.

Pechina, con unos 3.700 habitantes, es uno de los municipios que decidió hace tres años instaurar “este bonito detalle con los vecinos”, explica su alcaldesa, María Ángeles Morales (PP). La idea fue rechazada en pleno por la oposición, pero la mayoría absoluta hizo que la moción saliera adelante y desde entonces los niños que hacen la Primera Comunión reciben en la parroquia durante el último día de ensayo de manos de algún representante municipal y en presencia del párroco, los catequistas y sus padres “un libro de lecturas bíblicas, con un apartado para fotos y otro para firmas, además de una dedicatoria escrita en un papel especial donde los felicitamos por ese día tan especial y por la culminación de la etapa espiritual para la que han sido preparados”, relata Morales. Los gastos, asegura la alcaldesa, son mínimos “porque los compramos en la librería del pueblo y nos hacen descuento”. La edil, además, considera que no se está realizando ningún agravio “porque aquí todos hacen la Comunión; es muy raro el que decide que no”.

Así las cosas, en este Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular parece que la inmensa mayoría de los menores entre 8 y 9 años se decantan por ser católicos practicantes al igual que en Gádor, con algo más de 3.200 habitantes y donde el Consistorio ha regalado a los 21 niños que este año han hecho su Primera Comunión una piñata. El acto de entrega, colgado en el perfil de Facebook del Ayuntamiento, muestra a los niños junto con la Primera Teniente de alcalde Lourdes Ramos y la Concejala Loli Díaz (PP) encargadas “de cumplir con esta tradición para que los gadorenses tengan un recuerdo especial de este día tan importante”, se explica en el texto que acompaña a las tres fotografías publicadas en esta red social el 9 de mayo. Unas instantáneas donde se pueden ver a los menores posando con las bolsas de una conocida empresa, cuyo representante, según Izquierda Unida, “declaraba recientemente en el Caso facturas”, que investiga la supuesta trama de malversación de 450.000 euros en la gestión del Patronato de Turismo de Almería.

La mezcla de lo público y lo religioso

La mezcla de lo público y lo religioso

Un poco más al Oeste, en Güéjar Sierra (Granada, con algo más de 3.000 habitantes), la ceremonia de entrega de obsequios municipales a los niños católicos es también una tradición. En este caso, impuesta por el popular José Antonio Robles desde hace cerca de dos décadas. El también vicepresidente segundo de la Diputación de Granada, que lleva cuatro mandatos sentado en el sillón consistorial, regala cada año un reloj a los que hacen la Primera Comunión. Este mes de mayo le ha tocado el turno a 17. “Un despilfarro que podría emplearse para otra cosa o bien repartirse entre todos”, denuncia uno de sus vecinos. Pero en este pueblo, de momento, en vez de ampliar el abanico de afortunados, lo que sí se suele hacer es publicar la buena nueva en la revista municipal ‘Plaza Mayor’.

La mezcla entre lo público y lo religioso no sólo se da en Andalucía. La historia se repite en Valdemorillos (Madrid) donde la alcaldesa entrega un regalo a los menores en su Primera Comunión, tal y como recoge el Facebook de esta localidad con foto incluida. Igualmente, el Consistorio de Leioa (Vizcaya) anuncia en su web un servicio gratuito de traducción al euskera para los recordatorios de Comunión, tanto para padres como para comerciantes.

San Sebastián de los Reyes (Madrid) va un paso más allá y la web municipal explica en las páginas de la Oficina Municipal de Información al Consumidor cómo afrontar una Comunión con consejos tan importantes en tiempos de crisis como que: “Si usted tiene necesidad de contratar un crédito para poder hacer frente al gasto de esta celebración, infórmese bien de las condiciones y de la letra pequeña, hable con su banco -es posible que le ofrezca mejores condiciones que otros por el hecho de ser cliente- y estudie con calma si su capacidad de endeudamiento le permite afrontar ese crédito”. Y es que, recibir la Hostia Consagrada por primera vez supone en muchas ocasiones para los católicos y también para algunos ayuntamientos un nada despreciable desembolso económico.

La imagen de María Santísima de la Amargura recibirá en mayo la Medalla de Oro de la Ciudad de Granada. Así, lo aprobará esta mañana el Pleno del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular. La propuesta realizada por la cofradía del Huerto de los Olivos fue aceptada en la Comisión de Honores y Distinciones y es llevada al Pleno por el equipo de gobierno municipal, “precisamente porque al contar con más concejales todo pasa el filtro”, explica Manuel Navarro, coordinador del colectivo Granada Laica. El merito de la imagen para contar con tan señalada distinción es su coronación Canónica el próximo año.

La Virgen de la cofradía del Huerto de los Olivos recibirá el máximo reconocimiento que concede el Consistorio el viernes 29 de mayo cuando tras salir de su templo se encamine hasta la puerta del Ayuntamiento, donde probablemente el alcalde subido en un atril coloque la insignia a la imagen, “que la lucirá en todas las procesiones y salidas que tenga”, anuncia Manuel Cañavate, Hermano Mayor de la Cofradía. Para esta hermandad recibir la Medalla de Oro de la Ciudad “es un gran honor que se une al de la Coronación Canónica, por eso las Madres Comendadoras de Santiago están bordando una saya y un nuevo techo de palio”. Tras la imposición, la imagen llegará a la Catedral, lugar en el que permanecerán hasta la misa del día siguiente, para después acudir a la Basílica de la Virgen de las Angustias a mostrarle su respeto a la patrona. “Dos días de fiesta muy grandes para todos”, anuncia Cañavate.

“Una barbaridad”, en cambio para los miembros de Granada Laica y el grupo Municipal de Izquierda Unida. “Las distinciones y honores son para las personas o instituciones que han realizado una labor importante para la ciudad”, considera Francisco Puentedura, portavoz municipal de IU, quien va más allá y califica “de absurdo esta medalla”. Entre otras razones, añade Manuel Navarro, “porque se entrega a un ente… A una advocación religiosa”. Para el representante del colectivo ciudadano “se trata de una vulneración de la neutralidad que el Estado debe tener, imponiendo un criterio religioso en un espacio público”. Además, de la no separación entre Iglesia y Estado, que según IU, que votará en contra de este punto en el Pleno de hoy, “es lo debería existir”.

Denuncia

DenunciaGranada Laica considera “anticonstitucional y antidemocrática esta medida hasta que no se demuestren los méritos objetivos, e incluso la propia existencia física, más allá de representaciones minerales o artísticas, de la galardonada”. La condecoración, sin embargo, anuncia el representante no puede ser denunciada, como ya hizo Europa Laica con otras distinciones como la concedida a la Virgen del Mar por parte del Ministerio del Interior. “En el Ayuntamiento de Granada la reglamentación no está clara”, se lamenta.

El Partido Socialista, por su parte, ha confirmado a través de su portavoz y candidato a las elecciones municipales, Francisco Cuenca, que se abstuvieron en la votación de la Comisión y que así lo harán esta mañana, aunque ha matizado que en su partido son “muy respetuosos con las tradiciones”.

La Virgen de la Amargura, sin embargo, no es la única imagen en Granada que cuenta con tan alta distinción. La saga la comenzó el gobierno del Tripartito (PSOE, IU y PA) en el año 2000 con la concesión a Santa María de la Alhambra, para continuar en 2007 con la Misericordia, en 2011 con la Aurora y en 2013 con la Virgen de la Angustias, la patrona. Así que la titular del Huerto de los Olivos será la quinta Virgen y la única galardonada que el próximo año no recogerá su premio en la gala organizada para tal evento en febrero. “Ella lo hará en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento”, avanza el Hermano Mayor de la Hermandad.

La editorial Anaya ha decido esta mañana retirar todos los ejemplares del libro de Lengua de Primero de Primaría‘Lengua 1’ en el que se relata que Lorca “murió cerca de su pueblo durante la guerra de España” y que Machado “se fue a vivir a Francia con su familia”.

La compañía ha tomado esta decisión, han declarado fuentes de la empresa, tras la polémica suscitada en las redes sociales y “para evitar cualquier tipo de malentendido”. El libro, aseguran, “es una edición de 2011 que será reemplazada de todos los colegios andaluces, donde los libros son gratuitos, y se destruirán todos los existentes en el almacén”. Estos ejemplares, que han sido vendidos por toda España ya no estarán más en las librerías y en junio habrá una nueva edición “en la que se modificarán estos textos, puesto que los autores han sido avisados esta misma mañana”, aseguran las mismas fuentes. Aún está por precisar qué ocurrirá con las familias de otras comunidades donde los libros no son gratuitos y por lo tanto son propiedad de los padres y no del centro educativo. “Quizás, presentando la edición anterior se podrá sustituir, pero aún está por estudiar”.

Los libros, que constan de tres cuadernos trimestrales, han estado presentes en buena parte de los centros andaluces y del resto de España en los últimos dos cursos, hasta que un padre de Granada dio la alarma esta semana utilizando las Redes Sociales “cuando me paré leer el texto que mi hija de seis años estaba estudiando y no podía creerlo”, recuerda. La editorial, que pretende evitar cualquier tipo de polémica, sí ha matizado “que aunque es cierto que el texto sólo indica que Lorca murió en la guerra de España, también entraría en la función del profesor de querer o no ampliar la explicación”, matizan.

Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, se reunirá con su equipo este martes para decidir qué medidas tomar ante esta situación. Lo primero, anuncia, será pedir una explicación a los responsables de la Consejería de Educación “sobre la autorización de que este libro esté presente en los colegios andaluces”. El texto que ha calificado de “impresentable”, no tiene sentido, dice, “ni amparándose en la teoría de simplificar para que sea entendido por un menor de edad”. Para el responsable político “se ha trivializado algo dramático”.

Educación por su parte no ha dado, hasta el momento, ningún tipo de explicación de qué ha podido ocurrir para autorizar que este tipo de ejemplares estén presentes en las aulas andaluzas.

Usted coordina la investigación sobre los efectos que la crisis está teniendo en los europeos. ¿Cuál es la situación?

Una red de médicos de toda Europa está analizando lo que está ocurriendo en Europa. Grecia, Portugal e Irlanda son algunas de las regiones que estamos analizando junto con España, donde colaboramos con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y hay que decir que la situación es preocupante para los sistemas sanitarios y para la salud de sus usuarios.

¿Cómo se refleja lo que usted llama “preocupante”?

En un aumento relativamente significativo de suicidios, en un incremento de problemas mentales en la población, además de otro tipo de enfermedades ya olvidadas en comunidades europeas como la tuberculosis. En este sentido, estamos también revisando la falta de cobertura sanitaria en los inmigrantes en situación irregular y qué consecuencias tendrá en un futuro. Estamos viendo más violencia en la calle y más ingresos hospitalarios. A Grecia, el FMI le prestó dinero, pero le impuso recortes en sanidad que están provocando que la sociedad enferme. En España ya existen problemas importantes a este respecto.

En España, la crisis ha traído consigo la aparición masiva de desahucios. ¿Qué dice su investigación sobre este tema?

Los graves problemas mentales de la población española y del resto de Europa están provocados por la pérdida de trabajo, la pérdida de vivienda y la acumulación de deudas económicas.

¿Qué están haciendo los gobiernos europeos ante esta situación?

Todos los gobiernos, incluido el español, no están teniendo en cuenta las consecuencias de las crisis, no han dado soluciones y, algunos casos, no han querido ver la realidad de cómo la situación y las medidas adoptadas están influyendo sobre la salud de la población. Los gobiernos se han centrado sólo en lo financiero, no en lo social, y varios han negado lo que está ocurriendo.

¿Estamos hablando de…?

Grecia, por ejemplo. Y algo más cercano a ustedes, el Gobierno español, que ha sido reticente a ver las consecuencias de la crisis. Esto significa que no quiere ver el impacto que está teniendo sobre sus ciudadanos.

Entonces, ¿qué medidas se deberían tomar? ¿Dónde se deberían hacer los recortes presupuestarios?

Bueno, en principio no se deberían hacer recortes en temas esenciales. Dinero hay porque se han dado billones a los bancos. Han sido rescatados y ellos están gastando cantidades ingentes en pagar a su personal, a sus directivos… sin importarles en nada la situación del resto de la población. Se ha recortado en sanidad y en educación, cuando se ha demostrado que es negativo, cuando se debería justamente hacer lo contrario: incrementar su inversión porque las consecuencias son altamente positivas para el futuro de toda Europa. Hay que aumentar el gasto del Gobierno en los sectores que dan rédito. La austeridad no tiene ningún sentido. Sin embargo, la Troika tiene como objetivo prioritario pagar sus deudas a los bancos.

En el caso de la sanidad española una de las medidas que se ha intentado poner en marcha es la privatización o externalización de los servicios. ¿Qué dice la experiencia sobre esto en otros países?

En Inglaterra, el Gobierno ha intentado privatizar la mayor parte de la asistencia y el caos es completo. Existe una gran confusión y un servicio de baja calidad.

¿Qué ocurrirá con España si se sigue ese camino?

Que nos encaminamos al modelo norteamericano donde se gasta mucho en sanidad y se tiene un servicio muy deficiente, con peores resultados. En Estado Unidos, 50 millones de personas no tienen cobertura sanitaria, pese a lo caro que es su sistema. Es más caro y menos eficiente.

Si algún día finaliza la crisis, ¿seremos capaces de volver a lo que teníamos?

Hay que pensar que siempre podemos volver, nada es inevitable. Sin embargo, hace falta que el mundo político quiera. Cada vez que hay una crisis, un desastre, muchos aprovechan para terminar con la solidaridad social. La austeridad es una decisión política, no una necesidad, pero desgraciadamente para muchos la crisis se ha presentado como una oportunidad para destrozar el Estado del Bienestar.

¿Por qué no nos ponemos de acuerdo sobre qué hacer con la migración?

Porque debemos 'Aprender a caminar y mascar chicle a la misma vez', como se decía del presidente de los Estados Unidos Gerald Ford. Las diferencias socioeconómicas y la etnicidad están relacionadas, pero se investigan en diferentes departamentos, así que nunca se llega a nada. En general, dependiendo de si eres nativo o inmigrante enfermas y tienes una vida muy diferente. Por otro lado, a veces hablamos de minorías étnicas de África o de América cuando estas personas llevan años en los países europeos y están perfectamente integrados.

¿Y qué importancia tiene lo que les pase?

Mucha, porque son el 10% de la población europea. Económicamente son esenciales. En tiempos de bonanza hacen el trabajo que otra gente no quiere hacer, y en tiempos de recesión, como ahora, de pronto, sólo por perder su trabajo, son vistos por los europeos de forma 'menos amigable'.

Si están desempleados, ¿qué hacemos ahora con ellos?

Primero no todos están desempleados, y segundo, los países europeos aún siguen necesitando gente que haga ese tipo de trabajos que no quieren hacer ellos. Desde la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes trabajan en cosas que los europeos han desechado. La clase media europea ha alcanzado niveles de estudios superiores y están preparados. Así que aunque crisis los haya dejado sin empleo, ellos no van a limpiar cuartos de baño, retirar basura o ese tipo de cosas. ¿Quién lo hará entonces? Los inmigrantes son los que siguen haciendo esos trabajos.

En España hay altas tasas de desempleo y somos un país fronterizo, ¿qué podemos hacer?

La explosión económica en España entre 2000 y 2007 fue enorme. Así que llegó la gran inmigración para la construcción y los servicios que nadie quería hacer. España los acogió con los brazos abiertos y el Gobierno los apoyó. Algunas personas, incluso, no tenían permiso y aún así España regularizó a 600.000 inmigrantes porque se pensó que la economía siempre iba a crecer. Pero llegó la crisis... Todo se paró y esa población tan grande de inmigrantes, muchos regularizados, comenzaron al perder el trabajo y su permiso de residencia. No debemos olvidar que la tasa de desempleo es el doble en inmigrantes que en nativos.

¿Y ahora?

Pues esa gran población que en principio eran queridos y buscados, ahora son vistos de otra forma. Aún los seguimos necesitando, pero hay quien quiere echarlos y ellos no se quieren ir porque en sus países están peor. Además, cuando se acabe la crisis serán otra vez necesarios. España tiene una responsabilidad hacia estas personas porque viven aquí y aunque no tienen papeles son seres humanos. Y cuando hablamos de Derechos no hablamos de personas con papeles, la Salud, por ejemplo, no es un derecho nacional (de una nación) es un Derecho Humano.

Hablando de Derechos, como asesor del Comité Europeo de Migración, Movilidad y Acceso a la salud, ¿Qué opina de las cuchillas de la valla de melilla?

Europa se ha convertido en un fuerte como los del antiguo Oeste Americano. Se han creado barreras porque quieren parar a la gente que viene. Pero la gente sigue llegando y la confrontación cada vez es más violenta y peligrosa para los que quieren entrar. En Melilla, por ejemplo, se está llegando a lo más alto. El problema es que Europa quiere construir una defensa, pero las defensas y los métodos han de ser consecuentes con los Derechos Humanos. No puede haber fronteras en las que se permita salir, pero no se pueda entrar.

¿El papel de España es complejo?

Sí, porque no sólo se les impide pasar, sino que también se está castigando a quien lo intenta. El mensaje es: “si vienes además te vamos a cortar y te vamos a pegar”. Se les castiga para que quien las sufra las consecuencias regrese a su país y lo cuente para que nadie venga.

Pero siguen llegando.

Claro, no puedes parar a la gente. Además… Si son refugiados están protegidos por la Convención de Ginebra de 1951, según la cual ellos deben ser acogidos si tienen una historia detrás y pruebas de ello. Sin embargo, por otro lado, España, Francia e Italia no pueden aceptar a toda África en sus países, pero sí al menos escuchar a estas personas porque hay un procedimiento legal que hay que seguir y algunos países no lo cumplen, los echan sin ni tan siquiera escuchar su historia.

¿La Convención de Ginebra parece ahora casi una utopía?

Bueno, solamente la construcción de este muro va contra la Convención de Ginebra, pero si todas las fronteras se abrieran habría una crisis muy fuerte. Los países quieren fronteras. Si desparecieran, la Convención de Ginebra estaría en peligro y sería su fin. Es un momento difícil, pero dentro de está situación si una persona pasa la valla o llega en barco a un país, este debe, al menos, escuchar su historia y seguir el procedimiento legal existente.

Entonces, ¿debería España ser sancionada por sus métodos?

Los países intentan ver hasta dónde pueden llegar y, cuando la justicia les dicen que es ilegal, paran. Siempre están buscando nuevos métodos. En España murieron ahogadas varias personas intentando entrar y la Justicia cortó con esto. Si hubiera habido más episodios deberían haber sido sancionados. En Italia, por ejemplo, estaban devolviendo inmigrantes sin procedimiento, pero el Consejo Europeo les dijo que pararan y así lo hicieron.

¿Y las concertinas?

Creo que no son legales, aunque no soy juez. Es como el Muro de Berlín, había una parte Este y una parte Oeste con métodos muy peligrosos con ametralladoras automáticas que saltaban cuando un pájaro se posaba. En el lado Oeste decíamos que era un crimen, pero ¿dónde está la diferencia con las cuchillas de Melilla? Es lo mismo.

Son cosas que no te matan, pero que te hieren. La justicia debe decidir, pero creo que no es aceptable. Está claro que la intención de las cuchillas es hacer daño a la gente por mucho que el Gobierno diga que es un problema de los que intentan saltar.

¿Qué papel cree que juega Marruecos en todo este entramado?

Existe una policía fronteriza que debe ayudar a este control de inmigración, como ocurre en Turquía. La actuación de Marruecos es cuestionable, porque ellos castigan a los inmigrantes por estar allí, sólo por eso. Les quitan el dinero, los violan, les roban… Maltratan a mujeres, hombres, niños… Se trata de lanzar un mensaje al resto de África para que se vayan, y la Unión Europea mira hacia otro lado. Es como si los responsables europeos fueran felices porque no tienen ninguna responsabilidad en esta situación. Sin embargo, sí que mantienen tratos especiales con países como Marruecos y Turquía a cambio de ayudarles a controlar la inmigración.

“El racismo encubierto hacia los gitanos existe”. Así de dura se muestra Beatriz Carrillo de los Reyes presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas (Fakali) cuando se refiere a la igualdad. “Normativamente la sociedad ha avanzado”, apostilla Juan Reyes, presidente de la Fundación Secretariado Gitano, “pero la discriminación indirecta está presente en el día a día”. Este martes, 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, los colectivos han planificado multitud de actividades para conmemorar el Congreso Mundial celebrado en Londres en 1971 y en el que nacieron la bandera y el himno gitano. “Europa tiene su programa, está el plan nacional (2012-2020), el operativo integral (2014.2016), sin embargo faltan recursos y verdadera voluntad de unión política”, dice Carrillo. En Andalucía, afirma, “el plan existente es de los años 90 y no contamos con las herramientas para evaluar el impacto que ha tenido”.

Vivienda, empleo, educación y salud. Estas son las cuatro patas en las que hay que trabajar, según los responsables. “Porque la crisis nos ha traído que la balanza de Derechos y Deberes que estaba más o menos equilibrada haya caído y que el proceso de incorporación a la sociedad, que estaba comenzado a forjarse poco a poco, desaparezca. Estamos en la exclusión social porque la política de recortes ha golpeado fuertemente a un colectivo que no cuenta con los mismos soportes que el resto de la sociedad”, explica Reyes. Esto se traduce, entre otros aspectos, “en la consolidación en el resto de la sociedad de prejuicios hacia los gitanos”, advierte la presidenta de Fakali.

El ladrón, el flamenco, el analfabeto… Las imágenes que estaban comenzando a desaparecer están floreciendo de nuevo. “Hay más gente necesitada y en los trabajo el empresario prefiere a uno que no es gitano. Así que nos encontramos, dice Juan Reyes, que además de la valía profesional tenemos que demostrar que somos buenas personas”. Esto en el trabajo, pero “es que en los centros comerciales o grandes superficies la gente de seguridad nos vigila y muchos jóvenes tienen vetadas la entradas en los lugares de ocio sólo por sus rasgos étnicos”, denuncia Carrillo de los Reyes.

En la sociedad

En la sociedadDaniel Castro es uno de los que ha superado las barreras de inclusión social. A sus 38 años está estudiando Hispánicas, su tercera carrera, y trabaja de sumiller y metre en uno de los restaurantes con más prestigio de Granada. Además, mantiene una página web centrada en los estudios romaníes en la que se puede encontrar desde la historia de su pueblo hasta diccionarios de caló y un perfil de Facebook cargado de referencias de su étnia. “Soy gitano y estoy orgulloso. Mi padre siempre lo escondió, pero en mi caso hablo caló con mis dos hijos e intento decirlo siempre que puedo”. A Daniel, divorciado, su bondad se le presupone, “sobre todo porque a los 17 años me metí a fraile, así que estudié Filosofía y Teología en Roma y en París”. Aunque colgó los hábitos seis años después y decidió estudiar Derecho para especializarse en Comercio Internacional de Transporte por Carretera y al final ha terminado en la hostelería “como mi hermano y como mi padre, con la gran diferencia que él tenía que esconder sus raíces y yo gracias a mi formación, no”. Daniel se ríe de los clichés de la sociedad “aunque soy consciente de que hacen mucho daño. Muchas veces me dicen que no parezco gitano, supongo que será porque no vendo en un mercadillo o no soy flamenco”. Así que cuando un cliente le dice “pero tú eres un gitano de los buenos” suele contestar “sí pero yo que tú miraría si todavía llevas la cartera en la chaqueta”.

Este sumiller, aunque sabe de discriminación, muestra sus raíces abiertamente “porque ya he superado eso”, apunta. En el caso de Antonia Reyes la situación es diferente. A sus 28 años está a prueba como camarera de piso en un hotel. “Estudié Trabajo Social, pero la crisis…” Así que aunque no ha tenido que mentir para conseguir un empleo, evita decirlo. “Mis rasgos son más blanquitos y la gente no se da cuenta. Siempre es más fácil que cojan a una paya, y más ahora”, relata.

El racismo, como en muchas de sus amistades, sí ha tenido una presencia directa en su vida cuando vino de Mallorca y comenzó a salir con un chico de su pueblo. “Su familia se opuso sólo porque era gitana”. Ahora todo esto está superado y vive con su novio, de su misma étnia, “que aunque no estemos casados, para nuestros padres es más que ser pareja. Somos marido y mujer”, argumenta. Los comentarios que escucha en la calle son quizás lo que más le duele, “pero al final te acostumbras porque no vas a estar peleándote con todo el mundo”. Por eso cuando alguien le dice que su familia vive en un barrio de gitanos se limita a preguntar: “¿y?”.

Daniel y Antonia forman parte de la comunidad andaluza y también de la gitana, dice el presidente Juan Reyes, “porque las personas se abren camino y todas terminamos participando de todo, pese a tener nuestra cultura propia y nuestras tradiciones”. No hay compartimentos estancos, no hay una sola identidad; “sólo hace falta que las políticas de inclusión funcionen”, dice Beatriz Carrillo.

En Andalucía viven actualmente entre 245.000 y 285.000 gitanos (más de un tercio de la población gitana en España), con una presencia importante en Granada (60.000-75.000), seguida de Sevilla (50.000-58.000) y Cádiz (40.000-44.000). De ellos, un 5% vive en la marginalidad completa, el 70% no tiene finalizados los estudios de Secundaria Obligatoria, el 13% es analfabeta y el 71% tiene trabajos temporales, la inmensa mayoría por cuenta ajena. La crisis no ha ayudado, apunta Juan Reyes, “a mejorar estas cifras” y sí, dice la responsable de Fakali “a consolidar estereotipos”. Por eso un día como hoy es tan importante hacerse visibles y reclamar su participación en una sociedad igualitaria.

“Estoy haciendo un proyecto fin de grado sobre las tapas en Granada”. George Edwards es uno de los cerca de 7.500 alumnos Erasmus que cada año eligen Andalucía para realizar parte de sus estudios de grado universitarios. Una elección que supone un movimiento de dinero que ronda los sesenta millones de euros, sólo en los nueve meses de media que permanecen formándose en la región.

Se trata, sin duda, de unos visitantes que, además de convertirse en unos fantásticos embajadores turísticos, son una fuente de ingresos nada despreciable para todas aquellas ciudades que albergan sedes universitarias. Un estudio de la Universidad de Granada revela, según Javier Hernández Andrés, director del Secretariado de Internalización y promoción, que “cada uno de los estudiantes internacionales se gasta aproximadamente unos 8.000 euros en un curso académico; si esta cifra la multiplicamos por los 3.000 (Erasmus y de otros programas de todo el mundo) que recibimos, estamos hablando de 24 millones de euros.”

Granada es la Universidad de Europa que más estudiantes Erasmus acogen y también envía a Europa. “Más de dos mil se marchan y más de dos mil nos visitan cada año”, explica Hernández. Las razones del éxito, “la gran oferta académica, las facilidades que encuentran y el atractivo de la provincia”. No en vano la Universidad de Granada fue pionera en apostar por la internacionalización de sus aulas.

En el resto de Andalucía, el trabajo por abrirse hacía Europa, desde que en 1987 se puso en marcha del Programa Erasmus, también ha tenido su recompensa y siete de las nueve universidades públicas que existen en la comunidad se encuentran en el ranking de las cien instituciones europeas que más alumnos de este programa reciben, según el último informe elaborado por la Comisión Europea.

Granada y Sevilla lideran la clasificación, seguidas de Málaga (puesto 35), Cádiz (42), Huelva (45), Córdoba (57) y Pablo Olavide (96). Sólo Almería y Jaén se quedan fuera de esta lista. “Aunque si se hiciera con números relativos, quizás otros estaríamos arriba”, explica Tomás Lorenzana, director del Secretariado de Movilidad de la Universidad de Almería. “Aquí recibimos cada año unos 500 alumnos internacionales, de los cuales 300 son Erasmus. Estas cifras en una institución con 12.000 estudiantes tiene un impacto muy importante tanto en las aulas como en la ciudad de Almería”.

Dimensión internacional

Alquiler de vivienda, gastos básicos de comida o libros, salidas a bares, visitas a monumentos… Los estudiantes extranjeros “han hecho posible que barrios de Almería, como el Zapillo, vivan en buena medida por ellos”, asegura Lorenzana.

En Granada la situación es parecida en el centro de la ciudad, donde se suelen congregar estos alumnos, “pero es que además hemos logrado contar con unas aulas multiculturales que facilitan a los estudiantes que no se pueden marchar una dimensión internacional que no tendrían de otra forma”, asevera Hernández. “El valor es innegable y más si le sumamos que a estos jóvenes les visitan amigos de sus países y que pasados los años muchos de ellos regresan con sus familias. El boca a boca funciona y eso se nota en la ciudad, en la provincia y hasta en el resto del país”, apostilla el responsable académico.

Así también lo siente Carmela Pontassuglia, que eligió la Universidad de Granada porque tenía estudios eslavos y ahora ha descubierto “que es la mejor ciudad por su gente y su comida”. Esta joven italiana de 22 años almuerza todos los días en los comedores universitarios “y cada noche”, sonríe, “de tapas a los bares, todo el mundo es muy agradable”. Tanto es así, que su amigo George, que comparte piso en Plaza Nueva, con otras cinco personas de Alemania, Polonia, Holanda y Francia, ha decidido presentar como estudio fin de carrera “el éxito empresarial de servir comida gratis con la bebida”.

“Aquí ”, dicen los jóvenes, “se vive bien”. Sus experiencias se suman al de resto de sus compañeros Erasmus de toda Europa, algo más de tres millones en el último curso académico. Esta cifra ha crecido exponencialmente desde que hace 27 años los primeros 5.294 alumnos europeos decidieron salir de sus casas para formarse en otro país.